¿Al diablo con la transición?

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La República

Lamitadmasuno

7 de agosto de 2015

Juan De la Puente

El presidente al que le entregue el mando Ollanta Humala será el cuarto del ciclo democrático inaugurado el año 2000. Aunque este ciclo muestra señales claras de agotamiento dura ya 15 años y ha permitido la elección de tres presidentes constitucionales, de modo que la elección de un nuevo mandatario resume paradójicamente la maduración de un sistema con crisis en progreso.

Esta transición de gobierno es la más compleja de dicho ciclo; que vaya a durar 12 meses y que se realice en el contexto de una creciente debilidad del poder político hace de ella un período con fenómenos riesgosos y desafiantes que incidirán ahora y en el mañana. Estos son: a) la necesidad de mayores apoyos para que el gobierno termine su mandato; b) el riesgo de una tormentosa guerra electoral de bajas pasiones y métodos; c) la posibilidad de que el gobierno no pueda organizar un legado distinguible; d) el riesgo de retrocesos en política social de un nuevo gobierno; y e) la posibilidad de que de las elecciones resulte un gobierno menos fuerte de lo esperado.

Merece por lo mismo prestarles atención a los esfuerzos que se realizan para mejorar el clima político y rebajar las tensiones. El gobierno se propone llevar a cabo una ronda de consultas con los poderes del Estado y convocar en breve a un Consejo de Estado para pactar con la oposición que dirige el Congreso una agenda legislativa racional y probablemente un periodo de distensión.

También destacan otras dos iniciativas en favor de una transición gobernable. Recientemente 16 partidos integrantes del Acuerdo Nacional suscribieron una declaración llamando a respaldar los esfuerzos en favor de elecciones transparentes y apoyar al gobierno en materia económica y seguridad ciudadana. Del mismo modo, la Confiep ha solicitado un diálogo con el gobierno para una agenda de fin de periodo.

Queda claro que los actores políticos que han empezado a moverse recuerdan que de cómo termine un gobierno depende cómo se inicia el otro, y que las transiciones inestables que no son mínimamente pactadas pueden irse al diablo. Cada uno, los que vienen y los que se van, tienen mucho que ganar y perder.

Siendo evidente que se ha constituido una corriente en favor de una transición gobernable no es menos cierto que este objetivo depende del tratamiento de determinados problemas que inciden en un escenario fragmentado, confuso y antagónico. El primero es el balance del gobierno, un asunto que Humala intenta abordar con una evaluación anticipada a los 4 años de gobierno a pesar de que su mandato es de 5, siendo probable que este intento dificulte el establecimiento de una agenda compartida para el próximo año porque remite a un segundo problema, el adelanto del proceso electoral.

Es posible que estas dos tendencias, la transición gobernable y la disputa electoral adelantada, generen una transición con hitos de tensión y permanentes esfuerzos de moderación, elevando el papel de instituciones como la Defensoría del Pueblo y el Acuerdo Nacional, en una suerte de arbitraje público.

Los actores deben apostar a más y no quedarse en el clima. Deberían avanzar hacia pactos imprescindibles para una transición gobernable, es decir, cambios de fondo resistidos por la mayoría de partidos o, para ser precisos, adelantar algunas de esas reformas.

Entender por ejemplo que: 1) el sistema no puede escaparse del financiamiento público directo y de la entrega de mayores facultades a la ONPE para sancionar el fraude en el financiamiento partidario; 2) que se precisa de un compromiso para que TODAS las investigaciones sobre corrupción sean procesadas, las ya denunciadas y las nuevas, sin recurrir a dilaciones o bloqueos judiciales o parlamentarios; 3) que es muy necesario evitar que el próximo Congreso sea peor que el actual y, para ello, por citar dos decisiones, los partidos no deberían fichar a independientes salidos de las sombras y realizar elecciones internas, las de verdad; y 4) que debe arribarse a un acuerdo inicial de vigencia de los programas sociales y la reforma en educación.

Un pacto electoral de verdad

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La República

La mitadmasuno

31 de julio de 2015

Juan De la Puente

En el Perú aplicamos magistralmente la sentencia de Shakespeare de que “el mundo entero es un escenario” o las sabias recomendaciones de Maquiavelo sobre la intensa relación que deben guardar el arte del gobierno y el arte de la escena. Al fin y al cabo, es imposible que la política no sea teatro. Lo es desde sus orígenes, porque así también se entiende la representación; desde Grecia, el drama es actuación y representación al punto que teoría y teatro son hermanos de sangre.

Nuestra crisis política ha degradado los contenidos en favor de una excesiva teatralización de lo público, a lo que los medios contribuyen y organizan. La producción de símbolos e imágenes a cargo de políticos y comunicadores se realiza con una pérdida de independencia que perjudica a los grupos políticos y a la noticia misma.

La producción escénica este año es fascinante. El actor político peruano se ha esmerado y ha sido más actor que político, al punto que con frecuencia se olvida de que no solo es lo primero sino también lo segundo. Lo que aparece como un ciclo de tensión extrema y ascendente, ha sido en realidad una sucesión de micro-ciclos teatralizados en los que las agudas imágenes de confrontación son sucedidas por etapas de cooperación.

