Madre Mía, la guerra oscura en el Huallaga

http://larepublica.pe/impresa/opinion/872381-madre-mia-la-guerra-oscura-en-el-huallaga

La República

La mitadmasuno

5 de mayo de 2017

Por Juan De la Puente

La probable reapertura del caso Madre Mía para juzgar el papel desempeñado por el entonces capitán del EP Ollanta Humala en los primeros años de la década de los 90 implica también la posibilidad de juzgar las violaciones a los DDHH en el Alto Huallaga y la Provincia de Padre Abad, los territorios menos estudiados respecto de la violencia terrorista, y donde hubo mayor impunidad.

Razones para reabrir el caso las hay, así como la convicción de que se trata de un período oscuro sobre el que hay que poner luz. La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) reconoció en su momento el déficit de procesos judiciales, testimonios e indagaciones de la violencia en los territorios amazónicos. Aun así, pudo dar cuenta de que en su base de datos consta que en la provincia de Leoncio Prado (solo una parte del Alto Huallaga), entre los años 1989 y 1994, murieron 232 personas y que 198 fueron desaparecidas.

Una de las célebres matanzas fue la de Venenillo, al sur de Aucayacu, en junio de 1989. De acuerdo con el testimonio de un ex miembro del Ejército ante la CVR, en respuesta al ataque donde murieron un capitán y seis soldados, el mando militar ordenó “limpiar” la zona con el resultado de 300 personas asesinadas. El testimonio N° 100168 es escalofriante: “quemaron los cuerpos o los arrojaron al río, más o menos un promedio de 200, 300, entre hombres, niños y mujeres; nosotros comenzamos a matar y a tirar los cadáveres al río y los de la DEA llamaron a Tingo María diciendo que de río arriba venían cadáveres. Nosotros hemos bajado a recogerlos. Eran los mismos que tirábamos. Regresamos y los comenzaron a quemar”.

Para un libro que espera su publicación he recuperado y procesado información sobre la actividad de Sendero Luminoso en la zona y el desempeño de las FFAA. La información oficial senderista señala que arribaron al Huallaga en 1981. Hacia 1987 se habían extendido por todo el valle y sus columnas se adentraron hacia los pueblitos cocaleros que nacían a las orillas de los afluentes del río Huallaga, alcanzando al norte el ramal de Aspuzana, cerca al límite entre Huánuco y San Martín. De allí llegaron a Madre Mía, Sión y Paraíso, pueblos a la derecha e izquierda del Huallaga, fundados por iglesias protestantes.

En diciembre de 1985 se levantó el Estado de Emergencia en la zona y se desactivó el Comando Político-Militar. Al finalizar 1987, los 57 caseríos de Aucayacu tenían delegados nombrados por las columnas terroristas. Así se explica que en pocas semanas, con el apoyo activo de la población, cubrieran de zanjas cada 50 metros de la carretera Tingo María-Aucayacu.

La guerra en el Alto Huallaga fue extremadamente violenta. A diferencia de Ayacucho, SL tuvo en esa zona control de territorios por mucho tiempo y llevó a cabo operaciones de envergadura como la sangrienta toma de Uchiza, el 27 de marzo de 1989, como respuesta a la fumigación de la hoja de coca. Sobre este episodio, El Diario, el órgano de información terrorista, informó que el comandante del puesto policial de Uchiza fue aniquilado en la Plaza de Armas por un “niño combatiente” de solo nueve años de edad que le descargó un balazo en la cabeza. El punto más alto de su ofensiva fue, precisamente, el ataque a Madre Mía el 27 de julio de ese año, para el que SL movilizó cerca de mil personas.

En 1991, Sendero Luminoso proclamó el equilibrio estratégico por lo que se hacía inevitable que los comités populares clandestinos en el Huallaga pasen a ser abiertos. Poco después se demostraría que el “equilibrio” era una táctica que buscaba esconder el callejón sin salida en que se hallaba la guerra para Abimael Guzmán.

Los siguientes fueron los años de la victoria de las FFAA y del terrorismo errante. Tres operativos memorables por el despliegue de las FFAA se realizaron precisamente en los primeros años de la década de los 90, período en el que Humala estuvo destacado en la zona; fueron los operativos “Cuchara”, Paraíso” y “Aries”, este último investigado por el Congreso y documentado por la Coordinadora Nacional de DDHH.

teatro, política y memoria

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/teatro-politica-y-memoria-16-01-2015

La República

La mitadmasuno

16 de enero 2015

Juan De la Puente

El cuadro es propio de las tablas: una obra de teatro divide a un gobierno durante algunas horas, y la escena es clásica, con público, corifeos, sin máscaras, con la muerte y el dolor como motivos de la discusión. Atravesado por un hondo conflicto es un drama intensamente revelador de un tema crucial de la agenda nacional.

Lo sucedido tiene un signo épico y al mismo tiempo poético; permite contar una vez más lo sucedido durante el ciclo de la violencia política, aunque esta vez la narrativa oficial es interrumpida por discursos surgidos desde el mismo Estado que cuestionan aquella visión predominante que se resiste a hurgar en la violencia y el terror y a ejercer la memoria.

