domingo, 2 de junio de 2013

Lula en Sao Paulo, habla del progesismo en A. Latina, del Perú y de la integración.

El pasado jueves 24 de mayo entrevisté para La República al ex presidente Lula en Sao Paulo. Junto a mi colega Michel Solís de LR digital tuvimos una amena charla con uno de los líderes de A. Latina más globales en el sentido político de la palabra. Volví a ver al Presidente Lula luego de varios años, desde cuando el 2003 llegó Lima en una histórica visita que dio inicio a una intensa cooperación.
Lula habla del mundo, de Brasil y de América Latina con profundidad; es un hombre global que habla en clave de mediano y largo plazo. Sus preocupaciones son la integración y la gobernanza mundial. Al recibirnos fue él quien primero entrevistó, en una amena charla. Recordó a su entrañable amigo Javier Diez Canseco y comentó con cifras en la mano los logros y desafíos de la relación Brasil/Perú que fomenta desde su visita en agosto del 2003, y sus relaciones con los gobiernos de Toledo, García y Humala.
La República publica hoy la entrevista a la que agrego algunas fotos.
....... 

Lula Da Silva. Ex presidente de Brasil durante dos periodos consecutivos, desde 2003 hasta 2010. Fundador y líder histórico del Partido de los Trabajadores. Fue dirigente de los obreros metalúrgicos de Brasil y tenaz opositor a la dictadura del general Ernesto Geiser en los años setenta.
Texto: Por Juan De la Puente.
Foto: Ricardo Stuckert / Instituto Lula.
 
