La República
La mitadmasuno
12 de agosto de 2016
Juan De la Puente
Carmen Mc Evoy acaba de publicar un estupendo libro que recupera la tragedia de la ocupación chilena del Perú en el marco de la infausta guerra. A través de más de 400 documentos que ven la luz gracias al esfuerzo del Fondo Editorial del Congreso (Chile en el Perú. La ocupación a través de sus documentos, 1881-1884, Lima 2016), y acompañado de un medular ensayo introductorio de la autora, el texto reabre el debate sobre el lado menos revisado de la guerra con Chile: la forma como el vencedor ocupó el territorio de los vencidos, una experiencia inédita e irrepetible de nuestra historia como apunta la historiadora.
La principal virtud del libro es poner sobre la mesa como nunca antes la forma que adquirió la ocupación chilena de nuestro país, girando un tanto desde la narrativa bélica del conflicto hacia un enfoque que visibiliza la estructura político-militar que estableció el ocupante –un mecanismo institucional de exacción a decir de la autora–, y que cumplía varios de los objetivos de los vencedores, entre ellos algunos muy apreciados por el discurso chileno –como “disciplinar a los peruanos”– y otros hasta ahora disimulados como la construcción de un aparato de apropiación paralegal de recursos y de justificación moral del conflicto.
La guerra fue un episodio que el liderazgo del país no supo encarar con las armas y tampoco desde la política, sobre todo por razones internas documentadas por otras investigaciones. Uno de los pendientes, sin embargo, era el relato de cómo Chile encaró la ocupación. Los documentos inéditos que presenta el libro describen el poder que ejercieron 15 mil chilenos entre militares y civiles en la costa peruana durante más de 3 años (1881-1884) instalando un Estado dentro de otro Estado.
Mc Evoy usa dos palabras claves para graficar esta operación del vencedor contra los vencidos: sostiene que el Estado chileno se “desdobló” en el Perú y que “parasitó” nuestra economía. Esta especie de guerra económica acompañó la parte bélica y en algún momento la sustituyó cuando cesaron las operaciones “oficiales” y la ocupación fue desafiada solo por las montoneras y el ejército de Andrés Avelino Cáceres.
La versión chilena que sostiene que la entrada de sus tropas a Lima y sus actos políticos inmediatamente posteriores (desde enero de 1881) fueron el inicio de una ocupación institucionalizada con arreglo al derecho internacional, se relativiza por la revisión de las incesantes quejas y pedidos de las delegaciones diplomáticas acreditadas en Lima y en otras ciudades que registra ordenadamente el reciente libro de Mc Evoy.
Es cierto que en ese período no se repiten los execrables saqueos, incendios y el cobro violento de cupos de guerra que perpetró la llamada Expedición Lynch en siete ciudades del norte del país, o el desenfreno chileno en Chorrillos, Barranco y Miraflores antes de la ocupación de Lima. Sin embargo, Chile estableció sin clemencia un orden político a las poblaciones vencidas convirtiendo en jurídica una relación humillante que trascendió lo militar, y cuyo propósito fue cargar sobre los ciudadanos onerosos pagos para satisfacer salarios y ganancias de una casta burocrática que no quería retornar a su país. De ese orden no estuvieron ausentes las venganzas y fusilamientos.
Resulta ahora increíble que esta estructura hubiese sido posible mediante un pacto político tácito entre el invasor y una parte de la población de las ciudades de la costa peruana. Esta constatación documentada anteriormente es reavivada por interesantes datos que trae el texto de Mc Evoy, entre los cuales se cuentan también evidencias de la cooptación chilena de voces peruanas derrotistas que reconocían inclusive la superioridad racial del ocupante. Para ser veraces, los archivos consignados también corroboran la firme resistencia de otros sectores. La proclama de la Corte Suprema de Lima enviada al gobernador chileno que ocupaba Palacio de Gobierno, es un testimonio de honor.
