DATUM y el gran empujón

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/datum-y-el-gran-empujon-09-11-2012

La República

La mitadmasuno

9 de noviembre 2012

Juan De la Puente

La encuestadora Datum nos acaba de entregar un sondeo que no peca de inocencia. Al contrario, es un eco de la vasta corriente conservadora que presiona sobre el gobierno hablando supuestamente a nombre de la sociedad para que aplique un giro autoritario.

El sondeo pregunta sobre la autoridad y obtiene que el 72% cree que el gobierno ha perdido autoridad. Esta genérica pregunta, en un contexto de creciente percepción de inseguridad en el Perú y el mundo, es absolutamente capciosa. Es un misterio si esta variable (pérdida de autoridad) ha sido contrastada con otras como “ha ganado autoridad” o “muestra poca autoridad”. Las dos conclusiones son obvias: 1) el gobierno necesita recuperar el principio de autoridad; y 2) que debe adoptar medidas excepcionales para revertir la pérdida de autoridad.

Frente al terrorismo, el sondeo persiste en la trampa evidente en los últimos días que consiste en mezclar las actividades proselitistas del Movadef con las acciones de la banda armada que opera en el VRAEM. Las preguntas introducen en la práctica al grupo terrorista o narcoterrorista del VRAEM en las universidades. Más allá de las interrogantes primariosas (“fuerte presencia”, “está entrado” y “aún no entra”) presenta a las universidades como un escenario de acciones terroristas. Si seguimos la lógica de las preguntas y respuestas de la encuesta, las FFAA deberían inmediatamente ingresar a las universidades, descabezar a sus gobiernos y militarizarlas.

En el mismo sentido se orientan las preguntas sobre la actitud del gobierno frente al terrorismo. Ellas no indagan sobre las acciones del Estado en el VRAEM sino que presumen que el terrorismo es una fuerza viva en todo el país y a punto de asaltar el poder. Así formulado el sondeo, la mayoría considera que el gobierno no ha tomado acciones (51%) o que estas no han tenido resultados (53%). El colofón de esta trampa es que el 53 % de peruanos considera que el terrorismo ha aumentado en el Perú.

Las acciones localizadas de la banda armada del VRAEM se han convertido por la magia de una encuesta en un problema nacional. Lo advertido no tiene el sentido de la prospectiva. Es una posición adelantada de la extrema derecha que está transformando el terrorismo en el principal problema de la Nación para empujar al gobierno a la preciada estrategia de la “mano dura”.

Es cierto que el Estado tiene dificultades serias en el VRAEM y requiere adoptar decisiones con resultados exitosos. Desde allí a sugerir el establecimiento de un Estado casi policiaco, como si todo el país fuese un territorio en guerra, hay un abismo.

Sería un error que el gobierno ceda a esta ofensiva y produzca cambios en la línea de endurecerse para contentar a la platea frenética en busca de medidas radicales. Si esto sucede estaríamos retornando a un modelo de gabinete Valdés II, con los resultados ya conocidos.

Lo sensato indica que sin descuidar los serios desafíos de la seguridad, la democracia peruana persista en la ruta de la apertura, el respeto de las instituciones y del juego constitucional entre ellas, el diálogo con la sociedad civil, la defensa del crecimiento económico y la solución oportuna de los conflictos sociales.

La ofensiva de la mano dura no tiene en este tema su única expresión. Cotidianamente se advierte un espíritu jacobino que convierte los hechos vinculados a la seguridad en una crisis terminal del Estado. Bajo esa lógica, partidos democráticos se dejan seducir por la extrema derecha y empiezan a compartir su discurso blandiendo denuncias, interpelaciones, censuras e insultos, es decir, extraviando su tradicional talante democrático.

Subidos casi todos para gritar desde el balcón radical, el centro político se está vaciando al mismo tiempo en que se tuguriza la extrema derecha.

Que sepan los grupos y políticos seguidistas que están sentando las bases de su debacle. El discurso radical puede tener efímero éxito pero no hay duda, como lo demuestra la experiencia de la última década, que la bulla ataranta pero no gobierna. Ni gana elecciones.

Opinión sobre la campaña de SL en el exterior

31 de octubre de 2012
Junto a Ricardo Vásquez Kunze, en el Programa Las 5 de las 7, de RPP TV, conducido por Viviana Ausejo y Mario Guibellini.

