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viernes, 11 de mayo de 2018

Inmunidad, impunidad y debilidad

https://larepublica.pe/politica/1226066-inmunidad-impunidad-y-debilidad
La República
La mitadmasuno
12 de abril de 2018
Juan De la Puente
Entiendo el propósito del proyecto de ley presentado por la congresista Patricia Donayre para suprimir la inmunidad parlamentaria, y comparto su firmeza en la lucha contra la impunidad de los elegidos por el pueblo, un esfuerzo creciente de los sistemas políticos acosados por el crimen político. Sin embargo, estoy en desacuerdo con la iniciativa presentada. Aquí algunas razones:
Uno. La representación tiene dos momentos, la formación y el ejercicio. Al primero corresponden los derechos y libertades de elegir y ser elegidos y de participación en los asuntos públicos, regulados por la ley. Al segundo corresponde el desempeño de los elegidos y las instituciones que integran, igualmente regulados. En ese orden de ideas, llevamos más de una década postergando la reforma del primer momento, de la formación de la representación, que es la etapa de impunidad legalizada, socavada por voto preferencial, el fichaje de independientes con dinero, el financiamiento ilegal y el desprecio a los militantes de base de los partidos.
Sin reforma radical de esa etapa, que no implique colocar más requisitos, el Congreso seguirá abierto a los indeseables y quizás solo se mejore el proceso de desafuero. En tal sentido, si se trata de formar una voluntad de reforma para cambiar la representación, sería más conveniente utilizar esa posibilidad para expedir normas de rango inferior inclusive, congeladas por las mayorías parlamentarias hace tiempo.
Dos. Nuestro esquema de distribución de poderes, cada vez alejado de la tradición del check and balances, ha migrado a un esquema de debilidad paritaria del Ejecutivo y Congreso, y hacia una colaboración inorgánica. Suprimir la inmunidad parlamentaria debilitaría la función de control, al reducir el marco de autonomía del legislador, considerando que, en la última etapa, este control se ha ampliado hacia áreas no estatales, como lo demuestran las investigaciones parlamentarias desde el año 2001 en cumplimiento del artículo 97º de la Constitución sobre cualquier asunto de “interés público”.
Sin inmunidad, esa forma de control sería compleja, jaqueada por ejemplo por recursos judiciales personalizados en determinados legisladores. Si habría sido el caso, no me imagino que no hubiese tenido respuestas legales penales de los involucrados las conclusiones de la Comisión investigadora sobre los delitos económicos y financieros cometidos entre 1990-2001, suscrita por Javier Diez Canseco (UPD) Walter Alejos (PP) Máximo Mena (PP) Juan Valdivia (APRA) y Kuennen Franceza (PPC).
Tres. Desde la doctrina parlamentaria clásica, la inmunidad no es un derecho personal ni un privilegio individual del legislador, sino una garantía que descansa en el poder del Parlamento como cuerpo colegiado, como lo ha señalado en su momento el Tribunal Constitucional (Exp. Nº. 0026-2006-PI/TC).
Esto no implica que no existan alternativas que eviten el espíritu de cuerpo o el canje de votos por impunidad, apreciado recientemente. Una de las opciones sugeridas es que, en cada legislatura, el Parlamento delegue en un cuerpo externo altamente calificado –como delega la función legislativa- las funciones de la Comisión de Ética y el levantamiento de la inmunidad de sus miembros.

Hoy, como hace 300 años, la clave sigue siendo la independencia del congresista, el elemento constitutivo del Legislativo como cuerpo político, es decir: 1) representación de todo el pueblo; 2) no sujeción a mandato imperativo e inviolabilidad; y 3) elección periódica. En este mismo aspecto, tengo el temor de que los grandes poderes económicos y políticos, cuestionados por su falta de sensibilidad y respeto hacia los pueblos originarios, consumidores, trabajadores u otros sectores con demandas específicas, aprovechen la ventana de oportunidad que les brinda la ausencia de esta prerrogativa, y fomenten la salida del Congreso de los parlamentarios que consideran incómodos a sus intereses. Ahora que ya tenemos una política judicializada que se desenvuelve en carriles con límites cada vez más difusos, seria inconveniente la judicialización del ejercicio parlamentario.

