La crisis mortal del Frente Amplio

Por Juan De la Puente

Comparto siete tips muy cortos sobre la crisis mortal del Frente Amplio, en un tono menos dramático de lo que leído en las últimas horas.

Foto Gestión.

1.- El Frente Amplio que hemos conocido hasta ahora, ha muerto para el tiempo de la política. Tardará algún tiempo en ser enterrado pero es obvio que ha dejado de existir. Y ha muerto por suicidio más o menos convenido. Ahora, el dilema de la izquierda es nuevo y reside en lo siguiente: si lo que fue el Frente Amplio será reemplazado por un nuevo frente y pacto –llámese como se  llame- que siga reuniendo al partido que lidera Marco Arana y a los grupos que lidera Verónika Mendoza en otras condiciones, o si por el contrario cada una de estas tendencias seguirá un camino propio.

2.- Ninguna de las dos salidas sería terrible. La crítica a esta crisis mortal del FA no puede ser plana. Algunas de las reacciones que he leído desde la misma izquierda son poco respetuosas de un proceso que desde hace meses tenía vida propia porque está alimentada de proyectos divergentes. Cuando leo frases “otra vez la izquierda dividiéndose” o “dos soles no pueden brillar en un mismo cielo” pienso que quizás el problema sea el pueblo izquierdista –incluida la izquierda social- preso del trauma de la unidad desde su niñez política y poco preocupado en lo que creo ahora importa mucho más, la identidad.

3.- Me parece hasta cierto punto natural el modo en que se han emplazado las dos tendencias. Arana y Tierra y Libertad (TyL), persisten en una construcción orgánica que refleje una izquierda pos-socialista llevando el programa ambiental a su más alto nivel político. Ese proyecto no es ahora un proyecto de poder en el sentido de gobierno, sino el esfuerzo por construir un sujeto social consciente, organizado, colectivo, fuertemente local/rural y comunitario.

4.- Verónika Mendoza, el Movimiento Sembrar y otros grupos y personalidades muy cercanos a la ex candidata no recusan ni el programa ni la identidad de TyL pero ponen más acento en un programa de gobierno, el desarrollo de los derechos viejos y “nuevos”, la identidad de género -.por eso ella, Indira Huilla y Marisa Glave son objeto de una atroz campaña de acoso político de la derecha- en un código de mayor urgencia política, activismo de corto y mediano plazo, más urbano y regional y más dispuesto a conquistar a las clases medias.

5.- Entre ambos discursos existen fuertes vasos comunicantes, qué duda cabe, y esto explica de alguna manera –no es la única explicación- el resultado de la irrupción del FA y de Verónika en la primera vuelta electoral por el pequeño ojo de una aguja. Sería ideal que ambas discursos siguiesen coexistiendo en un nuevo frente que suceda al FA que conocimos y en el que sea explícita la diferencia y el consenso. Para eso hace falta que el proyecto de Verónika se haga más tangible, sea propio e incluso con el registro legal de partido político.

6.- Por ahora prima la diferencia, pero insisto en que no creo que se deba esencialmente a celos, resentimientos o caudillismos sino a un imposible político: mientras un grupo quiere cerrarse o abrirse muy poco para construir su proyecto al que tienen legítimo derecho, el otro pugna por abrirse mucho más precisamente para concretar su proyecto, al que tiene igual derecho. Ese es el sentido del debate FA cerrado o abierto.

7.- Creo que Verónika se encuentra ahora más libre para desplegar su liderazgo en la izquierda. He leído su comunicado donde tira hacia adelante, a que se realice el Congreso del FA en setiembre como estaba previsto y para dar a los militantes la soberanía del proceso constituyente de un nuevo frente de la izquierda peruana. Es un paso audaz y maduro. Ella plantea otra disyuntiva, unidad arriba o unidad abajo, haciendo lo que Alfonso Barrantes no hizo en 1983, es decir, organizar al pueblo izquierdista, aceptando en cambio ser el prisionero de los partidos.

Sobre el Apra y su congreso

Una nota sobre el congreso del Apra, que genera más fisuras personales que de opciones, escritas con aprecio y respeto.

1.- Creo que más allá de la derrota de este año, el problema del Apra reside en que desde hace más de dos décadas no ha podido generar un consenso interno mínimo sobre todo político que requieren los grandes y viejos partidos. Incluso luego del retorno de AGP al país, esta imposibilidad fue crucial para resolver el problema de una dirección coherente, activa, eficaz y compartida. Creo, a diferencia de lo que discuten ahora los apristas –que lo orgánico bloquea su perspectiva política- que es lo político lo que condiciona sus asuntos internos. El Apra no tuvo candidato presidencial el 2011 y antes en Lima el 2010 por razones esencialmente políticas, y perdió las elecciones por los mismas motivos.

2.- El Apra ha dejado de tener un gran motivo; luego de ganar las elecciones del 2006, que fueron su gran reivindicación histórica luego del fracaso 1985-1990 y el ostracismo 1990-2000, ha perdido valores ideológicos y políticos, expresión simbólica de lo cual es el artículo El Perro del Hortelano, de Alan García, la puerta hacia un gran vacío más que un cambio de postura.

Frente a este vacío, hasta hace algunos años, la izquierda y la derecha aprista aun debatían entre dos explicaciones de la crisis. La izquierda sostenía que todo se debía a un abandono consciente y sucesivo por parte del liderazgo partidario de las raíces apristas, particularmente del pensamiento político de Haya. La derecha aprista aducía que el Apra es víctima de la gradual extinción de los valores que cimentaban su fuerza y le daban sentido a su representación, una especie de envejecimiento político que necesita conjurarse con una modernización menos hayista.

3.- Eso ya no se debate o se discute muy poco. De lo que he podido apreciar, existe una discusión esencialmente institucionalista y generacional. Se debate como debería funcionar el Apra, la edad de sus líderes y la relación con el simbolismo.

Más Haya o menos Haya creo que es un error de partida si solo se refiere a una discusión del pasado; igual si el debate es más o menos Alan. Creo que el desafío del Apra pasa por recuperar el compromiso y activismo social que alimentaba al partido y lo legitimaba socialmente. El Apra debe volver a tener un gran motivo, una gran causa, una gran razón, que ahora no lo tiene, más que un nuevo gran líder.

4.- No me queda duda que el Apra necesita una representación política de cara a la sociedad pero no creo que el eje de ese desafío sea encontrar un nuevo Alan o alguien parecido a él. Creo que, al revés de lo que piensan algunos, la clave del futuro no es cómo suprimir a Alan sino como convivir con él a pesar de un divorcio orgánico. Creo que eso pasa también por tener una teoría de partido, la renovación interna, una cruzada contra la corrupción interna y las redes clientelares y de una posición frente a la reforma política, el antiaprismo, pero sobre todo de un gran motivo respecto del Perú.

La cuestion democrática en América Latina

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La República

La mitadmasuno

2 de setiembre de 2016

Juan De la Puente

Tres países –Colombia, Venezuela y Brasil– son sacudidos por distintas razones que sin embargo se relacionan con un hecho general, el fin del ciclo progresista o posneoliberal regional que coincide con otro final, el del auge de los precios de las materias primas. Política y economía se funden en una nueva transición como hace 30 años, aunque a diferencia de aquella no estamos ante un movimiento hacia la democracia desde un patrón único autoritario sino de una convulsión que parece no tener agenda evolutiva general.

La derecha no tiene mayor problema en poner todo en el saco contra la izquierda y le es fácil oponerse a una sola voz a la paz en Colombia, aplaudir la destitución de Rousseff y apoyar la salida de Maduro del poder. Ella bate palmas por lo que le sucede a la izquierda sin considerar que se inicia un proceso complejo en el que la sociedad asumirá formas de acción política contestatarias que afectarán a derechas e izquierdas.

Este reduccionismo es similar al de la izquierda más atrasada del continente que apoya la paz en Colombia pero respaldaría un golpe chavista en Venezuela, aunque califique de golpe de Estado lo sucedido con Roussef en Brasil, que efectivamente lo fue.