Sobre la revocación de la alcaldesa Susana Villarán

31 de octubre de 2012
Junto a Ricardo Vásquez Kunze, en el Programa Las 5 de las 7, de RPP TV, conducido por Viviana Ausejo y Mario Guibellini.

La rebelión del hampa. Imágenes

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/la-rebelion-del-hampa-imagenes-02-11-2012

La República

La Mitadmasuno

2 de noviembre de 2012

Juan De la Puente

Los sucesos del 25 y 27 de octubre pasado iluminaron cual relámpagos varios fenómenos que corrían ocultos en la sociedad. Uno de ellos es la convivencia pacífica entre comerciantes y delincuentes en una zona que moviliza ingentes recursos, coexistencia que solo es posible por las serias restricciones del Estado para ocupar los espacios públicos y brindar allí con mínima eficacia los servicios de seguridad e interdicción del delito. El estallido de violencia de esos días es la explosión sangrienta de un territorio emancipado de la ciudad que el Estado punzó casi inadvertidamente para hacer cumplir la ley.

Las imágenes de la extrema violencia expresan para la mayoría el extraordinario desprecio del hampa por la vida. En ese territorio, sin embargo, y para una minoría creciente, es más cotidiana y ordinaria, y reveladora de la altísima cuota de violencia que la sociedad peruana recibe. Es el resultado de la impunidad en un país donde los barrabravas son tolerados por el Estado al punto que desfilan a los estadios custodiados por la policía ante el miedo de los ciudadanos y mantenidos por los líderes de los clubes de fútbol que les suministran alcohol y dinero. Estas imágenes exponen los excelentes resultados de la pedagogía de la violencia luego de los intensivos cursos de delito y sangre.

Los sucesos de La Parada, no obstante, son más contundentes; el 25 y 27 de octubre asistimos a la primera gran batalla urbana entre la policía y un ejército formado por centenares de delincuentes a cara descubierta. En la primera ronda, el 25, ganó el delito con los resultados conocidos: la toma del territorio, el saqueo y el ataque a los símbolos del orden público. En la segunda ronda, el 27, ganó felizmente la policía gracias a un despliegue masivo, inteligente y decidido y a que el ejército del delito había sido diezmado por las detenciones.

Imposible comparar lo sucedido con los conflictos sociales que atraviesan el país a pesar de que en buena parte de estos se advierten episodios de preocupante y creciente violencia y el desafío al orden público; las partes que confrontan en los conflictos sociales sostienen una lógica argumentativa, ciertamente debatible para los otros actores, pero en el marco de una interacción de las partes. Lo de La Parada fue una asonada, la rebelión del lumpen, un hito significativo en el espiral de delito cuya intensidad probablemente subestimamos.

El mensaje ha sido lanzado. La brutal agresión a la policía ha generado la adhesión ciudadana a ella pero, al mismo tiempo, envía señales sobre el éxito que puede tener el desafío del orden público desde el delito. La imagen de la fuerza pública atacada por el hampa es un poderoso estímulo para el delito y coloca en el debate en busca de respuestas la extrema precariedad de la autoridad policial. Ha evidenciado también la fuerza y grado de articulación de las bandas y su disposición temeraria de enfrentarse en las calles a la autoridad haciendo más patente que nunca la crisis de la seguridad en el Perú.

Los territorios liberados al delito o a punto de estarlo son un laboratorio para futuras rebeliones y espacios de la sociedad en busca de la organización de un orden mafioso que parece haberse cristalizado en varios casos. La alianza de los comerciantes mayoristas y las bandas que defendieron La Parada es la superficie de un fenómeno mayor al que concurren la escasa censura social de ciertos delitos, las complicidades entre los buenos que toleran y los malos que actúan y la emergencia de la legitimidad de las formas de vida al margen y contra la ley.

En ese contexto son muy positivas las iniciativas legales para hacer más efectiva la lucha contra el delito organizado y otras anteriores para recuperar los territorios cedidos al hampa. No obstante, hace falta mucho más que eso, sobre todo una auténtica política criminal para enfrentar un problema que no se reduce a policías y ladrones. Aunque tarde, estamos a tiempo.

Poco fragmentados y poco volátiles

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/poco-fragmentados-y-poco-volatiles-26-10-2012

La República

La Mitadmasuno

26 de octubre de 2012

Juan De la Puente

La reciente investigación del JNE, “Mapa Político Electoral del Perú” (INFOgob Jurado Nacional de Elecciones 2012), contiene valiosa información sobre algunos elementos considerados inherentes a la crisis de los partidos y de la representación, que podrían modificar algunas percepciones arraigadas que explican la situación actual. La mayoría de estas señalan que el sistema político peruano presenta una creciente fragmentación electoral y una alta volatilidad como resultado de una supuesta excesiva apertura del sistema y de la precariedad de las instituciones partidarias.

