Encuestas, la letra pequeña

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La República

La mitadmasuno

5 de febrero de 2016

Juan De la Puente

El tono golpista y espectacular con el que se presentan las últimas encuestas, que absolutizan un resultado e ignoran el contexto, convierte al resto de datos en la letra pequeña de un registro. Ha sucedido con la reciente encuesta de GfK, de la que se extrae solo el salto de Julio Guzmán –que lo es– y su empate técnico con Acuña y PPK, subestimando reveladora información a nueve semanas de las elecciones.

La excesiva importancia del empate técnico esconde la sostenida debilidad de la opción alternativa a Keiko Fujimori, quien se acerca nuevamente al tercio de votos, y la irresuelta fragmentación de quienes se afanan por reconstruir las versiones del tradicional centro electoral peruano cuyos aspirantes (Guzmán, Acuña. PPK, García, Toledo y Mendoza) suman un 41%. La esperanza de que de ese pelotón salga el gallo de tapada contra Keiko se relativiza por las guerras intestinas sin contenido en la segunda línea. A pesar de esta guerra, todos salvo PPK han aumentado su intención de voto, señal que las campañas funcionan por ahora más que las contracampañas.

Las brechas entre el centro disperso en guerra y Keiko revelan el impacto desigual de las narrativas de la crisis y sus límites. Keiko solo tiene 14% en A/B, es decir, 18 puntos menos que su promedio general, frente a Guzmán que allí obtiene 18%, PPK 24%, García 10% y Mendoza 3,8%.

Este centro elitista y básicamente limeño se ahoga en el sector D/E donde Keiko luce un potente 39%, frente a Guzmán (9%), PPK (5,4%), García (5,2%), Toledo (2,9) y Mendoza (0,9%). Tampoco le va bien en el Perú rural donde los seis candidatos suman 30% mientras 

Keiko alcanza 42%.

El discurso de la mayoría de opciones que intentan el centro se parece. Se diferencian Guzmán por su recusación  de la política tradicional y Mendoza y Barnechea por su crítica al modelo económico. Existen otras razones específicas que achatan a los que intentan ser la alternativa a Keiko; en PPK su escasa consistencia en las regiones; en Acuña las denuncias de su pasado y presente malandrín; en García la colosal acusación de los narcoindultos; en Toledo la estela luminosa de Ecoteva; y en Mendoza su dispersión programática y el afán cainita de la izquierda.

El centro tradicional está en crisis y ya fue. En anteriores elecciones era más fácil encontrar un punto intermedio entre posturas más radicales. Esta posibilidad se dificulta por la irrupción de dos grandes asuntos de Estado a los que la política responde desigualmente: la inseguridad que genera mensajes populistas y la corrupción, vacía de mensajes.

El centro no ha podido hilvanar respuestas alentadoras en ambos casos. Ese centro elitista y urbano seguirá siendo mínimo si no produce cambios en la narrativa de la crisis institucional. En octubre del año pasado GfK ya había detectado un cambio de fondo en las percepciones ideológicas reportando la drástica caída a 14% de quienes simpatizan con el centro y el incremento a 24% de quienes simpatizan con la derecha.

La dispersión en la segunda línea ha producido pocos cambios en el escenario electoral. Los más significativos fueron la irrupción de Acuña en noviembre y de Guzmán en enero. Entre una y otra aparición existen diferencias; Acuña subió prestándose votos de otros candidatos mientras que Guzmán debe gran parte de su salto a la caída drástica de los rubros No sabe/No opina y Blancos/Viciados que pasa de 35% a 22%.

Finalmente, la disyuntiva viejo/nuevo ahora dominante favorece a Keiko que se mueve bien en ambos lados del clivaje. Sus oponentes pugnan por diferenciarse entre sí y en ese propósito consiguen muy poco. Es el escenario de Blancanieves y los enanitos donde los candidatos se hablan entre sí sin esforzarse por hablarle al país. Podrían llegar así al 10 de abril si alguno no se atreve a movilizar con audacia a los ciudadanos alertando del peligro de la falta de gobernabilidad si gana la elección un presidente aislado y aislable o un quiebre público si no se encara la crisis institucional y la falta de reformas.

Plagio, mentira pública e informalidad

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La República

La mitadmasuno

29 de enero de 2016

Juan De la Puente

El plagio de la tesis doctoral de César Acuña es un libro abierto que trasciende las elecciones. Ojalá solo fuese un asunto de votos pero me temo que lo electoral acaba siendo coyuntural frente a un asunto más serio, la educación, la honestidad intelectual y la verdad en los hombres públicos.

Imposible despolitizar este caso aunque no deberíamos quedarnos en lo estrictamente político. Por lo pronto, me impresiona la defensa de Acuña ensayada desde la separación entre lo público y privado y la reflexión francamente elitista que señala que este es un asunto de los engreídos de arriba a quienes interesa los medios contra los de abajo a quienes interesa solo los fines.

La lógica de ambos es parecida; operan con la premisa de que la mentira privada es distinta a la pública, de modo que solo lo segundo es reprobable. Sobre esto existe un debate interminable. Una tesis sostiene que la mentira en los actos privados –la mentira privada– puede tolerarse especialmente si no tiene relevancia pública y que en cambio es inexcusable la mentira pública, salvo en las cuestiones de Estado. Una tesis contraria la expuso Inmanuel Kant,quien sostenía la diferencia entre la treta y la mentira, y que esta última es reprobable en cualquier circunstancia.