Algunos académicos señalan que una cosa es el agotamiento del potencial transformador del progresismo y otra el final de su ciclo político (Eduardo Gudynas, Uruguay). Eso parece ahora poco relevante frente al envilecimiento del proyecto chavista en Venezuela y a la caída de Dilma Rousseff en Brasil, procesos en cuya base se localizan tanto el fracaso económico como institucional. En Colombia, en tanto, lo que ha fracasado son las políticas de guerra de la derecha y de la izquierda, superadas por un audaz pacto democrático liberal, resistido por el ultra conservadurismo. Colombia es el único país del mundo en guerra donde se marcha contra la paz.

Es cierto que en la crisis regional juega un papel destacado la derecha, pero reducir todos los efectos a esta participación es un delito conceptual; equivale a negar la deriva autoritaria y corrupta en países como Venezuela o Nicaragua, o los graves errores de los modelos argentino y brasileño que no solo no combatieron la corrupción sino se asociaron a ella. Que Rousseff sea derrocada por un grupo de políticos corruptos que pugnan por librarse de la cárcel –y que ella sea personalmente inocente– no debería hacernos cerrar los ojos ante la descomunal ausencia de la ética pública que ha envuelto la política oficial de ese país. El vómito negro no esconde la infección.

Son lejanos los días en que la viabilidad de la izquierda se subordinaba a dos mutaciones genéticas, la inclusión en el régimen democrático y la rebaja de su programa máximo frente al mercado y la sociedad. En lo segundo, en la mayoría de países gobernados por el progresismo en los últimos 15 años se exhiben avances notables en materia de ingresos y equidad, pero en lo primero se confirma un resonante fracaso.

El progresismo dejó pasar la oportunidad de garantizar una democracia política que acompañe al programa de democracia económica y equidad. Las reformas institucionales realizadas en Bolivia, Venezuela y Ecuador sirvieron para ganar las reelecciones y en otros países, como en Argentina, el gobierno familiar cerró toda opción de futuro. En Brasil no hubo reforma reeleccionista, pero una gigantesca maquinaria estatal corrupta devoró al grupo portador del cambio, el Partido de los Trabajadores (PT), cuya actual impopularidad es una suerte de caída del Muro de Berlín del progresismo regional.

La izquierda está nuevamente enfrentada a sí misma. Ella, que ha llenado bibliotecas con recetas para la reforma del Estado tendrá una nueva oportunidad si asume un programa de cambios democráticos en la región –que no pasen obviamente por el reeleccionismo– y si al mismo tiempo profundiza su compromiso con la ética pública. En otras palabras, se encuentra frente a una nueva cuestión democrática.

El consenso a palos

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La República

La mitadmasuno

26 de agosto de 2016

Juan De la Puente

La presentación del gabinete que preside Fernando Zavala ante el Congreso y el voto de confianza conseguido cierran un ciclo de tensión un tanto extrema y ruda entre el gobierno y el fujimorismo, una etapa que se inició luego de la segunda vuelta electoral y que atravesó la toma de posesión de PPK y la formación de su gobierno.

Lo que hubo en el Congreso la semana pasada no fue un choque de poderes sino un encuentro, que fue posible gracias a una moderación de todos los actores. Esa moderación no será permanente ni será propia de todos los grupos, pero los principales códigos de esta relación en la cúspide del sistema parecen aclararse.

Entre las tres posibilidades a la mano –confrontación en toda la línea, acuerdos puntuales alcanzados con cierta dificultad o convivencia–el fujimorismo ha escogido la segunda opción, graficada en el debate de una investidura que duró dos días, donde nada fue gratis y en el que la fuerza de la mayoría se apreció en cada tramo.

No es amor sino conveniencia. Este modelo de consenso a palos presenta algunas características iniciales: 1) Fuerza Popular acota el margen de maniobra del Ejecutivo al corto plazo, sin posibilidad aún de abordar el mediano plazo; 2) el fujimorismo acepta la narrativa económica macro del Gobierno pero pone en debate los cambios en el discurso tradicional del modelo (ejemplo el 1% del IGV); 3) en su relación con el Congreso, el Gobierno raspa las aristas complejas de su programa para evitar medidas que podrían no ser compartidas, introduciendo un cariz minimalista a su administración, alejándose de las reformas; y 4) se establece entre ambos un gran consenso que en adelante puede operar de memoria: el funcionamiento eficaz de los sectores con prioridad de la obra pública, y si incluye un dura crítica al anterior gobierno, mejor.

Esa arquitectura es lo que hasta ahora ha podido producir el sistema sin que el gobierno abandone su idea de gobernar y la oposición su tarea de oponerse, aunque en este último sector se han abierto dos modelos opositores, el fujimorismo recusando el continuismo político de PPK y el Frente Amplio cuestionando el continuismo económico.

Sin posibilidades de un acuerdo explícito alrededor de grandes temas de Estado asoma la idea del “otro” acuerdo, uno económico de corto y mediano plazo. ¿Puede evolucionar el consenso a palos a una cohabitación PPK/Fuerza Popular como presionan algunos medios y poderes no oficiales?

Es difícil que ello suceda no solo por el deseo natural del fujimorismo de tener un gobierno propio el 2021, sino por la misma presencia de PPK interesado a jugar un papel más centrista que su gabinete, en un tono belaundista de los ochenta, una ubicación que dificultaría cualquier intento de cerrar la gobernabilidad arriba sin tomar en cuenta el humor de la sociedad. Conveniencia sí, pero no convivencia.

Por esa razón habría que prestar atención a los llamados implícitos a reducir el peso del Presidente de la República, como sostiene la ex Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, en un reciente artículo (Gobernabilidad de baja intensidad, El Comercio 21.8.2016) en el que sugiere que el premier sea el “mediador” entre un Congreso fuerte y un presidencialismo fuerte; o varios artículos que llaman a convertir al premier en un Jefe de Gobierno, una función que como se sabe está reservada a PPK en su calidad de Presidente.

Parece que existe apuro para reducir los acuerdos a los asuntos económicos y al compromiso de las élites representativas. Eso no es nuevo y de hecho los tres últimos gobiernos, elegidos bajo el signo del cambio, sucumbieron ante esas presiones, con los resultados conocidos.

El desafío del gobierno y de todos los partidos con representación política –que tiene el poder pero que no son fuertes– es más complejo en lo tocante a los acuerdos, especialmente si se trata de avanzar en consensos explícitos con regiones, territorios y sectores sociales, es decir, un encuentro con todas las agendas que las elecciones pusieron sobre la mesa.

Género, calle e indignación pública

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La República

La mitadmasuno

19 de agosto de 2016

Juan De la Puente

La marcha #NiUnaMenos del 13 de agosto fue el punto más alto de movilización ciudadana desde las marchas contra la repartija parlamentaria, de julio del 2013. En tres años, la calle se ha convertido en un decisivo espacio de participación política y social y su legitimidad se ha elevado a cuotas inimaginables hace algunos años. Las marchas, tradicionalmente condenadas por el discurso conservador como un medio de expresión antisistémica, agitadora y populista, se están transformando en una forma de representación propia y de indignación aceptada.

Luego del 13 de agosto, quedan menos dudas de que nuestro espacio público es doblemente público. La política formal ya se hace en la calle aunque habría que prestar atención a las claves de esta vigencia porque el proceso no ha terminado. Recién empieza.

En tres momentos estelares de la capital –la repartija (julio 2013), la Ley Cotillo (noviembre 2015) y Fujimori Nunca Más (abril 2016)– se hizo patente que los signos que definen esa disposición ciudadana son los derechos y la transparencia pública.

Asimismo, a diferencia de lo sucedido los últimos años en Brasil o Chile, en las calles de Lima movilizada, el sello de las nuevas clases medias es inconfundible. Ellas son las figuras dominantes de una nueva politización urbana y juvenil y de una inédita toma de conciencia de las mujeres.

Son pocas las diferencias de estas marchas, probablemente los ingresos y la ocupación de los ciudadanos, respecto de las otras grandes movilizaciones de los últimos años, especialmente las que obedecieron a razones ambientales o de desarrollo regional. Aun así, las marchas en Cajamarca, Cusco o Arequipa fueron objeto de cuestionamiento oficial, y en cambio el Presidente de la República, los ministros y los congresistas asistieron a #NiUnaMenos.

