La República
La mitadmasuno
13 de enero de 2017
Por Juan De la Puente
Las respuestas oficiales y partidarias a las primeras revelaciones del Lavajato peruano han instalado una guerra de gritos perfectamente organizada. A pesar de la trifulca que eso implica el griterío está funcionando; es una zona de confort para el sistema porque ese modelo de competencia hace que nadie explique nada y que a nadie se le escuche.
La guerra de gritos puede ser entretenida y noticiosa, pero es una ofrenda a la impunidad. El “tú robaste más” o “el ladrón es él” es una moneda de dos caras: refleja un pacto tácito y es más un acuerdo que disenso, porque resume la falta de voluntad de la elite peruana para encarar el descomunal golpe que las denuncias implica para el país. De hecho, ahora mismo ya es la principal traba para el desarrollo de una agenda anticorrupción o para la adopción de un método democrático para encarar esta crisis.
Ese método es una necesidad institucional urgente. Sin él, las partes de esta crisis no se sentirán obligadas a asumir su papel republicano y su lugar será tomado por las opciones populistas a las que tampoco les interesa el juzgamiento de la corrupción.
El primer elemento de ese método es la toma de posición. Más allá de algún comunicado o pronunciamiento al paso, no se puede decir que el Lavajato peruano haya motivado una movilización interna de las instituciones, aparte de las que están llamadas a los procesos judiciales. Incluso esta movilización es incompleta y presidida por una áspera disputa de instituciones. En esa dirección, es lamentable que, a diferencia de otros países, no se registre en el Perú una alianza institucional contra la corrupción más allá de coincidencias específicas.
Extraño, por ejemplo, una reflexión muy seria del mundo empresarial respecto de las prácticas nocivas que se descubren, y sobre la cultura de la vulneración de reglas y de regulaciones, al parecer todas homologadas como trabas a la inversión. Solo el asunto de los arbitrajes amañados como fórmula de sobrevaluación de costos finales merecería un estudio minucioso como causa de este episodio de corrupción.
La mayoría de grupos políticos ha escondido la cabeza, se ha limitado a la lucha cuerpo a cuerpo y viven un Síndrome de Vietnam donde las militancias aparecen ausentes y enfrentadas a las cúpulas, ambos en una clara posición de derrota. Esa brecha será letal para el próximo proceso electoral regional y municipal que ahondará el descrédito de los partidos nacionales. De todos.
El segundo elemento de este método es la vigilancia y movilización ciudadana sin las cuales no será alterada la tendencia a la impunidad que ya se observa. Resulta increíble –aunque deviene del Síndrome de Vietnam local arriba señalado– que ningún grupo político o líder, individualmente, y aun los que no se sienten tocados por las denuncias, llame a los peruanos a expresarse con firmeza y responsabilidad contra la corrupción, urgiendo contra la impunidad.
Los casos judiciales de la corrupción brasileña se saldarán en los juzgados pero el proceso político nacional denominado Lavajato se decidirá de cara a la sociedad, un escenario que por ahora es poco callejero a pesar del impacto de las marchas del Cono Norte de Lima contra el cobro del peaje. No obstante, aun en la hipótesis de una baja participación ciudadana activa, la opinión pública será decisiva para evitar que este proceso se reduzca a jueces y penas.
El tercer elemento es la agenda anticorrupción propiamente dicha. Reconociendo el valor de varias medidas en favor de la transparencia pública dictadas por el Ejecutivo, como parte de los 122 decretos legislativos recientes, es evidente que estamos solo en los inicios de esa agenda. Se extraña nuevamente, por ejemplo, la falta de compromiso del liderazgo político del país y de los medios con las 100 medidas propuestas por la Comisión Presidencial de Integridad entregadas el pasado 5 de diciembre, la más importante de las cuales es su llamado a un gran compromiso nacional expreso contra la corrupción.
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