Últimas elecciones del siglo XX

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La República

La mitadmasuno

1 de enero de 2016

Juan De la Puente

Las elecciones de abril de este año serán las últimas del siglo XX. La idea de que con ellas terminará un ciclo, sobre lo que existe cierto consenso, debe ser precisada a partir de ciertos hechos sobre los cuales también existe un relativo acuerdo pero que a menudo evitamos referirnos como un parámetro de nuestro sistema.

Es innegable que el golpe de Estado del 5 de abril de 1992 organizó un sistema que fue impactado por la caída del gobierno de Alberto Fujimori el 2000, dando lugar a 15 años de un régimen democrático que nos lleva por primera vez desde 1999 a una cuarta elección sucesiva de un gobierno constitucional. Imposible igualmente negar que durante este período se registraran logros inéditos como un largo crecimiento económico de más de 12 años, la rebaja de más de 30 puntos de pobreza y la mejora relativa de la distribución del ingreso.

Estos resultados se deben a una dinámica compleja del llamado modelo de economía impuesto en 1992, innovado por los tres gobiernos que sucedieron desde el 2001 (que incentivaron especialmente la demanda y la inversión pública) sin afectar su núcleo duro, y con efectos igualmente duros como una severa rebaja de la producción para el mercado interno y el debilitamiento de sectores cruciales como el de Manufactura y Agropecuario.

Menos complejo es el ámbito político/institucional que prácticamente no fue tocado. Las reglas para la formación y ejercicio de la representación son las mismas y tampoco ha variado la relación entre el Estado y la sociedad salvo el incremento de la regulación para determinadas actividades en el mercado. Al contrario, el modelo político instaurado en 1992 se ha profundizado, de modo que la antipolítica es más vigente que nunca.

Apreciando el largo plazo, no se pueden negar “las cosas sucedidas desde el 2000” aunque las rupturas entre el período 1992-2000 y 2000-2015 son menores que las continuidades. La crisis de las instituciones que preside el actual proceso electoral no se debe a las reglas establecidas en el período 2000-2015 sino a la falta de reformas de las reglas generales originadas en 1992, y a que el impulso de la transición del año 2000 fue ahogado.

Sobre ese escenario marcado por las continuidades se agolpan nuevos fenómenos que impulsan el señalado fin de ciclo a propósito de las elecciones de este año. Entre los más dinámicos se cuentan tres: 1) el fin del crecimiento conocido que ha pulverizado el consenso dentro de la ortodoxia y de la heterodoxia económicas; 2) la crisis de seguridad que ha desnudado el bajo estándar de los derechos de propiedad y de justicia; y 3) el estallido de la corrupción que ha reducido a mínimos la confianza de los ciudadanos en la política y en las instituciones.

Por otro lado, la relación entre lo nuevo y constante en este proceso está marcada por lo segundo. El fujimorismo, una candidatura fuerte en las elecciones de este año, fue hegemónico entre 1992 y 2000 y la principal fuerza de oposición a los 15 años de democracia 2000-2015. Asimismo, Humala, la única apuesta de cambio de los últimos años, ha sido sobre todo la continuidad en lo económico y sobre todo en lo político, en tanto que los principales animadores de las elecciones lo han sido de varios procesos electorales y gobiernos: Toledo fue candidato en 5 elecciones y presidente, García fue presidente y candidato en 3, Keiko en 2, PPK también en 2 y ministro y premier entre 2001 y 2006 y Acuña parlamentario, alcalde y gobernador regional.

El fin del largo ciclo no asegura que lo que venga sea necesariamente bueno. No sería sensato predecir que quien gane las elecciones no pueda iniciar una reforma que mejore los contenidos de una república que a pesar de su precariedad tiene cosas que defender porque la historia está poblada de hombres “viejos” que hacen cosas nuevas y buenas. Sin embargo, también es cierto que tenemos varias crisis que parecen no agregarse para producir un efecto de cambio político y que lo nuevo, eso sí, es la escasa demanda reformista desde la sociedad.

Gente como uno (GCU)

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La República

La mitadmasuno

25 de diciembre 2015

Juan De la Puente

La polémica sobre la agresión de una ciudadana a un policía en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, condenada a 6 años y 8 meses de prisión, es emblemática para otra discusión más crucial sobre el papel de las leyes y de la justicia en la lucha contra el delito. Como ya sucedió en México y otros países que experimentan el auge del crimen, se vislumbran dos fenómenos en pugna ante el delito, el populismo penal y el clasismo elitista.

El país lleva una década de cambios legislativos para hacer de esta regulación más severa en penas y menos garantista respecto de los infractores. Esta espiral se eleva por un impulso multiclasista con sed de venganza más que de sanción y es probable que no se detenga hasta la ampliación de la pena de muerte y la eliminación de todo beneficio penitenciario.

