Democracia polarizada y descosida

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La República

La mitadmasuno

7 de abril de 2017

Juan De la Puente

El gobierno ha encontrado un nuevo aire ayudado por su desempeño en los momentos más agudos del Niño Costero, que la opinión pública juzga aceptable, y por un descentramiento de la agenda pública previa a los desastres naturales. Los huaycos también se han llevado la interpelación a Martín Vizcarra y han liberado la presión sobre un gabinete que se defendía a veces contra las cuerdas.

Es impredecible precisar hasta dónde se extenderá esta etapa. Por los antecedentes de los últimos años, lo que tendremos quizás sea una sucesión de micro-ciclos dominados por asuntos de corto plazo, el espacio donde el gobierno ha aprendido a jugar, a veces ayudado por los medios y por el antifujimorismo.

En ese juego de corto plazo, salvo los coletazos del Niño Costero o un disparo a los pies por parte del gobierno, las coyunturas serán otra vez tomadas por los casos de la corrupción brasileña a la espera del 1º de junio, fecha del juicio final, cuando se supone se harán públicas las delaciones premiadas que comprometen, se afirma, a decenas de peruanos.

El gobierno y el fujimorismo no ejercen un cogobierno pero se han hecho enemigos íntimos en el manejo del corto plazo; han aprendido a anudarse y desenredarse en él sosteniendo una cooperación en materia económica y una tensión intermitente en lo político, marcada por la retórica. Esta relación de memoria es alterada en ocasiones por las acusaciones sobre la falta de competencias personales del Presidente de la República, pero ha administrado a gusto de ambos todos sus posconflictos: el de la delegación de facultades, el caso Moreno y la censura a Saavedra.

No sabemos si el gobierno intentará jugar estrategias de mediano plazo a propósito de la corrupción y la reconstrucción. Lo primero es una promesa que data de hace meses y lo segundo quizás obligue a una nueva delegación de facultades. El fujimorismo en cambio sí se ha decidido por salir de la coyuntura y pugnar por una estrategia que no pasa necesariamente por el gobierno sino por su futuro político.

Ese es el sentido del proyecto de ley sobre la prohibición de que los sentenciados por corrupción dirijan medios, operado bajo el argumento conocido de que Fuerza Popular perdió las elecciones del 2016 por causa de las denuncias periodísticas, al que parece seguirá otra norma, la de la propiedad cruzada, aplicada también a los medios de comunicación, todo ello orientado a garantizar mejores resultados electorales.

En esa línea parece ubicarse la incomprensible propuesta de derogar el D. Legislativo Nº 1323 que fortalece la lucha contra la comunidad LGTB y el feminicidio. Los argumentos legales, de que la identidad de género no fue materia de la delegación de facultades, resumen un mar de fondo: la relación política con el vasto sector conservador contrario a la igualdad de género que ya enseñó sus músculos en la marcha Con mis hijos no te metas, en marzo pasado.

Las idas y venidas del proyecto sobre los medios, y la oposición de miembros de Fuerza Popular a la derogatoria del D. Leg. 1323 reflejan que esta estrategia está en construcción y sometida a las tensiones de un movimiento que opera con facilidad en los sectores populares pero que enfrenta dificultades para relacionarse con las clases medias y altas y avanzar en ellas.

Esa estrategia enfrenta un dilema más allá del juego gobierno-oposición. Una entrega completa del fujimorismo a la ultraderecha peruana para evitar que por ese costado irrumpa una candidatura sugerente deja abiertos otros flancos que pretendía ocupar Fuerza Popular y tensiona el debate de los derechos en la democracia. La idea de que se puede legislar contra las minorías porque son eso –minorías– es absurda si por encima de los porcentajes se polariza al sistema, no romperlo pero sí descoserlo. Habría que revisar los resultados de los tres últimos procesos electorales: las elecciones de los años 2006 y 2016 demostraron que fracasan los que polarizan la democracia, y las del 2011 que es decisiva la formación de alianzas sociales abiertas y plurales.

Por qué fracasan las reconstrucciones

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La República

La mitadmasuno

31 de marzo de 2017

Juan De la Puente

¿Un país que no pudo prevenir podrá reconstruir? Es una pregunta básica premunida de realismo al momento de enfrentarnos a la quinta reconstrucción después de desastres de envergadura en los últimos 50 años, luego del Niño de los años 1983 y 1998, y de los terremotos de los años 2001 y 2007.

Las cuatro reconstrucciones fueron fallidas o, si se prefiere, con resultados extremadamente relativos si nos atenemos a los objetivos ubicados más allá de la reposición de puentes y principales carreteras.

Esta reconstrucción debería significar además la puesta en valor de una nueva infraestructura para los servicios que hacen la vida cotidiana en las zonas urbanas y rurales afectadas, la recuperación de las fuentes de trabajo perdidas, el reimpulso de la actividad económica y el establecimiento de bases mínimas para el funcionamiento de la sociedad. No hay modo en que una reconstrucción no implique desarrollo y modernización.

Sometidos a la presión de quemar etapas estamos tomando el rábano por las hojas. Los dos primeros debates a los que nos hemos abocado son: 1) el monto de los daños y de lo que se necesita, una ecuación absurda y ahora incalculable porque la emergencia no ha terminado y porque en buena parte de las zonas afectadas la reconstrucción obliga a reparar brechas históricas, una suerte de construcción más que reconstrucción; y 2) quién reconstruye, es decir, el modelo institucional de gestión donde colisionan dos opciones: una institución autónoma a cargo de una autoridad especial o el órgano tradicional de gestión y gasto, el Ejecutivo; una disyuntiva que puede ser engañosa y de la que quizás resulte un modelo mixto.

El riesgo de lo que suceda luego del desastre ni siquiera es el fracaso sino el olvido, que es peor. La revisión de antecedentes y el contexto en que se mueven las agencias públicas sugiere tomar en cuenta por lo menos tres condiciones básicas de la exitosa gestión macro de la reconstrucción: 1) la reconstrucción del Estado; 2) la afirmación de la descentralización; y 3) el entendimiento político.

La primera reconstrucción que requerimos es la del Estado, un proceso que debería correr paralelo a todo lo que se haga como respuesta a la emergencia. Los sueños de obra física y cemento deberían detenerse un poco a sopesar la débil densidad estatal y su escasa capacidad para regular, controlar, planificar, gastar, rendir cuentas e incluir. Se constata ahora lo que decían los libros de texto: la inversión pública con poco Estado es un salto al vacío.

La segunda reconstrucción es la de la inclusión. El centralismo, ese pequeño monstruo egoísta que llevamos dentro, no ha encontrado mejor modo de encarar esta tragedia nacional que echándole la culpa de los desastres a las regiones y municipios.

El centralismo, con 180 años de fracasos a cuestas repite que la descentralización –que lleva 15 años– es un fracaso, un argumento conceptual muy ligero que vale solo para la pelea pequeña en la cancha pequeña, pero que sin embargo parece apuntar a una reconstrucción sin descentralización. Si esa es la tendencia, no habrá reconstrucción sino una pugna política de proporciones, sobre lo cual se tienen varias lecciones.

La tercera reconstrucción, por si lo estamos olvidando en medio del lodo y piedras que nos lanzamos todos los días, es la del pacto. Una de las razones que concurrieron a los cuatro fracasos anteriores es la falta de acuerdos entre los actores públicos entre sí y entre el Estado y la sociedad.

Solo una de las tareas de la reconstrucción, el ordenamiento territorial por ejemplo, para impedir la ocupación de zonas vulnerables y reubicar a miles de personas, implica un acuerdo vasto de nivel nacional y en cada pueblo del país. El sueño de una reconstrucción por decreto supremo, fría aunque financiada, desde arriba, sin los ciudadanos y sin los pueblos, es un fracaso anunciado, más ahora que los peruanos han desarrollado su capacidad de denuncia y ejercen una mejor vigilancia ciudadana.