A pocos días de venir al Perú, el ex presidente Lula nos recibe en la sede del Instituto Lula, una casa de dos plantas en el distrito de Ipiranga, al sudeste de Sao Paulo. Lula predica con convicción la integración sudamericana y defiende el legado de sus ocho años en el poder: el diálogo social, las reformas y la gobernabilidad. Con soltura y escogiendo las palabras con detalle, se ubica en la escena regional exponiendo un discurso que marca amistosos matices sobre Venezuela y en menor medida Argentina, sin salir del campo del progresismo. Habla de Chávez, Maduro, Piñera, Santos, Humala, Toledo, Alan García y Cristina Fernández de Kirchner.
Para ir a tono con los tiempos es usted un ex presidente global.
Es muy difícil que un ex presidente cree las condiciones para ser ex presidente y dejar al que fue elegido que gobierne. Cuando dejé de ser presidente tomé una decisión: trabajar el tema de América del Sur y las relaciones entre Brasil y África. Para ese mandato de la integración trabajamos y con ese espíritu iré al Perú.
Las relaciones Perú/Brasil de los últimos 10 años fueron más intensas que en los 180 años anteriores, y eso que nos ha visitado menos.
¡Noo! Yo creo que fue muy equilibrado; he ido más a Venezuela porque era necesario ir. Luego de las elecciones del Perú iba a ir pero hubo circunstancias que me lo impidieron.
¿Expone la integración o la visión de Brasil de la integración?
Yo creo que si Brasil quiere ser un actor global debe tratar con mucho más cariño a sus vecinos. Y no solamente con cariño sino con una integración real y una real asociación comercial. En este mundo globalizado tenemos que tener en cuenta que nadie le va a dar espacio a otro, y esta crisis ha demostrado que cuanto más diversificadas son las relaciones comerciales un país sufrirá menos con la crisis. Si solo dependes de un socio comercial y ese país entra en crisis, te perjudicas. El asunto es cómo diversificar.
¿Funciona una integración jalonada por el comercio?
Tenemos que trazarnos metas en el comercio multilateral. Lo más importante es el potencial de crecimiento y de comercio entre los países sudamericanos, es decir, qué les vende Brasil a sus vecinos y que les compra. Todavía tenemos un comercio muy limitado y pienso que establecer metas para llegar a niveles superiores de comercio es difícil, y no se puede concluir en el mandato de un solo presidente. Por ello debe ser una cuestión de Estado. Recuerdo que cuando asumí la presidencia el comercio de los países del Mercosur era muy limitado, de unos 5 mil millones de dólares; hoy es de 48 mil millones. Con Argentina era 7 mil millones y lo llevamos a 39 mil millones. Con Uruguay era poco más de 200 millones de dólares y hoy día son 2 mil millones de dólares. Cuando la gente comercia, aumentan las posibilidades concretas. Y claro que si no tenemos capacidad de producir no podemos plantearnos metas.
UN BALANCE DEL PROGRESISMO
Este año ha sido especialmente electoral en América Latina, con comicios en Ecuador, Paraguay y Venezuela, y vienen los de Chile y las elecciones legislativas en Argentina. ¿Qué balance haría sobre esta hora del progresismo latinoamericano? Uno de estos procesos, Venezuela, confirmó una fractura y caminamos a otra, en Argentina.
Yo tuve la suerte de gobernar 8 años Brasil cuando los sectores más progresistas de América del Sur empezaban a ganar terreno. La elección de Piñera en Chile salió un poco de la tendencia que se había generado, sin embargo, su comportamiento más conservador en Chile fue distinto a su actitud en Unasur, con respeto y dignidad. Una sorpresa agradable fue la victoria de Santos en Colombia por la desconfianza, porque había sido ministro de Defensa de Uribe, y se pensaba que podía ser más duro con Venezuela. Alan García me alertó de que íbamos a tener una gran sorpresa con Santos porque con él sería más fácil de tratar, como en realidad ha sucedido. No es una sorpresa desde el punto de vista ideológico sino en relación con su comportamiento.
Lo sucedido en Venezuela, no obstante, no confirma esa tendencia regional.
En Venezuela se ha producido una situación sui géneris. Primero, por la victoria de Chávez en octubre como un hecho indiscutible y, luego, la elección de Maduro. Resulta muy difícil desde Brasil hacer una evaluación de lo sucedido; desde hace tiempo la sociedad de Venezuela está muy dividida y sobre eso conversé varias veces con el presidente Chávez en la perspectiva de reducir las tensiones.
¿Hay espacio para rebajar la tensión o la ruta es irreversible?
La sorpresa en la última elección de Venezuela es que, considerada la conmoción en el pueblo venezolano por la muerte de Chávez, la elección de Maduro iba a ser más fácil, y eso lo decían las encuestas. Ni las encuestas captaron la evolución; sucedió el proceso electoral y ahora el presidente Maduro tiene que imprimir un nuevo ritmo a su gobierno, tendrá que esforzarse para construir su propia imagen y para presentar las propuestas post Chávez. Él lo hará más fácil con un discurso para ampliar la base social, principalmente para ganar a los sectores de clase media y a los empresarios, para consolidar un proceso de paz.
Para definir a un país dividido en dos mitades usted usa el término sui géneris. ¿Este nuevo momento no solo pasa por ampliar la base social del gobierno sino por resolver una fractura vasta y profunda?
Precisamente para eso debe ampliarse la base social, para llegar a otros segmentos porque es muy difícil gobernar una sociedad donde el 50% está a favor y el 50% en contra; puede gobernarse pero con mucha tensión y por eso me parece necesario aliviar esa tensión para poder gobernar con tranquilidad. Hay que decir qué se va a hacer los próximos años, decirlo claramente en la economía, la actividad agrícola, la producción de alimentos, la energía, la infraestructura, y qué ha de suceder en las relaciones políticas con la sociedad.
La fractura, sin embargo, es política y social.
Quiero decir que tengo un compromiso profundo con Venezuela. Ahora, puedo hablar de mi experiencia propia: mi primer mandato no fue fácil, tuvo mucha tensión y yo estaba seguro de que era posible construir cierta tranquilidad para gobernar. Creo que el pueblo venezolano desea esa tranquilidad. Maduro tiene una chance extraordinaria, no para repetir las cosas que hizo Chávez sino qué hará más adelante y cómo la sociedad estará involucrada.
LAS REELECCIONES
Es un desafío complejo por los últimos sucesos en el parlamento. El progresismo latinoamericano ha construido mayorías sólidas para darles estabilidad a Ecuador, Uruguay y Bolivia, pero cuando tiene dificultades como en Venezuela y Argentina abandona prácticas democráticas, hostiga a la prensa y afecta las libertades. ¿Cuánto hay de progresismo en este abandono?
Otra vez hablo con mi ejemplo. En Brasil un presidente nunca antes tuvo la posibilidad de aprobar un tercer mandato como lo tenía yo, pero yo no quise. Creo que un principio elemental de la democracia es saber que lo que es válido para nosotros también es válido para los demás. Si quiero tres mandatos, alguien va a querer cuatro o cinco, y vamos a tener una pequeña dictadura. La democracia es la única garantía, utilizando la alternancia de poder para garantizar que el pueblo participe libremente en la elección y en la ejecución de las políticas de gobierno.
Pero puede haber progresismo sin alternancia. En Argentina…
Yo pienso que Argentina vive un proceso democrático que hace tiempo no vivía. Vive su mayor periodo de crecimiento continuo y el gobernante tiene su forma de ser y recogerá lo que dice la gente. Si no cumple, no lo van a reelegir; y si acierta, lo van a reelegir. Cristina (Fernández de Kirchner) tendrá este año elecciones legislativas y va a depender mucho e importa mucho esa elección para que ella conserve la mayoría. El problema de Venezuela no es ese, porque –en el Congreso– Maduro tiene la mayoría. El problema allí es saber utilizar esa mayoría para ejercer la democracia y no usar esa mayoría para aumentar el poder personal.
Está en debate también la relación entre el progresismo y la libertad de prensa.
Este es un reto que debemos tener en cuenta. En toda la historia de América Latina, nunca la izquierda vivió un momento como el de ahora; nunca ocupó tantos gobiernos en tantos países, y tenemos que saber que si hacemos las cosas bien el pueblo seguirá respaldándonos. Si nos equivocamos, el pueblo nos sacará del gobierno como sacó a la derecha. Pero por eso tenemos que garantizar la democracia, y eso vale para la prensa. Aquí en Brasil tengo un pequeño problemita. Cuando critico a la prensa ellos me dicen que los estoy atacando, y cuando ellos me atacan dicen que me están criticando, pero igual me siento muy a gusto porque pocas veces Brasil ha tenido un presidente republicano actuando republicanamente. Nunca ningún diario o canal de televisión dejó de recibir publicidad del gobierno simplemente porque me criticaban, y me parece que ese comportamiento debe ser universal en el ejercicio del poder. Sin embargo, los compañeros de la comunicación deben también comprender que un canal de TV es una concesión del Estado y no puede utilizarse una concesión para actuar como si fuese un partido político. Si todos actuamos de manera republicana será perfecto para la democracia.
DIÁLOGO SOCIAL Y GOBERNABILIDAD
Ahí marca usted una diferencia con otros procesos en la región.
Quiero decir algo: soy una persona que trabaja incansablemente su proceso democrático. Una vez fui a dar una charla y unas personas muy ricas de Perú me preguntaban quién es mejor para Perú, Keiko o Humala. Sin ninguna duda dije que Humala será mejor para el Perú, y me puse muy feliz cuando él ganó las elecciones. Obviamente se dio ese primer paso; ahora, espero que él esté construyendo la gobernabilidad peruana de la forma más democrática posible. Una de las cosas a las que le di mayor valor en Brasil, el mayor legado que yo quería dejar, era la relación que el Estado construyó con la sociedad y al mismo tiempo la relación con las organizaciones de la sociedad. En 8 años de gobierno convoqué a 74 conferencias de alcance nacional que discutían los temas indígenas, raciales, discapacidad, educación, seguridad, salud pública, minorías sexuales, ambiente, cultura, comunicación. Convocamos conferencias que estaban precedidas por el nivel municipal y estadual hasta llegar al federal/nacional. He participado en casi todas ellas y allí oía muchas críticas contra mí, pero todo tenía un valor y a partir de eso construimos las políticas públicas que luego adoptamos. Por eso, cuando me preguntan cuál es el principal legado, yo siempre digo: mi relación con la sociedad, el diálogo social, es decir, hacer exactamente lo que yo había prometido en la campaña.
Las políticas sociales redujeron la pobreza en Brasil y en varios países, entre ellos el Perú, pero se debate el futuro de los programas de transferencia condicionada y la focalización, porque la desigualdad es resistente y porque se universaliza poco los derechos. ¿Estamos tocando el límite?
No, y espero que mi amigo Alan García lea la entrevista porque voy a contar una divergencia que hubo entre nosotros, porque yo pensaba que podríamos empezar a distribuir a través de políticas sociales al mismo tiempo que la economía crecía. Alan creía que primero era necesario que la economía creciera para distribuir. En Brasil, el resultado concreto es este: nosotros logramos sacar a 16 millones de la pobreza extrema y 40 millones de personas ascendieron a la clase media de las clases llamadas D y E, creando alrededor de 20 millones de empleos formales en 10 años. Ese es el resultado de la combinación de políticas públicas que no esperó el crecimiento de la economía sino que fue haciendo las cosas al mismo tiempo.
Es nuestro caso también: con Toledo y García se creció y distribuyó, más con el segundo, y en 10 años de democracia bajamos 30 puntos de pobreza. Pero la desigualdad es resistente.
No creo que sea resistente. Si se toman los datos se verá que en mi gobierno los más pobres tuvieron un aumento de ingresos en 68% y el de los ricos 10%, y en 10 años los trabajadores tuvieron aumento general de salarios, un aumento del salario mínimo cada año, es decir, aumentó el poder adquisitivo de la sociedad. No hay agotamiento porque no estamos hablando de una sola política sino de varias políticas que van desde la producción, el salario, hasta el crédito. En Brasil no había crédito y en 10 años hemos expandido el crédito del 25% al 50% del PBI. ¿Dónde radica el milagro? Es que nosotros pusimos a los pobres en el presupuesto nacional.
LA CRISIS MUNDIAL Y América LATINA
Se aprecia una desaceleración del crecimiento de la región, ya sea provocada para evitar la inflación, por la caída de la demanda de otras regiones o de los precios de algunos commodities. Considerando que Europa y Asia razonan colectivamente, ¿qué deberá hacer América Latina?
Creo que la crisis europea está durando mucho tiempo porque los líderes políticos y sociales se han demorado en tomar decisiones. La crisis de Grecia pudo resolverse a tiempo con 30 mil millones de dólares, pero ahora no se resuelve ni con 200 mil millones. Si al comienzo de la crisis se hubiese detectado correctamente la causa de esta y se hubiesen tomado decisiones, se habrían evitado lo que se vive ahora. Hay un problema que toca a la propia organización de la Unión Europea. Yo creo que es el momento de discutir el potencial de cosas que podemos hacer juntos. Yo estaba viendo el flujo del comercio entre Brasil y Perú y es muy poco para el tamaño de nuestras economías. Esta crisis demanda que, si el comercio tradicional está cayendo, intentemos fortalecer nuestra relación con nuestros socios de la región.
Es natural que se tienda a diversificar, pero no se aprecia una respuesta colectiva a la crisis.
El desafío es dentro y fuera. Nosotros tomamos el 2010 la decisión de frenar un poco la economía porque el volumen del comercio era muy grande y podría traer inflación. Yo les digo siempre a los empresarios que ni deben existir dudas respecto al crecimiento económico de Brasil y que antes del 2016 seremos la quinta economía del mundo porque tenemos un programa de inversiones y porque la sociedad tiene cada vez más poder adquisitivo. Cuando digo esas cosas, les digo a las personas: vamos a enfrentar la crisis haciendo propuestas de futuro y no quejándonos del pasado. Si no le vendí a Europa el año pasado y no le vendo este año, en vez de lamentarme busco otros socios comerciales para venderles a ellos lo que no le vendí a Europa.
La reflexión regional colectiva frente al desarrollo y el comercio para el corto y mediano plazo no llega. Europa y Asia debaten cada cual colectivamente pero una propuesta económica latinoamericana consistente no la tenemos desde los 50, desde la sustitución de importaciones.
A veces llego a pensar que tenemos complejo de inferioridad, y quizás por nuestro pasado colonial. No hemos constituido instituciones multilaterales sólidas para encarar nuestros problemas. Vamos a La Haya cuando podríamos tener una corte regional propia, y cuando tenemos crisis decimos que los europeos tienen la solución para nosotros. Ahora ellos tienen la crisis y no saben nada. Tenemos que construir un proyecto de comunidad; tenemos que agotar la exploración de las semejanzas entre nosotros y decir qué queremos ser y qué queremos producir. Si definimos eso y si establecemos una política de financiamiento propio, podremos dar un extraordinario salto de calidad. Tenemos que ser un bloque: Europa es un bloque, EEUU es un bloque por sí mismo. Si eso ni se entiende, seremos siempre un grupo de pequeños países tratando de sobrevivir.
LA GOBERNANZA DEL MUNDO
Este proyecto de bloque ya dio algunas batallas. Una de ellas es la reforma del Consejo de Seguridad de las NNUU y del FMI que usted impulsó. ¿Cómo ve la perspectiva a estas dos reformas?
No es fácil hacer un cambio. Queremos establecer un nuevo Consejo de Seguridad que represente a la nueva geopolítica del mundo. En 1948 había un escenario pero en el siglo XXI tenemos un escenario distinto. No es posible que allí estén los mismos cinco países desde 1948, claro salvo China. No es posible que África y América Latina no estén representados, que no estén la India, Alemania o Japón, pero cuando se discute eso todo el mundo dice que Japón sí, pero China no lo permite; dicen Brasil sí, pero México se opone; todos quieren a Alemania pero Italia se opone; todos hablan de Sudáfrica pero Nigeria se opone. No queremos discutir qué país va a representar, porque si discutiéramos por qué África tiene un representante y no tres, por qué América Latina no tiene a México y Brasil, que actúen colectivamente y que voten por América Latina y no sean decisiones de cada uno de ellos, es decir, ejercer una representación.
La crisis de ese gobierno del mundo está, no obstante, a flote.
El mundo a pesar de estar globalizado no tiene una gobernanza global, no tiene cómo implantar decisiones. El G20, igual: si les echas un vistazo a la reunión de Washington (noviembre de 2008) y a las de Pittsburgh (setiembre de 2009) y Londres (abril de 2009), verás que de ellas tomamos todas las decisiones pero no se ejecutó ninguna porque cuando regresamos a nuestros países predominan las decisiones del Estado nacional.
¿En qué medida estos resultados tienen que ver con la falta de una relación mejor enfocada de Brasil con EEUU?
Pienso que no tiene que ver con la falta de conversación ni porque no hubo diálogo. Brasil tiene una excelente relación con EEUU pero creo que ellos no pueden ver como socios a Brasil. No nos ven como un aliado sino como un adversario, piensan que somos una competencia. Lo que siempre hemos pedido es que nos traten en igualdad de condiciones en lo político, cultural y comercial. Ese era el sentido de la Ronda de Doha. En el 2008 estaba listo el acuerdo pero las elecciones del 2008 en EEUU no permitieron que se concrete.
Hay cariño pero no amor, y esa ausencia es estructural, ¿no?
La crisis mundial de hoy necesita más comercio justo, precisamente para los países en vías de desarrollo porque mientras más crezcamos nos convertiremos en consumidores. Esa es la lógica que no vemos hoy debido a las discusiones políticas tan frágiles. En Europa, por ejemplo, la política fue tercerizada, la crisis la discutían los funcionarios y nunca se discutió el comercio al más alto nivel, se debatía en los foros donde los tecnócratas eran los que mandaban. Por eso digo que a la discusión de la crisis económica mundial le falta un poco de política y por ello he hablado con las presidentas Dilma y Cristina porque es necesario agilizar el tema de Unasur.
 
