Ausentismo, votos en blanco y viciados. 19/12/2014

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La República

La mitadmasuno

19 de diciembre de 2014

Juan De la  Puente

Si un porcentaje importante de electores no acude a votar y si otro porcentaje considerable que lo hace invalida su voto o vota en blanco, se produce un efecto político institucional que incide en la calidad de la representación, especialmente en la legitimidad de origen de los elegidos. Esto ha sucedido en el país en las recientes elecciones regionales y municipales con el ausentismo electoral y los votos en blanco y viciados, un fenómeno que debe ser puesto en el contexto de la fragmentación política, la debilidad de las representaciones y otros registros de los que se ha dado cuenta.

Es cierto que el ausentismo entre la primera y la segunda vuelta regional se ha incrementado del 16% a 24%, ocho puntos porcentuales que podrían atribuirse gruesamente al desinterés de los ciudadanos por las dos opciones que compitieron el 7 de diciembre. No obstante, este incremento no ha operado de modo homogéneo y fue más pronunciado en algunas circunscripciones, y en más de un caso agregándose a los votos en blanco y viciados.

Uno de esos casos es el del Cusco. En la primera vuelta el ausentismo fue del 16% y los votos en blanco/viciados (B/V) sumaron 18%. Para la segunda vuelta y siguiendo la tendencia nacional, el ausentismo subió al 26% pero los votos B/V escalaron al 22%, con desagregados cruciales. En el cercado del Cusco los votos en blanco y viciados alcanzaron 31% y ocuparon el segundo lugar, en tanto que en los distritos de Santiago y Wanchaq alcanzaron el 28% y 32%, respectivamente. En la provincia del Cusco, los votos B/V ocuparon también el segundo lugar.

Esta tendencia se profundizó en algunas provincias y distritos. En Espinar los votos B/V fueron más que los obtenidos por el ganador de la segunda vuelta regional. En el distrito de Santa Ana (Provincia de La Convención) hubo 31% de ausentismo y 42% de los votos emitidos fueron en blanco y viciados. Llama la atención que en esa provincia el ausentismo haya escalado al 48% y que en otros dos de sus distritos, Vilcabamba y Echarate (uno de los más ricos del país por el nivel de ingresos per cápita), no hayan acudido a votar el 54% y 52%, respectivamente.

En Arequipa los votos B/V en la segunda vuelta alcanzaron el 28%, y en 19 distritos de esa región los votos B/V ocuparon el 2% lugar y en otros 8 el primero. En la provincia de Islay, donde se localiza el polémico proyecto Tía María, los votos B/V sumaron el 31% y en dos de sus distritos, Dean Valdivia y Cocachacra, alcanzaron 46% y 45%, respectivamente.

Otros registros de ausentismo deben ser tomados en cuenta entre la primera y segunda vuelta. En Apurímac pasó del 20% al 31%; en Áncash del 18% al 27%; y en Puno del 13% al 20%.

Un hecho que relaciona estos resultados es que en estas regiones se desplegó una campaña por el voto viciado con el argumento de las denuncias o procesos judiciales de los candidatos o, más específicamente, del estallido de la corrupción. En la Provincia del Santa (Chimbote) no fue a votar uno de cada cinco electores y entre los que fueron, uno de cada cuatro vició su voto o votó en blanco.

El debate de la emergencia del voto en blanco o viciado o del incremento del ausentismo electoral no puede ser legal. Estos hechos no afectan la legalidad del mandato de los elegidos, Sin embargo, promueve una discusión sobre el déficit de legitimidad de los representantes, su desgaste aun antes de asumir el cargo y las brechas de confianza al interior de cada región, colocando a sus flamantes administraciones en una incómoda cuesta arriba.

En estos y otros casos, las claves de la gestión no residen exclusivamente en las políticas públicas. Obligan a construir primero un gobierno antes que un equipo, e imponen detenerse más en la política que en los planes. El riesgo de ignorar la naturaleza del mandato electoral puede conducir a que por lo menos dos tercios de los nuevos presidentes regionales crean que no necesitan de gobernabilidad, alianzas, agendas políticas y discursos para re-unir a sus regiones. Más que nunca necesitan de la política, y de la buena.

La caída del emblema. 12/12/2014

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La República

La mitadmasuno

12 de diciembre de 2014

Juan De la Puente

Desde hace una semana, el Perú tiene seriamente debilitada su política anticorrupción; las procuradurías especializadas, su emblema más importante, han caído arrolladas, no por una embestida de los ejércitos del mal sino por una riña en la que menudean los golpes bajos y los botellazos. Mañana quizás no, pero algún día la democracia sabrá cobrar los destrozos a los parroquianos de hoy.

En tanto, habría que salir del juego fácil de héroes y villanos. Como sucede en las feroces batallas, la sangre puede hacernos olvidar los motivos del combate, una trama que revela dos problemas de fondo: 1) que el gobierno no tiene una posición firme sobre el caso de Martín Belaunde Lossio (MBL); y 2) que ha estallado una disputa entre la fiscalía y el sistema de procuradurías especializadas y entre estas y el gobierno, choques mal gestionados que por ahora han afectado a los procuradores.