El agua embotellada y los nuevos sacaojos

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La República

La mitadmasuno

24 de marzo de 2017

Juan De la Puente

En seis días, entre el lunes 13 y el sábado 18 de marzo, los peruanos sufrieron el impacto concertado de los desastres todavía llamados naturales y la exposición inédita de símbolos que elevaron la emergencia a nivel de drama nacional. Antes de esos fatídicos días, miles de compatriotas ya habían sufrido los desastres y lo siguen sufriendo en estos momentos, solo que sin un detalle que hace de este episodio una gigantesca recreación trágica: la falta de agua, especialmente en Lima.

La escasez de agua potable en la capital cambió el código de las inundaciones, desbordes, apagones y falta de agua en otras zonas del país y en varios distritos de Lima, lo que en otro contexto habrían sido “otros” desastres –o los desastres de los “otros”– con menos exposición, como los de enero de este año. Este hecho desnudó al mismo tiempo visiones y opciones complejas y contradictorias en una ciudad de casi 10 millones de habitantes, construida bajo rígidos principios centralistas, clasistas y egoístas.

La mayoría de ciudadanos asistía a un drama en el que se ubicaban a sí mismos y a su carencia. En cambio, un pequeño y estridente segmento asistía en solitario a su falta de agua negándose a aceptarlo con el drama del resto del país. En su visión era imposible que la falta de agua potable –una realidad que afecta todos los días a por lo menos 8 millones de peruanos– les sucediese a ellos, precisamente a ellos.

La demanda de agua eclipsó en algunos momentos el reclamo de una reacción rápida del Estado a los desastres, y parecía que la desgracia solo residía en la falta de agua en los distritos mesocráticos de Lima y no en la decena de distritos de la misma Lima, en donde miles de personas habían perdido sus casas y sus medios de vida, o en el norte del país que vivía día a día tormentas eléctricas. Que la emergencia nos haya igualado es falso; a algunos los ha igualado más que a otros.

El hecho que puso luz sobre esta desnudez fue el acaparamiento del agua embotellada luego de algunos mensajes alarmistas e inescrupulosos. Los supermercados fueron escenario de disputas por agua industrializada para satisfacer una necesidad debatible, tan debatible que decenas de miles de casas limeñas tienen ahora en promedio el stock de agua embotellada más grande del mundo. Ahora recuerdo cuando desde “estos” distritos se burlaban de los peruanos de los “otros” distritos que creían en los sicosociales de los sacaojos y pishtacos.

Esto no ha terminado y no terminará con las últimas lluvias de abril. A pesar de que los días sin agua en la capital fueron también de un masivo aprendizaje sobre la necesidad de cuidar este valioso elemento de nuestras vidas, un grupo de peruanos cree todavía que lo sucedido es injusto. Para ellos no hay cambio climático, resiliencia o mitigación sino la vieja narrativa de la “furia” de la naturaleza contra el humano indefenso, el desastre como un evento inesperado, el combate contra lo desconocido y la pugna agónica para que todo vuelva a ser como antes. Son compatriotas a quienes se les ha agrietado una forma de vida y se resisten a aceptarlo.

Por suerte, la mayoría adopta una actitud distinta. Acepta su condición de víctima de un fenómeno que si bien no ha escogido le pertenece y debe encararlo. Las redes sociales y la vida cotidiana han mostrado estos días una impresionante actitud realista de los peruanos que no debe confundirse con resignación. Es una muestra de adaptación patente sobre todo en los jóvenes, un aspecto que los medios han hecho bien en difundirlo.

Es reconfortante que este germen de la adaptación al cambio climático venga acompañado de una convicción solidaria expresada en el surgimiento de redes de ayuda con gran presencia de jóvenes y el rechazo a hacer de este episodio doloroso un ajuste de cuentas con las autoridades. Es cierto que la idea de la unidad nacional será corta y que en breve retornaremos al encono comedido y desmedido. Es cierto eso, pero pocas veces habíamos aprendido tanto en tan pocos días.

El maestro y la fiesta del libro

Por Juan De la Puente

Adiós maestro, el del libro. Ha fallecido mi centenario maestro Oscar Ramírez Amanzo, mi profesor del quinto de primaria en la GUE Leoncio Prado; el Huánuco del siglo pasado lo conocía como Cañoncito porque fue un recio delantero del León de Huánuco, entre los años cuarenta y cincuenta.

Foto: Correo.

Me enseñó el Quijote, los verbos, sustantivos y adjetivos; con él inicié mis rudimentos poéticos haciendo acrósticos, y quien me impulsó a recitar a Vallejo y a Chocano. Me puso de apodo sapo porque era el único de su clase que no tomaba el agua directamente del caño sino haciendo cuenco con las manos. De él aprendí algo de la historia de Huánuco, del héroe cholo Aparicio Pomares, de los fundadores de la ciudad y del porqué de algunas de sus calles. También le agradezco el que el quinto de primaria fuese el único año en que mis padres no tuvieron que ir al colegio llamados para responder por mis incontables travesuras. Es que Cañoncito -masón- arreglaba esas cosas de tú a tú y frente a los alumnos.

Para mi fue el maestro del libro. Una vez le conté que había leído La Cabaña del Tío Tom y Los Perros Hambrientos y me dijo "Oye sapito ahora tienes leer a López Albujar, él fue juez en Huánuco". Al día siguiente me trajo un libro viejo que se titulaba “Cventos Andinos” con la v en lugar de la u, un tipo de letra hasta ese momento para mí poco conocida.

Han pasado más de 45 años pero están frente a mí las letras marrones del título y la vieja iglesia rural pintada en la cubierta de ese libro con trazos caprichosos que me parecían herejes. Fue una edición del año 1950 o 1951 de la Editorial Mejía Baca y esos apellidos, López Albujar y Mejía Baca, me los grabé como una asociación mágica del hombre con el libro. Mi segundo apellido es Mejía, era el año de 1971. Cosas de chicos.

El maestro me entregó ese bello y polvoriento libro antes de salir al recreo y me advirtió que no lo pierda porque era de la biblioteca de secundaria. Cuando se lo retorné leído y repasado él mismo nos llevó a un grupo de estudiantes a devolverlo a la biblioteca. Fue un descubrimiento memorable y muy grato hasta ahora, y en aquel momento una épica personal que narré alegosamente en casa y en el barrio. Nunca había visto tantos libros juntos en anaqueles altos expuestos en orden y desorden, pilados y encajados en los estantes, de colores abigarrados o colecciones marrones y negras con letras doradas en los tejuelos. Y muchos, muchos libros viejos, viejos de vejez y viejos de uso, despidiendo ese olor cautivador y extraño que me ha perseguido toda la vida, esa mezcla de lo guardado más polvo y madera. No sentí humedad porque debe saberse que el clima de Huánuco es seco (jojolete).

Estuvimos allí por lo menos 15 minutos. El maestro esperó paciente nuestro contacto con la palabra desbordada. Yo, a pesar de gozar con el espectáculo del libro, sufrí un poco; me pareció que esa era una biblioteca transitoria donde todo parecía provisional y en la que el libro debería quizás importar algo más.

Volví a ese lugar dos o tres veces porque no siempre estaba abierto. No recuerdo sin embargo en que parte del colegio se ubicaba, si frente al patio principal de secundaria, el de los arcos, en el Court Interno, el patio de primero de secundaria o atrás, en la mítica Huerta Yrigoyen donde jugábamos a la guerra con carrizos, nos tirábamos piedras de verdad y cogíamos naranjas ácidas que chupábamos sucias. No recuerdo donde estaba esa biblioteca pero en ese momento no era evidente para mí que ese lugar no estaba entre las prioridades. A veces he pensado., inclusive, que era un depósito que mi fantasía ha convertido en biblioteca.