LAS RELACIONES PERÚ/BRASIL
 
¿Cómo aplicar esa lógica de integración directa a la actual relación Brasil/Perú?
Un ejemplo sencillo: Brasil tiene frontera con Perú, y del lado peruano se producen muchas cosas pero el Estado de Acre se lleva cosas desde Sao Paulo. Desde el punto de vista comercial de que tienen que integrarse resulta imposible que cualquier ciudadano pueda entender eso. Podemos comprar del Perú productos en general más baratos. Es algo lógico.
Imagínate que el primer puente construido entre el Perú y Brasil demoró 500 años. Cuando se reconoce que lo que sucedió en 10 años no había sucedido en centenares de años, solo podemos considerarlo como un inicio y saber que nos queda mucho por hacer.
Nuestra transoceánica está hermosa pero hay que llenarla de personas y de comercio.
Parte de este futuro es nuestra carretera transoceánica por la que yo todavía no he viajado. Se lo prometí a Toledo, a Alan García, a Humala y a Tião Viana (gobernador del Estado de Acre, frontera con Madre de Dios) para juntos recorrerla y llegar a Lima. Nos falta, pero una cosa importante es que hubo un incremento de las exportaciones del Perú a Brasil; en el 2002 el Perú exportaba a Brasil 217 millones y ahora exporta seis veces más, sobre los 1.200 millones de dólares, y las exportaciones de Brasil a Perú crecieron cuatro veces.
¿Qué reflexión le provocan las relaciones bilaterales tras 10 años de su visita de Estado en el 2003?
Pienso que hubo un avance considerable que no nos imaginamos. Nuestro flujo comercial era menos de 700 millones de dólares y lo aumentamos a casi 4 mil millones. Tenemos un primer puente entre Brasil y Perú; ahora tenemos la interoceánica construida con esfuerzo de integración con el gobierno de Toledo. Pienso que hemos avanzado más de lo que avanzamos hace 50 años, pero todavía tenemos mucho que hacer. Yo trabajo con la idea de establecer asociaciones entre empresarios brasileños y peruanos. Yo no quiero que vaya un empresario brasileño a Perú y compre una fábrica sino que se asocie con los empresarios peruanos y aumente la capacidad productiva y de comercio.
EL CORINTHIANS, Y PAOLO GUERRERO
Sé que usted es hincha del Corinthians, y en esa integración tienen aquí a Paolo Guerrero. ¿Lo ha visto jugar?
Tenemos dos peruanos... trato de acordarme del otro nombre.. ahh, Ramírez, que está prestado al Ponte Preta. Yo vi el partido cuando Ramírez se estrenó en el Corinthians porque fue en mi ciudad, San Bernardo, contra el equipo de mi ciudad; fue un empate 2 a 2. Fui con la camiseta mitad y mitad del Corinthians y de San Bernardo. Yo pienso que Ramírez pudo ser mejor aprovechado por el Corinthians. Paolo Guerrero

es un suceso, marcó goles en los momentos más importantes, es un tipo muy capacitado. Ahora, el fútbol brasileño tiene pocos jugadores latinoamericanos. Guerrero es un gran jugador y debe quedarse en el Corinthians porque el club tiene grandes ambiciones.

