miércoles, 23 de septiembre de 2015

El matador y la Verónika

http://larepublica.pe/impresa/opinion/699304-el-matador-y-la-veronika
La República
La mitadmasuno
28 de agosto de 2015
Juan De la Puente
El lanzamiento de la precandidatura presidencial de Verónika Mendoza fue jalonado por opiniones suyas imprecisas en torno al carácter del régimen venezolano, criticadas desde varios ángulos y con diverso tono, las que ella aclaró y hasta cierto punto corrigió.
En ese contexto, me llamaron la atención las opiniones de Julio Cotler sobre Mendoza y su aspiración presidencial. Ha dicho que ella no tiene “capacidad” de atracción, que carece de “suficiente fuerza”, que no es políticamente “hábil”, y que no es “segura” aunque es “buena y bonita”.
De Cotler esperaba argumentos más sustantivos. Dada su trayectoria y prestigio es un claro abuso de una posición dominante en el mercado de la ideas, sin necesariamente exponerlas. Estas apreciaciones lucen como renuncia al análisis, una especialidad que como sabemos ejerce bien, una apuesta reiterada por la frase fácil y un gusto por el adjetivo, sobre todo el calificativo.
Las referencias a Mendoza son vacías o por lo menos indefinidas. Las ciencias sociales tienen cuidado al importar conceptos o desarrollar principios que podrían provenir de otras ciencias. Al interior de los tópicos sociales se mantiene ese cuidado de modo que, por ejemplo, la “fuerza” no es tratada del mismo modo por el derecho y por  la ciencia política.
No sé qué argumentos se tienen a la mano para afirmar que una candidata joven, en un proceso de primarias que acaba de empezar, en un movimiento igualmente joven y que intenta realizar consultas (precisamente abajo) casi inéditas, carece de “fuerza” o que esta no es “suficiente”. Del mismo modo, cómo calificar la “atracción” de un político o su “capacidad” si la campaña electoral está en ciernes y si los sondeos no han medido la incidencia de las nuevas candidaturas. En ese caso, nos deslizamos a la adivinación o al pronóstico con el consiguiente riesgo de yerros. El mismo Cotler erró gruesamente cuando en diciembre del 2010 pronosticó una segunda vuelta entre Toledo y PPK. A él no le pidieron una autocrítica y ni él la hizo.
Se supone que un análisis riguroso incluye la opinión pero no se confunde con ella o la sustituye. En el caso de Mendoza es injusto obviar precisamente su condición de joven y mujer, dos componentes que las políticas de género insisten en introducir como instrumentos que garanticen un piso mínimo de equidad para que millones de ciudadanos no sean excluidos de la participación en los espacios públicos. La aceptación sustitutiva de esos valores por “buena y bonita” suena al viejo machismo patriarcal. Sinceramente.
En Mendoza hay más valores públicos que deberían apreciarse, como su compromiso ambiental y regional con el sur del país, su lucha contra la corrupción, la defensa de las mujeres víctimas de acoso político y su clara identificación con los derechos de la comunidad homosexual.
Es conveniente aprovechar este episodio para reflexionar sobre cierta obsolescencia de prácticas electorales basadas en maquinarias y principios convencionales que ponen ante los electores exagerados atributos de los candidatos, como fuerza, energía, dureza, tracción, atracción, seguro de todo, capaz hasta el infinito, hábil e infalible. Ya en 1980 un entrañable político, Armando Villanueva, que basó su campaña en el lema “fuerza para gobernar” fue respondido por otro, Fernando Belaunde, con otro lema: “para gobernar no se necesita fuerza sino inteligencia”.
Los jóvenes deberían ser alentados a tomar el control de las tradiciones políticas del país, algo que no se ha visto en 20 años y creo que el papel de los maestros es, precisamente, ser más maestros que fiscales. En este punto me quedo con Stéphane Hessel que a los 93 años les escribió a los jóvenes europeos: “Yo les digo a los jóvenes: buscad un poco, encontraréis. La peor actitud es la  indiferencia, decir ‘paso de todo, ya me las apaño’. Si os comportáis así, perdéis uno de los componentes esenciales que forman al hombre. Uno de los componentes indispensables: la facultad de indignación y el compromiso que la sigue”.

