La República
La mitadmasuno
31 de marzo de 2017
Juan De la Puente
¿Un país que no pudo prevenir podrá reconstruir? Es una pregunta básica premunida de realismo al momento de enfrentarnos a la quinta reconstrucción después de desastres de envergadura en los últimos 50 años, luego del Niño de los años 1983 y 1998, y de los terremotos de los años 2001 y 2007.
Las cuatro reconstrucciones fueron fallidas o, si se prefiere, con resultados extremadamente relativos si nos atenemos a los objetivos ubicados más allá de la reposición de puentes y principales carreteras.
Esta reconstrucción debería significar además la puesta en valor de una nueva infraestructura para los servicios que hacen la vida cotidiana en las zonas urbanas y rurales afectadas, la recuperación de las fuentes de trabajo perdidas, el reimpulso de la actividad económica y el establecimiento de bases mínimas para el funcionamiento de la sociedad. No hay modo en que una reconstrucción no implique desarrollo y modernización.
Sometidos a la presión de quemar etapas estamos tomando el rábano por las hojas. Los dos primeros debates a los que nos hemos abocado son: 1) el monto de los daños y de lo que se necesita, una ecuación absurda y ahora incalculable porque la emergencia no ha terminado y porque en buena parte de las zonas afectadas la reconstrucción obliga a reparar brechas históricas, una suerte de construcción más que reconstrucción; y 2) quién reconstruye, es decir, el modelo institucional de gestión donde colisionan dos opciones: una institución autónoma a cargo de una autoridad especial o el órgano tradicional de gestión y gasto, el Ejecutivo; una disyuntiva que puede ser engañosa y de la que quizás resulte un modelo mixto.
El riesgo de lo que suceda luego del desastre ni siquiera es el fracaso sino el olvido, que es peor. La revisión de antecedentes y el contexto en que se mueven las agencias públicas sugiere tomar en cuenta por lo menos tres condiciones básicas de la exitosa gestión macro de la reconstrucción: 1) la reconstrucción del Estado; 2) la afirmación de la descentralización; y 3) el entendimiento político.
La primera reconstrucción que requerimos es la del Estado, un proceso que debería correr paralelo a todo lo que se haga como respuesta a la emergencia. Los sueños de obra física y cemento deberían detenerse un poco a sopesar la débil densidad estatal y su escasa capacidad para regular, controlar, planificar, gastar, rendir cuentas e incluir. Se constata ahora lo que decían los libros de texto: la inversión pública con poco Estado es un salto al vacío.
La segunda reconstrucción es la de la inclusión. El centralismo, ese pequeño monstruo egoísta que llevamos dentro, no ha encontrado mejor modo de encarar esta tragedia nacional que echándole la culpa de los desastres a las regiones y municipios.
El centralismo, con 180 años de fracasos a cuestas repite que la descentralización –que lleva 15 años– es un fracaso, un argumento conceptual muy ligero que vale solo para la pelea pequeña en la cancha pequeña, pero que sin embargo parece apuntar a una reconstrucción sin descentralización. Si esa es la tendencia, no habrá reconstrucción sino una pugna política de proporciones, sobre lo cual se tienen varias lecciones.
La tercera reconstrucción, por si lo estamos olvidando en medio del lodo y piedras que nos lanzamos todos los días, es la del pacto. Una de las razones que concurrieron a los cuatro fracasos anteriores es la falta de acuerdos entre los actores públicos entre sí y entre el Estado y la sociedad.
Solo una de las tareas de la reconstrucción, el ordenamiento territorial por ejemplo, para impedir la ocupación de zonas vulnerables y reubicar a miles de personas, implica un acuerdo vasto de nivel nacional y en cada pueblo del país. El sueño de una reconstrucción por decreto supremo, fría aunque financiada, desde arriba, sin los ciudadanos y sin los pueblos, es un fracaso anunciado, más ahora que los peruanos han desarrollado su capacidad de denuncia y ejercen una mejor vigilancia ciudadana.