Los datos de la investigación relativos a regiones, provincias y distritos advierten que los fenómenos de fragmentación y volatilidad no son, en general, ni definitivos ni pronunciados, y en la mayoría de territorios se presentan con escasa relevancia. Sobre la fragmentación, es decir, la medida en que los votos de los electores se dispersan entre varias acciones políticas, solo 10 de las 25 regiones incrementaron consecutivamente el número de listas en las elecciones regionales, siendo los casos más pronunciados los de Puno, Áncash e Ica. Según el estudio, el Número Efectivo de Partidos (NEP) por regiones se mantuvo entre 5 y 6 en las tres últimas elecciones de ese nivel de gobierno. Apreciada la fragmentación en detalle, el 2002 solo Ayacucho presentó una alta fragmentación, el 2006 Puno y el 2010 Lima y Puno.

En el ámbito provincial la fragmentación aumentó entre las elecciones del 2002 y 2006 en 61 provincias (31%) pero disminuyó en 133 (69%). Asimismo, entre el 2006 y 2010 aumentó en 95 provincias (49%) y disminuyó en el otro 51% de ellas. En el ámbito distrital, la mayoría estuvo compitiendo entre 3 y 6 grupos políticos en cada elección, por lo que este nivel de gobierno presenta una baja fragmentación electoral. En este ámbito entre el 2002 y 2006 la fragmentación aumentó en 511 distritos (31%) pero disminuyó en 1123 (69%). Igualmente, entre el 2006 y 2010 aumentó en 709 distritos (43%) y disminuyó en el 57% restante.

Otro factor que se presume asociado a la crisis de partidos y de la representación es la volatilidad electoral, entendida como la modificación de las preferencias electorales de una elección a otra. Según el informe, las regiones ligeramente más volátiles son Ica, Moquegua y Tacna. En el nivel provincial, en las elecciones del 2006 la mayoría de provincias presentó una baja volatilidad, al igual que el 2010. En relación a los distritos el 2006, 1377 distritos (84%) tuvieron una volatilidad bastante baja y solo 109 distritos, el 6%, registraron una volatilidad absoluta, pues ninguna de las agrupaciones políticas que participaron en las elecciones del 2002 lo hizo nuevamente en el 2006. Para el 2010 se incrementó el número de distritos con mayor grado de volatilidad, aunque 1173 (71%) se encontraron en el nivel más bajo y 131 (8%) en el nivel de volatilidad absoluta.

Estas constataciones muestran a un país con algunos territorios fragmentados en un proceso decreciente; estos territorios son los menos, con lo que este elemento de la crisis de los partidos y de la representación se relativiza notablemente. Es obvio que se precisa un análisis más detallado de las regiones y municipios donde la fragmentación es alta y permanente, aunque es evidente que nos encontramos frente a un fenómeno que no podría ser considerado como una tendencia nacional e irreversible.

Sucede lo mismo con la volatilidad, donde los registros extremos son escasos al punto de no superar el 10% del total de distritos e igualmente bajo en provincias y regiones. Esta realidad no desmiente la precariedad de la oferta política pero permite apreciar que la desafección de los ciudadanos frente a los elegidos se expresa con distinta incidencia y que es muy probable que en la mayoría de provincias y distritos del país se están encontrado mecanismos de sustitución de los liderazgos partidarios nacionales por elites locales más resistentes a la pérdida de legitimidad.

El indulto a Fujimori y otros temas de coyuntura

http://www.diariolaprimeraperu.com/online/dialogos-de-primera/el-indulto-es-una-operacion-politica_122889.html

 

Entrevista del periodista Javier Soto publicada en el diario La Primera, el 22 de octubre de 2012
 

EL INDULTO ES UNA OPERACIÓN POLITICA

El analista Juan De la Puente señaló que un hipotético “indulto” a Alberto Fujimori no contribuirá a la reconciliación nacional. Aunque sostuvo que la administración de Humala ha tenido cierto éxito al hacer aquietar el conflicto de Conga, advirtió que su ministro de Economía, Luis Castilla, ha oficiado, con sus recientes declaraciones a favor del reinicio de dicho proyecto minero, de “príncipe azul” que pretende despertar a la “bella durmiente”. 