lunes, 14 de septiembre de 2015

Política tóxica y escenario cerrado

http://larepublica.pe/impresa/opinion/400357-politica-toxica-y-escenario-cerrado
La República
La mitadmasuno
21 de agosto de 2015
Juan De la Puente
Un considerable número de ciudadanos cree que las acusaciones contra los candidatos presidenciales mejor ubicados en las encuestas son ciertas y, sin embargo, esa desaprobación se transforma en la aprobación política de su desempeño y por esa vía en intención de voto. Esa contradicción acaba de ser recogida por la encuesta de Ipsos de este mes y es consistente. Expresa un dato básico del escenario electoral en formación.
Esta dinámica de liderazgo precario pero estimulado/premiado por una parte de la opinión pública es explicada desde varios postulados y a ello nos hemos referido en otra oportunidad, revisando la teoría de la elección racional y nuestro populismo nacional construido más allá de la política y del Estado, un proceso en el que las élites y los ciudadanos se influyen mutuamente, un efecto y causa al mismo tiempo.
La dinámica de censura/aceptación de los candidatos más importantes implica también la caída de la ilusión por nuevos candidatos. Este fenómeno lo detectó un sondeo de GfK en junio pasado cuando encontró que mientras que en enero de este año el 49% pensaba que había oportunidad para alguien que no sea del elenco estable de candidatos, ese porcentaje cayó en junio a 39%, es decir 10 puntos. En cambio, los que pensaban que el 2016 se iba a elegir entre Keiko, PPK o García pasaron de 45% a 53% en el mismo período.
Estos cambios operan como una tendencia de cierre anticipado del escenario, un fenómeno que no ocurría en otros procesos en los que no se esperaba mucho a los nuevos aspirantes (Toledo y Pérez de Cuéllar en 1995; Humala y Lay el 2006; y PPK el 2011). 
Escucho respuestas automáticas a este cuadro; ellas aducen que falta mucho para el cierre de las inscripciones, que el sistema peruano es de “última hora” y que nuestro país tiene “bolsones” electorales que no pueden ser invadidos por extraños. Estas explicaciones suenan poco convincentes en la medida que no contemplan datos nuevos con seguro impacto electoral, como la desilusión respecto del gobierno de Humala, la irrupción de la inseguridad y de la corrupción como temas básicos de la campaña que requieren de ideas.
Creo que este cierre podría tener por lo menos dos explicaciones añadidas. La más inocente señala que los ciudadanos estarían ejerciendo una resignación razonada habida cuenta de la debacle del centro y la fragilidad de la izquierda. Sospecho no obstante que existe un deseo programado de que los ciudadanos consuman determinado tipo de política o de políticos, un menú tóxico para efectos de la discusión del futuro. 
Nótese por ejemplo que sobre la seguridad ciudadana se despliegan campañas que visibilizan los delitos al detalle –incluyendo el conteo de muertos por semana– de modo que no hay canal de TV que no tenga una secuencia especializada sobre el crimen. Este modelo de noticia y de política ha estimulado las promesas populistas y militaristas pero se ha negado a un debate más profundo. Asimismo, sobre la corrupción, cuando se intenta que todo escándalo de financiamiento ilegal de partidos sea seguido de la adopción de medidas de financiamiento público y otras reformas políticas, los medios y los políticos se baten en retirada.
La política que apunta a cerrar el escenario se ha dado maña también para ignorar el reciente lanzamiento de la candidatura de Verónika Mendoza, de modo que opera como un sistema de vetos de determinados temas y de opciones y personas.
Es preciso alertar contra el cierre anticipado del escenario y contra la política tóxica que impone vetos a temas, soluciones, partidos y personas. Si alguien quiere empujar un proceso electoral sin regiones, sin centro político, sin izquierda, sin debate y sin acuerdos, puede irse de bruces.
A la vuelta de este cierre y bloqueo puede estar un país que luego del proceso electoral se le tire al cuello a los elegidos o, más cercanamente, proteste contra la exclusión de opciones personas con un apreciable porcentaje de votos en blanco y viciados, un fenómeno que asomó en las últimas elecciones regionales y locales en Cusco y Arequipa.  

