Democracia polarizada y descosida

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La República

La mitadmasuno

7 de abril de 2017

Juan De la Puente

El gobierno ha encontrado un nuevo aire ayudado por su desempeño en los momentos más agudos del Niño Costero, que la opinión pública juzga aceptable, y por un descentramiento de la agenda pública previa a los desastres naturales. Los huaycos también se han llevado la interpelación a Martín Vizcarra y han liberado la presión sobre un gabinete que se defendía a veces contra las cuerdas.

Es impredecible precisar hasta dónde se extenderá esta etapa. Por los antecedentes de los últimos años, lo que tendremos quizás sea una sucesión de micro-ciclos dominados por asuntos de corto plazo, el espacio donde el gobierno ha aprendido a jugar, a veces ayudado por los medios y por el antifujimorismo.

En ese juego de corto plazo, salvo los coletazos del Niño Costero o un disparo a los pies por parte del gobierno, las coyunturas serán otra vez tomadas por los casos de la corrupción brasileña a la espera del 1º de junio, fecha del juicio final, cuando se supone se harán públicas las delaciones premiadas que comprometen, se afirma, a decenas de peruanos.

El gobierno y el fujimorismo no ejercen un cogobierno pero se han hecho enemigos íntimos en el manejo del corto plazo; han aprendido a anudarse y desenredarse en él sosteniendo una cooperación en materia económica y una tensión intermitente en lo político, marcada por la retórica. Esta relación de memoria es alterada en ocasiones por las acusaciones sobre la falta de competencias personales del Presidente de la República, pero ha administrado a gusto de ambos todos sus posconflictos: el de la delegación de facultades, el caso Moreno y la censura a Saavedra.

No sabemos si el gobierno intentará jugar estrategias de mediano plazo a propósito de la corrupción y la reconstrucción. Lo primero es una promesa que data de hace meses y lo segundo quizás obligue a una nueva delegación de facultades. El fujimorismo en cambio sí se ha decidido por salir de la coyuntura y pugnar por una estrategia que no pasa necesariamente por el gobierno sino por su futuro político.

Ese es el sentido del proyecto de ley sobre la prohibición de que los sentenciados por corrupción dirijan medios, operado bajo el argumento conocido de que Fuerza Popular perdió las elecciones del 2016 por causa de las denuncias periodísticas, al que parece seguirá otra norma, la de la propiedad cruzada, aplicada también a los medios de comunicación, todo ello orientado a garantizar mejores resultados electorales.

En esa línea parece ubicarse la incomprensible propuesta de derogar el D. Legislativo Nº 1323 que fortalece la lucha contra la comunidad LGTB y el feminicidio. Los argumentos legales, de que la identidad de género no fue materia de la delegación de facultades, resumen un mar de fondo: la relación política con el vasto sector conservador contrario a la igualdad de género que ya enseñó sus músculos en la marcha Con mis hijos no te metas, en marzo pasado.

Las idas y venidas del proyecto sobre los medios, y la oposición de miembros de Fuerza Popular a la derogatoria del D. Leg. 1323 reflejan que esta estrategia está en construcción y sometida a las tensiones de un movimiento que opera con facilidad en los sectores populares pero que enfrenta dificultades para relacionarse con las clases medias y altas y avanzar en ellas.

Esa estrategia enfrenta un dilema más allá del juego gobierno-oposición. Una entrega completa del fujimorismo a la ultraderecha peruana para evitar que por ese costado irrumpa una candidatura sugerente deja abiertos otros flancos que pretendía ocupar Fuerza Popular y tensiona el debate de los derechos en la democracia. La idea de que se puede legislar contra las minorías porque son eso –minorías– es absurda si por encima de los porcentajes se polariza al sistema, no romperlo pero sí descoserlo. Habría que revisar los resultados de los tres últimos procesos electorales: las elecciones de los años 2006 y 2016 demostraron que fracasan los que polarizan la democracia, y las del 2011 que es decisiva la formación de alianzas sociales abiertas y plurales.

