La República
La mitadmasuno
7 de abril de 2017
Juan De la Puente
El gobierno ha encontrado un nuevo aire ayudado por su desempeño en los momentos más agudos del Niño Costero, que la opinión pública juzga aceptable, y por un descentramiento de la agenda pública previa a los desastres naturales. Los huaycos también se han llevado la interpelación a Martín Vizcarra y han liberado la presión sobre un gabinete que se defendía a veces contra las cuerdas.
Es impredecible precisar hasta dónde se extenderá esta etapa. Por los antecedentes de los últimos años, lo que tendremos quizás sea una sucesión de micro-ciclos dominados por asuntos de corto plazo, el espacio donde el gobierno ha aprendido a jugar, a veces ayudado por los medios y por el antifujimorismo.
En ese juego de corto plazo, salvo los coletazos del Niño Costero o un disparo a los pies por parte del gobierno, las coyunturas serán otra vez tomadas por los casos de la corrupción brasileña a la espera del 1º de junio, fecha del juicio final, cuando se supone se harán públicas las delaciones premiadas que comprometen, se afirma, a decenas de peruanos.
El gobierno y el fujimorismo no ejercen un cogobierno pero se han hecho enemigos íntimos en el manejo del corto plazo; han aprendido a anudarse y desenredarse en él sosteniendo una cooperación en materia económica y una tensión intermitente en lo político, marcada por la retórica. Esta relación de memoria es alterada en ocasiones por las acusaciones sobre la falta de competencias personales del Presidente de la República, pero ha administrado a gusto de ambos todos sus posconflictos: el de la delegación de facultades, el caso Moreno y la censura a Saavedra.
No sabemos si el gobierno intentará jugar estrategias de mediano plazo a propósito de la corrupción y la reconstrucción. Lo primero es una promesa que data de hace meses y lo segundo quizás obligue a una nueva delegación de facultades. El fujimorismo en cambio sí se ha decidido por salir de la coyuntura y pugnar por una estrategia que no pasa necesariamente por el gobierno sino por su futuro político.
Ese es el sentido del proyecto de ley sobre la prohibición de que los sentenciados por corrupción dirijan medios, operado bajo el argumento conocido de que Fuerza Popular perdió las elecciones del 2016 por causa de las denuncias periodísticas, al que parece seguirá otra norma, la de la propiedad cruzada, aplicada también a los medios de comunicación, todo ello orientado a garantizar mejores resultados electorales.
En esa línea parece ubicarse la incomprensible propuesta de derogar el D. Legislativo Nº 1323 que fortalece la lucha contra la comunidad LGTB y el feminicidio. Los argumentos legales, de que la identidad de género no fue materia de la delegación de facultades, resumen un mar de fondo: la relación política con el vasto sector conservador contrario a la igualdad de género que ya enseñó sus músculos en la marcha Con mis hijos no te metas, en marzo pasado.
Las idas y venidas del proyecto sobre los medios, y la oposición de miembros de Fuerza Popular a la derogatoria del D. Leg. 1323 reflejan que esta estrategia está en construcción y sometida a las tensiones de un movimiento que opera con facilidad en los sectores populares pero que enfrenta dificultades para relacionarse con las clases medias y altas y avanzar en ellas.
Esa estrategia enfrenta un dilema más allá del juego gobierno-oposición. Una entrega completa del fujimorismo a la ultraderecha peruana para evitar que por ese costado irrumpa una candidatura sugerente deja abiertos otros flancos que pretendía ocupar Fuerza Popular y tensiona el debate de los derechos en la democracia. La idea de que se puede legislar contra las minorías porque son eso –minorías– es absurda si por encima de los porcentajes se polariza al sistema, no romperlo pero sí descoserlo. Habría que revisar los resultados de los tres últimos procesos electorales: las elecciones de los años 2006 y 2016 demostraron que fracasan los que polarizan la democracia, y las del 2011 que es decisiva la formación de alianzas sociales abiertas y plurales.