El caso RPP

http://larepublica.pe/impresa/opinion/398479-el-caso-rpp
La República
La mitadmasuno
14 de agosto de 2015
Juan De la Puente
Lo que sucede con el Grupo Radioprogramas del Perú (Grupo RPP) en relación con la reforma política es muy sugerente. Una influyente corporación mediática ha puesto a sus siete radios y a sus dos plataformas televisivas al servicio de una agenda de cambios en las reglas de juego electorales. Se trata de una experiencia inédita, como es igualmente original que la demanda y gestión de estas reformas sean lideradas por los organismos electorales, varios pasos delante de los líderes políticos y de la instituciones del Estado.
Este compromiso pudo evitarse y el tratamiento de la crisis del sistema político por parte de este grupo de medios podría haber tenido un perfil similar al que predomina en la prensa peruana, es decir, un abordaje de las consecuencias más que de las causas y una escasa referencia al agotamiento de la ciudadanía y del ciclo democrático iniciado hace 15 años, patentizado en el colapso de reglas y procedimientos.
Sin embargo, el Grupo RPP ha optado por otro camino. Desde el Instituto Integración, fundado hace años como un espacio de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), produce hace meses contenidos relacionados con esta crisis, suministrando data sobre la democracia interna, el financiamiento oscuro de la política, el papel de la educación en la formación de la ciudadanía, la desigualdad de género en la política, el voto preferencial, el déficit de militancia partidaria y la participación ciudadana.
Luego, en marzo pasado, RPP lanzó la campaña El poder en tus manos, que se ejecuta en todas sus plataformas, incluyendo las digitales, dirigida a la ciudadanía y a los tomadores de decisión, cuyo propósito es persuadir a los peruanos del valor decisional que encierran sus votos, generar información de líderes y partidos, promover los cambios a la legislación electoral de cara a las elecciones del 2016 y fomentar el debate de planes de gobierno. Esta campaña ha producido centenares de contenidos y ha contribuido a generar una corriente de opinión más consistente e irreversible en favor de la reforma.
Tratándose de un medio privado es obvio que una apuesta con estas características implica un nivel de inversión de activos y recursos humanos que solo se entiende en el marco del avance de prácticas de RSE que están desembarcando en la política desde el fomento del emprendimiento y la reducción de la pobreza, bajo la convicción de que la política y la ciudadanía también importan.
En otro ámbito de esta misma tendencia, por ejemplo, 27 empresas han empezado a contribuir con los trabajos de la Asociación Civil Transparencia en tanto que la ONPE, en coordinación con los gremios empresariales, ha presentado al Congreso el proyecto de creación del Fondo Electoral Empresa y Democracia que centralice y distribuya el financiamiento privado.
Por otro lado, y a propósito de este tema, sería conveniente reflexionar sobre el papel de los medios respecto a los cambios políticos. A inicios del ciclo democrático, cuando se puso en la agenda la superación de la Constitución de 1993 a través de reformas profundas o de su sustitución total, la mayoría de medios se colocó en una posición contraria, desconfiando de los cambios económicos y en nombre de ellos de toda reforma. A ello se debió que los únicos cambios institucionales de fondo fuesen la descentralización y la aprobación de la Ley de Partidos Políticos.
Este es otro momento; los medios han tomado para sí una gran parte del poder que han dejado caer los partidos, han demostrado cierta eficacia para movilizar grandes identidades colectivas y organizan (y desorganizan) la agenda pública con facilidad. No obstante, ese papel también ha empezado a ser cuestionado por la opinión pública, de modo que en más de un caso la reforma electoral aparece como la devolución a los partidos o la socialización con ellos de un poder sostenible. Aun en este último caso, el esfuerzo corporativo y no solo informativo de RPP es meritorio y debería ser imitado. ¿Quiénes se anotan?

¿Al diablo con la transición?

http://larepublica.pe/impresa/opinion/230044-al-diablo-con-la-transición
La República
Lamitadmasuno
7 de agosto de 2015
Juan De la Puente
El presidente al que le entregue el mando Ollanta Humala será el cuarto del ciclo democrático inaugurado el año 2000. Aunque este ciclo muestra señales claras de agotamiento dura ya 15 años y ha permitido la elección de tres presidentes constitucionales, de modo que la elección de un nuevo mandatario resume paradójicamente la maduración de un sistema con crisis en progreso.
Esta transición de gobierno es la más compleja de dicho ciclo; que vaya a durar 12 meses y que se realice en el contexto de una creciente debilidad del poder político hace de ella un período con fenómenos riesgosos y desafiantes que incidirán ahora y en el mañana. Estos son: a) la necesidad de mayores apoyos para que el gobierno termine su mandato; b) el riesgo de una tormentosa guerra electoral de bajas pasiones y métodos; c) la posibilidad de que el gobierno no pueda organizar un legado distinguible; d) el riesgo de retrocesos en política social de un nuevo gobierno; y e) la posibilidad de que de las elecciones resulte un gobierno menos fuerte de lo esperado.
Merece por lo mismo prestarles atención a los esfuerzos que se realizan para mejorar el clima político y rebajar las tensiones. El gobierno se propone llevar a cabo una ronda de consultas con los poderes del Estado y convocar en breve a un Consejo de Estado para pactar con la oposición que dirige el Congreso una agenda legislativa racional y probablemente un periodo de distensión.
También destacan otras dos iniciativas en favor de una transición gobernable. Recientemente 16 partidos integrantes del Acuerdo Nacional suscribieron una declaración llamando a respaldar los esfuerzos en favor de elecciones transparentes y apoyar al gobierno en materia económica y seguridad ciudadana. Del mismo modo, la Confiep ha solicitado un diálogo con el gobierno para una agenda de fin de periodo.
Queda claro que los actores políticos que han empezado a moverse recuerdan que de cómo termine un gobierno depende cómo se inicia el otro, y que las transiciones inestables que no son mínimamente pactadas pueden irse al diablo. Cada uno, los que vienen y los que se van, tienen mucho que ganar y perder.
Siendo evidente que se ha constituido una corriente en favor de una transición gobernable no es menos cierto que este objetivo depende del tratamiento de determinados problemas que inciden en un escenario fragmentado, confuso y antagónico. El primero es el balance del gobierno, un asunto que Humala intenta abordar con una evaluación anticipada a los 4 años de gobierno a pesar de que su mandato es de 5, siendo probable que este intento dificulte el establecimiento de una agenda compartida para el próximo año porque remite a un segundo problema, el adelanto del proceso electoral.
Es posible que estas dos tendencias, la transición gobernable y la disputa electoral adelantada, generen una transición con hitos de tensión y permanentes esfuerzos de moderación, elevando el papel de instituciones como la Defensoría del Pueblo y el Acuerdo Nacional, en una suerte de arbitraje público.
Los actores deben apostar a más y no quedarse en el clima. Deberían avanzar hacia pactos imprescindibles para una transición gobernable, es decir, cambios de fondo resistidos por la mayoría de partidos o, para ser precisos, adelantar algunas de esas reformas.
Entender por ejemplo que: 1) el sistema no puede escaparse del financiamiento público directo y de la entrega de mayores facultades a la ONPE para sancionar el fraude en el financiamiento partidario; 2) que se precisa de un compromiso para que TODAS las investigaciones sobre corrupción sean procesadas, las ya denunciadas y las nuevas, sin recurrir a dilaciones o bloqueos judiciales o parlamentarios; 3) que es muy necesario evitar que el próximo Congreso sea peor que el actual y, para ello, por citar dos decisiones, los partidos no deberían fichar a independientes salidos de las sombras y realizar elecciones internas, las de verdad; y 4) que debe arribarse a un acuerdo inicial de vigencia de los programas sociales y la reforma en educación.