El de MBL no era un gran caso, pero ya lo es; revela los afanes ilegales de un lobista inexperto en 5 regiones que habría usado sus anteriores contactos con la alta cúpula del gobierno para hacer negocios. Las investigaciones determinarán si fue tolerado o estimulado por el poder, pero una cosa es cierta: sea cual fuese el tratamiento del caso, proyectará su sombra los próximos 10 años de la política.

No todos piensan lo mismo y la falta de perspectiva sobre su significado origina errores. Es cierto que la oposición ha puesto reflectores y altavoces al escándalo como hizo lo propio la oposición de entonces al gobierno anterior en el caso “Petroaudios”. También es cierto que medios con agenda opositora se centran en este asunto para desgastar al gobierno. Aun así, no puede argüirse que este es un caso sembrado por la oposición, ni es prudente relativizarlo como una pieza más de la competencia entre el gobierno y sus enemigos.

Esta percepción hace que el oficialismo carezca de una estrategia en el caso. Ha sabido deslindar de MBL en relación a sus gestiones parlamentarias y se ha tomado el trago amargo de permitir la creación de una comisión investigadora en el Congreso. Sin embargo, no ha roto de modo inequívoco con el acusado prófugo, la primera regla que todo manual anticorrupción gubernamental aconseja, y ha permitido que se establezca con él un diálogo en claves en el que sobresalen dos actos: el “gratis no me voy a ir a la cárcel” de MBL y los afanes para que se pueda acoger a la colaboración eficaz.

Más grave es la implosión del sistema de procuradores, un drama de enredos del que derivan tensiones institucionales propias de un sistema que en el reciente estallido de la corrupción regional apareció como el único instrumento no contaminado. Ya no lo es, y la pésima gestión política del caso MBL ha detonado una crisis interinstitucional en la que sobresalen la incomodidad del Ministerio Público por la audacia de las procuradurías especializadas, el paso de algunos fiscales al otro lado del mostrador, y la indefensión de los procuradores respecto del humor del gobierno de turno.

Imposible negar que existiera por lo menos un interés oficialista en que MBL se acoja a la colaboración eficaz, y en este hecho reside la responsabilidad política del ministro de Justicia que debe saldarse con su salida. Sin embargo, el terrible manejo de este caso solo pudo escenificarse con ayuda interna, diligentemente prestada por el ex procurador Christian Salas –impreciso, dubitativo y tardío– y la ex procuradora Yeni Vilcatoma, desbordada, calculadora y poco prudente en el uso de los medios en relación a los fines. 

Este es un típico caso en el que se juega en el borde de la cancha y es común que se pretenda justificar conductas con las coartadas “no es ilegal” o “no está demostrado”. Pero este no es un lío legal y por eso una primera conclusión es que un eficaz sistema anticorrupción no puede edificarse sobre el chuponeo de procuradores a ministros, de viceministros a ministros y de ministros al presidente de la República; o de ministros que no asumen el costo de la destrucción de un sistema en el que habíamos puesto tantas esperanzas.

Cazadores de talentos.05/12/2014

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La República

La mitadmasuno

5 de diciembre de 2014

Juan De la Puente

La reciente encuesta de GfK publicada por La República vuelve a indagar por la aprobación de siete líderes, cuatro de los cuales serán sin duda candidatos presidenciales el 2016. Los datos que ofrece el sondeo revelan limitadas capacidades de representación y una reducida plataforma desde donde partirán en una campaña electoral que desde ahora se anuncia con más pasajeros que las anteriores. Las cifras no son un buen punto de partida.

Salvo Luis Castañeda, que aumenta casi 20 puntos de aprobación, explicado por su reciente victoria electoral y las expectativas en su gestión, el resto de líderes conserva casi inalterable la aprobación de los últimos 18 meses. Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski muy por encima del tercio, 43% y 40%, respectivamente; Lourdes Flores, otra excepción, ha descendido del tercio a 27%, en tanto Alan García y Alejandro Toledo se sitúan alrededor del quinto, AGP con el 23% y Toledo con el 17%. GfK ha empezado a medir a César Acuña que obtiene 15%.

Los desagregados de las cifras son interesantes. Castañeda es aprobado de modo homogéneo en los sectores C, D y E, pero ofrece un bajón en los sectores A/B donde cae varios puntos. Sucede otro tanto con Keiko, con 10 puntos menos en A/B pero que sube en el sector D. 

Al contrario, PPK es mucho más aprobado en A/B donde alcanza 51% pero cae en el sector D a 27%; sucede lo mismo con Lourdes que sube a 40% en A/B y baja a 17% en D. En cambio García y Toledo son un tanto más homogéneos en sus aprobaciones; el último solo cae ligeramente en A/B.

Se aprecia también significativas brechas entre Lima y las regiones. Líderes trajinados, dos ex presidentes, García y Toledo, obtienen un respaldo homogéneo en la capital y fuera de ella, y lo mismo sucede con Keiko, premiada por su activismo en las regiones y el efecto de su afán de construir un partido. En cambio, la brecha Lima/Regiones es alta en el caso de Castañeda (21 puntos), PPK (16), Lourdes (13).