¿Por qué el trato diferente? Sería un error reducirlo a la legitimidad de los reclamos, entendiéndose erróneamente que las exigencias ambientales son menos legítimas que otras.

Sí podría señalarse en cambio que la crítica de los medios es decisiva para colocar sobre una marcha el rótulo de “positiva” y en otra el de “negativa”.

No obstante ello, debe advertirse que los medios y gobiernos tienen cada vez menos poder para condenar las movilizaciones o para sofocarlas incluso por la fuerza. Las grandes capitulaciones del Estado durante los conflictos sociales estuvieron precedidas de la idea de impedir por la fuerza que los ciudadanos se expresen en las calles. No es casual que según los reportes de la Defensoría del Pueblo el 52% de los conflictos pasaron a una etapa de diálogo luego de actos de violencia.

La vigencia de la protesta pública está en ascenso y otros indicadores podrían ser analizados. Por ejemplo, la relación del Estado con las manifestaciones es menos cruenta si se considera que el número de muertos en los conflictos sociales durante el gobierno de Humala fue mucho menor que en el de García.

Finalmente, debe recordarse que la calle peruana es dinamizada por la crisis de la política y de sus instituciones. En este proceso opera una lógica distinta a la anterior cuando los partidos y la sociedad organizada recurrían a las calles para demandar al poder. Ahora, la sociedad menos organizada que antes recurre a las calles para demandar al poder y a los partidos.

Que se tenga en cuenta esta precisión es importante para que nadie, todavía, se sienta dueño de las manifestaciones ciudadanas. La marcha del 13 de agosto ha tenido escasas intermediaciones políticas, ha sido relativamente autónoma y sin liderazgos fuertes. Ello lleva a dos preguntas: ¿cuánto tiempo más durará esta autonomía? Y ¿de estos movimientos emergerán nuevas formaciones partidarias y se enriquecerán las existentes? Imposible saberlo; solo anotar los antecedentes: los que llevan hasta el final estas demandas son los que logran transformar esa épica en poder político. Y que la agenda de derechos y específicamente de los de género recién ha empezado a ser tejida.

Vencidos, ocupados y humillados

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La República

La mitadmasuno

12 de agosto de 2016

Juan De la Puente

Carmen Mc Evoy acaba de publicar un estupendo libro que recupera la tragedia de la ocupación chilena del Perú en el marco de la infausta guerra. A través de más de 400 documentos que ven la luz gracias al esfuerzo del Fondo Editorial del Congreso (Chile en el Perú. La ocupación a través de sus documentos, 1881-1884, Lima 2016), y acompañado de un medular ensayo introductorio de la autora, el texto reabre el debate sobre el lado menos revisado de la guerra con Chile: la forma como el vencedor ocupó el territorio de los vencidos, una experiencia inédita e irrepetible de nuestra historia como apunta la historiadora.

La principal virtud del libro es poner sobre la mesa como nunca antes la forma que adquirió la ocupación chilena de nuestro país, girando un tanto desde la narrativa bélica del conflicto hacia un enfoque que visibiliza la estructura político-militar que estableció el ocupante –un mecanismo institucional de exacción a decir de la autora–, y que cumplía varios de los objetivos de los vencedores, entre ellos algunos muy apreciados por el discurso chileno –como “disciplinar a los peruanos”– y otros hasta ahora disimulados como la construcción de un aparato de apropiación paralegal de recursos y de justificación moral del conflicto.

La guerra fue un episodio que el liderazgo del país no supo encarar con las armas y tampoco desde la política, sobre todo por razones internas documentadas por otras investigaciones. Uno de los pendientes, sin embargo, era el relato de cómo Chile encaró la ocupación. Los documentos inéditos que presenta el libro describen el poder que ejercieron 15 mil chilenos entre militares y civiles en la costa peruana durante más de 3 años (1881-1884) instalando un Estado dentro de otro Estado.

Mc Evoy usa dos palabras claves para graficar esta operación del vencedor contra los vencidos: sostiene que el Estado chileno se “desdobló” en el Perú y que “parasitó” nuestra economía. Esta especie de guerra económica acompañó la parte bélica y en algún momento la sustituyó cuando cesaron las operaciones “oficiales” y la ocupación fue desafiada solo por las montoneras y el ejército de Andrés Avelino Cáceres.

La versión chilena que sostiene que la entrada de sus tropas a Lima y sus actos políticos inmediatamente posteriores (desde enero de 1881) fueron el inicio de una ocupación institucionalizada con arreglo al derecho internacional, se relativiza por la revisión de las incesantes quejas y pedidos de las delegaciones diplomáticas acreditadas en Lima y en otras ciudades que registra ordenadamente el reciente libro de Mc Evoy.

Es cierto que en ese período no se repiten los execrables saqueos, incendios y el cobro violento de cupos de guerra que perpetró la llamada Expedición Lynch en siete ciudades del norte del país, o el desenfreno chileno en Chorrillos, Barranco y Miraflores antes de la ocupación de Lima. Sin embargo, Chile estableció sin clemencia un orden político a las poblaciones vencidas convirtiendo en jurídica una relación humillante que trascendió lo militar, y cuyo propósito fue cargar sobre los ciudadanos onerosos pagos para satisfacer salarios y ganancias de una casta burocrática que no quería retornar a su país. De ese orden no estuvieron ausentes las venganzas y fusilamientos.

Resulta ahora increíble que esta estructura hubiese sido posible mediante un pacto político tácito entre el invasor y una parte de la población de las ciudades de la costa peruana. Esta constatación documentada anteriormente es reavivada por interesantes datos que trae el texto de Mc Evoy, entre los cuales se cuentan también evidencias de la cooptación chilena de voces peruanas derrotistas que reconocían inclusive la superioridad racial del ocupante. Para ser veraces, los archivos consignados también corroboran la firme resistencia de otros sectores. La proclama de la Corte Suprema de Lima enviada al gobernador chileno que ocupaba Palacio de Gobierno, es un testimonio de honor.

La Gran Oscilación

http://larepublica.pe/impresa/opinion/791441-la-gran-oscilación

La República

La mitadmasuno

5 de agosto de 2016

Juan De la Puente

El voto de confianza al gabinete no será un problema mayor, por lo menos en relación al primer gabinete del Gobierno de PPK. Quizás importe más si el debate desgastará al equipo que preside Fernando Zavala o si, por el contrario, el tono será de una exigencia no corrosiva. Ese resultado dependerá de la oposición; del calado del programa que lleve el Gobierno, una agenda por ahora estrecha y en la que no se incluye con nitidez la descentralización, la reforma política y las ofertas electorales sobre derechos; y sobre todo del temperamento de una sociedad poco tolerante a los políticos.

Superado el voto de confianza, tendremos hasta diciembre dos hitos ya programados que medirán la tirantez entre el Gobierno y el Congreso: la delegación de facultades y la aprobación del presupuesto del año 2017. El resto quedará librado a un péndulo o vaivén, una sucesión de microciclos políticos de baja, alta y extrema tensión.

De la Gran Transformación (solo de nombre, claro) estamos pasando a la Gran Oscilación, en la que recae finalmente la inédita gobernabilidad que originaron las vueltas electorales de abril y junio. Este cuaderno en blanco ha empezado a escribirse por varias manos y ante la ausencia de grandes pactos y estrategias explícitas, gran parte de esa gobernabilidad se elabora en borrador.

Se advierten cuatro procesos que impactarán en ese vaivén: 1) el control político del Congreso; 2) las iniciativas del Ejecutivo, particularmente en seguridad y economía; 3) el programa legislativo del Parlamento, especialmente el del fujimorismo; y 4) las demandas de las regiones y de la calle, o sus respuestas a las decisiones de los poderes públicos.

Es una pena, pero estos grandes procesos dependerán más de la pequeña política, de las palabras y de los gestos, y en esa dirección debemos prepararnos para un juego perverso y vicioso de sensibilidades, agresiones, ofensas y perdones. En los primeros meses, la política macro deberá hacer esfuerzos para abrirse paso ante la falta de voluntad de la mayoría de los medios y de los líderes para jerarquizar la agenda pública.

La oscilación es un mal camino. Su principal efecto será socavar la legitimidad de los poderes elegidos, una secuela natural en un país que cuenta con una larga crisis de representación pero ahora en clave más acelerada.

