Cazadores de talentos.05/12/2014

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La República

La mitadmasuno

5 de diciembre de 2014

Juan De la Puente

La reciente encuesta de GfK publicada por La República vuelve a indagar por la aprobación de siete líderes, cuatro de los cuales serán sin duda candidatos presidenciales el 2016. Los datos que ofrece el sondeo revelan limitadas capacidades de representación y una reducida plataforma desde donde partirán en una campaña electoral que desde ahora se anuncia con más pasajeros que las anteriores. Las cifras no son un buen punto de partida.

Salvo Luis Castañeda, que aumenta casi 20 puntos de aprobación, explicado por su reciente victoria electoral y las expectativas en su gestión, el resto de líderes conserva casi inalterable la aprobación de los últimos 18 meses. Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski muy por encima del tercio, 43% y 40%, respectivamente; Lourdes Flores, otra excepción, ha descendido del tercio a 27%, en tanto Alan García y Alejandro Toledo se sitúan alrededor del quinto, AGP con el 23% y Toledo con el 17%. GfK ha empezado a medir a César Acuña que obtiene 15%.

Los desagregados de las cifras son interesantes. Castañeda es aprobado de modo homogéneo en los sectores C, D y E, pero ofrece un bajón en los sectores A/B donde cae varios puntos. Sucede otro tanto con Keiko, con 10 puntos menos en A/B pero que sube en el sector D. 

Al contrario, PPK es mucho más aprobado en A/B donde alcanza 51% pero cae en el sector D a 27%; sucede lo mismo con Lourdes que sube a 40% en A/B y baja a 17% en D. En cambio García y Toledo son un tanto más homogéneos en sus aprobaciones; el último solo cae ligeramente en A/B.

Se aprecia también significativas brechas entre Lima y las regiones. Líderes trajinados, dos ex presidentes, García y Toledo, obtienen un respaldo homogéneo en la capital y fuera de ella, y lo mismo sucede con Keiko, premiada por su activismo en las regiones y el efecto de su afán de construir un partido. En cambio, la brecha Lima/Regiones es alta en el caso de Castañeda (21 puntos), PPK (16), Lourdes (13).

La aprobación territorial es mucho más compleja y desafiante. Castañeda es débil en el centro, sur y oriente del país, en tanto Keiko es fuerte en el norte y sur, desmintiendo en su caso el antagonismo sociopolítico de estas zonas, aunque cae en el centro. PPK y Lourdes aparecen con bajas aprobaciones en el sur y en el oriente, mientras que a García le va mejor en el centro y sur, y no en el norte, confirmando la crisis del imaginario aprista del “sólido norte”, territorio donde Acuña trepa al 25%.

Estas cifras reflejan la baja implantación de un liderazgo nacional apto, confirmando lo que las elecciones del 5 de octubre revelaron, es decir, la ausencia de un voto nacional en medio de un país políticamente fragmentado. El análisis que pretendió argumentar que les va mejor a los líderes sin sus partidos debería ser revisado porque salvo en Lima, la suerte de unos está aparejada a la de los otros. Podría decirse que la campaña no ha empezado, aunque esto no cambia el fondo del asunto: salvo Keiko, los candidatos no parecen tener a la mano instrumentos propios para penetrar o regresar a las regiones.

Tampoco suenan liderazgos regionales de proyección nacional. El que está en lisa, Acuña, ha dicho que no postulará a la presidencia, y solo se rumora la del actual Presidente de la Región Moquegua, Martín Vizcarra, de modo que como en el pasado los líderes nacionales irán a la caza de los votos en las regiones con la cooptación de movimientos regionales y candidatos independientes, fagocitando al ya débil regionalismo.

Con el único “sólido” capitalino, esta caza será crucial y riesgosa; el reclutamiento de líderes regionales por líderes limeños tiene historia en los tres últimos parlamentos, cuando la mayoría de los pillados en falta fueron producto de arreglos políticos y financieros para vestir nacionalmente candidaturas capitalinas. En cualquier caso, este mecanismo de nacionalizar lo limeño tiene como consecuencias gobiernos débiles y parlamentos fragmentados que no logran representar o que pierden con rapidez la legitimidad de la representación.

¿Quién se ocupa de las crisis?

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La República

La mitadmasuno

21 de noviembre de 2014

Juan De la Puente

Los afanes por reformar las instituciones están experimentando un brusco impulso porque el objeto del cambio se amplía y se complejiza, y se hace por ahora más inaccesible. El grupo de temas “reformables” en los cuales sobresalían las reglas electorales, los partidos y la representación empieza a ser desbordado por un desafío mayor, la crisis de instituciones que se ubican en la segunda línea de importancia en el régimen político, la de los organismos constitucionalmente autónomos.
La elección de los miembros del Tribunal Constitucional coloca a ese organismo en una dirección de fortalecimiento institucional que parece prometedora. En cambio, la situación de la Contraloría, el Ministerio Público y el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) empeora. Sobre ellas, el sistema guarda silencio y no ha podido instalar una lógica de cambio, aún mínima.
Sobre la Contraloría el asunto es aparentemente más sencillo. Su problema es la debilidad que el estallido de la corrupción ha desnudado y se refiere principalmente al alcance del control y al trámite judicial de los hallazgos de corrupción. El mismo contralor ha revelado que en el 78% de las entidades públicas no se realiza ningún tipo de fiscalización por la falta de Oficinas de Control Interno (OCI) y que la situación se agrava en las regiones donde solo el 4% de entidades cuenta con estas oficinas.
Somos un país sin control; este elemento estructural no es atendido por los dos organismos directamente relacionados con esta escasez, el Ejecutivo y el Congreso. En este último caso, el Parlamento ha aprobado solo 3 de los 10 proyectos de ley presentados por la Contraloría desde el 2011.
La crisis del Ministerio Público es la más aguda de todas. Esta podría conducir a que el Fiscal de la Nación sea retirado del cargo por el Congreso o por el CNM, aunque el problema es más complejo: la institución ha sido impactada por prácticas ilegales, arriba, al medio y abajo, aderezadas por movimientos extraños, es decir, sanciones a los que cumplen su trabajo, complacencia con  los que han cruzado la línea en dirección a las redes ilegales y cambios de colocación mal explicados.
Una reforma del Ministerio Público que defienda su reserva moral y erradique sus prácticas cuestionadas no será posible por ahora porque la única institución llamada a promoverla, el Parlamento, no puede hacer más de lo que ha hecho. Las comisiones investigadoras en funciones o las que se formarán en breve solo se abocarán a casos específicos porque en el Legislativo no hay ni habrá una mayoría dispuesta a encarar un cambio serio en ese organismo.
La crisis en el CNM es inocultable y pierde con celeridad su cuota de legitimidad al compás de sus líos internos y escandalosos episodios. Lo más grave reside en la creciente convicción de que el CNM es un canal de contagio de la corrupción. Solo habría que leer con atención las detalladas crónicas de Ricardo Uceda publicadas en este diario para saber que algo feo se cocina allí y que se seguirá cocinando.
La salida a estas crisis está bloqueada porque los llamados a resolverla no están a la altura de las circunstancias. En lo que queda para las elecciones del 2016 la situación se agravará y es difícil imaginarse el grado de su impacto en la agenda electoral de ese año. No obstante, como ha sucedido con las demandas de cambio a inicio de la década pasada, existen pocas posibilidades de que “alguien” se haga cargo de estas instituciones cuyas funciones son cruciales para anular los actos de uno y otro lado, entregar derechos a pesar de no participar en el juego de balance político y establecer controles y mecanismos correctivos para los otros elementos del sistema.
Con el telón de fondo de la corrupción, de la ofensiva del crimen organizado y sumando la larga crisis del Poder Judicial y de otras instituciones, la democracia que se renovará el 2016 será de muy baja intensidad y más destartalada que la de este período. El escaso clima de cambios actual no roza el ámbito institucional. En este país y por ahora nadie se ocupa de las crisis.

