Crimen y castigo, nueva crónica

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La República

La mitadmasuno

4 de julio de 2014

Juan De la Puente

La caída en desgracia de los cabecillas de dos grupos que la justicia investiga como parte del crimen organizado nos coloca en más de un sentido en ligas mayores. Por un lado, confirma que esta modalidad de delito ha dejado de ser una particularidad criminal y convertido en una forma violenta de emergencia social a la que se vinculan directa e indirectamente miles de peruanos, una versión nada surrealista del delito de masas que paga bien, un movimiento social en el que los personajes que copan las noticias de las últimas semanas solo son sus emblemas y velámenes.

Por otro lado, coloca sobre la mesa un movimiento anticorrupción, débil para la dimensión del problema, que por ahora tiene dos elementos constitutivos, el asombro e indignación pública que la prensa agita y refleja, y la acción coordinada del Estado impulsada por el reclamo ciudadano y por los reflejos propios del sistema. En este punto, se sabe que los desenlaces de los casos de César Álvarez y Rodolfo Orellana tienen origen en reuniones calientes de los llamados “Consejos de Estado”, en los que respetando la autonomía constitucional de cada órgano constitucional se trazan estrategias y se exigen cuentas claras.

Tres leyes aprobadas en los últimos años son determinantes para enfrentar este nuevo momento signado por las figuras aparentemente fuertes y extraordinarias de mafiosos novelescos. Se trata de la Ley contra el Crimen Organizado (Ley N° 30077), la Ley de Lucha contra el Lavado de Activos (D. Leg. N° 1106) y la Ley de Pérdida de Dominio (D. Leg. 1104). Ellas obedecieron al impulso del equipo que lideró Juan Jiménez Mayor desde el sector Justicia y la PCM, y quien paradójicamente debió dejar el cargo debido a su apreciación de las percepciones sobre la seguridad ciudadana. Sin embargo, estas y otras normas han sido cruciales para producir un salto normativo para enfrentar el nuevo momento.
Ahora es posible iniciar una investigación por lavado de activos sin demostrar el delito precedente, una restricción que en la década pasada derribó el primer megaproceso por tráfico de drogas contra un grupo empresarial del norte del país dedicado a la actividad minera. También se ha hecho obligatoria la bancarización de las operaciones de dinero en el exterior, y la extensión de la incautación de bienes a todos los delitos en agravio del Estado. Asimismo, el país cuenta con una procuraduría más eficaz y legítima y con los primeros grupos policiales especializados en lavado de activos y crimen organizado.

No estamos ante un empate técnico entre crimen y castigo. Las fuerzas del primero son mayores, en el promedio quizás mejores, y su acción es vasta. El delito en movimiento se desarrolla con más velocidad que las fuerzas del Estado; forzando las figuras podría decirse que el primero crece geométricamente y el segundo aritméticamente. Esta brecha debería por lo menos reducirse.

Las medidas legales y las actividades de equipamiento son importantes pero no son suficientes. La batalla contra el crimen organizado en expansión exige un movimiento anticorrupción desde el Estado y la sociedad. En el primero de los casos obliga a acometer cambios de política criminal para cerrar los vacíos de la legalidad usados por la ilegalidad, reformar radicalmente algunas instituciones, reducir las posibilidades de creación de grupos criminales y su expansión, y financiar la prevención y punición. De lo contrario caeremos en la lógica lamentosa de la Contraloría General de la República que pese a aceptar que su control fue desbordado por las bandas, se empeña en afirmar que la descentralización ha fracasado.

Los buenos no solo deben ser más que los malos, sino parecer que son más. El crimen organizado también nos interroga como sociedad; el delito a secas es un hecho antijurídico culpable que toda sociedad está obligada a prevenir y sancionar; no obstante, la convicción de que habita entre nosotros una cosa nostra extendida, impune y floreciente, nos desnuda como una comunidad carente de algunos valores esenciales que parecen haberse perdido en un momento especial de la peruanidad.

Documento JNE sobre Diálogo Vecinal

Documento del JNE que rechaza sustitución del Presidente de Diálogo Vecinal Sr Becerra por Víctor Guerrero. Es del 4 de junio.