Mi amor por la lectura había nacido antes en la casa, entre novelas de la colección de 1957 de Editorial Tor de Buenos Aires, casi todas sin cubierta y con bordes pintados de rojo, y los libros de mi hermana Cristina que estudiaba Educación en la Universidad Hermilio Valdizán; pero ese día de 1971 nació mi amor por los libros y mi afición por las bibliotecas.
He visitado tantas en tantos años y cada vez que veo una evoco mi primera visión. La última vez que recordé la escena de la biblioteca de mi viejo pueblo y de mi viejo maestro fue el anteaño pasado cuando paseaba con Micaela en The British Library. Antes, mucho antes, le había contado esta historia a mi desaparecido amigo Pedro Planas, el de la biblioteca más revoloteada que he visto, la de su casa del Jr. Recavarren, en Miraflores. Él me dijo esa vez en confidencia que también le gustaba el olor del libro viejo.

Mi viejo profesor se ha muerto en abril. Murió el mismo día en que mi madre hubiese cumplido años. Se ha muerto en el mes de las letras; el mes en que también se murieron Garcilaso, Vallejo, Eguren y Mariátegui; en el que nacieron Valdelomar y Oquendo y Amat; y el mes en el que murieron Cervantes, Shakespeare, García Márquez, Solá, Baudelaire y Salgari. Para mí se ha muerto en olor de libro y de letras. Adiós maestro.

Puede encontrar más información de esta nota en: https://juandelapuente.com/el-maestro-y-la-fiesta-del-libro/

Las imágenes al mando. A propósito de la encuesta de GFK

Por Juan De la Puente

Los datos del reciente sondeo de GFK son como los de toda encuesta una foto, pero en movimiento constante y fuerte. Las percepciones de la opinión pública expresan esencialmente la relación de los peruanos frente a los potentes símbolos que los desastres todavía llamados naturales han impuesto.

Estas percepciones son muy provisionales al punto que ni siquiera expresan tendencias. No es un espejismo aunque si un destello y lo peor que deberíamos decir frente a ellas es que tenemos un escenario.

El trabajo de campo se llevó a cabo entre el 18 y 22 de marzo, cuando el país se había volcado en favor de la solidaridad con los pueblos del norte y de la costa central que sufren las lluvias y desbordes. En esa medida, la opinión pública ha premiado la respuesta del Estado a la emergencia, a pesar de los defectos de esta, y eso se traduce en los ligeros incrementos de la aprobación del Gobierno (23% a 27%), el Congreso (21% a 23%), el Presidente de la República (29% a 31%) y la Presidenta del Congreso (23% a 27%).

Es muy probable que con esta percepción provisional los peruanos rechacen las tensiones políticas en las alturas en este momento, lo que no significa que se guarden sus críticas. De cualquier modo, llama la atención que los ciudadanos no se plegaran a las estrategias de confrontación dispuestas por la mayoría de actores políticos y que sepulten a los ejércitos en batalla. Quedará para la cátedra profundizar  porqué un gobierno débil no se hundió con los huaycos y con la batalla política que la emergencia trajo.

Anoto una primera explicación. La otra batalla ha sido más intensa, la batalla de las imágenes simbólicas, en donde han ganado los más fuertes, los que grafican el sufrimiento de los peruanos que a su pobreza se le agrega ahora su condición de damnificado. Nunca como ahora hubo una gigantesca creación y recreación del drama, usando por primera vez en una crisis climática los instrumentos de comunicación en toda su potencia: Facebook, Twitter, TV, Radio, webs, Youtube, Instagram y plataformas integradas de los medios.

Estas imágenes simbólicas fueron construidas por primera vez por decenas de miles de personas al punto de que por primera vez los medios tradicionales debieron de organizar una cobertura periodística dependiente en gran medida de ciudadanos  armados de sus celulares. Esta influencia alteró esa cobertura que empezó siendo tradicional, con los códigos del pasado –su majestad el huayco- y terminó mostrando a la gente y su sufrimiento, y la reacción solidaria. Es tan cierto ello que la imagen más potente hasta ahora, es la de Evangelina Chamorro emergiendo precisamente de un huayco, captada por un anónimo ciudadano.

No hay como oponerse a las imágenes sin otras imágenes. Luis Castañeda es hasta ahora el único político nacional dañado por la emergencia (47% a 34% de aprobación) porque la caída del Puente Talavera es una imagen formidable, transmitida en vivo y retransmitida hasta la saciedad. Es la segunda imagen potente de esta crisis a pesar de que se han caído decenas de puentes. Pero ninguno era amarillo, nuevo, provocador y estaba en Lima. En cambio, el país vio como las pantallas se llenaron de políticos en acción y eso ha tenido un saldo positivo relativo, insistiendo en lo relativo, reflejado en aprobaciones ascendentes del Premier Fernando Zavala (de 3’% a 34%), por ejemplo.

Las  imágenes simbólicas no son eternas. Los desastres pasarán y nos volveremos a encontrar con nuevos símbolos o los viejos. De los políticos y los medios, y por supuesto de los ciudadanos, depende cómo se vaciarán estos números en los nuevos crisoles de la inestable coyuntura peruana.

100 años de la Revolución Rusa

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La República

La mitadmasuno

17 de marzo de 2017

Juan De la Puente

En marzo se celebra el centenario del inicio de la Revolución Rusa que culmina meses después con la toma del poder de los partidarios de Vladimir Ilich Lenin. Ese fue el acontecimiento más importante de inicio del siglo pasado que según el gran historiador Eric Hobsbwm tuvo repercusiones más profundas y generales que la Revolución Francesa (1879) porque sus impactos fueron mayores y perdurables, a razón de que originó un movimiento revolucionario de mayor alcance que ha conocido la historia moderna, una expansión mundial que, según Hobsbwn, no tuvo parangón desde las conquistas del islam en su primer siglo de existencia.

La rusa fue la más emblemática de las revoluciones del Siglo XX aunque aparezca distante a otras dos grandes revoluciones íntimas en nuestro continente, la Revolución Mexicana (1910-1917), distinta en geografía y programa, y a la Revolución Cubana (1953-1959), distante en tiempo, actores y trama.

Hobsbwm escribió que cualquier observador atento del escenario mundial comprendía desde 1870 que el zarismo estaba maduro para la revolución y que Rusia lo merecía. Es probable este apunte, aunque solo la conjunción de circunstancias inéditas y una férrea voluntad política hicieron posible su realización.

La primera guerra mundial empobrecía a Rusia y diezmaba su población y economía, y al mismo tiempo radicalizaba a las masas que crecientemente se alejaban del nacionalismo que llevó al país a aliarse contra Alemania. En la lista de circunstancias especiales habría que anotar la rampante descomposición del zarismo como sistema hegemónico en varios siglos y la debilidad de los grupos que propugnaban una Rusia liberal. Los partidos que impulsaban ese ideario –los Kadeti, por ejemplo– habían perdido vertiginosamente su vigencia desde la primera revolución, la de 1905.

En marzo de 1917, con la abdicación del Zar Nicolás II se abre un tortuoso periodo de transición que cambia radicalmente el sentido de proceso debido a que Lenin y sus partidarios consideraron, dando curso también a otro cambio, que la única salida era un gobierno socialista. En ese punto operó con magistral brillo el genio táctico de Lenin y su voluntad política capaz de galvanizar a un estado mayor político complejo y agitado, y paralizar a sus adversarios incluyendo a los socialistas moderados atascados en manejar un gobierno provisional suspendido en el aire.

En esa trama, Alexandr Kerenski es la figura central del gobierno provisional, el último intento de evitar un gobierno revolucionario y un experimento tormentoso y trágico solo apreciable con el paso del tiempo. Este gobierno sobrevivió entre marzo y octubre de 1917 y con él Kerenski expresa el lado de la derrota por su vocación extrema por el juego político y las intrigas en las alturas sin relación con la realidad, y por sus pésimos movimientos tácticos que lo llevaron a la absoluta soledad.