Impacto profundo y fecundo

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La República

La mitadmasuno

14 de noviembre de 2014

Juan De la Puente

Para la sociedad peruana, el crimen y la corrupción ya no tienen largo plazo. Todo se juega ahora. Por ello, es significativo que tres de los ocho temas de CADE 2014 que se realiza esta semana sean precisamente crimen, corrupción y administración de justicia. La irrupción de esta triada en la agenda de un evento generalmente enfocado a los desafíos inmediatos del mercado, revela el impacto social del actual estallido del delito violento y de la corrupción o, realistamente, envía el mensaje de que estos temas ya son desafíos urgentes de la empresa y los negocios, y que el largo plazo está aquí.
Sobre el crimen, el interés va más allá del incremento del costo de seguridad, un efecto que las grandes corporaciones pueden asumir. En cambio, los ejecutivos son víctimas de extorsión y secuestro, y forman parte de los altos índices de percepción de inseguridad. En tanto, el delito impacta sobre realidades más allá del mercado, como el empleo y el consumo, y en actividades económicas como el turismo. De hecho, la seguridad ya es una contingencia tributaria deducible de acuerdo con lo dispuesto en la Ley del Impuesto a la Renta.
No existe un estudio riguroso de lo que le cuesta la inseguridad al país –CONASEC lo situó el 2010 en 20% del PBI, 10 puntos más que Honduras– aunque en A. Latina se sitúa entre 3% y 5% promedio. En cambio, ya está claro que la receta anticrimen desde la empresa con el modelo “amigos de la policía” que aportan vehículos y logística ha llegado a su fin. También parece haber arribado a un punto crítico la privatización de la seguridad, que ha empezado a chocar con el Estado y de qué manera. Gino Costa apuntaba hace poco (EC 20/10/2014) que en el Perú no es aguda la falta de policías sino que estos han dejado el servicio público y se dedican la mayor parte del tiempo a servir a particulares.
Sobre la corrupción, estamos ante el inicio de un cambio, aunque ya se registran algunas buenas noticias. A iniciativa de la Comisión Nacional Anticorrupción (CAN), en abril del año pasado, 77 empresas del sector farmacéutico (ahora son más de 96), suscribieron el Compromiso por la Integridad entre el sector Salud y la industria farmacéutica, obligándose a no concertar precios para ganar contrataciones públicas, no presentar información falsa, denunciar a los empleados que cometan actos ilícitos y no entregar obsequios a los servidores del Estado. Luego, en octubre del mismo año, 17 grandes empresas se comprometieron con la erradicación del trabajo infantil.
El interés empresarial por la corrupción conduce tanto hacia los servidores públicos corruptos como a los privados corruptores, una realidad que en el estallido de estos meses presenta incompleta, ocultando a los segundos. En ese afán, el lobby y el soborno son pendientes que exigen de decisiones sobre las que es preciso recordar antecedentes: el 2007, la Sociedad de Minería y Petróleo expulsó de sus filas a la minera Casapalca por malas prácticas e incumplimiento de compromisos ambientales, laborales y de seguridad; y el 2010 hizo lo propio con Doe Run de La Oroya por faltar a sus compromisos ambientales y a sus obligaciones con sus trabajadores y acreedores.
Ahora, cuando se exige a los partidos echar a los corruptos de sus filas, es legítimo pedir a los gremios empresariales hacer lo propio con sus miembros que usan del lobby ilegal o el soborno a los servidores públicos o suspender la membresía de las empresas objeto de investigación por estas prácticas. Para los efectos, la responsabilidad social es la misma.
Los gremios empresariales deberían respaldar la iniciativa de ley (Proyecto N° 03914) de Solidaridad Nacional para sancionar penalmente a quien realiza actos de gestión de intereses privados ante el Estado sin estar inscrito como gestor. Por lo mismo, no se entiende la oposición empresarial al proyecto de Yehude Simon (Proyecto N° 0385) que pretende sancionar penalmente a las empresas comprometidas con la corrupción con la clausura temporal o definitiva de sus locales, la suspensión de actividades, la prohibición de realizar ciertos actos, la disolución o la multa.

La epidemia de la violencia

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La República

La mitadmasuno

7 de noviembre de 2014

Juan De la Puente

Las elecciones del año 2016 las podrá ganar quien sea más provocador y sugestivo en sus propuestas para encarar el principal problema del país, la inseguridad. Las cosas han llegado a un punto en el que el país parece preparado para una oferta de mano dura contra y lo que esto acarrea: penas más elevadas, la pena de muerte inclusive; juicios sumarios; patrullaje militar; más cárceles y menos beneficios penitenciarios; y menos miramientos contra los delincuentes y con los que parecen serlo, aunque al final no lo sean.
La mano dura y el gatillo fácil ya están aquí a pesar de su fracaso en varios países de la región; la Ley N° 30151, que modifica el Código Penal eximiendo de toda responsabilidad a los policías y militares que den muerte a terceros en acción de servicio, es la prueba de hiel; por ello, la reacción nacional ante el asesinato de Fidel Flores en Cajamarca indica que hay esperanzas de una salida distinta, la de un pacto nacional para encarar esta crisis de seguridad y evitar deslizarnos en el delito sobre el delito y la muerte sobre la muerte.
Luego de la crisis económica y del terrorismo, es la tercera crisis de envergadura que afecta al país en los últimos 50 años. Lamentablemente, no es tratada como tal sino como un hito delicado o un desajuste legal. Un dato puede ilustrar el frenesí legalista ante el delito: el Código Penal ha sido modificado 577 veces desde que se promulgara el año 1991, según un informe de Gaceta Jurídica publicado en febrero de este año.
Esta crisis tampoco ha sido suficientemente estudiada, salvo los trabajos de las ONG Ciudad Nuestra e IDL y de la Defensoría del Pueblo; los especialistas son escasos, en su mayoría oficiales retirados de la policía y pocos académicos agrupados en el colectivo Gobernabilidad Democrática y Seguridad Ciudadana. Del mismo modo, hasta hace poco la información con la que se contaba era dispersa y contradictoria, de modo que la creación del Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad (CEIC) es un paso importante.
Un pacto por la seguridad se justifica en el hecho de que esta crisis no es del gobierno sino del Estado, y es cada vez menor el papel de la policía en su eficaz control, por el traslado de responsabilidades hacia el Poder Judicial, la fiscalía, las autoridades penitenciarias, los municipios y las regiones. Esta parte del problema sufre una reducción conceptual que debería ser resuelta para adoptar una política integral. Discuto que para el efecto sea útil atrincherarse en el concepto de “seguridad ciudadana” y creo que sería más útil empezar a tratar con un universo distinto: seguridad, violencia común y política criminal.
El recorte conceptual opera en varios ángulos de esta crisis. Por ejemplo, mientras más pretendamos negar que el auge del delito en el Perú se relaciona con el crecimiento económico, la persistencia de la desigualdad y el desarraigo social, y lo situamos estrictamente en el cumplimiento de la ley, estaremos cerca del problema pero no centrados en sus raíces. La data regional podría servir para ilustrarnos: en A. Latina, uno de cada tres internos en cárceles abandonó el hogar familiar antes de los 15 años, en Chile uno de cada dos, y entre un 13% (Argentina) y un 27% (El Salvador), nunca conocieron a su padre o madre.
Durante este gobierno una vez se tocó el problema de modo integral, ocurrió en el premierato de Juan Jiménez Mayor y cuando en Interior estaba Wilfredo Pedraza y en Justicia Eda Rivas. En ese momento se propuso al Congreso un paquete de normas sobre crimen organizado, se inició el equipamiento de la PNP y se crearon algunas superintendencias y el Consejo Nacional de Política Criminal (CONAPOC).
No es malo que la opinión pública asuma que la epidemia de la violencia viene acompañada de la corrupción política y que en gran medida depende de ella, una tendencia en la que el incremento de los delitos y la disminución de los juzgamientos y del castigo generan una forma de crimen aspiracional trasladado a la cosa pública. Una razón más para la reforma de las instituciones y de la representación.