Parte de este populismo es la tolerancia con el gatillo fácil policial estimulado también legalmente, excepto la reciente Ley sobre el uso de la fuerza por la PNP (D. Leg. Nº 1186), de modo que, por ejemplo, era natural que en diciembre del año 2009 una encuesta de Ipsos revelara que el 47% aprobaba la existencia de escuadrones policiales que ejecuten a delincuentes.

El populismo penal no es el único fenómeno que se observa frente al delito. Se aprecia también un clasismo elitista que entiende que los secuestradores, extorsionadores y narcotraficantes son siempre los otros, los de abajo, los peruanos de “color puerta”. Nos lo dice todos los días la falta de imaginación para bautizar a los detenidos como “cholo” “negra” o ”chino” o la historia sin fin de las bandas de “malditos” siempre de Cantogrande,  Bayóvar o Huáscar aunque se apresen bandas cuyos miembros vivan, todos, en Chacarilla, Camacho o La Molina.

En el caso del Aeropuerto Jorge Chávez han chocado populismo y elitismo con la justicia al medio, la que siempre paga los platos rotos. Y han salido chispas. La  agresión de una mujer de camioneta 4x4 a un policía mestizo no puede ser más simbólica de ambas subjetividades que actúan en lo público. Frente a la intervención policial por una infracción cierta la ciudadana manoteó y derribó el casco del policía, le dio una bofetada, lo insultó, le dijo que no lo habían enviado al colegio y luego arrancó su vehículo atropellando a los policías que estaban delante.

La condena a la infractora se vio rápidamente en disputa. Una página de Facebook que reclama por su libertad tilda de resentido social al policía agredido, sostiene que la acusada solo lo despeinó, que los policías del Perú son acomplejados y que este es un caso de abuso contra la minoría blanca del Perú, lo que involucra al juez.

El cuestionamiento jurídico de la sentencia empezó usando los vocablos desproporcionado y excesivo, escondiendo que el mar de fondo es la desordenada reforma penal a la que ha conducido la crisis de seguridad del país, uno de cuyos resultados es la obligada terminación anticipada de los procesos llamados “inmediatos” en casos de flagrancia, para lo cual se modificó otra vez el Código Penal (D. Leg. Nº 1194).

Varios abogados que hemos criticado desde hace años el populismo penal hemos sido enfrentados por quienes desde una visión conservadora se imaginan una justicia sin derechos operando bajo la lógica de “mientras el populismo penal no me afecte ¡Viva la pena! En esta ocasión, ese grupo social se ha sentido afectado por una norma que creía que jamás los alcanzaría basados en sus apreciaciones de que el delito no es propio de Gente Como Uno (GCU). La conclusión es la de siempre, un grupo contra una ley que acaba de descubrir que puede castigar severamente la prepotencia.

Los GCU han retrocedido y piden condenas benignas. Desde el gobierno han dicho con dramática sinceridad que la ley de flagrancia no fue pensada para las agresiones individuales sino para la resistencia a la policía en casos de marchas y desalojos. Tranquilos, así la cosa cambia; la justicia se había equivocado, es decir, había acertado; creía que era para todos. Qué ingenua. (Libertad para los presos políticos en Venezuela esta Navidad).

Pacto electoral o choque y fuga

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La República

La mitadmasuno

18 de diciembre 2015

Juan De la Puente

Dos preguntas surgen del reciente acuerdo electoral entre el Apra y el PPC criticados porque Alan García le habría robado por lo menos una vez a Lourdes Flores el pase a la segunda vuelta y porque ésta en algún momento, hace 20 años, calificó de corrupto a García y a su primer gobierno: 1) ¿Es ético que los adversarios se alíen electoralmente; y 2) ¿Qué condiciones exige una alianza para que sea políticamente correcta?

Yo agregaría otras interrogantes:

1) ¿Por qué los partidos de izquierda, que se descalifican más enconadamente, tienen derecho a aliarse y no el Apra y el PPC?;

2) ¿Solo son aceptables los pactos fugaces en el Congreso para votar leyes económicas?;

3) ¿Son mejores para la democracia los pactos duraderos o los pactos “choque y fuga”?;

4) ¿Cómo jugará esta fobia al pacto cuando el nuevo gobierno necesite de acuerdos quizás más que los anteriores?

La historia, esa vieja señora, nos brinda algunas respuestas. Entre 1895 y 1980 el Perú fue gobernado 42 años por gobiernos de facto, 6 años por un gobierno civil de un solo grupo político (el primer gobierno de Manuel Prado) y 38 años por gobiernos surgidos de alianzas electorales o pactos políticos. Es decir el 86% de la vida democrática 1895-980 fue gobernada por pactos.