A la derogación de la “Ley Pulpín” que arrinconó al gobierno, le sucedió el diálogo promovido por la premier Ana Jara. Luego, en pocas semanas arribamos a un tercer micro-ciclo sobre los reglajes de la DINI que culminó en su fulminante censura. Y cuando creíamos que el país incendiaría si Pedro Cateriano era designado premier, iniciamos otro micro-ciclo de cooperación con apretones de mano incluido, el mismo que fue sepultado por un quinto período simbolizado por los sucesos de Tía María, la fuga y recaptura de Martín Belaunde, la primera visita de Nadine Heredia al Congreso y el inicial boicot de la oposición de votación de la delegación de facultades.

A esa máxima tensión le sucedió el abrumador voto de la oposición a favor de la delegación de facultades. La tensión reapareció con ocasión de la elección de la Mesa Directiva y luego de la derrota del oficialismo parece que ingresaremos a una rebaja de la confrontación. Hasta un nuevo aviso.

Queda claro que tanto los políticos como los medios realizan un manejo “profesional” de la escena pública, sin desconocer por ello la veracidad de diferencias y coincidencias. No obstante, esta producción es más proclive a la tensión que a la cooperación. Organizar el desacuerdo nacional es más fácil que el acuerdo porque no requiere  de contenidos; basta algunas palabras subidas de tono, alguna criollada o insulto, y tenemos escena.

Convendría que los líderes más importantes piensen en la posibilidad de producir un escenario que permita ciertos acuerdos para que las elecciones del 2016 no se parezcan a las del año pasado, es decir, repletas de pesimismo y bulla, sin ideas y sin programas. Si el asunto se deja a la producción de lo fácil es probable que luego de las elecciones el sistema se encuentre más debilitado y se complique un tanto más la acción de gobierno. Quien aspire a dirigir el país debería preocuparse por un inicio de mandato más legítimo.

Sería conveniente aprovechar la “capacidad escénica instalada” para promover la suscripción de un pacto electoral adelantado. No me refiero a los pactos éticos que todos suscriben y que nadie cumple. Me refiero a la producción de un acuerdo que, con la participación de los organismos electorales incluya compromisos de no reelección de los legisladores sancionados por la Comisión de Ética del Congreso o sobre los que pesan investigaciones; la transparencia informativa on line de los aportes financieros privados; las limitaciones a los gastos personales de campaña y privilegio de la campaña electoral por lista; la no inclusión de candidatos sospechosos de vínculos con actividades ilícitas; la elaboración de las listas evitando el fichaje de independientes portadores de dinero; y la presentación antelada de los programas de gobierno.

Keiko la rompe

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La República

La mitadmasuno

24 de julio de 2015

Juan De la Puente

La reciente encuesta de IPSOS trae por lo menos tres novedades, interesantes aún para una campaña electoral adelantada, considerando que faltan más de 8 meses para la primera vuelta. Son datos sugerentes que agrietan el molde clásico en el que se cocina la competencia entre los candidatos llamados tradicionales.

Primero. Nuevos ejes de la campaña. La seguridad y la corrupción se convierten en los principales problemas que interesan a los ciudadanos, más que duplicando como expectativa al desempleo, a la pobreza y al costo de vida. Este es un coctel amargo para todos, un cambio de fondo respecto a las campañas del 2001, 2006 y 2011, dos temas que hacen uno, y que más que un desafío son una interpelación a la política, un reclamo que los candidatos deberán empeñarse en responder.

No es seguro que sean los ejes definitivos de la campaña. En tanto, los candidatos no están cubriendo estas expectativas o, mejor dicho, los movimientos que ensayan parecen ir en una dirección distinta a la que se mueve la opinión pública. La predominancia de la inseguridad/corrupción no les pide ponderación a los aspirantes presidenciales, de modo que quizás nos encontremos muy cerca de ofertas radicales en este campo, so pena de la irrupción de un candidato sorpresivo que prometa un menú más convincente, duro y popular.

El coctel inseguridad/corrupción que bebemos todos es, a golpe de fracasos, también una puerta abierta para todo, inclusive para el populismo. En el rubro seguridad, los candidatos no se atreven todavía a jugar fuerte con la militarización de la lucha contra el delito y con la ampliación de la pena de muerte; y sobre la corrupción, parece que nos dirigimos a un pacto entre la política y el ciudadano cínico –el que abjura de la corrupción pero le saca provecho– que votará por medidas radicales a sabiendas de su inviabilidad.

Segundo. Keiko Fujimori rompe el techo del tercio electoral. La candidata de Fuerza Popular tenía una intención de voto de alrededor del 30%. En el sondeo de IPSOS salta al 36% en la pregunta con tarjeta, duplicando a PPK (17%), triplicando a Alan García (12%) y más que cuadruplicando a Alejandro Toledo (8%). Keiko también derrotaría a PPK y a García en una segunda vuelta, y aparece muy favorecida a diferencia del 2011 en las alternativas “definitivamente votaría por ella” y “podría votar por ella” (49%), y más capacitada para encarar la corrupción, la delincuencia y el desempleo.