En esos meses cruciales, el pueblo ruso escogió entre la continuación de la guerra y la promesa bolchevique de “paz, tierra y pan”. Fue un dilema cantado por la impopularidad de la guerra, un fenómeno distinto al que experimentaron los pueblos de Europa 22 años después cuando aceptaron el órdago churchiliano de “sangre, sudor y lágrimas” como la única alternativa para derrotar al fascismo.

Las lecciones de ese momento de la historia son variadas. Desde el marxismo y otras doctrinas se ha sistematizado sus tácticas y estrategias. Uno de los estudios más recurrentes es el de la naturaleza de los períodos críticos y los cambios de estrategia, porque no todo polvorín social termina en una revolución.

La figura de Lenin en la Revolución Rusa ha sido alabada pero menos estudiada que la del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia (bolchevique). Desde su muerte en 1924 se cuentan más hagiográficas que biografías. Una de estas es la del marxista inglés Gerard Walter que nos descubre un Lenin hombre más que mito, cuyo valor histórico reside en la combinación de carisma y programa capaz de transformar un momento de convulsión en una deslumbrante creación de poder.

La tierra es plana

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La República

La mitadmasuno

10 de marzo de 2017

Juan De la Puente

La reciente marcha Con mis hijos no te metas ha dado lugar al nacimiento de un movimiento social conservador de cara a la política, liderado por algunas de las grandes iglesias urbanas evangélicas. Lo nuevo de esta emergencia es su radicalismo y su esencia popular, dos dimensiones que unidas a la reivindicación de valores tradicionales ofrecen la posibilidad de refundación de la derecha peruana sobre nuevas bases sociales. Aunque el discurso sea viejo.

Este movimiento proclama en pleno Siglo XXI ideas que a muchos nos parece la afirmación de que la tierra es plana, una referencia surrealista respecto de la identidad que han logrado las iglesias pentecostales y neopentecostales en los sectores populares del país, cambiando radicalmente la visión andina y popular de un segmento importante de la migración interna. Lo que ha salido a las calles hace pocos días es una nueva cultura política afirmada desde una visión completa y sin fisuras de la vida cotidiana, de la sociedad y de la familia.

Si recusábamos a los soldados de las clases medias y altas que habían sido reclutados con malas artes por movimientos radicales católicos totalizantes como el Sodalicio de Vida Cristiana, lo que ahora se tiene al frente es un ejército con miles de reclutas, más compacto y decidido, donde son sus iglesias las que dirigen la vida de los fieles/soldados. Es parte de un nuevo rostro; es la otra cholificación, desde la fe.

Los grupos evangélicos empezaron a hacer política partidaria de modo orgánico desde 1990 cuando varios de sus líderes y pastores se unieron a Alberto Fujimori eligiendo ese año 19 legisladores, entre diputados y senadores; y aunque en 1995 varios grupos se unieron a diversas candidaturas con escasos resultados persistieron en la búsqueda de la representación política en los procesos electorales siguientes, hasta que en las elecciones del año 2006 un partido evangélico, Restauración Nacional, liderado por Humberto Lay –pastor primero de la Alianza Cristiana y Misionera y luego de la Iglesia Bíblica Emmanuel–, obtuvo el 4,3% de los votos y dos legisladores.

Este es otro momento. Los evangélicos han tenido cierto éxito en penetrar a los partidos nacionales y en las dos últimas elecciones han elegido a varios legisladores, desarrollando un activismo eficaz como freno al reconocimiento de derechos y libertades más que como tendencia proactiva. Han sabido encontrar batallas que librar, primero contra la Unión Civil, luego contra el aborto por violación y ahora contra el Currículo Nacional de Educación.

La fuerza adquirida no es desdeñable y han desarrollado una capacidad de alianzas. Su presencia fue decisiva, por ejemplo, para que Keiko Fujimori desandara el año pasado su apoyo a la Unión Civil como paso previo para recibir el respaldo de la Coordinadora Cívica Cristiana Pro Valores.

Será el futuro el que resuelva la interrogante sobre si este movimiento social que camina hacia la política sea autónomo de los actuales partidos de la derecha. Este desenlace se complejiza por varios factores, el primero de ellos los conflictos entre las grandes iglesias que en el pasado ya operó contra sus objetivos electorales. El segundo es su capacidad de pacto con los programas de la derecha debido a varias de sus posturas radicales irreductibles que sirven para armar pero quizás no para ganar grandes adhesiones. Lo sucedido con el pastor que llama a matar a las lesbianas es una prueba de ello.

Este movimiento evangélico es por ahora el aspecto más activo de la crisis de la política. El lento tránsito al poder desde las confesiones evangélicas será un fast track so pena de muerte, favorecidos por el fin del sistema de partidos y el vacío dejado por las otras derechas que han muerto, invernan o se han liberalizado, un poscolapso que ha traído figuras inéditas como la de varios ex dirigentes del PPC arrastrados como huérfanos a la reciente marcha evangélica.

Que se vayan todos en código pasivo

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La República

3 de narzo de 2017

La mitadmasuno

Juan De la Puente

Las dos encuestas publicadas recientemente (IPSOS Perú y GfK Perú) revelan que las facturas de la crisis del Lava Jato peruano han empezado a ser giradas al sistema, con las cuentas más cargadas a unos que a otros. La tendencia más importante que dibujan los sondeos es la aparición de un “que se vayan todos”, débil todavía pero consistente, un fenómeno a la espera de liderazgos y de movimiento.

Fuera de la caída de la aprobación presidencial de varios puntos en dos meses, los datos indican la pérdida de la posición personal del presidente en percepciones cruciales como la confianza y liderazgo, una aguda individualización de su papel en esta crisis. La aprobación/desaprobación de PPK se ha transformado en una discusión alrededor de PPK, fortaleciendo los dilemas de la oposición acerca de la intensidad de la crítica al gobierno en esta hora.

Si se pasa al detalle de las expectativas, las demandas se refieren a un abanico de problemas donde la corrupción es solo un dato, un cuadro amplio en el que se exige con igual o mayor intensidad seguridad, atención a los desastres naturales y reactivación de la economía. Esta diversidad contrasta con la percepción de la elite peruana enfocada en abordar la corrupción, de modo que se produce una politización de la crisis del Lava Jato arriba y una despolitización abajo. Por ahora no veo a nadie intentando resolver esa brecha.

Esta despolitización es compleja por donde se le mire; su principal elemento consiste en que para la mayoría, la corrupción no tiene ni modelo económico ni ideología. Es cierto que más personas están informadas sobre los escándalos de la corrupción brasileña, aunque las conclusiones de este conocimiento son la convicción de que todos son corruptos y que la solución es un gobierno de “mano dura”, el código social que identifica a un poder que no se detiene en las formas. Del populismo político hemos pasado al populismo penal y de allí al populismo anti corrupción que es igualmente político, en clave recargada.

Es cierto que ante a los casos denunciados el sistema está funcionando –en un desempeño relativo, caótico y fragmentado–, lo que es advertido por una opinión pública que no parece estar sedienta de sangre pero sí de resultados tangibles. El único desempeño estatal aprobado y de modo ligero es el de la fiscalía, con un registro inferior al de la prensa, señal inequívoca del predominio del juicio mediático que a diferencia de Brasil, no ha sido todavía superado por las indagaciones del Estado.

Estos datos indican que el juicio público se ha independizado del juicio mediático. No obstante, ¿Por cuánto tiempo más el consumo de imágenes y de datos atajará la exigencia de resultados? Difícil estimarlo en un país donde casi todos creen que la mayoría o todos los políticos son corruptos y, al mismo tiempo, que los peruanos son igualmente corruptos (IPSOS).

En la idea de “tu corrupción es mi corrupción” puede residir en parte la explicación de un “que se vayan todos” todavía pasivo y poco callejero; al fin y al cabo, más allá de la disposición de la gran mayoría de salir a las calles para exigir castigo a los responsables (GfK), otra mayoría también piensa en que no vale la pena denunciar un acto de corrupción porque “igual no pasa nada”, o que denunciar un acto de corrupción es peligroso porque “después se la agarran contigo” (GFK).