Por qué fracasan las reconstrucciones

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La República

La mitadmasuno

31 de marzo de 2017

Juan De la Puente

¿Un país que no pudo prevenir podrá reconstruir? Es una pregunta básica premunida de realismo al momento de enfrentarnos a la quinta reconstrucción después de desastres de envergadura en los últimos 50 años, luego del Niño de los años 1983 y 1998, y de los terremotos de los años 2001 y 2007.

Las cuatro reconstrucciones fueron fallidas o, si se prefiere, con resultados extremadamente relativos si nos atenemos a los objetivos ubicados más allá de la reposición de puentes y principales carreteras.

Esta reconstrucción debería significar además la puesta en valor de una nueva infraestructura para los servicios que hacen la vida cotidiana en las zonas urbanas y rurales afectadas, la recuperación de las fuentes de trabajo perdidas, el reimpulso de la actividad económica y el establecimiento de bases mínimas para el funcionamiento de la sociedad. No hay modo en que una reconstrucción no implique desarrollo y modernización.

Sometidos a la presión de quemar etapas estamos tomando el rábano por las hojas. Los dos primeros debates a los que nos hemos abocado son: 1) el monto de los daños y de lo que se necesita, una ecuación absurda y ahora incalculable porque la emergencia no ha terminado y porque en buena parte de las zonas afectadas la reconstrucción obliga a reparar brechas históricas, una suerte de construcción más que reconstrucción; y 2) quién reconstruye, es decir, el modelo institucional de gestión donde colisionan dos opciones: una institución autónoma a cargo de una autoridad especial o el órgano tradicional de gestión y gasto, el Ejecutivo; una disyuntiva que puede ser engañosa y de la que quizás resulte un modelo mixto.

El riesgo de lo que suceda luego del desastre ni siquiera es el fracaso sino el olvido, que es peor. La revisión de antecedentes y el contexto en que se mueven las agencias públicas sugiere tomar en cuenta por lo menos tres condiciones básicas de la exitosa gestión macro de la reconstrucción: 1) la reconstrucción del Estado; 2) la afirmación de la descentralización; y 3) el entendimiento político.

La primera reconstrucción que requerimos es la del Estado, un proceso que debería correr paralelo a todo lo que se haga como respuesta a la emergencia. Los sueños de obra física y cemento deberían detenerse un poco a sopesar la débil densidad estatal y su escasa capacidad para regular, controlar, planificar, gastar, rendir cuentas e incluir. Se constata ahora lo que decían los libros de texto: la inversión pública con poco Estado es un salto al vacío.

La segunda reconstrucción es la de la inclusión. El centralismo, ese pequeño monstruo egoísta que llevamos dentro, no ha encontrado mejor modo de encarar esta tragedia nacional que echándole la culpa de los desastres a las regiones y municipios.

El centralismo, con 180 años de fracasos a cuestas repite que la descentralización –que lleva 15 años– es un fracaso, un argumento conceptual muy ligero que vale solo para la pelea pequeña en la cancha pequeña, pero que sin embargo parece apuntar a una reconstrucción sin descentralización. Si esa es la tendencia, no habrá reconstrucción sino una pugna política de proporciones, sobre lo cual se tienen varias lecciones.

La tercera reconstrucción, por si lo estamos olvidando en medio del lodo y piedras que nos lanzamos todos los días, es la del pacto. Una de las razones que concurrieron a los cuatro fracasos anteriores es la falta de acuerdos entre los actores públicos entre sí y entre el Estado y la sociedad.

Solo una de las tareas de la reconstrucción, el ordenamiento territorial por ejemplo, para impedir la ocupación de zonas vulnerables y reubicar a miles de personas, implica un acuerdo vasto de nivel nacional y en cada pueblo del país. El sueño de una reconstrucción por decreto supremo, fría aunque financiada, desde arriba, sin los ciudadanos y sin los pueblos, es un fracaso anunciado, más ahora que los peruanos han desarrollado su capacidad de denuncia y ejercen una mejor vigilancia ciudadana.

