La República
La mitadmasuno
10 de mayo 2001
Juan De la Puente
El caso del incremento del 80% de la cuota de merluza es un hito en la historia de los lobbies peruanos, casi siempre sigilosos y dados a contratar voceros y montar campañas sostenidas. Esta vez, el ataque al Estado fue directo y con masas en la calle, un combate cuerpo a cuerpo, una operación corta y cruenta. En dos semanas pusieron de rodillas al Estado y aplastaron los escrúpulos de una Viceministra, Patricia Majluf, que había llegado al Ministerio de la Producción pocas semanas antes con propósito de cambio. Es una mala señal e indica varios fenómenos, como la capacidad de movimiento y de alianzas de las coaliciones distributivas, su escaso nivel de conciencia y recato, los precarios recursos reguladores del Estado y, sobre todo, la honda penetración de los intereses privados en el aparato público. Fuera del cargo Majluf, se va sabiendo el via crucis de su frustrada reforma. Las resistencias para cambiar los procedimientos de la imposición y cobros de multas y el retiro de funcionarios incompetentes, el cambio fácil de las reglas para incrementar cuotas de pesca y el sabotaje de la burocracia, indican que el sector está tomado por los regulados y que, por ahora, la reforma es imposible.
En el caso Majluf llama la atención el silencio de los defensores de los técnicos que llenan los medios de alertas cuando el funcionario cuestionado esgrime la ley y el conocimiento para justificar una decisión. Esta vez no fue así, porque Majluf es “otro” tipo de técnica, conservacionista y nada dispuesta a ser cooptada por el poder económico. Es decir, independiente. Quizás por ello no habrá un fiscal presto a investigar su denuncia de que los pescadores de Paita fueron financiados por los empresarios para provocar desmanes que cobraron dos vidas. Segunda lección, el Estado está poblado de técnicos sin ataduras, al estilo Majluf, y de otros que sí las tienen; solo que los primeros son incómodos para los segundos, de modo que tenemos técnicos y técnicos.
El sector pesquería es solo uno de las decenas de espacios públicos donde la corrupción y la burocracia traban toda reforma y un recordatorio de la enorme fuerza que se mueve en la sociedad para impedir el fortalecimiento del Estado en la perspectiva de su papel regulador y que, al mismo tiempo, arranca de aquél beneficios especiales. Lo que según la teoría debería ser una negociación entre el Estado y los grupos de interés, se simplifica en más de un caso en un mecanismo que opera como asociación público/privada que ocasione miles de millones de pérdidas al Estado destruyendo el mercado y los recursos. El economista norteamericano Mancur Olson decía que una sociedad con un elevado número de coaliciones distributivas se asemeja mucho a una tienda de porcelana china llena de gente que al intentar apoderarse de la mayor parte de su contenido rompen mucho más de lo que se llevan.