Una agenda pública oscilante y librada a la micropolítica es siempre una agenda de corto plazo, precaria y de poca profundidad. En esa perspectiva, es probable que los grandes temas de la campaña sean encarados con pequeñas medidas y que el minimalismo sea el temperamento dominante entre los decisores.

En ese contexto, por ejemplo, existirán pocas posibilidades de relanzar la descentralización y en este caso la receta minimalista será un shock de inversiones, que no es lo mismo. Sucedería lo mismo con las reformas institucionales; en este caso, la saludable creación de la Procuraduría General de la República sería la medida minimalista de cambios de profundidad, como la reforma judicial misma, el cambio del procedimiento de elección del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), la muerte civil de los corruptos o la refundación de la Policía Nacional.

Este desenlace podría evitarse si se producen dos giros de timón en el escenario al que nos introducimos: 1) el establecimiento de una agenda macro desde los poderes elegidos: y 2) la gestación de alianzas por cada uno de los temas macro. Citando los cuatros casos señalados –reforma judicial, CNM, muerte civil y PNP– el Ejecutivo y todo el Legislativo juntos tendrían un éxito político resonante si le entregan al país estos cambios que mejorarían sensiblemente la percepción sobre el futuro por parte de la sociedad.

A pesar de tal posibilidad que parece estar a la mano, la ruta de las agendas separadas y precarias parece trazada. Nos espera la alianza entre la micropolítica y el minimalismo. No lo merecemos. Porque hemos votado por más.

¡Humala vive! y la nueva/vieja política

Por Juan De la Puente

Uno. No he votado por esto y creo, mirando las encuestas, que la mayoría de peruanos tampoco. Hemos votado por nuevos poderes y por una representación que rompa con el clima de guerra política de los últimos tres años y no para que este escenario se prolongue.

El país se está quedando sin macropolítica. La micropolitica gana la batalla. Se han instalado pequeños ciclos de poca trascendencia que evita o reemplaza la discusión sobre las grandes líneas del próximo quinquenio. La inédita gobernabilidad a la que hemos ingresado se está escribiendo en borrador y no en limpio.

Estamos ante la política de los gestos, con una oposición de gestos frente a un gobierno de gestos. El primer resultado es que las relaciones Ejecutivo -Legislativo se han despolitizado. Es la política en estado gaseoso y bruto al mismo tiempo que se caracteriza porque en todos los sectores, a excepción del Apra, hay más voces que voceros.

El partido ha empezado, los jugadores están en la cancha pero tiran los balones a las tribunas y los que más gozan son los medios que ayudan a que el escenario se parezca a Esto es Guerra. Es una pena, pero salvo excepciones no se aprecia una narrativa democrática e institucional desde los medios sino poca agenda y solo un ping pong de mala calidad. La micropolitica también ha tomado los medios.

El gabinete que preside Fernando Zavala irá a la investidura en medio de la primera crisis Gobierno-Fujimorismo que no han logrado cerrar las disculpas del premier y la aceptación de ella por parte de Fuerza Popular. El resto de grupos corren el riesgo de quedar atrapados en esta polarización y si ahora no levantan una policía propia –no solo gestos sino política y movimiento- en dos o tres mesas se habrán diluido un tanto en la escena.

Dos. El Gobierno y el Congreso se han debilitado en las dos últimas semanas.

Hay mucho continuismo en ambos lados. Una minoría de actores en todos los ángulos del escenario pugna por avanzar a lo sustantivo pero el fantasma de la guerra del período humalista planea sobre todo.

El fujimorismo hace una oposición adelantada y de memoria ante un gobierno que le ha hecho  algunos tributos, como la composición misma del gabinete. Fuerza Popular no encuentra su sitio en el escenario y aún no ha calibrado la intensidad de su oposición. A una bancada tan numerosa le está costando llevar las dos banderas al mismo tiempo, la del Congreso que dirige y la de la oposición a pesar de los esfuerzos de Luz Salgado y de alguno que otro vocero, como Daniel Salaverry.

El gobierno ha tenido una entrada jubilosa con un tono político nuevo. A ese tono le falta el discurso de un gabinete que demora en armarse como equipo. La cuota política la está poniendo la bancada estableciendo una distribución de roles muy parecida a la que operó en el último año de Humala.

Tres. El mensaje de PPK ha significado un giro hacia el centro en lo político y social, con vacíos en lo económico, seguridad y reformas institucionales. Fue un discurso pensadamente moderado al que el presidente le sustrajo los temas sensibles como seguridad, reforma política y reactivación para evitar roces de entrada con Fuerza Popular.

El mensaje de PPK tuvo una narrativa democrático liberal en lo político que el gabinete tendrá que hilvanar con lo económico productivo. No será sencillo; veo un gabinete sobrecargado de tareas. Particularmente no creía que PPK iba a delegar tanto. Luego de un mensaje tan conciso el gabinete tiene casi todo por explicar.

Cuatro. PPK está ingresando a una encrucijada: o termina de dar el giro al centro y se “paniaguiza” con el respaldo de la sociedad o entra por el aro de una colaboración forzada que se le demanda desde el mercado y la intelectualidad conservadora, una cohabitación fría que permita un alto consenso económico con el fujimorismo dejando que este haga su juego de oposición política. Curiosamente, es el fujimorismo el que más se resiste a esta presión aunque es probable que la segunda opción de la encrucijada se concrete.

Después de Humala, lecciones personales

http://larepublica.pe/impresa/opinion/789471-despues-de-humala-lecciones-personales

La República

La mitadmasuno

29 de julio 2016

Juan De la Puente

El gobierno de Ollanta Humala y especialmente el modo en que ha concluido ofrece tendencias que deberían ser aquilatadas por los actores políticos del quinquenio que se inicia. No expresan una receta plana de lo que no debe hacerse pero resumen lecciones sobre el ejercicio personal del poder o el desempeño de la cuota que le corresponde a cada figura en este sistema político informal y precario.

Las guerras personales. Humala fue uno de los perjudicados con la guerra política en la que se trabó los últimos años de su mandato, y que tuvo al otro lado a Alan García y al Apra. El gobierno se empeñó en organizar frente a García una poderosa ofensiva a la que este respondió con una movilización personal y social de igual envergadura. La intensa lucha desgastó a ambos limitando al gobierno posibilidades de acción y proyección y resucitando frente a García el viejo encono político añadido al nuevo anti.

El antialanismo y el antihumalismo fueron la personalización de una disputa que pudo trascurrir en un contexto más institucional y sin que por ello pierda su esencia de denuncia y competencia. Su resultado fue la anulación de los dos grandes contradictores. El país no ha premiado la animadversión excesiva y la ojeriza y, al contrario, ha gratificado con sus votos a los líderes que ubicándose en la oposición no han llevado esta condición al extremo. De cara al futuro, quienes aspiren a liderar la oposición al actual gobierno deberán reparar en que no es sutil la diferencia entre oponerse al gobierno y oponerse personalmente a quien lo encarna.

El valor del liderazgo. En cambio, si la opinión pública cuestiona el encono personal extraordinario, valora la entrega personal del líder en un código positivo y audaz. Los sondeos realizados los primeros meses del gobierno de Humala, a la mitad de su mandato y en su última etapa están cruzados por un reclamo recurrente que no se apreció en sus antecesores: liderazgo. Especialmente frente a dos reclamos, la crisis de la seguridad y la perdida de velocidad del crecimiento, Humala evidenció falta de temple, iniciática y palabra oportuna, y a este punto se asocia también el desempeño de la ex Primera Dama Nadine Heredia, protagonista inhibidora del liderazgo de su esposo.

Es probable que esta percepción no se refiera finalmente solo a su comportamiento individual sino también al talante de sus ministros y al silencio público de la mayoría de ellos. Sin embargo, como en todo régimen presidencialista, es la jefatura del Estado el crisol donde se queman las legitimidades incluso si el equipo falla más que el Presidente. En adelante, Humala lo enseña, el liderazgo exige una actitud personal decidida e inconfundible que no podrá barnizarse recurriendo a la tesis de la delegación, especialmente en los dos mismos ámbitos, seguridad y economía.

