No hay quinto malo. Sobre las reformas judiciales

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/no-hay-quinto-malo-18-04-2013
La República

La mitadmasuno

19 de abril de 2013

Juan De la Puente

El primer punto del Pacto por la Seguridad Ciudadana propuesto por el premier Juan Jiménez es la reforma judicial, un cambio hasta ahora esquivo que tiene en su debe/haber cuatro intentos/fracasos recientes, todos ellos multisectoriales. Uno de los primeros esfuerzos fue la experiencia del GTAN (Grupo de Trabajo de Alto Nivel para la Modernización del Sistema de Administración de Justicia), creado el 2001 por acuerdo del Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Justicia, Consejo Nacional de la Magistratura, Academia de la Magistratura y el Tribunal Constitucional, que produjo un Plan Estratégico y un documento de lineamientos para su implementación.

Otro intento fue la Comisión de Reestructuración del 2003, formada por 13 jueces y vocales de las instancias judiciales luego de que la Sala Plena de la Corte Suprema declarase en reestructuración al PJ. En 90 días, esta comisión elaboró un informe con medidas urgentes de reforma en cinco materias: justicia civil, justicia penal, despacho judicial, órganos de gobierno y política anticorrupción.

El más significativo antecedente se inició el 2003, cuando la Ley Nº 28083 creó la Comisión Especial de Reforma Integral de la Administración  de Justicia (CERIAJUS), integrada por 16 miembros, representantes de las instituciones del sistema de justicia y de la sociedad civil con el mandato de que en 180 días propusiera un Plan Nacional de Reforma Integral de la Administración de Justicia (PNRIAJ). Este contenía ocho áreas para la reforma e incluyó una propuesta de reforma parcial de la Constitución. El cuarto intento se registró el 2006 cuando se constituyó el grupo impulsor del Programa de Inversión Pública para la Modernización de la Administración de Justicia para asegurar que el PNRIAJ se ejecute de manera coordinada.

A los cuatro fracasos concurren diversas explicaciones aunque la falta de información, de financiamiento y de voluntad política son las más significativas. Entre estas razones se teje además un enmarañado conjunto de argumentos entre los que sobresale casi siempre como coartada la autonomía de las instituciones, la valla final que detiene el cambio. De ese modo, los intentos de reforma han sido procesos críticos bloqueados con rapidez por alguna de las instituciones del sistema de administración de justicia o relacionada con este.

La falta de información es crucial en la reforma. Ya el 2003, el CERIAJUS señalaba que la ausencia de sistemas confiables y disciplinados para el registro de los datos sobre las actividades de cada institución restringe el margen de confiabilidad respecto de los mismos. Desde ese momento, algunas instituciones han creado instrumentos específicos como el Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público, en tanto que el PJ ha definido un grupo de indicadores de calidad de la gestión y modernizado su unidad estadística, y el TC, INPE y el Ministerio del Interior han avanzado en la construcción de indicadores.

La ausencia de información confiable y la falta de análisis racional en la administración de justicia se debe a una cultura organizacional que privilegia la oferta, donde lo más relevante es la capacidad de atención de denuncias y casos presentados y el recurso humano disponible para tal efecto y no la demanda de acceso a los servicios de justicia. Se entiende, por lo mismo, que la información que produce el sistema se reduce en la mayoría de casos a los indicadores de primer nivel como número de expedientes, número de casos resueltos, número de funcionarios titulares, número de funcionarios suplentes, entre otros. Esta dinámica impide investigar la demanda en su conjunto,  la relación entre demanda y oferta, las expectativas del usuario y en general las dificultades de acceso.

En ese sentido, son sugerentes la creación del Comité Interinstitucional Estadístico de la Criminalidad y el Diagnóstico Nacional del Delito, que se encuentra en elaboración, porque permitirán que el Estado elimine la dispersión de datos y supere la ausencia de información confiable.