El populismo policial

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/el-populismo-policial-27-06-2014
La República

La mitadmasuno

27 de junio de 2014

Juan De la Puente

El gobierno parece ha decidido hacerse cargo de la alta percepción de inseguridad aceptando la evidencia empírica que sostiene que en este tema, más que en cualquier otro, las sensaciones son definitivas. Se entiende así que la designación de Daniel Urresti como Ministro del Interior busca corregir una omisión patente en declaraciones oficiales y en anteriores estrategias. En esa misma línea de actuación, la irrupción de Urresti en la escena también lleva implícito el mensaje sobre un liderazgo operativo cotidiano que impedirá a los críticos señalar que no se hace nada.

En principio, la decisión es correcta. Sin embargo, toda construcción de imágenes es al mismo tiempo una elaboración de mensajes y una asignación de cuotas de poder en las instituciones del Estado. Siendo que la política mediática es una forma de hacer política, no basta con que los actores públicos y las imágenes existan sino el cómo existen, porque de ello depende el destino del mensaje y su impacto.

Este esfuerzo se complica en el caso de la seguridad ciudadana donde las imágenes pueden ser pasajeras al estar condicionadas por la exigencia de resultados de corto plazo. También se complejiza porque lo que se tiene al frente no es un adversario identificable con facilidad, lo que hace de la construcción de contenidos una tarea de extremo cuidado.

Estas previsiones no han sido tomadas en cuenta en los primeros días de gestión del ministro Urresti caracterizados por una lluvia de promesas y actos de fe, entre ellas la declaratoria de guerra al delito, el compromiso de entregar resultados a fin de año y la subestimación de la lucha contra la corrupción policial. Estas ligerezas se han empezado a corregir aunque persiste la duda sobre el carril sobre el que se desplaza la nueva gestión en esa cartera ministerial. Sobre el particular, aquí resumo dos riesgos que deben ser conjurados.

1. La idea de una guerra contra el delito común desarma, desarticula y enerva; expresa la idea clásica de buenos contra malos que deben ser exterminados, y es la base de políticas de la mano dura, gatillo fácil, y dispare primero y pregunte después. La idea de guerra, con la cuota de excepcionalidad que implica, es distinta al despliegue de una política pública, las guerras las dirigen los jefes militares y las políticas los hombres de Estado. La guerra contra el delito es un discurso en espiral que en México, por ejemplo, en el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) ha costado más de 70 mil muertos, y solo en último año, 25 mil. De esa vorágine no ha podido salir el gobierno de Enrique Peña Nieto que en sus primeros 14 meses de gobierno ha tenido 23 mil muertos. En ese mensaje de mano dura acaba de inscribirse el congresista Renzo Reggiardo al sugerir el ingreso del Ejército a Comas y San Juan de Lurigancho.

2. La visión de combate al delito que absolutiza la labor policial es tradicional y desanda el camino realizado en estos años. Frente a ese facilismo, en este mismo gobierno y en las gestiones de Wilfredo Pedraza y Walter Albán, se han logrado avances que no deberían tirarse por la borda. El más importante de ellos es la creación de una visión compartida de la seguridad ciudadana como un asunto que trasciende la relación entre policías y ladrones. A pesar de las debilidades el trabajo del CONASEC y el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018 nos colocan sobre un piso mínimo multisectorial en el que importa el trabajo de fiscales, jueces y otros funcionarios e instituciones, un modelo que no debe ser subestimado frente a una "lógica Rambo", de autosuficiencia policial que no tiene ninguna posibilidad de éxito real y escasa vida como imagen pública. Esa agenda debe ser fortalecida e implementada y no sustituida por experimentos.

La crisis de seguridad que vive el país demanda un liderazgo que, no obstante, no es sinónimo de figuración o populismo policial. El liderazgo que pide esta crisis es más exigente; incluye símbolos y operativos pero es más que eso, exige ganar la calle y recuperarla frente al delito pero reclama poner fin a la cadena de impunidad.

La Guerra de los Luises

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/la-guerra-de-los-luises-20-06-2014
La República

La mitadmasuno

20 de junio de 2014

Juan De la Puente

Sería atrevido responsabilizar a los políticos o a la política de la desaceleración de la economía. Al revés, conforme se calienta el debate sobre las cifras macro y las alternativas al enfriamiento, queda claro que la tecnocracia económica tiene una cuota de responsabilidad en el hecho de que el país no haya acometido los cambios que hagan menos vulnerable a nuestra economía a los eventos externos, que permitan desarrollar una oferta exportadora más diversificada y amplíen el mercado interno, conforme rezaban decenas de memorandos.

