Posición (electoral) adelantada

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/posicion-electoral-adelantada-24-05-2012

La República

La mitadmasuno

24 de mayo de 2012

Juan De la Puente

Las noticias dan cuenta de la realización de una reunión de la izquierda para la formación de un frente electoral para los comicios regionales y municipales del 2014 y los generales del 2016. Son movimientos muy tempranos, excesivamente tempranos, si se tiene en cuenta que se producen en el marco de una movilización ciudadana amenazada por el reflujo y cuando los movimientos sociales aún no han procesado una reflexión coherente sobre su relación con el actual gobierno, al cual respaldaron y en cuyo alumbramiento hace solo 10 meses participaron, algunos como actores y otros como animadores. La izquierda ha decidido privilegiar una estrategia electoral que se concretará dentro de casi 30 meses en lugar de debatir sobre su lugar y su papel en el Perú de hoy.

Esta huida hacia adelante se debe a varios hechos, entre ellos la rápida marginalidad de la izquierda respecto del gobierno de Ollanta Humala. La ruptura entre ambos es tácita y es traumática en las bases de la izquierda y en los liderazgos sociales a ella vinculados, donde las palabras “traición” y “engaño” son las más delicadas. Otra razón del apuro reside en la cerrazón del sistema político que pide a los nuevos grupos políticos presentar casi 500 mil firmas válidas para lograr su inscripción legal. De esta valla gigantesca solo ha escapado Tierra y Libertad, cuya legalidad fue obtenida aplicando una norma anterior.

Se presume que la idea de un frente electoral pasa ahora por una inscripción común, una experiencia que la izquierda no transita desde 1978, cuando varios grupos dieron a luz la Unidad Democrática Popular (UDP). En el caso de Izquierda Unida (IU), esta fue una coalición formada por seis partidos y solo fue posible luego de que cada grupo se legalizara por su cuenta. En esta oportunidad, varios grupos sin inscripción legal difícilmente podrán unir esfuerzos para superar esa valla antidemocrática.

La izquierda tiene derecho a un proyecto propio y a representar por sí misma a los grupos locales cuya existencia se explica, entre otros fenómenos, por la falta de una organización nacional sólida. En lugar de ello, luego de 20 años, y como si no hubiese aprendido la lección, insiste en recoger y pegar los pedazos de una época que no volverá, en lugar de proponerse la creación de un gran y único partido que agrupe a sus tendencias en sana convivencia y competencia. Al hacerlo, omite la denuncia de este grotesco sistema que coloca requisitos casi insalvables para la inscripción de partidos.

Es muy probable que los afanes iniciados se entrampen como ha sucedido en los procesos electorales de las últimas dos décadas y, si la historia no cambia, acabarán en la adhesión a algún caudillo maltratador dueño de un partido legal, con los resultados que hoy se lloran. La diferencia entre atreverse a participar en las elecciones y atreverse a refundarse no es poca; es la distancia entre la derrota y el éxito.

La crisis de seguridad

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/la-crisis-de-la-seguridad-17-05-2012

La República

La mitadmasuno

17 de mayo 2012

Juan De la Puente

En 11 de 18 países de A. Latina, incluido el Perú, los ciudadanos sienten que la delincuencia y seguridad pública son sus principales problemas, a tenor del reciente estudio de la Corporación Latinobarómetro presentado este mes en Lima. El estudio previene sobre que, en el tema, se ha instalado un clima de opinión donde las percepciones catalizan los problemas y pueden ser más que las realidades. Sea como fuere, afirma que la región ha sido capturada por la idea de que el crimen hace la agenda pública.

El estudio avanza y arriesga una relación entre delito y violencia en la región, una asociación que la mayoría de estrategias anticrimen pretenden olvidar, y obtiene hallazgos interesantes. Descubre, por ejemplo, que en los países con más incidencia de delitos, como Guatemala, Honduras o Venezuela, no se relaciona esa violencia con la que se produce en el espacio familiar, una constante también atribuible al Perú. El estudio también repara en que en el Perú y Bolivia, países con alta producción de cocaína, la tasa de homicidios es baja y parece estar vinculada a la violencia doméstica y a los delitos comunes más que al crimen organizado. Difícil saberlo si, como refiere el Anuario de la PNP 2010, el 32% de denuncias de delitos de violencia familiar no se investigan. Aun así, no es un consuelo, sobre todo si esta tasa nacional se ha elevado considerablemente en el último lustro.