domingo, 19 de mayo de 2013

La contrarreforma política

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/la-contrarreforma-politica-09-05-2013
La República
La mitadmasuno
10 de mayo de 2013
Juan De la Puente
Se anuncia el recojo de firmas para presentar al Congreso una iniciativa legislativa que permita instalar la revocatoria de los parlamentarios. La iniciativa, a cargo de uno de los promotores de la revocatoria a la alcaldesa de Lima, es presentada como un esfuerzo serio por la reforma política. Y no lo es.
En el Parlamento y en la sociedad se debate hace dos años iniciativas de reforma política que abarcan varias áreas: el fortalecimiento de los partidos, incluyendo la democracia interna; el financiamiento público; los requisitos para el ingreso y la salida del sistema político; el proceso de selección de los candidatos, los distritos electorales; el voto preferencial; la alternancia de género en las listas a cargos de elección popular; la responsabilidad de los postulantes y de los elegidos; la pérdida de la investidura parlamentaria; las incompatibilidades; y la rendición de cuentas, entre otros.
El proceso se tramita con lentitud pero avanza y se espera que este año, considerado crucial para la reforma, se concreten algunos cambios en la formación de la representación y en la gestión de los partidos y de los procesos electorales. Para el efecto, dos sucesivos grupos de trabajo de la Comisión de Constitución elaboraron informes y recomendaciones y, en ese contexto, dicha comisión aprobó hace poco el financiamiento público de los partidos. Existen otras decisiones en camino y en el horizonte el Congreso se prepara para un amplio debate del Código Electoral presentado por el JNE.
Puede afirmarse que aún a trompicones, el debate de la reforma ha empezado y ciertamente un tema en él es la renovación del mandato congresal. Una variante de esta figura es la que se propondría en la iniciativa de cuyo inicio se informa.
La iniciativa ciudadana es un mecanismo dispuesto por la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos, Ley N° 26300, que permite presentar al Parlamento un proyecto de ley acompañado del 0,3% de firmas del padrón nacional. De hecho, desde el año 2001, la ONPE ha vendido kits para la presentación de 147 iniciativas ciudadanas. Con los estimados actuales se requerirían 60 mil firmas que, debidamente verificadas, obligarán al Parlamento a debatir un proyecto de ley.
Siendo la iniciativa legislativa el mecanismo ideal para promover desde la sociedad el debate de normas, no es cierto que la reforma política por excelencia sea la revocatoria parlamentaria. Empezar por la renovación del parlamento a mitad del mandato, sea por tercios o por mitades, sería acometer el problema de la crisis de los partidos poniendo énfasis en el resultado de la elección de la representación y no en la formación de esta representación.
No es una distinción adjetiva. La clave de la crisis que afecta a los elegidos y a las instituciones que ellos conforman se relaciona con incentivos nefastos que aparecen mucho antes de que el parlamentario se siente en el escaño. El más importante de ellos es el voto preferencial, el mecanismo que más contribuye al empobrecimiento de la representación y a la crisis de los partidos. A ello se agregan otros estímulos del caos como el financiamiento privado de las campañas, los distritos electorales demasiado amplios, la designación antidemocrática de los candidatos, la marginación de las mujeres de las listas, entre otros.
Empezar la reforma haciendo más precario el ejercicio de la labor parlamentaria, en un congreso unicameral, un mandato ya debilitado en la Constitución vigente, no sería una reforma sino un bloqueo de los cambios que se debaten, es decir, una contrarreforma, un diversionismo que hace más compleja la labor legislativa y que corre el riesgo de volverse contra el mismo sistema. Esa fue una de las razones para que la Constitución de 1920 suprimiera la renovación por tercios. Si se trata de la resistencia parlamentaria a purgar a quienes han cometido delitos, el derecho constitucional comparado ha establecido otros procedimientos. El más cercano es la figura colombiana de la pérdida de investidura congresal por mandato externo.

viernes, 3 de mayo de 2013

La guerra política

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/la-guerra-politica-02-05-2013
La República
La mitadmasuno
3 de mayo de 2013
Juan De la Puente
El escenario peruano ha experimentado en las últimas semanas una inesperada modificación, al anticiparse la campaña electoral que a pesar de encontrarnos a tres años de los comicios del 2016, contiene elementos de creciente polarización y deterioro de las relaciones entre los actores públicos.
El principal afectado en este proceso es el gobierno, al que se le abre nuevos y vulnerables flancos; el resto de actores también sufrirá pérdidas sensibles, por las dificultades para construir coaliciones electorales sólidas y por el abandono del centro político, una ubicación privilegiada que les permitió en su momento a Toledo, García y Humala ganar las elecciones presidenciales.
El curso abierto parece irreversible; en algunos meses extrañaremos el escenario sobre el que el gobierno operaba con cierta comodidad, ante una oposición mediática, parlamentaria y empresarial que atacaba puntos específicos del Ejecutivo conservando un buen talante frente al gobierno en su conjunto. En el nuevo ciclo se esfuman los espacios intermedios y se difuminan las funciones bisagra que permitían la actuación de una mayoría política, prestada pero mayoría al fin y al cabo: el PPC y Solidaridad Nacional en la directiva de Parlamento; Perú Posible, el aliado retrechero; Mario Vargas Llosa, el garante vigilante; y los gremios empresariales, los impacientes acompañantes del manejo económico oficial.
El desenlace de este proceso es impredecible por los rasgos poco clásicos de quienes actúan en la trama peruana. No obstante, debe descartarse una ruta brasileña como la que construyó Lula y el Partido de los Trabajadores (PT) en la primera presidencia de aquél, inaugurando un proceso democrático que dura más de 10 años. El Perú no tiene un sistema de partidos que acompañe y equilibre al partido de gobierno porque, paradoja peruana, el gobierno no tiene partido de gobierno propiamente dicho, carece de una sociedad civil organizada en diálogo dinámico con el gobierno y, más aún, el país adolece, a diferencia de Brasil, de una sociedad racionalmente abierta al cambio democrático.
Tampoco parece posible un escenario venezolano como el que inaugurara Hugo Chávez en 1999. El gobierno peruano carece de voluntad política para alterar las reglas del juego de la economía a pesar de las críticas que se le han realizado desde la empresa y los medios. A lo sumo, se propone una ligera innovación de modelo heredado, fortaleciendo el papel del Estado en algunos sectores sin reverdecer el estatismo. Un giro chavista implicaría un manejo más decisivo de los resortes políticos y militares del poder, improbables ahora, y sobre todo la movilización de las masas. Al contrario, el gobierno carece de operadores y de la voluntad ideológica chavista. Si hubo signos tempranos de Ollanta Humala, estos fueron su divorcio de la izquierda y su adhesión al pragmatismo. Algo más nos diferencia del escenario chavista: la alta legitimidad del mercado y el consenso nacional respecto a que el crecimiento económico debe ser defendido resueltamente.
El escenario de riesgo reside en que la pérdida de la mayoría y la guerra política aíslen al gobierno y generen un clima de tensión tanto en las alturas como en la calle, poniendo fin a los seis meses de relativa paz social. Si se fuerza una comparación, esta sería lo que vivió Ecuador entre el 2003 y 2005, cuando el presidente Lucio Gutiérrez, sin mayoría parlamentaria propia construyó un gobierno basado en una alianza con los sectores indígenas y la oposición displicente de los partidos. La ruptura de las alianzas y sus errores aislaron al gobierno que cayó por una asonada; la crisis fue conjurada por una sucesión constitucional precaria, el antecedente del actual régimen de Rafael Correa.
Para impedir ese escenario, el juego gobierno oposición no puede derivarse en una guerra política que use todos los medios al alcance incluyendo la amenaza de vacancia presidencial levantada por un partido con arraigo democrático. Nuestro sistema no resistiría 3 años de extrema polarización.