Abril, las letras y la cultura. La celebración

“… dios santo qué bello abril
dios santo qué bello abril
dios santo qué bello abril sos vos
y las violetas que coronan tu tristeza
y las guirnaldas de tu inmensa soledad
sos tan hermosa que jamás vas a dejar de brillar así
aquí o allá…”
Fito Páez, Bello abril

Este es el afiche alusivo a la Undécima Edición del Mes de las Letras y de la Cultura que organiza el Fondo Editorial de la USMP. Fue elaborado en la Oficina de Diseño y Multimedia (ODM) de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología de la universidad. El Mes de la Letras empezó a ser celebrado en dicha facultad a iniciativa de dicha facultad. Desde el 2008, la Sexta Edición, se celebra en toda las facultades, a través de decenas de actos.

Abril es especial para las letras y la cultura como octubre para las revoluciones. Dicen que fue Augusto Tamayo Vargas quien instauró abril como el Mes de la Letras en 1931. Es poco probable que lo haya hecho ese año, tomando en consideración que Tamayo nace en 1914 y egresa del colegio La Inmaculada en 1930. Sea como fuera, abril es un mes fecundo para las letras y para las ideas.

A saber, el 23 de abril es el Día del Idioma, la fecha en que murió Miguel de Cervantes Saavedra. Un 23 de abril fallecieron el Inca Garcilaso de la Vega y el dramaturgo inglés William Shakespeare y por esas y otras razones, la UNESCO eligió esa fecha como el Día del Libro, del Derechos de Autor y del Bibliotecario.
César Vallejo murió el 15 de abril de 1938; José Carlos Mariátegui, político, esteta y una de las más altas cumbres del pensamiento político peruano murió el 16 de abril de 1930. En este mes también fallecen Pedro Peralta Barnuevo y José María Eguren.

En abril también fallecieron Daniel Defoe, autor de Robinson Crusoe, el poeta francés y Emilio Salgari, el italiano autor de las novelas de aventura que alegraron nuestra infancia, como Sandokan, el Tigre de la Malasia, el Corsario Negro y el Capitán Tormenta. En abril muere Pablo Picasso y Francis Bacon, pintor  expresionista irlandés.

En abril nacieron Abraham Valdelomar, cuentista, novelista y poeta; y Carlos Oquendo de Amat, uno de los más altos ponentes del vanguardismo literario, autor del célebre “5 metro de poemas”; y también Emile Zola, autor de la imponente serie las Tres Ciudades (Lourdes, Roma y Paris) y Charles Chaplin.

Este año la USMP lleva a cabo 90 actividades literarias, artísticas y culturales, entre ellas la presentación de 19 publicaciones. Estos trabajos reflejan los avances científicos y las tendencias de la investigación en el Perú. Entre ellas encontramos "La Maternidad en la Ciencia y la Historia", de la Dra. Ysis Roa Meggo; la Revista Horizonte Médico de la Facultad de Medicina Humana; "El Reino del Loche", de Mariano Valderrama; "Cafés y Fondas en Lima Ilustrada y Romántica", de Oswaldo Holguín Callo; "Los Costos Empresariales de la Violencia contra las Mujeres en el Perú", de Arístides Vara Horna; "La Cocina Aimara" de Hernán Cornejo; "Prensa Gratuita en el Perú: un modelo de periodismo viable" de Rafael Robles Olivos; y "Diccionario de Frutas y Frutos del Perú" de Antonio Brack Egg, galardonado en el reciente premio Gourmand Books en París con el Premio Especial del Jurado Internacional.

Entre otras actividades la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos presentará la Revista San Martín Emprendedor Vol.3 y los libros: "El Sistema Organizacional – La administración para el siglo XXI" del Dr. Hugo Valdez Castillo; "Ergonomía: Empresas, Industrias y Oficinas" de la Mag. Irma Corina Adrianzén Ibárcena. La Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financieras también tendrá importantes actividades como la presentación del libro "El Reordenamiento del Sistema Bancario" de los Dres. Juan Álva Gómez y Víctor Rivas Gómez y del libro "Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF" del Dr. Pascual Ayala Zavala. La Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología presentará, entre otros libros, "Lexicón o Vocabulario de la Lengua General del Perú" de Julio Calvo y Henrique Urbano; "Evaluación de la Violencia contra la Mujer" de la Dra. Magaly Nóblega Mayorga y "La Tarea Invisible ¿cómo ser un profesor inolvidable?" del Mag. Carlos Dulanto Sandoval. La Facultad de Derecho organizará diversas actividades culturales y artísticas, entre ellas la obra teatral Don Dimas de la Tijereta, de Ricardo Palma. También llevarán a cabo el II Encuentro Interuniversitario de Tunas y una Expoferia que incluye presentaciones de libros y la exposición de trabajos de investigación y la Facultad de Obstetricia y Enfermería presentará el último número de la Revista Científica Kiru.

