La República
La mitadmasuno
14 de agosto de 2012
Juan De la Puente
El enojoso episodio del pueblo Bora insultado por periodistas chilenos generó un chispazo mediático que, junto a la justa solidaridad, rompió por segundos el velo informativo que desde hace siglos cubre a la cultura amazónica. La circunstancia, sin embargo, no será suficiente para abordar desde los medios la agenda que demandan las comunidades nativas peruanas y su principal problema: su sobrevivencia acosada por actividades extractivas y por la falta de un Estado que los incluya con criterios de equidad y justicia.
En la Amazonía peruana viven 13 familias etnolingüísticas que hablan más de 60 lenguas. En la mayoría de casos, la prensa los retrata en el estilo informativo llamado mosaico (Martínez-Salanova y Peralta), es decir, con una presentación intermitente, seccionada, que promueve de ellos una sola mirada y un acercamiento ficticio a la realidad, donde las palabras, fotografías e imágenes solo entregan información y no motivan un compromiso ético. Pasado el episodio Bora, el Estado ha vuelto a lo suyo, es decir, al olvido; y los medios, al mosaico. Hasta la próxima vez.
En tanto, por ejemplo, 15 mil habitantes de los pueblos Awajún y Wampis, asentados cerca de la Cordillera del Cóndor, en la región Amazonas, son afectados por las operaciones de la empresa minera Afrodita. Las comunidades nativas de la zona denuncian que en la Cordillera del Cóndor existen 103 concesiones mineras. Allí se tala ilegalmente decenas de hectáreas y se daña la cabecera de cuencas, los ríos y las cataratas. No solo para el Estado sino para la prensa debería ser más indignante el asunto si se considera que esto sucede en el Parque Nacional Ichigkat Muja, un área protegida.
En más de un caso, la indignación sobre los Bora es una tragicomedia si se tiene en cuenta, otro ejemplo, la demonización que sufriera en el 2009 Alberto Pizango, profesor bilingüe del pueblo nativo shawi, procesado todavía por sedición, conspiración y rebelión, acusado de azuzar a las comunidades nativas en los sucesos de Bagua de ese año. El informe del Congreso pone las cosas en su sitio, pero en el país no se construye todavía la verdad oficial sobre tales sucesos. Solo habría que recordar que en ese año los pueblos nativos declararon una huelga luego de varios meses de peregrinaje inútil a Lima demandando la derogatoria de la llamada Ley de la Selva, un decreto legislativo tramposamente dictado so pretexto del TLC Perú-EEUU. La huelga, desde el 23 de abril, duró más de 40 días con la indiferencia oficial y ciudadana. Luego de los 33 muertos, la norma fue derogada, se reconoció la justa demanda, los culpables no han sido sentenciados, hubo una débil disculpa y todo ha regresado a la normalidad.
En el contexto de este caso que ha tocado las fibras de una indiferencia que de vez en cuando descubre la existencia de pueblos nativos, conviene recordar que la Amazonía peruana tiene 78 millones de hectáreas, de las cuales el 60% tiene concesiones de hidrocarburos, 16 de ellas superpuestas sobre 12 áreas naturales protegidas.