En este debate terció Benjamín Constant que polemizó con Kant afirmando que la verdad solo debe ser dicha a quienes la merecen. El filósofo francés sentenció que decir la verdad es un deber con aquellos que tienen derecho a la verdad y que nadie tiene derecho a una verdad que perjudique a otros.

Ese parece ser el punto que topa con el caso Acuña. Una tesis plagiada es una mentira ante una universidad, y quien cayó en ella regenta a su vez una universidad y pretende gobernar un país. Es una mentira más en un mar de zapatillas y prendas de vestir con marcas falsificadas, medicinas adulteradas, beneficiarios “bamba” del Vaso de Leche y Pensión 65, certificados médicos comprados para lograr días de licencia, plagios en los exámenes para la carrera docente, sustitución de postulantes a las universidades, cobros disfrazados y adulteración de facturas.

Nuestras mentiras privadas terminan siendo públicas. Hay un punto donde se juntan y ese es el derecho de instituciones y personas a que se les diga la verdad.

Por otro lado, es falso que ese contexto sea clasista; estos engaños son propios de los “arriba” y los de “abajo”. A riesgo de caer en un error grueso, no se puede sentenciar que el plagio no le importe al pueblo, incluso para los efectos de la elección de un jefe de Estado. El concepto pueblo es muy grande para generalizar en este caso porque tiene matices de tiempo y espacio. Así como se aprende a robar en los círculos más íntimos, se aprende a mentir, engañar, ocultar, y aprovecharse del otro en los espacios sociales inmediatos. Si vamos a hacer sociología de las reglas del comportamiento humano, no lo hagamos desde el racionalismo; recordemos el viejo debate sobre lo bueno y lo malo en la historia de las ideas: para Hobbes, el hombre nace malo; para Rousseau nace bueno y la sociedad lo corrompe; y para Marx, solo nace, es el medio el que lo hace bueno o malo.

Todo hombre público tiene el deber de la verdad y lo de Acuña es una mentira pública que no puede pretender ser privada; tiene relevancia con el corto plazo electoral y con el largo plazo de un país ilegal que adora en paquete el llamado emprendedorismo y cuestiona el trámite como hace 30 años amaba lo informal. Hasta que empezamos a ser asesinados por las combis.

La posibilidad de que Acuña renuncie a la candidatura o el hecho de que varios de sus adversarios también mintieron o tienen cuentas pendientes con el Estado y la sociedad no pueden ser ignorados, aunque tampoco pueden operar como una coartada frente a una realidad potente: ninguna mentira pública es privada. Este es un caso en el que las pasiones del momento no pueden conducirnos a la subestimación de graves defectos sociales. Como dice el spot de la Universidad César Vallejo, se trata de ustedes. De nosotros. 

¡Mamita el Congreso!

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La República

La mitadmasuno

22 de enero de 2016

Juan De la Puente

El cierre del plazo para la formación de las listas parlamentarias promete un Congreso con una baja tasa de reelección, al punto que es probable que solo 1 de cada 6 legisladores se reelija, con el añadido de que buena parte de los que repetirán el plato lo harán por un partido distinto con el que postularon el año 2011 o cambiando de región.

Casi 110 congresistas nuevos, de un total de 130, serán la realidad de un Parlamento poco útil para el momento que atraviesa nuestro sistema político. Siendo precisos, será la consagración de la crisis de la democracia peruana; el formato combi con el que se organizan las listas parlamentarias dará como resultado una falsa renovación legislativa y un Congreso menos cohesionado que el actual, con menos vigencia de sus bancadas y renuncias más rápidas a los grupos parlamentarios.

Es cierto que la Ventanilla Única Electoral reducirá la presencia de candidatos procesados y no se repetirá el escándalo de los 33 parlamentarios enjuiciados penalmente electos el 2011, pero la movilización de dinero nos traerá al Parlamento a otros productos acabados del voto preferencial: representantes elegidos luego de costosas campañas ultrapersonales, la mayoría sufragadas con dinero ajeno no reportado y leales a ese financiamiento más que al partido por el que postularon o al candidato presidencial que los escogió. No es para menos: 5 de las 6 listas con más intención de voto están compuestas en más del 70% por invitados o militantes de última hora.

Dos preguntas por ahora no tienen respuestas precisas: ¿Por qué los candidatos presidenciales no empoderaron a su escasa militancia a sabiendas de que el modelo de listas combi explotará mañana o pasado? ¿Agrega mucho a las campañas presidenciales las listas parlamentarias de modo que se justifica el masivo fichaje de candidatos foráneos?

Es erróneo atribuir este caos a las escasas reformas electorales aprobadas el año pasado. Al contrario, este curso es el resultado de la ausencia de reformas, especialmente la eliminación del voto preferencial, las elecciones internas a cargo de los organismos electorales y la regulación eficaz del financiamiento privado.

