La República
La mitadmasuno
29 de marzo de 2013
Juan De la Puente
Inicio con este, una serie de artículos sobre la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en el Perú, a propósito del anuncio de que este año será relanzada la modalidad de Obras por Impuestos, un novedoso instrumento de RSE que permite a las empresas financiar proyectos de infraestructura autorizados por SNIP a cuenta del pago de hasta el 50% de impuestos.
Desde la aprobación de la Ley N° 29230 el 2008, Obras por Impuestos es una puerta que nunca termina de abrirse, a tal punto que en cuatro años solo ha podido ejecutar 13 proyectos por S/. 36 millones. Decenas de empresas interesadas han desistido de hacer uso de esta modalidad por las excesivas trabas burocráticas; en un momento, las empresas debían realizar hasta 54 trámites para desarrollar proyectos al amparo de esta modalidad.
La ley y su reglamento han sido modificados pero los cuellos de botella continúan; luego de casi 10 años de insistir en que las empresas se doten de prácticas de RSE, es ahora el Estado el que evidencia escasa capacidad para acoger las iniciativas de participación directa de las empresas en el desarrollo regional y local. Un país cuyo déficit de infraestructura supera los US$40.000 millones y que requiere invertir anualmente US$8.800 millones cada año para cerrar esa brecha crucial para el desarrollo, no debería darse el lujo de desperdiciar este modelo y oportunidad.
Los cambios en Obras por Impuestos realizados el año pasado son positivos en la dirección de mayor celeridad; el proceso previo a la ejecución de las obras ha pasado de 17 semanas de duración a 30 días; del mismo modo se ha dispuesto que se permita al sector privado identificar los proyectos y realizar los estudios en coordinación con las regiones y los municipios. Así, el modelo es más sugerente para los territorios con alta carencia de obras y bajo nivel de ejecución pública porque es una forma de incremento presupuestal, liberación de recursos para otros proyectos y de ahorro en recurso humano calificado. Si el modelo funcionara extensivamente se tendría en menor plazo carreteras, colegios, postas médicas, hospitales, albergues, redes de agua y desagüe, canales de irrigación, puentes, pistas, tratamiento de aguas residuales, defensas ribereñas, entre otras obras.
Hace falta, sin embargo, más cambios; hasta el año pasado 19 regiones habían seleccionado 700 proyectos en base a 68 convenios realizados por gobiernos locales, regionales e instituciones nacionales, pero las expectativas colisionan con las barreras burocráticas. Quizás, el primer cambio se refiera a que Obras por Impuestos forme parte de la política de fomento de RSE del Estado, lo que ahora no ocurre, y supere la lógica estrictamente utilitaria en las relaciones entre el Estado y la empresa.
Se requiere, asimismo, disponer de arreglos institucionales públicos para que la ejecución de los proyectos sea el resultado de un proceso de gestión por oferta de las empresas y por demanda del Estado. Ello podría implicar la realización de concursos nacionales, no solo de carácter regional y local, certificaciones de valor no monetario y elección de proyectos resultado del diálogo social y de acuerdos para la solución de conflictos. De ese modo, la empresa, la región, el municipio, la obra y el impuesto se subordinarán a una lógica territorial. La obra pública se convertirá en una necesidad ya no solo del Estado sino también de la empresa.
Hace falta, sin embargo, más cambios; hasta el año pasado 19 regiones habían seleccionado 700 proyectos en base a 68 convenios realizados por gobiernos locales, regionales e instituciones nacionales, pero las expectativas colisionan con las barreras burocráticas. Quizás, el primer cambio se refiera a que Obras por Impuestos forme parte de la política de fomento de RSE del Estado, lo que ahora no ocurre, y supere la lógica estrictamente utilitaria en las relaciones entre el Estado y la empresa.
Se requiere, asimismo, disponer de arreglos institucionales públicos para que la ejecución de los proyectos sea el resultado de un proceso de gestión por oferta de las empresas y por demanda del Estado. Ello podría implicar la realización de concursos nacionales, no solo de carácter regional y local, certificaciones de valor no monetario y elección de proyectos resultado del diálogo social y de acuerdos para la solución de conflictos. De ese modo, la empresa, la región, el municipio, la obra y el impuesto se subordinarán a una lógica territorial. La obra pública se convertirá en una necesidad ya no solo del Estado sino también de la empresa.
Por tal razón deberían discriminarse los proyectos llamados de impacto que, por su volumen y transcendencia para el país, la región o el municipio, se oferten de modo prioritario. Para el efecto, las regiones deberían designar secretarías técnicas para la ejecución de Obras por Impuestos y Comités Multisectoriales Ad hoc. Esta formulación necesita ser incorporada en la norma y en los planes de desarrollo de los Gobiernos Regionales y Locales, en las agendas de los Consejos de Coordinación Regional (CCR), de los Consejos de Coordinación Local (CCL) y en la perspectiva corporativa de las empresas.