Matar a Susana, aquí y ahora

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La República

La mitadmasuno

31 de octubre de 2014

Juan De la Puente

Las izquierdas procesan con dificultad el resultado electoral. La primera reacción ha sido crucificar a Susana Villarán acusándola de crímenes de lesa política, que irían desde la apertura a otras tiendas y sectores, hasta de una supuesta abjuración de su identidad. Este deleite cainita no debería impedir un balance menos familiar de las elecciones y leer  entrelíneas algunos análisis, sobre todo los que se reducen a las elecciones en Lima, los que ocultan el fracaso de la izquierda partidaria en las regiones o los que minimizan la pérdida de un voto nacional en favor de la izquierda.
Matar a Susana aquí y ahora además de injusto no resuelve nada. En Lima, la derrota es más que una pérdida electoral; refleja dos hechos que serán relevantes de cara al 2016: 1) la derrota de la unidad, una esperanza en un momento crucial de nuestra democracia, precaria y enfrentada al cambio; y 2) la pérdida de un caudal de votos imprescindibles para re-construir una alternativa.
Es cierto que Villarán cometió errores aunque entre estos no se encuentra el esfuerzo de apertura, un gesto que ningún candidato en el Perú podría darse el lujo de subestimar; fueron más bien errores en la ejecución de la apertura, especialmente en la relación con determinados actores. El resto de grupos se fueron por las ramas, desbarrando entre el pragmatismo y el tradicional apuro que deviene de un histórico desorden.
Mientras Alianza para el Progreso (APP) se presentó en 23 regiones, el fujimorismo en 18, y Acción Popular en 16, el Frente Amplio se presentó en 11, el mismo número que el Apra. En donde el Frente Amplio (FA) participó no le fue bien; en Lima, su mejor resultado fue en Ancón (1,22%) y en las regiones, en Lambayeque (2,65%). En algunos casos, como en el Cusco, Puno y Moquegua, el FA se emplazó contra la izquierda regional solo para ser derrotado. Por ejemplo, en Chota, el MAS le ganó al Frente Amplio 42% a 0,7% y en el Cusco Tierra y Libertad obtuvo poco más de 5%.
La limeñización de las izquierdas partidarias es una realidad y el Frente Amplio está prácticamente muerto en tanto que su grupo más organizado, Patria Roja, ha obtenido sus mejores resultados fuera de ella, en Cajamarca y en Madre de Dios. De cara al 2016 se hace patente un derrotero cuyo ritmo será marcado por la agrupación propietaria de la única inscripción electoral; el esquema aprendido en los últimos 35 años está dibujado: una azarosa negociación de pequeñas cúpulas que reciben el nombre de “nacionales” de espaldas a miles de militantes sin partidos y de la izquierda extrapartidaria, que parirá un espacio estrecho resistente a la apertura.
En las izquierdas escasea el liderazgo, ese componente crucial de cualquier proceso de agregación de actores políticos. No obstante, el problema no parece ser solo de perfil e identidad sino también de proyecto. Lo que hace dos años aparecía como una izquierda nueva, innovada por un programa ambiental y reformador institucional, y que iría a estrenarse en estas elecciones, ha tenido poca fortuna y ha sido derrotada en casi todas las plazas donde se procesan conflictos de naturaleza extractiva.
Es tarde para un modelo de unidad tipo Frente Amplio; la fórmula ya no es posible y quizás ni necesaria. Como en otros países, la izquierda existe y ha sido resistente a la prédica depredadora de la derecha y sobrevive a sus propios errores; no obstante, está cada vez menos presente en los partidos y más en la sociedad, en una suerte de dualidad que debería ser asumida, una izquierda partidaria y otra social/regional.
De cara al futuro la interrogante reside en la capacidad de esa maltrecha izquierda partidaria para relacionarse con la izquierda social/regional sin intentar ponerse primero en la fila sino animar una gran convergencia con vocación de apertura. Lamentablemente, sus líderes todavía están ocupados matando a Susana y con un discurso que va en sentido contrario. Es curioso: izquierdas que celebran la apertura de sus pares en Brasil, Uruguay y Bolivia pero que consideran que su deber aquí es enconcharse.

Los demonios del centro

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La República

La mitadmasuno

24 de octubre de 2014

Juan De la Puente

La primera reacción gruesa al resultado electoral del 5 de octubre la ha tenido Alan García, quien se ha planteado un tentador derrotero: 1) la formación de un frente por el que sea candidato; 2) que el gobierno del 2016 no sea “de un partido”; y 3) que las elecciones del 2016 sirvan para “consolidar y salvar la política”.

Salvo el Frente Democrático Nacional de 1945 y la alianza AP-DC de 1963, los frentes preelectorales en el Perú no tuvieron la fortuna de ganar la Presidencia de la República (Fredemo 1990, IU 1985, Unidad Nacional 2001 y 2006, Frente de Centro 2006 y Perú Posible-AP-Somos Perú 2011), resultados que llevan a la presunción de que los frentes no conducen a una progresión aritmética, no suman sino restan. Otras alianzas permitieron juegos menores como el Apra-Uno en los años 60 o Izquierda Unida en 1983. En cambio, nuestra cultura política es más propicia para alianzas menos expresas (la convivencia Apra-Pradismo 1956/1962 y Apra-Fujimorismo en el Congreso 2006-2011) o pactos postelectorales (AP-PPC 1980/1984, PP-FIM 2001/2006 y el actual PP-Nacionalismo).

Es difícil que esta tendencia se altere el 2016; las posibilidades del Apra de formar un frente con partidos nacionales de cierto peso están casi cerradas, a excepción de Solidaridad Nacional. Asimismo, un pacto Apra-PPC es muy sugerente (Lourdes Flores lo hace muy seductor, al ritmo del alcatraz, ¡a que no me quemas!), pero poco viable más por el antiaprismo pepecista que por la falta de apertura del partido de Haya.

El modelo de frente que intentan García y el Apra parece ya estar dibujado y se orienta hacia abajo. En las recientes elecciones, el aprismo ha procesado una apertura regional, la única entre los partidos nacionales, con la formación de frentes con interesantes resultados: Alianza Popular (Cusco) obtuvo 10%; Paisanocuna (Huánuco) 10,5%; Juntos por Junín (Junín) 14,5%; Seguridad y Prosperidad (Piura) 18%; y Patria Joven (Lima Provincias) 14%. Es cierto que también ha perdido por 10 puntos en La Libertad (33%) y por 14 en Lambayeque (19%) pero ha obtenido 900 mil votos en Lima, que no son solo suyos pero que García ha empezado a degustar sin invitar a nadie. En el Callao ha formado una alianza omisiva, dejando que postulen los candidatos de Chim Pum Callao en la idea de que este grupo se sume al Apra el 2016.