Es más, desde la Guerra con Chile y a lo largo del siglo XX no hubo partido significativo que no pactara incluso con sus adversarios más enconados, como fue la Coalición Nacional (entre el Partido Civilista y el Partido Demócrata, pierolista), la alianza entre el civilismo y el Partido Constitucional, cacerista; la Convención Nacional (alianza entre civilistas, liberales y constitucionalistas) que llevó al poder a José Pardo y Barreda en 1915; el Frente Democrático Nacional (Apra, Partido Comunista y Partido Socialista) para apoyar a José Luis Bustamante y Rivero (1945); la llamada “convivencia” del Apra y el Movimiento Democrático Peruano que hizo a Prado presidente nuevamente (1956) y la alianza de Acción Popular y la Democracia Cristiana que le permitió a Fernando Belaunde ganar en 1963.

También es cierto que desde 1980 los acuerdos electorales no ganan elecciones aunque sobreviven los pactos de gobierno postelectorales (AP-PPC 1980/84, PP-FIM 2001/05) y los acuerdos parlamentarios como el del Apra y el fujimorismo entre el 2006 y el 2011.

La mirada de los pactos forma parte de nuestra visión ideológica.  La izquierda denunció el pacto Apra-PPC en la Constituyente de 1978 pero defendió la Constitución de 1979. Por otro lado, nos horroriza menos que un gobierno elegido por la izquierda voltee a la derecha y que militantes de ideas políticas de una vida se pasen sin explicaciones a la otra acera. Del mismo modo, en Alemania, el SPD-socialdemócrata y el CSU-socialcristiano se tiran los trastos en la campaña pero se ven obligados a pactar un gobierno complejo, un consenso a palos a gusto de los alemanes, en tanto que en Grecia, el socialista Alexis Tsipras ha pactado sus dos gobiernos con el grupo Griegos Independientes, la derecha nacionalista ultrarreligiosa.

Creo que un pacto electoral es una decisión republicana; no creo que el acuerdo Apra-PPC sea contranatura –si el término se aplica a los valores intrínsecos no negociables– si ambos se parecen, se han acercado los últimos 5 años y se han besuqueado los últimos 2, aunque queda claro que allí sobran Chim Pum Callao y Fuerza Loretana con graves cargos de corrupción generalizada en las regiones que dirigieron.

Este acuerdo será histórico si lo quiere la historia. Si triunfa deberá luchar por sobrevivir y si no, pasará al desván de los pactos fallidos como Izquierda Unida (1980/89), el Fredemo (1988/90) o el Frente de Centro (2006). Por ahora, es un pacto obligado por las circunstancias; se parece más a la alianza entre el Apra y el odriísmo (1963/68) porque confirma el giro aprista hacia la derecha, aunque difiere de aquella porque el acuerdo Haya-Odría fue mucho más voluntario. No me queda duda sin embargo que es una decisión responsable a la que no habría que tirarle piedras, atrincherados en lo que sucedió hace 20 años.

Los peones del centralismo

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La República

La mitadmasuno

11 de diciembre de 2015

Juan De la Puente

Si pudiese sugerirles algo básico a los gobernadores regionales y a los alcaldes provinciales es que eviten los acuerdos electorales con las listas nacionales para apoyar a un candidato presidencial a cambio de colocar a un representante suyo en el Congreso.

Esa experiencia ha sido nefasta y fallida. El actual Congreso tiene por lo menos 8 congresistas que alcanzaron sus curules incrustados en por lo menos tres listas presidenciales que compitieron el 2011. Es el caso de legisladores elegidos por Áncash, Huánuco, Loreto, Junín y Cusco, entre otras regiones.

La operación no les ha servido a las administraciones regionales. Como primer efecto, los que participaron en alianzas que no ganaron la Presidencia de la República vieron enajenada la voluntad del partido ganador o, si formaron parte del grupo ganador, fueron presionados sin éxito para lograr mejoras gracias a sus contactos con el nuevo poder. Así, en uno u otro caso, solo consiguieron desazón y decepción.

Ninguno de los presidentes regionales que se ufanaron de haber hecho el 2011 el negocio de su vida, se reeligió. Antes, a poco más de un año en funciones, “sus parlamentarios” se mimetizaron en el Congreso, no lograron casi nada en favor de sus regiones con las que además perdieron contacto, en tanto que renunciaron a sus bancadas en la primera oportunidad o les dieron la espalda a los jefes políticos que organizaron el acuerdo.

Advierto que ahora por lo menos tres gobernadores regionales y algunos alcaldes de capitales de departamento han llegado a acuerdos con partidos nacionales. Estos pactos se basan en la seguridad de que los líderes regionales pueden endosar a un candidato nacional los votos obtenidos el año pasado, algo debatible y relativo. Son los casos, por citar dos ejemplos, de los gobernadores de Arequipa y Tacna, que obtuvieron alrededor de 20% de votos en la primera vuelta y que difícilmente endosarán ese caudal luego de un año de complejas administraciones.

