Blog sobre cultura y política. Artículos publicados en la prensa y comentarios de temas actuales. El título, Kotosh, se refiere al templo más antiguo de la sierra peruana construido hace 4 mil años, valiosa evidencia de la arquitectura preinca. Su símbolo son las manos cruzadas. Está muy cerca de Huánuco, la ciudad donde nací, mi añorada tierra.
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viernes, 31 de agosto de 2012
Análisis de coyuntura. Conflictos, CIDH y negacionismo.
http://play.tuteve.tv/videogaleria/programa/93996/2012-08-31-31082012
Compaerto mis opiniones en la entrevista con Patricia del Rio de +Quenotivias, el programa que conduce en tuteve, hoy 31 de agosto.
martes, 28 de agosto de 2012
Hachas de guerra
http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/hachas-de-guerra-28-08-2012
La República
La mitadmasuno
28-08-2012
Juan De la Puente
En menos de 30 días el fujimorismo ha pasado a la oposición dura. Derrotado en su deseo de mantener al gabinete Valdés en funciones ha desenterrado el hacha de la guerra y ya tiene dos interpelaciones en marcha y un discurso de bandera contra los casos de corrupción en este gobierno y de demanda de éxito en la seguridad ciudadana.
Las izquierdas en tanto han sido impactadas por el cambio de gabinete. Demandaban la salida de Valdés y pedían un giro de 180 grados, es decir, un retorno a las fuentes, pero fueron sorprendidas por una rectificación de casi 90 grados en dirección al centro. Los movimientos de sus dos versiones vacilan. Patria Roja, el grupo ganador de la crisis de Conga y el que por ahora posee más autonomía en la calle, oscila entre la guerra total al humalismo y una estrategia de acoso limitado a Cajamarca, el magisterio y otras zonas en conflicto, priorizando sus objetivos electorales. La otra izquierda, expresada en Tierra y Libertad y el Frente Amplio (que agrupa a Ciudadanos por el Cambio y sus aliados), es todavía rehén del pasado cercano; su principal problema reside en su dificultad de romper definitivamente con el gobierno y abrir un curso nuevo desde la oposición y desde la calle.
El gobierno ha ocupado el centro de un modo intermitente y temeroso. Ha conservado la conducción del Parlamento y obtenido otras victorias que evidencian que está en movimiento, como la delegación de facultades para los temas de seguridad, la investidura del gabinete y la rebaja de la crisis de Conga. No obstante, la relativa paz social parece no convenirle al gabinete, convertido en objeto de disputa de fuerzas que desde dentro y fuera, en este caso la empresa y la prensa, pugnan por llevarlo de regreso a la derecha bajo la mirada resignada del Partido Nacionalista. El gobierno hace política por ahora en las instituciones del Estado, no ha salido en busca de aliados en los movimientos sociales y no lo hará si sigue la ruta de proyectos como la ley del negacionismo y el abandono del Gasoducto del Sur Andino. El ritmo y el discurso centrista están perdiendo velocidad.
El activismo fujimorista ha deglutido a grupos como el PPC, que encuentra poco espacio para ejercer una oposición menos agresiva, o Perú Posible, el Apra y Acción Popular, que practican en el Parlamento una oposición compasiva con escasos resultados. Si estas fuerzas no logran construir en el Congreso una dinámica alternativa al fujimorismo, su futuro será la levitación.
Aunque el giro de Humala ha sido moderado, ha puesto en tensión las fuerzas y abierto una etapa de alineamientos. El gobierno estrena una oposición combativa de derecha y podría tener una de izquierda más nacional y eficaz, conectada con los movimientos sociales. El problema es que en esa perspectiva el centro que intenta representar amenaza con ser precario y poco activo. Y ya sabemos cómo terminan los centros pasivos.
martes, 17 de julio de 2012
Las camisas de fuerza
http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/las-camisas-de-fuerza-17-07-2012
La República
La mitadmasuno
17 de julio 2012
Juan De la Puente
La reciente encuesta de Ipsos Apoyo (15/07) revela un conjunto de certezas de la opinión pública con respecto a varios temas de la coyuntura. La más importante de las certidumbres es la que desaprueba el manejo gubernamental de los conflictos sociales, asociando esta variable a la evaluación del Gobierno y del Presidente. En sus respuestas, los ciudadanos critican ese proceder: 71% desaprueba el desempeño presidencial en el caso Conga y critican al Gobierno por ser más duro (36%) o más blando (28%) y consideran una alta responsabilidad de las fuerzas del orden en las muertes de Celendín (40%).
Esta dependencia conflicto/respaldo es relativamente nueva en el escenario peruano acostumbrado a aprobar o a desaprobar a partir de varios factores. En el sondeo de este mes, como en otros anteriores, surgen como determinantes en esa opinión el cumplimiento de las promesas (que se asocia a la dicotomía agua v/s oro de la campaña electoral) y la gestión de los conflictos que, al parecer, los ciudadanos asocian al mismo tiempo al orden público y a la justicia social. Esta dependencia conflicto/respaldo es una camisa de fuerza que condiciona al gobierno y le obliga, luego del fracaso de la mano dura, a ensayar una rectificación cuyos alcances aún no se vislumbran.
Con esa misma convicción, los ciudadanos respaldan el uso de métodos pacíficos para resolver los pendientes públicos y recusan la violencia y el radicalismo. Así, dos tercios de entrevistados aprueban la designación de los facilitadores para reanudar el diálogo con Cajamarca, cuestionan el papel del gobierno de esa región en el conflicto (40%) y de quienes atacaron la Municipalidad de Celendín (47%). Entre las certezas también se inscribe aquella que cree que el proyecto seguirá adelante (60%) y que el Gobierno debe garantizar su viabilidad con los debidos reajustes y luego del diálogo (56%). Ahí se localiza otra camisa de fuerza no solo para el Gobierno sino también para los movimientos sociales: el Conga no va es por ahora minoría social (39%).
Estas certezas y camisas de fuerza se dirigen al diálogo que se abre lentamente en Cajamarca porque todo indica que será difícil la ubicación de un punto intermedio entre el Conga va y Conga no va. Presumiendo esto, la opinión pública es un tanto sombría en relación con el éxito de ese diálogo: el 36% cree que se logrará un acuerdo y 30% que ello no será posible. En ese sentido, el conflicto de Conga se parece más al de Arequipa del año 2002 y al de Bagua del 2009 y mucho menos a los recientes de Espinar y Quellaveco.
Es conveniente que todo Gobierno sepa que el diálogo es rentable políticamente y una opción ética irrenunciable. También es deseable que sepa advertir cuándo el diálogo es una opción de salida a una crisis y cuándo implica una ruta para que el Estado decida basándose en los derechos y libertades. Parece que el conflicto por Conga ha ingresado a esa fase.
Es conveniente que todo Gobierno sepa que el diálogo es rentable políticamente y una opción ética irrenunciable. También es deseable que sepa advertir cuándo el diálogo es una opción de salida a una crisis y cuándo implica una ruta para que el Estado decida basándose en los derechos y libertades. Parece que el conflicto por Conga ha ingresado a esa fase.
jueves, 14 de junio de 2012
Polarización y conflictos
http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/polarizacion-y-conflictos-14-06-2012
La República
La mitadmasuno
14 de junio de 2012
Juan De la Puente
Un interesante debate se abre paso sobre cómo derrotar la creciente polarización peruana. Para M. Tanaka (LR 10/6) hay un malentendido que debe ser resuelto con la reflexión, la reubicación de los actores y respirando hondo; para S. Levitsky (LR 10/6) el problema es el creciente autoritarismo y lo que urge es la tolerancia frente al descontento y diálogo; y para C. Meléndez (EC 12/6) hay que neutralizar a los extremos con mucha iniciativa política.
No encuentro razones para oponerme a esas sensatas recetas; la polarización peruana requiere de reflexión, diálogo, tolerancia y mucha voluntad política. No obstante, me parece que representan una parte de la solución, la referida a la cultura política, es decir, al temperamento para enfrentar este desafío.
No creo que el problema determinante del proceso político sea la polarización sino los conflictos sociales; el encono social es solo una expresión de su existencia y de su condición de demandas persistentes por irresueltas. La relación entre el conflicto y polarización es directa y determinante: de los 245 conflictos registrados por la Defensoría, 173 explotaron de distinta forma haciéndose “activos”; antes fueron “latentes”, rubro ahora minoritario, solo 72. Luego, el país no deja de tener diálogo, porque 76 conflictos tienen instaladas “mesas de diálogo”, solo que el diálogo es nada fecundo: la capacidad estatal de resolver los reclamos es muy limitada: en los primeros 5 meses del año se resolvieron 10 conflictos (1 en mayo, 2 en abril, 1 en marzo, 4 en febrero y 2 en enero). De este resultado es un exceso echarle la culpa a la Unidad de Conflictos del gobierno.
El malestar peruano tiene un componente ideológico y político, donde actúan los inductores de la polarización. Sin embargo, también es estructural, de lo que dan cuenta los estudios que detectan brechas y déficit en la capacidad arbitral y reguladora del Estado, taponeada por el establishment. Así, el desafío de esta hora, sin caer en el juego de los poderes fácticos de si se gobierna para el tercio reclamón o para la mayoría satisfecha, es enfrentar al mismo tiempo la polarización y el conflicto y no solo lo primero.
No veo que el Estado se disponga a asumir este desafío, sea porque el gobierno ha empezado a privilegiar la fuerza, porque el Congreso carece de fuerza para hacer lo suyo o porque una voz potente desde la sociedad, con los medios en la primera línea de batalla, ejerce un veto contra el cambio. Por eso, el juego en corto aunque con buenas formas es peligroso: un acta por aquí y otra por allá; una mesa de diálogo acá y otra acullá; un Estado de Emergencia ahora y otro más tarde. Contrariamente a lo que se calla o niega, la única salida es asumir que, en la cuota necesaria, las promesas deben ser honradas y que es imprescindible que el Estado mejore su capacidad resolutiva de los conflictos, superando el veto social contra el cambio.
jueves, 7 de junio de 2012
Radicales y descontentos
http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/radicales-y-descontentos-07-06-2012
La República
La Mitadmasuno
7 de junio de 2012
Juan De la Puente
El país conservador está de fiesta porque ha vuelto a ser mayoritaria la idea de que las demandas sociales son principalmente protestas que deben tratarse con mano dura. Sospecho que esa mayoría es oficial, es decir, se ubica en las instituciones, en los medios y en Lima, y tiene altas posibilidades de seguir siendo una verdad que suministra decisiones políticas, legales y judiciales. Como en el pasado, esa felicidad será relativa y breve; esa verdad tendrá un uso limitado al corto plazo y acaso sirva solo para postergar unas cuantas demandas. No servirá, sin embargo, para gobernar, ya no para transformar, porque parte de un error extremo, extremista, que es la negación del descontento y de la legitimidad del malestar social.