Ese modelo de alianzas hacia abajo tiene demonios a ser encarados; obliga a un movimiento hacia el centro, el único espacio que le permitiría a García llegar a la segunda vuelta y ganarle a otra posible inquilina de esa ronda, Keiko Fujimori. No obstante, ese espacio tiene leyes propias porque no todo centro es atractivo electoralmente y porque como apunta Juan Carlos Tafur (Exitosa Diario 19/10) el ciclo de los centros inactivos, solo moderados, parece estar llegando a su fin.

La moderación activa es una opción interesante de cara al 2016, es decir, un centro reformista, audaz y de convocatoria social. García parece haber advertido ello y por eso junto a la idea del frente ha lanzado dos añadidos, un gobierno que no descanse en un partido y que salve a la política. Allí sí se complican las cosas porque las evidencias indican que no será posible salvar a la política debilitando más la participación de los partidos en el juego electoral. La que viene será una elección en la que los partidos no elegirán a sus candidatos sino los candidatos elegirán a sus partidos, pero todo tiene sus límites.

El más grande desafío de un frente centrista es la identidad; el centro es un programa, un discurso y una actitud, y no parece viable uno de cara a las regiones y provincias con un pie en la derecha, esa que no entiende ni una pizca de lo que pasa fuera de Lima. No obstante lo dicho, en este momento el único candidato presidencial que puede intentar esta ubicación es García, que ha empezado a moverse y a hablarle al país, mientras la izquierda, el PPC y AP les siguen hablando a sus militantes y el fujimorismo achica su cancha enredado en una pugna explosiva con el gobierno que con inteligencia el Apra atiza sin quemarse.

Ahora todos somos reformistas

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La República

La mitadmasuno

17 de octubre de 2014

Juan De la Puente

El reciente resultado electoral ha puesto de moda dos palabras, antisistema y reforma; la primera, de uso común para explicar incluso fenómenos irreconocibles, y la segunda para resumir la necesidad de cambios en las reglas de organización de la política, especialmente en la formación de la representación y en su ejercicio. De pronto, desde los medios y la empresa se registran llamados insistentes a la reforma política y hasta la academia, mayoritariamente escéptica, se ha unido a la demanda. En los partidos hay menos resistencia aunque las frágiles militancias se vuelcan a favor de cambios que reviertan la larga agonía de sus organizaciones.

De pronto todos somos reformistas, o casi todos, y se suceden anuncios de inminentes cambios a ser aprobados en el Congreso. No obstante, se mencionan modificaciones muy parciales que, de ser adoptadas, no implicarían un quiebre de lo conocido hasta ahora u otros que agravarían la situación que se pretende conjurar.

Algunos ejemplos: si se aprobara solo viabilizar el financiamiento público sin que se haga vinculante la rendición de cuentas y sin fortalecer la democracia interna, se tendría una inyección de recursos a los grupos políticos, generando cúpulas partidarias plutocráticas invencibles; o si se aprobara la eliminación del voto preferencial sin garantizar la presencia de género, se tendría un retorno a la práctica supresión de la participación de las mujeres en las listas para cargos de elección popular; o si se suprimiera legalmente a los partidos regionales, se tendría una suerte de partidos nacionales atravesados por el autonomismo regional.

Algunos rasgos de esa reforma que nos puede conducir a mayores frustraciones se observan en declaraciones, proyectos de ley y dictámenes elaborados desde el año pasado: 1) cerrar el sistema actual, elevando a 800 mil el número de firmas para la legalización de nuevos partidos bajo la premisa de que el problema reside en el número de partidos; 2) centrar los cambios en el ejercicio de la representación, olvidando la formación de la representación, es decir, cómo se nombra un candidato; 3) reducir los controles públicos de las finanzas partidarias; y 4) establecer garantías para las dirigencias sin estimular la participación de los afiliados, su reclutamiento y registro.

En esa dirección se aprecia en el Congreso la voluntad de realizar cambios sin tomar en consideración el proyecto de nueva Ley de Partidos Políticos presentado en diciembre pasado por el JNE, la ONPE y el RENIEC, y los proyectos de Código Electoral y Código Procesal Electoral propuesto el 2011, que los organismos electorales consensuan. Lo peor que podría pasar es que la demanda de reforma termine en contrarreforma.

La anotación de problemas a abordar no deja de ser sugerente para encarar la crisis de legitimidad partidaria: la corrosión del voto preferencial, el financiamiento ilegal, la supresión de la democracia interna, el emprendimiento partidario ultrapersonalizado, la condición vitalicia de los dirigentes fundadores, la falta de elecciones internas, el fichaje de independientes con dinero, los partidos vientre de alquiler, entre otros.

No obstante, sería conveniente precisar los alcances y límites de los cambios para evitar los errores de hace una década que en el caso de la Ley de Partidos consolidaron un movimiento de apertura en falso iniciado por la Constitución de 1993. El debate sobre cuánto debe abrirse o cerrarse el sistema no es malo en la medida en que se tenga un consenso en los principios de la reforma.

Algunos de estos podrían ser: 1) el incremento de la participación ciudadana en los partidos, es decir, una reforma pro ciudadano y no solo pro partido; 2) en lo posible, la superación de la antipolítica garantizando un sistema con elecciones internas organizadas por los organismos electorales, poniendo fin al independentismo político; 3) el establecimiento de una formalidad partidaria nacional y regional, contra la emergencia informal; y 4) reducir en lo posible la fuerza del dinero como principal organizador de la política.

El voto que no me gusta

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La República

La mitadmasuno

10 de octubre de 2014

Juan De la Puente

En el Perú, el voto que el establishment no entiende o que no le gusta termina siendo contestatario o ignorante; de ese modo el país está formateado antes de cada elección, sin posibilidades de interpretación de los resultados: 1) el voto por los partidos es en favor del sistema; 2) el voto por los movimientos regionales es antilimeño y antisistema; y 3) el voto por la izquierda es ignorante y “atrasador” del desarrollo.

Es absurdo apreciar los resultados solo por la identidad de los candidatos. Este software, compatible para analistas de izquierda y derecha, gira en torno a un eje: que el voto está condenado desde hace 14 años a aceptar o negar el sistema, una aplicación cerrada que no permite opciones de sufragio como: 1) aceptar el modelo económico pero rechazar el modelo político; 2) aceptar las reglas políticas pero pugnar por innovar las de la economía; 3) re-construir ambos modelos desde el espacio regional/local; 4) premiar o castigar a líderes y autoridades; 5) respaldar o reconocer promesas de interés personal o dádivas del candidato; y 6) honrar lealtades políticas y principios éticos.

Sostengo que en la reciente elección se ha relativizado el clásico voto antisistema, que aún puede apreciarse en Cajamarca, Moquegua, Puno y Cusco, donde varias listas en cada caso recabaron entre el 40 y 60% de votos, y en menor medida en Junín, Apurímac y Huancavelica, donde abarcaron entre el 30 y 40%. En cambio, no me imagino que el voto por Waldo Ríos (Áncash) se oponga al sistema, o el de Gilmer Horna (Amazonas), Jaime Rodríguez (Moquegua), Wilfredo Oscorima (Ayacucho), Luis Picón (Huánuco), César Acuña (La Libertad) e Yván Vásquez (Loreto), entre otros. Eso sí, el voto por Rudecindo Vega (Amazonas) fue explícito contra la corrupción, al igual que el de Rubén Alva (Huánuco) y Fernando Meléndez (Loreto).