Desde el lado nacional, en los partidos creen que un pacto con grupos locales puede resolver sus problemas de implantación, y el suministro de militantes, activistas y operadores tan necesarios en una campaña electoral. Eso también es relativo; en la mayoría de regiones los grupos que ganaron las elecciones del año pasado se han desactivado, los vínculos se han debilitado y las autoridades se han autonomizado, de modo que un acuerdo con una autoridad es principalmente con su aparato de gobierno. Y nada más.

Es cierto que para un grupo nacional sin implantación local un pacto con una autoridad local es mejor que nada. De acuerdo, pero el asunto cambia cuando lo que se quiere es gobernar un país en serio, una tarea cada vez más enfrentada por la hostilidad de un Congreso donde escasea la disciplina partidaria y los legisladores recuperan su independencia rápidamente.

Los gobernadores regionales tienen problemas nacionales más serios que sentar a un enviado suyo en una curul. El más desafiante es el destino de la descentralización, acosada por dentro y fuera de las regiones. Dentro, por la corrupción y la precariedad institucional, al punto que un gobernador regional ha sido vacado y otros tres están en esa ruta; y fuera, por un movimiento que propone ir en reversa. En la reciente CADE 2015 he escuchado por lo menos tres exposiciones que sugieren recentralizar el país bajo la convicción de que la descentralización ha fracasado.

La campaña electoral necesita de una potente y unida voz política de las regiones más que de enjuagues electorales que hacen de los líderes regionales peones del centralismo. Por si acaso, casi todos los candidatos guardan silencio sobre qué hacer con la descentralización, un proceso suspendido en el aire hace varios años, otro rasgo inédito de este proceso electoral. Como hace 30 años, las ideas de la capital se aprestan para decidir por el resto del país mientras los líderes fuera de Lima se contentan ¡qué tal minimalismo!  con buscar una esquinita en el Parlamento. Qué favor tan caro para el centralismo.

Candidatos: ¿Se parecen demasiado?

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La República

(Balance corto de CADE 2015)

6 de diciembre de 2015

Juan De la Puente

La idea general luego de las exposiciones de los candidatos presidenciales en CADE 2015 es que los aspirantes se parecen tanto en las propuestas como en sus omisiones. De los tres grandes problemas que dominan la campaña electoral –la desaceleración de la economía, la corrupción y la inseguridad– solo el primero fue abordado con cierta amplitud –aunque no en profundidad– en una medida que permite considerar la evolución del Perú si alguno de ellos ganara las elecciones.Esta coincidencia no es suficiente para generar un consenso sobre un nuevo ciclo de crecimiento. Localizadas en la inversión pública, las propuestas no abordaron dos reclamos actuales, la caída de la inversión privada y la diversificación productiva.

Ha faltado más coherencia dirigida a proyectar una imagen completa de ese pacto para una estabilidad macroeconómica que nos es necesaria.

Las diferencias están en su disposición a relacionarse con los ciudadanos. Dos ejemplos sobre ello: 

1) Alan García y AlejandroToledo apuestan por la política mientras que los otros tres reducen el gobierno a la gestión técnica; es la colisión entre la década de 2001-2011 con la de 1990-2000, de la que Humala es una síntesis desarmada. PPK llegó al extremo de prometer menos política, como si esa contra-política no nos estuviera matando. 

2) Dos candidatos, García y PPK, designaron ante cámaras a sus ministros de Economía, mientras Keiko guardó bajo siete llaves la identidad de su equipo.

La presentación en la CADE 2015 ha servido también para verificar otros límites. Los candidatos carecen por ahora de una visión que relacione un probable gobierno suyo con las reformas institucionales que el país necesita con urgencia, y ya no solo las 32 iniciativas presentadas por la Asociación Civil Transparencia, sino a otras referidas a la corrupción y a la inseguridad. Si esa carencia obedece a la convicción de que los próximos 5 años son una simple extensión de los últimos 15, tenemos problemas. 

Finalmente, también ha servido para fijar un techo conceptual al crecimiento de Acuña, que parece adolecer de la misma falta de calidad que su presentación.

Gobernar, cambiar, pactar

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La mitadmasuno

La República

4 de diciembre 2015

Juan De la Puente

Uno de los temas que deberán abordar los candidatos que hoy concurren a #CADE2015 es el de la reforma política. La demanda de cambios institucionales ha llegado a un nivel en el que es imposible no referirse a ella, de modo que si un candidato cree que puede llegar a Palacio de Gobierno eludiendo esta respuesta, comete un grave error. Incluso podrían esquivar el tema en esta oportunidad pero no podrán evitarlo a lo largo de la campaña y además tener éxito electoral.

La reforma es el eje sobre el que girará la política en los próximos 5 años, tanto los cambios que se requieren para impulsar un nuevo ciclo de crecimiento como para atajar la severa perdida de legitimidad de líderes e instituciones. Si se trata de resumir, aun a riesgo de esquematizar, las características del próximo Presidente de la República, estas son: 1) Un presidente fuerte con un margen de maniobra suficiente para la toma de decisiones difíciles; 2) que sepa pactar a tiempo y conservar los pactos, sobre todo en el Congreso; 3) que sea capaz de llevar adelante reformas (y que no solo las predique); y 4) que culmine su mandato.