El “que se vayan todos” peruano no tiene todavía representación política; es un instante revolucionario sin revolucionarios, una crisis sin liderazgos que fuercen los cambios, y una tendencia con poco movimiento. Alberto Adrianzén llama a esto una crisis sin actores, es decir, un extraño momento donde las fuerzas parecen libradas a su suerte. En algún momento me ha parecido que los protagonistas de este período y las tendencias que encarnan, a pesar de la virulencia con la que se expresan en las redes sociales y en los medios, y del modo en que anatemizan a sus adversarios, vagan en un drama a la espera de un guion que no aparece.

Crisis y correlación de fuerzas

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La República

La mitadmasuno

10 de febrero de 2017

Juan De la Puente

Existen pocos consensos respecto a la naturaleza del escenario general que proyectan los casos de la gran corrupción de la política peruana; acaso los dos únicos registrados son: 1) que la crisis será sistémica y larga; y 2) que pone en tela de juicio el ciclo democrático iniciado el año 2000. Para M. Lauer (La República) ha entrado en crisis el antifujimorismo, una posición compartida por VA. Ponce (El Montonero).

De allí, todo son divergencias. Un sector del análisis cree que esta crisis alude básicamente al núcleo económico del modelo neoliberal (M. Tanaka y A. Zapata en La República) y otro considera que lo que se ha desfondado es la parte política de ese mismo modelo (C. Meléndez y F. Vivas en El Comercio), en tanto que una tercera visión sostiene que la crisis se debe a que el modelo no ha sido suficientemente liberal, desde una perspectiva institucionalista (J. de Althaus y F, Guiffra en El Comercio y M. Lauer en La República).

Estas radiografías colocan énfasis distintos a fenómenos que ya habían sido tratados con una matriz parecida en los últimos 15 años, tanto desde la idea del “piloto automático” (qué importa la mala política si tenemos es una buena economía), como desde la opinión de que no eran necesarias las reformas institucionales, sea porque el sistema ya estaba muy abierto o porque la crisis del sistema de partidos era irreversible.

El debate es nuevo como la misma crisis de la corrupción. No obstante, sin relativizar la afectación del modelo económico por este vendaval –tenemos 15 años de “viejos” conflictos por causas económicas a los que se agregan los nuevos conflictos de consumo como el del peaje de Puente Piedra– el factor hegemónico de ella es la política, es decir, el agotamiento de la capacidad de reproducción del sistema, para concretar respuestas desde la democracia a las demandas de recambio, una crisis del “gran Estado” a decir de Gramsci, incluyendo en esta dimensión de las cosas a las relaciones económicas, el diálogo entre política y economía, entre Estado y economía y, por supuesto, las relaciones de arriba/abajo.

Es imposible estimar la dirección final del barco en plena borrasca. En la etapa inicial de la crisis, lo que se abre a partir de las primeras revelaciones con nombre y apellido es la disputa por el desenlace, la clásica correlación de fuerzas en pugna directa. En ese contexto, se advierte que el juicio mediático pierde hegemonía porque el juicio público de la calle abre su camino propio.

Ese es el sentido de la marcha del 16 de febrero. Al otro lado, el tercer actor, los poderes y partidos apuestan por reducir este proceso a los asuntos estrictamente procesales con escaso diálogo con los medios y los ciudadanos, con el riesgo de ser desbordados por estos. Mientras que los medios y la calle tejen alianzas y lanzan opciones, el gobierno y el Congreso juegan camotito con tendencias que asoman fuertes.

No habrá salida exitosa al mediano plazo si el juzgamiento judicial no va acompañado de reformas muy fuertes. Un antecedente: nunca como en el año 2014 Áncash fue escenario de una intensa movilización anticorrupción de la sociedad y del sistema político. A pesar de ello, en las elecciones de ese año fue elegido gobernador Waldo Ríos, un ex convicto por corrupción, reincidente en actos ilegales y ahora detenido.

Una nota final. En este punto, es incompleto el argumento escuchado estos días de indignación y sensación de traición ante las revelaciones sobre A. Toledo. De estos sentimientos no puede excluirse las responsabilidades políticas, incluso de quienes no participaron en decisiones vinculadas a obras públicas. Por esa razón, a pesar de que hace más de 10 años por decisión propia no existe una relación personal y política con Toledo, y de que conservamos una vida profesional pública limpia, debemos asumir una responsabilidad política aún a costa del detrimento de nuestro predicamento personal. Es lo que corresponde en un país en el que escasea la autocrítica y es más fácil repartir culpas sin mirarse al espejo.

Un Senado el año 2018

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La República

La mitadmasuno

3 de febrero de 2017

Por Juan De la Puente

Diversos miembros de la bancada de Fuerza Popular se han expresado a favor de la creación del Senado. De hecho, el resto de bancadas se encuentra de acuerdo con reinstalar nuestra histórica bicameralidad, de modo que no habría razones de fondo para que, de aprobarse la respectiva reforma constitucional, los peruanos no elijamos un Senado junto a las elecciones regionales y locales del 2018.

Luego de 28 años de la elección del último Senado, en 1990, sería esta la ocasión de una renovación de la representación. Un cuerpo de legisladores con funciones distintas a las de la Cámara de Diputados haría la diferencia –o por lo menos lo intentaría– en un proceso político en el que se necesitan cambios institucionales que refunden el sistema. Cierto que su sola presencia no garantiza nada si el nuevo órgano de representantes no se eleva por encima de la crisis. Pero de eso se trata, de una apuesta que ojalá la actual representación se atreva a realizar.

Un Senado territorial pequeño y operativo que realice la revisión legislativa mejoraría la producción de normas y dejaría a la Cámara de Diputados más tiempo y oficio para el control político. Sería, al mismo tiempo, una ruta para relanzar el proceso de descentralización ahora carente de voz en el Parlamento a pesar de que cada región se homologa con los distritos electorales. Finalmente, el país se dotaría en el momento en que más lo necesita de una cámara reflexiva, más unitaria y dialogante, mejorando el equilibrio entre los poderes.

Encuentro pocos problemas para que el sistema se dote de un Senado en breve plazo. El primero es de orden social, y se refiere a que todavía un apreciable porcentaje de peruanos se opone a la reinstalación de la bicameralidad. Las razones, siendo principistas, no son necesariamente políticas en el sentido operativo, sino financieras (cuesta mucho) y de confiabilidad (más otorongos). Esta visión ha retrocedido desde el año 2000 pero se mantiene activa en su talante populista y antipolítica. La mejor manera de enfrentar ese discurso es desde la democracia, la transparencia y desde los cambios mismos en otras áreas. Desde ese punto de vista, por ejemplo, tendría poco sentido la elección de un Senado cuyos miembros presenten los mismos problemas de credibilidad de varios de los actuales legisladores.

El segundo se encuentra en retroceso luego de que el fujimorismo abandonase su clásica defensa del unicameralismo. Quedan pocos argumentos en favor de esa tesis y crecen las certezas en favor de cambios que acompañen las aspiraciones del Perú como país de renta media y que aspira a ingresar a la OCDE y a mejorar su representación.

Del mismo modo, la iniciativa se convierte en un asunto delicado de cara a otras reformas que han sido sugeridas y que recorren desde el ámbito de la formación de la representación hasta el del ejercicio de la representación, además de otras reformas institucionales. Siendo necesario definir el retorno del Senado, será poco conveniente aparcar otras reformas como la electoral, que debate el grupo de trabajo presidido por la legisladora Patricia Donayre, o los cambios en la administración de justicia o en la elección de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Lo peor que podría pasar es que se apruebe el retorno al Senado y nada más.