Es sugerente la presentación que hace Latinobarómetro de tres dilemas del delito en la región, y que nos atañen: la incongruencia aparente entre lo objetivo y subjetivo, el aparente divorcio entre la victimización y el temor, y la expectativa sobre el Estado. En relación a ello, analiza a países, como el Perú, con mayor nivel de victimización que de homicidios, donde la clave de las políticas de seguridad ciudadana se relaciona con el combate a delitos más masivos como el hurto, robo y lesiones. Para confirmar que la clave de nuestra victimización no está en los homicidios sino en los delitos con violencia, el estudio destaca que el Perú es el tercer país en la región donde la víctima declara haber sufrido violencia durante el hecho delictivo.

Finalmente, el estudio investiga el pesimismo regional sobre el delito, dividiendo a los países en tres tipos: los que reconocen lo realizado en seguridad ciudadana, los críticos, y los que tienen poca fe en el Estado. Allí se tiene a países como Guatemala y México donde un bajo porcentaje de ciudadanos cree que el Estado puede resolver el problema de la delincuencia, que contrastan con países como Uruguay, Argentina y Paraguay, cuyos ciudadanos consideran que el Estado si puede derrotar al delito. En el Perú, a pesar de que solo un 8% dice que la seguridad ciudadana es buena, el 60% cree que el Estado puede resolver este problema. Allí se ubica una alta cuota de esperanza que debe ser saldada con un liderazgo institucional al más alto nivel y resultados rápidos.

Patricia Majluf y los técnicos

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/patricia-majluf-y-los-tecnicos-10-05-2012

La República

La mitadmasuno

10 de mayo 2001

Juan De la Puente

El caso del incremento del 80% de la cuota de merluza es un hito en la historia de los lobbies peruanos, casi siempre sigilosos y dados a contratar voceros y montar campañas sostenidas. Esta vez, el ataque al Estado fue directo y con masas en la calle, un combate cuerpo a cuerpo, una operación corta y cruenta. En dos semanas pusieron de rodillas al Estado y aplastaron los escrúpulos de una Viceministra, Patricia Majluf, que había llegado al Ministerio de la Producción pocas semanas antes con propósito de cambio. Es una mala señal e indica varios fenómenos, como la capacidad de movimiento y de alianzas de las coaliciones distributivas, su escaso nivel de conciencia y recato, los precarios recursos reguladores del Estado y, sobre todo, la honda penetración de los intereses privados en el aparato público. Fuera del cargo Majluf, se va sabiendo el via crucis de su frustrada reforma. Las resistencias para cambiar los procedimientos de la imposición y cobros de multas y el retiro de funcionarios incompetentes, el cambio fácil de las reglas para incrementar cuotas de pesca y el sabotaje de la burocracia, indican que el sector está tomado por los regulados y que, por ahora, la reforma es imposible.

En el caso Majluf llama la atención el silencio de los defensores de los técnicos que llenan los medios de alertas cuando el funcionario cuestionado esgrime la ley y el conocimiento para justificar una decisión. Esta vez no fue así, porque Majluf es “otro” tipo de técnica, conservacionista y nada dispuesta a ser cooptada por el poder económico. Es decir, independiente. Quizás por ello no habrá un fiscal presto a investigar su denuncia de que los pescadores de Paita fueron financiados por los empresarios para provocar desmanes que cobraron dos vidas. Segunda lección, el Estado está poblado de técnicos sin ataduras, al estilo Majluf, y de otros que sí las tienen; solo que los primeros son incómodos para los segundos, de modo que tenemos técnicos y técnicos.

El sector pesquería es solo uno de las decenas de espacios públicos donde la corrupción y la burocracia traban toda reforma y un recordatorio de la enorme fuerza que se mueve en la sociedad para impedir el fortalecimiento del Estado en la perspectiva de su papel regulador y que, al mismo tiempo, arranca de aquél beneficios especiales. Lo que según la teoría debería ser una negociación entre el Estado y los grupos de interés, se simplifica en más de un caso en un mecanismo que opera como asociación público/privada que ocasione miles de millones de pérdidas al Estado destruyendo el mercado y los recursos. El economista norteamericano Mancur Olson decía que una sociedad con un elevado número de coaliciones distributivas se asemeja mucho a una tienda de porcelana china llena de gente que al intentar apoderarse de la mayor parte de su contenido rompen mucho más de lo que se llevan.