Sin magnificar la tendencia, es interesante reparar en que 3 de cada 10 peruanos creen que el fujimorismo puede liderar la lucha contra la corrupción y la delincuencia, una imagen que lleva a preguntas que incomodan algunos sentidos comunes: ¿Son más fuertes otros “antis” que el antifujimorismo? ¿Es eficaz la actual política antifujimorista basada en la memoria, y que no aborda el actual comportamiento de Fuerza Popular? ¿Mide ahora la opinión pública a Keiko con una vara distinta a la del 2011? ¿Creen los ciudadanos, a diferencia de la elite política, que Keiko expresa el neofujimorismo?

Tercero. El electorado ha iniciado (o empezó hace rato) un giro conservador. No repetiré en este punto lo que afirma otro sondeo reciente que amarra a los peruanos con modelos sin vasos comunicantes. En cambio el sondeo de IPSOS expone el escaso arraigo de la izquierda, el copamiento del escenario por una derecha que entra y sale del centro con gracia y salero, el escaso número de los que piden que el próximo presidente sea democrático y el bajo índice de votos blancos y viciados.

Aquí, más preguntas incómodas: ¿El Perú ya está preparado para elegir por primera vez desde 1956 un gobierno conservador a cara descubierta? ¿Será la izquierda la gran derrotada del quinquenio humalista, la que pague los platos rotos del fracaso de la Gran Transformación? ¿La derecha ha empezado a repartirse los efectos personales de una izquierda ausente? ¿Ante el riesgo de la derrota aplastante, es preferible una candidatura izquierda/izquierda o izquierda/centro?

El caso Nadine y tres razones públicas

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La República

La mitadmasuno

17 de jukio de 2015

Juan De la Puente

Me interesa profundizar sobre tres argumentos que relativizan lo sucedido en las últimas semanas con Nadine Heredia porque sostengo que más allá de lo que sucede con la investigación de la que es objeto, que creo debe continuar, resumen una apreciación frecuente del otro y de sus derechos, y una apuesta determinada por el debate público; no solo político sino, en un sentido amplio, público.

Los tres son argumentos de “otro tipo”; no son aquellos que aplauden los insultos; no pertenecen al desenfrenado mundo del pútrido racismo marca Perú del que se ha escrito estas semanas, y que toman la política, el deporte, la música y, en general, la vida solo como un pretexto clasista o elitista para decirnos que la desigualdad es natural. Estos presentan más bien un ángulo aparentemente más tolerante, racional y liberal. Solo aparentemente.

Argumento uno. Es el que sostiene que no importa si la pregunta a Heredia en la Comisión Belaunde Lossio fue ofensiva, invasiva o humillante, porque lo más importante es que ella está siendo investigada y no debemos distraernos de lo principal. Esta apreciación es más frecuente de lo que se piensa; es la teoría sobre que el fin justifica los medios, llevada a la práctica política pero que se aplica en otros ámbitos, sobre todo en el reconocimiento de los derechos del otro. Es obvio, ¿por qué Heredia debería tener derechos, si es esposa de un político, política ella misma, acusada y sospechosa como miles de sospechosos y acusados en el Perú? Y tampoco olvidemos que ese vaciamiento de derechos opera todos los días con miles de personas que alcanzan en sus objetivos violando reglas y procedimientos, otra marca Perú.

Argumento dos. Sostiene que Heredia se ha ganado todo esto solita; es una consecuencia de sus actos, varios de ellos vedados o políticamente incorrectos y que se ha “expuesto demasiado”. Este ángulo tampoco es desconocido y se dirige a justificar los errores de otros en los actos propios de uno. Es la teoría de la provocación. Lo escuchamos en otros territorios, como cuando criticamos a los asaltados (“si sabe que roban para qué retira dinero en efectivo), a los ciclistas (“para que manejan en Lima conociendo como son las calles”) o las mujeres acosadas sexualmente (“cómo se le ocurre ponerse minifalda”).

Argumento tres. La pregunta chismosa en la Comisión Belaunde Lossio la conocían pocas personas, y es Heredia quien lo hizo público al reclamar su contenido ofensivo, con el afán de victimizarse. Esta es la justificación más elaborada y al mismo tiempo más letal y desvergonzada. Resulta que si ella se hubiese quedado callada era mejor para todos, sobre todo para ella. Este argumento suena a dos preguntas mucho más ofensivas: ¿Ya ves, para eso te quejaste? y ¿No estabas mejor calladita? Este argumento pertenece a la despiadada reacción contra todo aquel que levanta la voz contra una agresión y es una invitación a comerse el honor y la libertad. Como abogado lo he visto tantas veces, utilizado especialmente contra las mujeres que denuncian maltratos o violación sexual.