Caso JDC, Congreso y justicia

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/caso-jdc-congreso-y-justicia-11-04-2013

La República

La mitadmasuno

12 de abril de 2013

Juan De la Puente

La sentencia del juez Hugo Velásquez del Quinto Juzgado Especializado, que declaró fundada la demanda de amparo presentada por el congresista Javier Diez Canseco contra la sanción de la que fue objeto en noviembre pasado, que ordena a la Comisión de Ética del Parlamento un nuevo informe del caso y anula la decisión del Pleno de Congreso de suspenderlo de sus funciones por 90 días, ha creado una mayoría parlamentaria transversal que recusa el fallo.

Los argumentos del rechazo giran en torno a lo siguiente: 1) Ningún juez puede ordenar al Congreso de la República; 2) La sentencia del juez Velásquez viola la prohibición de mandato imperativo; y 3) En el Parlamento opera un particular proceso debido.

No obstante, el Parlamento sí puede ser contestado por sentencias judiciales o por decisiones de otros órganos del Estado. Los casos más cercanos son los de tres congresistas desaforados por medidas sancionadoras que fueron absueltos por sentencias judiciales. En dos de estos casos el Parlamento debió retirar de sus escaños a los accesitarios. 

En el Derecho Constitucional lo sucedido en el caso JDC y con los otros mencionados no recibe la denominación “orden” de un órgano público sobre otro; recibe la denominación de control interórganos, un saludable mecanismo que permite que un órgano del Estado impida los excesos de otros. El control interórganos permite que cuando un ministro sea llamado al Congreso no se considera esto como una “orden” sino como una forma de control de sus actos y que cuando el Tribunal Constitucional declara inconstitucional una norma no le ordena al Parlamento derogarla, sino que la suprime del sistema legal, el conocido mecanismo de control constitucional concentrado. Desde este punto de vista, la idea de que el Parlamento no puede recibir órdenes es profundamente atrasada y preconstitucional.

La sentencia del caso JDC no colisiona con la prohibición de mandato imperativo de los parlamentarios; este principio es una garantía de su independencia frente a poderes y presiones y una condición para la deliberación a la que está llamado. En ese sentido, su independencia concurre a la formación de la independencia del órgano legislativo y precede a la irresponsabilidad por sus opiniones, una figura clave del estatuto del congresista.

La sentencia del juez Velásquez no atenta contra esa independencia en el sentido que pretenda obligar a cada parlamentario a votar de un modo determinado. Anula un acto independiente sin reemplazarlo por otro obligado, por lo que cabe la posibilidad de que en el futuro cada cual vuelva a votar en sentido similar, si el proceso es llevado de acuerdo al debido proceso.  Es más, se presume que la sanción a un parlamentario no expresa una valoración ideológica o política del mismo. Afirmar que todo voto parlamentario es  una expresión política sería confirmar que JDC fue sancionado por otras razones.

También se afirma que el Parlamento tiene su propio debido proceso, una aseveración absolutamente incorrecta. El mismo juez abunda en sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del TC peruano en el sentido que el debido proceso no es exclusivo de los procesos jurisdiccionales y que se extiende a los de otro ámbito. Extraña afirmación de que un poder público que legisla sobre la justicia pretenda una teoría procesal para sí mismo, considerando que en el Parlamento peruano las sanciones carecen de pluralidad de instancia y que en este periodo se han resistido a incorporar en el Reglamento la figura de conflicto de interés propuesta en septiembre del 2011 por el entonces presidente del Congreso.