—¿Cuánto han aportado estos primeros tres meses de gestión del premier Jiménez para alcanzar la meta del gabinete del diálogo, diferenciado del de su antecesor, Óscar Valdés?

—El primer valor de este gabinete es haber revertido el clima de tensión de estos últimos dos meses del gabinete Valdés; y ha instalado en la opinión pública la idea de que no se puede gobernar con una lógica de fuerza y de mano dura. En segundo lugar, algunas de las diez ofertas planteadas por su gabinete al Parlamento se han ido cumpliendo. Ya tenemos en el Congreso un proyecto de Ley de Reforma Magisterial y una nueva norma que establece una nueva relación entre la minería y la sociedad. Evidentemente, los temas de seguridad siguen estando pendientes, pero en estos tres meses el gabinete Jiménez ha hecho muy bien en instalar una lógica de apertura en lugar de una lógica de fuerza.

—Parece que la violencia de la conflictividad social ha amainado, a diferencia de lo que acontecía con la gestión Valdés.

—El último reporte de la Defensoría del Pueblo sobre los conflictos sociales trae dos novedades. Lo primero es que por tercer mes consecutivo han disminuido los conflictos, al pasar de 247 a 238; y es igual de importante considerar que en los últimos meses se ha resuelto un promedio mensual de cinco conflictos, lo que en sí representa un éxito ya que la tasa de resolución de conflictos es muy baja en el Perú; de uno o dos por mes.

—¿Acaso una prueba de ello sería la desactivación del litigio por las operaciones del proyecto Conga, en Cajamarca?
—Sí. El gobierno ha tenido cierto éxito al hacer “dormir” (aquietar) a Conga. Pero mi impresión es que es el efecto de una “bella durmiente”, en el que viene un príncipe azul, le da un beso y la despierta; y, en esta última etapa, es el ministro de Economía, Luis Castilla, quien ha operado como príncipe azul, porque recientes declaraciones suyas han despertado a Conga.

—Aunque las protestas de índole laboral...
—Estamos en el inicio de una ola de protestas laborales, pero que éstas tienen una connotación distinta a los otros conflictos sociales que son, fundamentalmente, ambientales.

—¿Y por qué Jiménez tiene tanta dificultad en resolverlas?

—Los conflictos laborales, a los que me he referido anteriormente, han revelado la singularidad del Ministerio de Economía y Finanzas, en el sentido que se ha puesto como eje de la discusión la capacidad de este portafolio para resolver o postergar soluciones. Al respecto, tengo entendido que los demás ministros tienen una muy escasa capacidad de negociación con los gremios laborales, porque todo lo termina autorizando y vetando el Ministro de Economía.

 

NARCOTERRORISMO
—¿Cree usted que el narcoterrorismo se ha expandido, durante los últimos gobiernos, en la zona del Vraem?

—Yo no diría que se ha expandido. Lo que pasa es que los ataques espectaculares que han desarrollado estas bandas en el Vraem ante la falta de éxito de las fuerzas del orden han dado la sensación de ausencia por parte del Estado. Pero, por encima de ello, lo que tenemos en el Perú es una crisis de seguridad en la que este gobierno tiene una agenda pendiente que resolver y que, esperamos, comience a ser afrontada y resuelta por la gestión de Humala.

 —El gobierno del presidente Humala y su ministro de Defensa, Pedro Cateriano, están recuperando el terreno perdido por el Estado?

—Es probable que en este espacio denominado Vraem existan algunas zonas independientes del Estado, pero también es cierto que en los últimos días los errores que se han producido se deberían a la autonomía excesiva con que cuentan los mandos militares en dicha área. En ese sentido deben interpretarse entonces las palabras del ministro de Defensa, que el poder político y constitucional va a estar mucho más atento a lo que se haga aquí en los ámbitos de la inteligencia, programas sociales, desarrollo de infraestructura, etc.

—¿Los últimos anuncios de Cateriano sobre la construcción de diez nuevas bases militares en el Vraem y la inversión en helicópteros y logística bélica, contribuirán a superar las carencias, desarticular las bandas narcosenderistas y a resolver el problema de seguridad en la zona?

—Es muy importante que se complete el equipamiento militar aéreo en el Vraem, teniendo en cuenta que, con la experiencia Colombiana, no es posible una vigilancia minuciosa del gasoducto de Camisea, ya que se ha planteado la posibilidad de que esta infraestructura sea hostigada en, por lo menos, sus primeros 200 kilómetros por las fuerzas narcosenderistas en la zona, lo que sí constituiría un golpe a la independencia y capacidad energética del país. Por ello me parece fundamental y de primer orden la compra de este equipamiento; y espero que ésta sea rápida.