Un pacto electoral de verdad

http://larepublica.pe/impresa/opinion/19140-un-pacto-electoral-de-verdad
La República
La mitadmasuno
31 de julio de 2015
Juan De la Puente
En el Perú aplicamos magistralmente la sentencia de Shakespeare de que “el mundo entero es un escenario” o las sabias recomendaciones de Maquiavelo sobre la intensa relación que deben guardar el arte del gobierno y el arte de la escena. Al fin y al cabo, es imposible que la política no sea teatro. Lo es desde sus orígenes, porque así también se entiende la representación; desde Grecia, el drama es actuación y representación al punto que teoría y teatro son hermanos de sangre.
Nuestra crisis política ha degradado los contenidos en favor de una excesiva teatralización de lo público, a lo que los medios contribuyen y organizan. La producción de símbolos e imágenes a cargo de políticos y comunicadores se realiza con una pérdida de independencia que perjudica a los grupos políticos y a la noticia misma.
La producción escénica este año es fascinante. El actor político peruano se ha esmerado y ha sido más actor que político, al punto que con frecuencia se olvida de que no solo es lo primero sino también lo segundo. Lo que aparece como un ciclo de tensión extrema y ascendente, ha sido en realidad una sucesión de micro-ciclos teatralizados en los que las agudas imágenes de confrontación son sucedidas por etapas de cooperación.
A la derogación de la “Ley Pulpín” que arrinconó al gobierno, le sucedió el diálogo promovido por la premier Ana Jara. Luego, en pocas semanas arribamos a un tercer micro-ciclo sobre los reglajes de la DINI que culminó en su fulminante censura. Y cuando creíamos que el país incendiaría si Pedro Cateriano era designado premier, iniciamos otro micro-ciclo de cooperación con apretones de mano incluido, el mismo que fue sepultado por un quinto período simbolizado por los sucesos de Tía María, la fuga y recaptura de Martín Belaunde, la primera visita de Nadine Heredia al Congreso y el inicial boicot de la oposición de votación de la delegación de facultades.
A esa máxima tensión le sucedió el abrumador voto de la oposición a favor de la delegación de facultades. La tensión reapareció con ocasión de la elección de la Mesa Directiva y luego de la derrota del oficialismo parece que ingresaremos a una rebaja de la confrontación. Hasta un nuevo aviso.
Queda claro que tanto los políticos como los medios realizan un manejo “profesional” de la escena pública, sin desconocer por ello la veracidad de diferencias y coincidencias. No obstante, esta producción es más proclive a la tensión que a la cooperación. Organizar el desacuerdo nacional es más fácil que el acuerdo porque no requiere  de contenidos; basta algunas palabras subidas de tono, alguna criollada o insulto, y tenemos escena.
Convendría que los líderes más importantes piensen en la posibilidad de producir un escenario que permita ciertos acuerdos para que las elecciones del 2016 no se parezcan a las del año pasado, es decir, repletas de pesimismo y bulla, sin ideas y sin programas. Si el asunto se deja a la producción de lo fácil es probable que luego de las elecciones el sistema se encuentre más debilitado y se complique un tanto más la acción de gobierno. Quien aspire a dirigir el país debería preocuparse por un inicio de mandato más legítimo.
Sería conveniente aprovechar la “capacidad escénica instalada” para promover la suscripción de un pacto electoral adelantado. No me refiero a los pactos éticos que todos suscriben y que nadie cumple. Me refiero a la producción de un acuerdo que, con la participación de los organismos electorales incluya compromisos de no reelección de los legisladores sancionados por la Comisión de Ética del Congreso o sobre los que pesan investigaciones; la transparencia informativa on line de los aportes financieros privados; las limitaciones a los gastos personales de campaña y privilegio de la campaña electoral por lista; la no inclusión de candidatos sospechosos de vínculos con actividades ilícitas; la elaboración de las listas evitando el fichaje de independientes portadores de dinero; y la presentación antelada de los programas de gobierno.