La disputa entre Luis Miguel Castilla y Luis Carranza se produce en una hora difícil para la tecnocracia económica; la Guerra de los Luises tiene como trasfondo el fin de una parte del consenso económico, el que se construyó alrededor del crecimiento con un sentido complaciente, poco crítico y sobre todo inmovilista, patentizada en la idea del piloto automático y en la exigencia de que los políticos no interfieran en la economía, una suerte de fisiocracia ultraliberal. En esta disputa, Carranza luce más agresivo, innovador, abierto y rectificador ante un Castilla atrapado en un discurso clásico, a pesar inclusive de algunas reformas emprendidas.

En el balance tecnócratas/políticos nunca quedó precisada la fuerza de los primeros respecto de los segundos desde el año 2001 a la fecha, aunque la idea básica con cargo a profundizar es que en las administraciones de Toledo y García su poder político fue menor que durante el actual gobierno.

En cualquier caso estamos en la hora en que los técnicos rinden cuentas, en un nuevo momento en que se precisa la defensa del crecimiento. En el nuevo escenario persiste la pregunta de “para qué” el crecimiento, no respondida desde hace una década, e irrumpe una nueva interrogante: “cómo” defenderlo. Nuestra tecnocracia hegemónica parece no poder responder ni la vieja pregunta ni la nueva, y tampoco producir un nuevo consenso por lo menos en las líneas generales, es decir, en cómo impedir la desaceleración de la demanda interna, moderar la caída de los sectores minería, hidrocarburos y construcción y sostener la inversión pública en cifras y en calidad. Esta falta de consenso adquiere dramatismo cuando por segundo año las predicciones sobre el crecimiento ofrecen un abanico de opciones de hasta tres puntos porcentuales de diferencia.

Esta tecnocracia, a la que le debemos aciertos innegables como el crecimiento mismo, la rebaja sostenida de la inflación y el saneamiento de las cuentas fiscales, podría estar llegando a un límite marcado por la ideología, esa robusta señora que amamanta las políticas públicas, incluso a las que se presumen puras y técnicas. En ese sentido, es muy probable que no se encuentre en debate solo el crecimiento sino la conducción misma del proceso económico.

Las palabras confianza, optimismo y pesimismo se han instalado en el debate de la política económica y me temo que también en ese punto sea insuficiente la lógica tecnocrática que se basa en campañas, medidas, buenos augurios y llamados a silenciar las críticas. Rotos el consenso y el encanto, la única manera de evitar un rompan filas con claros y legítimos intereses sectoriales –finanzas, servicios, industria y exportación, cada cual por su lado–, se hace necesario promover de modo responsable una discusión abierta y sana sobre el futuro de un país que ya no crecerá a tasas de 7% anual en los próximos años. El nuevo país, el del 3% o 4% de crecimiento, demanda nuevas certezas, nuevas políticas, nuevos consensos y probablemente una renovada tecnocracia. Esta no es la hora de la ortodoxia sino de la innovación.

La búsqueda de la confianza y el optimismo es crucial en la perspectiva de construir una comunidad nacional que aliente y garantice el crecimiento, que no se logrará si no se encara la incertidumbre y cierta angustia que algunos estudios están revelando en el ciudadano de a pie, que está empezando a preocuparse por su futuro mediato y que asocia el crecimiento al empleo, consumo y un piso mínimo de bienestar.

Corrupción, mentira pública y noticia

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/corrupcion-mentira-publica-y-noticia-13-06-2014

La República

La mitadmasuno

13 de junio de 2014

Juan De la Puente

El país asiste durante tres meses a revelaciones sobre la corrupción regional y municipal. Por ahora, los escándalos son solo noticia, algunas detenciones y harta indignación pública, y sorprende que a pesar de la dimensión del estallido el país no haya abierto un debate nacional sobre la corrupción pero sí sobre la descentralización. No es un olvido sino una omisión dolosa: el argumento que predomina sobre este ciclo de corrupción considera que esta es el resultado de un hecho fallido, la apurada creación de regiones, y no la expresión de un mal en sí mismo, inherente a la sociedad y al Estado.

En su Historia de la Corrupción (IEP/IDL 2013) Alfonso Quiroz señala que nuestra corrupción es histórica, alarmante, permanente y descontrolada, y se pregunta por la renuencia de las ciencias sociales peruanas a estudiarla, acusándolas de subestimar su papel determinante en la vida nacional. Quiroz describe siete largos ciclos de corrupción, cada uno con una duración de entre 20 y 70 años, de modo que bajo este esquema nos encontraríamos en el octavo ciclo.

La mayoría de estos períodos coinciden con los gobiernos autoritarios; en cambio, el actual es de inexcusable factura democrática y quizás a este hecho se deba el esfuerzo por relativizar su profundidad y daño institucional.