El Bloque de Gobernabilidad

La República
La mitadmasuno
3 de mayo de 2012
Juan De la Puente
http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/el-bloque-de-gobernabilidad-03-05-2012

La reciente encuesta de GFK, publicada por La República, ratifica la formación de un Bloque de Gobernabilidad, constituido por cinco temas sensibles sobre los cuales se demandan desde la sociedad y desde el mismo Estado respuestas rápidas, eficaces y concluyentes: la delincuencia común, el narcotráfico, la corrupción, el terrorismo y los conflictos sociales con contenido ambiental. El desempeño del gobierno en estos temas es desaprobado en casi todos los casos por más del 60% de los entrevistados.

Este Bloque ya fue advertido en las elecciones del año pasado. No son problemas menos importantes que otros, como el empleo o la educación, pero significan para la opinión pública fenómenos trasversales que afectan la vida cotidiana. Es muy probable que los ciudadanos sufran estos fenómenos en distinta medida, pero su impacto y espectacularidad acentúan la representación de imágenes categóricas. La más significativa de ellas dice que estamos perdiendo esas guerras aunque en más de un caso sea una afirmación apresurada. “Estamos” es una calificación imprecisa que a veces toma el nombre de país, gobierno, policía, FFAA, parlamentarios, políticos o Estado.

Este Bloque ha llegado para quedarse y de su tratamiento depende el futuro de la democracia. Frente a él se han agotado los discursos que pretendieron alguna racionalidad y visión de largo plazo; el Estado se ha quedado frente a estos problemas sin ideas, siquiera las de corto plazo. ¿Qué sobrevive? Las respuestas hepáticas, fáciles y, sobre todo, conservadoras: pena de muerte, nuevos planes, nuevas leyes y, si faltan, otra ronda de leyes y más penas. Al mismo tiempo, las instituciones estatales que deben encarar el Bloque están virtualmente paralizadas o desempeñan un bajo rendimiento. Si hablamos seriamente, deberíamos de reconocer que el Perú ha ingresado a una crisis de seguridad.

Esta crisis presenta fenómenos más relacionados de lo que parece a simple vista. La interdicción del delito común, el narcotráfico, el terrorismo y la corrupción nos remiten a la capacidad del Estado para desplegar acciones de inteligencia y una voluntad política contra la impunidad, pero las recetas facilistas parecen contagiar al sistema político. Frente a los conflictos, el facilismo conservador blande igualmente el garrote. La prédica del orden sin libertad y sin derechos parece tener vía libre. Basta revisar la lista de proyectos de ley presentados al parlamento para advertir que, una vez más, la tentación del fracaso está a la vuelta de la esquina, vestida/desnuda con medidas que disparan por otro lado.

El Bloque de Gobernabilidad debería ser un desafío a la política democrática y una invitación a la razón; debería movilizar al talento, a las experiencias globales y al éxito demostrado. En cambio, ha extraído de sus tumbas a los censores del periodismo libre y ha puesto en valor a los viejos fantasmas de horca y cuchillo.

IV Salón del Libro de la USMP

El viernes 27 se llevó a cabo el IV Salón del Libro de la USMP, en la Plazuela de las Artes del Teatro Municipal, una actividad auspiciada por la Municipalidad Metropolitana de Lima. Se exhibieron más de mil textos. Fue ocasión para clausurar el Mes de la Letras de la universidad, que este año contó con 115 actividades. El acto contó con la presencia y las palabras de Sandra Plevisani, autora de El Gran Libro del Postre Peruano, el mejor libro de cocina de América Latina en los premios Gourmand Cookbook de Paris 2012 y del decano de la Facultad de Ingeniería de la USMP, Ing. Gustavo Tataje, quien clausuró el Mes de las Letras. La recepcíon estuvo a cargo de los alumnos de la escuela Hotelería y Turismo, de la Facultad de CC. de la Comunicación, Turismo y Psicología de la Universidad.