Los hijos del voto preferencial de ese Congreso resistieron la demanda de reforma con el objetivo de garantizar su reelección. Paradoja y drama, la mayoría de ellos no logrará quedarse en el Congreso pero nos dejarán un legado nada deseable.

Otras interrogantes tienen respuestas rotundas. ¿Este modelo de Congreso combi podrá impulsar las reformas institucionales que el país necesita? ¿Podrá el nuevo presidente pactar fácilmente con un Congreso dominado por la falta de colectividades? No en cada caso.

La combinación de elegidos sin partido y reelección tránsfuga complicará la relación Ejecutivo/Legislativo, especialmente si como se prevé el Congreso tendrá por lo menos 6 bancadas parlamentarias al inicio de sus actividades, y si –como ha sucedido desde el año 2001– el gobierno carece de mayoría parlamentaria propia. Vista la composición de las listas es probable que la principal negociación del nuevo presidente sea con su bancada.

La tendencia que se abrirá con la elección de abril será la del deterioro de nuestro ya recortado presidencialismo y el cambio de facto de las reglas de juego constitucionales en la dirección de aumentar indebidamente la capacidad de obstrucción del Congreso, es decir, alterando el esquema separación/cooperación que estableció la Constitución de 1979 y que la actual Constitución no pudo alterar. Los votos color ámbar sobre los gabinetes de René Cornejo (febrero de 2014) y de Ana Jara (julio de 2014) ya nos pusieron en esa ruta.

Es obvio también que no todo está perdido y que se puede reducir la dimensión de este escenario sombrío. Por ejemplo, en manos de los electores está la decisión de votar en cada lista por candidatos de probada ejecutoria democrática o por militantes partidarios y, al revés, evitar el voto por desconocidos, por los invitados de última hora y por los que nos atosigan con publicidad electoral.

Contrarreforma electoral cínica. Con caramelo

Contrarreforma electoral cínica. Con caramelo

Por Juan De la Puente

Luego de tres años de gestación se ha concretado la contrarreforma electoral peruana, la más cínica de América Latina que contrariamente realiza esfuerzos para renovar su sistema político y sus liderazgos. Esta ley cierra el sistema político, aumenta el poder de las cúpulas, le quita el poco poder que tenían los militantes de los partidos y ensancha el poder  de los políticos invitados, y con dinero.

La insistencia

Esta contrarreforma es multipartidaria y es un legado de este Parlamento. La Ley N° 30414 publicada el domingo, modifica la Ley de Partidos, que pasa a ser ahora Ley de Organizaciones Políticas (¡que gran cambio!). El Congreso lo ha convertido en ley por insistencia luego de que el Ejecutivo lo observara. Ha insistido el Congreso a pesar de la opinión en contra de los organismos electorales, Proética, la Asociación Civil Transparencia, la Defensoría y una buena parte de la opinión pública.

La insistencia fue aprobada el 15 de diciembre cuando ya habían sido convocadas las elecciones.  Promulgada a pocos días del cierre de las listas parlamentarias es un ingrediente innecesario de inestabilidad. El JNE, en una decisión que lo honraría, debería inaplicarla para este proceso electoral.

Pequeña historia

Esa ley tiene su origen en un oscuro y casi secreto dictamen aprobado por la Comisión de Constitución durante la presidencia del Congresista Gastañadui el 6 de junio 2013. Ese dictamen (Dictamen Gastañadui) fue suscrito por Gana Perú, Fuerza Popular, PPC, Perú Posible, Solidaridad Nacional, Acción Popular-Frente Amplio y uno de los congresistas que luego formaría parte de Unión Regional.

El siguiente Presidente de la Comisión de Constitución, el Congresista Chehade, respaldó ese dictamen pero por acuerdo unánime de su Comisión pidió “desacumular” los proyectos de ley N° 1779 y N° 173 que versan sobre la  triada (lista alternada de género, eliminación del voto preferencial y elecciones internas a cargo de los organismo electorales) y el transfuguismo. En este caso, “desacumular” significa tocar esos temas aparte. El debate del Dictamen Gastañadui se inició en el pleno del Congreso el 3 de abril 2014.

El 11 de setiembre de 2014, el nuevo Presidente de la Comisión de Constitución, el Congresista Llatas Altamirano, presentó un dictamen de cambios a la Ley de Partidos que no tenía mayores modificaciones respecto del Dictamen Gastañadui, salvo en fijar la valla en 7.5% para la alianzas como tope aun así tenga más de dos partidos. El debate continuó en base a este segundo dictamen -el Dictamen Llatas- hasta que el 6 de noviembre de 2014, se pasó a un cuarto intermedio. En la misma sesión, Llatas informó que dicho grupo de trabajo acordó “desacumular” los proyectos de ley N° 428, N° 433, N° 481 y N° 1546 referidos a la hoja de vida, que fue aprobado posteriormente.

Ofensiva contrarreformista

El 18 de agosto del 2015, con el Congresista Otárola en la Presidencia de la Comisión de Constitución, la Junta de Portavoces acordó debatir el Dictamen Llatas.  No obstante, en la sesión del 20 de agosto de 2015, Otárola, al parecer presionado por las bancadas, retiró el Dictamen Llatas y pidió que el debate se realice en torno al Dictamen Gastañadui, el anterior.