El Perú conservador no acepta que a pesar de las buenas noticias económicas y sociales, como la reducción de la pobreza en más de 20 puntos en una década, tengamos un malestar intenso. Por ello, es más cómodo negar su existencia y reemplazarlo por un fenómeno más dócil para el análisis y la propaganda, es decir, el radicalismo.
Las ciencias sociales en A. Latina se empeñan en descubrir las claves del actual malestar regional y discernir si se dinamiza por la desigualdad o por el déficit de instituciones y de ejercicio de libertad. Le preocupa que la región siga atrapada en un patrón donde el crecimiento no incrementa la adhesión a la democracia y en esa búsqueda ha encontrado que la relación entre descontentos y radicales es circular: el radicalismo es servido por el malestar masivo y creciente, al mismo tiempo en que este puede ser incentivado por posturas radicales. A diferencia de los años sesenta ahora es débil la visión que reduce el malestar a una conspiración de los malos; al contrario, es un consenso que la única manera de romper esa relación circular es atacando el malestar.
El Perú es excepcional en este tema. Aquí el análisis ha reemplazado a los descontentos por los radicales, una operación imaginaria que ya lleva una década y que se torna masiva, oficial y limeña cada vez que los conflictos se hacen agudos.
Lo cierto, sin embargo, es que el 2011 los descontentos tenían un partido y un candidato. No eran la mayoría del país pero eran millones y votaron por el cambio a pesar de una feroz campaña. Esos descontentos siguen ahí; no sé si son más o menos que hace un año, pero ahí están, aunque ahora sienten que ya no tienen ni un partido ni un gobierno que los represente.
La mano dura no es sostenible frente al descontento. ¿Cómo hará la política para, sin diálogo, satisfacer sus demandas incluso sin radicales en la primera línea? Los negacionistas confían en el Estado para ponerlos a raya, persuadidos de que el problema es el diálogo y no la falta de él. ¿Por cuánto tiempo, a qué costo y con qué métodos podrá congelarse el malestar?
jueves, 24 de mayo de 2012
Posición (electoral) adelantada
http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/posicion-electoral-adelantada-24-05-2012
La República
La mitadmasuno
24 de mayo de 2012
Juan De la Puente
Las noticias dan cuenta de la realización de una reunión de la izquierda para la formación de un frente electoral para los comicios regionales y municipales del 2014 y los generales del 2016. Son movimientos muy tempranos, excesivamente tempranos, si se tiene en cuenta que se producen en el marco de una movilización ciudadana amenazada por el reflujo y cuando los movimientos sociales aún no han procesado una reflexión coherente sobre su relación con el actual gobierno, al cual respaldaron y en cuyo alumbramiento hace solo 10 meses participaron, algunos como actores y otros como animadores. La izquierda ha decidido privilegiar una estrategia electoral que se concretará dentro de casi 30 meses en lugar de debatir sobre su lugar y su papel en el Perú de hoy.
Esta huida hacia adelante se debe a varios hechos, entre ellos la rápida marginalidad de la izquierda respecto del gobierno de Ollanta Humala. La ruptura entre ambos es tácita y es traumática en las bases de la izquierda y en los liderazgos sociales a ella vinculados, donde las palabras “traición” y “engaño” son las más delicadas. Otra razón del apuro reside en la cerrazón del sistema político que pide a los nuevos grupos políticos presentar casi 500 mil firmas válidas para lograr su inscripción legal. De esta valla gigantesca solo ha escapado Tierra y Libertad, cuya legalidad fue obtenida aplicando una norma anterior.
Se presume que la idea de un frente electoral pasa ahora por una inscripción común, una experiencia que la izquierda no transita desde 1978, cuando varios grupos dieron a luz la Unidad Democrática Popular (UDP). En el caso de Izquierda Unida (IU), esta fue una coalición formada por seis partidos y solo fue posible luego de que cada grupo se legalizara por su cuenta. En esta oportunidad, varios grupos sin inscripción legal difícilmente podrán unir esfuerzos para superar esa valla antidemocrática.
La izquierda tiene derecho a un proyecto propio y a representar por sí misma a los grupos locales cuya existencia se explica, entre otros fenómenos, por la falta de una organización nacional sólida. En lugar de ello, luego de 20 años, y como si no hubiese aprendido la lección, insiste en recoger y pegar los pedazos de una época que no volverá, en lugar de proponerse la creación de un gran y único partido que agrupe a sus tendencias en sana convivencia y competencia. Al hacerlo, omite la denuncia de este grotesco sistema que coloca requisitos casi insalvables para la inscripción de partidos.
Es muy probable que los afanes iniciados se entrampen como ha sucedido en los procesos electorales de las últimas dos décadas y, si la historia no cambia, acabarán en la adhesión a algún caudillo maltratador dueño de un partido legal, con los resultados que hoy se lloran. La diferencia entre atreverse a participar en las elecciones y atreverse a refundarse no es poca; es la distancia entre la derrota y el éxito.
jueves, 3 de mayo de 2012
El Bloque de Gobernabilidad
La República
La mitadmasuno
3 de mayo de 2012
Juan De la Puente
http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/el-bloque-de-gobernabilidad-03-05-2012
La mitadmasuno
3 de mayo de 2012
Juan De la Puente
http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/el-bloque-de-gobernabilidad-03-05-2012
La reciente encuesta de GFK, publicada por La República, ratifica la formación de un Bloque de Gobernabilidad, constituido por cinco temas sensibles sobre los cuales se demandan desde la sociedad y desde el mismo Estado respuestas rápidas, eficaces y concluyentes: la delincuencia común, el narcotráfico, la corrupción, el terrorismo y los conflictos sociales con contenido ambiental. El desempeño del gobierno en estos temas es desaprobado en casi todos los casos por más del 60% de los entrevistados.
Este Bloque ya fue advertido en las elecciones del año pasado. No son problemas menos importantes que otros, como el empleo o la educación, pero significan para la opinión pública fenómenos trasversales que afectan la vida cotidiana. Es muy probable que los ciudadanos sufran estos fenómenos en distinta medida, pero su impacto y espectacularidad acentúan la representación de imágenes categóricas. La más significativa de ellas dice que estamos perdiendo esas guerras aunque en más de un caso sea una afirmación apresurada. “Estamos” es una calificación imprecisa que a veces toma el nombre de país, gobierno, policía, FFAA, parlamentarios, políticos o Estado.
Este Bloque ha llegado para quedarse y de su tratamiento depende el futuro de la democracia. Frente a él se han agotado los discursos que pretendieron alguna racionalidad y visión de largo plazo; el Estado se ha quedado frente a estos problemas sin ideas, siquiera las de corto plazo. ¿Qué sobrevive? Las respuestas hepáticas, fáciles y, sobre todo, conservadoras: pena de muerte, nuevos planes, nuevas leyes y, si faltan, otra ronda de leyes y más penas. Al mismo tiempo, las instituciones estatales que deben encarar el Bloque están virtualmente paralizadas o desempeñan un bajo rendimiento. Si hablamos seriamente, deberíamos de reconocer que el Perú ha ingresado a una crisis de seguridad.
Esta crisis presenta fenómenos más relacionados de lo que parece a simple vista. La interdicción del delito común, el narcotráfico, el terrorismo y la corrupción nos remiten a la capacidad del Estado para desplegar acciones de inteligencia y una voluntad política contra la impunidad, pero las recetas facilistas parecen contagiar al sistema político. Frente a los conflictos, el facilismo conservador blande igualmente el garrote. La prédica del orden sin libertad y sin derechos parece tener vía libre. Basta revisar la lista de proyectos de ley presentados al parlamento para advertir que, una vez más, la tentación del fracaso está a la vuelta de la esquina, vestida/desnuda con medidas que disparan por otro lado.
El Bloque de Gobernabilidad debería ser un desafío a la política democrática y una invitación a la razón; debería movilizar al talento, a las experiencias globales y al éxito demostrado. En cambio, ha extraído de sus tumbas a los censores del periodismo libre y ha puesto en valor a los viejos fantasmas de horca y cuchillo.
jueves, 26 de abril de 2012
Reconga o la nueva guerra
http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/reconga-o-la-nueva-guerra-26-04-2012
La mitadmasuno
La República
26 de abril 2012
Juan De la Puente
El reciente mensaje presidencial reconoce que las observaciones al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Conga son política y técnicamente válidas, desvirtuando el eje de la crítica a los opositores al EIA, calificados en el discurso oficial reciente como politizados, desinformados y escasos de dominio técnico. El nuevo punto de vista, sin embargo, es poco nuevo; luce como un remake o un triunfo póstumo del gabinete Lerner precursor de los cambios al EIA. De paso, pone en evidencia el poco rigor técnico del ejército de especialistas defensores del dicho estudio. Resulta, de acuerdo al consenso actual, que la politización viene de otro lado.
La caída de la visión técnica de una de las partes es, una vez más, el revés del discurso supuestamente experimentado que el Estado asume irreflexivamente en la mayoría de conflictos, una constante que habría que tenerla como lección. Algo similar sucedió en otros conflictos de larga duración como el de Arequipa (2002), Bagua (2009) y las demandas del sur sobre el Lote 88 (2010-2011).
Las decisiones comunicadas por el Presidente obligan a cambios en el EIA y dan curso a un nuevo diálogo que responda a nuevas interrogantes: si la empresa asumirá las nuevas condiciones, si el gobierno regional las aceptará o planteará otras propias, y si los movimientos sociales de Cajamarca estarán unidos en el rechazo o en la aceptación de esto que puede tomar la forma de un Conga II o Reconga.
En este nuevo momento, el escenario de inicio es menos polarizado. Los aliados del proyecto tendrán mayor legitimidad si cabalgan con las nuevas condiciones. El gobierno regional está en condiciones de generar una mayoría arrancando más decisiones a la empresa y al gobierno; para ello debería adoptar una posición respecto al “Conga no va” y adecuar a esa perspectiva su relación con los movimientos sociales. Es una clave compleja porque obliga a la región a ejercer su liderazgo, comprendiendo que en esta nueva etapa el “Conga va” ha naufragado pero que el “Conga no va” también ha sido tocado.