Reconga o la nueva guerra

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/reconga-o-la-nueva-guerra-26-04-2012

La mitadmasuno

La República

26 de abril 2012

Juan De la Puente

El reciente mensaje presidencial reconoce que las observaciones al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Conga son política y técnicamente válidas, desvirtuando el eje de la crítica a los opositores al EIA, calificados en el discurso oficial reciente como politizados, desinformados y escasos de dominio técnico. El nuevo punto de vista, sin embargo, es poco nuevo; luce como un remake o un triunfo póstumo del gabinete Lerner precursor de los cambios al EIA. De paso, pone en evidencia el poco rigor técnico del ejército de especialistas defensores del dicho estudio. Resulta, de acuerdo al consenso actual, que la politización viene de otro lado.

La caída de la visión técnica de una de las partes es, una vez más, el revés del discurso supuestamente experimentado que el Estado asume irreflexivamente en la mayoría de conflictos, una constante que habría que tenerla como lección. Algo similar sucedió en otros conflictos de larga duración como el de Arequipa (2002), Bagua (2009) y las demandas del sur sobre el Lote 88 (2010-2011).

Las decisiones comunicadas por el Presidente obligan a cambios en el EIA y dan curso a un nuevo diálogo que responda a nuevas interrogantes: si la empresa asumirá las nuevas condiciones, si el gobierno regional las aceptará o planteará otras propias, y si los movimientos sociales de Cajamarca estarán unidos en el rechazo o en la aceptación de esto que puede tomar la forma de un Conga II o Reconga.

En este nuevo momento, el escenario de inicio es menos polarizado. Los aliados del proyecto tendrán mayor legitimidad si cabalgan con las nuevas condiciones. El gobierno regional está en condiciones de generar una mayoría arrancando más decisiones a la empresa y al gobierno; para ello debería adoptar una posición respecto al “Conga no va” y adecuar a esa perspectiva su relación con los movimientos sociales. Es una clave compleja porque obliga a la región a ejercer su liderazgo, comprendiendo que en esta nueva etapa el “Conga va” ha naufragado pero que el “Conga no va” también ha sido tocado.

Es probable que el gobierno acometa con decisión el diálogo para arrancar un acuerdo rápido, aunque aparecen presiones que pugnan por desenlaces por fuera del discurso presidencial. De un lado, se ataca la postura del Jefe de Estado y se defiende, exclusivamente, el EIA y el peritaje y, por el otro, se demanda que el gobierno declare la inviabilidad del proyecto. No nos engañemos, no solo habrá diálogo; en la agenda hay una propuesta de consulta previa, un paro regional y quizás una huelga indefinida; también la presión mediática de la empresa, de la prensa y los líderes de opinión impacientes por derrotar al ambientalismo, hostigando a Gregorio Santos y al mismo Ollanta Humala. En ese contexto, será crucial para el gobierno mantener el mismo discurso con coherencia y no dejar que se vuelva a instalar en Cajamarca una lógica de guerra.

Mil títulos serán expuestos en el IV Salón del Libro. Plazuelas de las Artes

La Universidad de San Martín de Porres (USMP), con al auspicio de la Municipalidad de Lima Metropolitana, realizará el viernes 27 de este mes el IV Salón del Libro, actividad que se llevará a cabo en la Plazuela de las Artes del Teatro Municipal, en el Jr. Ica N° 377, en el Cercado de Lima.

Dicho escenario servirá también para la clausura del Mes de las Letras y de la Cultura, dedicado este año a la celebración del 50° aniversario de la USMP. Durante el mes de abril, las facultades e institutos de la universidad desarrollan 115 actividades entre presentaciones de libros y revistas, recitales, exposiciones de pintura y fotografía, conferencias, foros de cine, entre otros.

El IV Salón del Libro es una muestra del trabajo y esfuerzo de la USMP por la promoción del libro, la lectura y la investigación académica. El Fondo Editorial mostrará al público más 1,000 títulos publicados en los últimos años, entre ellos los más de 20 libros ganadores de los premios la organización Gourmand Books.  Entre los invitados al IV Salón se encuentra la chef peruana Sandra Plevisani,  autora del Gran Libro del Postre Peruano, el mejor libro de cocina de América Latina en el Gourmand Books 2012, celebrado en Paris en marzo pasado. Entre los nominados este año también estuvieron La Ruta de la Papa, de Sara Beatriz Guardia; y La Cocina Mágica Asháninka, de Pablo Macera y Enrique Casanto.