Las claves del actual discurso público sobre la corrupción esconden sus causas y caracteres, es decir, un sistema político y una cultura favorables a la impunidad, y fija su atención en los símbolos circunstanciales de los casos denunciados, por ejemplo César Álvarez, en un aparente ejercicio de objetividad y transparencia que coloca en escena a los corruptos pero esconde a los corruptores y a los sistemas de corrupción instalados en las empresas que los organizan y mantienen y en el Estado.

Este discurso ha instalado un consenso que favorece la predominancia de las imágenes y de los ritos ya aprendidos, es decir, el detenido esposado, la conferencia de prensa de la autoridad y la audiencia pública de la comisión, en un contexto de revelaciones de innegable importancia que parecen estar contentando por ahora a la sociedad aunque ignora o relativiza otros fenómenos. Este ejercicio, por ejemplo, casi ha legalizado la coima con el religioso adjetivo de “diezmo”.

Hemos empezado a vivir una ficción, un juego engañoso que aparenta una ofensiva anticorrupción esperanzado en el hecho de que la indignación es de corto plazo mientras la corrupción es de largo plazo. La mentira pública, aliada de la noticia, o esa convertida en juicio mediático se aprestan a condenar a algunos culpables pero a dejar intocados los sistemas, una penalización recargada que a la vez despolitiza un hecho de primer orden. El actual estallido de corrupción carece de fuerza para producir por lo menos una versión peruana de Mani pulite, aquel movimiento anticorrupción italiano que despertó a la sociedad y puso al descubierto un colosal sistema de complicidades mafiosas.

El país tiene varios mapas –el de la pobreza, el de sus potencialidades o el de sus recursos humanos–, pero carece de un mapa de la corrupción. Es que también carece de un programa político contra la corrupción y es probable que al paso que vamos no lo tenga en varios años. Esta ausencia es muy reveladora en un contexto en el que solo importa la “nueva” corrupción, la regional y local, y no la “vieja” y nacional, la pequeña corrupción más que la grande, la pública más que la privada, y la de otros más que la propia.

Si el desenlace de este proceso que sorprende e indigna fuese otro se abriría un período intenso de cambios que nos enriquecerían como comunidad y nos evitarían perjuicios económicos y sociales. Ajustaríamos cuentas con pesadas cargas republicanas, como el caudillismo de por sí corrupto, y con esquemas institucionales que favorecen el delito. De hecho, hasta nuestra Constitución guarda disposiciones que legitiman la corrupción, como el permiso laboral de los congresistas en las horas en que no funciona el Congreso o la figura de abandono de las tierras comunales para ser vendidas a terceros.

Europa, elecciones sin reforma

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/europa-elecciones-sin-reforma-06-06-2014

La República

La mitadmasuno

06 de junio 2014

Juan De la Puente

Es normal que todo resultado electoral que altere un escenario que se creía continuo tenga como primer elemento de análisis manidas frases como “cambio de época” o “fin de ciclo”. Esto sucede con la evaluación de las recientes elecciones al Parlamento de la Unión Europea (UE) en las que se ha quebrado el bipartidismo en tres países (España, Francia y Reino Unido), se ha reducido el respaldo de las fuerzas partidarias de la integración y fortalecido los nacionalismos ultraderechistas en por lo menos 10 de los 28 países de la UE incluyendo tres en los que han triunfado de modo inédito (Reino Unido, Dinamarca y Francia).

La mayoría de estas visiones de cambio de época se centran exclusivamente en la alteración general del tablero, es decir, en la pérdida de legitimidad del modelo integrador europeísta y en la amenaza de su reversión. Siendo ello importante, no debe perderse de vista el carácter nacional de los votos; los europeos han votado pensando en sus países más que en la UE. Por esa razón, el escaso impacto institucional inmediato de los resultados, para efectos de la organización comunitaria, no debería hacernos perder de vista otras consecuencias, como la alteración de cruciales correlaciones derecha/izquierda y democracia/populismo.

En España, por ejemplo, dos de los partidos que protagonizaron la transición democrática y la modernización, el Partido Popular (PP) y el PSOE, han perdido más de 5 millones de votos, al igual que en otros países donde las formaciones políticas emergentes han mordido porciones de votos de la política tradicional fracturando sistemas que habían permanecido estables por lo menos las últimas tres décadas.