Es totalmente procedente encontrar en el tratamiento reciente del caso Heredia la proyección de las formas tradicionales de abordar lo público. No hay razones para sostener que en su caso reaccionamos de un modo especial y que el atavismo que muchos exhiben no lo aplican en su vida cotidiana y en su relación con los otros. Este asunto es público/político y público/privado.

El problema es que los efectos políticos de corto plazo de este episodio implican daños consistentes que la elite política se niega a considerar, al igual que los medios y formadores de opinión solazados y arropados por las redes sociales. Este asunto, y los otros de su tipo que vendrán, terminarán matando el debate político o estableciendo un no-debate, una discusión pobre, atrasada, adjetiva y un poco idiota (que ya la tuvimos el año pasado en el proceso electoral regional y municipal) de la que no saldrá la agenda que el país necesita y merece. O quizás sí nos la merecemos, atendiendo a la teoría de la provocación ahora en boga.

 

 

¡Cuidado con las cifras gruesas!

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La República

La mitadmasuno

10 de julio de 2015

Juan De la Puente

Un interesante estudio del Instituto Peruano de Economía (IPE) encargado por la CONFIEP, la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y la Cámara de Comercio de Lima (CCL) aborda el retraso de los proyectos mineros en el Perú. El estudio denominado “El costo económico de la no ejecución de los proyectos mineros por conflictos sociales y/o trabas burocráticas” va directo a la vena; señala que en los últimos 7 años se habría perdido US$ 67.2 mil millones por la paralización y el retraso de proyectos mineros y que la mayor parte del impacto de esta pérdida se produjo entre el 2011 y el 2014 por un monto de US$ 62.5 mil millones. Esta es la cifra agregada de las pérdidas en general, porque la cifra específica clave indica que desde el 2011 se han retrasado inversiones mineras por más de US$ 21 mil millones.

El informe es sugerente y ha motivado un saludable debate que se centra por lo menos en dos temas: 1) en qué medida el retraso se debe más a decisiones propias de las empresas en las que tienen relevancia las expectativas del rendimiento de la inversión, matizando la variable de los conflictos (Germán Alarco, en Perú 21); y 2) la subestimación del crecimiento como factor de desarrollo por parte de los políticos opositores a los proyectos paralizados (Alfredo Torres, en El Comercio).

Ambos temas sintetizan una interesante intersección entre la economía y la política. Las dos explicaciones son atendibles en la medida en que, ciertamente, es preciso un análisis más riguroso caso por caso de las razones del retraso de por lo menos 15 de estos proyectos, y porque es igualmente importante que los tomadores de decisión adopten un compromiso por la defensa del crecimiento de cara a los próximos 5 años, necesario incluso para producir cambios en la distribución de sus beneficios.

En este punto, el informe del IPE acierta cuando en la página 2 desagrega la cartera de proyectos demorados en: 1) demora por factores externos, 2) demora por factores internos, que juntos representan el 40% de los proyectos.

Lamentablemente, el Informe se olvida de esta diferenciación de inmediato cuando, en un giro inesperado, realiza una asociación indebida entre tres factores que no siempre son sinónimos aunque podrían ser concurrentes: paralización por conflictos sociales, paralización por trabas burocráticas, y retrasos a secas.

Esa agregación muestra 15 proyectos que un análisis riguroso obligaría a diferenciar. Por ejemplo, la situación de Conga no es la misma que la de Las Bambas, sobre la que se informa que iniciará sus actividades el primer trimestre del próximo año debido al avance del diálogo entre el Estado, la empresa y la comunidad. Inclusive Conga no se encuentra en la misma situación que Tía María.

Por otro lado, es delicado atribuir toda demora de los proyectos mineros a los conflictos sociales cuando en varios casos esta obedece a retrasos del Estado, algo que la Sociedad de Minería hace bien en puntualizar siempre. Incluso el uso del concepto “tramitología” requiere ser precisado porque con frecuencia se recurre a él contra toda regulación pública. El tema de fondo es que requerimos saber qué retrasos se deben a qué causas para no errar en las soluciones y en ese punto el IPE nos debe un informe más riguroso.

Si se trata de abordar los conflictos sociales desde otras disciplinas debería considerarse que estos son estudiados desde hace una década y que elementalmente ya han sido clasificados por su intensidad, origen y ámbito de la que depende su solución. 

Esta cultura, la de la agregación arbitraria y con escaso método, es frecuente en el análisis político en el país, pero en este caso se aprecia un uso poco profesional por la economía al importar indicadores desde la sociología y/o la ciencia política. Parecería que ciertos análisis son ganados rápidamente por el empaquetado fácil, la cifra gruesa y la conclusión generalmente pesimista, esa que ayuda a pronosticar la inminente caída al precipicio y a ganar un titular periodístico redondo. Pero es seguro que no ayudará a resolver el problema.

Cómo odio a la Corte

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La República

La mitadmasuno

03 de julio de 2015

Juan De la Puente

La deformación de la reciente sentencia de la Corte Interamericana de DDHH a cargo de un numeroso grupo de personas que por su función deberían conocer dicho fallo, es decir, políticos, abogados y periodistas, significa menos una falta de información y más una disposición a cuestionar las sentencias de la justicia internacional en materia de libertades.