Las guerras del VRAE

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/las-guerras-del-vrae-19-04-2012

La República

La Mitadmasuno

19 de abril de 2012

Juan De la Puente

Los hechos del VRAE y el reciente informe de la Agencia contra las Drogas de Estados Unidos (DEA, en inglés) sobre el narcotráfico en el Perú se mezclan irremediablemente. La banda armada que secuestró a los trabajadores de Camisea es el principal operador del narcotráfico en el primer valle cocalero y primer territorio de refinamiento de cocaína del mundo. Asimismo, el informe de la DEA pone los reflectores sobre el incremento de la presencia mexicana en las operaciones del narcotráfico desde el Perú. El VRAE aparece así como un territorio donde se libra una dura batalla contra el narcotráfico, un hecho que el uso de los conceptos “terrorismo” y “narcoterrorismo” relativiza.

Lo sucedido en el VRAE desnuda, sobre todo, el agotamiento del discurso y práctica estatales contra el narcotráfico. La epopeya de soldados y policías y de los más altos funcionarios del Estado se dirigen hacia una organización subversiva derrotada como tal y que hace más de 10 años ha mutado en una banda al servicio de las drogas. Ellos han cambiado pero en el imaginario del Estado siguen siendo los maoístas de los años 80 que quieren tomar el poder por las armas y el terror. Por esa razón, la estrategia diseñada contra ellos no ha cambiado, sigue siendo antisubversiva en lugar de interdicción del poder narco.

Es obvio que un sector del país se siente más cómodo practicando el discurso ideológico como sustento de las operaciones contra “eso” que llaman SL y que asesina policías, soldados, fiscales y civiles, y que a veces llaman “narcosenderismo”, casi como una concesión. Ese sector se reduce a los patrullajes y operaciones militares, subestimando elementos claves que, de otro modo, reducirían el poder de esa banda: el desarrollo alternativo, el control de insumos químicos y el lavado de activos.

En el VRAE hay una guerra imprecisa. Cambiar ese discurso y práctica cuesta. Obligaría, por ejemplo, a preguntarse si fue correcto enviar a las FFAA al VRAE y construir allí un mando bicéfalo, con la PNP y las FFAA divorciadas casi en todo; o cómo fueron empleados los recursos entregados para el equipamiento militar; o por qué es más exitoso el papel de la PNP en el Alto Huallaga. Si el Estado decidiera que frente a la banda armada del VRAE se debe desarrollar una nueva estrategia antinarco, la primera decisión sería crucial: ¿Deben las FFAA participar en la lucha contra las drogas sobre todo luego de la experiencia mexicana?

No obstante lo dicho, estamos lejos del cambio. Nadie puede garantizar que, por ejemplo, se instalen dos garitas móviles en las vías hacia el VRAE como se espera desde hace casi 10 años, o que se generalicen las acciones de desarrollo alternativo en aquellas zonas donde las características del suelo lo permiten. Siendo minimalistas, ¿Es posible pensar en un Plan VRAE de verdad, que no sea la agregación de obras sectoriales? Quizás por ahora no.

Para que coman todos

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/para-que-coman-todos-12-04-2012

La República

La mitadmasuno

12 de abril de 2012

Juan De la Puente

La presencia en Lima del Director General de la FAO, José Graziano da Silva, coincidió con la presentación de un proyecto de Ley del Derecho a la Seguridad Alimentaria y Nutricional Adecuada. La coincidencia no es casual porque la iniciativa, presentada por el oficialismo, es seguida de cerca por la FAO.

Hay una segunda razón de la coincidencia: el ahora jefe mundial de esta organización que procura la seguridad alimentaria para todos, tiene una relación muy cercana con el Perú: cuando dirigía y asesoraba al presidente Lula en los exitosos programas sociales, Graziano da Silva participó en la gestación del programa Juntos en el Perú, entre el 2004 y 2005 y llevó a cabo aquí largas jornadas de campo que incluyeron visitas a Chuschi (Ayacucho) y Huaycán. Luego, como responsable de la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, entre 2006 y 2011, incluyó al Perú en la ejecución y monitoreo de planes y programas de seguridad alimentaria, transferencias condicionadas, desarrollo rural y emergencias.