Es necesario que el Congreso vuelva a discutir sus prioridades porque se hace evidente que el marco de la discusión realizado en agosto pasado se ha transformado radicalmente. El juzgamiento de los casos de corrupción y la forma que adopta el juego político dentro y fuera del Congreso hacen necesaria la ubicación de un núcleo de reformas de alto calado que garanticen la gobernabilidad y la transparencia en los próximos años, cambios que deberían ser negociados dentro del Congreso y con los otros poderes del Estado. El diálogo político instalado en enero en el marco del Acuerdo Nacional debería decantarse hacia las reformas políticas macro y quizás sea la hora de que estos cambios sean asumidos por el gobierno como propios.

El populismo anticorrupción

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La Republica

La mitadmasuno

27 de enero de 2017

Por Juan De la Puente

La manera de despolitizar un caso de la magnitud que exhibe el Lavajato Peruano es reducirlo a la minucia y jalonearlo desde varios ángulos de la agenda nacional para privarlo de su sentido esencial para el futuro de la democracia. Eso viene sucediendo.

Es el propósito de minucia el que lleva a la demanda de que “primero caigan los peces grandes” como si esa fuese la receta perfecta de toda investigación fiscal y si ese inicio fuese el único modo de garantizar la justicia. La tendencia de este reclamo es riesgosa en la medida que intenta invalidar toda detención que no sea de los hombres importantes de la política. Ninguno de los objetores de las últimas detenciones ha llegado a demostrar –más allá de los insultos– por qué la detención de “peces pequeños” abona el camino de la impunidad.

Sucedáneo punto de vista es la idea de “todos se están escapando”, sin considerar que las fugas se produjeron a pocas horas de la revelación del acuerdo de Odebrecht con las justicias de EEUU y Suiza. Sí es un cargo de fondo a la fiscalía el que abriera el caso contra esta empresa en noviembre del año pasado, cuando en Brasil ya se habían producido las primeras delaciones con evidencia de que el caso se vinculaba al Perú, pero es igualmente cierto que para los plazos procesales peruanos es un éxito relativo que la judicialización del caso se realizara en menos de dos meses.

Cabalga un populismo anticorrupción que alimenta una parte del sistema político poco comprometida en la búsqueda de una estrategia de Estado para avanzar en la agenda de transparencia pública de modo eficaz. La guerra de los gritos donde cada cual lanza piedras desde su esquina sin mayor compromiso que el grito mismo –el clima ideal para la impunidad– viene acompañada en los últimos días de estrategias cruzadas a cargo de poderes que están obligados a cooperar.

Entre las estrategias en pugna, la primera es la del compromiso para la colaboración a cargo de la fiscalía, la que ha funcionado hasta ahora y que es objeto de duras críticas. Algunas de estas son atendibles –como que la procuraduría debió participar en el preacuerdo con Odebrecht– pero la mayoría se centra en exigir imposibles como una larga lista de personas con arraigo judicial que, como se sabe, corresponde a otra fase de los procesos.

La segunda estrategia es “préstame tu investigación” a cargo de la comisión parlamentaria que indaga el caso, un modelo que se basa en recaudar otras investigaciones y en operar a través de audiencias públicas más que diligencias indagatorias. La mayoría de sus miembros cuestiona la supuesta precariedad de la fiscalía pero en cambio no exhibe un plan ambicioso que empodere al Congreso a través de una investigación ejemplar que aborde al mismo tiempo las aristas institucionales y las relaciones de poder construidas para dar vida al entramado mafioso. Inclusive, si la idea era que esta indagación siente en el banquillo de los acusados a los últimos 15 años de democracia, están perdiendo una oportunidad inigualable.

La estrategia más populista es “muerte a Odebrecht ahora” y “todos a la cárcel”, que reúne un conjunto de demandas que van desde el congelamiento de los activos de la empresa, su expulsión del país, la oposición a todo acuerdo de colaboración eficaz de sus funcionarios y la prisión preventiva para todos. Estas demandas suenan bien y es probable que algunas de ellas pudiesen formar parte de una estrategia integral, que ahora no existe. En ese contexto, es positivo el mensaje de Keiko Fujimori que ha llamado al gobierno a mantener la vigencia de los proyectos de infraestructura vitales para el desarrollo, y desautorizando la propuesta de dos legisladores de su bancada que solicitaron prisión preventiva para tres ex presidentes, sin que en todos los casos se tenga previamente la denuncia fiscal y la apertura de instrucción.

La minucia y la despolitización es otro gran tributo a la impunidad. La única alternativa válida frente a esta ruta es que, como el año 2001, se recupere un sentido unitario del Estado en su lucha contra la corrupción.

Nueva crisis, nuevo escenario

http://larepublica.pe/impresa/opinion/841237-nueva-crisis-y-nuevo-escenario

La República

La mitadmasuno

20 de enero de 2017

Por Juan De la Puente

El primer dato político al inicio del presente año es el cambio de escenario respecto de los meses anteriores que estuvieron presididos por una convivencia forzada entre el gobierno y el fujimorismo y de una gobernabilidad compartida. Lo que se tiene a la vista es una larga crisis que ha venido a quedarse por mucho tiempo: la crisis de la corrupción.

Esta crisis abraza a todos en distinta intensidad. Para el Gobierno, es una crisis “nueva” debido a que no se encuentra en discusión, exclusivamente, sus relaciones con el Congreso sino las denuncias contra el mismo Presidente de la República a raíz de su participación en actos del 2005 que investiga la fiscalía, y de por los menos otros tres ex presidentes.

Se ha dicho bastante sobre lo que este hecho implica para el sistema y se ha usado para ello palabras que denotan su naturaleza destructiva, como “terremoto”, “tsunami” o “colisión de un meteorito”. Esto es cierto, como también lo es la fortaleza de este sistema aparentemente muy débil, pero más fuerte de lo que creemos o de lo que queremos. De hecho, un posible efecto de esta crisis es que el sistema solo se descosa pero que no se rompa, lo que ya sucedió el año 2000.

Las tendencias están a la vista: 1) la debilidad del gobierno, especialmente del Presidente PPK; 2) las dificultades de un diálogo político consistente y eficaz como respuesta a esa debilidad del gobierno; 3) la combustión de personajes públicos importantes y de sus colectividades, con escasas posibilidades de defensa pública; y 4) la re emergencia de las demandas sociales que ponen a prueba y en evidencia la ausencia de reformas en los ámbitos de la política y de la economía.

Por esas razones, el año 2017 será de una compleja inestabilidad que, al no reducirse en intensidad, será el antecedente de cambios drásticos el año 2018. En ese contexto, la sola discusión de una probable vacancia presidencial representa un elemento perturbador del proceso democrático y aunque esta posibilidad es remota genera un estado de cosas en el que progresan salidas radicales dentro y fuera del sistema.

PPK es el lado más vulnerable de esta crisis al carecer de recursos que eviten su deterioro. La reciente encuesta de IPSOS refleja una drástica caída suya mientras que sus ministros, particularmente el premier Zavala, resisten. Esto podría indicar que la opinión pública ha empezado a diferenciar su figura del resto del gobierno. Algo contrario sucede con el fujimorismo: mientras el Congreso cae varios puntos de aprobación, Keiko Fujimori se recupera y sube algunos puntos. Todo esto podría ser la señal de que hemos retornado a un sistema de competencia perfecta donde lo que pierde el jefe del gobierno lo gana la cabeza de la oposición.

El segundo dato de este nuevo escenario es que el principal impulso de los cambios obedece a una alianza entre los medios y la opinión pública, que tienen al frente instituciones con una escasa capacidad de movimiento, quizás a excepción de la fiscalía. Las demandas anticorrupción de esa alianza ya tienen logros –como la anulación del peaje de Puente Piedra y las restricciones a los movimientos de algunos investigados– aunque todavía no tiene “calle” de un modo sostenido, ni representación política. A eso se debe que la inicial consigna de que “se vayan todos” sea débil y marginal, aunque podría crecer en intensidad si se aprecia que los procesos judiciales tienden a la impunidad o a la demora.