Escucho deformaciones como que la Corte ha fallado contra el Operativo Chavín de Huántar, que ha ordenado a la justicia peruana abrir un nuevo proceso a los comandos de ese exitoso operativo, que el pago de 30 mil dólares por costes procesales a las ONG que impulsaron el caso es una indemnización encubierta, o que el fallo es una violación de la soberanía nacional.

Si no es falta de información, ¿Dónde reside el problema? En la cultura autoritaria, mayoritaria en el liderazgo político; dicho de otro modo, ese liderazgo tiene un problema con el sistema interamericano de DDHH. Para ser más precisos, tiene un problema con los derechos humanos, o más específicamente si se quiere, con los DDHH vinculados al  período de violencia política que azotó al país más de 20 años.

Esta cultura anti-DDHH no es nueva, estuvo presente desde 1980 y es probable que sus orígenes se remonten siglos atrás. Es una cultura tramposa, como toda cultura autoritaria, que se resiste a exclamar abiertamente que los terroristas no tienen derechos y por lo tanto busca coartadas políticas y procesales, aunque para ello deba mentir y esconder. Es además incoherente: pretende que el Perú sea parte del sistema económico internacional, con la OMC, CIADI y el FMI vinculantes, pero que no sea parte del sistema internacional de justicia.

Lo extraño es que esta no-justicia pretenda hablarnos desde la democracia y en nombre de ella, y se venda como liberal siendo profundamente conservadora. Son ellos los que atacan en el mundo a los DDHH, retrasan el reconocimiento de libertades y se resisten a asumir compromisos en materia de derechos y libertades.

El autoritarismo es una de las expresiones políticas de ese conservadurismo, ese combo en el que caben otras negaciones de derechos, como la mano dura –no necesariamente inteligente– contra el delito. Varios de quienes ahora pontifican contra la Corte intentaron retirar al Perú del ámbito contencioso de este tribunal en los 90, y buscaron dejar en la impunidad los crímenes del grupo Colina con el argumento de que eran patriotas y que “alguien debería hacer el trabajo sucio en la democracia”.

En muchos de los puntos de vista que he leído a propósito de la sentencia de la Corte que reconoce que hubo una ejecución extrajudicial luego del operativo de abril de 1997, se advierte una nostalgia montesinista sobre la necesidad de recurrir a actos oscuros para alumbrar el futuro, un argumento irracional que la Corte y la Comisión Interamericana de DDHH en su momento cuestionaron en fallos y resoluciones.

Apreciados los hechos con objetividad, es entendible ese odio a la justicia penal internacional. Ella ordenó que se juzgue los casos de terrorismo con tribunales ordinarios y no militares, prohibió la actuación de jueces sin rostro y amparó varios casos de los 1,600 detenidos inocentes liberados por recomendación de la Comisión Ad Hoc de Indultos presidida por el Padre Hubert Lanssiers entre 1996 y 1999.

Que no nos vendan gato por liebre; la justicia moderna que termina en los tribunales supranacionales es una construcción moderna y liberal, porque no hay nada más liberal que el acceso a la justicia en condiciones de igualdad, un cambio de fondo respecto de las sociedades donde la desigualdad era un orden natural. Y en la administración de justicia no existe nada más democrático que la justicia supranacional constituida por tratados firmados voluntariamente por los estados, ni nada más enriquecedor de la democracia que los estándares internacionales sobre derechos individuales. Por eso, los autoritarios de derecha e izquierda del continente se hermanan en su odio a la Corte. En este punto todos son seguidores de Hugo Chávez.

La corrupción jajajá

http://larepublica.pe/impresa/opinion/10676-la-corrupcion-jajaja

La República

La mitadmasuno

26 de junio de 2015

Juan De la Puente

Los cuatro candidatos que concentran casi dos tercios de la intención de voto para las elecciones del próximo año son al mismo tiempo considerados, con algunas diferencias, como totalmente o “mayormente” corruptos, según una reciente encuesta de Ipsos. Un siguiente dato es concluyente: el porcentaje de los que piensan que alguno de los aspirantes es “totalmente” honrado no supera en ningún caso el 12%.

Podríamos sostener un eterno debate sobre si es posible que una persona solo sea “un poco corrupta” sin serlo “totalmente”. No es el caso por ahora. Lo más importante reside en la revelación de una aparente contradicción entre la crítica a la clase política y la disposición a votar por ella.

Esta conducta se explica generalmente desde la teoría de la elección racional; según esta, el votante se guía por la búsqueda de ventajas personales luego de un cálculo de costo/beneficio, una tesis que posteriores estudios relativizaron poniendo más énfasis en el voto de identidad, más colectivo y menos individual. Desde esta teoría, la preferencia del elector peruano a favor de quien “roba pero hace obra” o alguien parecido a esta figura expresaría un voto extremadamente pragmático a causa de la decepción y la desconfianza, y no de la ignorancia.