viernes, 26 de abril de 2013

El síndrome venezolano

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/el-sindrome-venezolano-26-04-2013
La República
La mitadmasuno
26 de abril 2013
Juan De la Puente
La maraña de calificativos utilizados para abordar la situación en Venezuela confunde el debate y, a la vez, lo simplifica. Para lo primero, se coloca sobre la mesa adjetivos imprecisos para el caso como “democracia popular”, “dictadura”, “revolución”, “totalitarismo” o “populismo de izquierda” que reflejan percepciones pero que no permite la elaboración de visiones completas del fenómeno; para el segundo caso, se construye una ecuación cerrada compuesta solo por dos elementos, el aplauso o la condena de los actuales sucesos, metiendo en un saco a gobiernos, estados, personas y partidos.
La ciencia política moderna permite con comodidad la definición de los regímenes, especialmente cuando se trata de sistemas híbridos, una de cuyas variantes es el autoritarismo competitivo, usado en los años noventa para clasificar al gobierno de Alberto Fujimori y ahora para marcar la naturaleza del régimen venezolano.
Esta definición necesita ser contrastada con los actuales estándares democráticos enriquecidos por nuevos derechos, libertades, competencias e instituciones, aplicados a un régimen que se aleja con angustia y rapidez de los modelos democráticos expuestos. La situación venezolana no califica para el modelo procesal que condiciona la democracia a las elecciones libres y a la práctica de libertades y derechos; tampoco califica para el modelo minimalista que hace énfasis en la capacidad del voto y de la lucha multipartidaria para formar el poder, subestimando inclusive las desiguales posibilidades para acceder a la competencia política.
Siendo que Venezuela no cumple con estos estándares, una parte de la izquierda persiste en denominar como democrático el actual proceso en ese país e insiste en defender, desde la ideología y muy poco desde la política, las arbitrariedades que se suceden desde los gobiernos de Hugo Chávez hasta el actual de Nicolás Maduro. Se constata allí una suerte de parálisis conceptual que abandona el paradigma liberal que la izquierda asumió luego de la caída del Muro de Berlín y que ha servido para construir en América Latina exitosas experiencias de renovación política desde la izquierda y el mundo popular, en democracia.
Razonando desde la democracia y las libertades, la izquierda no necesita pensar y actuar como la derecha para explicarle al país lo que sucede en Venezuela. Para la derecha, lo de Venezuela es una dictadura y la solución consiste en reponer las cosas al estado previo a la toma del poder por Hugo Chávez en 1998, es decir, restaurar la vieja democracia venezolana infértil, mañosa y corrupta. En respuesta,  la izquierda no puede asumir el proceso venezolano como un producto obligado e imprescindible del fracaso de la democracia, cerrando las puertas a un proceso democratizador nuevo y superior.
La izquierda necesita acompañar el proceso venezolano cuestionando al régimen de Nicolás Maduro y sus violaciones a la legalidad democrática, como lo hace un pequeño y valiente sector de la izquierda de ese país. No puede convalidar prácticas intimidatorias contra los opositores y violaciones a la legalidad electoral asumiendo como propias las deformaciones del proceso chavista, justificando los vicios de la democracia en Venezuela con los vicios tradicionales de la derecha peruana y continental. El resultado de esta operación es una coartada autoritaria desde la izquierda, gemela de la que se elabora desde la derecha.
La izquierda no puede atarse a Maduro y a Chávez; tiene el legítimo derecho de diferenciarse de la campaña internacional que pretende una restauración no democrática en Venezuela y pugnar al mismo tiempo por una transición que reconociendo los avances sociales concrete una salida democrática. Debe superar el síndrome del apoyo sumiso de los autoritarismos y romper la ecuación cerrada de los grupos conservadores para quienes solo existen las alternativas del aplauso o la condena. No se puede despreciar en otros países las libertades que pedimos para el nuestro.

viernes, 19 de abril de 2013

El Congreso y los viajes presidenciales

19 de abril de 2013
Por Juan De la Puente
En el reciente y áspero debate parlamentario sobre el viaje del presidente Ollanta Humala a Venezuela reitera las discusiones ocurridas durante las presidencias de Alejandro Toledo y Alan García. En los últimos 12 años la controversia ha girado sobre lo mismo, es decir, en qué circunstancias el Parlamento puede desaprobar un viaje presidencial y las consecuencias probables de esa negativa.
En el primer caso, la oposición consideraba que Toledo hacia demasiados viajes al exterior asumiendo una conducción personalísima de la política exterior y de la apertura del comercio peruano. En el caso de García, el 2009 se cuestionó su viaje a Ecuador aduciendo que era intempestivo y que había poco tiempo para debatir su conveniencia.
El permiso parlamentario de los viajes presidenciales peruanos data de la primera Constitución (1823) y se ha repetido en todos los textos constitucionales, incluida la Constitución Vitalicia de 1826, la de Bolívar. Nace de una antigua práctica que pretendía evitar la huida de los jefes de estado en el marco de un agitado ejercicio del poder o luego de concluido este. La Constitución de 1828 señalaba incluso que el presidente que dejaba el poder no podía ausentarse sin autorización del Parlamento hasta seis meses después de haber dejado sus funciones.
Nuestro sistema político ha tenido tomas y abandonos sorpresivos del poder. Es conocido, por ejemplo, la huida del Presidente Mariano Ignacio Prado quien viajó a Estados Unidos y a Europa en plena Guerra del Pacífico usando una autorización de viaje otorgado siete meses antes. Los textos constitucionales del siglo XX incorporaron como una causal de vacancia ausentarse del país sin la autorización parlamentaria. La Constitución vigente consigna en el artículo 102° inciso 9 como una función del Congreso autorizar al presidente a “salir al exterior” y el artículo 113° inciso 4 considera causal de vacancia salir del país sin autorización parlamentaria o no regresar a él fuera del plazo fijado.
Esta autorización no es ni formal ni debe ser automática. Opera como un requisito que debe ser cumplido con toda responsabilidad; se encuentra vinculado a las actividades generales presidenciales y no al ejercicio específico de la política exterior, cuya dirección la ejerce el Presidente del República. De acuerdo al profesor Mario Castillo Freyre (Todos los poderes del presidente, PUCP 1997), opera como una previsión frente a probables dispendios de los recursos del Estado y a la falta de decoro del presidente en su comportamiento fuera del país.
En  ese sentido, ¿Puede el Congreso negarle la autorización de viaje a un presidente? Puede hacerlo, pero es equivocada la idea de que ese impedimento forme parte del control político de las relaciones exteriores. Este control puede realizarse mediante otros mecanismos como la interpelación, la Estación de Preguntas o la invitación al canciller para informar. La figura constitucional de un presidente recabando del parlamento una autorización de viaje no puede, por lo tanto, ser atravesada por una discusión ideológica o de política exterior, como sucedió en los casos de Toledo, García y ahora de Humala.
El Jefe de Estado debe tener el suficiente margen de acción para ejercer el mandato de representación del país y dirigir su política exterior, al fin de cuentas un mandato igualmente constitucional. Eso no significa que el Congreso no pueda establecer un control o ex ante o ex post de los movimientos presidenciales. Puede, inclusive, el Jefe del Gabinete o el canciller acudir al Parlamento a detallar las razones previas al viaje. Por esa razón, la legislación infraconstitucional ha preferido acertadamente el control ex post y ese es el sentido de la Ley N° 28344, que regula la autorización de salida del territorio nacional del presidente.
El propósito de este control ex post es evitar que el Jefe de Estado vea mermada su capacidad de representación si el parlamento le niega el permiso, en cuyo caso no solo pierde él sino que se debilita la posición del país. Por esa razón, a pesar de que esta facultad ha estado presente en 11 constituciones nunca ha sido usada en fórmula negativa pero si de coordinación.
Los procesos de globalización, de independencia e integración han incrementado la frecuencia de viajes de los presidentes al exterior. En su primer periodo de gobierno, Fernando Belaunde viajó una vez y en su segundo periodo 8; Alan García viajó en su primer gobierno 23 veces, Alberto Fujimori 89 a razón de 44,5 viajes por cada periodo de gobierno y Paniagua no viajó ninguna vez en sus ocho meses de gestión. Alejandro Toledo viajó hizo 62 veces aun cuando la línea ascendente de viajes fue alterada por Alan García quien en su segundo mandato solo viajó en 30 oportunidades. En lo que lleva de su mandato, Ollanta Humala ha viajado 15 veces y es probable que aunque no bata el record de Toledo y Fujimori sus desplazamientos al exterior superen al de García.
Este realidad llevó a que en el periodo anterior el grupo Acción Popular y Perú Posible presentaran en el parlamento el Proyecto de Ley N° 3618-2009/CR que proponía reformar la Constitución para flexibilizar las autorizaciones parlamentarias de los viajes presidenciales. El proyecto fue suscrito por Víctor Andrés García Belaunde y Yonhy Lescano, ambos de Acción Popular, y por Carlos Bruce y David Waisman, a la sazón representantes de Perú Posible.
El proyecto es enjundioso y abunda en legislación comparada de países que han flexibilizado los viajes presidenciales. En Brasil solo se requiere autorización parlamentaria si el viaje supera los 15 días, en Chile por más de 30 días, en México por más de siete días; en Venezuela más de cinco y en Panamá más de 10. En el caso de Ecuador el presidente sólo debe comunicar al Congreso su viaje previo a su realización.
El proyecto peruano proponía copiar la reforma constitucional mexicana, modificando el artículo 102° de la Constitución para que el presidente pueda viajar a países de la región por un plazo no mayor de siete días sin autorización del parlamento. El proyecto fue dictaminado con mucho tino y acierto por la Comisión de Constitución presidida por Mercedes Cabanillas, apoyado por UPP (Edgar Raymundo y Aldo Estrada), el fujimorismo (Martha Moyano y Santiago Fujimori), el PPC (Javier Bedoya de Vivanco), Acción Popular (Víctor Andrés García Belaunde) y el Apra (Mauricio Mulder y Javier Valle Riestra), entre otros grupos. El dictamen fue aprobado el 16 de marzo del 2010 pero lamentablemente no se concretó en votos en el pleno del Congreso.