El tercer dato de este nuevo momento es que esta larga crisis parece haber tomado por sorpresa a todos a pesar de que las denuncias brotaron hace más de un año. El cuadro formado presenta una evolución caótica y está a la espera de respuestas institucionales. Una de ellas pudo provenir del Congreso, especialmente de la comisión Lavajato, la que parece haber desestimado esta posibilidad decantándose por una investigación bulliciosa y poco profesional. En un terreno fértil para la movilización contra la corrupción, solo una parte de la izquierda, la liderada por Verónika Mendoza, ha ensayado un llamado a la vigilancia ciudadana.

La guerra de los gritos

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La República

La mitadmasuno

13 de enero de 2017

Por Juan De la Puente

Las respuestas oficiales y partidarias a las primeras revelaciones del Lavajato peruano han instalado una guerra de gritos perfectamente organizada. A pesar de la trifulca que eso implica el griterío está funcionando; es una zona de confort para el sistema porque ese modelo de competencia hace que nadie explique nada y que a nadie se le escuche.

La guerra de gritos puede ser entretenida y noticiosa, pero es una ofrenda a la impunidad. El “tú robaste más” o “el ladrón es él” es una moneda de dos caras: refleja un pacto tácito y es más un acuerdo que disenso, porque resume la falta de voluntad de la elite peruana para encarar el descomunal golpe que las denuncias implica para el país. De hecho, ahora mismo ya es la principal traba para el desarrollo de una agenda anticorrupción o para la adopción de un método democrático para encarar esta crisis.

Ese método es una necesidad institucional urgente. Sin él, las partes de esta crisis no se sentirán obligadas a asumir su papel republicano y su lugar será tomado por las opciones populistas a las que tampoco les interesa el juzgamiento de la corrupción.

El primer elemento de ese método es la toma de posición. Más allá de algún comunicado o pronunciamiento al paso, no se puede decir que el Lavajato peruano haya motivado una movilización interna de las instituciones, aparte de las que están llamadas a los procesos judiciales. Incluso esta movilización es incompleta y presidida por una áspera disputa de instituciones. En esa dirección, es lamentable que, a diferencia de otros países, no se registre en el Perú una alianza institucional contra la corrupción más allá de coincidencias específicas.

Extraño, por ejemplo, una reflexión muy seria del mundo empresarial respecto de las prácticas nocivas que se descubren, y sobre la cultura de la vulneración de reglas y de regulaciones, al parecer todas homologadas como trabas a la inversión. Solo el asunto de los arbitrajes amañados como fórmula de sobrevaluación de costos finales merecería un estudio minucioso como causa de este episodio de corrupción.

La mayoría de grupos políticos ha escondido la cabeza, se ha limitado a la lucha cuerpo a cuerpo y viven un Síndrome de Vietnam donde las militancias aparecen ausentes y enfrentadas a las cúpulas, ambos en una clara posición de derrota. Esa brecha será letal para el próximo proceso electoral regional y municipal que ahondará el descrédito de los partidos nacionales. De todos.

El segundo elemento de este método es la vigilancia y movilización ciudadana sin las cuales no será alterada la tendencia a la impunidad que ya se observa. Resulta increíble –aunque deviene del Síndrome de Vietnam local arriba señalado– que ningún grupo político o líder, individualmente, y aun los que no se sienten tocados por las denuncias, llame a los peruanos a expresarse con firmeza y responsabilidad contra la corrupción, urgiendo contra la impunidad.

Los casos judiciales de la corrupción brasileña se saldarán en los juzgados pero el proceso político nacional denominado Lavajato se decidirá de cara a la sociedad, un escenario que por ahora es poco callejero a pesar del impacto de las marchas del Cono Norte de Lima contra el cobro del peaje. No obstante, aun en la hipótesis de una baja participación ciudadana activa, la opinión pública será decisiva para evitar que este proceso se reduzca a jueces y penas.

El tercer elemento es la agenda anticorrupción propiamente dicha. Reconociendo el valor de varias medidas en favor de la transparencia pública dictadas por el Ejecutivo, como parte de los 122 decretos legislativos recientes, es evidente que estamos solo en los inicios de esa agenda. Se extraña nuevamente, por ejemplo, la falta de compromiso del liderazgo político del país y de los medios con las 100 medidas propuestas por la Comisión Presidencial de Integridad entregadas el pasado 5 de diciembre, la más importante de las cuales es su llamado a un gran compromiso nacional expreso contra la corrupción.

Lava Jato, un instante revolucionario

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La República

La mitadmasuno

30 de diciembre de 2016

Por Juan De la Puente

 

El hombre más peligroso es aquél que tiene miedo

Ludwing Börne.

Aun antes de destapar sus certezas, el Lava Jato peruano causa sus primeros impactos: ha erosionado las estrategias oficiales que se preparaban para encararlo, agrietando a más de un partido y poniendo en crisis las relaciones políticas. Una parte de la élite peruana tiene miedo y se ha sumido en un turbulento frenesí muy parecido al sálvese quien pueda.

Lava Jato a la peruana viene con una lógica propia, y no será la réplica del terremoto brasileño. Por ejemplo –primera diferencia con Brasil– no ha dado paso a una rápida batalla entre dos bandos, corrupción y anticorrupción sino a una sucesión de pequeñas guerras civiles sin que sepamos si ellas terminarán dando paso a la pelea de fondo. Las guerras teloneras podrían adueñarse del escenario. Y es que el Perú es ancho y ajeno, con demasiados intereses en pugna, la mayoría de ellos cruzados por tercerías, subcontratos, arbitrajes, lobbies de cobro diferido y financiamiento electoral.

Pero Lava Jato tiene una virtud, no va por una cuerda paralela: la catarata de información tiende a integrar todo y lo que tenemos es un tsunami en formación, una revolución –imperfecta, como toda revolución– donde caben la ley y el desorden, el drama y la comedia, y el teatro y el circo, con todo lo que esto último implica: payasos, magos, equilibristas, titiriteros, ventrílocuos y hombres bala.

Lava Jato se posa sobre una vieja crisis de legitimidad del sistema labrada en casi cuatro décadas –es la segunda diferencia con Brasil– y por eso no deberíamos perdernos en las guerras civiles o en los ajustes de cuenta en la esquina del escenario, expresión de esa crisis antigua; el circo no debería ocuparnos demasiado sino las grandes fuerzas que aparecen en la escena.

Solo una parte de esta revolución es de manual: el sistema débil, indefenso, dividido y con poca legitimidad. Para apreciar el resto habría que salir del patrón revolucionario del siglo XX donde las grandes crisis tenían líderes, clases y partidos. La nuestra no posee instituciones fuertes ni partidos –tercera diferencia con Brasil– y lo que tenemos al frente es un estado de ánimo en progreso que ha hecho de la corrupción el principal problema de la sociedad.

De momento decepciona que este instante revolucionario tenga pocos revolucionarios, y que el programa máximo contra la corrupción se limite a dejar todo en manos de la justicia, como si estuviésemos ante un problema de delitos y de penas, exclusivamente. Para una parte de la elite, Lava Jato es un asunto penal, apenas una disfunción social –la cuarta diferencia con Brasil– y por lo tanto solo un punto de llegada. En cambio, para la sociedad, la reacción penalista no es suficiente porque cree que este caso debería ser un punto de partida.

En esto reside el clivaje esencial de esta etapa. Esta brecha carece de mediación y de conexión y apunta a que con las primeras revelaciones se ensanche el abismo con la sociedad. Ese es el debate de fondo en relación a que si el Congreso debería investigar esta corrupción. Un sector cree que el Congreso no debería hacerlo, olvidando el papel de las minorías parlamentarias heroicas de los años noventa, como las que contra el fujimorismo mayoritario investigaron y denunciaron al Grupo Colina, las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos, y la corrupción de los mandos militares.