También es razonable sostener que la idea de un desarrollo regional abierto y no contra el modelo económico, aunque con críticas a lo político, haya recabado votos para Reynaldo Hilbk y Jhony Peralta (Piura), Javier Ísmodes (Arequipa) Omar Jiménez y Fernando Martorell (Tacna), José Murgia (La Libertad) y Fernando Cilloniz (Ica), entre otros.

El inmenso saco del voto antisistema no sirve para apreciar las nuevas identidades ciudadanas. Por ejemplo, impide identificar un voto consciente contra la ley o voto informal/ilegal en zonas que han desafiado a la política desde la política, como el que expresan Waldo Ríos (Áncash), Luis Otsuka (Madre de Dios), Manuel Gambini (Ucayali) y Walter Aduviri (Puno) y en centenares de distritos y provincias.

No es racional juntar la crítica política, el rechazo económico, los proyectos ilegales y los emprendimientos mafiosos, si en gran parte del país la fragmentación electoral no obedeció al grado de confrontación con Lima o el sistema (que no tuvieron defensores) sino al ajuste local de cuentas. De otro modo, el radicalismo político en sus vertientes de derecha o izquierda habría ganado más plazas electorales.

A pesar de ello, el país conservador está escandalizado y les atribuye a los resultados un sentido que se bate en retirada, un análisis básico en la línea del voto irracional contra las máquinas y el progreso. Otra ruta de análisis aparentemente progresista recupera la idea del voto de protesta convirtiéndolo equivocadamente en dominante.

Es preciso dejar de ver bajo cada piedra un líder o un proyecto antisistema y apreciar otros fenómenos en sus efectos inmediatos. Contra lo señalado en los análisis inmediatistas, las elecciones envían un mensaje directo: que el debilitamiento extremo de los partidos acompaña la pérdida de la identidad regional y municipal que apareció en la década pasada como respuesta a los partidos nacionales. Salvo excepciones, los nuevos actores difieren de los anteriores que exhibían peso propio, prestigio y programa; en cambio los que irrumpen en la escena son en abrumadora mayoría propietarios de maquinarias financieras y escasos escrúpulos, es decir, un regionalismo político pobre y atrasado.

La política ya fue (I, II, III, IV, V y final)

Esta es una serie de seis artículos publicados en el diario La República con el título de La política ya fue, entre el 29 de agosto y el 3 de octubre de 2014, sobre la crisis política del país y la necesidad de una reforma.

La política ya fue (I)
La República

La mitadmasuno

29 de agosto de 2014

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/la-politica-ya-fue-i-29-08-2014

La política peruana está embotada de palabras y de gestos. Se encuentra igualmente adormecida y ahogada; mientras el mundo, a decir de Giovanni Sartori, experimenta una expansión de la política porque se hace más grande y se politiza, en nuestro medio se acorta, en un proceso que amenaza con diluirla aún más en todas sus acepciones, es decir, la política como gobierno, poder, vocación humana o sistema de organización de lo público.

La mayoría de las críticas de la oposición en el reciente debate por el voto de confianza al gabinete resume una obsesión por la minucia, por los pequeñísimos asuntos y por los grandes olvidos. Esperé una crítica profunda al gobierno pero pocas veces vi a tantos hablando tanto y callando tanto. Algunos abordaron problemas serios aunque como pedazos, sin conexión con el todo y solo se pudo apreciar uno o dos juicios certeros sobre lo que debería estar en juego. Fue penoso, por ejemplo, que quienes enjuagaron el sistema privado de pensiones los últimos 20 años reduzcan su ira al aporte obligatorio de los independientes, el pedazo, y guarden silencio sobre el modelo, el todo. La defensa del gobierno ha sido igualmente lamentable, fijada exclusivamente en la estabilidad, la obra pública y el honor y la valentía.

Es frecuente que los partidos lleven a cabo movimientos tácticos sin estrategia o que posean estrategia pero carezcan de táctica. Pero es poco frecuente que carezcan de ambas cosas, lo que se aprecia en esta etapa signada por movimientos erráticos, duales y plenos de confusión, escondidos en ese lenguaje populista y sobreactuado que ha impregnado a todas las tendencias.

La disputa política ha dejado de ser una confrontación de grandes proyectos y es en cambio una pelea de enanos desorientados; y cuando los partidos no saben qué hacer tenemos una señal inequívoca de crisis y de que otros sí saben lo que quieren y lo que hacen. Es la superficie de fenómenos de creciente visibilidad, como que la oposición partidaria es más débil que el gobierno, que los fuertes son otros, es decir, los que cortan el jamón desde los medios y los grandes poderes económicos (coincido en ello con Carlos Meléndez), y que en la polarización actual solo está en juego la autoridad y no el poder.

En medio de este proceso de cara al vacío la única discusión que parece prometedora es la de los “cornejoleaks”, que pone sobre la mesa la naturaleza de un nuevo poder constituyente, una voluntad particular que ha logrado subordinar con éxito la voluntad general. Este escándalo ha mostrado sus mecanismos oscuros y sus operadores elegantes, las salas paralelas de decisión y los comités de notables, un modelo de distribución de competencias sociales que no está agotado aunque haya sido pillado en falta. Es fuerte y tiene por delante otro cuarto de siglo de vida.

Sin embargo, hasta en este delicado tema no está en juego el problema de fondo. La mayor parte de los actores públicos están dispuestos a cuestionar a un par de ministros (pensar que por menos Rómulo León se fue preso varios años), pero no el sistema de cooptación privada del Estado, la semilla que se vuelve fruto y nuevamente semilla cada cinco años.

Una parte de la academia anota que este proceso es hasta cierto punto natural, que el remplazo en el ejercicio del poder es consecuencia del desplazamiento del espacio tradicional de la política, y que lo sucedido no es una patología sino una evolución. No obstante, nuestra despolitización de la política es más seria de lo que se pensaba; es la más pronunciada de la región y es probable que el origen se encuentre en lo que Max Weber llamó la entrega del poder a plutócratas que carecen de legitimidad democrática.

La sociedad carece por ahora de fuerzas y mecanismos para recuperar la política; para salvarla de los actuales políticos hace falta más que elecciones; se requiere un vigoroso movimiento de reforma que todavía está en pañales. En tanto, la sociedad se ilusiona con un outsider que está por venir. Yo, espero un político (a).

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La política ya fue (II)
La República

La mitadmasuno

5 de setiembre de 2014

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/la-politica-ya-fue-ii-05-09-2014

Hace por lo menos 20 años los medios peruanos les arrebataron el protagonismo de la política a los políticos y dejaron de intermediar los programas partidarios para convertirse, ellos mismos, en los hacedores de agendas y alternativas. No lo han hecho solos; este fenómeno formó parte de un descollante proceso de democratización de la opinión pública gracias a la ampliación de las formas de comunicación. Este proceso global ha sido en nuestro caso más rápido y con menos trabas a razón de la debilidad de los partidos, el cóctel explosivo de la crisis económica y la violencia política, y la fuerza de los poderes extralegales.