El fraccionamiento de la política es uno de los resultados de la fragmentación de la sociedad por una errada respuesta a la crisis económica. La democracia y sus instituciones son menos legítimas en el contexto de deterioro del Estado de Bienestar atacado no por los grupos que ahora irrumpen en la escena sino por quienes han gobernado la crisis. Antes de que la derecha europea sea herida por la ultraderecha, le había entregado a esta varias concesiones programáticas en materia de intolerancia religiosa, inmigración y recortes de prestaciones sociales; y antes de que la socialdemocracia sufriera el abandono de sus votantes se había decantado por la austeridad y la reducción de la protección de derechos económicos y sociales.

Hay algo de cinismo en este análisis que explica el cambio de época en el resultado de las urnas cuando el auténtico fin de ciclo fue antes, cuando los gobiernos de derecha e izquierda aceptaron un programa recesivo contra la crisis, los primeros por convicción ideológica y los segundos por una clamorosa ausencia de ella.

No obstante, los resultados tienen otras claves que no deberían obviarse. La indignación de los votantes europeos se dirige también a su sistema político atravesado por escándalos de corrupción y la resistencia a la renovación de las instituciones que la crisis ha puesto sobre la mesa. En Italia, la victoria del Partido Demócrata del premier Matteo Renzi y la derrota de los populismos no se entiende sin la prometedora reforma iniciada; en tanto, en España, una reciente encuesta sobre el perfil del elector del grupo Podemos, la estrella de las últimas elecciones que con solo cuatro meses de fundado obtuvo 8% de votos, indicaba que la mayoría tiene entre 35 años y 54 años y tiene empleo, contra la creencia de que la mayoría es joven y desempleada. El sondeo indica, además, que está más cerca de la socialdemocracia que de la izquierda radical, aunque es evidente que su exigencia de reforma es más coherente.

La falta de renovación en sociedades donde la agenda pública lo reclama constituye una omisión que termina en reveses electorales. Varios países de Europa, embelesados con el crecimiento y la modernización despreciaron reiterados llamados de atención a su sistema de partidos y la exigencia de participación y transparencia. Para efectos de nuestra contabilidad interna, la falta de reforma es una guerra avisada. No se quejen en 2016.

La corrupción y la "otra cosa"

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/la-corrupcion-y-la-otra-cosa-30-05-2014

La República

La mitadmasuno

30 de mayo de 2014

Juan De la Puente

Me pregunto cuál será el destino de esta cada vez más intensa demanda contra la corrupción cuya rotundidad han empezado a recoger los sondeos de opinión. Como hace 14 años la sociedad es sacudida por un indignado repudio a un sistema tramposo que se descompone por capítulos. Como aquella vez, una entrega tras otra, se va formando un macizo sentido común que llama a otra cosa.

Esa “otra cosa” sin embargo no aparece con claridad, sobre todo por las diferencias entre la indignación de hace 14 años y la de ahora. Aquel momento fue especial debido a la confluencia de factores que definieron un discurso social y una práctica política alternativa.

Estos factores fueron: 1) la crítica de los partidos democráticos al autoritarismo; 2) las audaces revelaciones de la prensa independiente contra el poder oscuro; y 3) el activismo político de una sociedad civil movilizada, cuya mayoría poco antes se había emancipado del fujimorismo.

Tampoco es posible imaginarse ese período sin el escandaloso despliegue de recursos extremos y abusivos en favor de la reelección que expusieron ante la opinión pública la asociación corrosiva entre el autoritarismo y la corrupción, y que generaron una reacción ética.

La actual indignación anticorrupción carece de esos atributos. La primera ausencia es la de una política democrática opuesta a la corrupción, sea porque varios partidos aparecen asociados a ella, o porque los que aparentemente no lo están guardan un silencio enfático; en líneas generales, salvo una que otra declaración, se tiene la impresión de que la corrupción es un problema del Estado pero no de la democracia, de sus partidos y de sus hombres, una emanación maligna que pertenece a otro mundo, a excepción del monotema sobre que la descentralización fue apresurada.

Luego, siendo relevante el desempeño de los medios en los destapes de sonados casos y con mayor diligencia que algunas instituciones, es también evidente que buena parte de la prensa trata este crucial momento desde una perspectiva policial/penal y poco rigurosa para ahondar en el descalabro de los sistemas de control nacionales y en el fracaso de la representación vía el fraude de los elegidos.