El 27 de agosto de 2015 se pasó a un cuarto intermedio. Días después la Comisión de Constitución aprobó dos dictámenes más, uno el 3 de setiembre del 2015 (Otárola I) y otro el 9 de setiembre del 2015 (Otárola II).

Los cuatro dictámenes se parecían mucho entre sí. Resumen 21 proyectos de ley presentados desde el año 2011 pero ignoran oficialmente el Proyecto de Ley N° 3060 presentado por los organismos electorales en diciembre del año 2013.

Estamos frente a una ley que solo modifica 9 artículos de la Ley N° 28094, Ley de Partidos Políticos. Se ha optado por no presentar una propuesta integral de cambio y las modificaciones se centran en: a) requisitos de inscripción; b) la legalidad de los partidos; c) la formación de alianzas; d) la valla electoral: e) el padrón de afiliados; y e) el financiamiento. Es la expresión de la falta de voluntad política para encarar una reforma básica de nuestro régimen político.

Seis perlas y un caramelo

Estas son:

1.- El cierre del sistema, al elevar el requisito de firmas para la inscripción de partidos al 4% del total de ciudadanos que votaron en la última elección nacional, lo que obliga a quienes quieren registrar a una nueva organización política a recoger por lo menos 800 mil firmas. Se debe recordar que el requisito actual aprobad el año 2009, del 3% del padrón electoral, obliga a presentar 450 mil firmas. Es cierto que es recomendable colocar ciertas barreras de entrada que impida la proliferación de partidos pero el Congreso ha congelado el sistema político. Aún más los que quieren hacer un partido nuevo, ahora solo tendrán un plazo de dos años, contados a partir de la adquisición de formularios, para la recolección de firmas de adherentes.

2.- Los partidos pueden dejar de participar en una elección sin perder su inscripción. ¿Dónde quedan los militantes con expectativas de participar  en la competencia por el poder?

3.- Inicialmente se establecía una valla electoral para las alianzas políticas de 2,5% de votos por cada partido que se agregue a la alianza, de modo que una alianza de dos partidos políticos estaba obligada a obtener 7,5% de votos para mantener vigente su inscripción electoral. Eso se ha rebajado a 1% por cada partido aliado.

4.- Se anula el requisito de presentar el padrón de afiliados una vez cada año; con el cambio, dicho padrón se presentará una vez cada 5 años, lo que hace mucho más frágil la democracia interna y el control opaco de los procesos internos.

5.- Incremento de la cuota de independientes invitados del 20% al 25% una medida que no se entiende en el contexto de las demandas de fortalecer el papel de los militantes y reducir la entrega de cupos electorales por dinero, generalmente opaco.

6.- Es un acierto quitar las barreras legales para que se implemente el financiamiento público directo. Sin embargo, los congresistas pactaron para que sea efectiva el 2017 y en cambio han congelado una ley ya votada en el Congreso el 5 de noviembre del año pasado denominada “Ley que Modifica la Ley 28094, Ley de Partidos Políticos sobre el Financiamiento Público y Privado de las Organizaciones Políticas”.

Esa ley fue exonerada de la segunda votación pero ha sido retenida con argucias legales y no se ha convertido en autógrafa. Esta norma fortalecía el papel supervisor de la ONPE, establecía la Ventanilla Única de Aportantes y obligaba a bancarizar los aportes a los candidatos, poniendo un límite de 30 UIT para los aportes destinados a candidaturas personales.

7.- El caramelo es la supuesta prohibición de la entrega de dádivas. El artículo es muy genérico y dice: “Las organizaciones políticas, en el marco de un proceso electoral están prohibidas de efectuar la entrega, promesa u ofrecimiento de dinero, regalos, dádivas u otros obsequios de naturaleza económica, de manera directa o a través de terceros, salvo aquéllos que constituyan propaganda electoral, en cuyo caso no deberán exceder del 0.5% de la UIT por cada bien entregado como propaganda electoral. Esta conducta se entiende como grave y será sancionada con una multa de 100 UIT que será impuesta por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en un plazo no mayor de 30 días. Dicha prohibición se extiende a los candidatos a cualquier cargo público de origen popular, y será sancionado por el Jurado Nacional de Elecciones con la exclusión del proceso electoral correspondiente”

Como se aprecia, es una prohibición lanzada al desgaire. Imagínense que los organismos ni pueden ahora controlar el financiamiento y gasto personal de los candidatos y ahora tendrán que vigilar las dádivas, más extendida aún, sin recursos para ello. La pregunta cae sola: ¿Controlas dádivas sin eliminar el voto preferencial? Una locura.

Movimientos y saltos en cámara lenta. La última encuesta Ipsos.

Juan De la Puente

Movimientos y saltos en cámara lenta

Por Juan De la Puente

Puede ser que una encuesta electoral sea la foto de un instante de la campaña pero el análisis no solo debe mirar la foto sino el movimiento, es decir, la tendencia. La encuesta de Ipsos de enero muestra un escenario que se sigue moviendo en cámara lenta, con signos por primera vez consistentes desde setiembre pasado cuando se anunciaron la mayoría de candidaturas.