El balance de la politización de la prensa es complejo, especialmente porque esta no opera como un todo aunque proyecte tendencias generales sobre elementos claves de lo público, como la rendición de cuentas (los políticos les rinden cuentas a los medios más que a los ciudadanos), la denuncia de la corrupción pública, solo de la pública ¿eh?, y la defensa del mercado. No obstante, un dato común a todos es que los medios son objeto de crítica social con una intensidad parecida a la de los políticos, especialmente por su lejanía de la realidad, su entrega menos disimulada a los intereses económicos, su toma de posición partidaria, y el desinterés por sentidas expectativas ciudadanas.

Manuel Castells refuta con acierto el mito de que los medios son el poder y sostiene que son a lo sumo el espacio donde se juega el poder, y que se acrecienta el peso de un contrapoder ciudadano que impulsa una pluralidad informativa de abajo hacia arriba.

Esto se aplica al caso peruano con rigurosidad. Nuestra prensa vive también su crisis política marcada por el agotamiento de procedimientos y actores. Es presionada por los ciudadanos para abocarse a temas que desean eludir por sus compromisos económicos, específicamente los referidos al medio ambiente y a los que reclaman los consumidores y usuarios de servicios. Al mismo tiempo, al grupo de medios que navegan entre el ultraliberalismo y el mercantilismo les es cada vez más difícil operar como partidos y jugar como las últimas dos décadas a medio camino entre la política y los negocios, aunque más cercanos a los segundos.

Los dos perfiles que sobresalen en este escenario, el investigador y el llamado “opinólogo”, son insuficientes para renovar la política mediática. La prensa denuncia más pero investiga menos, las unidades de investigación se están desactivando en tanto se fortalecen otras modalidades que desentrañan la verdad, como el periodismo de datos, pero fuera de los medios tradicionales. Del mismo modo, a pesar de que el “opinólogo” ha ganado más espacio, y escribe más y habla más, también calla más sobre los temas de fondo y, claro, analiza menos; por ejemplo, es común que el “opinólogo” cuestione a los medios que se alinean con los gobiernos pero no a los medios que se alinean con los intereses económicos que presionan a los gobiernos, o que es más importante que Nadine Heredia no ejerza un poder para el que no fue elegida, que ese mismo poder sea ejercido por una coalición de medios y empresas que tampoco han sido elegidos para ello.

No parece haber futuro para la renovación y reforma de la política como un tópico trascendental de los medios porque sus sentidos comunes, salvo excepciones, son persistentes e inamovibles. De algún modo ellos también hacen política desde la antipolítica: subestiman a los partidos, adulan a los independientes, juegan en pared con los poderes fácticos, promueven soluciones antidemocráticas y violatorias de DDHH ante la inseguridad ciudadana, abogan por el voto preferencial y en contra de la reforma política, y desconfían de la descentralización.

En el mediano plazo será imposible que la prensa se renueve y lleve a cabo un giro en la dirección, por ejemplo, del periodismo anglosajón, es decir, prudencia informativa, autonomía de los poderes fácticos, distancia del poder político, independencia económica y separación de lo editorial y lo empresarial.

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La política ya fue (III)

La República
La mitadmasuno

12 de setiembre de 2014

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/la-politica-ya-fue-iii-12-09-2014

No es posible construir un régimen político democrático si 4 de cada 10 ciudadanos, de acuerdo con la reciente encuesta de Datum, está dispuesto a votar por un político que “roba pero hace obra”. No es un humor pasajero; una encuesta de Ipsos-Apoyo de diciembre del 2009 encontró que el 47% de los encuestados estaba de acuerdo con que los escuadrones de la muerte ejecuten a los probables delincuentes.

Las explicaciones más comedidas aducen que este temperamento de la sociedad es responsabilidad de las élites que no han educado adecuadamente el pueblo, el soberano, o que refleja su decepción racional respecto de políticos e instituciones. Ambas me parecen engañosas y cobardes, y que forman parte de la adulación al pueblo que escenifican  políticos, periodistas y académicos, sea para ganar votos, audiencia o por no ir contra la corriente.

La sociedad civil no es ni nunca fue una masa inerme y desorientada a la espera de panaderos sociales que la moldeen y cocinen a fuego lento. Hasta las más opacas definiciones reconocen su autonomía y el dinamismo que la atraviesa; las más avanzadas consideran que es una esfera de interacción intensa compuesta por espacios íntimos, asociaciones voluntarias, movimientos sociales y formas de comunicación pública (Arato y Cohen), de modo que si dejásemos de mimar al respetable pueblo podríamos concluir que lo que sucede “abajo” son fenómenos en los que las personas y su entorno tienen gran responsabilidad.

Desde la filosofía platónica, las sociedades se han movido bajo la idea de una estrecha relación entre la virtud y el conocimiento, de forma que la falta de la primera conduce a la ignorancia, es decir a que las personas tomen como bueno incluso lo que es malo. En ese sentido, la labor formadora de la ética pública no es propia del Estado y de la escuela; es la vida social como espacio de libertad la que señala las conductas y sus límites. Nadie necesita ir a la escuela para ser honrado y en cambio se aprende a robar fuera de ella.

Por otro lado, en el mundo moderno, en la democracia política, el principio de elección permite que el pueblo elija un poder que lo gobierne con la condición de que sea legítimo y eficaz. Tal parece que la antipolítica nacional ha terminado relativizando esa legitimidad en favor de una pretendida eficacia.

Los ciudadanos peruanos deben ser los peores tratados políticamente y los que peor se tratan a sí mismos. Son alabados cada cuatro o cinco años, en cada elección, aceptando un curioso rito donde se asumen ignorantes y frívolos, en tanto los líderes de opinión los aplauden por alejarse de la política. Es el ciudadano más paternalista e hipócrita de la región, acomodaticio y cambiante en sus preferencias, a excepción de los que se agrupan en los movimientos sociales con demandas clasistas o territoriales.

Al  mismo tiempo, es fuertemente populista, sobre lo que se ha escrito bastante, e incoherente en su relación con sus expectativas, fines y medios. Quiere una señal nítida para la telefonía celular pero se resiste a la colocación de torres de transmisión; demanda una reforma del transporte pero no está dispuesto a asumir el proceso; quiere salud universal pero que el Hospital del Niño no se construya en su distrito; exige el respeto a las personas con discapacidad pero que los colegios para niños “especiales” no se instalen cerca de su casa; está contra el cobro de cupos pero paga coimas a los policías; se queja de los políticos corruptos pero vota por ellos; y adhiere mayoritariamente de la democracia pero vende su voto por una camiseta o un helado.