domingo, 13 de septiembre de 2015

Keiko la rompe

http://larepublica.pe/impresa/opinion/17586-keiko-la-rompe
La República
La mitadmasuno
24 de julio de 2015
Juan De la Puente
La reciente encuesta de IPSOS trae por lo menos tres novedades, interesantes aún para una campaña electoral adelantada, considerando que faltan más de 8 meses para la primera vuelta. Son datos sugerentes que agrietan el molde clásico en el que se cocina la competencia entre los candidatos llamados tradicionales.
Primero. Nuevos ejes de la campaña. La seguridad y la corrupción se convierten en los principales problemas que interesan a los ciudadanos, más que duplicando como expectativa al desempleo, a la pobreza y al costo de vida. Este es un coctel amargo para todos, un cambio de fondo respecto a las campañas del 2001, 2006 y 2011, dos temas que hacen uno, y que más que un desafío son una interpelación a la política, un reclamo que los candidatos deberán empeñarse en responder.
No es seguro que sean los ejes definitivos de la campaña. En tanto, los candidatos no están cubriendo estas expectativas o, mejor dicho, los movimientos que ensayan parecen ir en una dirección distinta a la que se mueve la opinión pública. La predominancia de la inseguridad/corrupción no les pide ponderación a los aspirantes presidenciales, de modo que quizás nos encontremos muy cerca de ofertas radicales en este campo, so pena de la irrupción de un candidato sorpresivo que prometa un menú más convincente, duro y popular.
El coctel inseguridad/corrupción que bebemos todos es, a golpe de fracasos, también una puerta abierta para todo, inclusive para el populismo. En el rubro seguridad, los candidatos no se atreven todavía a jugar fuerte con la militarización de la lucha contra el delito y con la ampliación de la pena de muerte; y sobre la corrupción, parece que nos dirigimos a un pacto entre la política y el ciudadano cínico –el que abjura de la corrupción pero le saca provecho– que votará por medidas radicales a sabiendas de su inviabilidad.
Segundo. Keiko Fujimori rompe el techo del tercio electoral. La candidata de Fuerza Popular tenía una intención de voto de alrededor del 30%. En el sondeo de IPSOS salta al 36% en la pregunta con tarjeta, duplicando a PPK (17%), triplicando a Alan García (12%) y más que cuadruplicando a Alejandro Toledo (8%). Keiko también derrotaría a PPK y a García en una segunda vuelta, y aparece muy favorecida a diferencia del 2011 en las alternativas “definitivamente votaría por ella” y “podría votar por ella” (49%), y más capacitada para encarar la corrupción, la delincuencia y el desempleo.
Sin magnificar la tendencia, es interesante reparar en que 3 de cada 10 peruanos creen que el fujimorismo puede liderar la lucha contra la corrupción y la delincuencia, una imagen que lleva a preguntas que incomodan algunos sentidos comunes: ¿Son más fuertes otros “antis” que el antifujimorismo? ¿Es eficaz la actual política antifujimorista basada en la memoria, y que no aborda el actual comportamiento de Fuerza Popular? ¿Mide ahora la opinión pública a Keiko con una vara distinta a la del 2011? ¿Creen los ciudadanos, a diferencia de la elite política, que Keiko expresa el neofujimorismo?
Tercero. El electorado ha iniciado (o empezó hace rato) un giro conservador. No repetiré en este punto lo que afirma otro sondeo reciente que amarra a los peruanos con modelos sin vasos comunicantes. En cambio el sondeo de IPSOS expone el escaso arraigo de la izquierda, el copamiento del escenario por una derecha que entra y sale del centro con gracia y salero, el escaso número de los que piden que el próximo presidente sea democrático y el bajo índice de votos blancos y viciados.
Aquí, más preguntas incómodas: ¿El Perú ya está preparado para elegir por primera vez desde 1956 un gobierno conservador a cara descubierta? ¿Será la izquierda la gran derrotada del quinquenio humalista, la que pague los platos rotos del fracaso de la Gran Transformación? ¿La derecha ha empezado a repartirse los efectos personales de una izquierda ausente? ¿Ante el riesgo de la derrota aplastante, es preferible una candidatura izquierda/izquierda o izquierda/centro?