No hay quinto malo. Sobre las reformas judiciales

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/no-hay-quinto-malo-18-04-2013
La República
La mitadmasuno
19 de abril de 2013
Juan De la Puente
El primer punto del Pacto por la Seguridad Ciudadana propuesto por el premier Juan Jiménez es la reforma judicial, un cambio hasta ahora esquivo que tiene en su debe/haber cuatro intentos/fracasos recientes, todos ellos multisectoriales. Uno de los primeros esfuerzos fue la experiencia del GTAN (Grupo de Trabajo de Alto Nivel para la Modernización del Sistema de Administración de Justicia), creado el 2001 por acuerdo del Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Justicia, Consejo Nacional de la Magistratura, Academia de la Magistratura y el Tribunal Constitucional, que produjo un Plan Estratégico y un documento de lineamientos para su implementación.
Otro intento fue la Comisión de Reestructuración del 2003, formada por 13 jueces y vocales de las instancias judiciales luego de que la Sala Plena de la Corte Suprema declarase en reestructuración al PJ. En 90 días, esta comisión elaboró un informe con medidas urgentes de reforma en cinco materias: justicia civil, justicia penal, despacho judicial, órganos de gobierno y política anticorrupción.
El más significativo antecedente se inició el 2003, cuando la Ley Nº 28083 creó la Comisión Especial de Reforma Integral de la Administración  de Justicia (CERIAJUS), integrada por 16 miembros, representantes de las instituciones del sistema de justicia y de la sociedad civil con el mandato de que en 180 días propusiera un Plan Nacional de Reforma Integral de la Administración de Justicia (PNRIAJ). Este contenía ocho áreas para la reforma e incluyó una propuesta de reforma parcial de la Constitución. El cuarto intento se registró el 2006 cuando se constituyó el grupo impulsor del Programa de Inversión Pública para la Modernización de la Administración de Justicia para asegurar que el PNRIAJ se ejecute de manera coordinada.
A los cuatro fracasos concurren diversas explicaciones aunque la falta de información, de financiamiento y de voluntad política son las más significativas. Entre estas razones se teje además un enmarañado conjunto de argumentos entre los que sobresale casi siempre como coartada la autonomía de las instituciones, la valla final que detiene el cambio. De ese modo, los intentos de reforma han sido procesos críticos bloqueados con rapidez por alguna de las instituciones del sistema de administración de justicia o relacionada con este.
La falta de información es crucial en la reforma. Ya el 2003, el CERIAJUS señalaba que la ausencia de sistemas confiables y disciplinados para el registro de los datos sobre las actividades de cada institución restringe el margen de confiabilidad respecto de los mismos. Desde ese momento, algunas instituciones han creado instrumentos específicos como el Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público, en tanto que el PJ ha definido un grupo de indicadores de calidad de la gestión y modernizado su unidad estadística, y el TC, INPE y el Ministerio del Interior han avanzado en la construcción de indicadores.
La ausencia de información confiable y la falta de análisis racional en la administración de justicia se debe a una cultura organizacional que privilegia la oferta, donde lo más relevante es la capacidad de atención de denuncias y casos presentados y el recurso humano disponible para tal efecto y no la demanda de acceso a los servicios de justicia. Se entiende, por lo mismo, que la información que produce el sistema se reduce en la mayoría de casos a los indicadores de primer nivel como número de expedientes, número de casos resueltos, número de funcionarios titulares, número de funcionarios suplentes, entre otros. Esta dinámica impide investigar la demanda en su conjunto,  la relación entre demanda y oferta, las expectativas del usuario y en general las dificultades de acceso.
En ese sentido, son sugerentes la creación del Comité Interinstitucional Estadístico de la Criminalidad y el Diagnóstico Nacional del Delito, que se encuentra en elaboración, porque permitirán que el Estado elimine la dispersión de datos y supere la ausencia de información confiable.

miércoles, 17 de abril de 2013

Abril, las letras y la cultura. La celebración

“… dios santo qué bello abril
dios santo qué bello abril
dios santo qué bello abril sos vos
y las violetas que coronan tu tristeza
y las guirnaldas de tu inmensa soledad
sos tan hermosa que jamás vas a dejar de brillar así
aquí o allá…”
Fito Páez, Bello abril