I. Los signos de este escenario son:

1) La estabilidad de Keiko, Acuña y García, la primera en el tercio de intención de voto, el segundo en 13% (luego de trepar desde el 6% en octubre) y el tercero en el 8%;

2) La caída de PPK (de 16% en octubre y noviembre a 13%) y la de Toledo (de 5% a 3%); y

3) La irrupción de Guzmán, que salta del rubro “otros” a un expectante 5%, colándose entre los medianos, ganando este primer tramo de la pugna de los pequeños.

II. A diferencia de las dos encuestas difundidas esta semana, con tonos dramáticos y sísmicos, es consistente la idea de que estamos ante cambios en la segunda línea. Keiko se mantiene sobre el 30% detectado en abril del año pasado por Ipsos pero no debe perderse de vista que los cambios involucran a cuatro candidatos que intentan organizar distintos tonos de centro político para competir con ella en la segunda vuelta. Entre PPK, Acuña, García, Guzmán y Toledo suman 42% y es probable que las subidas y caídas sean trasvases de un electorado que pregunta, busca, deja, toma y retoma un candidato.

III. Cambios más significativos se aprecian en el rubro denominado antivoto (“definitivamente no votaré por él”). Keiko ha reducido 6 puntos de su antivoto respecto de los últimos meses (de 40% a 34%), PPK 10 puntos, Acuña 9 y García entre 4 y 8 puntos (69% de antivoto en diciembre y 65% en noviembre). En cambio, Guzmán solo tiene 27% de antivoto con un 47% de los que no lo conocen.

Estos cambios son el reflejo de que la campaña ha empezado y que por ahora "las" campañas son más eficaces que las contracampañas, aunque el resultado debe medirse en función del esfuerzo y de los recursos económicos desplegados por cada candidato. Calle y mensaje están en disputa y tal parece que por ahora la calle pesa más que la publicidad pagada.

Es este punto, una anotación: solo Keiko luce un aumento en el rubro “definitivamente votaré por él” de 27% a 32%.

IV. Otros elementos del sondeo de Ipsos son relevantes. Uno de ellos es que la mayoría (51%) se muestra de acuerdo con la exclusión de las listas parlamentarias de figuras emblemáticas del fujimorismo, a contracorriente de quienes señalaban que esa decisión de Keiko la alejaría del votante clásico fujimorista. Luego, también una mayoría desaprueba la alianza Apra-PPC aunque es probable que entre ese 51% se encuentren los que no votarán por ella. Por la misma razón, el 32% de los que se muestran de acuerdo con ese pacto, son cuatro veces más que el 8% de intención de voto de García, un espacio conquistable.

V. Tendencias. Seria equívoco pretender que un análisis serio señale que candidato caerá o quien tiene “más chance” de crecer (como escuché esta semana al jefe de una encuestadora). Sin chamanismos, las únicas tendencias son la rebaja del antivoto y que los trasvases en la segunda línea continuarán. La caída de la puntera de los sondeos, Keiko, debajo del 30% por ahora parece depender más de una conjunción adecuada de errores de campaña y contracampañas exitosas, lo que no está a la vista porque sus contendores todavía están peleando entre ellos.

¿Qué hay de nuevo, viejo?

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La República

La mitadmasuno

15 de enero de 2015

Juan De la Puente

Se ha reinstalado una discusión saludable sobre la necesidad de renovar la política a partir de contar en la dirección del Estado con un político nuevo, diferente a los del elenco estable. Se presume que un recién llegado podrá hacer mejor las cosas por su falta de compromisos con el pasado y con las mañas de la vieja política.

La renovación del liderazgo es uno de los problemas más complejos de la sociedad. En sistemas con escasa institucionalización los partidos dejan de cumplir sus funciones de representación social que pasa a manos de líderes personalistas en tanto que la renovación de esos liderazgos no se realiza a través del reclutamiento y promoción de nuevos cuadros partidarios sino por la irrupción de alternativas de fuera del sistema que atacan al establishment.

Sostengo que siendo cierto que desde hace 25 años una parte de los ciudadanos busca un gobernante nuevo o que lo parezca, la tendencia de este fenómeno es decreciente. En 1990, dos tercios de los votos fueron para los nuevos o que lo parecían (Fujimori y Vargas Llosa), el punto más alto, reduciéndose a poco más de un tercio el 2001 (Toledo), a 30% el 2006 (Humala) y a 18% el 2011 (PPK).

La búsqueda de una representación personalista y no institucionalizada no tiene que ser racional. En ella juegan el carisma, la oferta a veces populista o como pasa en el actual proceso electoral, parecido en este punto al de 1990, el hartazgo y la crítica a los líderes conocidos.

Sería insensato predecir de plano que el voto por los nuevos se reducirá más en estas elecciones. Algunos “no nuevos” podrían hacer lo que con cierto éxito hizo PPK el 2011 y Toledo el 2001. Luego, existe un espacio para que candidatos con anterior desempeño convenzan a los electores de que son nuevos (Acuña, Reggiardo, Barnechea o Verónika) o que uno realmente nuevo gane adhesiones (Guzmán).

La discusión reside en tres asuntos cruciales: 1) en qué medida son nuevas las propuestas de los nuevos; 2) si al margen de las propuestas, lo más importante es que los nuevos lo sean o parezcan por un asunto de confianza; y 3) que si esa condición de político reciente es suficiente para gobernar/cambiar el país.