La idea de que el próximo año elegiremos un presidente que solo nos gobierne es un error, por incompleta. No solo por el hecho de que como sucede siempre elegiremos un poder (el Ejecutivo) y un contrapoder (el Congreso), sino porque en ambos casos se han revelado cambios en el actual período: el primero nos ha mostrado que puede debilitarse a niveles inéditos, mientras que el segundo nos ha enseñado que, si quiere, puede jaquear la gobernabilidad sin mucho esfuerzo. Ahí están para los incrédulos las veces en que el Parlamento votó ámbar en la investidura de los premieres René Cornejo y Ana Jara.

El nuevo presidente no solo debe gobernar. La agenda que le espera es un poco más gorda: debe gobernar pactando, reformando y en esa medida garantizar la gobernabilidad, de modo que deberá esforzarse tres veces más. Considerando tal perspectiva, las obligaciones de los candidatos con los electores son mayores y los temas que deberían abordar son más complejos y exigibles.

Una de estas obligaciones se refiere al contrapoder señalado líneas arriba. Me temo que, salvo alguna excepción, los candidatos presidenciales no están siendo responsables en la elaboración de las listas parlamentarias, una tarea que acometen con la peligrosa idea de sumar apoyos y dinero, una táctica que en el gobierno o fuera de él podría reventarle al sistema en la cara. Evitar que un grupo de piratas aborden el barco parlamentario es ahora –entiéndase bien, ahora– una obligación republicana que debe ser exigida a quienes compiten por el poder.

La gobernabilidad en los próximos años estará en el Congreso, en la calle, en los medios, en el mercado y, claro, en el gobierno mismo. En esa medida, el “yo haré” es muy importante pero nuevamente incompleto. En la línea de las reformas, el “nosotros haremos” adquiere una significación estratégica porque indica la capacidad del nuevo poder de relacionarse con otros poderes, legales o fácticos, para conseguir resultados. Solo por poner un ejemplo, no será posible reformar la administración de justicia sin pactos con el Congreso, el Poder Judicial y otros organismos constitucionales.

No estoy seguro de que todos los candidatos se encuentren mentalizados con la idea de gobernar cambiando y pactando. Sobre lo primero, las referencias a las reformas han sido escasas y en cambio se aprecia una cultura tecno-burocrática en la elaboración de los planes de gobierno; las comisiones que los elaboran son enclaves cerrados de tecnócratas sin conexión con la política. Sobre los pactos, me temo que el formato de la campaña electoral, que transcurre como una prolongación de la guerra política de los últimos tres años, no podrá ser desmontado debido a la formación de un escenario igualmente inédito en el que no se aprecia un centro político y vasos comunicantes. Es cierto, en política los enemigos pactan, pero las heridas demoran en cerrar y no sé si el país espere.

Agárrate del cambio, ahora

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La República

La mitadmasuno

27 de noviembre de 2015

Juan De la Puente

La próxima semana los 5 candidatos presidenciales mejor ubicados en las encuestas sobre intención de voto expondrán en CADE 2015 los avances de sus planes de gobierno. No será un debate cara a cara pero será la primera oportunidad para compulsar los contenidos de las opciones para el próximo quinquenio.

Este primer encuentro es tan inédito como el proceso electoral mismo que vivimos. El lema de CADE “El Perú necesita cambios para seguir creciendo” contrasta con la timidez de los políticos para proponerlos. Esta brecha, entre política vacilante vs instituciones que demandan transformaciones, resume un impensado cambio de roles que la crisis política está fraguando.

En las elecciones del 2006 y 2011, el mercado se situó en una posición recelosa del cambio y fueron los líderes políticos los que impulsaron el debate sobre los ajustes al llamado “modelo” y en menor medida la reforma de las instituciones. Ahora, a pesar de un proceso crítico a cuestas, son los políticos los recelosos de las reformas y estas son sugeridas desde otros lados del escenario. Por ejemplo, las propuestas de reforma electoral fueron impulsadas por los organismos electorales a la cabeza de una colación de instituciones que integran la Plataforma por la Reforma Política y Electoral, la misma que jaló a un Congreso remolón y disgustado en las 5 normas dictadas este año.

Mientras la política parece congelada en los años 2006 y 2011, persistiendo en un debate electoral sobre estabilidad/continuidad, se acrecienta la exigencia de propuestas precisas frente a la desaceleración de la economía, la inseguridad, la corrupción y la inoperancia de la mayoría de instituciones, especialmente de aquellas relacionadas a la justicia y a la transparencia pública.