La clave está en la persistencia de la antipolítica, que ni las elites ni el pueblo están dispuestos a superar, un abandono del pacto democrático que a decir de la filósofa española Adela Cortija ha hecho de la cosa pública no una cosa nuestra sino una cosa de mafias, una “cosa nostra” producto de la razón perezosa, cansada, estúpida y descorazonada que dificulta todo intento de justicia (Hasta un Pueblo de Demonios. Ética Pública y Sociedad. Taurus, 1998).
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La política ya fue (IV)
La República
La mitadmasuno
19 de setiembre de 2014
http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/la-politica-ya-fue-iv-19-09-2014
Los detalles de la campaña electoral en Lima, de los que son útiles para la gobernanza local, están por escribirse. La competencia se mueve a través de consensos muy generales, el primero de los cuales indicaría la no reelección de Susana Villarán y el segundo el retorno al pasado. Fuera de esto, la campaña no ha fijado ninguna idea específica que sea dominante. Quien resulte elegido tendrá las manos libres y será dueño de un mandato general sin compromisos precisos y podrá hacer en esta ciudad lo que más le plazca. Así, en la capital, la política municipal también ya fue.
Los candidatos se gritan de una acera a otra, se tiran piedras, se tacha a escondidas, firman pactos que no cumplen, pero no debaten sus ideas sobre la ciudad. El cara a cara organizado por el JNE ha sido forzado por algunos partidos para la semana previa a las elecciones, de modo que se tendrá solo una ronda y no las dos o tres que se tenían previstas.
La campaña del año 2010 fue más intensa en propuestas y deslindes, tanto cuando la polarización inicial Kouri/Lourdes como cuando se centró en la disyuntiva Lourdes/Susana. La actual tiene más dinero, más candidatos, más propaganda, más dádivas, y más mercenarios de la pluma y de la palabra; en resumen, más música pero sin letra. Mirko Lauer ha llamado a este fenómeno un bostezo electoral.
Parecería que se enfrentan dos modelos de comunicación, el de la llamada caja negra que apela a los estímulos básicos de los votantes y los que pretenden una decisión política racional de los electores. Solidaridad Nacional, Diálogo Vecinal y Perú Patria Segura apuestan por lo primero (“Regresan las obras”, “ella se atreve” y “ya viene la esperanza”, respectivamente), mientras que los viejos partidos intentan sin éxito lo segundo, colocar en la campaña valores que rescaten la identidad partidaria en los electores y sus emociones sociales y políticas: Lima sin delincuencia (Apra); Lima, una ciudad para la gente (PPC); Lima tiene otra opción (Somos Perú); y Lima necesita un cambio (Acción Popular), a los que se suma Vamos Perú que difunde iniciativas detalladas.
La escena que se desenvuelve ante nosotros no es muda, es ruidosa pero con escaso movimiento y aún más exiguas ideas de gobierno. El libro de las propuestas está en blanco, la prensa misma se preocupa (¡qué novedad!) por lo adjetivo, y hasta la farándula ha retrocedido: los candidatos prefieren entregar dádivas in situ en lugar de cocinar en los sets de TV o hacer el ridículo en los programas cómicos. Los dos grandes momentos de la campaña fueron hasta ahora la ruptura del silencio de Castañeda y el video de Heresi, y ambos fueron gratificados con algunos puntos en las encuestas.
¿Por qué no se mueven los candidatos más allá de haber besado a niños y abrazado a señoras en los mercados? La verdad es que no necesitan moverse, sea porque uno de los postulantes tiene el 50% de las preferencias, porque se presume que hay muy poco en debate o porque se da por sentado que los aspirantes no están a la altura de las circunstancias. La razón definitoria, sin embargo, reside en que los electores tampoco demandan de los candidatos mayores precisiones.
La alabada estabilidad del escenario electoral limeño, a diferencia de otras ciudades, se explicaría entonces no tanto por las certezas en la intención de voto sino por la debilidad de las expectativas o el silencio de los votantes. De ese modo, los críticos de los candidatos mudos parecen haberse quedado cortos; son los ciudadanos los que demandan poco y los que más callan.
Clásicamente, el voto puede ser de adhesión y protesta; el Perú, no obstante, está consagrando un voto nuevo, el de renuncia, una especie de nuevo contrato fisiócrata entre vecinos y aspirantes al gobierno local sin mayores compromisos, un “déjame trabajar” mutuo. Luego de una campaña que les cierra las puertas a los principios de una gobernanza local, es natural que comamos solo cemento por cuatro años, un plato que si viene solo destruye células y que si no viene acompañado de control, las corrompe.
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La política ya fue (V)

La República
La mitadmasuno
26 de setiembre de 2014
http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/la-politica-ya-fue-v-26-09-2014
Las últimas décadas, las regiones fueron las más insistentes portadoras del cambio y la renovación de las ideas y programas. Ellas alumbraron la reforma política más importante y legitimaron la necesidad de un nuevo Perú que integre el oficial y el “otro”. Desde la crítica y la demanda, una parte del país en contraposición a Lima y al Perú formal construyó fecundamente un imaginario de cambio.
Esa fertilidad ha concluido. El primer dato de la nueva política regional y local es el estallido de los movimientos sociales que ausentes de objetivos y agendas de mediano y largo plazo fueron desbordados y en varios casos subordinados por el fulminante fenómeno del emprendimiento político personal. El uso del rótulo “emergente” para calificar esta forma de política es equívoco y abusivo en la medida que esconde sus elementos esenciales, la antipolítica y el dinero ilegal.
El haz de movimientos sociales que articularon la política nacional/regional la última década con sus demandas por equidad, ambiente, agua, servicios básicos, salario y competencias regionales y locales, que tensionaron la democracia y la desarrollaron, también ya fue y no va más. Se ha transformado en una multitud de espacios inconexos, generalmente vacíos y fuertemente fragmentados. Se tiene, por ejemplo, sin más explicación inicial que la ultrapersonalización de la política, que en Tumbes se presentaron 20 listas para el gobierno regional, 19 para Tacna, 16 para Ica y Puno, y 14 para Cusco, Huánuco y Piura. El resultado se avizora: será muy difícil que se repita lo sucedido en los comicios del 2010, cuando 15 presidentes regionales fueron elegidos en primera vuelta.
El segundo dato es la brecha entre el crecimiento económico de buena parte de regiones, incluso por encima del promedio nacional, y su eficaz ejecución presupuestaria, versus el escaso desarrollo de la agenda pública regional y la corrupción. Esta brecha no se origina, para disgusto del centralismo, en el fracaso de la descentralización sino en el agotamiento del impulso del proceso iniciado el 2002 y que ahora se encuentra suspendido en el aire. Esta brecha entre buena economía y malísima política se expresa en una pérdida del imaginario al extremo de que la discusión regional de las últimas semanas gira sobre las hojas de vida de los candidatos, salpicada por promesas de puentes y carreteras.
Sin agenda regional, el nuevo imaginario es aún más populista que en los inicios del proceso y especialmente distributivo, matizado por  un radicalismo regional más de forma que de contenido. Las propuestas extremistas se relacionan con políticas de identidad que esconden hondos vacíos de proyecto en tanto que los escasos programas descentralistas despiertan poco interés. El caso de Puno es significativo; candidatos como Alberto Quintanilla (Poder Democrático Regional) proponen un nuevo proceso de descentralización, una iniciativa realmente audaz, en tanto que la sorpresa electoral, Walter Aduviri, tiene como bandera más alta el cierre de la Sunat y Aduanas para favorecer obviamente al contrabando y a la minería ilegal.
El tercer dato es la corrupción, un movimiento social vasto y sólido que ha ganado la batalla entre la tolerancia y la censura. Es la misma corrupción de Lima y el Perú oficial, la de los grandes salones y reprimida por el secreto y por las buenas formas, aunque en las regiones es más intensa y plural, desplegada a través de redes que operan en centenares de municipios y en casi todas las regiones beneficiadas de la tradicional impunidad, la lejanía, la falta de control y la corrupción de la prensa. La generalización del diezmo, la coima con reminiscencia religiosa, indica que este movimiento, el más importante de todos los que agitan a las regiones, ha pasado a una nueva etapa y se presenta a cara descubierta, un estilo far west donde los malos ya no se preocupan por parecer buenos. El caso del Cusco es emblemático: solo 4 de los 13 candidatos habilitados para competir por la presidencia regional no tienen investigaciones o procesos judiciales por corrupción.
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La política ya fue (final)
La República
La mitadmasuno
03 de octubre de 2014
http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/la-politica-ya-fue-final-03-10-2014
Las elecciones de este domingo volverán a colocar en la agenda la precariedad del sistema político, las brechas entre la capital y las regiones y la división entre la formalidad y la emergencia política informal. No es posible estimar la intensidad del remezón aunque algunos datos se deslizan de los sondeos e informaciones: 1) que pocos presidentes regionales serán elegidos en primera vuelta; 2) que la mayoría de alcaldes de provincias capitales de departamentos no serán reelegidos; y 3) que los partidos nacionales serán superados largamente por los movimientos regionales. Negando el pesimismo, el Perú no se romperá, aunque podría descoserse un poco más.
De la intensidad de lo que suceda en los comicios regionales y locales dependerá el modo y la profundidad con la que se aborde la reforma política, una expectativa que va sumando demandas, tres de ellas significativas y a debatir: la prohibición de la reelección de presidentes regionales y alcaldes, la regulación limitativa del financiamiento privado y el aumento de requisitos para la postulación a cargos de elección popular.
Aunque desde hace una década afirmamos en cada elección que hemos tocado fondo, los actuales indicadores de la crisis de la política, específicamente de los partidos, son más ineludibles. De cara a las elecciones del 2016 será más difícil voltear la mirada a la crisis de los valores tradicionales partidistas, es decir, la organización, el liderazgo, la adhesión a los programas y la movilización.
No estamos ante el fin del agrupamiento de la política pero sí de las comunidades políticas del modo conocido. La derrota del Apra en La Libertad y las autoderrotas de la izquierda en el Cusco y del PPC en Lima no fulminarán a estos partidos y corrientes pero ponen en debate los límites de la recuperación de las estructuras partidarias en el sentido tradicional, al condicionarla a decisiones que el sistema no ha tomado en una década y que no se sabe si las tomará.
Nuestra crisis de legitimidad partidaria es singular; depende de procesos corrosivos como el voto preferencial, la supresión de la democracia interna y el auge del emprendimiento partidario ultrapersonalizado, una dinámica en la que la formación de la representación es más nociva que el ejercicio mismo de esa representación. No obstante, el sistema solo se espanta de las consecuencias sin abordar las causas, un círculo vicioso que corre el riesgo de extenderse otros diez años.
Pagamos un costo histórico por el sentido equívoco con el que se encaró la regulación de los partidos en la década pasada, con laxitud para el financiamiento privado y los modelos de democracia interna, resistencia al financiamiento público y apertura al ingreso de formaciones independientes, regionales y locales. Si se quiso para el Perú, siguiendo la clasificación de Giovanni Sartori, un sistema de partidos de pluralismo moderado, se consiguió en un primer momento uno atomizado y ahora un sistema que ha dejado de ser tal.
Esa política ya fue y es tarde para el pasado. Las nuevas formas de identidad social y política ya están aquí. Hay más líderes fuera de los partidos que dentro de ellos y más “partidos” que no lo son pero que operan como si lo fuesen, con programas y liderazgos propios, y formas también propias de movilización. Llamar al partido mediático, empresarial o digital, por citar algunos ejemplos, con el rótulo cerrado de “poderes fácticos” es una verdad incompleta.
El reemplazo de la antipolítica por la política es un desafío serio. El país tiene un nuevo relato social del que deben hacerse cargo las nuevas y viejas formaciones. El retorno de la política es una necesidad impostergable que cada sacudón nos recuerda. El de ahora es crucial porque nunca tuvimos elecciones junto a un estallido vasto de corrupción. Así, es probable que la política retorne en otros cuerpos, a través de movimientos sociopolíticos que con distinto signo impactan América Latina, o nuevos liderazgos con menos militancia, en contra de militancias tradicionales sin liderazgos.