Las imágenes al mando. A propósito de la encuesta de GFK

Por Juan De la Puente

Los datos del reciente sondeo de GFK son como los de toda encuesta una foto, pero en movimiento constante y fuerte. Las percepciones de la opinión pública expresan esencialmente la relación de los peruanos frente a los potentes símbolos que los desastres todavía llamados naturales han impuesto.

Estas percepciones son muy provisionales al punto que ni siquiera expresan tendencias. No es un espejismo aunque si un destello y lo peor que deberíamos decir frente a ellas es que tenemos un escenario.

El trabajo de campo se llevó a cabo entre el 18 y 22 de marzo, cuando el país se había volcado en favor de la solidaridad con los pueblos del norte y de la costa central que sufren las lluvias y desbordes. En esa medida, la opinión pública ha premiado la respuesta del Estado a la emergencia, a pesar de los defectos de esta, y eso se traduce en los ligeros incrementos de la aprobación del Gobierno (23% a 27%), el Congreso (21% a 23%), el Presidente de la República (29% a 31%) y la Presidenta del Congreso (23% a 27%).

Es muy probable que con esta percepción provisional los peruanos rechacen las tensiones políticas en las alturas en este momento, lo que no significa que se guarden sus críticas. De cualquier modo, llama la atención que los ciudadanos no se plegaran a las estrategias de confrontación dispuestas por la mayoría de actores políticos y que sepulten a los ejércitos en batalla. Quedará para la cátedra profundizar  porqué un gobierno débil no se hundió con los huaycos y con la batalla política que la emergencia trajo.

Anoto una primera explicación. La otra batalla ha sido más intensa, la batalla de las imágenes simbólicas, en donde han ganado los más fuertes, los que grafican el sufrimiento de los peruanos que a su pobreza se le agrega ahora su condición de damnificado. Nunca como ahora hubo una gigantesca creación y recreación del drama, usando por primera vez en una crisis climática los instrumentos de comunicación en toda su potencia: Facebook, Twitter, TV, Radio, webs, Youtube, Instagram y plataformas integradas de los medios.

Estas imágenes simbólicas fueron construidas por primera vez por decenas de miles de personas al punto de que por primera vez los medios tradicionales debieron de organizar una cobertura periodística dependiente en gran medida de ciudadanos  armados de sus celulares. Esta influencia alteró esa cobertura que empezó siendo tradicional, con los códigos del pasado –su majestad el huayco- y terminó mostrando a la gente y su sufrimiento, y la reacción solidaria. Es tan cierto ello que la imagen más potente hasta ahora, es la de Evangelina Chamorro emergiendo precisamente de un huayco, captada por un anónimo ciudadano.

No hay como oponerse a las imágenes sin otras imágenes. Luis Castañeda es hasta ahora el único político nacional dañado por la emergencia (47% a 34% de aprobación) porque la caída del Puente Talavera es una imagen formidable, transmitida en vivo y retransmitida hasta la saciedad. Es la segunda imagen potente de esta crisis a pesar de que se han caído decenas de puentes. Pero ninguno era amarillo, nuevo, provocador y estaba en Lima. En cambio, el país vio como las pantallas se llenaron de políticos en acción y eso ha tenido un saldo positivo relativo, insistiendo en lo relativo, reflejado en aprobaciones ascendentes del Premier Fernando Zavala (de 3’% a 34%), por ejemplo.

Las  imágenes simbólicas no son eternas. Los desastres pasarán y nos volveremos a encontrar con nuevos símbolos o los viejos. De los políticos y los medios, y por supuesto de los ciudadanos, depende cómo se vaciarán estos números en los nuevos crisoles de la inestable coyuntura peruana.