El Congreso debería aprovechar esta oportunidad para reformar su reglamento y desarrollar los procedimientos de investigación y sanción establecidos  en los artículos 96, 97, 99 y 100. Del mismo modo, debería acreditar procedimientos de apelación, que no es lo mismo que la reconsideración, para decisiones relacionadas con la actividad de sus integrantes, superando la antiquísima visión que una conclusión parlamentaria es cosa juzgada.

Tócame que soy realidad

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/tocame-que-soy-realidad-04-04-2013

La República

La mitadmasuno

5 de abril de 2013

Juan De la Puente

El Perú vive un auge de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), un proceso que asume la condición de un fenómeno que involucra a las empresas y a la comunidad. Su espectacular desarrollo es jalonado por impactos de origen distinto, entre ellos los conflictos sociales que demandan de las empresas respuestas creativas y preventivas, la aplicación de conceptos provenientes de la academia y el aterrizaje de experiencias internacionales exitosas. Contribuye a este resultado la exigencia de usuarios y consumidores insatisfechos respecto de la calidad y competitividad del mercado nacional.

La edad de piedra de la RSE en el Perú terminó hace rato; en los últimos años se han definido modelos de intervención social y organización corporativa para acometer la responsabilidad social. La organización Perú 2021, que recogió tempranamente el Pacto Mundial (Global Compact) de las Naciones Unidas, una iniciativa mundial de sostenibilidad empresarial, lidera y articula en el Perú iniciativas audaces de empresas del sector bancario, minero, agroexportador, industrial, servicios, universidades, entre otros.

Este desarrollo se reproduce a través de congresos, ferias, elaboración de reportes de sostenibilidad, cursos y maestrías; no hay empresa de volumen considerable que no tenga una división de RSE autónoma o asociada; circula en el mercado una revista especializada, Stakeholders, con información detallada; y operan alrededor del tema decenas de consultores y ONG. En el último paso, Perú 2021 ha creado un auto registro de proyectos de RSE y se apresta a entregar el Distintivo ESR a las empresas calificadas como socialmente responsables.

Este auge no es ficticio, es realidad, y refleja una promisoria ruta que impulsa la creación de un capital social imprescindible para la sostenibilidad del actual crecimiento. En el 2011, 33 empresas peruanas registraron sus informes de sostenibilidad en el Global Reporting Initiative (GRI) que mide el desempeño de empresas en RSE con 79 indicadores.

Si se trata de carencias, una de ellas es la timidez del Estado que no se atreve a tocar en serio la RSE y plasmar un compromiso en políticas públicas de fomento creativo. En medio de esta timidez, el gobierno ha creado el 2011 el Programa Perú Responsable en el Ministerio de Trabajo y ha adoptado algunas iniciativas como la alianza entre los programas sociales que ejecuta el MIDIS y las empresas. 

El auge de la RSE demanda del Estado mucho más, por ejemplo una instancia que recoja las formas de relacionamiento de las agencias estatales con las empresas con componentes de RSE, una experiencia que en España llevó a la creación del Consejo Estatal de RSE, o aprobar directrices que eleven los estándares de compromiso empresarial con la sociedad.

En las empresas hace falta también introducir ajustes en el modelo vigente de RSE. El más reclamado es la separación entre el marketing y la responsabilidad social corrigiendo el defecto de colocar a la RSE como un medio para el logro de la reputación corporativa. Si esta corrección se concreta, se logrará de las empresas un compromiso social más transparente y se situarán las campañas de marketing en un ámbito distinto al del desarrollo sustentable, fortaleciendo una relación entre la empresa y la comunidad en una dinámica más transversal y duradera.

El Perú necesita abordar con mayor vigor la Visión 2050, la agenda de un mundo centrado en la sostenibilidad lanzado por 29 corporaciones del Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD, en inglés), una radical oferta de cambio de paradigma en la relación entre el mercado, el Estado y la sociedad, con un alto componente humanista y ambiental. No es extraño que este impulso venga de las empresas; son ellas las que plantean un desafío más audaz que muchas plataformas políticas y programas de gobierno porque al fin y al cabo es el mercado uno de los grandes beneficiados con un desarrollo sustentable que promueva el bienestar de todos.