Es probable que el gobierno acometa con decisión el diálogo para arrancar un acuerdo rápido, aunque aparecen presiones que pugnan por desenlaces por fuera del discurso presidencial. De un lado, se ataca la postura del Jefe de Estado y se defiende, exclusivamente, el EIA y el peritaje y, por el otro, se demanda que el gobierno declare la inviabilidad del proyecto. No nos engañemos, no solo habrá diálogo; en la agenda hay una propuesta de consulta previa, un paro regional y quizás una huelga indefinida; también la presión mediática de la empresa, de la prensa y los líderes de opinión impacientes por derrotar al ambientalismo, hostigando a Gregorio Santos y al mismo Ollanta Humala. En ese contexto, será crucial para el gobierno mantener el mismo discurso con coherencia y no dejar que se vuelva a instalar en Cajamarca una lógica de guerra.
jueves, 29 de marzo de 2012
Después de la fragata
http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/despues-de-la-fragata-29-03-2012
La República
La República
La mitadmasuno
29 de marzo 2012
Juan De la Puente
El gobierno ha logrado defender el núcleo de su política exterior atacada a propósito del episodio de la fragata inglesa Montrose; con éxito, ha reivindicado el carácter soberano de nuestras decisiones, la solidaridad colectiva y continental con Argentina en su reclamo de las Malvinas, y la necesidad de contar con una sociedad cohesionada alrededor de una dirección única de las relaciones internacionales.
Lamentablemente, esta defensa se ha debido realizar frente a otros peruanos, varios de ellos hombres de Estado. Algunos necesitaron una veloz alfabetización; en menos de 24 horas debieron entender las diferencias entre la política interna y exterior y la esencia de conceptos como soberanía. Es probable que requieran más tiempo para reconocer la noción de integración: que el Perú es más que un mercado en busca de socios; que nos ubicamos en América Latina, que hemos perdido y ganado guerras, que tenemos amigos y ex enemigos, que necesitamos más amigos y que, por último, tenemos intereses nacionales y fronteras. En ese sentido, es penosa y detestable la visión de los parlamentarios aplaudiendo el comunicado inglés contra su propio país, creyéndolo contra el gobierno o el canciller.
Desde el instante mismo de la Independencia, nuestra República fue asaltada por la fragmentación que, a decir de Bernardo Monteagudo, el segundo canciller de la República, expresan relaciones de grupos “que se detestan” y entre hombres que forman tantas subdivisiones que dificultan la convivencia y la misma democracia. En nuestra historia es recurrente que esa fragmentación, o la tentación de ella, brote en episodios decisivos de nuestras relaciones internacionales, momentos en que las conspiraciones internas socavan la unidad frente al exterior.
La tentación del fraccionamiento persiste luego del episodio de la fragata. Un sector insiste en alcanzar una pequeña victoria sobre el gobierno y otro, en vía de retroceso, condiciona su apoyo al gobierno (en realidad al Perú) en la fase oral de nuestra demanda ante La Haya a cambios en Torre Tagle. Echando a un lado la singularidad del momento, continúan forzando un cambio de la política exterior de integración y de no confrontación con los bloques ideológicos, disfrazando sus exigencias con una demanda de profesionalismo. Lo hace el grupo cuyo gobierno tuvo 7 cancilleres que no pertenecían a Torre Tagle, que diezmó el servicio exterior con la expulsión de 117 diplomáticos y que sometió a la cancillería a los designios muy profesionales de Vladimiro Montesinos.
El Perú no habría llegado a La Haya sin cohesión y deberá salir de ella en las mismas condiciones. De cara a la sentencia de la Corte Internacional, el hecho más trascendental de la política exterior peruana de los últimos años, para lo que quedan pocos meses, requerimos menos mezquindad y más memoria y unidad.
jueves, 19 de enero de 2012
Un caramelo envenenado
La República
La mitadmasuno
19 de enero 2012
Juan De la Puente
http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/un-caramelo-envenenado-19-01-2012
La mitadmasuno
19 de enero 2012
Juan De la Puente
http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/un-caramelo-envenenado-19-01-2012
La reciente encuesta de Ipsos/Apoyo da cuenta del incremento del respaldo al presidente de la República (54%) respecto del mes anterior. No obstante, la cifra es comentada como un aumento a secas, sin considerar el contexto del sondeo y, específicamente, los siguientes fenómenos: a) Es la recuperación de una parte del respaldo perdido en los últimos meses. En diciembre (47%) aquel había caído 18 puntos respecto de setiembre (65%), el pico más elevado en gobierno actual; y b) La encuesta se registra en los inicios de un nuevo gabinete de modo que los resultados, siendo sustantivos, son más condicionales.
La apurada felicidad con la que se comenta el sondeo se dirige a una conclusión que pretende ser absoluta: que el incremento se debe al cambio de gabinete y, sobre todo, a que proyecta la sensación de orden sobre los conflictos. Algunos van más allá y aducen que se debe a la moratoria de la Gran Transformación.
Esta conclusión es parcial, arbitraria, interesada y, sobre todo, peligrosa para el gobierno mismo. La encuesta no indaga sobre la relación gobierno/orden. Ya en el sondeo de diciembre pasado, el orden era objeto de polémica: la mayoría se decantaba por la declaratoria del Estado de Emergencia en Cajamarca pero también era mayoritario el respaldo al reclamo frente al abandono y al incumplimiento de ofertas. Del mismo modo, ninguna pregunta de la reciente encuesta indaga por la relación gabinete/respaldo presidencial. Al contrario, el 50% de quienes apoyan al Presidente están convencidos del cambio; el mes anterior, ese argumento de apoyo solo obtuvo el 39%.
Es probable que la caída del respaldo presidencial se debiera a varias causas, entre ellas el deterioro del orden, aunque no como única y determinante razón, sobre todo porque el descenso fue muy pronunciado en el sur y centro, y en el sector “E”, todos ellos bastiones electorales que desde el año 2001 pugnan por el cambio. Asimismo, en la reciente recuperación habría que reconocer otros factores: a) La ausencia de conflicto, por el reflujo en Cajamarca y en otras zonas donde los reclamos amainan siempre a finales de año; b) La evaporación de la oposición, como resultado de la satisfacción mediática y partidaria de los cambios de diciembre; y c) La confianza o expectativa que todo gabinete convoca en sus inicios.
Es visible el esfuerzo de fabricar la imagen de un presidente exitoso a condición que abandone el cambio e ingrese en una deriva autoritaria. Es, sin embargo, un caramelo envenenado. La ecuación no cambio más gobierno duro difícilmente garantizará la paz social. Al contrario, como se ha demostrado en la década pasada, los picos de inestabilidad se producen cuando el poder se divorcia y/o enfrenta a la sociedad o retrasa salidas legítimas a problemas resonantes. El país intuye cuándo la continuidad se viste de inmovilismo.
La apurada felicidad con la que se comenta el sondeo se dirige a una conclusión que pretende ser absoluta: que el incremento se debe al cambio de gabinete y, sobre todo, a que proyecta la sensación de orden sobre los conflictos. Algunos van más allá y aducen que se debe a la moratoria de la Gran Transformación.
Esta conclusión es parcial, arbitraria, interesada y, sobre todo, peligrosa para el gobierno mismo. La encuesta no indaga sobre la relación gobierno/orden. Ya en el sondeo de diciembre pasado, el orden era objeto de polémica: la mayoría se decantaba por la declaratoria del Estado de Emergencia en Cajamarca pero también era mayoritario el respaldo al reclamo frente al abandono y al incumplimiento de ofertas. Del mismo modo, ninguna pregunta de la reciente encuesta indaga por la relación gabinete/respaldo presidencial. Al contrario, el 50% de quienes apoyan al Presidente están convencidos del cambio; el mes anterior, ese argumento de apoyo solo obtuvo el 39%.
Es probable que la caída del respaldo presidencial se debiera a varias causas, entre ellas el deterioro del orden, aunque no como única y determinante razón, sobre todo porque el descenso fue muy pronunciado en el sur y centro, y en el sector “E”, todos ellos bastiones electorales que desde el año 2001 pugnan por el cambio. Asimismo, en la reciente recuperación habría que reconocer otros factores: a) La ausencia de conflicto, por el reflujo en Cajamarca y en otras zonas donde los reclamos amainan siempre a finales de año; b) La evaporación de la oposición, como resultado de la satisfacción mediática y partidaria de los cambios de diciembre; y c) La confianza o expectativa que todo gabinete convoca en sus inicios.
Es visible el esfuerzo de fabricar la imagen de un presidente exitoso a condición que abandone el cambio e ingrese en una deriva autoritaria. Es, sin embargo, un caramelo envenenado. La ecuación no cambio más gobierno duro difícilmente garantizará la paz social. Al contrario, como se ha demostrado en la década pasada, los picos de inestabilidad se producen cuando el poder se divorcia y/o enfrenta a la sociedad o retrasa salidas legítimas a problemas resonantes. El país intuye cuándo la continuidad se viste de inmovilismo.
jueves, 29 de diciembre de 2011
La izquierda: choque y fuga
La República
La mitadmasuno
22 de diciembre de 2011
Juan De la Puente
http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/la-izquierda-choque-y-fuga-22-12-2011
La mitadmasuno
22 de diciembre de 2011
Juan De la Puente
http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/la-izquierda-choque-y-fuga-22-12-2011
La izquierda, luego del reciente cambio de gabinete, ha dejado el gobierno. Salvo excepciones, el grupo de activistas e intelectuales que contribuyó a la formación de Gana Perú, ha salido de la primera y segunda línea de la actual administración. La izquierda social, cuyo rol fue fundamental en el resultado de las elecciones, está un paso más adelante, emplazándose gradualmente en la oposición, seguida de los grupos políticos que operan en su seno. La izquierda regional, la que opera desde los gobiernos regionales y locales, no se ha movido ni un milímetro de su posición inicial de interlocutora del gobierno nacional sin compromisos políticos muy explícitos.
Este cuadro disperso es la causa misma de los problemas, es decir, la expresión de procesos paralelos que la izquierda construyó los últimos años impulsada por la imposibilidad de generar una gran dinámica al mismo tiempo convergente y renovadora. En esa medida, la adhesión a Humala aparece como un breve momento concurrente en el marco de la gran diáspora izquierdista iniciada hace más de 20 años. Los últimos sucesos dejan ver que el actual gobierno no es el punto de partida o de llegada de la izquierda sino un paso, para algunos necesario y para otros inevitable, un “choque y fuga” del que, por lo menos ahora, la izquierda sale perdiendo.