Mi impresión, luego de una revisión inicial de los planes de gobierno es que salvo Barnechea y Mendoza los nuevos y los tradicionales proponen lo mismo con algunos matices que no alteran una similitud general, de modo que es muy difícil que la diferenciación gire sobre los programas. No es una verdad de Perogrullo: las elecciones del 2006 y 2011 fueron las más ideologizadas desde 1980 atravesadas por el eje temático “cambio del modelo”. Eso no pasará ahora.

Siendo correcto seguir pugnando por un proceso electoral de contenidos, es cierto que se afirma la tendencia de una campaña donde la confianza personal hacia los candidatos será decisiva y excluyente de otras razones. Advierto que no se trata de una confianza moral sino política y a ello se debe que las encuestas arrojen que la mayoría está dispuesta a votar por líderes que consideran deshonestos.

Los próximos años exigen al mismo tiempo gobernabilidad y reforma y resultará insuficiente tanto lo nuevo-nuevo como lo viejo-viejo. Si habría que predecir sobre esto es que para organizar eficazmente la política en los próximos años se requerirá más relaciones horizontales que verticales, considerando que nuestro presidencialismo es muy moderado y que la debilidad de las instituciones limita al más carismático de los liderazgos.

No es suficiente ser nuevo. Los románticos de lo nuevo y los que buscan outsiders debajo de cada piedra deberían recordar que nuestro sistema lejos de reforzar a los caudillos en el poder los ha debilitado, y que salvo Fujimori –que para el efecto dio un golpe de Estado en 1992– los líderes nuevos no aumentaron su poder luego de haber tomado el gobierno. De ello dice el modo en que termina el gobierno de Humala y la forma como culminó el de Toledo, de lo que fui testigo privilegiado.

Política sin partidos. Y sin políticos

http://larepublica.pe/impresa/opinion/731993-politica-sin-partidos-y-sin-políticos

La República

La mitadmasuno

8 de enero 2016

Juan De la Puente

La repetición aumentada del rito tránsfuga o el masivo fichaje de independientes en la campaña electoral marcarán el Gobierno y Congreso nuevos. Al legitimarse los procedimientos de “jale”, giro y abjuraciones no explicadas de ideología y programas como una normalidad de la actividad pública, se consolida la antipolítica como la forma oficial de hacer política en el Perú. De paso, también se legitima a un hombre público “nuevo” aunque deberíamos esperar la inscripción de las listas parlamentarias para terminar de sorprendernos de los alcances casi infinitos del pragmatismo de nuestras mujeres y hombres públicos.

No hay duda de que la antipolítica ha cambiado a los políticos. No es el único cambio, desde los años noventa vivimos un quehacer público que ha escindido la política, dividiendo la militancia de la tecnocracia. A la realidad hartamente descrita de una democracia sin partidos habría que añadir otra, la de un poder con pocos políticos, una minoría en la vastedad de una tecnocracia cazurra, criolla  y fuertemente politiquera.

Sería un error pretender que este sea un problema solo nacional. A escala global se procesa la mutación de los poderes nacionales, de la mano de la personalización de la política, debilitando las teorías neoinstitucionalistas que subestiman la función de los líderes y de sus complejas personalidades. Las ciencias sociales le dedican ahora menos tiempo a las sociedades e instituciones y más a los “príncipes democráticos” y a las estrategias para descubrir las claves de su ascenso y controlar su poder (Sergio Fabbrini; 1999).

Aunque no todo es realmente nuevo. En la visión de Aristóteles, el político es un hombre que no se pertenece a sí mismo sino a la ciudad. Para Maquiavelo, en cambio, el político se pertenece a sí mismo en la medida que aproveche con fuerza su fortuna y con audacia su virtud, en tanto que para Weber este personaje es sobre todo el centro o epicentro de la movilización de las grandes identidades colectivas, emociones e intereses.

Parece que en el Perú hemos vuelto a Maquiavelo aunque en clave extremadamente individualista. La política ha cambiado su sentido social y se ha movido casi todo: el sujeto, el objeto y hasta la tabla de valores de análisis. En nuestro siglo XX, el ciudadano que recibía este título tenía el imperativo de ser un hombre de Estado. A inicios del siglo XXI lo era menos y ahora generalmente es un hombre de estadio. La mayoría de políticos ya no sueñan y hacen; solo hacen obras.

Los políticos austeros, con pocos soles en el bolsillo están en retirada. Esa imagen ha sido reemplazada por el candidato o elegido con dinero, suyo o de otros, una transformación que ha hecho de la política un oficio plutocrático. Conozco a varios que en las últimas elecciones no fueron candidatos o no pudieron serlo porque no estaban materialmente preparados para gastar 100 mil dólares en una campaña, o para pedirlos.