La puerta entreabierta

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/la-puerta-entreabierta-29-03-2013

La República

La mitadmasuno

29 de marzo de 2013

Juan De la Puente

Inicio con este, una serie de artículos sobre la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en el Perú, a propósito del anuncio de que este año será relanzada la modalidad de Obras por Impuestos, un novedoso instrumento de RSE que permite a las empresas financiar proyectos de infraestructura autorizados por SNIP a cuenta del pago de hasta el 50% de impuestos.

Desde la aprobación de la Ley N° 29230 el 2008, Obras por Impuestos es una puerta que nunca termina de abrirse, a tal punto que en cuatro años solo ha podido ejecutar 13 proyectos por S/. 36 millones. Decenas de empresas interesadas han desistido de hacer uso de esta modalidad por las excesivas trabas burocráticas; en un momento, las empresas debían realizar hasta 54 trámites para desarrollar proyectos al amparo de esta modalidad.

La ley y su reglamento han sido modificados pero los cuellos de botella continúan; luego de casi 10 años de insistir en que las empresas se doten de prácticas de RSE, es ahora el Estado el que evidencia escasa capacidad para acoger las iniciativas de participación directa de las empresas en el desarrollo regional y local. Un país cuyo déficit de infraestructura supera los US$40.000 millones y que requiere invertir anualmente US$8.800 millones cada año para cerrar esa brecha crucial para el desarrollo, no debería darse el lujo de desperdiciar este modelo y oportunidad.

Los cambios en Obras por Impuestos realizados el año pasado son positivos en la dirección de mayor celeridad; el proceso previo a la ejecución de las obras ha pasado de 17 semanas de duración a 30 días; del mismo modo se ha dispuesto que se permita al sector privado identificar los proyectos y realizar los estudios en coordinación con las regiones y los municipios. Así, el modelo es más sugerente para los territorios con alta carencia de obras y bajo nivel de ejecución pública porque es una forma de incremento presupuestal, liberación de recursos para otros proyectos y de ahorro en recurso humano calificado. Si el modelo funcionara extensivamente se tendría en menor plazo carreteras, colegios, postas médicas, hospitales, albergues, redes de agua y desagüe, canales de irrigación, puentes, pistas, tratamiento de aguas residuales, defensas ribereñas, entre otras obras.
Hace falta, sin embargo, más cambios; hasta el año pasado 19 regiones habían seleccionado 700 proyectos en base a 68 convenios realizados por gobiernos locales, regionales e instituciones nacionales, pero las expectativas colisionan con las barreras burocráticas. Quizás, el primer cambio se refiera a que Obras por Impuestos forme parte de la política de fomento de RSE del Estado, lo que ahora no ocurre, y supere la lógica estrictamente utilitaria en las relaciones entre el Estado y la empresa.
Se requiere, asimismo, disponer de arreglos institucionales públicos para que la ejecución de los proyectos sea el resultado de un proceso de gestión por oferta de las empresas y por demanda del Estado. Ello podría implicar la realización de concursos nacionales, no solo de carácter regional y local, certificaciones de valor no monetario y elección de proyectos resultado del diálogo social y de acuerdos para la solución de conflictos. De ese modo, la empresa, la región, el municipio, la obra y el impuesto se subordinarán a una lógica territorial. La obra pública se convertirá en una necesidad ya no solo del Estado sino también de la empresa.

Por tal razón deberían discriminarse los proyectos llamados de impacto que, por su volumen y transcendencia para el país, la región o el municipio, se oferten de modo prioritario. Para el efecto, las regiones deberían designar secretarías técnicas para la ejecución de Obras por Impuestos y Comités Multisectoriales Ad hoc.  Esta formulación necesita ser incorporada en la norma y en los planes de desarrollo de los Gobiernos Regionales y Locales, en las agendas de los Consejos de Coordinación Regional (CCR), de los Consejos de Coordinación Local (CCL) y en la perspectiva corporativa de las empresas.