La aprobación territorial es mucho más compleja y desafiante. Castañeda es débil en el centro, sur y oriente del país, en tanto Keiko es fuerte en el norte y sur, desmintiendo en su caso el antagonismo sociopolítico de estas zonas, aunque cae en el centro. PPK y Lourdes aparecen con bajas aprobaciones en el sur y en el oriente, mientras que a García le va mejor en el centro y sur, y no en el norte, confirmando la crisis del imaginario aprista del “sólido norte”, territorio donde Acuña trepa al 25%.

Estas cifras reflejan la baja implantación de un liderazgo nacional apto, confirmando lo que las elecciones del 5 de octubre revelaron, es decir, la ausencia de un voto nacional en medio de un país políticamente fragmentado. El análisis que pretendió argumentar que les va mejor a los líderes sin sus partidos debería ser revisado porque salvo en Lima, la suerte de unos está aparejada a la de los otros. Podría decirse que la campaña no ha empezado, aunque esto no cambia el fondo del asunto: salvo Keiko, los candidatos no parecen tener a la mano instrumentos propios para penetrar o regresar a las regiones.

Tampoco suenan liderazgos regionales de proyección nacional. El que está en lisa, Acuña, ha dicho que no postulará a la presidencia, y solo se rumora la del actual Presidente de la Región Moquegua, Martín Vizcarra, de modo que como en el pasado los líderes nacionales irán a la caza de los votos en las regiones con la cooptación de movimientos regionales y candidatos independientes, fagocitando al ya débil regionalismo.

Con el único “sólido” capitalino, esta caza será crucial y riesgosa; el reclutamiento de líderes regionales por líderes limeños tiene historia en los tres últimos parlamentos, cuando la mayoría de los pillados en falta fueron producto de arreglos políticos y financieros para vestir nacionalmente candidaturas capitalinas. En cualquier caso, este mecanismo de nacionalizar lo limeño tiene como consecuencias gobiernos débiles y parlamentos fragmentados que no logran representar o que pierden con rapidez la legitimidad de la representación.

¿Quién se ocupa de las crisis?

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La República

La mitadmasuno

21 de noviembre de 2014

Juan De la Puente

Los afanes por reformar las instituciones están experimentando un brusco impulso porque el objeto del cambio se amplía y se complejiza, y se hace por ahora más inaccesible. El grupo de temas “reformables” en los cuales sobresalían las reglas electorales, los partidos y la representación empieza a ser desbordado por un desafío mayor, la crisis de instituciones que se ubican en la segunda línea de importancia en el régimen político, la de los organismos constitucionalmente autónomos.
La elección de los miembros del Tribunal Constitucional coloca a ese organismo en una dirección de fortalecimiento institucional que parece prometedora. En cambio, la situación de la Contraloría, el Ministerio Público y el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) empeora. Sobre ellas, el sistema guarda silencio y no ha podido instalar una lógica de cambio, aún mínima.
Sobre la Contraloría el asunto es aparentemente más sencillo. Su problema es la debilidad que el estallido de la corrupción ha desnudado y se refiere principalmente al alcance del control y al trámite judicial de los hallazgos de corrupción. El mismo contralor ha revelado que en el 78% de las entidades públicas no se realiza ningún tipo de fiscalización por la falta de Oficinas de Control Interno (OCI) y que la situación se agrava en las regiones donde solo el 4% de entidades cuenta con estas oficinas.
Somos un país sin control; este elemento estructural no es atendido por los dos organismos directamente relacionados con esta escasez, el Ejecutivo y el Congreso. En este último caso, el Parlamento ha aprobado solo 3 de los 10 proyectos de ley presentados por la Contraloría desde el 2011.
La crisis del Ministerio Público es la más aguda de todas. Esta podría conducir a que el Fiscal de la Nación sea retirado del cargo por el Congreso o por el CNM, aunque el problema es más complejo: la institución ha sido impactada por prácticas ilegales, arriba, al medio y abajo, aderezadas por movimientos extraños, es decir, sanciones a los que cumplen su trabajo, complacencia con  los que han cruzado la línea en dirección a las redes ilegales y cambios de colocación mal explicados.
Una reforma del Ministerio Público que defienda su reserva moral y erradique sus prácticas cuestionadas no será posible por ahora porque la única institución llamada a promoverla, el Parlamento, no puede hacer más de lo que ha hecho. Las comisiones investigadoras en funciones o las que se formarán en breve solo se abocarán a casos específicos porque en el Legislativo no hay ni habrá una mayoría dispuesta a encarar un cambio serio en ese organismo.
La crisis en el CNM es inocultable y pierde con celeridad su cuota de legitimidad al compás de sus líos internos y escandalosos episodios. Lo más grave reside en la creciente convicción de que el CNM es un canal de contagio de la corrupción. Solo habría que leer con atención las detalladas crónicas de Ricardo Uceda publicadas en este diario para saber que algo feo se cocina allí y que se seguirá cocinando.
La salida a estas crisis está bloqueada porque los llamados a resolverla no están a la altura de las circunstancias. En lo que queda para las elecciones del 2016 la situación se agravará y es difícil imaginarse el grado de su impacto en la agenda electoral de ese año. No obstante, como ha sucedido con las demandas de cambio a inicio de la década pasada, existen pocas posibilidades de que “alguien” se haga cargo de estas instituciones cuyas funciones son cruciales para anular los actos de uno y otro lado, entregar derechos a pesar de no participar en el juego de balance político y establecer controles y mecanismos correctivos para los otros elementos del sistema.
Con el telón de fondo de la corrupción, de la ofensiva del crimen organizado y sumando la larga crisis del Poder Judicial y de otras instituciones, la democracia que se renovará el 2016 será de muy baja intensidad y más destartalada que la de este período. El escaso clima de cambios actual no roza el ámbito institucional. En este país y por ahora nadie se ocupa de las crisis.