Las teorías del cambio –que enfatizan en el liderazgo de los actores y en su audacia, y la capacidad para fijar estrategias que encaren las contingencias– anotan que las crisis activan un menú de ofertas que inciden en el inicio de grandes procesos de reforma, útiles sobre todo para la primera fase que los cambios implican, es decir, la transición y sus incertidumbres.

Eso no está sucediendo. Instalar una lógica de cambio en el debate público es fundamental como una condición de vigencia de la democracia en el siguiente período. Es también necesario para evitar un carnaval populista que reemplace el horizonte de las reformas, las manosee y finalmente las paralice. En menos de 4 meses, se han presentados en el Congreso 380 proyectos de ley que podrían acabar en un frenesí de decisiones que no se inscriben ciertamente en una reforma institucional. La creación masiva  de distritos –nueve en una semana– y la posibilidad de que Ventanilla pase a ser provincia sin mayores estudios, en medio de la campaña electoral hacen prever un camino conocido: clientelismo en lugar de reformas.

¿Por qué los políticos que encabezan las encuestas no nos hablan de reforma? La primera explicación es que la campaña se ha iniciado. Este argumento suena a coartada. Siendo cierto el retraso en la elaboración de los planes a detalle, es inocultable que los discursos electorales están rehuyendo asuntos claves como la formación de un nuevo consenso alrededor del crecimiento, agotado ya este; o qué hacer eficazmente para rebajar los índices de delito e impunidad en alza, solo por citar dos asuntos cruciales.

Más allá de la vigilancia de las formas, que es también importante, la vigilancia de los contenidos se convierte en un desafío básico de la campaña. Los políticos no se están imaginando el futuro y este sí es un asunto grave para un régimen democrático que agota un ciclo de 15 años y que debe empezar otro. Es probable que esto también se deba a la total entrega de los líderes al marketing político, pero no es menos cierto que revela la falta de grandes ilusiones y de compromisos personales. No parece ser un asunto de pegada sino de llegada, es decir, de horizonte y perspectiva, una falta de apuesta a la Fortuna, Virtù y Gloria, a decir de Maquiavelo.

Primeras victorias de la contrapolítica

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La República

La mitadmasuno

20 de noviembre de 2015

Juan De la Puente

La reciente encuesta de Ipsos nos coloca ante un escenario a punto de cerrarse con una oferta electoral limitada, que franquea o libera la actitud de los electores ante los candidatos presidenciales. En ella se aprecia que ha concluido la demolición de los tradicionales tabúes que relacionaban ética y voto. Sin duda, nuestra contrapolítica es la fase superior de la antipolítica.

Según el sondeo, la mitad de peruanos (48%) no cree que alguno de los 5 aspirantes presidenciales ubicados en los primeros lugares de intención de voto sea honesto. Sin embargo cree que, cifras más o menos, son inteligentes, carismáticos y dotados de experiencia y liderazgo, de modo que entre todos suman el 75% de intención de voto.

El cuadro de la oferta y demanda electoral actual se completa con otros 2 datos curiosos: una abrumadora mayoría superior al 90% cree que los aspirantes a la presidencia deberían presentar certificados penales, peritajes psiquiátricos y de ingreso económicos y de propiedades, en tanto que otra contundente mayoría, en cifras que van desde el 53% al 72%, está en contra de que los partidos reciban financiamiento del Estado, y de empresas e instituciones privadas, es decir, casi que vivan del aire.

El pragmatismo de los ciudadanos o su supuesta ignorancia no son suficientes para explicar esta suerte de sobreexigencia a los políticos vs tolerancia con la actual oferta electoral. En el abandono de los códigos clásicos que subordinaban la honestidad a la confianza juega más la contrapolítica de las élites, principalmente la que se asume democrática, la misma que ha sido incapaz de gestionar cambios de algún calado que fortalezcan la representación y las instituciones.

La antipolítica que implantó el fujimorismo no fue atajada y ya fue. Por el contrario, se ha recreado varias veces disolviendo aún más las relaciones, lealtades, programas, discursos y símbolos de la política. Esta tendencia ha producido una nube impresionante de políticos y grupos sin identidad y conexión en la base de la sociedad, un proceso que ha llegado al ámbito mayor, llamado nacional solo como costumbre porque el Perú carece precisamente de eso, de voto nacional y de identidades nacionales. Como nunca desde 1980, los grupos “nacionales” solo ganaron el año pasado el 18% de provincias y el 22% de distritos.

La contrapolítica es eso, una completa recusación a toda práctica política y el rechazo a un mínimo estándar de representación pactada, es decir, un vaciamiento de los más elementales principios republicanos. La frase redondeada en una encuesta del año pasado, de “voto por el que roba pero hace obra” es más que una intención de voto; podría ser el título de un libro con centenares de sentidos más comunes de lo que pensamos, entre ellos los manidos “déjame trabajar, hermanito” e “importa poco en qué lista soy candidato”.

