La República
La mitadmasuno
12 de abril de 2012
Juan De la Puente
La presencia en Lima del Director General de la FAO, José Graziano da Silva, coincidió con la presentación de un proyecto de Ley del Derecho a la Seguridad Alimentaria y Nutricional Adecuada. La coincidencia no es casual porque la iniciativa, presentada por el oficialismo, es seguida de cerca por la FAO.
Hay una segunda razón de la coincidencia: el ahora jefe mundial de esta organización que procura la seguridad alimentaria para todos, tiene una relación muy cercana con el Perú: cuando dirigía y asesoraba al presidente Lula en los exitosos programas sociales, Graziano da Silva participó en la gestación del programa Juntos en el Perú, entre el 2004 y 2005 y llevó a cabo aquí largas jornadas de campo que incluyeron visitas a Chuschi (Ayacucho) y Huaycán. Luego, como responsable de la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, entre 2006 y 2011, incluyó al Perú en la ejecución y monitoreo de planes y programas de seguridad alimentaria, transferencias condicionadas, desarrollo rural y emergencias.
El Perú requiere un marco normativo para la seguridad alimentaria que ordene prioridades del Estado, mejore el impacto de los programas sociales y garantice el derecho a la alimentación. A pesar del crecimiento económico y la mejora de varios indicadores asociados a los Objetivos del Milenio de las NNUU, más de 600 mil niños menores de 5 años sufren de desnutrición crónica (ENDES, 2010). No es el único indicador resistente a la baja; por ejemplo, la anemia en los niños de 6 meses a 3 años se mantuvo entre el 2009 y 2010 prácticamente igual, sobre el 50%, un dato por sí solo indignante.
El auge económico ha permitido que el Perú disponga de más alimentos; ha pasado de 300 kg per cápita en 1991 a 500 el 2008. Este incremento, sin embargo, no refleja el subsistente problema del acceso a los alimentos en un país con tan amplias brechas de equidad y de territorio. Por ejemplo, el ritmo de importación de alimentos acentúan la dependencia calórica en varios productos como el azúcar, cereales, leguminosas y aceites. En esa dependencia existe un innegable componente cultural que el Estado debe atender con políticas de largo plazo. Solo un dato puede tributar a esta demanda: en 13 años, el Perú no ha podido incrementar su consumo de productos hidrobiológicos sino disminuir, de 22,7 kg per cápita por año en 1995 a 22,2 kg en 2009.
La iniciativa de ley es sugerente y prometedora. Dispone la promoción de alimentos sanos y nutritivos preferentemente de origen orgánico, prohíbe el uso de alimentos transgénicos y hace énfasis en la educación nutricional. Obliga al Estado a la atención alimentaria de emergencia, crea un Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional con participación de las regiones, municipios y la sociedad civil y dispone la rendición de cuentas de los programas sociales.
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