Estas razones no dejan de ser ciertas, pero no ayudan a explicar totalmente lo que está a punto de suceder con por lo menos 15 millones de votos dentro de unos meses, especialmente si el argumento induce a pensar que el elector peruano era bueno y se ha convertido en malo por culpa de los malos políticos.

Sucede que nuestro pragmatismo es también una forma de populismo construido más allá de la política y del Estado, un proceso en el que las elites y los ciudadanos se influyen mutuamente. El voto por candidatos a los que se consideran corruptos o “algo” corruptos no solo es un efecto; es también la síntesis de una larga interacción, una concurrencia, una correlación en la que tiene un papel decisivo la corrupción misma, no como un problema de los de arriba sino como uno de los movimientos sociales más vastos de los últimos años.

No nos engañemos; que una parte de los ciudadanos se apreste a votar por candidatos a los que cuestiona moralmente no significa necesariamente una concesión a la corrupción “de los otros” sino el reconocimiento de que esta es profunda, sostenible e íntima. En el peor de los casos, desde esa lógica no parece ser muy clara la brecha entre los corruptos de arriba y los honrados de abajo.

Este contexto en que medios, políticos y académicos adulan al elector y señalan a los corruptos y a los que podrían serlo pero callan sobre el fenómeno, es ideal para que la sociedad le vuelva la espalda al problema. El resultado de este modelo de abordar la corrupción como caso judicial y no como movimiento social llevó a que en las elecciones regionales fuesen elegidos 14 gobernadores regionales investigados, denunciados o imputados, de los cuales tres (los de Huancavelica, Ayacucho y Moquegua) fueron objeto de sentencia y otros cuatro están a la espera de una decisión judicial.

Es importante como hito fundacional el pronunciamiento reciente “Nos merecemos más”, aunque los actuales escándalos de corrupción que copan los medios en forma determinante difícilmente serán el primer imperativo de la agenda electoral. En este punto, el votante peruano promedio es más prosistema de lo que parece, al grado de que por ahora no debería esperarse que el llamado voto ético sea significativo. Una muestra de esto es la escasísima atención que le prestan a la corrupción los dos frentes de izquierda que se forman de cara a las elecciones y las pocas referencias que recibe de los nuevos políticos.

Es evidente que, en este asunto, los sondeos no presentan nada nuevo, aunque de igual modo colocan sobre la mesa una compleja dinámica donde lo ilegítimo es relativo por la escasa censura social que concita. Tampoco importa mucho por ahora –mañana podría ser tarde– que exprese el punto más alto de la crisis de representación.

El conjunto vacío y solitario

http://larepublica.pe/impresa/opinion/8906-el-conjunto-vacio-y-solitario

La República

La mitadmasuno

17 de junio de 2015

Juan De la Puente

Cada cinco años se tiene la esperanza de que el próximo gobierno sea mejor que los anteriores. Con el Congreso, en cambio, la certeza es que el siguiente siempre será peor. La separación de expectativas es la pieza clave de un equilibrio entre un Legislativo que se presume continuamente ineficaz y un Ejecutivo convertido en deplorable a poco de entrar en funciones.

Ese equilibrio es perverso y hace vulnerable al sistema; los gobiernos pugnan por tener una mayoría legislativa que, más que honrar la representación parlamentaria, apoye su gestión, con un oficialismo esclavo cuyo aporte a la gobernabilidad pasa por el deterioro de la legitimidad del Congreso; este, en mayoría y/o minoría, como contraprestación se ha especializado en aprobar o arrancar decisiones sectoriales en un número cada vez menor para beneficio de grupos de interés, a través de normas que organizan, regulan, y flexibilizan, o simplemente impidiendo leyes no deseadas. El resto, el afán autodestructivo de los congresistas –los escándalos personales– es noticioso pero adjetivo, el velo que cubre el vaciamiento de la representación de los grandes intereses y la pérdida de una mínima armonía interna.

Este equilibrio agoniza. El Congreso aprobó en estos años pocas leyes “suyas” (debe tenerse en cuenta que la mayoría de ellas fue con votaciones que diluyen el esquema gobierno/oposición) y aún menos las de fondo, a excepción de algunas electorales, sobre la universidad y contra el crimen organizado. En tanto, el Ejecutivo tramitó con éxito casi 200 normas incluidos varios paquetes de reactivación y 5 delegaciones de facultades de las que salieron 234 decretos legislativos. El Congreso se atrinchera en el control político pero las comisiones investigadoras son juicios mediático-legislativos tocados por el desorden y el adelanto de opinión.

El modelo de cooperación y colaboración ya imperfecto que dispone esta Constitución se ha descosido y hemos retornado a la vieja separación de poderes sin cooperación. El parlamento ha desarrollado una “inteligencia destructiva” porque es lo único que tiene a la mano: inventó el voto ámbar para jaquear a los gabinetes, usa del mecanismo legal de la censura sin interpelación y ha estrenado al ausentismo de bloqueo.