Ante los profetas, defensa del oficio

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/ante-los-profetas-defensa-del-oficio-22-03-2013

La República

La mitadmasuno

22 de marzo

Juan De la Puente

El análisis político es un oficio que no pertenece al corazón o al hígado, y que obliga a la objetividad aunque no reclame imparcialidad. Por eso sorprende el aluvión de análisis disparatados de los resultados de la revocatoria del 17M, planteados de un modo simplón donde los perdedores y ganadores integran un cuadro bicolor, blanco para ganador y gris para perdedor, despreciando la delicada imagen de un mosaico lleno de colores y posibilidades.

Estos análisis reflejan una ortodoxia persistente y pasadista, un ejercicio deficiente de la ciencia política que se niega a usar los instrumentos de interpretación; que no aprecia los fenómenos sino solo los hechos; que considera los votos en volumen, confundiendo los partidos con sus líderes y las ideas con los movimientos sociales; y que no analiza las tendencias pero en cambio, profetiza, adivina y sentencia. Es obvio que este ejercicio lleva a un menjunje que vale para el chamanismo pero no para la política.

La votación del domingo sintetiza un cuadro complejo de opciones en pugna por constituirse en tendencias. Los electores han tirado las cartas sobre la mesa y corresponde a los actores políticos y a las instituciones ordenar estas en función de sus intereses y estrategias. Carlos Meléndez acertadamente lo ha denominado un escenario mixto.

En términos personales, Susana Villarán y Lourdes Flores son dos grandes triunfadoras, la primera por ganar una revocatoria dirigida contra ella y la segunda por su incursión decisiva para la victoria del No, exponiendo ante el país una inusual ética pública donde más importan Lima y la vigencia de su partido que su derrota en las elecciones municipales pasadas.

Revocados o no también ganan un conjunto de líderes que constituyen una reserva ascendente de políticos llamados a protagonizar la representación política, encabezados por Marisa Glave, Pablo Secada, Eduardo Zegarra, Alberto Valenzuela y Mónica Saravia, entre otros. Otros líderes como Patricia Juárez y Mauricio Mulder, de la opción perdedora, también ganan aun en el revés.

Es cierto que Luis Castañeda aunque no muerto es el líder que más pierde. No es el caso de Alan García que supo colocarse de perfil y tras su partido en el debate revocatorio. En este tema, es un error confundir el Apra con García y aunque el primero se encuentre en el grupo de partidos que pierden la revocatoria, debe sopesarse el hecho de que tuvo derrotas más severas en las últimas décadas de las que salió airoso. Si se trata de ganar o de perder, no todos ganan o pierden con la misma intensidad; solo si se trata de buscar titulares periodísticos fáciles se puede enterrar con la palabra ideas, grupos, personas y movimientos.

El PPC, qué duda cabe, que es el gran ganador; para la izquierda, en cambio, el 17M tuvo un sabor agridulce, el caso típico de una fortaleza salvada a costa de la debilidad suprema del ejército. Sin embargo, siendo nada deseable, el resultado plantea un nuevo momento para la izquierda que solo será posible con Villarán en la alcaldía.

Proclamar la bancarrota de la izquierda tiene más de brujería que de raciocinio, curioso porque la izquierda ha sido varias veces sepultada sin que esté muerta y porque los sepultureros ignoran la enorme fuerza de la izquierda social. En el futuro será más difícil ahogar a una izquierda moderna que supo abrir la Municipalidad de Lima a la inversión privada, a las asociaciones público/privadas y ahora a un pacto con el PPC y otros partidos.

El 17M no mató a nadie pero plantea desafíos ante los cuales nadie ha comprado un seguro. En las elecciones de noviembre el PPC tendrá que revalidar su ascenso en la capital, la izquierda pugnar por votos propios para acompañar el fin de la gestión de Villarán y el resto de partidos tendrá que figurar en el proceso de cara al 2014 y al 2016. Sin embargo, el principal desafío será para Susana Villarán: si logra cristalizar un gobierno multipartidario y exitoso, este será su mejor carta de presentación para el futuro.