El Perú requiere un marco normativo para la seguridad alimentaria que ordene prioridades del Estado, mejore el impacto de los programas sociales y garantice el derecho a la alimentación. A pesar del crecimiento económico y la mejora de varios indicadores asociados a los Objetivos del Milenio de las NNUU, más de 600 mil niños menores de 5 años sufren de desnutrición crónica (ENDES, 2010). No es el único indicador resistente a la baja; por ejemplo, la anemia en los niños de 6 meses a 3 años se mantuvo entre el 2009 y 2010 prácticamente igual, sobre el 50%, un dato por sí solo indignante.

El auge económico ha permitido que el Perú disponga de más alimentos; ha pasado de 300 kg per cápita en 1991 a 500 el 2008. Este incremento, sin embargo, no refleja el subsistente problema del acceso a los alimentos en un país con tan amplias brechas de equidad y de territorio. Por ejemplo, el ritmo de importación de alimentos acentúan la dependencia calórica en varios productos como el azúcar, cereales, leguminosas y aceites. En esa dependencia existe un innegable componente cultural que el Estado debe atender con políticas de largo plazo. Solo un dato puede tributar a esta demanda: en 13 años, el Perú no ha podido incrementar su consumo de productos hidrobiológicos sino disminuir, de 22,7 kg per cápita por año en 1995 a 22,2 kg en 2009.

La iniciativa de ley es sugerente y prometedora. Dispone la promoción de alimentos sanos y nutritivos preferentemente de origen orgánico, prohíbe el uso de alimentos transgénicos y hace énfasis en la educación nutricional. Obliga al Estado a la atención alimentaria de emergencia, crea un Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional con participación de las regiones, municipios y la sociedad civil y dispone la rendición de cuentas de los programas sociales.

El Callao, el paraíso en llamas

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/el-callao-el-paraiso-en-llamas-05-04-2012
La República
La mitadmasuno
5 de abril de 2012
Juan De la Puente

Los recientes sucesos del Callao descubren prácticas corruptas generalizadas en lo que fue hasta hace poco uno de los laboratorios más renombrados de una forma de hacer política en el Perú. Pero es más que eso; al caerse el telón sobre los actores aparecen desnudas relaciones de poder y comportamientos sociales envilecidos por un ejercicio público vendido durante 15 años como el remedio local/regional a los males de los partidos y la política tradicional.

Chim Pum Callao era el prototipo del movimiento regional eficaz, pragmático y exitoso. Sus líderes salieron del PPC recusando la burocracia partidaria para fundar con los ciudadanos de su ámbito una relación más cercana. Centenares de caudillos hacen lo mismo con el mismo argumento en distritos, provincias y regiones reduciendo a los partidos nacionales a la competencia presidencial y parlamentaria.

La mayoría de estos movimientos realmente no lo son; operan como la prolongación de la moda de políticos independientes obligados por la Ley de Partidos a una formalidad mínima. No son ni peores ni mejores que los partidos franquicia que se organizan para las elecciones generales, venden candidaturas y desaparecen luego de los comicios. Pero tampoco son lo nuevo.

Además del espionaje y ajuste de cuentas, el legado de Chim Pum Callao es desastroso; el primer puerto del país carece de actores sociales fuertes y autónomos y de proyecto de desarrollo. El Callao luce como una sociedad fragmentada y sin élites, donde la competencia política no discurre por los canales institucionales sino a través de prácticas violentas e ilegales. Se puede afirmar lo mismo del ejercicio del poder en el que se privilegia el clientelismo y el populismo más extremo, males atribuidos a los cuestionados partidos nacionales. En el paraíso que ahora arde, la justicia fue comprada por el poder político, de modo que el modelo de impunidad puede repetirse ad infinitum.

Las llamas de este incendio deben preocuparnos porque en otras regiones y municipios las redes ilegales en el poder son más fuertes, más organizadas y más temerarias. Es extraño que el parlamento tenga a grupos que compiten entre sí en la investigación del anterior gobierno pero dejan en la impunidad los estropicios anteriores en regiones como Puno, Áncash, Cusco, solo por citar los más denunciados. Quizás también sea hora de debatir qué debe hacer el sistema cuando se advierte un régimen de corrupción generalizada en un ámbito territorial y si es suficiente que frente a esta situación solo actúe el Poder Judicial, y el Congreso en vía de investigación no vinculante. Desde el período del ministro Víctor García Toma se tiene en la mesa una propuesta de intervención en defensa de la Constitución, con jurisprudencia en las figuras de la desaparición de poderes de la Constitución de México y de la intervención federal que establece la Constitución Argentina.