Este es el afiche alusivo a la Undécima Edición del Mes de las Letras y de la Cultura que organiza el Fondo Editorial de la USMP. Fue elaborado en la Oficina de Diseño y Multimedia (ODM) de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología de la universidad. El Mes de la Letras empezó a ser celebrado en dicha facultad a iniciativa de dicha facultad. Desde el 2008, la Sexta Edición, se celebra en toda las facultades, a través de decenas de actos.
Abril es especial para las letras y la cultura como octubre para las revoluciones. Dicen que fue Augusto Tamayo Vargas quien instauró abril como el Mes de la Letras en 1931. Es poco probable que lo haya hecho ese año, tomando en consideración que Tamayo nace en 1914 y egresa del colegio La Inmaculada en 1930. Sea como fuera, abril es un mes fecundo para las letras y para las ideas.
A saber, el 23 de abril es el Día del Idioma, la fecha en que murió Miguel de Cervantes Saavedra. Un 23 de abril fallecieron el Inca Garcilaso de la Vega y el dramaturgo inglés William Shakespeare y por esas y otras razones, la UNESCO eligió esa fecha como el Día del Libro, del Derechos de Autor y del Bibliotecario.
César Vallejo murió el 15 de abril de 1938; José Carlos Mariátegui, político, esteta y una de las más altas cumbres del pensamiento político peruano murió el 16 de abril de 1930. En este mes también fallecen Pedro Peralta Barnuevo y José María Eguren.
En abril también fallecieron Daniel Defoe, autor de Robinson Crusoe, el poeta francés y Emilio Salgari, el italiano autor de las novelas de aventura que alegraron nuestra infancia, como Sandokan, el Tigre de la Malasia, el Corsario Negro y el Capitán Tormenta. En abril muere Pablo Picasso y Francis Bacon, pintor  expresionista irlandés.
En abril nacieron Abraham Valdelomar, cuentista, novelista y poeta; y Carlos Oquendo de Amat, uno de los más altos ponentes del vanguardismo literario, autor del célebre “5 metro de poemas”; y también Emile Zola, autor de la imponente serie las Tres Ciudades (Lourdes, Roma y Paris) y Charles Chaplin.
Este año la USMP lleva a cabo 90 actividades literarias, artísticas y culturales, entre ellas la presentación de 19 publicaciones. Estos trabajos reflejan los avances científicos y las tendencias de la investigación en el Perú. Entre ellas encontramos "La Maternidad en la Ciencia y la Historia", de la Dra. Ysis Roa Meggo; la Revista Horizonte Médico de la Facultad de Medicina Humana; "El Reino del Loche", de Mariano Valderrama; "Cafés y Fondas en Lima Ilustrada y Romántica", de Oswaldo Holguín Callo; "Los Costos Empresariales de la Violencia contra las Mujeres en el Perú", de Arístides Vara Horna; "La Cocina Aimara" de Hernán Cornejo; "Prensa Gratuita en el Perú: un modelo de periodismo viable" de Rafael Robles Olivos; y "Diccionario de Frutas y Frutos del Perú" de Antonio Brack Egg, galardonado en el reciente premio Gourmand Books en París con el Premio Especial del Jurado Internacional.
Entre otras actividades la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos presentará la Revista San Martín Emprendedor Vol.3 y los libros: "El Sistema Organizacional – La administración para el siglo XXI" del Dr. Hugo Valdez Castillo; "Ergonomía: Empresas, Industrias y Oficinas" de la Mag. Irma Corina Adrianzén Ibárcena. La Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financieras también tendrá importantes actividades como la presentación del libro "El Reordenamiento del Sistema Bancario" de los Dres. Juan Álva Gómez y Víctor Rivas Gómez y del libro "Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF" del Dr. Pascual Ayala Zavala. La Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología presentará, entre otros libros, "Lexicón o Vocabulario de la Lengua General del Perú" de Julio Calvo y Henrique Urbano; "Evaluación de la Violencia contra la Mujer" de la Dra. Magaly Nóblega Mayorga y "La Tarea Invisible ¿cómo ser un profesor inolvidable?" del Mag. Carlos Dulanto Sandoval. La Facultad de Derecho organizará diversas actividades culturales y artísticas, entre ellas la obra teatral Don Dimas de la Tijereta, de Ricardo Palma. También llevarán a cabo el II Encuentro Interuniversitario de Tunas y una Expoferia que incluye presentaciones de libros y la exposición de trabajos de investigación y la Facultad de Obstetricia y Enfermería presentará el último número de la Revista Científica Kiru.

viernes, 12 de abril de 2013

Caso JDC, Congreso y justicia

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/caso-jdc-congreso-y-justicia-11-04-2013
La República
La mitadmasuno
12 de abril de 2013
Juan De la Puente
La sentencia del juez Hugo Velásquez del Quinto Juzgado Especializado, que declaró fundada la demanda de amparo presentada por el congresista Javier Diez Canseco contra la sanción de la que fue objeto en noviembre pasado, que ordena a la Comisión de Ética del Parlamento un nuevo informe del caso y anula la decisión del Pleno de Congreso de suspenderlo de sus funciones por 90 días, ha creado una mayoría parlamentaria transversal que recusa el fallo.
Los argumentos del rechazo giran en torno a lo siguiente: 1) Ningún juez puede ordenar al Congreso de la República; 2) La sentencia del juez Velásquez viola la prohibición de mandato imperativo; y 3) En el Parlamento opera un particular proceso debido.
No obstante, el Parlamento sí puede ser contestado por sentencias judiciales o por decisiones de otros órganos del Estado. Los casos más cercanos son los de tres congresistas desaforados por medidas sancionadoras que fueron absueltos por sentencias judiciales. En dos de estos casos el Parlamento debió retirar de sus escaños a los accesitarios. 
En el Derecho Constitucional lo sucedido en el caso JDC y con los otros mencionados no recibe la denominación “orden” de un órgano público sobre otro; recibe la denominación de control interórganos, un saludable mecanismo que permite que un órgano del Estado impida los excesos de otros. El control interórganos permite que cuando un ministro sea llamado al Congreso no se considera esto como una “orden” sino como una forma de control de sus actos y que cuando el Tribunal Constitucional declara inconstitucional una norma no le ordena al Parlamento derogarla, sino que la suprime del sistema legal, el conocido mecanismo de control constitucional concentrado. Desde este punto de vista, la idea de que el Parlamento no puede recibir órdenes es profundamente atrasada y preconstitucional.
La sentencia del caso JDC no colisiona con la prohibición de mandato imperativo de los parlamentarios; este principio es una garantía de su independencia frente a poderes y presiones y una condición para la deliberación a la que está llamado. En ese sentido, su independencia concurre a la formación de la independencia del órgano legislativo y precede a la irresponsabilidad por sus opiniones, una figura clave del estatuto del congresista.
La sentencia del juez Velásquez no atenta contra esa independencia en el sentido que pretenda obligar a cada parlamentario a votar de un modo determinado. Anula un acto independiente sin reemplazarlo por otro obligado, por lo que cabe la posibilidad de que en el futuro cada cual vuelva a votar en sentido similar, si el proceso es llevado de acuerdo al debido proceso.  Es más, se presume que la sanción a un parlamentario no expresa una valoración ideológica o política del mismo. Afirmar que todo voto parlamentario es  una expresión política sería confirmar que JDC fue sancionado por otras razones.
También se afirma que el Parlamento tiene su propio debido proceso, una aseveración absolutamente incorrecta. El mismo juez abunda en sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del TC peruano en el sentido que el debido proceso no es exclusivo de los procesos jurisdiccionales y que se extiende a los de otro ámbito. Extraña afirmación de que un poder público que legisla sobre la justicia pretenda una teoría procesal para sí mismo, considerando que en el Parlamento peruano las sanciones carecen de pluralidad de instancia y que en este periodo se han resistido a incorporar en el Reglamento la figura de conflicto de interés propuesta en septiembre del 2011 por el entonces presidente del Congreso.
El Congreso debería aprovechar esta oportunidad para reformar su reglamento y desarrollar los procedimientos de investigación y sanción establecidos  en los artículos 96, 97, 99 y 100. Del mismo modo, debería acreditar procedimientos de apelación, que no es lo mismo que la reconsideración, para decisiones relacionadas con la actividad de sus integrantes, superando la antiquísima visión que una conclusión parlamentaria es cosa juzgada.