Impacto profundo y fecundo

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La República

La mitadmasuno

14 de noviembre de 2014

Juan De la Puente

Para la sociedad peruana, el crimen y la corrupción ya no tienen largo plazo. Todo se juega ahora. Por ello, es significativo que tres de los ocho temas de CADE 2014 que se realiza esta semana sean precisamente crimen, corrupción y administración de justicia. La irrupción de esta triada en la agenda de un evento generalmente enfocado a los desafíos inmediatos del mercado, revela el impacto social del actual estallido del delito violento y de la corrupción o, realistamente, envía el mensaje de que estos temas ya son desafíos urgentes de la empresa y los negocios, y que el largo plazo está aquí.
Sobre el crimen, el interés va más allá del incremento del costo de seguridad, un efecto que las grandes corporaciones pueden asumir. En cambio, los ejecutivos son víctimas de extorsión y secuestro, y forman parte de los altos índices de percepción de inseguridad. En tanto, el delito impacta sobre realidades más allá del mercado, como el empleo y el consumo, y en actividades económicas como el turismo. De hecho, la seguridad ya es una contingencia tributaria deducible de acuerdo con lo dispuesto en la Ley del Impuesto a la Renta.
No existe un estudio riguroso de lo que le cuesta la inseguridad al país –CONASEC lo situó el 2010 en 20% del PBI, 10 puntos más que Honduras– aunque en A. Latina se sitúa entre 3% y 5% promedio. En cambio, ya está claro que la receta anticrimen desde la empresa con el modelo “amigos de la policía” que aportan vehículos y logística ha llegado a su fin. También parece haber arribado a un punto crítico la privatización de la seguridad, que ha empezado a chocar con el Estado y de qué manera. Gino Costa apuntaba hace poco (EC 20/10/2014) que en el Perú no es aguda la falta de policías sino que estos han dejado el servicio público y se dedican la mayor parte del tiempo a servir a particulares.
Sobre la corrupción, estamos ante el inicio de un cambio, aunque ya se registran algunas buenas noticias. A iniciativa de la Comisión Nacional Anticorrupción (CAN), en abril del año pasado, 77 empresas del sector farmacéutico (ahora son más de 96), suscribieron el Compromiso por la Integridad entre el sector Salud y la industria farmacéutica, obligándose a no concertar precios para ganar contrataciones públicas, no presentar información falsa, denunciar a los empleados que cometan actos ilícitos y no entregar obsequios a los servidores del Estado. Luego, en octubre del mismo año, 17 grandes empresas se comprometieron con la erradicación del trabajo infantil.
El interés empresarial por la corrupción conduce tanto hacia los servidores públicos corruptos como a los privados corruptores, una realidad que en el estallido de estos meses presenta incompleta, ocultando a los segundos. En ese afán, el lobby y el soborno son pendientes que exigen de decisiones sobre las que es preciso recordar antecedentes: el 2007, la Sociedad de Minería y Petróleo expulsó de sus filas a la minera Casapalca por malas prácticas e incumplimiento de compromisos ambientales, laborales y de seguridad; y el 2010 hizo lo propio con Doe Run de La Oroya por faltar a sus compromisos ambientales y a sus obligaciones con sus trabajadores y acreedores.
Ahora, cuando se exige a los partidos echar a los corruptos de sus filas, es legítimo pedir a los gremios empresariales hacer lo propio con sus miembros que usan del lobby ilegal o el soborno a los servidores públicos o suspender la membresía de las empresas objeto de investigación por estas prácticas. Para los efectos, la responsabilidad social es la misma.
Los gremios empresariales deberían respaldar la iniciativa de ley (Proyecto N° 03914) de Solidaridad Nacional para sancionar penalmente a quien realiza actos de gestión de intereses privados ante el Estado sin estar inscrito como gestor. Por lo mismo, no se entiende la oposición empresarial al proyecto de Yehude Simon (Proyecto N° 0385) que pretende sancionar penalmente a las empresas comprometidas con la corrupción con la clausura temporal o definitiva de sus locales, la suspensión de actividades, la prohibición de realizar ciertos actos, la disolución o la multa.