—¿Coincide usted con los sectores que han reclamado cambios en la estrategia seguida, a fin de privilegiar la inteligencia, que ha dado resultados en el Valle del Huallaga?—En mi opinión, el mejor cambio debería estar orientado al privilegio de las acciones de inteligencia como un antecedente de las operaciones abiertas de interdicción. En segundo lugar, creo que debe resolverse el tema del mando en la zona, que está disperso. Y la mejor manera es entregándole una mayor competencia y presencia a la Policía Nacional que ha demostrado una mejor capacidad para resolver este problema. En cualquier circunstancia, debería garantizarse un comando unificado. En tercer lugar, es muy importante ser más incisivos en la lucha antiDrogas.

 —Si bien el manejo económico mantiene la ortodoxia, ¿hasta qué punto es cierta la afirmación de que la administración de Humala continúa con la política del “piloto automático”?

—Bueno, si bien no se ha producido un cambio sustantivo del poder económico, como lo había planteado inicialmente el Jefe del Estado, respecto al proceso de la economía nacional, evidentemente estamos frente a esta posibilidad (de mantener el statu quo). Pero también es cierto que éste es un gobierno que ha empezado a utilizar muchos más recursos en infraestructura e inclusión social, aunque con cierta dificultad y lentitud en el gasto, lo que podría provocar una crisis de distribución. Sin embargo, es un hecho que en los últimos años el modelo de economía liberal ortodoxa, que se heredó del gobierno de Alberto Fujimori, ha sufrido cambios sustantivos, en la línea de incentivar la demanda y la inversión pública.

EL PEDIDO DEL INDULTO
Parte al país en dos
—El pedido de indulto para el sentenciado expresidente, Alberto Fujimori, ha polarizado al país. ¿Cómo debería resolver el gobierno este nudo gordiano?
—Queda claro, en estos últimos días, que enfrentamos una operación política, con un alto contenido publicitario, por parte del Fujimorismo, con lo que se está demostrando que no estamos frente a un pedido humanitario. Por lo tanto, esto conduce a que la sociedad y el gobierno traten también este tema de un modo político. Tengo la impresión de que la orientación del gobierno es la de postergar esta decisión. Es decir, a ir con más lentitud. Las revelaciones que hacen los medios sobre los conflictos internos que afectan al Fujimorismo por el tema del indulto, confirman que la solución no puede dejar de ser política. De modo que para tomar una decisión política, la administración de Humala va a tener que estudiar muchos este asunto.
—¿Cuán falsa es la premisa del sector fujiconservador respecto a que la expedición de esta gracia, a favor del exdictador, favorecerá la reconciliación nacional?
—Yo lo dudo, porque se tratan de crímenes de lesa humanidad por los que ha sido condenado Alberto Fujimori. Segundo, porque, como se ve en las últimas acciones del Fujimorismo, se trata de una operación política que, inicialmente, fue presentada como humanitaria. Y, tercero, si el resultado del indulto va a conducir al retorno de Fujimori a la actividad política de primera línea, no estaríamos frente a una medida que favoreciese la reconciliación, sino a la polarización del país.

Vade retro México

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/vade-retro-mexico-12-10-2012

La República

La mitadmasuno

12 de octubre 2012

Juan De la Puente

La Comisión de Defensa del Congreso aprobó el dictamen que permite la participación de las FFAA en la lucha contra el narcotráfico. Si la iniciativa se convierte en ley y esta se promulga, el Perú daría un paso decisivo en la militarización de la lucha contra las drogas. Contra consejos y sugerencias seguiremos construyendo nuestra perspectiva mexicana.

El dictamen propone modificar el Decreto Legislativo 1095 que regula el uso de la fuerza por las FFAA en el territorio nacional y el Decreto Legislativo 824, Ley de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas. El propósito es invertir los roles de la policía y de las FFAA en situaciones de emergencia. La norma actual señala que durante el Estado de Emergencia, al margen de qué institución tenga a su cargo del orden interno, “las FFAA realizan acciones militares en apoyo de la policía”. En la nueva redacción, si se le encarga el orden interno a las FFAA, estas asumen el control total de la zona y es la policía la que apoya las acciones militares.