Lealtad personal. Humala termina su mandato en casi completa soledad, sin parlamentarios en ejercicio que defiendan su legado en los próximos años, sin un partido activo que luche contra la adversidad y sin un entorno propio. Las causas de esta soledad no pueden atribuirse solo a la labor de los opositores; en gran medida es el resultado de una pésima gestión partidaria, el maltrato de sus más fieles seguidores y la poca pericia para combinar el ejercicio del poder con la vigencia de un grupo humano cohesionado por lealtades principistas y por supuesto personales.

El cuadro de un presidente denostado por sus vicepresidentes y obligado a asumir su defensa es una reincidencia republicana y la evidencia de que hasta el ejercicio más personalista del poder exige una conducta colectiva y el respeto de las militancias. En el futuro, los líderes deberán saber que el abuso de poder partidario o la subestimación del papel que juega en la política nacional la vigencia activa de un estado mayor, es letal. Los políticos que entran al poder con partidos aun así sea pequeños no pueden salir solo de él. Conservar un partido es más fácil que construirlo otra vez.

El fujimorismo en tres tiempos

http://larepublica.pe/impresa/opinion/787610-el-fujimorismo-en-tres-tiempos

La República

La mitadmasuno

22 de julio 2016

Juan De la Puente

En la discusión sobre el fujimorismo se diferencian hasta tres visiones; 1) la que afirma que no ha cambiado, mayoritaria en la elite política; 2) la versión propia de Fuerza Popular, que sostiene que ha evolucionado, puesta en duda por lo sucedido antes de la segunda vuelta electoral; y 3) la que reconoce lentos cambios, en el largo plazo, sobre todo hacia afuera y en su relación con la sociedad, una visión que se abre paso en la academia.

Este debate se traslada al interior del fujimorismo como dilemas y crecientes matices; el corte entre albertistas y keikistas es solo uno de ellos y no parece ser ya el más importante; otros dos cortes son muy sugerentes: el primero entre los fujimoristas de abajo más conservadores y resistentes al cambio, y la elite más permeable al juego político; y el segundo corte, entre los fujimoristas institucionalistas, militantes o no de Fuerza Popular, y los recién llegados a los comités partidarios y al Congreso, con un juego muy propio.

Estos cortes relativizan la presentación del fujimorismo como un todo pulido y acabado, un objeto ya conocido al que solo hay que redescubrirlo cada 5 años, cuando en realidad es un proyecto inacabado, claramente en tránsito, un proceso acentuado en las últimas elecciones. Estos dilemas viejo/nuevo o cuanto viejo/cuanto nuevo serán cruciales en el próximo quinquenio en el que los seguidores de Keiko Fujimori tendrán la mayoría del Congreso y sin duda gravitantes para sus expectativas el 2021.

Si el fujimorismo fuese una formación partidaria cohesionada de acuerdo con los estándares clásicos estos temperamentos serían menos gravitantes. Resulta sin embargo que más que un partido es un movimiento, una pesada cruz que deben de cargar los grupos herederos del autoritarismo y/o populismo, obligados siempre a rendir tributo a la tendencia social que encarna y condiciona discursos y programas.

Estos cortes internos están jalonando a Fuerza Popular. La designación de Luz Salgado, un claro punto de unidad interna, como Presidenta del Congreso, fue la apuesta por una conducción al mismo tiempo opositora y abierta del Parlamento, una visión macropolítica de la relación con el gobierno. Pero esta decisión ha sido seguida por dislates personales arriba y desbordes abajo, como la marcha por el indulto a Alberto Fujimori.

El fujimorismo se debate entre la macro y micropolítica; algunos de sus voceros expresan lo segundo, como el que acaba de protagonizar un enfrentamiento con el Frente Amplio acusándolo de terrorista. Sin embargo, más allá de los insultos, la tensión macro vs micro también legitima el juego propio y la narrativa autónoma que han empezado a construir las nuevas tendencias de su numerosa bancada.

El carácter conservador y plebeyo del fujimorismo es incuestionable, pero parece estar en disputa su relación definitiva con el régimen político vigente y con el modelo, o con una parte sustantiva de este. Las narrativas que se abren podrían llevar a caminos irreversibles; he leído por lo menos dos columnas (Cecilia Valenzuela y Patricia Teullet) horrorizadas por la crítica fujimorista a PPK por su relación con las grandes empresas; al mismo tiempo, otros parlamentarios de Fuerza Popular han militado los últimos años en la ortodoxia económica, y no son pocos los que respaldan el proceso de descentralización y se integran en otro de los cortes que exhibe su bancada, entre provincianos y capitalinos.

Ante la ausencia de un estado mayor fujimorista esta evolución tiene plazo fijo porque estará condicionada al desempeño del Parlamento en el próximo quinquenio. Las opciones de este proceso son todas posibles, desde una reivindicación simple y llana del pasado hasta los parecidos con el peronismo. En cualquiera de las opciones, el fujimorismo y el Congreso necesitan orden, tanto como para colaborar como para oponerse al gobierno y el primer llamado a garantizar ese orden es Fuerza Popular. El exceso de micropolítica puede ser su perdición; puede gratificar al protagonista, pero siempre pasa factura a los partidos.

Parlamento, majestad y borrasca. Orden y calidad.

Por Juan De la Puente

Concuerdo con que los sucesos durante la juramentación de los congresistas 2016-2021 opacaron un tanto la solemnidad del inicio de sus funciones y, como dice mi amigo Jorge Bruce, debió respetarse la majestuosidad del Congreso. Dicho esto, históricamente el Parlamento se ha movido entre esta majestuosidad y la borrasca en una relación en que han sido más solemnes los congresos de las etapas menos críticas o más monocordes; y, al revés, fueron menos “majestuosos” los parlamentos más polarizados.

Esto se explica desde la teoría de la representación, una de cuyas constantes son las convenciones constitucionales, tanto en el modelo clásico británico de la supremacía parlamentaria (en ese caso el Parlamento sí es “soberano”, en nuestro caso no) como en los sistemas presidenciales. De acuerdo a estas convenciones, el Congreso no solo acuerda (leyes), sino que realiza una función ininterrumpida: debate, acuerda, controle; y vuelve a debatir, acordar y controlar. Esta convención hace del Legislativo una institución compleja, dividida e inestable por naturaleza.

El acto reciente indica que tendremos un Parlamento con una mayoría arrolladora (Fuerza Popular) y una minoría activa (Frente Amplio). En ese sentido se parecerá al Congreso 1995-2000 más que a cualquier otro de los que tuvimos entre los años 2001 y 2016.

Si algún grupo debe evitar que se repita esa experiencia, es el fujimorismo, porque el acto de juramentación del 22 de julio anuncia los emplazamientos: la mayoría poco tolerante usando el número para aplastar a la minoría –ejemplificados por las rechiflas a Marisa Glave e Indira Huilca- y una minoría que pugna por su derecho a ejercer la representación. Esa película ya la vimos.

En la juramentación se ha evidenciado también que las respuestas del fujimorismo al Frente Amplio es asociar a esta con el terrorismo, otra reacción propia de los noventa. Hace días fue un punto de vista de Héctor Becerril pero parece que hay un contagio en marcha de esta posición equivocada, aunque en el fujimorismo se aprecian dos posiciones, un comportamiento más tolerante con las otras bancadas y un núcleo radical.

En ese contexto, es relativa la llamada majestuosidad del Congreso y adquiere más importancia la tolerancia y el sentido liberal de la competencia política. En la Asamblea Constituyente de 1978 hubo al mismo tiempo borrasca y contenido y un ningún momento se le ocurrió a VR Haya de la Torres o a Luis Bedoya Reyes disciplinar a la izquierda para mantener el orden.

Me parece legítimo que los parlamentarios juren por el indulto a Fujimori, por Haya, Belaunde, por su madre, por lo animales o por los padres de la patria. Si a alguno la parece que eso es un error debería recordar los tres principios básicos e históricos de la representación parlamentaria: 1) los diputados representan a todo el pueblo; 2) Los diputados no están sujetos a mandato imperativo; y 3) La elección debe realizarse periódicamente. Estos tres principios fueron acogidos a los nuevos parlamentos representativos de los siglos XIX y XX.