La epidemia de la violencia

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La República

La mitadmasuno

7 de noviembre de 2014

Juan De la Puente

Las elecciones del año 2016 las podrá ganar quien sea más provocador y sugestivo en sus propuestas para encarar el principal problema del país, la inseguridad. Las cosas han llegado a un punto en el que el país parece preparado para una oferta de mano dura contra y lo que esto acarrea: penas más elevadas, la pena de muerte inclusive; juicios sumarios; patrullaje militar; más cárceles y menos beneficios penitenciarios; y menos miramientos contra los delincuentes y con los que parecen serlo, aunque al final no lo sean.
La mano dura y el gatillo fácil ya están aquí a pesar de su fracaso en varios países de la región; la Ley N° 30151, que modifica el Código Penal eximiendo de toda responsabilidad a los policías y militares que den muerte a terceros en acción de servicio, es la prueba de hiel; por ello, la reacción nacional ante el asesinato de Fidel Flores en Cajamarca indica que hay esperanzas de una salida distinta, la de un pacto nacional para encarar esta crisis de seguridad y evitar deslizarnos en el delito sobre el delito y la muerte sobre la muerte.
Luego de la crisis económica y del terrorismo, es la tercera crisis de envergadura que afecta al país en los últimos 50 años. Lamentablemente, no es tratada como tal sino como un hito delicado o un desajuste legal. Un dato puede ilustrar el frenesí legalista ante el delito: el Código Penal ha sido modificado 577 veces desde que se promulgara el año 1991, según un informe de Gaceta Jurídica publicado en febrero de este año.
Esta crisis tampoco ha sido suficientemente estudiada, salvo los trabajos de las ONG Ciudad Nuestra e IDL y de la Defensoría del Pueblo; los especialistas son escasos, en su mayoría oficiales retirados de la policía y pocos académicos agrupados en el colectivo Gobernabilidad Democrática y Seguridad Ciudadana. Del mismo modo, hasta hace poco la información con la que se contaba era dispersa y contradictoria, de modo que la creación del Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad (CEIC) es un paso importante.
Un pacto por la seguridad se justifica en el hecho de que esta crisis no es del gobierno sino del Estado, y es cada vez menor el papel de la policía en su eficaz control, por el traslado de responsabilidades hacia el Poder Judicial, la fiscalía, las autoridades penitenciarias, los municipios y las regiones. Esta parte del problema sufre una reducción conceptual que debería ser resuelta para adoptar una política integral. Discuto que para el efecto sea útil atrincherarse en el concepto de “seguridad ciudadana” y creo que sería más útil empezar a tratar con un universo distinto: seguridad, violencia común y política criminal.
El recorte conceptual opera en varios ángulos de esta crisis. Por ejemplo, mientras más pretendamos negar que el auge del delito en el Perú se relaciona con el crecimiento económico, la persistencia de la desigualdad y el desarraigo social, y lo situamos estrictamente en el cumplimiento de la ley, estaremos cerca del problema pero no centrados en sus raíces. La data regional podría servir para ilustrarnos: en A. Latina, uno de cada tres internos en cárceles abandonó el hogar familiar antes de los 15 años, en Chile uno de cada dos, y entre un 13% (Argentina) y un 27% (El Salvador), nunca conocieron a su padre o madre.
Durante este gobierno una vez se tocó el problema de modo integral, ocurrió en el premierato de Juan Jiménez Mayor y cuando en Interior estaba Wilfredo Pedraza y en Justicia Eda Rivas. En ese momento se propuso al Congreso un paquete de normas sobre crimen organizado, se inició el equipamiento de la PNP y se crearon algunas superintendencias y el Consejo Nacional de Política Criminal (CONAPOC).
No es malo que la opinión pública asuma que la epidemia de la violencia viene acompañada de la corrupción política y que en gran medida depende de ella, una tendencia en la que el incremento de los delitos y la disminución de los juzgamientos y del castigo generan una forma de crimen aspiracional trasladado a la cosa pública. Una razón más para la reforma de las instituciones y de la representación.