Para quienes se preguntaban cómo sobreviven los ciudadanos en este nivel de la crisis del sistema, la respuesta es que la contrapolítica, que es la crisis misma, es muy prometedora. Ella tiene la vida asegurada y le proveerá de cuadros al sistema con el mismo estándar que presentan ahora las 10 mil autoridades elegidas por el voto popular. Sin reforma a la vista ya es una forma de hacer y ver la política, una manera de ensanchar el campo de la ciudadanía y que permite –aunque lamentablemente– una integración igualmente cínica de los peruanos a un sistema híbrido, dividido y fragmentado.

Eso es lo que tenemos. A veces sonrío cuando leo a columnistas y/o académicos desesperarse porque los ciudadanos no calzan en los moldes clásicos o no se comportan como ellos quieren. No tendrían que hacerlo si los primeros en “desrepublicanizarse” han sido las élites llamadas nacionales. Si nos atenemos a la tensión entre la promesa republicana y la neoliberal de la que nos hablaba hace algunos años Alberto Vergara, ya tenemos ante nosotros la síntesis de ese desencuentro, con menos república por supuesto.

¿Se mueve o no se mueve? Desagregando la intención de voto, lo rural y lo urbano

Por Juan De la Puente

29 de noviembre de 2015

La encuesta que hoy publican GfK y La República debe ser tomada con la racionalidad propia de una medición de un proceso en curso. No es ni un punto de partida ni de llegada sino un hito. Desconfío de la idea clásica de que es una foto –me parece un argumento muy básico- porque me sugiere que no tiene necesariamente una imagen antes y otra después. Pienso más bien que es una filmación en cámara lenta y/o una toma muy abierta que prefiero mirar en conjunto y comparando.

Sugiero desagregar los datos de esta u otra encuesta si se trata de mediciones previas a un evento que se realizará en 150 días y resistirse a la tentación de agregar y absolutizar. Uno de los problemas del análisis político es el privilegio de la agregación. Los análisis económico y jurídico son muy superiores en este punto.

Creo que tratándose de un escenario donde la mayoría de candidatos ya están designados (o auto-designados) deberíamos salir de la comparación de coyuntura “mes contra mes” y pasar a otra de mediano plazo. Si comparamos la de ahora con las mediciones de GfK de los últimos meses –agosto, setiembre y octubre- podemos encontrar algunos datos muy interesantes de cómo la campaña impacta o no es sectores y territorios.

1.- El tablero ha sufrido modificaciones parciales en un marco de estabilidad general. Los cambios destacables porque implican considerables traslados en la intención de voto son en la parte baja del tablero: a) el que se opera con César Acuña que pasa de 3% a 7%; b) la caída de PPK que pasa de 13% a 9%; y c) el incremento del rubro No sabe/No precisa que sube de 13% a 17%; y d) los movimientos hacia arriba y abajo en el voto rural.

2.- La estabilidad es más notable en las cifras altas: a) Keiko Fujimori se mantiene en el tercio de la intención de voto (33%); b) Alan García en 6%, aunque pasa del tercer lugar al cuarto al igual que Toledo; c) el Sr Blanco/Viciado que se mantiene en 19%; y d) los candidatos con intención de voto de 1% hacia abajo tampoco han podido escalar a costa de los otros o de los indecisos o viciados.

3.- El escenario apreciado hace meses no se ha alterado y persisten sus características: más de un tercio de votos en favor de las opciones de derecha, un centro por ahora desestructurado y una izquierda simbólica además de desestructurada, también por ahora. En cambio, un alto porcentaje de personas votarán viciado o no saben o no responden por sus preferencias (ambos suman más que el 2” y 3er lugar juntos). A este escenario lo llamo el de Blancanieves y los siete enanitos. Mientras más enanitos en el cuento sin la presencia de un príncipe que altere la escena, la protagonista seguirá siendo aquella.

4.- Por ahora la campaña tiene más efectos en el Perú rural. Allí Keiko ha subido 5 puntos en 4 meses, García y Acuña duplican su intención de voto, en tanto que se ha reducido en 8 puntos el voto Blanco/Viciado (de 23% a 15%) aunque se ha disparado la indecisión, que ha pasado de 16% a 24%.

5. También se operan cambios al interior de cada intención de voto en los últimos cuatro meses, y que es preciso desagregar: a) Keiko baja en la zona urbana 4 puntos pero se dispara en la rural 10 puntos, se mantiene en los sectores C y D/E pero cae 5 puntos en los sectores A/B; b) PPK baja en el interior del país 5 puntos y en todos los sectores sociales pero sobre todo en las zonas rurales, de 7% en agosto a 3% en noviembre; c) Acuña se ha disparado en los sectores sociales C y D/E donde pasa de 2% a 9% y de 3% a 7%, respectivamente. Acuña también sube en las zonas urbanas de 3% a 8%.