El caso Nadine y tres razones públicas

http://larepublica.pe/impresa/opinion/15893-el-caso-nadine-y-tres-razones-publicas
La República
La mitadmasuno
17 de jukio de 2015
Juan De la Puente
Me interesa profundizar sobre tres argumentos que relativizan lo sucedido en las últimas semanas con Nadine Heredia porque sostengo que más allá de lo que sucede con la investigación de la que es objeto, que creo debe continuar, resumen una apreciación frecuente del otro y de sus derechos, y una apuesta determinada por el debate público; no solo político sino, en un sentido amplio, público.
Los tres son argumentos de “otro tipo”; no son aquellos que aplauden los insultos; no pertenecen al desenfrenado mundo del pútrido racismo marca Perú del que se ha escrito estas semanas, y que toman la política, el deporte, la música y, en general, la vida solo como un pretexto clasista o elitista para decirnos que la desigualdad es natural. Estos presentan más bien un ángulo aparentemente más tolerante, racional y liberal. Solo aparentemente.
Argumento uno. Es el que sostiene que no importa si la pregunta a Heredia en la Comisión Belaunde Lossio fue ofensiva, invasiva o humillante, porque lo más importante es que ella está siendo investigada y no debemos distraernos de lo principal. Esta apreciación es más frecuente de lo que se piensa; es la teoría sobre que el fin justifica los medios, llevada a la práctica política pero que se aplica en otros ámbitos, sobre todo en el reconocimiento de los derechos del otro. Es obvio, ¿por qué Heredia debería tener derechos, si es esposa de un político, política ella misma, acusada y sospechosa como miles de sospechosos y acusados en el Perú? Y tampoco olvidemos que ese vaciamiento de derechos opera todos los días con miles de personas que alcanzan en sus objetivos violando reglas y procedimientos, otra marca Perú.
Argumento dos. Sostiene que Heredia se ha ganado todo esto solita; es una consecuencia de sus actos, varios de ellos vedados o políticamente incorrectos y que se ha “expuesto demasiado”. Este ángulo tampoco es desconocido y se dirige a justificar los errores de otros en los actos propios de uno. Es la teoría de la provocación. Lo escuchamos en otros territorios, como cuando criticamos a los asaltados (“si sabe que roban para qué retira dinero en efectivo), a los ciclistas (“para que manejan en Lima conociendo como son las calles”) o las mujeres acosadas sexualmente (“cómo se le ocurre ponerse minifalda”).
Argumento tres. La pregunta chismosa en la Comisión Belaunde Lossio la conocían pocas personas, y es Heredia quien lo hizo público al reclamar su contenido ofensivo, con el afán de victimizarse. Esta es la justificación más elaborada y al mismo tiempo más letal y desvergonzada. Resulta que si ella se hubiese quedado callada era mejor para todos, sobre todo para ella. Este argumento suena a dos preguntas mucho más ofensivas: ¿Ya ves, para eso te quejaste? y ¿No estabas mejor calladita? Este argumento pertenece a la despiadada reacción contra todo aquel que levanta la voz contra una agresión y es una invitación a comerse el honor y la libertad. Como abogado lo he visto tantas veces, utilizado especialmente contra las mujeres que denuncian maltratos o violación sexual.
Es totalmente procedente encontrar en el tratamiento reciente del caso Heredia la proyección de las formas tradicionales de abordar lo público. No hay razones para sostener que en su caso reaccionamos de un modo especial y que el atavismo que muchos exhiben no lo aplican en su vida cotidiana y en su relación con los otros. Este asunto es público/político y público/privado.
El problema es que los efectos políticos de corto plazo de este episodio implican daños consistentes que la elite política se niega a considerar, al igual que los medios y formadores de opinión solazados y arropados por las redes sociales. Este asunto, y los otros de su tipo que vendrán, terminarán matando el debate político o estableciendo un no-debate, una discusión pobre, atrasada, adjetiva y un poco idiota (que ya la tuvimos el año pasado en el proceso electoral regional y municipal) de la que no saldrá la agenda que el país necesita y merece. O quizás sí nos la merecemos, atendiendo a la teoría de la provocación ahora en boga.
 
 

¡Cuidado con las cifras gruesas!

