La República
La mitadmasuno
1 de julio de 2016
Juan De la Puente
Dedicado a Rosana Cueva y al equipo de Panorama.
Un viejo truco del poder es la denuncia por traición a la patria. Hace 20 años, el 7 de enero de 1996, publiqué en La República una denuncia contra el entonces Ministro de Defensa, Víctor Malca Villanueva. La nota resultó de una valiente información de un general de la FAP que a su vez me refirió a un abogado civil del Ministerio de Defensa que me proporcionó mayores detalles.
La nota denunciaba las presiones a la FAP por parte de Malca y de la cúpula militar, con Montesinos a la cabeza, para aligerar la compra aviones MIG29 a Bielorrusia. La denuncia develó la operación mafiosa. A las pocas horas, Malca fue cesado y enviado como embajador a México, y aunque la compra por 200 millones de dólares finalmente se hizo, la operación fue puesta bajo las luces de la prensa. La Unidad de Investigación de La República con la dirección de Ángel Páez se encargó del tema y durante tres años produjo la indagación más profunda sobre corrupción en la compra de armas en A. Latina.
Antes de su cese, a través de un periodista asesor de su despacho, Malca intentó seducirnos al suscrito y al editor del Suplemento Domingo, Roberto Ochoa, ofreciéndonos vuelos recreativos en aviones de guerra. Al ser rechazado, el ofrecimiento se trocó en amenaza: “Pueden ser denunciados por traición a la patria porque el conflicto con Ecuador no se ha cerrado”.
Los años siguientes, Páez fue hostigado por la llamada “prensa chicha” y motejado de traidor. Sin embargo, al final de la historia se demostró que ellos fueron los traidores. Varios militares fueron sentenciados por este caso, a Malca (prófugo desde el 27 de diciembre del 2000) se le detectaron movimientos bancarios por 17 millones de dólares y Nicolás de Bari Hermoza fue condenado por apropiarse por lo menos de 21 millones de dólares en la compra de armas. La Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros, designada por el Congreso y presidida por Javier Diez Canseco, concluyó en junio del 2002 que durante el conflicto con Ecuador –entre 1994 y 1998– cometieron actos de corrupción en la adquisición de armamento y equipo de las FFAA precisamente quienes eran los llamados a garantizar la Defensa y la Seguridad Nacional.
En una dimensión legal más grave sucede ahora con el equipo que produce el programa Panorama de Panamericana TV, dirigido por Rosana Cueva. El Ministerio de Defensa la ha denunciado por “revelación de secretos nacionales”, a ella, a Karina Novoa y a Jorge Ipanaqué, intentando que se les aplique un artículo del Código Penal que pertenece a un capítulo denominado Atentado contra la Seguridad Nacional y Traición a la Patria que un estudiante del primer curso de Derecho Penal sabe que no se aplica a la labor periodística.
Este delito, lo señala la doctrina, requiere de varios requisitos: 1) que haya un secreto; 2) que sea “nacional” (no todo lo militar es nacional); 3) que exista un interés real de la República por guardarlo; y 4) que sea evidente el propósito innoble o de lucro al momento de revelar la información, de modo que en efecto se ponga en riesgo el valor jurídico de la Seguridad Nacional.
Este valor jurídico es delicado y no resulta del capricho de rotular toda actuación castrense como secreto. Sobre este punto existe vasta jurisprudencia del Sistema Interamericano de DDHH, de nuestro Tribunal Constitucional (STC N°0012/2006/AI) y el fallo ejemplarmente doctrinario de la Corte Suprema respecto de la contienda de competencia sobre el caso del traidor suboficial de la FAP Víctor Ariza (Resolución N° 37/2009 Sala Penal Permanente).
Si no están acreditados los elementos de un delito tan reprobable, que requiere que los autores comprometan con su conducta la seguridad del Estado, la paz y la dignidad de la Nación, queda como sospecha que lo que se pretende es humillar, amedrentar, vengarse de la prensa por el efecto de otras denuncias y fijar precedentes para futuras investigaciones. Demasiado burdo.