Cierto que se vive estos días el fin de la mayoría nacionalista en el Congreso. Sin embargo, este modelo de Parlamento aislado y reinventado heredará el próximo Jefe de Estado. Como el actual, el próximo Congreso practicará la Ley de la Trivialidad de Parkinson, por la que se dedica a lo menos importante sobre todo porque ya no puede acometer el desafío de lo fundamental, intentando llenar un vacío.

Si la política y la ética deben retornar al Parlamento, es preciso salir del lugar común de los tres dogmas: Congreso malo, bancada mala y parlamentario malo. Si hay algo maligno, son las reglas para la formación de la representación más que el ejercicio de la misma.

Por ejemplo, 77 de los 130 congresistas actuales, un año antes de las elecciones no pertenecían al partido por el que fueron elegidos. Luego, por lo menos 60 de los legisladores son empresarios sin experiencia política, llegados por el dinero y el deseo de movilidad social. No es “malo” tener en el poder a políticos/empresarios pero no es bueno que la mitad de quienes lo ejercen sean empresarios no políticos.

Frente a esto, no hay idea más peregrina que prohibir la reelección congresal. Los mejores parlamentarios, con habilidades y virtudes personales, son los que llevan varios periodos en el cargo. En cambio, otras medidas son sugerentes, como eliminar el cupo de 20% de invitados en las listas y el voto preferencial, hacer obligatorias las elecciones internas,  exigir por lo menos 2 o 3 años de militancia partidaria a los candidatos, que no postulen los actuales congresistas sancionados por la Comisión de Ética, convertir el ejercicio parlamentario como un cargo a dedicación exclusiva, entre otros. Está de moda demoler el Congreso, ok: Ahora, hay que reformarlo con medidas útiles.

La nueva guerra interna

http://larepublica.pe/impresa/opinion/7145-la-nueva-guerra-interna

La República

La mitadmasuno

12 de junio de 2015

Juan De la Puente

La mano dura y violenta como estrategia para enfrentar el delito ha ganado la batalla de las ideas en el Perú. Se ha terminado de formar un nuevo sentido común que demanda privilegiar la fuerza sobre la investigación. La actual bandera de esta causa, el patrullaje militar de los distritos más peligrosos, ondea en la mayoría de los corazones deseosos de acabar con un golpe de mano con la inseguridad ciudadana que ciertamente nos asusta y agrede. El que se opone es, mínimo, un cobarde o blandengue.

No importa que se demuestre, con la realidad comparada de América Latina, que la receta no sirve y que en todos los casos, entiéndase TODOS, la militarización de la lucha contra el delito, incluso el crimen organizado, ha fracasado. El más sangriento ejemplo es el de México, luego de que el Presidente Felipe Calderón, el Presidente de la Guerra, ordenara el 2006 el ingreso de las FFAA a la lucha contra las narcobandas.

Al terminar su mandato, su país tenía 14 grandes cárteles de la droga, 6 más que al inicio de su gobierno, más sensación de inseguridad, varias zonas controladas por grupos criminales que pasaron del narcotráfico a la extorsión, el robo de vehículos y la trata de personas, y todo ello con un costo social escalofriante: 47,500 muertos y pérdidas de por lo menos 1.96% en la tasa de crecimiento promedio anual.

Calderón, el promotor del desastre, ha sido denunciado dos veces por crímenes contra la humanidad ante la Corte Penal Internacional (La Haya), la primera el 2011 por 23 mil ciudadanos y la segunda el 2014 por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH). Por otro lado, ni uno de los ideólogos del baño de sangre mexicano defiende su legado. Ahora callan. Extraño pero comprensible, los valientes de ayer que jugaron con el miedo ciudadano, son los cobardes de hoy.

En nuestro país la maquinaria de la nueva guerra interna se ha echado a andar. Varios alcaldes distritales han solicitado que tanques y soldados armados vigilen las calles, realicen batidas y se ordene un toque de queda. Uno de ellos, el de San Juan de Miraflores, ha levantado a sus vecinos (en vez de organizar comités vecinales, que es lo que le corresponde) que madrugan para estampar su firma para la guerra, recoge adhesiones ante las cámaras de TV y amenaza con llevar su cruzada al Congreso.

Como casi siempre, se replica y presenta como nuevos los modelos que otras sociedades desechan por inviables. En este caso, el re-estreno se realiza por la vía de una operación perezosa, trasladando sin estudio y previsión estratégica la lógica antinarcóticos que ha fracasado en América Latina, es decir el traslado mecánico de la “Guerra contra las drogas” a la “Guerra contra el delito”, militarizando y al mismo tiempo “despolicializando”.

No obstante, no es preciso mirar a México o Centroamérica para saber que en nuestro caso, las FFAA ya experimentan fracasos en la lucha antidrogas. Desde el 2013 poseen el control del VRAEM –y una fuerte presencia desde el 2007– pero esta actividad ilícita está ahí en auge, con más droga producida y transportada, más personas dedicadas al negocio, y más organización y recursos. En cambio, la policía ha tenido un mayor éxito en el Alto Huallaga.