A la prensa le debemos la “chimbotanización” de este momento, a pesar de que 19 presidentes regionales están comprendidos en 158 casos de corrupción, y el olvido de sonadas denuncias “nacionales”, entre ellas de 5 parlamentarios pillados con las manos en la masa. Luego de 70 días del asesinato de Ezequiel Nolasco, el hecho que despertó al país, no tenemos un mapa de la corrupción pública.

A esta indignación ciudadana le falta pueblo y movimiento o, para ser precisos, una sociedad civil activa y decidida en su demanda de transparencia. La falta de epopeya se debe a la falta de actores sociales, más allá de la figura emblemática de Fiorella Nolasco, significativamente solitaria. Sin duda los ciudadanos están molestos e indignados con la corrupción pero en su conjunto el país carece de una razón motivadora.

Sería prematuro afirmar que este síntoma nos remite al fin de la ilusión democrática. No obstante, para los efectos contables esta corrupción va a la cuenta de la democracia cuyos líderes, partidos e instituciones emergieron o reaparecieron hace 14 años como una alternativa superior al autoritarismo con destellantes ofertas entre las que se encontraba la ética pública.

No me ilusiono demasiado; bajo estas premisas es comprensible que el actual humor de la opinión pública no se provea de mapas, faros y rutas, no se dirija a la otra cosa y se mueva en un escenario delimitado por los enfoques legalistas y controlistas de la mayoría de políticos y por una gestión informativa nada crítica de los procesos, instituciones y liderazgos.

Con un escenario cuyo eje es la ausencia de un juicio al modelo que genera la corrupción, la indignación con este formato “sin ilusión no hay movilización” podría terminar en un tsunami, algo violento y pasajero, pero que se lleve solo algunas personas y edificios institucionales.

Políticos, salgan del clóset

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/politicos-salgan-del-closet-23-05-2014

La República

La mitadmasuno

23 de mayo 2014

Juan De la Puente

De pronto, la corrupción regional y municipal se ha transformado en un asunto de jueces, fiscales y contralores, y a ellos se les ha empezado a encargar el futuro de la descentralización, el cambio más importante en el ejercicio del poder en los últimos 50 años. Las palabras más usadas: delito-control-sanción forman un trío mágico que políticos, periodistas y analistas manosean con descaro, como un remedio infalible contra la avalancha de denuncias y pruebas del uso ilícito de los recursos públicos.

Mienten y se mienten. Su receta es casi microscópica frente a un problema gigantesco; esa respuesta mínima es tan dañina como el problema mismo, un minimalismo que esconde una apreciación hipócrita y centralista trasnochada: así como nunca importó el atraso de las “provincias” hoy tampoco importa su corrupción. Total, no es la de Lima.

La descentralización ha empezado a podrirse y a oler mal, y el punto de partida de una alternativa eficaz es considerar la corrupción regional y municipal más como un problema de la democracia que de jueces y auditores, un asunto de organización y de actores más que de licitaciones, un problema de la política antes que de la ley penal; es decir, de proyecto antes que de comportamiento.

Asumirlo cuesta, especialmente en un país donde todo defecto de la descentralización es la coartada soñada para el manotazo centralista. No obstante, así como la disyuntiva centralismo honrado vs descentralización corrupta es falsa, no es válido responder a la realidad atrincherados en la idea de que el centralismo es también corrupto. El debate no es sobre el viejo modelo centralista sino sobre su alternativa, es decir, lo nuevo, y en ese afán la mejor defensa de la descentralización es una franca revisión del proceso y que esta venga, precisamente, del espacio social que propugna consolidarla.

Una segunda toma de posición consiste en aceptar que la descentralización está suspendida en el aire, una de las conclusiones a las que arribaron el año pasado un panel de especialistas convocados por el PNUD. Esta incertidumbre que interroga sobre la dinámica del proceso, es decir, si avanza o retrocede, o si se consolida o se debilita, es revelada con la verdad: no se mueve. No obstante, si seguimos negando la realidad blandiendo el incremento del porcentaje de soles que ahora gastan regiones y municipios, el crecimiento económico de algunas regiones y la reducción de sus índices de pobreza perderemos la valiosa posibilidad de un nuevo impulso.

La importancia de abrir un segundo y nuevo momento en la descentralización es una ineludible tercera toma de posición que nos remite a la política, ante la que palidece la letanía de “el problema es el control”. No obstante, no se aprecia una reacción del sistema en esa dirección. Esta debería ser la hora de la política en y para las regiones pero es la hora de la Policía; debería ser la hora de la Constitución pero es la hora del Código Penal. Lamentablemente es la hora de los políticos que hacen audiencias pero no hacen política, o que solo hacen “política nacional”, es decir, limeña.