La interrogante principal es el siguiente movimiento; con toda seguridad el destino no pasa por el reagrupamiento. Desde la explosión de Izquierda Unida en 1989 la unidad de la izquierda es un mito recurrente de la acción, incluida la electoral y, al mismo tiempo, un freno para la refundación.
Entre los errores de la izquierda en la última etapa no está el no haber concurrido con un candidato propio a las elecciones o el haber propuesto un programa de equidad con ajuste mínimo al modelo neoliberal. Candidato propio y proyecto propio son cosas distintas, y en esto último parecería residir el problema. La voz de la izquierda nacional en los últimos años fue débil, difusa y fragmentada.
Javier Diez Canseco ha expresado una idea sustantiva para la reflexión, que es necesario que el 32% que votó por Humala en la primera vuelta tenga una representación política. Ello depende de dos variables: 1) de lo que suceda con el Partido Nacionalista en el futuro cercano; y 2) de la capacidad de la izquierda social de generar un movimiento político.
En lo segundo, en la izquierda social, residen por ahora las mayores esperanzas, es decir, en la evolución de apuestas interesantes como el Movimiento Tierra y Libertad, que se proponen relaciones más vinculantes entre las demandas de ciudadanía y la política. A pesar de las derrotas recientes parece estar naciendo una nueva épica izquierdista menos preocupada en su pasado y en juntar sus pedazos, pero igualmente cuestionadora de la realidad.
Este cuadro disperso es la causa misma de los problemas, es decir, la expresión de procesos paralelos que la izquierda construyó los últimos años impulsada por la imposibilidad de generar una gran dinámica al mismo tiempo convergente y renovadora. En esa medida, la adhesión a Humala aparece como un breve momento concurrente en el marco de la gran diáspora izquierdista iniciada hace más de 20 años. Los últimos sucesos dejan ver que el actual gobierno no es el punto de partida o de llegada de la izquierda sino un paso, para algunos necesario y para otros inevitable, un “choque y fuga” del que, por lo menos ahora, la izquierda sale perdiendo.
La interrogante principal es el siguiente movimiento; con toda seguridad el destino no pasa por el reagrupamiento. Desde la explosión de Izquierda Unida en 1989 la unidad de la izquierda es un mito recurrente de la acción, incluida la electoral y, al mismo tiempo, un freno para la refundación.
Entre los errores de la izquierda en la última etapa no está el no haber concurrido con un candidato propio a las elecciones o el haber propuesto un programa de equidad con ajuste mínimo al modelo neoliberal. Candidato propio y proyecto propio son cosas distintas, y en esto último parecería residir el problema. La voz de la izquierda nacional en los últimos años fue débil, difusa y fragmentada.
Javier Diez Canseco ha expresado una idea sustantiva para la reflexión, que es necesario que el 32% que votó por Humala en la primera vuelta tenga una representación política. Ello depende de dos variables: 1) de lo que suceda con el Partido Nacionalista en el futuro cercano; y 2) de la capacidad de la izquierda social de generar un movimiento político.
En lo segundo, en la izquierda social, residen por ahora las mayores esperanzas, es decir, en la evolución de apuestas interesantes como el Movimiento Tierra y Libertad, que se proponen relaciones más vinculantes entre las demandas de ciudadanía y la política. A pesar de las derrotas recientes parece estar naciendo una nueva épica izquierdista menos preocupada en su pasado y en juntar sus pedazos, pero igualmente cuestionadora de la realidad.
La boca del volcán
La República
La mitadmasuno
15 de diciembre de 2011
Juan De la Puente
http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/la-boca-del-volcan-15-12-2011
La mitadmasuno
15 de diciembre de 2011
Juan De la Puente
http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/la-boca-del-volcan-15-12-2011
El episodio Conga es insuficiente para explicar la caída del gabinete Lerner porque me temo que no solo asistimos a un cambio de gabinete sino al estreno de una nueva distribución de fuerzas y a la gestación de una etapa que, si no se insiste en el cambio, puede culminar, en el mediano o largo plazo, con un Estado más débil.
Es probable que el problema central del gabinete concertado que presidía Salomón Lerner Ghitis haya sido su coherencia pero no su pluralidad. En América Latina hay experiencias exitosas de concertación aún más plurales. Si la variedad de opiniones se refiere a las posiciones sobre el proyecto Conga, los matices fueron los habitualmente tolerados hasta en los gobiernos monocolores. Por lo mismo, las razones de los últimos sucesos parecen remitirnos a problemas más gruesos, al cambio y a la audacia para enfrentar una transformación de la magnitud prometida en las elecciones. Así, Conga fue la boca del volcán, la explosión vino de adentro.
Lerner, por su historia personal y su relación privilegiada con el Presidente era el premier ideal para articular los hilos del cambio, a cuyo tejido se abocó internamente tanto como a su negociación con los actores públicos fuera del gobierno. No obstante, los sucesos de Cajamarca expusieron un gobierno de dos velocidades, el diálogo y el cambio versus el orden y la continuidad. Lerner expresaba la primera opción pero es la segunda la que se ha impuesto por la vía de la formación de un núcleo que ha tomado el control del gobierno. En ese sentido, el resultado más riesgoso no es el alejamiento del centro y de la izquierda del gobierno como la afectación de la oferta transformadora electoral.
Luego de la derrota de Sendero Luminoso y de convertirse en legítimo el déficit de igualdad, la demanda de cambio es estructural mientras que la de orden es coyuntural. Después de 10 años de conflictos sociales, las elecciones abrieron las puertas a una propuesta de igualdad y derechos que, al mismo tiempo, conserve el crecimiento y la inversión, un mensaje político cuyo eco no se extinguirá.
Es muy cierto que en un momento de la protesta de Cajamarca se produjo un desborde radical en un proceso donde la izquierda nacional y regional no pudo correlacionar su papel social con el gubernamental. Sin embargo, no es menos cierto que con la exclusión de la izquierda del gobierno nadie espera que acaben los conflictos sociales. Esa no es, entonces, la razón de la salida.
Esta retirada parece apuntar al tema de fondo, al destino del cambio, a la ilusión de administrar la gobernabilidad sin una cuota de transformaciones, a la convicción equívoca de que los conflictos sociales constituyen un problema de orden público y no de justicia. En esa línea, el peligro mayor, y final, reside en que sea el pueblo el expulsado del proceso político.
Es probable que el problema central del gabinete concertado que presidía Salomón Lerner Ghitis haya sido su coherencia pero no su pluralidad. En América Latina hay experiencias exitosas de concertación aún más plurales. Si la variedad de opiniones se refiere a las posiciones sobre el proyecto Conga, los matices fueron los habitualmente tolerados hasta en los gobiernos monocolores. Por lo mismo, las razones de los últimos sucesos parecen remitirnos a problemas más gruesos, al cambio y a la audacia para enfrentar una transformación de la magnitud prometida en las elecciones. Así, Conga fue la boca del volcán, la explosión vino de adentro.
Lerner, por su historia personal y su relación privilegiada con el Presidente era el premier ideal para articular los hilos del cambio, a cuyo tejido se abocó internamente tanto como a su negociación con los actores públicos fuera del gobierno. No obstante, los sucesos de Cajamarca expusieron un gobierno de dos velocidades, el diálogo y el cambio versus el orden y la continuidad. Lerner expresaba la primera opción pero es la segunda la que se ha impuesto por la vía de la formación de un núcleo que ha tomado el control del gobierno. En ese sentido, el resultado más riesgoso no es el alejamiento del centro y de la izquierda del gobierno como la afectación de la oferta transformadora electoral.
Luego de la derrota de Sendero Luminoso y de convertirse en legítimo el déficit de igualdad, la demanda de cambio es estructural mientras que la de orden es coyuntural. Después de 10 años de conflictos sociales, las elecciones abrieron las puertas a una propuesta de igualdad y derechos que, al mismo tiempo, conserve el crecimiento y la inversión, un mensaje político cuyo eco no se extinguirá.
Es muy cierto que en un momento de la protesta de Cajamarca se produjo un desborde radical en un proceso donde la izquierda nacional y regional no pudo correlacionar su papel social con el gubernamental. Sin embargo, no es menos cierto que con la exclusión de la izquierda del gobierno nadie espera que acaben los conflictos sociales. Esa no es, entonces, la razón de la salida.
Esta retirada parece apuntar al tema de fondo, al destino del cambio, a la ilusión de administrar la gobernabilidad sin una cuota de transformaciones, a la convicción equívoca de que los conflictos sociales constituyen un problema de orden público y no de justicia. En esa línea, el peligro mayor, y final, reside en que sea el pueblo el expulsado del proceso político.
Promineros y antimineros
La República
La mitadmasuno
8 de diciembre de 2011
Juan De la Puente
http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/promineros-y-antimineros-08-12-2011
La mitadmasuno
8 de diciembre de 2011
Juan De la Puente
http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/promineros-y-antimineros-08-12-2011
La presencia de una comisión de ministros en Cajamarca y la apertura de un saludable diálogo que el Estado de Emergencia ha interrumpido ha permitido apreciar expresiones menos dicotómicas que aquella que divide a los cajamarquinos entre promineros y antimineros. Desde Lima se “redescubre” una región más plural y colorida, una realidad que el Estado, las empresas y, sobre todo, la prensa se habían empeñado en simplificar en la palabra y en la acción.
Esta certeza, limeña y tardía, siempre es nueva. Podría ser la superación de una percepción histórica instintiva que se resiste a reconocer los matices por razones culturales, aunque la simplicidad es también una forma de interpretación esquemática y fantasiosa de lo ya conocido y, por tanto, a veces una forma de negación de la realidad.
Al rasgarse la dicotomía limeña se puede comprobar expresiones sociales y liderazgos más variados. Se aprecia, por ejemplo, la reducción del espacio de quienes postulan un no definitivo al proyecto Conga. Los partidarios acríticos de Yanacocha y de la inversión minera también ralean. Aparece, más bien, una sociedad tenazmente enfrentada al Estado deudor de su bienestar, crítica de la actividad minera depredadora, incumplida y soberbia y, sobre todo, hastiada de la política y sus instituciones.