La propuesta distinta a la de la guerra, la que considera que este es un problema de justicia y seguridad y no solo de policías y ladrones, no seduce porque sobre todo tiene escasos promotores y actores. Los responsables de las políticas de seguridad de los últimos años persisten en las recetas reveladas como inviables, de modo que la inercia institucional es la puerta de entrada del discurso de la guerra.

Así las cosas, una parte del país espera elegir el 2016 a quien le prometa meter al país más decididamente a la nueva guerra interna. La mesa está servida para el menú adivinado, la receta perezosa: más y más penas, más cárceles, menos garantías, más gatillo fácil, pena de muerte, juicios sumarísimos y leyes especiales. ¿Alguien dijo trabajo de inteligencia? No.

Juicio mediático y apanado político

http://larepublica.pe/impresa/opinion/5444-juicio-mediatico-y-apanado-político

La República

La mitadmasuno

5 de junio de 2015

Juan De La Puente

El país sobrelleva 10 grandes casos (narcoindultos, López Meneses, Región Áncash, Alejandro Toledo, Orellana Rengifo, Aurelio Pastor, Belaunde Lossio, Nadine Heredia, pañales y Oropeza) en los que fiscales, jueces, congresistas y medios comparten roles procesales.

Es un momento crucial en la lucha contra la corrupción, en la que la prensa juega un rol dinámico en la medida en que investiga, revela, denuncia e informa. Por lo menos en la mitad de los casos señalados, gracias a la prensa se iniciaron investigaciones que han llegado a procesos judiciales.

Como en cualquier otro país, la prensa no se satisface con ese rol y practica con entusiasmo el juicio mediático o paralelo. Este juicio es además amplio, en la medida que al mismo tiempo se juzga a fiscales y jueces.

Nunca tuvimos tanta política judicializada ni tantos juicios politizados, un asunto que no depende solo de la prensa pero que se relaciona con el juicio mediático. Este problema es abordado en varios países con distintas medidas, entre ellas acelerar las causas y transparentar los procesos. En otros, se pretende en cambio ahogar la información; como en España, donde se aprestan a impedir que la prensa difunda imágenes de los detenidos.

En nuestro caso, el problema es mayor porque el juicio mediático peruano es pobre en forma y contenido. La prensa juzga desde las corazonadas, confunde la opinión con el análisis legal; carece de instrumentos y de autorregulación; y se priva conscientemente de reglas aplicables a todos los casos. Aquí dos ejemplos: 1) se afirma que el debido proceso expresado en la Sentencia del Caso Tineo Cabrera (Exp. Nº 00156-2012 del TC) no es aplicable a Alan García o Keiko Fujimori pero sí a cualquier otro político investigado; y 2) los periodistas que condenan con vehemencia la publicación del expediente reservado sobre Nadine Heredia, difundieron centenares de expedientes filtrados de delitos perseguibles por acción pública en los últimos años.

Guiada por la ojeriza al gobierno, una parte de la prensa incurrió en por lo menos tres errores en el caso MBL, sin rectificación hasta ahora: 1) inducido por abogados despistados, insistió en que ante la presencia de MBL en Bolivia la opción correcta era la expulsión y no la extradición, ignorando los cambios a la legislación boliviana en aplicación de una sentencia de la CIDH sobre refugiados; 2) hizo suya sin análisis la sentencia de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema que rechazó el primer pedido de extradición de MBL aduciendo falsamente que el Código Penal Boliviano no sanciona la complicidad en el delito de peculado; y 3) aseguró que Ollanta Humala y Evo Morales fraguaron un plan para sustraer a MBL de la justicia, desmentido por el impecable comportamiento boliviano.

No es posible ni correcto impedir que la prensa informe y opine. Lo ideal sería que siga cada caso y que si decidiese emitir una “sentencia mediática” lo haga con cierto rigor, reseñando pruebas, dando voz a los imputados y motivando la opinión, es decir, desde la verdad y la calidad. Claro que para ello haría falta algo aún más difícil en el contexto peruano: superar la improvisación y el odio, que los reportajes separen lo legal de lo político, y que si se mezclan ambos planos, la opinión política no sustituya la ignorancia de lo jurídico.

No creo como señalan algunos juristas que el juicio mediático sea una disfunción periodística. Creo en cambio que habría que evitar que se convierta en lo que el maestro Luigi Ferrajoli llama una patología judicial, que consiste en que los periodistas simpatizamos con la idea de que el fin no justifica los medios, de lo que se hace eco el modelo garantista de justicia, pero nos mantenemos en una cultura inquisitiva haciendo de cada acusado nuestro, culpable, peligroso y enemigo. Sobre todo si se trata de un acusado que no nos simpatiza, porque de los otros hacemos abandono de expediente. Es el caso, otro ejemplo, del Sr. Lelio Balarezo, ignorado por la mayoría de medios estos días en que nos hemos ocupado tanto de la Primera Dama.