Siendo el juramento un acto político no entiendo porque impedirle a los legisladores expresar sus ideas así no estemos de acuerdo. El problema es otro y consiste en que el Congreso peruano ha restringido el espacio para el debate de modo que los legisladores deben encontrar otros espacios para este intercambio: la prensa, el acto público, las comisiones y las redes sociales.

Al Congreso no le falta orden sino calidad. Algunos medios señalan que fue un estadio y si es así me pregunto si el problema no serán también las reglas de juego. El anterior Reglamento era pro debate y el actual anti debate.

La otra reflexión que me motiva la bronca de la reciente juramentación es el de los contenidos. Una cosa es un Parlamento borrascoso con contenidos y otra sin temas de fondo. Este es un desafío para todos, incluyendo el Frente Amplio porque es preciso recordar que el Congreso es un espacio democrático donde la carne tiene hueso y donde hay que pactar pero también acordar. En este punto queda claro que vamos hacia tres dualidades: PPK tendrá dos oposiciones firmes (FP y el FA); la izquierda hará igualmente dos oposiciones (a PPK y a FP); en tanto el Fuerza Popular puede quedar jaqueado por una presión del Ejecutivo y una interna. En esto es también inédita la ruta que empezamos a recorrer. ¿Es un todos contra todos? Por ahora no, es un varios contra varios.

Políticos, tecnócratas y tecnopolíticos

http://larepublica.pe/impresa/opinion/785656-politicos-tecnocratas-y-tecnopoliticos

La República

La mitadmasumo

15 de julio de 2016

Juan De la Puente

La posibilidad de un gabinete con varios economistas ha disparado la alarma respecto de la necesidad de empoderar en el gobierno a políticos más que a técnicos. Se reproduce así el debate abierto hace un cuarto de siglo cuando Alberto Fujimori diseñó un gobierno con mayoría de independientes que eran, al mismo tiempo, tecnócratas.

No podemos quedarnos en esa discusión porque desde entonces los políticos son menos políticos y los tecnócratas menos técnicos. Los primeros escasean, se atrincheran en los partidos llamados tradicionales que tuvieron poco éxito en las elecciones del 10 de abril, y su existencia está amenazada tanto por reglas de juego que hacen del dinero el elemento decisivo de la formación de la representación, como por la falta de renovación partidaria. Un dato podría servir para ilustrar el caso: Fuerza Popular, PPK y el Frente Amplio concentraron el 80% de votos en las elecciones de abril; en conjunto estos tres grupos tienen 15 mil militantes, pero les ganaron a partidos que juntos superan fácilmente el millón de militantes.

Los tecnócratas han evolucionado. Un profesional con algunos años en el Estado en un puesto de responsabilidad, ya es un tecnopolítico, practica los ritos del poder dentro del gobierno y fuera de él ha sabido acercarse a los proyectos partidarios. Así, lo central en las comisiones de plan de gobierno de los grupos que compitieron en las últimas elecciones fue la “importación” de especialistas, una realidad especialmente apreciable en las áreas de economía, seguridad, políticas sociales, energía y ambiente.

La cancha de la política es ahora más precaria pero más grande y con más actores que compiten con éxito con los políticos “clásicos”. Esta realidad desborda las clasificaciones teóricas igualmente clásicas que separan políticos de técnicos. Fuera de los “puros”, tenemos políticos cooptados para cada elección; políticos sociales-demandantes, activos en la base del sistema; políticos intelectuales-reflexivos que en el esquema de Antonio Gramsci serían los intelectuales no orgánicos, y los tecnócratas-hacedores, que son los tecnopolíticos.

Estos últimos gobernarán desde el 28 de julio y PPK es su emblema; él es una especie de padre de la tecnocracia peruana que ha evolucionado a tecnopolítica y que ha llegado a la presidencia con audacia y suerte, usando como vía una especie de alianza público-privada, un grupo que más que una facción, es una ecuación.

Dicho esto, es cierto que el próximo período demandará cualidades especiales a los líderes del gobierno, entre ellas tratar con un Congreso mayoritariamente opositor y una sociedad demandante de derechos. No creo sin embargo que estas habilidades requeridas sean las de los llamados “operadores políticos”, término llegado de Argentina y que designa a quien actúa por encargo, no es elegido, trabaja en las sombras y ejerce el toma y daca con discreción.

Considerando las demandas acumuladas, no necesitamos esa forma de hacer la política sino una gestión de acuerdos en público. Al nuevo gobierno no se le debería pedir maña sino transparencia. Por lo mismo, aparece como una primera gran omisión que PPK no realizara el llamado a un acuerdo explícito y preciso sobre tres o cuatro grandes temas de la agenda pública y prefiera jugar exclusivamente en la cancha del Congreso.

El desafío para los economistas en el gobierno, y por supuesto no solo para ellos, es ponerle fin al piloto automático de la economía y reconciliar un nuevo ciclo de crecimiento con la vigencia de instituciones reformadas y eficaces. Es un desafío paradójico que se le impone a un conjunto de especialistas que, precisamente, sostuvieron lo contrario los últimos 16 años, aunque también es cierto que los políticos al frente de gobiernos y gabinetes no han cumplido esa tarea durante tres gobiernos constitucionales. Será como poner a los militares a desmilitarizar, una función que en algunas experiencias de la región ha sido cumplida a cabalidad y en otras no.

Profecías sobre el Congreso y el Gobierno

http://larepublica.pe/impresa/opinion/783689-profecias-sobre-el-congreso-y-el-gobierno

La República

La mitadmasuno

8 de julio de 2016

Juan De la Puente

El venidero gobierno de PPK ya es objeto de análisis en posición adelantada con juicios muy debatibles sustentados en sentidos comunes que merecerían más rigurosidad y método. Dos de estas profecías que deberían ser revisadas son:

1.- El Parlamento bloqueará al Gobierno. Esta aseveración se basa en la supuesta existencia del Check and Balances en nuestro modelo político, capaz de inmovilizar a uno de los poderes. La verdad es que tenemos separación de poderes, pero sobre este no opera un sistema puro de frenos y contrapesos, una realidad en la mayoría de países de la región. Desaparecido el bicameralismo, el equilibrio y el contrapoder se han deteriorado y lo que existe es un modelo de colaboración forzada de ambos poderes en el que siempre es posible una política agresiva, pero no durante todo el tiempo y en todo, como lo demuestran los períodos 2004-2005 (Ántero Flores) y 2015-2016 (Luis Iberico).

En nuestro modelo, el poder de veto del Presidente es muy moderado, al punto que solo la mitad más uno de congresistas puede validar una norma observada por el Jefe de Estado (Ley del retiro del 95% de AFP, por ejemplo). Al mismo tiempo, el Congreso debe aprobar el presupuesto enviado por el Gobierno so pena de que se ejecute el proyecto del Ejecutivo, el mismo que también tiene a la mano los Decretos de Urgencia. Luego, es muy limitado el número de censuras de gabinetes –dos– como condición para su disolución, y aunque el Congreso inventó el voto ámbar, que deja en el aire la investidura del gabinete, no puede abusar de este mecanismo “trucho”.

Quedan otros mecanismos de control político. El más frecuente es el control posterior; otras formas más letales como la interpelación y censura de ministros (control punitivo) y el control de los actos en el momento de su ejecución (control concurrente) no son frecuentes.

2.- El fujimorismo puede gobernar desde el Parlamento. Eso es imposible en términos positivos salvo que se arribe a un acuerdo bipartito expreso de Gobierno. Sí debe reconocerse que los congresos con mayoría opositora tienen la capacidad negativa de influir en la formación del Gobierno como de hecho sucede con la designación del primer gabinete de PPK, en el que se está cuidando de presentar ministros muy enfrentados a Fuerza Popular.

El asunto de fondo es la representación. El Presidente es elegido en segunda vuelta y el Congreso en la primera; ello define dos tipos de representación: la del Presidente, más plural y de intereses más integrados, y la del Parlamento, más directa respecto de intereses específicos.

Esto no impide que el Congreso apruebe las normas que considere y en el número que crea conveniente, aunque también es cierto que un exceso de leyes “muy propias” contrarias al Gobierno terminaría perjudicando a los dos poderes habida cuenta que ambos, y no solo el Gobierno, son débiles. A pesar de ello, la ejecución de un programa parlamentario propio y adverso al Ejecutivo siempre es posible, pero de modo limitado.