miércoles, 10 de abril de 2013

Tócame que soy realidad

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/tocame-que-soy-realidad-04-04-2013
La República
La mitadmasuno
5 de abril de 2013
Juan De la Puente
El Perú vive un auge de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), un proceso que asume la condición de un fenómeno que involucra a las empresas y a la comunidad. Su espectacular desarrollo es jalonado por impactos de origen distinto, entre ellos los conflictos sociales que demandan de las empresas respuestas creativas y preventivas, la aplicación de conceptos provenientes de la academia y el aterrizaje de experiencias internacionales exitosas. Contribuye a este resultado la exigencia de usuarios y consumidores insatisfechos respecto de la calidad y competitividad del mercado nacional.
La edad de piedra de la RSE en el Perú terminó hace rato; en los últimos años se han definido modelos de intervención social y organización corporativa para acometer la responsabilidad social. La organización Perú 2021, que recogió tempranamente el Pacto Mundial (Global Compact) de las Naciones Unidas, una iniciativa mundial de sostenibilidad empresarial, lidera y articula en el Perú iniciativas audaces de empresas del sector bancario, minero, agroexportador, industrial, servicios, universidades, entre otros.
Este desarrollo se reproduce a través de congresos, ferias, elaboración de reportes de sostenibilidad, cursos y maestrías; no hay empresa de volumen considerable que no tenga una división de RSE autónoma o asociada; circula en el mercado una revista especializada, Stakeholders, con información detallada; y operan alrededor del tema decenas de consultores y ONG. En el último paso, Perú 2021 ha creado un auto registro de proyectos de RSE y se apresta a entregar el Distintivo ESR a las empresas calificadas como socialmente responsables.
Este auge no es ficticio, es realidad, y refleja una promisoria ruta que impulsa la creación de un capital social imprescindible para la sostenibilidad del actual crecimiento. En el 2011, 33 empresas peruanas registraron sus informes de sostenibilidad en el Global Reporting Initiative (GRI) que mide el desempeño de empresas en RSE con 79 indicadores.
Si se trata de carencias, una de ellas es la timidez del Estado que no se atreve a tocar en serio la RSE y plasmar un compromiso en políticas públicas de fomento creativo. En medio de esta timidez, el gobierno ha creado el 2011 el Programa Perú Responsable en el Ministerio de Trabajo y ha adoptado algunas iniciativas como la alianza entre los programas sociales que ejecuta el MIDIS y las empresas. 
El auge de la RSE demanda del Estado mucho más, por ejemplo una instancia que recoja las formas de relacionamiento de las agencias estatales con las empresas con componentes de RSE, una experiencia que en España llevó a la creación del Consejo Estatal de RSE, o aprobar directrices que eleven los estándares de compromiso empresarial con la sociedad.
En las empresas hace falta también introducir ajustes en el modelo vigente de RSE. El más reclamado es la separación entre el marketing y la responsabilidad social corrigiendo el defecto de colocar a la RSE como un medio para el logro de la reputación corporativa. Si esta corrección se concreta, se logrará de las empresas un compromiso social más transparente y se situarán las campañas de marketing en un ámbito distinto al del desarrollo sustentable, fortaleciendo una relación entre la empresa y la comunidad en una dinámica más transversal y duradera.
El Perú necesita abordar con mayor vigor la Visión 2050, la agenda de un mundo centrado en la sostenibilidad lanzado por 29 corporaciones del Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD, en inglés), una radical oferta de cambio de paradigma en la relación entre el mercado, el Estado y la sociedad, con un alto componente humanista y ambiental. No es extraño que este impulso venga de las empresas; son ellas las que plantean un desafío más audaz que muchas plataformas políticas y programas de gobierno porque al fin y al cabo es el mercado uno de los grandes beneficiados con un desarrollo sustentable que promueva el bienestar de todos.

La puerta entreabierta

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/la-puerta-entreabierta-29-03-2013
La República
La mitadmasuno
29 de marzo de 2013
Juan De la Puente
Inicio con este, una serie de artículos sobre la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en el Perú, a propósito del anuncio de que este año será relanzada la modalidad de Obras por Impuestos, un novedoso instrumento de RSE que permite a las empresas financiar proyectos de infraestructura autorizados por SNIP a cuenta del pago de hasta el 50% de impuestos.
Desde la aprobación de la Ley N° 29230 el 2008, Obras por Impuestos es una puerta que nunca termina de abrirse, a tal punto que en cuatro años solo ha podido ejecutar 13 proyectos por S/. 36 millones. Decenas de empresas interesadas han desistido de hacer uso de esta modalidad por las excesivas trabas burocráticas; en un momento, las empresas debían realizar hasta 54 trámites para desarrollar proyectos al amparo de esta modalidad.
La ley y su reglamento han sido modificados pero los cuellos de botella continúan; luego de casi 10 años de insistir en que las empresas se doten de prácticas de RSE, es ahora el Estado el que evidencia escasa capacidad para acoger las iniciativas de participación directa de las empresas en el desarrollo regional y local. Un país cuyo déficit de infraestructura supera los US$40.000 millones y que requiere invertir anualmente US$8.800 millones cada año para cerrar esa brecha crucial para el desarrollo, no debería darse el lujo de desperdiciar este modelo y oportunidad.
Los cambios en Obras por Impuestos realizados el año pasado son positivos en la dirección de mayor celeridad; el proceso previo a la ejecución de las obras ha pasado de 17 semanas de duración a 30 días; del mismo modo se ha dispuesto que se permita al sector privado identificar los proyectos y realizar los estudios en coordinación con las regiones y los municipios. Así, el modelo es más sugerente para los territorios con alta carencia de obras y bajo nivel de ejecución pública porque es una forma de incremento presupuestal, liberación de recursos para otros proyectos y de ahorro en recurso humano calificado. Si el modelo funcionara extensivamente se tendría en menor plazo carreteras, colegios, postas médicas, hospitales, albergues, redes de agua y desagüe, canales de irrigación, puentes, pistas, tratamiento de aguas residuales, defensas ribereñas, entre otras obras.
Hace falta, sin embargo, más cambios; hasta el año pasado 19 regiones habían seleccionado 700 proyectos en base a 68 convenios realizados por gobiernos locales, regionales e instituciones nacionales, pero las expectativas colisionan con las barreras burocráticas. Quizás, el primer cambio se refiera a que Obras por Impuestos forme parte de la política de fomento de RSE del Estado, lo que ahora no ocurre, y supere la lógica estrictamente utilitaria en las relaciones entre el Estado y la empresa.
Se requiere, asimismo, disponer de arreglos institucionales públicos para que la ejecución de los proyectos sea el resultado de un proceso de gestión por oferta de las empresas y por demanda del Estado. Ello podría implicar la realización de concursos nacionales, no solo de carácter regional y local, certificaciones de valor no monetario y elección de proyectos resultado del diálogo social y de acuerdos para la solución de conflictos. De ese modo, la empresa, la región, el municipio, la obra y el impuesto se subordinarán a una lógica territorial. La obra pública se convertirá en una necesidad ya no solo del Estado sino también de la empresa.
Por tal razón deberían discriminarse los proyectos llamados de impacto que, por su volumen y transcendencia para el país, la región o el municipio, se oferten de modo prioritario. Para el efecto, las regiones deberían designar secretarías técnicas para la ejecución de Obras por Impuestos y Comités Multisectoriales Ad hoc.  Esta formulación necesita ser incorporada en la norma y en los planes de desarrollo de los Gobiernos Regionales y Locales, en las agendas de los Consejos de Coordinación Regional (CCR), de los Consejos de Coordinación Local (CCL) y en la perspectiva corporativa de las empresas.