Esta forma y contenido de los hombres públicos no cambiará en el futuro cercano. La corriente de “políticos” antipolíticos es caudalosa y su variedad es creciente. Una clasificación tentativa implicaría reconocer que fuera de los políticos “de partidos” que pugnan gobernar el Estado y se aferran a las prácticas clásicas, se tiene: 1) a los políticos de cooptación, que son los que se agregan a la política, se fichan para una o dos elecciones; 2) los tecnócratas- hacedores, los que a decir de Alberto Vergara no nos gobiernan sino nos administran; 3) los políticos sociales-demandantes, activos sobre todo en la base del sistema, con conexiones intermitentes –coincidentes o conflictivas– con el Estado; y 4) los políticos intelectuales-reflexivos, los que en el esquema de Antonio Gramsci serían los intelectuales no orgánicos.

Seamos conscientes de hacia dónde se dirige el país, con más nitidez que en el pasado. El gobierno y el Congreso podrían no estar a cargo de colectividades integradas sino de decenas de personas que no le deben lealtad a ningún programa y a nada organizado.

¿Ciudadanos bocasucias vs políticos limpios?

Para mí todo, para los otros la ley. Me parece increíble que algunos se atrincheren en una supuesta libertad de expresión y extra territorialidad de las redes sociales para, desde su espacio individual, ensuciar aún más una campaña que pedimos que sea limpia y decente.

Es una expresión más de la incoherencia social que le atribuimos solo a los políticos. Pedimos elecciones limpias pero insultamos a los candidatos que no son de nuestra preferencia, bajo el principio conocido de que sean otros los que se porten bien. Igual que sean otros los honestos mientras yo sigo coimeando policías y saltándome las colas.

Por lo demás, es también inconsecuencia política. Exigimos que los candidatos no se insulten y se dediquen a los contenidos, pero nosotros nos dedicamos a insultar a los que no nos gustan. De paso, ayudamos a los malos políticos; los criticamos que usen mal las redes sociales y eludan las ideas pero hacemos lo mismo, eludimos las ideas agrandando el círculo de esta evasión. La crítica a los partidos y a los políticos sobre que no respetan a los ciudadanos, es igualmente atendible cuando en nuestro caso rechazamos que el JNE intente adecentar la campaña.

La coartada es también conocida, la del falso liberalismo. Cuestionamos a los medios que usan mal la libertad de expresión, a los que acusamos de "libertinaje", pero hacemos lo mismo con nuestra libertad en las redes.

Lo de siempre, mi libertad vale más que la de otros o mi impunidad contra la justicia para el resto.

Últimas elecciones del siglo XX

http://larepublica.pe/impresa/opinion/730161-ultimas-elecciones-del-siglo-xx

La República

La mitadmasuno

1 de enero de 2016

Juan De la Puente

Las elecciones de abril de este año serán las últimas del siglo XX. La idea de que con ellas terminará un ciclo, sobre lo que existe cierto consenso, debe ser precisada a partir de ciertos hechos sobre los cuales también existe un relativo acuerdo pero que a menudo evitamos referirnos como un parámetro de nuestro sistema.

Es innegable que el golpe de Estado del 5 de abril de 1992 organizó un sistema que fue impactado por la caída del gobierno de Alberto Fujimori el 2000, dando lugar a 15 años de un régimen democrático que nos lleva por primera vez desde 1999 a una cuarta elección sucesiva de un gobierno constitucional. Imposible igualmente negar que durante este período se registraran logros inéditos como un largo crecimiento económico de más de 12 años, la rebaja de más de 30 puntos de pobreza y la mejora relativa de la distribución del ingreso.

Estos resultados se deben a una dinámica compleja del llamado modelo de economía impuesto en 1992, innovado por los tres gobiernos que sucedieron desde el 2001 (que incentivaron especialmente la demanda y la inversión pública) sin afectar su núcleo duro, y con efectos igualmente duros como una severa rebaja de la producción para el mercado interno y el debilitamiento de sectores cruciales como el de Manufactura y Agropecuario.

Menos complejo es el ámbito político/institucional que prácticamente no fue tocado. Las reglas para la formación y ejercicio de la representación son las mismas y tampoco ha variado la relación entre el Estado y la sociedad salvo el incremento de la regulación para determinadas actividades en el mercado. Al contrario, el modelo político instaurado en 1992 se ha profundizado, de modo que la antipolítica es más vigente que nunca.

Apreciando el largo plazo, no se pueden negar “las cosas sucedidas desde el 2000” aunque las rupturas entre el período 1992-2000 y 2000-2015 son menores que las continuidades. La crisis de las instituciones que preside el actual proceso electoral no se debe a las reglas establecidas en el período 2000-2015 sino a la falta de reformas de las reglas generales originadas en 1992, y a que el impulso de la transición del año 2000 fue ahogado.

Sobre ese escenario marcado por las continuidades se agolpan nuevos fenómenos que impulsan el señalado fin de ciclo a propósito de las elecciones de este año. Entre los más dinámicos se cuentan tres: 1) el fin del crecimiento conocido que ha pulverizado el consenso dentro de la ortodoxia y de la heterodoxia económicas; 2) la crisis de seguridad que ha desnudado el bajo estándar de los derechos de propiedad y de justicia; y 3) el estallido de la corrupción que ha reducido a mínimos la confianza de los ciudadanos en la política y en las instituciones.