No parece existir en Cajamarca un pueblo secuestrado por el ambientalismo duro ni comprado por la empresa minera. Hay radicales, claro, de uno y otro lado. Ante todo, sin embargo, existe un pueblo desconfiado, pobre y crecientemente preocupado por los recursos naturales. Frente a esa sociedad, el principal obligado es el Estado, y en todo sentido: protección de sus recursos, regulación, servicios básicos y orden público. Por algunas expresiones daría la impresión de que en estos días el único deber del Estado con Cajamarca es el deber de policía.
En este panorama, la división minería vs antiminería es deficitaria y de ella peca el reciente artículo de Iván Mendoza (Cajamarca: ¿bastión antiminero? Noticias Ser.pe). Increíblemente, el autor ajusta un conflicto actual al resultado de las elecciones, como si la minería hubiese sido el centro de las elecciones regionales y generales. Al “hacer hablar” a los votos fabrica una región antiminera minoritaria basada en sumas y restas.
Por suerte el asunto es menos dual y socialmente más rico. Por ello, el diálogo con Cajamarca y en Cajamarca no debe ser abandonado. Si hay una nueva estrategia de conflictos en el gobierno, esta no debería cometer los errores del pasado, es decir, el abandono de las poblaciones demandantes una vez apagadas las llamas del incendio. Esa estrategia también pasa por el fortalecimiento de los liderazgos locales y regionales y el debate abierto con ellos, sin exclusiones. En Cajamarca no hay otra opción que el diálogo.
Esta certeza, limeña y tardía, siempre es nueva. Podría ser la superación de una percepción histórica instintiva que se resiste a reconocer los matices por razones culturales, aunque la simplicidad es también una forma de interpretación esquemática y fantasiosa de lo ya conocido y, por tanto, a veces una forma de negación de la realidad.
Al rasgarse la dicotomía limeña se puede comprobar expresiones sociales y liderazgos más variados. Se aprecia, por ejemplo, la reducción del espacio de quienes postulan un no definitivo al proyecto Conga. Los partidarios acríticos de Yanacocha y de la inversión minera también ralean. Aparece, más bien, una sociedad tenazmente enfrentada al Estado deudor de su bienestar, crítica de la actividad minera depredadora, incumplida y soberbia y, sobre todo, hastiada de la política y sus instituciones.
No parece existir en Cajamarca un pueblo secuestrado por el ambientalismo duro ni comprado por la empresa minera. Hay radicales, claro, de uno y otro lado. Ante todo, sin embargo, existe un pueblo desconfiado, pobre y crecientemente preocupado por los recursos naturales. Frente a esa sociedad, el principal obligado es el Estado, y en todo sentido: protección de sus recursos, regulación, servicios básicos y orden público. Por algunas expresiones daría la impresión de que en estos días el único deber del Estado con Cajamarca es el deber de policía.
En este panorama, la división minería vs antiminería es deficitaria y de ella peca el reciente artículo de Iván Mendoza (Cajamarca: ¿bastión antiminero? Noticias Ser.pe). Increíblemente, el autor ajusta un conflicto actual al resultado de las elecciones, como si la minería hubiese sido el centro de las elecciones regionales y generales. Al “hacer hablar” a los votos fabrica una región antiminera minoritaria basada en sumas y restas.
Por suerte el asunto es menos dual y socialmente más rico. Por ello, el diálogo con Cajamarca y en Cajamarca no debe ser abandonado. Si hay una nueva estrategia de conflictos en el gobierno, esta no debería cometer los errores del pasado, es decir, el abandono de las poblaciones demandantes una vez apagadas las llamas del incendio. Esa estrategia también pasa por el fortalecimiento de los liderazgos locales y regionales y el debate abierto con ellos, sin exclusiones. En Cajamarca no hay otra opción que el diálogo.
Conga: el baile no ha terminado
La República
La mitadmasuno
1 de diciembre de 2011
Juan De la Puente
http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/conga-el-baile-no-ha-terminado-01-12-2011
La mitadmasuno
1 de diciembre de 2011
Juan De la Puente
http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/conga-el-baile-no-ha-terminado-01-12-2011
La suspensión de operaciones del proyecto minero Conga es el desenlace de varios errores y ausencias. En la perspectiva inmediata, proyecta una innecesaria debilidad del gobierno, un desgaste del papel arbitral del Presidente y una indeseable fragilidad del equilibrio de fuerzas que el mismo Ollanta Humala fundó acertadamente hace pocos meses.
La conclusión más importante de este episodio quizás sea que el juego de grandes actores públicos al que se había reducido la política los últimos años ha encontrado un límite: la calle. La falta de Estado y partidos, de interlocución y diálogo, y legitimidad y confianza, agranda las brechas detectadas, especialmente las políticas y territoriales.
La sociedad, en esta ocasión Cajamarca, encara y resuelve a su manera los conflictos que los actores abordan con un esquema cuestionado desde el Arequipazo del 2002, pasando por Tambogrande (2003), Kilish (2004), Combayo (2006), Majaz (2006) Bagua (2009), Tía María (2011) y Santa Ana (2011). Mientras la academia debate, Conga legitima con cargo a inventario un modelo violento de solución parcial de conflictos, una inclusión a palos.
Lo sucedido también limita el horizonte de la concertación y acota la capacidad del gobierno para producir cambios arrancando concesiones a los extremos. Conga interroga al proceso político con dos paradojas: ¿cuánto se puede cambiar sin cambiar? ¿Es más viable la concertación para no cambiar que para cambiar?
El principal error del gobierno en el caso Conga fue presidencializar el conflicto. La sentencia ¡Conga va! fue celebrada desde un lado del escenario pero desafiado desde el otro, paralizando el diálogo, polarizando la discusión y empoderando en Cajamarca a los partidarios de la confrontación. En este cuadro se registra otra paradoja, aunque esta no es tan nueva: tenemos gobierno pero no partido de gobierno. Fue muy escasa la defensa pública de la posición gubernamental.
Los errores de la empresa son memorables. En lugar de persuadir a la población ubicada en el ámbito de ejecución del proyecto crearon su propio pueblo, obtuvieron su pedazo de calle y tentaron su legitimidad frente a la legitimidad de los otros. Deberían evaluar ahora que la táctica de minería vs antiminería, en una etapa de crecimiento del ambientalismo, es una invitación al fracaso.
Con la suspensión del proyecto, el baile no ha terminado. En el pasado, todos los conflictos debilitaron la autoridad nacional y regional y esta no parece ser la excepción. En Cajamarca se han fortalecido los liderazgos maximalistas. Quizás sea la oportunidad de intentar un consenso nacional sobre nuevas reglas de juego de las actividades extractivas. Como en otros casos este es un problema de orden en el sentido de estructura y no de fuerza y la solución pasa por el Estado y por el diálogo.
La conclusión más importante de este episodio quizás sea que el juego de grandes actores públicos al que se había reducido la política los últimos años ha encontrado un límite: la calle. La falta de Estado y partidos, de interlocución y diálogo, y legitimidad y confianza, agranda las brechas detectadas, especialmente las políticas y territoriales.
La sociedad, en esta ocasión Cajamarca, encara y resuelve a su manera los conflictos que los actores abordan con un esquema cuestionado desde el Arequipazo del 2002, pasando por Tambogrande (2003), Kilish (2004), Combayo (2006), Majaz (2006) Bagua (2009), Tía María (2011) y Santa Ana (2011). Mientras la academia debate, Conga legitima con cargo a inventario un modelo violento de solución parcial de conflictos, una inclusión a palos.
Lo sucedido también limita el horizonte de la concertación y acota la capacidad del gobierno para producir cambios arrancando concesiones a los extremos. Conga interroga al proceso político con dos paradojas: ¿cuánto se puede cambiar sin cambiar? ¿Es más viable la concertación para no cambiar que para cambiar?
El principal error del gobierno en el caso Conga fue presidencializar el conflicto. La sentencia ¡Conga va! fue celebrada desde un lado del escenario pero desafiado desde el otro, paralizando el diálogo, polarizando la discusión y empoderando en Cajamarca a los partidarios de la confrontación. En este cuadro se registra otra paradoja, aunque esta no es tan nueva: tenemos gobierno pero no partido de gobierno. Fue muy escasa la defensa pública de la posición gubernamental.
Los errores de la empresa son memorables. En lugar de persuadir a la población ubicada en el ámbito de ejecución del proyecto crearon su propio pueblo, obtuvieron su pedazo de calle y tentaron su legitimidad frente a la legitimidad de los otros. Deberían evaluar ahora que la táctica de minería vs antiminería, en una etapa de crecimiento del ambientalismo, es una invitación al fracaso.
Con la suspensión del proyecto, el baile no ha terminado. En el pasado, todos los conflictos debilitaron la autoridad nacional y regional y esta no parece ser la excepción. En Cajamarca se han fortalecido los liderazgos maximalistas. Quizás sea la oportunidad de intentar un consenso nacional sobre nuevas reglas de juego de las actividades extractivas. Como en otros casos este es un problema de orden en el sentido de estructura y no de fuerza y la solución pasa por el Estado y por el diálogo.
miércoles, 30 de noviembre de 2011
Las dos sombras
La República
La mitadmasuno
Jueves 17 de noviembre de 2011
Juan De la Puente
http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/las-dos-sombras-17-11-2011
La mitadmasuno
Jueves 17 de noviembre de 2011
Juan De la Puente
http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/las-dos-sombras-17-11-2011
Ollanta Humala ha construido un gobierno que algunos llamaron arcoíris y que al paso de los días se deja ver como una convivencia con menos colores, donde caben nacionalistas, socialistas, liberales y un nuevo grupo, los asustados. Luego de los 100 días, ese equilibrio asoma precario y su vulnerabilidad es el principal reto de un gobierno que empieza a ser acosado. Desde la empresa se demandan garantías a la inversión y desde los movimientos sociales regulación.
Las presiones las recibe el gobierno pero el centro de la discusión es el Estado. Podría ser que, a despecho de los que exigen la aplicación del principio de autoridad, el Estado se está revelando como incapaz de garantizarlo totalmente, salvo que se rompa el equilibrio. Del mismo modo, un nuevo sistema de regulación estatal no puede ser aplicado a determinadas actividades económicas sin resentir abiertamente a los actores económicos.
Acaso el gobierno ha perdido el impulso inicial que lo llevó a la negociación para el gravamen minero, la aprobación de la Ley de Consulta Previa, la adopción de medidas para impedir el impacto de la crisis internacional y la creación del Ministerio de Inclusión Social.
En ese sentido, la hipótesis que barajan algunos, sobre que la actual ola de conflictos se origina en la concertación para el cambio de las primeras semanas, puede ser equívoca. Contrariamente, lo urgente parece ser concertar máscon la empresa y los movimientos sociales en lugar de una deriva de mano dura. Como al inicio, el problema sigue siendo el Estado.