Las alternativas de este instante que podría perderse para la historia asoman. Un primer desenlace sería el democrático- reformista que ataje la impunidad, sustituya al liderazgo político responsable y reforme las instituciones para abrir un curso renovado del país. El segundo es el populista-penalista que castigue a medias a los responsables y que a pesar de su talante bullicioso y enojado deje pasar la oportunidad de cambiar la historia de asalto a las arcas públicas. Y el tercero, el conservador-legalista que deje todo en manos de jueces y fiscales, a quienes luego responsabilizar, sin cambiar nada o cambiando muy poco para que no cambie nada.

Una jueza contra Trump. El sistema de EEUU ha funcionado y rápido.

Por Juan De la Puente

La jueza federal Ann M. Donnelly, del Tribunal del Distrito Federal de Brooklyn (Nueva York), bloqueó casi de inmediato una parte del veto de entrada a ciudadanos de siete países de mayoría musulmana impuesto por el presidente Donald Trump.

Foto del Brooklyn Daily Eagle 

El caso

Según la jueza,  los refugiados u otras personas afectadas por la medida y que han llegado a aeropuertos estadounidenses no pueden ser deportados. De ese modo respondió a un recurso de emergencia presentada por la Unión para las Libertades Civiles en América (ACLU) en favor de las decenas de personas (entre 150 y 200) detenidas a su llegada a los aeropuertos de EEUU desde que Trump firmara la orden.

La jueza no dijo que los afectados pueden permanecer en el país ni se pronunció sobre la constitucionalidad de la medida. Con prudencia solo señaló que el envío de esas personas a su países podría causar un “daño irreparable” a sus derechos, y fijó una audiencia para el 21 de febrero para volver a abordar este caso que pasa a llamarse Darweesh y otros vs. Trump.

Ann M. Donnelly es una jueza federal designada por el ex Presidente Obama luego de una carrera legendaria. En EEUU, un juez federal es designado por el Presidente, el mismo que no nombra a los jueces del Tribunal Supremo sino también a los 94 jueces de las cortes de distrito y a los de las 13 cortes de apelación.
 

La orden ejecutiva de Trump

La jueza ha fallado contra una orden ejecutiva de Trump que prohíbe la entrada al país de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana con el supuesto objetivo de luchar contra el terrorismo. De esa orden ha sido excluida Arabia Saudita; los críticos de Trump se extrañan de esa excepción y aducen que se debe a que el Presidente tiene allí inversiones. Una orden ejecutiva sería en el Perú un decreto ley y no un decreto legislativo (con facultades delegadas) o un decreto de urgencia (materia económica y financiera), y su rango es posible gracias al presidencialismo fuerte vigente en EEUU.

La batalla será larga; la orden ejecutiva de Trump en esa parte y en el todo puede ser contestada por la justicia y deberá ser también analizada por el Congreso que, por tradición, no se enfrenta a las órdenes ejecutivas de un presidente pero puede aprobar una ley que las deja sin efecto. De hecho, un presidente si puede derogar una orden ejecutiva de otro presidente pero no puede derogar una ley del Congreso vía una orden ejecutiva.

En su primera semana, Trump ha abusado tanto del número como de los contenidos de las leyes ejecutivas que en la doctrina constitucional de EEUU son conocidas como “leyes suaves”. Ha emitido 13 en un semana. Roosevelt emitió 3,721 en sus tres mandatos y Obama 276.

La historia

Lo que ha hecho la jueza es ejercer el judicial review, una potestad y garantía de larga data. El judicial review tiene factura inglesa –y no norteamericana como se afirma generalmente- y se origina en la doctrina del juez inglés Edward Coke quien en 1610, acogiendo una demanda del médico Thomas Bonham, falló declarando nula la ley que le confería al Real Colegio Médico la facultad de autorizar el ejercicio de la medicina, subrayando la supremacía de la common law sobre la voluntad del rey.

Fue propuesto luego por Alexander Hamilton, uno de los padres de la Constitución de Estados Unidos -El Federalista, Artículo LXXVIII-  como el derecho de los tribunales a declarar nulos los actos de la legislatura con fundamento en que son contrarios a la Constitución. (Hamilton; 1974).

Si bien la Constitución de EE.UU no lo recogió de manera precisa en su texto, sí aprobó la cláusula de la supremacía (artículo 6°), por la cual los jueces están obligados a observar las disposiciones contrarias a la Constitución y a las leyes.

En ambos argumentos –uno de derecho y otro doctrinario- se basó en 1803 John Marshall, juez del Tribunal Supremo cuando denegó (caso Marbury vs. Madison) la solicitud de William Marbury para que James Madison, secretario del Presidente Thomas Jefferson, le entregara sus credenciales de juez, función para la que había sido designado en virtud de leyes aprobadas en la agonía del gobierno anterior. El juez Marshall denegó la solicitud de Marbury pese a que fue nombrado juez por una ley, considerando que una ley contraria a la Constitución no constituye derecho. Para Marshall los jueces tienen derecho a controlar la constitucionalidad de las leyes cuando éstas provienen de legislaturas repugnantes.

En el Perú

En  nuestro, caso, el judicial review evoluciona por la vía del control difuso, o si se quiere con más propiedad, el sistema difuso, consagrado en el artículo 138° de la Constitución. Esta mención es una reproducción del artículo 236° de la Constitución de 1979 y su propósito es fijar la supremacía de la Constitución sobre cualquier otra norma legal, en concordancia con el artículo 51° de la carta vigente.

No obstante, al estar incorporado en el capítulo referido al Poder Judicial, y al nombrar expresamente a los jueces, es una prerrogativa inicial para estos, pero termina siendo una garantía de la administración de justicia en su conjunto, de los administrados y del operador judicial que por excelencia es el juez.

Al procedimiento mediante el cual un juez prefiere la Constitución a una norma de inferior jerarquía se ha denominado control difuso de la Constitución. No es una actividad exclusiva y personal del juez sino que refiere en su conjunto al control judicial de la constitucionalidad de la ley que convierte a todo juez en el contralor principal de la legalidad constitucional. De hecho, el control difuso se incorpora también como mecanismo en el Código Civil y en la Ley Orgánica del Poder Judicial (Bernales; 1997).

El control difuso coexiste en la legislación peruana con el control concentrado a cargo del Tribunal Constitucional (TC) cuyas decisiones son erga omnes, es decir para todos los casos (artículos 201° y siguientes de la Constitución).

El TC ha tenido una conducta intermitente respecto del sistema difuso. Tempranamente (1999) puso límites al control difuso en sede judicial, señalando: 1) que es un poder-deber del juez; 2) que es de última ratio y por lo tanto excepcional; 3) que tiene por objeto la impugnación de un acto que constituya la aplicación de la norma considerada inconstitucional; y 4) que la norma a inaplicarse debe tener relación directa al caso (Exp. 0145-99-AA-TC).

Años después dispuso otras condiciones, que la norma a inaplicarse tenga una relación directa, principal e indisoluble con el caso, retirando su condición de ultima ratio (Exp. 1124-2001-AA/TC).

Posteriormente, el año 2006 dicta un precedente vinculante referido al control difuso en sede administrativa donde se dispone: (1) que el examen de constitucionalidad debe ser relevante para resolver la controversia planteada dentro de un proceso administrativo; y  (2) que la ley cuestionada no sea posible de ser interpretada de conformidad con la Constitución (Exp. Nº 03741-2004-AA/TC).

El año 2012, el TC se decanta por la restricción, prohibiendo a los tribunales administrativos realizar el control difuso con un argumento para el debate: si el Poder Ejecutivo controla la constitucionalidad de las normas emitidas por el Poder Legislativo se afecta el principio de división de poderes (Exp. 04293-2012-PA/TC).

El Código Procesal Constitucional dispone en su artículo V que la preeminencia de la norma constitucional se llevará a cabo siempre que ello sea relevante para resolver el caso y si no es posible obtener una interpretación conforma a la Constitución. Luego, el artículo VI dispone que los jueces no puedan inaplicar una norma cuya constitucionalidad haya sido ratificada por el TC en un proceso de inconstitucionalidad o por el PJ en un proceso de acción popular.