6. También se registran cambios en el voto Blanco/Viciado. Sube en las zonas urbanas 3 puntos, baja en el Perú rural y se dispara 7 puntos en los sectores A/B, donde pasa de 13% a 20% y en Lima, de 13% a 17%. El grupo No sabe/No preciosa sube 3 puntos en las zonas urbanas y 8 en las zonas rurales de 16% a 24% y 5 puntos en los sectores D/E de 13% a 18%.

7.- Es cierto que Acuña avanza y se convierte en lo que Alfredo Torres ha llamado “urderdog” un perdedor esperado que sorprende en la carrera. El aumento de su intención de voto contribuye a cerrar el escenario pero no habría que adelantarse si se tienes 36%d de votos entre disconformes con todos o que no saben y no opinan. Por otro lado, las caídas tienen que ver con dos fenómenos: la falta de campaña en el Perú rural, un problema que no se resuelve de la noche a la mañana y las lógicas de voto/antivoto que se opera en los sectores A/B y C/D que bloquean tanto a Keiko arriba como a PPK y García abajo que esta vez podría ser más determinantes en la primera vuelta.

Insospechado giro de la campaña

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La mitadmasuno

La República

13 de noviembre de 2015

Juan De la Puente

Faltan 150 días para las elecciones y aún falta cubrir los tres pasos más importantes del cronograma electoral: la convocatoria a las elecciones mismas (el plazo expira el 12 de diciembre), la inscripción de listas presidenciales (11 de enero) y la inscripción de listas parlamentarias (10 de febrero).

Implicados en una campaña iniciada de facto, esta transcurría en los afanes de fichajes de personalidades, amagos de alianzas y designaciones de candidatos, siguiendo nuestro viejo esquema de proceso electoral que los partidos se han negado a cambiar y que usa la mayor parte del tiempo en tareas internas dejando poco espacio a la campaña propiamente dicha y más aun al debate de las grandes ideas.

Los candidatos hasta ahora se parecían demasiado. La propuesta de sacar a los militares a la calle, a cargo del Apra y Perú Posible, no había alterado una homogeneidad conservadora de la política y de la economía, situada sobre todo en la crítica a Humala y con una escasa audacia para enfrentar con consistencia los tres grandes temas: corrupción, inseguridad y la desaceleración del crecimiento.

La irrupción del tema de las AFP en la campaña es un giro insospechado que fuerza un retorno a uno de los temas de debate de las campañas de los años 2006 y 2011. El ataque al modelo vigente de AFP se relaciona con 4 millones de afiliados, de los cuales solo cotizan dos millones y medio. No obstante, es un avance sobre el núcleo duro del modelo económico primigenio compuesto precisamente por las AFP, las privatizaciones, la desregulación y liberalización de los mercados, y la reforma tributaria.

Al abrirse este debate se abre también la discusión sobre el destino de los otros modelos previsionales como el de la ONP, la Caja Militar Policial y Pensión 65. Se reabren también otras discusiones referidas a la distribución y a la regulación del Estado de las actividades económicas, de modo que la tendencia es integrar un cuarto elemento a la campaña y que podría ser rotulado como “reformas al modelo, “nuevo modelo” o “regulación pública”.

Es probable que la integración de este cuarto elemento destape lógicas tanto populistas como progresistas. No obstante, a diferencia de las dos elecciones anteriores, no se tiene a la vista un candidato que desde la izquierda pugne por reformas económicas de calado. Sin Humala en escena –y estando él ahora en las antípodas de sus anteriores mensajes– es difícil para los grupos progresistas construir un mensaje económico alternativo fuerte.

Es también una oportunidad invaluable para la reconstrucción de un programa de centro que proponga cambios menos radicales pero igualmente apreciables en la economía. Al grupo de candidatos que merodean por esos lares no les había ido bien intentando seducir al electorado conservador que han conquistado Keiko Fujimori y PPK.

Esta puede ser la hora del cambio para Alan García, César Acuña, Alejandro Toledo y Verónika Mendoza, que tienen ante sí una oportunidad irrepetible. Este regalo de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) puede ser catalizado como el inicio de una mayor diferenciación de sus candidatos, para ganar ese 35% de votos todavía en disputa según las encuestas y arrancharles puntos a Keiko y PPK, los que menos deseaban un debate que les obligue a defender en bloque el modelo.

La variable cambio no había aparecido en la campaña y no se apreciaba un candidato nuevo en todo o en casi todo. A diferencia de los procesos anteriores las reformas venían como una demanda de la sociedad frente a una oferta política más retrechera de los candidatos y medios.

Al ser los actores políticos forzados a introducirse en los territorios macro de la economía, la ideología reasume un papel significativo en la competencia electoral. En el contexto de una crisis política ya reconocida por todos, la agregación de estos cuatro elementos (corrupción, inseguridad, desaceleración y regulación pública) promete una campaña intensa y de mayores contenidos que hace algunos días.