Este cuadro no esconde las dos sombras que planean detrás de los movimientos, es decir, las presiones para sacar a la izquierda del gobierno o para suprimir su ala liberal. En el primer caso, si el gobierno girara a la derecha, el país se radicalizaría y, lo más probable, es que si la izquierda sale del gobierno, la derecha no se comprometa con él. Eso se llamaría soledad y le ocurrió a Lucio Gutiérrez en Ecuador el 2004. Al revés, la radicalización izquierdista implicaría un curso de confrontación de un gobierno de vencedores contra la empresa vencida, un modelo que ha mostrado sus límites en la región.
En el horizonte hay muy poco por escoger. Por un lado, la conservación del equilibrio que permite que el país funcione y, por el otro, la concertación para el cambio porque solo el cambio, y no el inmovilismo, hará fuerte al gobierno.
Las presiones las recibe el gobierno pero el centro de la discusión es el Estado. Podría ser que, a despecho de los que exigen la aplicación del principio de autoridad, el Estado se está revelando como incapaz de garantizarlo totalmente, salvo que se rompa el equilibrio. Del mismo modo, un nuevo sistema de regulación estatal no puede ser aplicado a determinadas actividades económicas sin resentir abiertamente a los actores económicos.
Acaso el gobierno ha perdido el impulso inicial que lo llevó a la negociación para el gravamen minero, la aprobación de la Ley de Consulta Previa, la adopción de medidas para impedir el impacto de la crisis internacional y la creación del Ministerio de Inclusión Social.
En ese sentido, la hipótesis que barajan algunos, sobre que la actual ola de conflictos se origina en la concertación para el cambio de las primeras semanas, puede ser equívoca. Contrariamente, lo urgente parece ser concertar máscon la empresa y los movimientos sociales en lugar de una deriva de mano dura. Como al inicio, el problema sigue siendo el Estado.
Este cuadro no esconde las dos sombras que planean detrás de los movimientos, es decir, las presiones para sacar a la izquierda del gobierno o para suprimir su ala liberal. En el primer caso, si el gobierno girara a la derecha, el país se radicalizaría y, lo más probable, es que si la izquierda sale del gobierno, la derecha no se comprometa con él. Eso se llamaría soledad y le ocurrió a Lucio Gutiérrez en Ecuador el 2004. Al revés, la radicalización izquierdista implicaría un curso de confrontación de un gobierno de vencedores contra la empresa vencida, un modelo que ha mostrado sus límites en la región.
En el horizonte hay muy poco por escoger. Por un lado, la conservación del equilibrio que permite que el país funcione y, por el otro, la concertación para el cambio porque solo el cambio, y no el inmovilismo, hará fuerte al gobierno.
A propósito del caso Conga una entrevista hace 15 días en Ideéleradio
El 14 de noviembre brindé declaraciones al programa No hay Derecho, de IDL, que dirige Glatzer Tuesta, en Radio San Borja, cuando la ola de conflictos era "pequeña". Estuvimos con Javier Torres, de SER. Hablamos de todo pero lo central fueron los conflictos.
Ideeleradio.- El Gobierno pudo haber resuelto de una forma más sencilla la pequeña ola de conflictos, pero aún está utilizando el colapsado modelo de gestión de conflictos que heredó del aprismo, en el que el Estado es lerdo, sostuvo el analista político Juan de la Puente.
“Podía haber sido más sencillo [administrar la controversia], si es que se cambiaba el modelo de gestión de conflictos heredado del gobierno anterior y en general de la década pasada, que es un modelo que ha colapsado, que no funciona, es un modelo que ha sido derrotado por los acontecimientos, ese modelo de gestión incluye mesas de diálogo actas, comisiones de alto nivel, y desde el lado de la sociedad, incluye obviamente marchas, tomas de carreteras […]”, expresó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
“Aquí el problema fundamental es el Estado, y en ese modelo el Estado es lerdo, en ese modelo hay que esperar que la población se levante para ir a firmar actas, […] ese modelo ha colapsado y se necesita obviamente un nuevo modelo, y en eso una actitud del Estado más cercana en una calidad de árbitro frente a este tema”, dijo.
Demandas ambientales y de inclusión social
Refirió que la base de la mayoría de conflictos sociales responde a intereses de caracteres medioambientales y sociales, como los suscitados en Andahuaylas, donde la población reclama la eliminación de la minería informal y también de ordenamiento territorial, como el de las comunidades de Cajamarca.
“En la base de los conflictos hay intereses ambientales, medioambientales, pero son principalmente sociales, en algunos casos, se tratan de pedidos para que la minería informal sea erradicada, fundamentalmente, en el caso de Andahuaylas; en el caso de Cajamarca, se trata de una demanda en función de una expectativa de ordenamiento territorial”, señaló.
Indicó que a diferencia de los conflictos sociales ocurridos en gobiernos anteriores, donde los reclamos eran cuestiones de políticas globales, los actuales pedidos son exigencias de inclusión social.
“Yo vería esto como una pequeña ola [de conflictos] en el programa de inclusión del nuevo gobierno no es una demanda como en gobiernos anteriores lo que se trataba es de cuestionar políticas globales. […] Hay un lineamiento político en el Gobierno, quizás porque sólo tiene 100 días o quizás porque no ha habido cuidado en plantearlo”, anotó.
Un gobierno que incluye a vencedores y vencidos
En otro momento, precisó que la actual gestión contrasta con las administraciones de Venezuela, Ecuador y Bolivia, porque a diferencia de estos países, el presidente Ollanta Humala ha construido un gobierno que incluye también a los vencidos, al punto que está conformada por nacionalistas, socialistas y liberales.
“El presidente Humala ha construido un gobierno que no es de vencedores y vencidos, donde una parte de los vencidos están sentados en el Gobierno, por eso que el señor [Miguel] Castilla es ministro de Economía, entonces, no es un modelo [como el de] [Hugo] Chávez, [Rafael] Correa o [Evo] Morales, [más bien] es un equilibrio donde hay nacionalistas, socialistas y liberales”, indicó.
Los que votaron en primera y segunda vuelta
El analista estimó que los pobladores y comuneros que protestan en Cajamarca, Ancash y Andahuaylas no son parte de grupos radicales, sino de los que votaron por él en la primera y en la segunda vuelta. Añadió que estamos ante un momento que requiere de un nuevo modelo de gestión de conflictos.
“Yo creo que los que protestan hoy día no son los que formaron parte del 31 o el 32% de Humala en la primera vuelta, son parte de los que votaron por él en la primera y en la segunda vuelta, o sea, yo no creo que esto sea una demanda radical, al interior pueden haber grupos radicales […] minoritarios, pero estas son demandas sentidas en Andahuaylas, nadie va a decir que los que han salido a las calles son radicales”, declaró.
“Entonces, estamos frente a un nuevo momento, sobre el cual se necesita un nuevo tipo de gestión de conflictos del Estado y ese paso no se ha dado y mientras se siga con ese modelo de gestión de conflictos vamos a tener eso”, argumentó.
Megaconsulta y Pacto Nacional Minero son interesantesEn otro momento, calificó de interesantes tanto las propuestas del presidente Ollanta Humala de realizar una megaconsulta concerniente al tema del ordenamiento territorial, como la del asesor de la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), Carlos Tapia, quien planteó crear el Pacto Nacional Minero, porque será la población total quien decidirá si habrá o no minería en su zona.
Cuestionó al presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, por deslizar la idea de erradicar la minería en su región porque no ha hecho un estudio ambiental que le permita llegar a esa conclusión, ni ha consultado a su población.
“Me parecen dos iniciativas interesantes, porque el Perú debería decidir donde realizar minería y donde no, eso no puede nacer desde la iniciativa de un presidente regional. Yo el otro día escuché a Gregorio Santos decir ‘ya no más minería en Cajamarca’ y quién es él para decir eso, se le ocurrió a él, ese día amaneció dispuesto a decirlo, acaso ha hecho un estudio”, refutó.
Conflictos son una oportunidad de generar crisis
Advirtió, finalmente, que esta secuencia de conflictos sociales puede ser empleada por sectores políticos y empresariales para intentar desequilibrar la administración de Ollanta Humala, en el sentido de generar una crisis en el interior del Ejecutivo y un cambio de su orientación inicial.
“Los conflictos también son una oportunidad para los sectores políticos, y para los sectores de la gran empresa, esta es una oportunidad también para provocar e intentar generar una crisis en el interior del gobierno y un cambio de orientación”, concluyó.
Puede encontrar más información de esta nota en: https://juandelapuente.com/proposito-del-caso-conga-una-entrevista/
Ideeleradio.- El Gobierno pudo haber resuelto de una forma más sencilla la pequeña ola de conflictos, pero aún está utilizando el colapsado modelo de gestión de conflictos que heredó del aprismo, en el que el Estado es lerdo, sostuvo el analista político Juan de la Puente.
“Podía haber sido más sencillo [administrar la controversia], si es que se cambiaba el modelo de gestión de conflictos heredado del gobierno anterior y en general de la década pasada, que es un modelo que ha colapsado, que no funciona, es un modelo que ha sido derrotado por los acontecimientos, ese modelo de gestión incluye mesas de diálogo actas, comisiones de alto nivel, y desde el lado de la sociedad, incluye obviamente marchas, tomas de carreteras […]”, expresó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
“Aquí el problema fundamental es el Estado, y en ese modelo el Estado es lerdo, en ese modelo hay que esperar que la población se levante para ir a firmar actas, […] ese modelo ha colapsado y se necesita obviamente un nuevo modelo, y en eso una actitud del Estado más cercana en una calidad de árbitro frente a este tema”, dijo.
Demandas ambientales y de inclusión social
Refirió que la base de la mayoría de conflictos sociales responde a intereses de caracteres medioambientales y sociales, como los suscitados en Andahuaylas, donde la población reclama la eliminación de la minería informal y también de ordenamiento territorial, como el de las comunidades de Cajamarca.
“En la base de los conflictos hay intereses ambientales, medioambientales, pero son principalmente sociales, en algunos casos, se tratan de pedidos para que la minería informal sea erradicada, fundamentalmente, en el caso de Andahuaylas; en el caso de Cajamarca, se trata de una demanda en función de una expectativa de ordenamiento territorial”, señaló.
Indicó que a diferencia de los conflictos sociales ocurridos en gobiernos anteriores, donde los reclamos eran cuestiones de políticas globales, los actuales pedidos son exigencias de inclusión social.