El papa y las predicciones

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/el-papa-y-las-predicciones-15-03-2013

La República

La mitadmasuno

15 de marzo del 2013

Juan De la Puente

Los “vaticanistas”, un selecto grupo que presumía de saber al detalle de lo que pasa en las altas cumbres de la iglesia, han sido puestos en ridículo. En la reciente elección del papa no han acertado en nada; su lista de papables con la que engatusaron a la prensa no incluía al que fue elegido porque ofrecía el panorama de una iglesia conmocionada y atravesada por una disputa áspera entre el poder y el dinero radicados en Roma y los vientos de renovación que llegaban desde fuera.

Este error puede ser la consecuencia de la convicción de que el principal problema de la iglesia son sus recientes escándalos y filtraciones. Los “vaticanistas“ no cayeron en cuenta de que los cardenales tenían, mayoritariamente, otra lectura de su realidad y otra agenda. Se decía que Roma esperaba un papa continuista y que la periferia y los medios empujaban a uno nuevo, nuevo de verdad. Los 115 cardenales no eligieron ni lo uno ni lo otro, sino a quien al parecer intentará llevar adelante el desafío de la nueva evangelización para que el catolicismo recupere el terreno perdido y afirme en el mundo sus dogmas de fe.

Un papa jesuita y argentino es demasiado original, una combinación poco convencional para la necesidades de la iglesia, sobre todo porque los jesuitas siempre fueron un poder que contestó a Roma y en más de una ocasión perseguido por Roma, y porque Argentina es un país que ha confrontado seriamente los dogmas religiosos, en una pugna donde la iglesia no ha salido victoriosa.

Analizar la elección del cardenal Bergoglio con el exclusivo eje argentino es insuficiente. Es cierto que Argentina ha sido en los últimos 20 años un laboratorio de crisis, de experimentos de programa y de grandes procesos de apertura social. Sin embargo, sigue siendo un microclima político signado por ese producto tan original denominado peronismo y una cultura con influencia democrática que interactúa en una comunidad política fuertemente clientelista y populista.

El Papa Francisco es un producto de esa cultura nacional pero también de su experiencia en la iglesia universal donde lleva 21 años como obispo y otros 12 como cardenal. Su condición de jesuita lo convierte en un soldado de la fe dispuesto a la calle y a la batalla. Sus pasadas relaciones con agrupaciones peronistas como Guardia de Hierro y sus relaciones complejas con la política argentina desde la dictadura militar hasta los Kichner, lo hacen un político/papa más que un papa/político. De hecho, tiene más calle que sus cuatro antecesores juntos.

Su elección parece ser muy racional y de efectos calculados, a diferencia de la elección del desconocido Karol Wojtyla en 1978. Los cardenales han puesto al mando a un carismático hombre público, ya tentado por el papado hace ocho años, un jugador rudo, experto en el dialogo y la confrontación y en el face to face de la política, un panzer más que panzer que su antecesor, criollo y campechano, más hacedor y deshacedor de entuertos.

Es probable que la iglesia necesite con urgencia una nueva evangelización y que esta urgencia se encuentre en los cimientos de la votación alcanzada por Bergoglio. Como jesuita es resistido por los grupos neoconservadores de la iglesia que atacaron a esta orden histórica en los últimos años con la complicidad de Roma. Sin embargo, nuevos y antiguos conservadores ganarán con una nueva evangelización y este sería un elemento central de un nuevo pacto para la recuperación del catolicismo. ¿Eso puede llamarse evangelización sin renovación?

La personalidad de Bergoglio no es por si sola garantía de éxito. El escritor y periodista argentino Horacio Verbitsky lo ha calificado como un populista conservador y ahí podrían estar los límites de una gestión efectista que no logre resultados concretos en los próximos cinco o seis años, principalmente porque el sentido de esa evangelización estará en disputa con una sociedad que no recusa la fe pero que demanda libertades y derechos modernos. Podría ser que finalmente, así como su antecesor, Bergoglio sea parte de una larga transición. 

Encuestas, empate técnico, revocatotoria

https://www.youtube.com/watch?v=kaWkJLBENsM

Debate sobre el empate entre el No y el Sí en las encuestas, en RPPTV el 8 de marzo, con Ricardo Vásquez Kunze, en el programa las 5 de las 7, con la conducción de Patricia del Río y Guido Lombardi.