Por otro lado, la relación entre lo nuevo y constante en este proceso está marcada por lo segundo. El fujimorismo, una candidatura fuerte en las elecciones de este año, fue hegemónico entre 1992 y 2000 y la principal fuerza de oposición a los 15 años de democracia 2000-2015. Asimismo, Humala, la única apuesta de cambio de los últimos años, ha sido sobre todo la continuidad en lo económico y sobre todo en lo político, en tanto que los principales animadores de las elecciones lo han sido de varios procesos electorales y gobiernos: Toledo fue candidato en 5 elecciones y presidente, García fue presidente y candidato en 3, Keiko en 2, PPK también en 2 y ministro y premier entre 2001 y 2006 y Acuña parlamentario, alcalde y gobernador regional.

El fin del largo ciclo no asegura que lo que venga sea necesariamente bueno. No sería sensato predecir que quien gane las elecciones no pueda iniciar una reforma que mejore los contenidos de una república que a pesar de su precariedad tiene cosas que defender porque la historia está poblada de hombres “viejos” que hacen cosas nuevas y buenas. Sin embargo, también es cierto que tenemos varias crisis que parecen no agregarse para producir un efecto de cambio político y que lo nuevo, eso sí, es la escasa demanda reformista desde la sociedad.

Gente como uno (GCU)

http://larepublica.pe/impresa/opinion/728617-gente-como-uno-gcu

La República

La mitadmasuno

25 de diciembre 2015

Juan De la Puente

La polémica sobre la agresión de una ciudadana a un policía en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, condenada a 6 años y 8 meses de prisión, es emblemática para otra discusión más crucial sobre el papel de las leyes y de la justicia en la lucha contra el delito. Como ya sucedió en México y otros países que experimentan el auge del crimen, se vislumbran dos fenómenos en pugna ante el delito, el populismo penal y el clasismo elitista.

El país lleva una década de cambios legislativos para hacer de esta regulación más severa en penas y menos garantista respecto de los infractores. Esta espiral se eleva por un impulso multiclasista con sed de venganza más que de sanción y es probable que no se detenga hasta la ampliación de la pena de muerte y la eliminación de todo beneficio penitenciario.

Parte de este populismo es la tolerancia con el gatillo fácil policial estimulado también legalmente, excepto la reciente Ley sobre el uso de la fuerza por la PNP (D. Leg. Nº 1186), de modo que, por ejemplo, era natural que en diciembre del año 2009 una encuesta de Ipsos revelara que el 47% aprobaba la existencia de escuadrones policiales que ejecuten a delincuentes.

El populismo penal no es el único fenómeno que se observa frente al delito. Se aprecia también un clasismo elitista que entiende que los secuestradores, extorsionadores y narcotraficantes son siempre los otros, los de abajo, los peruanos de “color puerta”. Nos lo dice todos los días la falta de imaginación para bautizar a los detenidos como “cholo” “negra” o ”chino” o la historia sin fin de las bandas de “malditos” siempre de Cantogrande,  Bayóvar o Huáscar aunque se apresen bandas cuyos miembros vivan, todos, en Chacarilla, Camacho o La Molina.

En el caso del Aeropuerto Jorge Chávez han chocado populismo y elitismo con la justicia al medio, la que siempre paga los platos rotos. Y han salido chispas. La  agresión de una mujer de camioneta 4x4 a un policía mestizo no puede ser más simbólica de ambas subjetividades que actúan en lo público. Frente a la intervención policial por una infracción cierta la ciudadana manoteó y derribó el casco del policía, le dio una bofetada, lo insultó, le dijo que no lo habían enviado al colegio y luego arrancó su vehículo atropellando a los policías que estaban delante.

La condena a la infractora se vio rápidamente en disputa. Una página de Facebook que reclama por su libertad tilda de resentido social al policía agredido, sostiene que la acusada solo lo despeinó, que los policías del Perú son acomplejados y que este es un caso de abuso contra la minoría blanca del Perú, lo que involucra al juez.

El cuestionamiento jurídico de la sentencia empezó usando los vocablos desproporcionado y excesivo, escondiendo que el mar de fondo es la desordenada reforma penal a la que ha conducido la crisis de seguridad del país, uno de cuyos resultados es la obligada terminación anticipada de los procesos llamados “inmediatos” en casos de flagrancia, para lo cual se modificó otra vez el Código Penal (D. Leg. Nº 1194).

Varios abogados que hemos criticado desde hace años el populismo penal hemos sido enfrentados por quienes desde una visión conservadora se imaginan una justicia sin derechos operando bajo la lógica de “mientras el populismo penal no me afecte ¡Viva la pena! En esta ocasión, ese grupo social se ha sentido afectado por una norma que creía que jamás los alcanzaría basados en sus apreciaciones de que el delito no es propio de Gente Como Uno (GCU). La conclusión es la de siempre, un grupo contra una ley que acaba de descubrir que puede castigar severamente la prepotencia.

Los GCU han retrocedido y piden condenas benignas. Desde el gobierno han dicho con dramática sinceridad que la ley de flagrancia no fue pensada para las agresiones individuales sino para la resistencia a la policía en casos de marchas y desalojos. Tranquilos, así la cosa cambia; la justicia se había equivocado, es decir, había acertado; creía que era para todos. Qué ingenua. (Libertad para los presos políticos en Venezuela esta Navidad).