http://larepublica.pe/impresa/opinion/14208-cuidado-con-las-cifras-gruesas
La República
La mitadmasuno
10 de julio de 2015
Juan De la Puente
Un interesante estudio del Instituto Peruano de Economía (IPE) encargado por la CONFIEP, la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y la Cámara de Comercio de Lima (CCL) aborda el retraso de los proyectos mineros en el Perú. El estudio denominado “El costo económico de la no ejecución de los proyectos mineros por conflictos sociales y/o trabas burocráticas” va directo a la vena; señala que en los últimos 7 años se habría perdido US$ 67.2 mil millones por la paralización y el retraso de proyectos mineros y que la mayor parte del impacto de esta pérdida se produjo entre el 2011 y el 2014 por un monto de US$ 62.5 mil millones. Esta es la cifra agregada de las pérdidas en general, porque la cifra específica clave indica que desde el 2011 se han retrasado inversiones mineras por más de US$ 21 mil millones.
El informe es sugerente y ha motivado un saludable debate que se centra por lo menos en dos temas: 1) en qué medida el retraso se debe más a decisiones propias de las empresas en las que tienen relevancia las expectativas del rendimiento de la inversión, matizando la variable de los conflictos (Germán Alarco, en Perú 21); y 2) la subestimación del crecimiento como factor de desarrollo por parte de los políticos opositores a los proyectos paralizados (Alfredo Torres, en El Comercio).
Ambos temas sintetizan una interesante intersección entre la economía y la política. Las dos explicaciones son atendibles en la medida en que, ciertamente, es preciso un análisis más riguroso caso por caso de las razones del retraso de por lo menos 15 de estos proyectos, y porque es igualmente importante que los tomadores de decisión adopten un compromiso por la defensa del crecimiento de cara a los próximos 5 años, necesario incluso para producir cambios en la distribución de sus beneficios.
En este punto, el informe del IPE acierta cuando en la página 2 desagrega la cartera de proyectos demorados en: 1) demora por factores externos, 2) demora por factores internos, que juntos representan el 40% de los proyectos.
Lamentablemente, el Informe se olvida de esta diferenciación de inmediato cuando, en un giro inesperado, realiza una asociación indebida entre tres factores que no siempre son sinónimos aunque podrían ser concurrentes: paralización por conflictos sociales, paralización por trabas burocráticas, y retrasos a secas.
Esa agregación muestra 15 proyectos que un análisis riguroso obligaría a diferenciar. Por ejemplo, la situación de Conga no es la misma que la de Las Bambas, sobre la que se informa que iniciará sus actividades el primer trimestre del próximo año debido al avance del diálogo entre el Estado, la empresa y la comunidad. Inclusive Conga no se encuentra en la misma situación que Tía María.
Por otro lado, es delicado atribuir toda demora de los proyectos mineros a los conflictos sociales cuando en varios casos esta obedece a retrasos del Estado, algo que la Sociedad de Minería hace bien en puntualizar siempre. Incluso el uso del concepto “tramitología” requiere ser precisado porque con frecuencia se recurre a él contra toda regulación pública. El tema de fondo es que requerimos saber qué retrasos se deben a qué causas para no errar en las soluciones y en ese punto el IPE nos debe un informe más riguroso.
Si se trata de abordar los conflictos sociales desde otras disciplinas debería considerarse que estos son estudiados desde hace una década y que elementalmente ya han sido clasificados por su intensidad, origen y ámbito de la que depende su solución. 
Esta cultura, la de la agregación arbitraria y con escaso método, es frecuente en el análisis político en el país, pero en este caso se aprecia un uso poco profesional por la economía al importar indicadores desde la sociología y/o la ciencia política. Parecería que ciertos análisis son ganados rápidamente por el empaquetado fácil, la cifra gruesa y la conclusión generalmente pesimista, esa que ayuda a pronosticar la inminente caída al precipicio y a ganar un titular periodístico redondo. Pero es seguro que no ayudará a resolver el problema.

Cómo odio a la Corte

La República
La mitadmasuno
03 de julio de 2015
Juan De la Puente
La deformación de la reciente sentencia de la Corte Interamericana de DDHH a cargo de un numeroso grupo de personas que por su función deberían conocer dicho fallo, es decir, políticos, abogados y periodistas, significa menos una falta de información y más una disposición a cuestionar las sentencias de la justicia internacional en materia de libertades.
Escucho deformaciones como que la Corte ha fallado contra el Operativo Chavín de Huántar, que ha ordenado a la justicia peruana abrir un nuevo proceso a los comandos de ese exitoso operativo, que el pago de 30 mil dólares por costes procesales a las ONG que impulsaron el caso es una indemnización encubierta, o que el fallo es una violación de la soberanía nacional.
Si no es falta de información, ¿Dónde reside el problema? En la cultura autoritaria, mayoritaria en el liderazgo político; dicho de otro modo, ese liderazgo tiene un problema con el sistema interamericano de DDHH. Para ser más precisos, tiene un problema con los derechos humanos, o más específicamente si se quiere, con los DDHH vinculados al  período de violencia política que azotó al país más de 20 años.
Esta cultura anti-DDHH no es nueva, estuvo presente desde 1980 y es probable que sus orígenes se remonten siglos atrás. Es una cultura tramposa, como toda cultura autoritaria, que se resiste a exclamar abiertamente que los terroristas no tienen derechos y por lo tanto busca coartadas políticas y procesales, aunque para ello deba mentir y esconder. Es además incoherente: pretende que el Perú sea parte del sistema económico internacional, con la OMC, CIADI y el FMI vinculantes, pero que no sea parte del sistema internacional de justicia.
Lo extraño es que esta no-justicia pretenda hablarnos desde la democracia y en nombre de ella, y se venda como liberal siendo profundamente conservadora. Son ellos los que atacan en el mundo a los DDHH, retrasan el reconocimiento de libertades y se resisten a asumir compromisos en materia de derechos y libertades.
El autoritarismo es una de las expresiones políticas de ese conservadurismo, ese combo en el que caben otras negaciones de derechos, como la mano dura –no necesariamente inteligente– contra el delito. Varios de quienes ahora pontifican contra la Corte intentaron retirar al Perú del ámbito contencioso de este tribunal en los 90, y buscaron dejar en la impunidad los crímenes del grupo Colina con el argumento de que eran patriotas y que “alguien debería hacer el trabajo sucio en la democracia”.
En muchos de los puntos de vista que he leído a propósito de la sentencia de la Corte que reconoce que hubo una ejecución extrajudicial luego del operativo de abril de 1997, se advierte una nostalgia montesinista sobre la necesidad de recurrir a actos oscuros para alumbrar el futuro, un argumento irracional que la Corte y la Comisión Interamericana de DDHH en su momento cuestionaron en fallos y resoluciones.
Apreciados los hechos con objetividad, es entendible ese odio a la justicia penal internacional. Ella ordenó que se juzgue los casos de terrorismo con tribunales ordinarios y no militares, prohibió la actuación de jueces sin rostro y amparó varios casos de los 1,600 detenidos inocentes liberados por recomendación de la Comisión Ad Hoc de Indultos presidida por el Padre Hubert Lanssiers entre 1996 y 1999.
Que no nos vendan gato por liebre; la justicia moderna que termina en los tribunales supranacionales es una construcción moderna y liberal, porque no hay nada más liberal que el acceso a la justicia en condiciones de igualdad, un cambio de fondo respecto de las sociedades donde la desigualdad era un orden natural. Y en la administración de justicia no existe nada más democrático que la justicia supranacional constituida por tratados firmados voluntariamente por los estados, ni nada más enriquecedor de la democracia que los estándares internacionales sobre derechos individuales. Por eso, los autoritarios de derecha e izquierda del continente se hermanan en su odio a la Corte. En este punto todos son seguidores de Hugo Chávez.