No deja de ser exigible y justo el papel de contralores, policías y magistrados para combatir las mafias regionales y municipales que se reproducen con facilidad. Sin embargo, el régimen democrático no debería quedarse en el control de plagas. Por ejemplo, el Congreso no tiene visos de encarar el sistema de elección y el período de gobierno de presidentes regionales y alcaldes, los mecanismos de rendición de cuentas, las funciones de los consejos regionales o el reforzamiento de los consejos de coordinación regional y local.

De hecho, ningún partido “nacional” ha rectificado su decisión de minimizar su participación en las elecciones del 5 de octubre, en tanto que la sociedad civil organizada sigue fomentado pactos de desarrollo local y regional en los que no figura la corrupción. ¿Cuántos presidentes regionales más deberían ser imputados o encarcelados para que los políticos salgan del clóset y hagan lo que se supone deben hacer, es decir, política?

El ruego de Pitágoras

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/el-ruego-de-pitagoras-16-05-2014

La República

La mitadmasuno

16 de mayo de 2014

Juan De la Puente

Cada mes se presentan al Congreso 80 proyectos de ley en promedio y si bien decrece su intensidad a poco de iniciarse el penúltimo año del período parlamentario, no deja de ser llamativo el febril afán legislativo. Una revisión de las iniciativas ofrece una ofensiva que desde el año 2011 y aun ahora presiona sobre algunas comisiones como Justicia, con 576 proyectos de ley, Constitución (387), Economía (375), Descentralización (311) y Educación (307).

Separando la paja del trigo se aprecia un grupo de proyectos micro y macro reformistas en lo social, político y económico que de ser aprobados impediría que se profundice la sensación de bloqueo al cambio en sede legislativa. No obstante, este activismo básicamente individual va en sentido contrario a la decreciente aprobación de normas de impacto significativo. La racionalidad parlamentaria camina por el sendero aprendido hace varios años, es decir, el que evita el debate de contenidos integrales y selecciona las incursiones legislativas más urgentes o menos transcendentes.

Un numeroso grupo de iniciativas se orientan a reformas políticas que se diferencian en tres áreas: 1) La reforma con incidencia en los partidos políticos, es decir, derechos de los militantes, funcionamiento de los comités, transfuguismo, padrón de afiliados, elecciones de cargos dirigenciales, financiamiento, ilegalidad de partidos no democráticos y vigencia de partidos regionales; 2) La reforma con incidencia en la formación de la representación y elecciones, es decir, inscripción de partidos, formación de alianzas, valla electoral, lista alternada de género, invitados, elecciones primarias para candidatos y sistema electoral; y 3) La reforma con incidencia directa en el sistema político y en el ejercicio de la representación y el poder, es decir, bicameralidad, revocatoria, no reelección inmediata en regiones y municipios, no reelección de congresistas, acoso político y control del crimen político.

Ahora escasean las voces que niegan la necesidad de la reforma. Los balazos de Áncash han sido decisivos; algunos de los anteriores resistentes han pasado de la negativa a la crítica de las propuestas que están sobre la mesa con una lógica de reformamos todo o nada, en tanto que otro grupo más racional incide en la necesidad de priorizar el primer ámbito y algunos elementos del segundo (partidos, financiamiento, transfuguismo y valla), dejando el resto para más adelante. En cualquier caso, ya es historia la idea predominante hasta hace poco entre políticos y académicos sobre que no se debe tocar el sistema político. De aquí en adelante, la reforma será una necesidad legítima que atravesará toda decisión sobre los partidos, la formación de la representación y el ejercicio de la representación.

En este nuevo momento es crucial el qué y el cómo y en esa dirección es evidente que el Congreso como institución ha agotado sus posibilidades por falta de voluntad política y de claridad para traducir la crisis de representación en medidas más allá de los intereses inmediatos de sus miembros. El Parlamento peruano es ahora el territorio de la contrarreforma; allí anida no solo el riesgo del inmovilismo que ya es preocupante sino el peligro del cierre de la puerta de entrada al sistema político. Es muy probable que este escenario cambie poco en el Congreso que se elija el 2016 si no se produce una intensa actividad en la sociedad y en los partidos. Como ya sucedió, los años 2001, 2006 y 2011, el nuevo Parlamento nos podría traer nuevos rostros con la misma cultura reticente a una nueva política y ajena al ruego de Pitágoras de ¡Oh legislador! No me des leyes para los pueblos, sino pueblos para las leyes.