 

Debate sobre el debate entre el No y el Sí

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=W0VKsmRejaY
En el programa Las 5 de las 7 de RPP TV con Ricardo Vásquez Kunze, bajo la conducción de Guido Lombardi y Patricia del Río.

Delito y seguridad, nuevo momento

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/delito-y-seguridad-nuevo-momento-08-03-2013

La República

La mitadmasuno

8 de marzo 2013

Juan De la Puente

La inseguridad ciudadana se ha convertido en un gran problema político, quizás el más importante que desafía al gobierno y el Estado. Esta politización es la mejor noticia en este proceso de aumento de la percepción de desprotección pública y sepulta, ojalá para siempre, la premoderna convicción de que el delito es un problema de policías y ladrones. Esta politización deberá encontrar en el Estado nuevas respuestas porque también están agotados algunos dogmas de la criminología y del derecho penal.

Al ingresar en este nuevo momento, cuatro grupos de decisiones deberán ser adoptadas desde el Estado:

1) el Estado debe romper las vallas que impiden la adopción de una política criminal común, remplazada ahora por estrategias policiales y penales inconexas y parciales. En la actualidad, solo el Ministerio del Interior y los gobiernos locales y regionales establecen ciertas relaciones para un compromiso conjunto. Otras instituciones, como el Congreso, Poder Judicial, Ministerio Público y Tribunal Constitucional, no son sujetos vinculantes de ningún plan trasversal e integral. Si no se rompen los estancos, el Estado seguirá produciendo varias respuestas ante el delito.

2) Debe abandonarse la tentación por el populismo penal, convertido en los últimos 20 años en la receta mágica de los políticos frente al crimen y en el recurso fácil de la improvisación. Nuestro derecho penal debe recuperar cierta lucidez y creatividad para salir del agujero negro de las medidas ya fracasadas como el aumento de penas, la prisión efectiva generalizada, la disminución de la edad penal, entre otros, que han repletado las cárceles de imputados y sin que por ello disminuya el delito. Ya el presidente de la Corte Suprema ha deslizado algunas medidas sugerentes. En esa misma línea, no debería insistirse en las medidas que garantizan el “gatillo fácil” de las fuerzas del orden y que han llevado a la creación de escuadrones de la muerte en Trujillo y al asesinato de jóvenes en las comisarías y el incremento de la brutalidad policial. Lo que menos necesita hoy la policía es que los ciudadanos la consideren peligrosa.

3) Debe acabarse con otros dogmas que han cimentado los fracasos. Uno de ellos es el que considera que el problema fundamental es el patrullaje, por lo que la receta ciega consiste en sacar más policías a la calle. La experta Lucía Dammert ha respondido a esta receta con tres preguntas básicas: ¿Saben dónde mandarlos a patrullar? ¿A qué delitos se están enfrentando? ¿Dónde se requiere más personal? En cambio, sin descuidar el hecho de que se necesitan más policías en actividad, se reclama poco sobre la profesionalización de la policía y el desarrollo de la inteligencia y de la prevención. Es paradójico que el actual Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social aprobado en el 2012 no contenga actividades e indicadores de inteligencia policial.

4) Es imprescindible que el Estado y la sociedad superen el sentido común vigente respecto a que el delito es un asunto privado, hasta que nosotros seamos las víctimas directas. Eso ha conducido a que la sociedad convierta a la seguridad en un asunto también privado, generando costos a las familias y al mercado. Un dato antiguo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) considera que el costo económico de la violencia en América Latina constituye el 14% del PBI, afectando la competitividad de la economía.

La propuesta del premier Juan Jiménez de un pacto nacional por la seguridad ciudadana es una oportunidad para acercar al Estado y la sociedad a una política y una estrategia común contra el delito que remita a decisiones reclamadas. Un pacto, por ejemplo, podría permitir que el Estado acabe en el plazo de un año con el famoso “servicio individualizado” que obliga a los policías a vender sus uniformes, sus armas y sus vidas para poder subsistir, o cambiar los indicadores del Estado en relación con el crimen ahora basados en los logros y no en los delitos.