La corrupción jajajá

http://larepublica.pe/impresa/opinion/10676-la-corrupcion-jajaja
La República
La mitadmasuno
26 de junio de 2015
Juan De la Puente
Los cuatro candidatos que concentran casi dos tercios de la intención de voto para las elecciones del próximo año son al mismo tiempo considerados, con algunas diferencias, como totalmente o “mayormente” corruptos, según una reciente encuesta de Ipsos. Un siguiente dato es concluyente: el porcentaje de los que piensan que alguno de los aspirantes es “totalmente” honrado no supera en ningún caso el 12%.
Podríamos sostener un eterno debate sobre si es posible que una persona solo sea “un poco corrupta” sin serlo “totalmente”. No es el caso por ahora. Lo más importante reside en la revelación de una aparente contradicción entre la crítica a la clase política y la disposición a votar por ella.
Esta conducta se explica generalmente desde la teoría de la elección racional; según esta, el votante se guía por la búsqueda de ventajas personales luego de un cálculo de costo/beneficio, una tesis que posteriores estudios relativizaron poniendo más énfasis en el voto de identidad, más colectivo y menos individual. Desde esta teoría, la preferencia del elector peruano a favor de quien “roba pero hace obra” o alguien parecido a esta figura expresaría un voto extremadamente pragmático a causa de la decepción y la desconfianza, y no de la ignorancia.
Estas razones no dejan de ser ciertas, pero no ayudan a explicar totalmente lo que está a punto de suceder con por lo menos 15 millones de votos dentro de unos meses, especialmente si el argumento induce a pensar que el elector peruano era bueno y se ha convertido en malo por culpa de los malos políticos.
Sucede que nuestro pragmatismo es también una forma de populismo construido más allá de la política y del Estado, un proceso en el que las elites y los ciudadanos se influyen mutuamente. El voto por candidatos a los que se consideran corruptos o “algo” corruptos no solo es un efecto; es también la síntesis de una larga interacción, una concurrencia, una correlación en la que tiene un papel decisivo la corrupción misma, no como un problema de los de arriba sino como uno de los movimientos sociales más vastos de los últimos años.
No nos engañemos; que una parte de los ciudadanos se apreste a votar por candidatos a los que cuestiona moralmente no significa necesariamente una concesión a la corrupción “de los otros” sino el reconocimiento de que esta es profunda, sostenible e íntima. En el peor de los casos, desde esa lógica no parece ser muy clara la brecha entre los corruptos de arriba y los honrados de abajo.
Este contexto en que medios, políticos y académicos adulan al elector y señalan a los corruptos y a los que podrían serlo pero callan sobre el fenómeno, es ideal para que la sociedad le vuelva la espalda al problema. El resultado de este modelo de abordar la corrupción como caso judicial y no como movimiento social llevó a que en las elecciones regionales fuesen elegidos 14 gobernadores regionales investigados, denunciados o imputados, de los cuales tres (los de Huancavelica, Ayacucho y Moquegua) fueron objeto de sentencia y otros cuatro están a la espera de una decisión judicial.
Es importante como hito fundacional el pronunciamiento reciente “Nos merecemos más”, aunque los actuales escándalos de corrupción que copan los medios en forma determinante difícilmente serán el primer imperativo de la agenda electoral. En este punto, el votante peruano promedio es más prosistema de lo que parece, al grado de que por ahora no debería esperarse que el llamado voto ético sea significativo. Una muestra de esto es la escasísima atención que le prestan a la corrupción los dos frentes de izquierda que se forman de cara a las elecciones y las pocas referencias que recibe de los nuevos políticos.
Es evidente que, en este asunto, los sondeos no presentan nada nuevo, aunque de igual modo colocan sobre la mesa una compleja dinámica donde lo ilegítimo es relativo por la escasa censura social que concita. Tampoco importa mucho por ahora –mañana podría ser tarde– que exprese el punto más alto de la crisis de representación.