La verdad es que nuestro Congreso está hecho para colaborar y el rediseño que de él hizo el fujimorismo en la Constitución de 1993 eleva el costo político de una dictadura parlamentaria o la conversión del Gobierno en un protectorado del Congreso.

Nuestro modelo se acerca más al indirizzo político, el sistema italiano extendido en parte de Europa que consiste en confiar la dirección política del quehacer público al impulso del Ejecutivo, un sistema que en nuestro caso obligó a coaliciones de Gobierno tácitas o expresas en los casos de Toledo, García y Humala.

El fujimorismo usará obviamente la regla de mayoría contra el Gobierno y su oposición interna, pero este uso tendrá que ser extremadamente limitado; lo que podría salir de ese proceso, por lo menos en su primera etapa, son dos poderes moderados cuyos problemas estarán sobre todo en la calle. En pocos meses, el Congreso y el Gobierno quizás tengan el mismo problema de legitimidad social si no se atreven a las grandes reformas.

La prensa y los traidores a la patria

http://larepublica.pe/impresa/opinion/781622-la-prensa-y-los-traidores-la-patria

La República

La mitadmasuno

1 de julio de 2016

Juan De la Puente

Dedicado a Rosana Cueva y al equipo de Panorama.

Un viejo truco del poder es la denuncia por traición a la patria. Hace 20 años, el 7 de enero de 1996, publiqué en La República una denuncia contra el entonces Ministro de Defensa, Víctor Malca Villanueva. La nota resultó de una valiente información de un general de la FAP que a su vez me refirió a un abogado civil del Ministerio de Defensa que me proporcionó mayores detalles.

La nota denunciaba las presiones a la FAP por parte de Malca y de la cúpula militar, con Montesinos a la cabeza, para aligerar la compra aviones MIG29 a Bielorrusia. La denuncia develó la operación mafiosa. A las pocas horas, Malca fue cesado y enviado como embajador a México, y aunque la compra por 200 millones de dólares finalmente se hizo, la operación fue puesta bajo las luces de la prensa. La Unidad de Investigación de La República con la dirección de Ángel Páez se encargó del tema y durante tres años produjo la indagación más profunda sobre corrupción en la compra de armas en A. Latina.

Antes de su cese, a través de un periodista asesor de su despacho, Malca intentó seducirnos al suscrito y al editor del Suplemento Domingo, Roberto Ochoa, ofreciéndonos vuelos recreativos en aviones de guerra. Al ser rechazado, el ofrecimiento se trocó en amenaza: “Pueden ser denunciados por traición a la patria porque el conflicto con Ecuador no se ha cerrado”.

Los años siguientes, Páez fue hostigado por la llamada “prensa chicha” y motejado de traidor. Sin embargo, al final de la historia se demostró que ellos fueron los traidores. Varios militares fueron sentenciados por este caso, a Malca (prófugo desde el 27 de diciembre del 2000) se le detectaron movimientos bancarios por 17 millones de dólares y Nicolás de Bari Hermoza fue condenado por apropiarse por lo menos de 21 millones de dólares en la compra de armas. La Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros, designada por el Congreso y presidida por Javier Diez Canseco, concluyó en junio del 2002 que durante el conflicto con Ecuador –entre 1994 y 1998– cometieron actos de corrupción en la adquisición de armamento y equipo de las FFAA precisamente quienes eran los llamados a garantizar la Defensa y la Seguridad Nacional.

En una dimensión legal más grave sucede ahora con el equipo que produce el programa Panorama de Panamericana TV, dirigido por Rosana Cueva. El Ministerio de Defensa la ha denunciado por “revelación de secretos nacionales”, a ella, a Karina Novoa y a Jorge Ipanaqué, intentando que se les aplique un artículo del Código Penal que pertenece a un capítulo denominado Atentado contra la Seguridad Nacional y Traición a la Patria que un estudiante del primer curso de Derecho Penal sabe que no se aplica a la labor periodística.

Este delito, lo señala la doctrina, requiere de varios requisitos: 1) que haya un secreto; 2) que sea “nacional” (no todo lo militar es nacional); 3) que exista un interés real de la República por guardarlo; y 4) que sea evidente el propósito innoble o de lucro al momento de revelar la información, de modo que en efecto se ponga en riesgo el valor jurídico de la Seguridad Nacional.

Este valor jurídico es delicado y no resulta del capricho de rotular toda actuación castrense como secreto. Sobre este punto existe vasta jurisprudencia del Sistema Interamericano de DDHH, de nuestro Tribunal Constitucional (STC N°0012/2006/AI) y el fallo ejemplarmente doctrinario de la Corte Suprema respecto de la contienda de competencia sobre el caso del traidor suboficial de la FAP Víctor Ariza (Resolución N° 37/2009 Sala Penal Permanente).

Si no están acreditados los elementos de un delito tan reprobable, que requiere que los autores comprometan con su conducta la seguridad del Estado, la paz y la dignidad de la Nación, queda como sospecha que lo que se pretende es humillar, amedrentar, vengarse de la prensa por el efecto de otras denuncias y fijar precedentes para futuras investigaciones. Demasiado burdo.

Secreto, Defensa Nacional e interés público. El caso Panorama.

Por Juan De la Puente

Secreto no es lo que tú quieres, lo que yo quiero o lo que quiere el Estado o alguna autoridad. Los secretos son materia de regulación en un orden democrático. Son colectivos (nacionales) y privados. La ley establece procedimientos para resguardarlos y esta labor se hace más compleja en el caso de los secretos nacionales o mal llamados “de Estado”. Felizmente, a diferencia de hace 100 años, lo que es un secreto nacional ya no corresponde a la discrecionalidad de las autoridades y en eso el país ha avanzado de la mano del artículo 5° de la Constitución sobre la transparencia de la información del Estado y su ley de desarrollo constitucional.

El debate sobre la acusación de los periodistas de Panorama, de Panamericana TV, nos devuelve al debate sobre el “secreto de Estado”. El último reducto de ese secretismo son las FFAA que pretenden ensanchar el natural secreto que rodea a la Defensa Nacional a casi todos los actos castrenses.

Tengo un respeto patriótico por las FFAA y por eso creo que las perjudicadas con esa tendencia a absolutizar el secreto son ellas mismas. Si queremos ayudarlas librémoslas de las práctica corruptas que se esconden tras el secreto.

1.- Sostengo, en relación a la denuncia del Ministerio de Defensa (MINDEF) contra los periodistas Rosana Cueva, Karina Novoa y Jorge Ipanaqué por la supuesta infracción del artículo 330° del Código Penal, un artículo del Código Penal que pertenece a un capítulo denominado Atentado contra la Seguridad Nacional y Traición a la Patria, que es un claro abuso de poder y reitero que un estudiante del primer curso de Derecho Penal sabe que ese artículo no se aplica a la labor periodística.

2.- El mencionado artículo 330° señala en su tipo básico: “El que revela o hace accesible a un Estado extranjero o a sus agentes o al público, secretos que el interés de la República exige guardarlos, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de quince años”.

3.- El tipo objetivo de este delito, es decir, sus características reclama varias condiciones: 1) que exista un secreto definido de acuerdo a las leyes vigentes; 2) que este secreto sea “nacional”; y 3) que exista un interés de la República porque permanezca como tal. Estos elementos no son caprichosos. El Comercio publica hoy (6.7.2016) información relevante proporcionada por especialistas que abundan en el concepto de “secreto”, siendo el requisito esencial de su existencia que una resolución lo considere como tal y se inscriba de ese modo en un registro correspondiente.

4.- Queda claro que la condición de secreto no lo decide ni siquiera discrecionalmente una autoridad sino que adquiere esa condición en base a un procedimiento pre establecido. Preciso ahí que desde el artículo 5° de la Constitución, el secreto es una excepción y que la información pública es la regla general.