Matar a Susana, aquí y ahora

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La República

La mitadmasuno

31 de octubre de 2014

Juan De la Puente

Las izquierdas procesan con dificultad el resultado electoral. La primera reacción ha sido crucificar a Susana Villarán acusándola de crímenes de lesa política, que irían desde la apertura a otras tiendas y sectores, hasta de una supuesta abjuración de su identidad. Este deleite cainita no debería impedir un balance menos familiar de las elecciones y leer  entrelíneas algunos análisis, sobre todo los que se reducen a las elecciones en Lima, los que ocultan el fracaso de la izquierda partidaria en las regiones o los que minimizan la pérdida de un voto nacional en favor de la izquierda.
Matar a Susana aquí y ahora además de injusto no resuelve nada. En Lima, la derrota es más que una pérdida electoral; refleja dos hechos que serán relevantes de cara al 2016: 1) la derrota de la unidad, una esperanza en un momento crucial de nuestra democracia, precaria y enfrentada al cambio; y 2) la pérdida de un caudal de votos imprescindibles para re-construir una alternativa.
Es cierto que Villarán cometió errores aunque entre estos no se encuentra el esfuerzo de apertura, un gesto que ningún candidato en el Perú podría darse el lujo de subestimar; fueron más bien errores en la ejecución de la apertura, especialmente en la relación con determinados actores. El resto de grupos se fueron por las ramas, desbarrando entre el pragmatismo y el tradicional apuro que deviene de un histórico desorden.
Mientras Alianza para el Progreso (APP) se presentó en 23 regiones, el fujimorismo en 18, y Acción Popular en 16, el Frente Amplio se presentó en 11, el mismo número que el Apra. En donde el Frente Amplio (FA) participó no le fue bien; en Lima, su mejor resultado fue en Ancón (1,22%) y en las regiones, en Lambayeque (2,65%). En algunos casos, como en el Cusco, Puno y Moquegua, el FA se emplazó contra la izquierda regional solo para ser derrotado. Por ejemplo, en Chota, el MAS le ganó al Frente Amplio 42% a 0,7% y en el Cusco Tierra y Libertad obtuvo poco más de 5%.
La limeñización de las izquierdas partidarias es una realidad y el Frente Amplio está prácticamente muerto en tanto que su grupo más organizado, Patria Roja, ha obtenido sus mejores resultados fuera de ella, en Cajamarca y en Madre de Dios. De cara al 2016 se hace patente un derrotero cuyo ritmo será marcado por la agrupación propietaria de la única inscripción electoral; el esquema aprendido en los últimos 35 años está dibujado: una azarosa negociación de pequeñas cúpulas que reciben el nombre de “nacionales” de espaldas a miles de militantes sin partidos y de la izquierda extrapartidaria, que parirá un espacio estrecho resistente a la apertura.
En las izquierdas escasea el liderazgo, ese componente crucial de cualquier proceso de agregación de actores políticos. No obstante, el problema no parece ser solo de perfil e identidad sino también de proyecto. Lo que hace dos años aparecía como una izquierda nueva, innovada por un programa ambiental y reformador institucional, y que iría a estrenarse en estas elecciones, ha tenido poca fortuna y ha sido derrotada en casi todas las plazas donde se procesan conflictos de naturaleza extractiva.
Es tarde para un modelo de unidad tipo Frente Amplio; la fórmula ya no es posible y quizás ni necesaria. Como en otros países, la izquierda existe y ha sido resistente a la prédica depredadora de la derecha y sobrevive a sus propios errores; no obstante, está cada vez menos presente en los partidos y más en la sociedad, en una suerte de dualidad que debería ser asumida, una izquierda partidaria y otra social/regional.
De cara al futuro la interrogante reside en la capacidad de esa maltrecha izquierda partidaria para relacionarse con la izquierda social/regional sin intentar ponerse primero en la fila sino animar una gran convergencia con vocación de apertura. Lamentablemente, sus líderes todavía están ocupados matando a Susana y con un discurso que va en sentido contrario. Es curioso: izquierdas que celebran la apertura de sus pares en Brasil, Uruguay y Bolivia pero que consideran que su deber aquí es enconcharse.

Los demonios del centro

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La República

La mitadmasuno

24 de octubre de 2014

Juan De la Puente

La primera reacción gruesa al resultado electoral del 5 de octubre la ha tenido Alan García, quien se ha planteado un tentador derrotero: 1) la formación de un frente por el que sea candidato; 2) que el gobierno del 2016 no sea “de un partido”; y 3) que las elecciones del 2016 sirvan para “consolidar y salvar la política”.

Salvo el Frente Democrático Nacional de 1945 y la alianza AP-DC de 1963, los frentes preelectorales en el Perú no tuvieron la fortuna de ganar la Presidencia de la República (Fredemo 1990, IU 1985, Unidad Nacional 2001 y 2006, Frente de Centro 2006 y Perú Posible-AP-Somos Perú 2011), resultados que llevan a la presunción de que los frentes no conducen a una progresión aritmética, no suman sino restan. Otras alianzas permitieron juegos menores como el Apra-Uno en los años 60 o Izquierda Unida en 1983. En cambio, nuestra cultura política es más propicia para alianzas menos expresas (la convivencia Apra-Pradismo 1956/1962 y Apra-Fujimorismo en el Congreso 2006-2011) o pactos postelectorales (AP-PPC 1980/1984, PP-FIM 2001/2006 y el actual PP-Nacionalismo).

Es difícil que esta tendencia se altere el 2016; las posibilidades del Apra de formar un frente con partidos nacionales de cierto peso están casi cerradas, a excepción de Solidaridad Nacional. Asimismo, un pacto Apra-PPC es muy sugerente (Lourdes Flores lo hace muy seductor, al ritmo del alcatraz, ¡a que no me quemas!), pero poco viable más por el antiaprismo pepecista que por la falta de apertura del partido de Haya.

El modelo de frente que intentan García y el Apra parece ya estar dibujado y se orienta hacia abajo. En las recientes elecciones, el aprismo ha procesado una apertura regional, la única entre los partidos nacionales, con la formación de frentes con interesantes resultados: Alianza Popular (Cusco) obtuvo 10%; Paisanocuna (Huánuco) 10,5%; Juntos por Junín (Junín) 14,5%; Seguridad y Prosperidad (Piura) 18%; y Patria Joven (Lima Provincias) 14%. Es cierto que también ha perdido por 10 puntos en La Libertad (33%) y por 14 en Lambayeque (19%) pero ha obtenido 900 mil votos en Lima, que no son solo suyos pero que García ha empezado a degustar sin invitar a nadie. En el Callao ha formado una alianza omisiva, dejando que postulen los candidatos de Chim Pum Callao en la idea de que este grupo se sume al Apra el 2016.