En el nuevo concepto las acciones de control del orden público pasan a ser operaciones militares y dejan de ser policiales. Como se sabe, los valles cocaleros más importantes del país, el Huallaga y el VRAEM, son escenarios de la lucha contra el llamado narcoterrorismo y se encuentran en Estado de Emergencia.

Los cambios avanzan un paso más, estableciendo sin ninguna restricción que durante la emergencias las FFAA estas están facultadas para realizar acciones de interdicción terrestres, acuáticas y aéreas a los implicados en el tráfico ilícito de drogas. Ello implica disponer de procedimientos militares en la lucha antidrogas y a desarrollar una inteligencia militar antidrogas y considerar la creación de cuerpos militares de élite para esta tarea.

La Comisión ha valorado escasamente la opinión remitida por el Ministerio Público, que reitera que el Estado de Emergencia es una medida para situaciones excepcionales y que la participación de las FFAA en la lucha contra el narcotráfico debe ser interpretada en sentido restrictivo, reiterando la doctrina sobre las diferencias entre los objetivos y función de la policía y las FFAA. El Ministerio Público consideró que generalizar la participación de las FFAA en el orden interno está en la misma línea de las propuestas de endurecer las sentencias, disminuir la edad de imputabilidad penal y el aumento de la capacidad carcelaria, lo que responde a presiones políticas y coyunturales. El Ministerio del Interior también expresó reparos a los cambios argumentando que se pretende legislar sobre áreas en las que ya existen disposiciones específicas.

Es obvio que el propósito es abrir el paso a una participación de las FFAA más directa que la actual en la lucha antidrogas. Esto solo es posible disminuyendo la centralidad de la policía en la conservación del orden interno en general y en las operaciones antidrogas. Una ruta contraria es potenciar el trabajo policial evitando la duplicidad, la dispersión y el uso de las FFAA en tareas para las que no han sido creadas. El Estado se está decidiendo por lo primero.

¿A qué visión obedece el cambio propuesto? A la que considera que el narcotráfico es un problema de seguridad nacional, un concepto que abandona A. Latina y relativiza ahora, inclusive, EE.UU. En México, el ingreso de las FFAA a la lucha antidroga fue presidido, además, por la convicción que en ella se jugaba la existencia misma del Estado. En el Perú concurre a esta intervención, aparte de un notable deseo de captar recursos públicos, una convicción más, de que en el VRAE y en el Huallaga opera una fuerza calificada como “narcoterrorista”. Sin embargo, se ha señalado que ese concepto está vacío y que en ambos valles, especialmente en el primero, se desarrolla una incipiente guerra de la coca, donde el enemigo es una banda armada narcotraficante, que pretende distraer con un discurso maoísta, a la que se debe derrotar sobre todo con inteligencia y operaciones policiales anticrimen especializadas, con el concurso de una nueva Procuraduría del Estado, la que se gesta en el sector Justicia.

La izquierda aconsejada

La República
La mitadmasuno
2 de octubre de 2012
Juan De la Puente
http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/la-izquierda-aconsejada-02-10-2012

Nunca como en las últimas semanas he leído tantos consejos a la izquierda, la mayoría interesada en que el país cuente con una izquierda posible y gobernante aunque plantadas con un tono médico/quirúrgico. Es un paso adelante del análisis tipo “la izquierda en el diván” de los años noventa que despedía desdén por una cultura política que se consideraba en extinción. Es bueno que las ciencias sociales se preocupen ahora por ella; quizás se debe a que en las últimas elecciones triunfaran propuestas universalmente patrocinadas por la izquierda sin que expresen una organización política.

Los consejos giran en torno a dos cuestiones, a su acercamiento al mundo popular y a la concreción de una alternativa electoral. Sobre lo primero se propone diferenciar entre lo popular/colectivo y lo popular/privado, sugiriendo no jugarse por lo segundo y mirar con pinzas lo primero; de allí se desliza la idea de que la izquierda debe hacer “algo más” que centrar su acción en la sociedad organizada.

Sin embargo, ese algo más no puede ser emprendido si la izquierda no conecta con la sociedad e influye y recrea su vasta estructura actual. En este punto, no obstante, existe cierta incoherencia cuando se critica el alejamiento de la izquierda de la realidad y se le reclama conexión con el pueblo y, al mismo tiempo, se cuestiona gran parte de las demandas de los movimientos sociales. Habría que poner en el diván esta idea que sugiere un liderazgo solo moral de una izquierda que no se ensucie los zapatos y que no aspire a representar esta nueva emergencia social peruana.