viernes, 5 de febrero de 2016

¡Mamita el Congreso!

http://larepublica.pe/impresa/opinion/735456-mamita-el-congreso
La República
La mitadmasuno
22 de enero de 2016
Juan De la Puente
El cierre del plazo para la formación de las listas parlamentarias promete un Congreso con una baja tasa de reelección, al punto que es probable que solo 1 de cada 6 legisladores se reelija, con el añadido de que buena parte de los que repetirán el plato lo harán por un partido distinto con el que postularon el año 2011 o cambiando de región.
Casi 110 congresistas nuevos, de un total de 130, serán la realidad de un Parlamento poco útil para el momento que atraviesa nuestro sistema político. Siendo precisos, será la consagración de la crisis de la democracia peruana; el formato combi con el que se organizan las listas parlamentarias dará como resultado una falsa renovación legislativa y un Congreso menos cohesionado que el actual, con menos vigencia de sus bancadas y renuncias más rápidas a los grupos parlamentarios.
Es cierto que la Ventanilla Única Electoral reducirá la presencia de candidatos procesados y no se repetirá el escándalo de los 33 parlamentarios enjuiciados penalmente electos el 2011, pero la movilización de dinero nos traerá al Parlamento a otros productos acabados del voto preferencial: representantes elegidos luego de costosas campañas ultrapersonales, la mayoría sufragadas con dinero ajeno no reportado y leales a ese financiamiento más que al partido por el que postularon o al candidato presidencial que los escogió. No es para menos: 5 de las 6 listas con más intención de voto están compuestas en más del 70% por invitados o militantes de última hora.
Dos preguntas por ahora no tienen respuestas precisas: ¿Por qué los candidatos presidenciales no empoderaron a su escasa militancia a sabiendas de que el modelo de listas combi explotará mañana o pasado? ¿Agrega mucho a las campañas presidenciales las listas parlamentarias de modo que se justifica el masivo fichaje de candidatos foráneos?
Es erróneo atribuir este caos a las escasas reformas electorales aprobadas el año pasado. Al contrario, este curso es el resultado de la ausencia de reformas, especialmente la eliminación del voto preferencial, las elecciones internas a cargo de los organismos electorales y la regulación eficaz del financiamiento privado.
Los hijos del voto preferencial de ese Congreso resistieron la demanda de reforma con el objetivo de garantizar su reelección. Paradoja y drama, la mayoría de ellos no logrará quedarse en el Congreso pero nos dejarán un legado nada deseable.
Otras interrogantes tienen respuestas rotundas. ¿Este modelo de Congreso combi podrá impulsar las reformas institucionales que el país necesita? ¿Podrá el nuevo presidente pactar fácilmente con un Congreso dominado por la falta de colectividades? No en cada caso.
La combinación de elegidos sin partido y reelección tránsfuga complicará la relación Ejecutivo/Legislativo, especialmente si como se prevé el Congreso tendrá por lo menos 6 bancadas parlamentarias al inicio de sus actividades, y si –como ha sucedido desde el año 2001– el gobierno carece de mayoría parlamentaria propia. Vista la composición de las listas es probable que la principal negociación del nuevo presidente sea con su bancada.
La tendencia que se abrirá con la elección de abril será la del deterioro de nuestro ya recortado presidencialismo y el cambio de facto de las reglas de juego constitucionales en la dirección de aumentar indebidamente la capacidad de obstrucción del Congreso, es decir, alterando el esquema separación/cooperación que estableció la Constitución de 1979 y que la actual Constitución no pudo alterar. Los votos color ámbar sobre los gabinetes de René Cornejo (febrero de 2014) y de Ana Jara (julio de 2014) ya nos pusieron en esa ruta.
Es obvio también que no todo está perdido y que se puede reducir la dimensión de este escenario sombrío. Por ejemplo, en manos de los electores está la decisión de votar en cada lista por candidatos de probada ejecutoria democrática o por militantes partidarios y, al revés, evitar el voto por desconocidos, por los invitados de última hora y por los que nos atosigan con publicidad electoral.