Ese modelo de alianzas hacia abajo tiene demonios a ser encarados; obliga a un movimiento hacia el centro, el único espacio que le permitiría a García llegar a la segunda vuelta y ganarle a otra posible inquilina de esa ronda, Keiko Fujimori. No obstante, ese espacio tiene leyes propias porque no todo centro es atractivo electoralmente y porque como apunta Juan Carlos Tafur (Exitosa Diario 19/10) el ciclo de los centros inactivos, solo moderados, parece estar llegando a su fin.

La moderación activa es una opción interesante de cara al 2016, es decir, un centro reformista, audaz y de convocatoria social. García parece haber advertido ello y por eso junto a la idea del frente ha lanzado dos añadidos, un gobierno que no descanse en un partido y que salve a la política. Allí sí se complican las cosas porque las evidencias indican que no será posible salvar a la política debilitando más la participación de los partidos en el juego electoral. La que viene será una elección en la que los partidos no elegirán a sus candidatos sino los candidatos elegirán a sus partidos, pero todo tiene sus límites.

El más grande desafío de un frente centrista es la identidad; el centro es un programa, un discurso y una actitud, y no parece viable uno de cara a las regiones y provincias con un pie en la derecha, esa que no entiende ni una pizca de lo que pasa fuera de Lima. No obstante lo dicho, en este momento el único candidato presidencial que puede intentar esta ubicación es García, que ha empezado a moverse y a hablarle al país, mientras la izquierda, el PPC y AP les siguen hablando a sus militantes y el fujimorismo achica su cancha enredado en una pugna explosiva con el gobierno que con inteligencia el Apra atiza sin quemarse.

Ahora todos somos reformistas

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/ahora-todos-somos-reformistas-17-10-2014

La República

La mitadmasuno

17 de octubre de 2014

Juan De la Puente

El reciente resultado electoral ha puesto de moda dos palabras, antisistema y reforma; la primera, de uso común para explicar incluso fenómenos irreconocibles, y la segunda para resumir la necesidad de cambios en las reglas de organización de la política, especialmente en la formación de la representación y en su ejercicio. De pronto, desde los medios y la empresa se registran llamados insistentes a la reforma política y hasta la academia, mayoritariamente escéptica, se ha unido a la demanda. En los partidos hay menos resistencia aunque las frágiles militancias se vuelcan a favor de cambios que reviertan la larga agonía de sus organizaciones.

De pronto todos somos reformistas, o casi todos, y se suceden anuncios de inminentes cambios a ser aprobados en el Congreso. No obstante, se mencionan modificaciones muy parciales que, de ser adoptadas, no implicarían un quiebre de lo conocido hasta ahora u otros que agravarían la situación que se pretende conjurar.

Algunos ejemplos: si se aprobara solo viabilizar el financiamiento público sin que se haga vinculante la rendición de cuentas y sin fortalecer la democracia interna, se tendría una inyección de recursos a los grupos políticos, generando cúpulas partidarias plutocráticas invencibles; o si se aprobara la eliminación del voto preferencial sin garantizar la presencia de género, se tendría un retorno a la práctica supresión de la participación de las mujeres en las listas para cargos de elección popular; o si se suprimiera legalmente a los partidos regionales, se tendría una suerte de partidos nacionales atravesados por el autonomismo regional.

Algunos rasgos de esa reforma que nos puede conducir a mayores frustraciones se observan en declaraciones, proyectos de ley y dictámenes elaborados desde el año pasado: 1) cerrar el sistema actual, elevando a 800 mil el número de firmas para la legalización de nuevos partidos bajo la premisa de que el problema reside en el número de partidos; 2) centrar los cambios en el ejercicio de la representación, olvidando la formación de la representación, es decir, cómo se nombra un candidato; 3) reducir los controles públicos de las finanzas partidarias; y 4) establecer garantías para las dirigencias sin estimular la participación de los afiliados, su reclutamiento y registro.

En esa dirección se aprecia en el Congreso la voluntad de realizar cambios sin tomar en consideración el proyecto de nueva Ley de Partidos Políticos presentado en diciembre pasado por el JNE, la ONPE y el RENIEC, y los proyectos de Código Electoral y Código Procesal Electoral propuesto el 2011, que los organismos electorales consensuan. Lo peor que podría pasar es que la demanda de reforma termine en contrarreforma.

La anotación de problemas a abordar no deja de ser sugerente para encarar la crisis de legitimidad partidaria: la corrosión del voto preferencial, el financiamiento ilegal, la supresión de la democracia interna, el emprendimiento partidario ultrapersonalizado, la condición vitalicia de los dirigentes fundadores, la falta de elecciones internas, el fichaje de independientes con dinero, los partidos vientre de alquiler, entre otros.