Sobre la búsqueda de una alternativa electoral, la controversia es de otro tipo. No hay quien desde fuera recete la formación de una nueva Izquierda Unida (IU). Desde dentro, en cambio, persiste la idea tácita de recrear esa experiencia con pocas innovaciones en la forma. Las nuevas coaliciones planteadas tienen respecto del pasado una desventaja; la vieja IU fue un proyecto que aspiraba al largo plazo, en tanto que ahora se pretende jugar en corto, con el horizonte del 2014 y 2016. No creo, sin embargo, que eso descalifique a la izquierda porque va en la línea de ser ella misma, alejada de la tentación del proyecto electoral prestado. Intuyo, por lo tanto, que ese “algo más” que se le reclama a la izquierda por lo menos en su versión socialista y socialdemócrata, es decir, la gestación de un proyecto partidario definitivo único y unificador, no será entregado en el corto plazo.

Entendiendo ello, el principal riesgo de la izquierda no es nadar sino quedarse cerca de la orilla. El recojo de firmas de uno de sus grupos podría alejar la búsqueda de una candidatura común el 2016 y dispersar las fuerzas en las elecciones regionales y municipales del 2014. Por eso cuesta entender por qué la izquierda se resiste a usar la inscripción legal de uno de sus grupos y cerrar una táctica electoral adelantada.

 

Actualización

Sobre el tema, ver notas recientes como la de Martin Tanaka (aquí) José Alejandro Godoy (aquí) Alberto Adrianzén (aquí) Carlos Mejía (aquí) y Sinesio López (aquí).

La verdad (o la mentira) no mata

(Este post fue escrito el domingo 23 en la noche, cuando el debate giraba en torno al argumento de que el asesinato fue por causa de la revelación de Ruth Thalía en el programa ELDLV. Hoy publico un artículo en La Repùblica con nuevos elementos con el mismo título. Creo que a pesar de las nuevas evidencias, es importante discernir el papel de la verdad en este tema. El link del artículo puede leerse en la actualización).
Al margen de los gusto por los reality (nunca vi más de un programa y cuestiono su valor como medio de entretenimiento o de realización de la noticia) me parece inaudito que se considere al programa El Valor de la Verdad (ELDLV) responsable de la muerte de la joven Ruth Thalía Sayas y se diga muy poco de la víctima y de la naturaleza del crimen.

Se sugiere que el programa, al develar los secretos de Ruth Thalía, la puso en el camino del asesino. Otra interpretación, dentro del mismo razonamiento, indica que el asesino podría haberla matado para cobrar su parte del pago por asistir a un programa donde ella (ellos) mintió (mintieron) por dinero. Una tercera explicación, siempre en ese mismo orden de ideas, señala que el lugar y contexto de las revelaciones de la joven humillaron al asesino disparando una emoción violenta por lo que la producción del programa sería por lo menos cómplice del crimen, por incitación.

Ma parecen apreciaciones equívocas que apuntan a restarle al crimen esa condición, es decir, un homicidio agravado por el secuestro, acaso la violación y por supuesto la premeditación, un asesinato que cae en el tipo penal del feminicidio por el odio y/o la extrema crueldad contra una mujer por su condición de tal.

La verdad no mata aunque haya sido revelada ante millones y supuesto una inmensa humillación para el asesino, en ese momento pareja de la joven estrella fugaz de la TV. Peor aún porque en la ley peruana, el ejercicio de la prostitución, ocasional o permanente, es legal y si es ejercida ilegalmente se busca sancionar al que la promueve, porque la sociedad no deja de considerar a la mujer, en este caso, una víctima. Con el Código Penal vigente, los asuntos del sexo han dejado de ser un tema de honor y han pasado a ser un asunto de libertad y por eso el concepto de libertad sexual. El asesinato de Ruth Thalía nos devuelve a la visión pasadista convertida donde el sexo es sinónimo de honor, si se considera que ese fue el móvil. 

¿Pudo no haber crimen sin la verdad? Es probable, pero presumir que el crimen se produjo como consecuencia de la revelación de una verdad equivale a proponer que esta nunca vea la luz. Nada justifica el homicidio, ni la verdad, ni la mentira, el amor, el odio, el abandono o la traición. La verdad o la mentira solo pueden llevar a una pena por la vía de la ley, no de mano propia.