5.- Hay más sobre la relación entre el secreto y la defensa. No todo secreto militar es secreto nacional, no todo secreto está relacionado con la Defensa Nacional, no es lo mismo Defensa Nacional que orden interno, y finalmente no todos tenemos las mismas restricciones ante los tópicos reservados. El Tribunal Constitucional, cuando el año 2006 analizó una demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el  Colegio de Abogados de Lima contra el Decreto Legislativo N.° 961, Código de Justicia Militar Policial (STC N°0012/2006/AI) dejó sentada jurisprudencia sobre varios aspectos de este norma y del Código Penal.

6.- En la disputa planteada en este caso entre el CAL y el MINDEF, este interpreta el artículo 330° del Código Penal así: “Secretos de Estado, revelación: aquella conducta mediante la cual el agente obra por lucro o cuando hace accesible a un Estado extranjero secretos que el interés de la República exige guardarlos. El TC no contradice esta definición y en cambio precisa que el orden interno es concurrente, complementario y subsidiario tanto del orden público como de la Defensa Nacional, que consiste en aquella situación de normalidad ciudadana que se acredita y mantiene dentro de un Estado, y que el orden interno es sinónimo de orden policial. Como se ve, aquí no hay una visión de sinónimo automático entre el secreto y Defensa Nacional y que el artículo 330° está hecho para las FFAA.

7.- Hay más, en la contienda de competencia sobre el caso del traidor suboficial de la FAP Víctor Ariza (Resolución N° 37/2009 Sala Penal Permanente), la Corte Suprema define como secreto militar el ámbito referidos a los medios de defensa del país. No todo secreto es sobre la defensa.

8.- ¿A quienes se aplicaría el artículo 330° según esta jurisprudencia? De hecho no a los militares y policías que ya tienen su fuero para los delitos de función como lo ha demostrado el caso Ariza, sino a civiles que revelen un secreto que la República –no un sello- crea que lo es con arreglo a ley. ¿Quiénes son la República? Supongo que no se me dirá que es el MINDEF; la Republica son sus órganos constituidos (antes llamados poderes) que proceden de acuerdo al pacto republicano; gobierno elegido, gobierno alternado, gobierno previsible y gobierno responsable.

9.- Sería un retroceso para la legalidad que triunfe la idea de que en el Perú el secreto es automáticamente militar y su determinación solo depende de una orden no registrada legalmente.  Al contrario, ceo que los colegas de Panorama han procedido en función del interés público y más aún si es que como ya está acreditado no hubo ánimo de lucro y si desde el propio Ejército se ha levantado la reserva del caso cuando el oficial a cargo respondió a una entrevista.

10.- El interés público es un valor básico para la defensa de la legalidad y de la transparencia. El TC ha desarrollado el concepto de interés público (Exp. N° 1797/2002/HD) como una figura que fortalece el ejercicio de las libertades informativas. En relación al acceso a la información del Estado, señaló tempranamente que este tiene la obligación de probar que existe un apremiante interés público por mantener en reserva o secreto la información pública solicitada y, a su vez, que sólo manteniendo tal reserva se puede servir efectivamente al interés constitucional que la justifica. De manera que si el Estado no justifica la existencia del apremiante interés público para negar el acceso a la información, la presunción que recae sobre la norma o acto debe efectivizarse y confirmarse su inconstitucionalidad. También significa que la carga de la prueba acerca de la necesidad de mantener en reserva el acceso a la información ha de estar, exclusivamente, en manos del Estado.

11.- Cuando se debatía la Ley de la Mordaza, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) sistematizó el ámbito del interés público del siguiente modo: “Califican como materias de interés público: 1)Asuntos o materias que inciden en el funcionamiento irregular del Estado, 2) Materias que afectan derechos o intereses generales; 3) Aspectos relacionados con el ejercicio de las funciones públicas; 4) Asuntos que incidan o afecten a funcionarios, servidores públicos o personas que bajo cualquier modalidad laboran o prestan servicios para el Estado, a propósito de sus funciones, 5)  Asuntos que incidan o afecten a personas que sin ser funcionarios o servidores públicos ni prestan servicios o laboren para el Estado, desempeñan cargos, profesiones o actividades de relevancia públicas, siempre que exista relación con tales cargos, profesiones o actividades; y 6) Asuntos sobre los que la sociedad en su conjunto tiene un legítimo interés en mantenerse informada, como por ejemplo, la comisión de delitos o conductas de manifiesta contrariedad ética.

Seis resultados electorales inéditos

http://larepublica.pe/impresa/opinion/779669-seis-resultados-electorales-inéditos

La República

La mitadmasuno

24 de junio de 2016

Juan De la Puente

Una campaña electoral está hecha de grandes y pequeños actos y procesos. No todos son decisivos, pero se eslabonan y catalizan en grandes resultados. Anotarlo es conveniente porque la victoria de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) es explicada desde un solo fenómeno o a lo sumo dos, el antifujimorismo y el caso Ramírez/Chlimper.

Tengamos cuidado con las explicaciones monocausales. En el análisis político abusar de la agregación o desagregación lleva a dejar caer razones cruciales; la idea de que los hechos políticos “se producen” y no solo “acontecen” no es un capricho semántico.

Hay que pelar la cebolla. El Perú acaba de pasar una pequeña gran revolución; en apenas ocho meses ha terminado de morir un viejo sistema político nacido hace 35 años con las elecciones de 1980 y que, herido, se restauró el año 2000 luego de la caída de Alberto Fujimori. Al sistema de 1980 lo han matado millones de votos y una política emergente, un tipo no clásico de hacer la política que instauró Fujimori en 1992, la antipolítica.

Este es el momento más feliz de esa antipolítica, aunque algunos académicos han buceado bastante para entregarnos una imagen distinta, idealizando una épica entre el fujimorismo, una formación grande, organizada y compacta, y el resto de grupos precarios. La forma como acabaron las dos vueltas electorales indican que la precariedad es común a todos y que lo que tuvimos ante nosotros fueron grandes movimientos y/o coaliciones sociales más que formaciones partidarias, en una elección azarosa donde la casualidad ha ido de la mano con la racionalidad.

Con su victoria total, la antipolítica podría haber llegado a su límite y carecer de fuerza para definir las reglas de una gobernabilidad marcada por los vacíos. Si se recomienda estudiar fenómenos, sugeriría partir de uno: durante las elecciones la crisis de la política se ha expresado a través de varias identidades “antis” –no solo una– poderosas y en algunos casos convergentes, ineludibles de cara al futuro. Antifujimorismo, antiizquierdismo, antialanismo, antisistema, antielitismo, anticorrupción, anticentralismo, antiprivatismo, antiestatismo son expresiones que en distinta identidad han definido la micropolítica electoral y la macropolítica, la de la gran escena.

En ese contexto, una épica antifujimorista permitió la irrupción del Frente Amplio, y otra épica antiizquierdista impidió que este pasara a la segunda vuelta. Una tercera épica que podría rotularse como democrática/antifujimorista (en ese orden) impulsó a PPK a ganar la elección en una pasajera polarización electoral.

No existe en el escenario una política programática y afirmativa sino una política contestataria. El reto hacia el 2021 no es incrementar los antis sino desarrollar las identidades. Curiosamente, ese es el desafío de la derecha y de la izquierda, aunque la identidad populista en su sentido más amplio es la principal tentación en ambas.

El resultado electoral deja un cuadro de efectos nuevos. Sabemos lo que está muriendo pero no lo que está naciendo. Son tiempos inéditos: 1) Nunca, en las cinco veces en las que se llevó a cabo segundas vueltas electorales, el candidato que obtuvo poco más de 20% de votos válidos en la primera vuelta había derrotado a quien obtuvo el 40%; 2) Nunca antes, la izquierda había sido tan decisiva para que una facción de la derecha le ganara a otra facción de la derecha; 3) Nunca antes, los herederos políticos de un golpe de Estado estuvieron 24 años después de ese hecho a las puertas de recuperar el gobierno por la vía democrática; 4) Desde hace 60 años, cuando se eligió a Manuel Prado, un candidato orgánico del mundo financiero no había ganado unas elecciones; 5) Desde ese año, las elecciones construyeron mayorías políticas, a excepción de la de 1963 (Fernando Belaunde) y del reciente proceso electoral; y 6) Nunca antes, el grupo que perdió las elecciones se había quedado con el 56% de los escaños parlamentarios, más allá de la mayoría absoluta, y el grupo ganador solo con el 13% del Congreso.