No obstante, sería conveniente precisar los alcances y límites de los cambios para evitar los errores de hace una década que en el caso de la Ley de Partidos consolidaron un movimiento de apertura en falso iniciado por la Constitución de 1993. El debate sobre cuánto debe abrirse o cerrarse el sistema no es malo en la medida en que se tenga un consenso en los principios de la reforma.

Algunos de estos podrían ser: 1) el incremento de la participación ciudadana en los partidos, es decir, una reforma pro ciudadano y no solo pro partido; 2) en lo posible, la superación de la antipolítica garantizando un sistema con elecciones internas organizadas por los organismos electorales, poniendo fin al independentismo político; 3) el establecimiento de una formalidad partidaria nacional y regional, contra la emergencia informal; y 4) reducir en lo posible la fuerza del dinero como principal organizador de la política.

El voto que no me gusta

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/el-voto-que-no-me-gusta-10-10-2014

La República

La mitadmasuno

10 de octubre de 2014

Juan De la Puente

En el Perú, el voto que el establishment no entiende o que no le gusta termina siendo contestatario o ignorante; de ese modo el país está formateado antes de cada elección, sin posibilidades de interpretación de los resultados: 1) el voto por los partidos es en favor del sistema; 2) el voto por los movimientos regionales es antilimeño y antisistema; y 3) el voto por la izquierda es ignorante y “atrasador” del desarrollo.

Es absurdo apreciar los resultados solo por la identidad de los candidatos. Este software, compatible para analistas de izquierda y derecha, gira en torno a un eje: que el voto está condenado desde hace 14 años a aceptar o negar el sistema, una aplicación cerrada que no permite opciones de sufragio como: 1) aceptar el modelo económico pero rechazar el modelo político; 2) aceptar las reglas políticas pero pugnar por innovar las de la economía; 3) re-construir ambos modelos desde el espacio regional/local; 4) premiar o castigar a líderes y autoridades; 5) respaldar o reconocer promesas de interés personal o dádivas del candidato; y 6) honrar lealtades políticas y principios éticos.

Sostengo que en la reciente elección se ha relativizado el clásico voto antisistema, que aún puede apreciarse en Cajamarca, Moquegua, Puno y Cusco, donde varias listas en cada caso recabaron entre el 40 y 60% de votos, y en menor medida en Junín, Apurímac y Huancavelica, donde abarcaron entre el 30 y 40%. En cambio, no me imagino que el voto por Waldo Ríos (Áncash) se oponga al sistema, o el de Gilmer Horna (Amazonas), Jaime Rodríguez (Moquegua), Wilfredo Oscorima (Ayacucho), Luis Picón (Huánuco), César Acuña (La Libertad) e Yván Vásquez (Loreto), entre otros. Eso sí, el voto por Rudecindo Vega (Amazonas) fue explícito contra la corrupción, al igual que el de Rubén Alva (Huánuco) y Fernando Meléndez (Loreto).

También es razonable sostener que la idea de un desarrollo regional abierto y no contra el modelo económico, aunque con críticas a lo político, haya recabado votos para Reynaldo Hilbk y Jhony Peralta (Piura), Javier Ísmodes (Arequipa) Omar Jiménez y Fernando Martorell (Tacna), José Murgia (La Libertad) y Fernando Cilloniz (Ica), entre otros.

El inmenso saco del voto antisistema no sirve para apreciar las nuevas identidades ciudadanas. Por ejemplo, impide identificar un voto consciente contra la ley o voto informal/ilegal en zonas que han desafiado a la política desde la política, como el que expresan Waldo Ríos (Áncash), Luis Otsuka (Madre de Dios), Manuel Gambini (Ucayali) y Walter Aduviri (Puno) y en centenares de distritos y provincias.

No es racional juntar la crítica política, el rechazo económico, los proyectos ilegales y los emprendimientos mafiosos, si en gran parte del país la fragmentación electoral no obedeció al grado de confrontación con Lima o el sistema (que no tuvieron defensores) sino al ajuste local de cuentas. De otro modo, el radicalismo político en sus vertientes de derecha o izquierda habría ganado más plazas electorales.

A pesar de ello, el país conservador está escandalizado y les atribuye a los resultados un sentido que se bate en retirada, un análisis básico en la línea del voto irracional contra las máquinas y el progreso. Otra ruta de análisis aparentemente progresista recupera la idea del voto de protesta convirtiéndolo equivocadamente en dominante.

Es preciso dejar de ver bajo cada piedra un líder o un proyecto antisistema y apreciar otros fenómenos en sus efectos inmediatos. Contra lo señalado en los análisis inmediatistas, las elecciones envían un mensaje directo: que el debilitamiento extremo de los partidos acompaña la pérdida de la identidad regional y municipal que apareció en la década pasada como respuesta a los partidos nacionales. Salvo excepciones, los nuevos actores difieren de los anteriores que exhibían peso propio, prestigio y programa; en cambio los que irrumpen en la escena son en abrumadora mayoría propietarios de maquinarias financieras y escasos escrúpulos, es decir, un regionalismo político pobre y atrasado.