La asociación del crimen de Ruth Thalía con lo que sucedió alrededor del programa de Jenny Jones en EEUU es absurda. En ese caso, el programa efectivamente acercó a la víctima con el asesino e incentivó a este a matar como colofón de una trama de engaño. El nuestro es un caso distante de ese episodio. Finalmente, informaciones recienten indican que entre víctima y asesino (lo dicen los familiares del primero) había una compleja relación que hace imposible o por lo menos relativiza la idea de un asesinato como venganza a la humillación.

Algunos mezclan en el análisis la naturaleza del programa con el tipo de verdad que busca. Detesto que la prensa, con o sin realitys, exponga la intimidad de la gente, con o sin su consentimiento, pagándole o no. No obstante, eso no conduce directamente a los tribunales, salvo en los casos de injuria, difamación y calumnia, los clásicos delitos vinculados al honor. Las personas tenemos lo que se denomina autodeterminación informativa y decidimos que infornación íntima permitimos que se conozca. El ejercicio de esa libertad no puede ser motivo de homicidio.
Actualización martes 25.9.2012
Con los nuevos datos, sobre que el crimen fue por el dinero, condenso y preciso lo dicho arriba en mi artículo en La República, el 25 de setiembre (aquí).
Este es el caso de Jenny Jones, en EEUU (aquí) que creo no se parece al ocurrido aquí. El resumen del mismo caso por el The New York Times (aquí).
Esto es lo que cuelga en su FB Maritza Espinoza (aquí).
La opinión de Fernando Vivas (aquí).

VRAEM, civiles y militares

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/vraem-civiles-y-militares-18-09-2012

La República

La mitadmasuno

18 de setiembre de 2012

Juan De la Puente

Por lo que empiezan a reconocer varios funcionarios del gobierno, el principal problema en el VRAEM es la excesiva autonomía de los mandos operativos allí localizados y la falta de supervisión de sus actividades por sus superiores. En los años ochenta, esta vía libre estuvo en la base de la violación de los DDHH, encubierta luego por las autoridades políticas. No parece ser el único problema; los especialistas anotan dos muy importantes: la ausencia de un verdadero comando unificado de las fuerzas desplegadas en la zona y la falta de preparación del personal allí destacado.

Tomando el rábano por las hojas, algunos sectores se fijan solo en el papel de los ministros y colocan como elementos centrales del reciente Operativo Mantaro sus consecuencias. Algunas de estas opiniones traslucen el natural deseo de que el gobierno asuma su responsabilidad política. En otras se advierte una complicidad con errores y excesos que no deberían ser tolerados.

Disculpar a los militares/policías y cargar la tinta solo a los políticos encierra por lo menos tres mensajes: 1) En el VRAEM las cosas se están haciendo bien y el problema son los políticos en el gobierno; 2) Siendo el VRAEM un escenario de guerra lo que hagan los militares/policías debe ser juzgado desde las leyes de la guerra; y 3) Si existe algún error/exceso, se trata de un “daño colateral” o hecho fortuito que no incide en las acciones en el teatro de operaciones, que deben continuar como tales.

Debe celebrarse la decisión del gobierno de enfrentar a los grupos armados de senderistas/narcos que operan en esa zona. Sin embargo, no habría que perder de vista que quien combate es un poder democrático y que quienes operan en la zona actúan a nombre de él y no son otro poder, distinto y contrario. Por esa razón el principal desafío al que nos conduce el fracaso de la Operación Mantaro es la revisión de la estrategia del Estado en el VRAEM sin separar a los políticos de los uniformados.

Esa revisión no puede eludir preguntas básicas como si está funcionando la estrategia aprobada para el VRAEM en setiembre del año pasado; si se ha logrado constituir un mando conjunto eficaz en la zona; si se han resuelto los problemas de personal que la anterior Operación Libertad develaron; y si las FFAA y la PNP se han relacionado de modo cooperativo con las instituciones públicas: regiones, municipios, fiscalía, Defensoría y Poder Judicial.

No obstante, dos preguntas clave surgen de los últimos sucesos y deberían ser respondidas con claridad, sobre todo luego del desastroso comunicado triunfalista del Comando Conjunto de las FFAA: 1) ¿Quién manda en el VRAEM?; 2) ¿Cuál es el papel de los ministros de Defensa e Interior en la estrategia? 2) ¿Qué papel juegan los ciudadanos, organizados o no, es decir, sus DDHH, su vida cotidiana y su derecho a participar como aliada y no adversaria del Estado en la lucha por la paz?