“Yo vería esto como una pequeña ola [de conflictos] en el programa de inclusión del nuevo gobierno no es una demanda como en gobiernos anteriores lo que se trataba es de cuestionar políticas globales. […] Hay un lineamiento político en el Gobierno, quizás porque sólo tiene 100 días o quizás porque no ha habido cuidado en plantearlo”, anotó.
Un gobierno que incluye a vencedores y vencidos
En otro momento, precisó que la actual gestión contrasta con las administraciones de Venezuela, Ecuador y Bolivia, porque a diferencia de estos países, el presidente Ollanta Humala ha construido un gobierno que incluye también a los vencidos, al punto que está conformada por nacionalistas, socialistas y liberales.
“El presidente Humala ha construido un gobierno que no es de vencedores y vencidos, donde una parte de los vencidos están sentados en el Gobierno, por eso que el señor [Miguel] Castilla es ministro de Economía, entonces, no es un modelo [como el de] [Hugo] Chávez, [Rafael] Correa o [Evo] Morales, [más bien] es un equilibrio donde hay nacionalistas, socialistas y liberales”, indicó.
Los que votaron en primera y segunda vuelta
El analista estimó que los pobladores y comuneros que protestan en Cajamarca, Ancash y Andahuaylas no son parte de grupos radicales, sino de los que votaron por él en la primera y en la segunda vuelta. Añadió que estamos ante un momento que requiere de un nuevo modelo de gestión de conflictos.
“Yo creo que los que protestan hoy día no son los que formaron parte del 31 o el 32% de Humala en la primera vuelta, son parte de los que votaron por él en la primera y en la segunda vuelta, o sea, yo no creo que esto sea una demanda radical, al interior pueden haber grupos radicales […] minoritarios, pero estas son demandas sentidas en Andahuaylas, nadie va a decir que los que han salido a las calles son radicales”, declaró.
“Entonces, estamos frente a un nuevo momento, sobre el cual se necesita un nuevo tipo de gestión de conflictos del Estado y ese paso no se ha dado y mientras se siga con ese modelo de gestión de conflictos vamos a tener eso”, argumentó.
Megaconsulta y Pacto Nacional Minero son interesantesEn otro momento, calificó de interesantes tanto las propuestas del presidente Ollanta Humala de realizar una megaconsulta concerniente al tema del ordenamiento territorial, como la del asesor de la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), Carlos Tapia, quien planteó crear el Pacto Nacional Minero, porque será la población total quien decidirá si habrá o no minería en su zona.
Cuestionó al presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, por deslizar la idea de erradicar la minería en su región porque no ha hecho un estudio ambiental que le permita llegar a esa conclusión, ni ha consultado a su población.
“Me parecen dos iniciativas interesantes, porque el Perú debería decidir donde realizar minería y donde no, eso no puede nacer desde la iniciativa de un presidente regional. Yo el otro día escuché a Gregorio Santos decir ‘ya no más minería en Cajamarca’ y quién es él para decir eso, se le ocurrió a él, ese día amaneció dispuesto a decirlo, acaso ha hecho un estudio”, refutó.
Conflictos son una oportunidad de generar crisis
Advirtió, finalmente, que esta secuencia de conflictos sociales puede ser empleada por sectores políticos y empresariales para intentar desequilibrar la administración de Ollanta Humala, en el sentido de generar una crisis en el interior del Ejecutivo y un cambio de su orientación inicial.
“Los conflictos también son una oportunidad para los sectores políticos, y para los sectores de la gran empresa, esta es una oportunidad también para provocar e intentar generar una crisis en el interior del gobierno y un cambio de orientación”, concluyó.
Puede encontrar más información de esta nota en: https://juandelapuente.com/proposito-del-caso-conga-una-entrevista/
jueves, 3 de noviembre de 2011
Humala, los 100 días
La mitadmasuno
La República
3 de noviembre de 2011
Juan De la Puente
http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/humala-los-100-dias-03-11-2011
La República
3 de noviembre de 2011
Juan De la Puente
http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/humala-los-100-dias-03-11-2011
El gobierno transita sus primeros 100 días con algunos logros sustantivos. Quizás el primero sea que el país ha continuado su marcha a despecho de las previsiones catastrofistas de la derecha perdedora de las elecciones. Ninguna ecuación política, salvo el retroceso, sería posible si la economía no continuara la evolución prevista. Junto a lo señalado, otro logro político debe ser anotado: haber convertido en hegemónica y culturalmente irrebatible la crítica a la desigualdad y, por lo tanto, en viables las decisiones en línea de la inclusión. Solo habría que recordar que hace pocos años, la equidad era casi una mala palabra.
No obstante, también merece atención el modelo de gobierno propuesto, sostenido en una triple convivencia entre nacionalistas, socialistas y liberales. La integración de una parte de estos últimos en el gobierno es audaz en tanto la expresión de un modelo de cambio sin vencedores ni vencidos, distante del modelo venezolano y acaso ecuatoriano. La apuesta consiste en integrar a parte de los vencedores a la obra del gobierno bajo la idea de que existe una agenda liberal de contenido distributivo.
Para más de uno, el riesgo de este modelo no es la convivencia sino la acotación de los cambios, es decir, el tránsito hacia las reglas de juego chilenas luego de Pinochet, donde las políticas fueron moduladas por los poderes fácticos en apoyo de fuerzas del gobierno. En nuestro caso, esa posibilidad depende del perfil de los movimientos sociales, autónomos los últimos 20 años. Esta discusión se resolverá en la práctica cuando la calle responda a la pregunta: ¿Se autonomizarán del gobierno los movimientos sociales en un grado muy alto y podrán forzar un ciclo de cambios más rápidos e intensos?
El gobierno ha tenido éxito en rebajar las expectativas económicas centrando las demandas en la política social. La aprobación de la Ley de Consulta Previa y del gravamen minero no colisionan (todavía) con el núcleo del modelo; tampoco la puesta en marcha de los programas sociales ofrecidos. En este diálogo de señas e imágenes, la sociedad parece contentarse por ahora con la parte social de la inclusión, rebajando sus demandas de poder y de cambio económico. Ese canje tiene un tiempo político valioso que se debería traducir en la reforma del Estado, el principal problema de la inclusión en el corto plazo. El país quiere aunque sea un pedazo de cambio.
No obstante, también merece atención el modelo de gobierno propuesto, sostenido en una triple convivencia entre nacionalistas, socialistas y liberales. La integración de una parte de estos últimos en el gobierno es audaz en tanto la expresión de un modelo de cambio sin vencedores ni vencidos, distante del modelo venezolano y acaso ecuatoriano. La apuesta consiste en integrar a parte de los vencedores a la obra del gobierno bajo la idea de que existe una agenda liberal de contenido distributivo.
Para más de uno, el riesgo de este modelo no es la convivencia sino la acotación de los cambios, es decir, el tránsito hacia las reglas de juego chilenas luego de Pinochet, donde las políticas fueron moduladas por los poderes fácticos en apoyo de fuerzas del gobierno. En nuestro caso, esa posibilidad depende del perfil de los movimientos sociales, autónomos los últimos 20 años. Esta discusión se resolverá en la práctica cuando la calle responda a la pregunta: ¿Se autonomizarán del gobierno los movimientos sociales en un grado muy alto y podrán forzar un ciclo de cambios más rápidos e intensos?
El gobierno ha tenido éxito en rebajar las expectativas económicas centrando las demandas en la política social. La aprobación de la Ley de Consulta Previa y del gravamen minero no colisionan (todavía) con el núcleo del modelo; tampoco la puesta en marcha de los programas sociales ofrecidos. En este diálogo de señas e imágenes, la sociedad parece contentarse por ahora con la parte social de la inclusión, rebajando sus demandas de poder y de cambio económico. Ese canje tiene un tiempo político valioso que se debería traducir en la reforma del Estado, el principal problema de la inclusión en el corto plazo. El país quiere aunque sea un pedazo de cambio.
viernes, 16 de septiembre de 2011
Las tres oposiciones
La Mitadmasuno
La República
15 de setiembre 2011
Juan De la Puente
http://www.larepublica.pe/15-09-2011/las-tres-oposiciones
La República
15 de setiembre 2011
Juan De la Puente
http://www.larepublica.pe/15-09-2011/las-tres-oposiciones
La mayoría de prospecciones sostenían que el gobierno de Ollanta Humala tendría poco margen de maniobra en sus primeros días, habida cuenta de la polarización de la segunda vuelta y de la negativa de los opositores a Humala a desmovilizarse. No obstante, el gobierno parece empezar a disfrutar de una provisoria luna de miel.
El discurso gubernamental es dosificado y ha conseguido moderar las expectativas, sobre todo políticas. Contribuyen a esto la austeridad verbal y mediática del Presidente, la afirmación del papel convocante del premier Salomón Lerner Ghitis y el activismo de la mayoría de ministros. Sin embargo, los dos elementos más sustantivos de las señales oficialistas son: 1) la persistencia del cambio como compromiso moral; y 2) las formas de trato muy republicanas hacia otros poderes del Estado, sectores políticos y actores sociales, especialmente la empresa.
Una lista de señales ha bloqueado la formación de una coalición resistente a los cambios: gravamen minero pactado, negociación paciente del Lote 88 de Camisea, renuncia al pedido de facultades delegadas al Congreso, silencio sobre las reformas constitucionales y posicionamiento internacional multilateral. Al mismo tiempo, otros signos deben también interpretarse de cara a los movimientos sociales, como la rápida gestión de Pensión 65, la defensa de Ricardo Soberón, la reinstalación del Consejo Nacional del Trabajo, la elaboración del Presupuesto 2011 con aumentos sustantivos en Educación y Salud, y la propuesta de creación de una red estatal rural móvil.
El gobierno ha escogido su primer tiempo; la oposición o una parte de ella, no. El gobierno opera política y socialmente, en tanto que la oposición parece escindida en tres bloques. Mientras la dirección empresarial tiende puentes con angustia y rapidez, las bancadas parlamentarias se decantan por un control político casi sotto voce. En cambio, la oposición mediática, la más beligerante, articulada a veces a la empresa y otras al Parlamento, parece ser por ahora la oposición realmente existente. Este bloque ha perdido todas sus batallas quizás porque se ha detenido en el discurso previo a las elecciones. Aun así, su mensaje y el del gobierno son los únicos que se escuchan en la sociedad. Así las cosas, el salto al vacío parecen haberlo dado las formaciones políticas, en tanto que la empresa y los medios operan con pragmatismo y audacia.