Billetera mata partido y militante

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/billetera-mata-partido-y-militante-22-08-2014

La República

La mitadmasuno

22 de agosto de 2014

Juan De la Puente

Un seminario realizado esta semana por la ONPE, Idea Internacional y la Fundación Konrad Adenauer ha puesto con solvencia  sobre la mesa el problema del financiamiento de la política en el Perú, abordando clásicos tabúes como las donaciones, las redes ilegales, la precariedad de la supervisión de fondos y la legislación comparada.

Como a otros países de la región nos sucede algo curioso. En la teoría política, los principales organizadores de la política con la ideología y los programas, en tanto que en el mundo moderno los sistemas han logrado incluir el financiamiento en esquemas legales que regulan, ponderan y equilibran los factores de la movilización política de la sociedad, de modo que con el dinero y no contra el dinero, las ideas y los programas siguen siendo los factores centrales del quehacer público.

En el Perú, no obstante, desde 1985 y con mayor intensidad desde el 2001 el dinero es el principal organizador de la política, un modelo desregulado, nada ponderado y desequilibrado.

Este resultado se debe a cinco procesos que han operado con increíble eficacia; el primero, el incremento del costo de las campañas electorales debido a la expansión de la oferta publicitaria y la compra de votos, el aumento de la demanda de prebendas por parte de los electores, y la transformación definitiva de las campañas en operaciones más personales que institucionales. Cada 5 años se tiene en el país 1,500 campañas congresales, cada una de ellas con su propia economía.

El segundo proceso es el financiamiento ilegal, tanto el que procede de fuentes legales pero que es ocultado y el financiamiento ilegal por su origen: del narcotráfico, minería y tala ilegal, contrabando y otros. El tercer proceso es la compra directa de cargos por empresas mediante pagos por adelantado, una tendencia aparentemente incontenible en regiones y municipios.

El cuarto proceso es el desborde de la institucionalidad partidaria que interactúa con el flujo del dinero no regulado, consolidando el cacicazgo regional y local y la hegemonía de una plutocracia partidaria que convierte en dirigente al que tiene más dinero, o franquea la entrada al sistema a partidos empresariales, una de cuyas expresiones es, por citar un caso, Alianza para el Progreso (APP).

En esa forma de la política, billetera mata partido, dinero mata programa y chequera mata militante. Esta dinámica se fortalece con procedimientos de elección como el voto preferencial que disuelve el colectivo político y deshabita a los partidos; según el JNE, el año 2011 solo el 37% de candidatos al Congreso estaban afiliados a los partidos por los que postularon, en tanto que al inicio del actual período parlamentario 65 legisladores no militaban en los partidos por los que fueron elegidos.

El quinto proceso es el intenso emprendimiento partidario, que solo es posible con el despliegue de recursos. Desde 1992, en nuestro país se han legalizado 55 partidos, para lo que se han debido recabar por lo menos 22 millones de firmas, a un costo total mínimo de 22 millones de dólares. Un dato más abona a lo señalado: según la ONPE, entre el 2010 y 2012 más de 150 agrupaciones adquirieron kits electorales para inscribirse como partido político.

Por esa razón, abordar la regulación del financiamiento de la política es muy urgente, probablemente en un esquema mixto que combine los fondos públicos y privados. Al mismo tiempo, es preciso que esta regulación asuma una opción estratégica que además de la regulación administrativa que se propone vigilar el ingreso de dinero y la rendición de cuentas, se preocupe por disminuir el flujo de dinero en las campañas.

Este tema nos deriva a la reforma política y debería incluirse en ella, contra los deseos que ya se advirtieron el año pasado cuando se pretendió concretar el financiamiento público sin democracia interna, aumentando el número de firmas para inscribir a los partidos, incrementando el número de invitados independientes y sin hacer más vinculante la rendición de cuentas.