Si la demanda de reforma política va en serio no debería esperanzarse en los proyectos de ley que se amontonan en el Legislativo. Es la hora que la sociedad, los actores políticos, los medios, la academia se propongan impulsar una demanda ciudadana que culmine en un debate obligado en el Congreso, luego de las elecciones del 2016, de cara a la sociedad y acaso en una consulta ciudadana.

Pobreza, democracia y brechas

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/pobreza-democracia-y-brechas-09-05-2014

La República

La mitadmasuno

9 de mayo de 2014

Juan De la Puente

La reciente publicación de estudios referidos a la evolución de la pobreza ha renovado el debate sobre modelos y políticas. En los comentarios se aprecian sesgos ideológicos imposibles de evitar en un debate de esta magnitud, aunque este debería ser lo más racional posible bajo el riesgo de perder de vista elementos centrales de la discusión.

Una primera conclusión de los datos publicados por el INEI se refiere al valor social de la democracia, un régimen que nos ha permitido reducir en 12 años más de 30 puntos de pobreza, de 54,8% el 2001 a 23,9% el 2013. Esta reducción es histórica e innegable por su intensidad y resultado y comparable con las dos estrellas mundiales en materia de reducción de pobreza, Brasil y China, aún a pesar de las críticas al modelo de medición de la pobreza por el ingreso monetario.

Los porcentajes probablemente escondan que se trata de más de 8 millones de peruanos que dejaron la pobreza. Si la revisión de cifras se extiende a la pobreza extrema, la reducción ha sido de 24,4% el 2001 a 4,7% el 2013, un rango de casi 20 puntos, es decir, más de 5 millones y medio de peruanos.

Dudo de que este resultado se hubiese logrado con un gobierno autoritario, especialmente si se prolongaba el régimen político de los años noventa, cuya política social se sustentó en la compensación del ajuste, la restricción de la demanda, la recentralización del país y una escasa inversión pública. A su favor, sus defensores pueden exhibir varias razones, como el costo que implicó la estabilización de las cuentas macro, la crisis asiática que afectó los precios internacionales y, sobre todo, el principio cerrado que afirma que primero hay que crecer para luego distribuir.

Siendo de algún modo ciertas las dos primeras razones, es evidente que el auge de la década pasada no se encontró de casualidad con la redistribución. Fue un encuentro buscado por el imaginario portador de la propuesta democrática de esos años, que tuvo igualmente un imaginario social que portaba la demanda de derechos más legitimados. De hecho, no creo que las cifras que se exhiben podrían haberse alcanzado sin el proceso de descentralización, el antecedente a la intensa transferencia de recursos del centro a las regiones y municipios.

Otras tareas realizadas en estos años son resultado del régimen democrático, como el incremento de la cuota de autonomía del BCR y la expansión de la inversión privada, la demanda y el consumo, y la puesta en marcha de una nueva generación de programas sociales, algunos de transferencia directa, que en condiciones de un modelo político y económico cerrado habría sido más difícil echar a andar. En esa medida, la visión de piloto automático se relativiza notablemente.

La complacencia de estos resultados es, asimismo, nefasta. La primera conducta de este comportamiento es encerrarse en las cifras globales y negarse a mirar los desagregados y ser crítico con ellos. La revisión de estas cifras revela la persistencia de la pobreza rural en una dimensión que, contra lo que algunos afirman, supera el concepto de bolsón y adquieren la característica de una brecha. Los pobres en el Perú rural son el 48% y si bien este porcentaje ha bajado 5 puntos en un año, sigue siendo una cifra alevosamente alta. En la selva rural este porcentaje baja ligeramente a 42,6% y en la sierra rural este porcentaje se eleva al 52,9%.

Estas brechas son calientes si se comparan con las cifras de pobreza en la costa rural (29%), sierra urbana (16,2%) y Lima Metropolitana (12,8%), de modo que entre Lima y el Perú más pobre hay por lo menos una brecha de 35 puntos, aunque los pobres en ambos lugares no dejen por ello de ser pobres. Esta brecha alude directamente a la equidad, un indicador temido por lo que creen que con reducir la pobreza basta y sobra.

El actual ciclo de crecimiento económico y de reducción de la pobreza no será infinito y es probable que en algún momento se paralicen ambas tendencias. Cuando ello suceda será potencialmente explosivo para un país emergente como el nuestro, por citar un estimado, que la pobreza general se sitúe en 15% y la del Perú rural en 40%, o que Lima tenga 5% de pobres y Ayacucho 50%.