El discurso gubernamental es dosificado y ha conseguido moderar las expectativas, sobre todo políticas. Contribuyen a esto la austeridad verbal y mediática del Presidente, la afirmación del papel convocante del premier Salomón Lerner Ghitis y el activismo de la mayoría de ministros. Sin embargo, los dos elementos más sustantivos de las señales oficialistas son: 1) la persistencia del cambio como compromiso moral; y 2) las formas de trato muy republicanas hacia otros poderes del Estado, sectores políticos y actores sociales, especialmente la empresa.
Una lista de señales ha bloqueado la formación de una coalición resistente a los cambios: gravamen minero pactado, negociación paciente del Lote 88 de Camisea, renuncia al pedido de facultades delegadas al Congreso, silencio sobre las reformas constitucionales y posicionamiento internacional multilateral. Al mismo tiempo, otros signos deben también interpretarse de cara a los movimientos sociales, como la rápida gestión de Pensión 65, la defensa de Ricardo Soberón, la reinstalación del Consejo Nacional del Trabajo, la elaboración del Presupuesto 2011 con aumentos sustantivos en Educación y Salud, y la propuesta de creación de una red estatal rural móvil.
El gobierno ha escogido su primer tiempo; la oposición o una parte de ella, no. El gobierno opera política y socialmente, en tanto que la oposición parece escindida en tres bloques. Mientras la dirección empresarial tiende puentes con angustia y rapidez, las bancadas parlamentarias se decantan por un control político casi sotto voce. En cambio, la oposición mediática, la más beligerante, articulada a veces a la empresa y otras al Parlamento, parece ser por ahora la oposición realmente existente. Este bloque ha perdido todas sus batallas quizás porque se ha detenido en el discurso previo a las elecciones. Aun así, su mensaje y el del gobierno son los únicos que se escuchan en la sociedad. Así las cosas, el salto al vacío parecen haberlo dado las formaciones políticas, en tanto que la empresa y los medios operan con pragmatismo y audacia.
Los "nuevos" conflictos
La Mitadmasuno
La República
8 de setiembre 2011
Juan De la Puente
http://www.larepublica.pe/08-09-2011/los-nuevos-conflictos
La República
8 de setiembre 2011
Juan De la Puente
http://www.larepublica.pe/08-09-2011/los-nuevos-conflictos
Se tiene a la vista un número apreciable de nuevos conflictos que, sobre todo, son esencialmente viejos. Solo que se plantean en el marco de un nuevo ciclo político y frente a un gobierno que ha declarado que los prevendrá y resolverá con otros procedimientos. No obstante, la conflictividad es más que el procedimiento; esconde o cubre capas sucesivas de otros conflictos apagados u olvidados por la ley y por el hombre.
En el emplazamiento frente a estos fenómenos reside el principal desafío. Una buena parte del Estado, el mercado y la sociedad parecen demandar un nuevo tratamiento de los conflictos pero no siente la necesidad de su propio cambio. Mal inicio; como lo que sucede con la inclusión (incluye tú, yo miro al costado) se pretende un cambio de estrategia exclusivo del gobierno.
Víctor Caballero, nuevo jefe de Conflictos de la PCM, ha advertido que en un proceso de cambio se producen renovadas tensiones y “nuevos” conflictos. Lo nuevo radica en la mayor legitimidad de la demanda o, si fuese el caso, en la posibilidad de abrir nuevas rutas de salida para aquella. En ese sentido, el Perú se prepara para asistir, muy probablemente, al surgimiento de un intenso período de demandas sociales que no deberían interpretarse como el resultado de la nueva política, sino como la oportunidad para resolverlas realmente.
Todo conflicto interpela al Estado pero también a la sociedad y pone sobre la mesa las relaciones entre estos. Javier Torres, un conflictólogo atrevido, ha escrito algo terrible: que los conflictos tienen que ver con las políticas de Estado y que conviene revisar algunas de ellas. Tiene razón, la mayoría de conflictos no son, como piensan algunos, la ofensiva antisistema de una conspiración ideológica para destruir el Estado o la protesta acumuladora de fuerzas insurgentes. Es más sencillo: una demanda de inclusión política y legal, distribución, oportunidades o, a veces, solo de diálogo.
Imposible resolver los conflictos laborales mineros, por ejemplo, si las empresas no abandonan la práctica de no entregar derechos sin huelga previa, es decir, una paradójica invitación al paro. Revisando los pliegos mineros se advierten clamorosas insensibilidades. Mientras la oferta de aumento salarial de una empresa es de 1,30 soles diarios, otra se resiste a entregar un tarro de leche a la viuda de un trabajador fallecido por enfermedad o accidente.
En el emplazamiento frente a estos fenómenos reside el principal desafío. Una buena parte del Estado, el mercado y la sociedad parecen demandar un nuevo tratamiento de los conflictos pero no siente la necesidad de su propio cambio. Mal inicio; como lo que sucede con la inclusión (incluye tú, yo miro al costado) se pretende un cambio de estrategia exclusivo del gobierno.
Víctor Caballero, nuevo jefe de Conflictos de la PCM, ha advertido que en un proceso de cambio se producen renovadas tensiones y “nuevos” conflictos. Lo nuevo radica en la mayor legitimidad de la demanda o, si fuese el caso, en la posibilidad de abrir nuevas rutas de salida para aquella. En ese sentido, el Perú se prepara para asistir, muy probablemente, al surgimiento de un intenso período de demandas sociales que no deberían interpretarse como el resultado de la nueva política, sino como la oportunidad para resolverlas realmente.
Todo conflicto interpela al Estado pero también a la sociedad y pone sobre la mesa las relaciones entre estos. Javier Torres, un conflictólogo atrevido, ha escrito algo terrible: que los conflictos tienen que ver con las políticas de Estado y que conviene revisar algunas de ellas. Tiene razón, la mayoría de conflictos no son, como piensan algunos, la ofensiva antisistema de una conspiración ideológica para destruir el Estado o la protesta acumuladora de fuerzas insurgentes. Es más sencillo: una demanda de inclusión política y legal, distribución, oportunidades o, a veces, solo de diálogo.
Imposible resolver los conflictos laborales mineros, por ejemplo, si las empresas no abandonan la práctica de no entregar derechos sin huelga previa, es decir, una paradójica invitación al paro. Revisando los pliegos mineros se advierten clamorosas insensibilidades. Mientras la oferta de aumento salarial de una empresa es de 1,30 soles diarios, otra se resiste a entregar un tarro de leche a la viuda de un trabajador fallecido por enfermedad o accidente.
jueves, 1 de septiembre de 2011
El Estado rural
La Mitadmasuno
La República
1 de setiembre 2011
Juan De la Puente
http://www.larepublica.pe/01-09-2011/el-estado-rural
La República
1 de setiembre 2011
Juan De la Puente
http://www.larepublica.pe/01-09-2011/el-estado-rural
Uno de los anuncios más llamativos de la exposición del premier Salomón Lerner al Congreso, es el reencuentro del Perú con el mundo rural y, en esa dirección, la instalación de redes para acercar el Estado a los peruanos que viven en las zonas rurales. Según el anuncio, basado en las 1.320 redes propuestas por el Consejo Nacional de Educación (CNE), el gobierno se propone enfrentar la baja densidad del Estado, advertida ya el 2009 por el Informe de Desarrollo Humano del PNUD (“Por una densidad del Estado al servicio de la gente”, PNUD 2010, Lima) instalando, en coordinación con las regiones y municipios, un modelo de gestión estatal móvil. Al equipo de acompañamiento educativo rural diseñado por el CNE (“Programa de acompañamiento pedagógico”, Cuaderno 8, CNE, 2007) se sumarían equipos encargados de coordinar los servicios estatales móviles de la salud, la justicia, la seguridad y la nutrición que se organizarán y operarán también a través de sus respectivas redes para llegar directamente a los ciudadanos.
El anuncio es esperanzador. La pobreza rural es muy resistente. Las programas sociales, salvo Sembrando, Electrificación Rural y en alguna medida Juntos, han colisionado con factores estructurales de un Estado que no puede superar los desafíos naturales de un país diverso, con poblaciones dispersas y mercados desestructurados. Para la mayoría de especialistas la clave es partir de un enfoque compartido de oferta y demanda que movilice a la sociedad para dinamizar sus expectativas y universalizar los derechos y su sostenibilidad; solo así se podrá acabar con colegios sin profesores y alumnos, postas médicas sin profesionales o equipo y relaciones contractuales sin seguridad jurídica.
La creación de un nuevo Ministerio de Inclusión Social debería consignar competencias y roles en relación al Perú rural. El desafío es la transversalidad de las políticas rurales, es decir, carreteras, promoción, agraria, educación, salud, identidad, energía y seguridad. El nuevo ministerio debería actuar como un dinamizador de inversión y entrega de derechos más que como ejecutor.
Con el Estado rural móvil se abre una etapa para la audacia sin fronteras. En Ghana, por ejemplo, las comadronas usan el celular para discutir los casos complejos con sus supervisores cercanos a ellas, en tanto que en Ruanda los centros de salud solicitan ambulancias rurales por esa vía.
El anuncio es esperanzador. La pobreza rural es muy resistente. Las programas sociales, salvo Sembrando, Electrificación Rural y en alguna medida Juntos, han colisionado con factores estructurales de un Estado que no puede superar los desafíos naturales de un país diverso, con poblaciones dispersas y mercados desestructurados. Para la mayoría de especialistas la clave es partir de un enfoque compartido de oferta y demanda que movilice a la sociedad para dinamizar sus expectativas y universalizar los derechos y su sostenibilidad; solo así se podrá acabar con colegios sin profesores y alumnos, postas médicas sin profesionales o equipo y relaciones contractuales sin seguridad jurídica.
La creación de un nuevo Ministerio de Inclusión Social debería consignar competencias y roles en relación al Perú rural. El desafío es la transversalidad de las políticas rurales, es decir, carreteras, promoción, agraria, educación, salud, identidad, energía y seguridad. El nuevo ministerio debería actuar como un dinamizador de inversión y entrega de derechos más que como ejecutor.
Con el Estado rural móvil se abre una etapa para la audacia sin fronteras. En Ghana, por ejemplo, las comadronas usan el celular para discutir los casos complejos con sus supervisores cercanos a ellas, en tanto que en Ruanda los centros de salud solicitan ambulancias rurales por esa vía.
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