Es el fin de varias certidumbres con la señora Libertad en el centro de la escena. Al final del acto queda establecido que una cosa es la obra “La Cautiva” como expresión artística libérrima, y otra es la responsabilidad pública de garantizar la seguridad. Atajada la pretensión totalitaria de sujetar lo primero a lo segundo se desvanece la idea de convertir una expresión artística, o cualquier otra manifestación humana, en un medio político obligado.

No debe perderse de vista en este drama a los personajes no tan secundarios, entre ellos el oficial de la Dircote que filmó la obra, asistió al debate luego de la puesta en escena y elaboró el informe que la prensa ha difundido, y en el que sobresale más que las preocupaciones sobre Sendero Luminoso (SL) su sorpresa porque la obra contenga diálogos “en los que se deja entrever poderes, opresión y explotación  subliminalmente introducidos”. Aunque pareciera una figura escapada de las tramas de las novelas del boom latinoamericano, no lo es; lamentablemente corresponde a un estereotipo salido de las escuelas de formación de las fuerzas de seguridad donde predomina la convicción de que la crítica social es sospechosa de subversión.

Lo nuevo, sin embargo, no es ni el policía ni el informe, ni siquiera el argumento que afirma que la policía puede investigar “lo que quiera” en su lucha contra el terror. Lo nuevo es la ruptura del consenso conservador estatal alrededor de estos temas, la defensa de la libertad desde el espacio público y el desafío interno lanzado a quienes creen que toda mención a la violación de los DDHH por las FFAA y la policía es una afrenta a la lucha contra el terrorismo. En tal sentido, el comunicado del Ministerio de Cultura y las precisiones realizadas por la Presidenta del Consejo de Ministros recuperan una visión democrática siempre escasa en la lucha por la paz. No más monólogos.

Por los resultados, lo sucedido tiene mucho de positivo. A pesar de ello, ha sido otro episodio que revela la falta de compromiso de una parte considerable del Estado y de la sociedad con la memoria y la persistencia de una visión que reduce los años de violencia a una epopeya que enfrentó a los malos vencidos contra los buenos que vencieron, sin referencia al contexto de los hechos, a los orígenes y a las causas históricas.

Este drama que enfrenta a la memoria y a la antimemoria no ha concluido y es más actual de lo que parece. Un sector de la sociedad y de funcionarios no entiende la ficción, el arte y el argumento artístico, pero tampoco entiende los desafíos de la construcción de una comunidad nacional basada en la verdad y la justicia. Esa parte conservadora del país cree que es suficiente el rencor contra los terroristas derrotados y que el dolor de las víctimas de la violencia estorba el odio.

Esa opción está vigente; se expresó hace semanas cuando el máximo responsable de la seguridad tuvo una pelea a gritos con un jefe de Sendero Luminoso (SL). El altercado fue celebrado como una muestra de valentía y un modo eficaz antiterrorista, la misma que no ha impedido que SL forje una alianza electoral con miras al 2016. Ellos que son los primeros beneficiados con la antimemoria, esa narrativa que se queda en los cantares de gesta y considera que los vencedores no deben hacerse cargo de las causas de la guerra porque estas no existían.

DATUM y el gran empujón

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/datum-y-el-gran-empujon-09-11-2012

La República

La mitadmasuno

9 de noviembre 2012

Juan De la Puente

La encuestadora Datum nos acaba de entregar un sondeo que no peca de inocencia. Al contrario, es un eco de la vasta corriente conservadora que presiona sobre el gobierno hablando supuestamente a nombre de la sociedad para que aplique un giro autoritario.

El sondeo pregunta sobre la autoridad y obtiene que el 72% cree que el gobierno ha perdido autoridad. Esta genérica pregunta, en un contexto de creciente percepción de inseguridad en el Perú y el mundo, es absolutamente capciosa. Es un misterio si esta variable (pérdida de autoridad) ha sido contrastada con otras como “ha ganado autoridad” o “muestra poca autoridad”. Las dos conclusiones son obvias: 1) el gobierno necesita recuperar el principio de autoridad; y 2) que debe adoptar medidas excepcionales para revertir la pérdida de autoridad.

Frente al terrorismo, el sondeo persiste en la trampa evidente en los últimos días que consiste en mezclar las actividades proselitistas del Movadef con las acciones de la banda armada que opera en el VRAEM. Las preguntas introducen en la práctica al grupo terrorista o narcoterrorista del VRAEM en las universidades. Más allá de las interrogantes primariosas (“fuerte presencia”, “está entrado” y “aún no entra”) presenta a las universidades como un escenario de acciones terroristas. Si seguimos la lógica de las preguntas y respuestas de la encuesta, las FFAA deberían inmediatamente ingresar a las universidades, descabezar a sus gobiernos y militarizarlas.

En el mismo sentido se orientan las preguntas sobre la actitud del gobierno frente al terrorismo. Ellas no indagan sobre las acciones del Estado en el VRAEM sino que presumen que el terrorismo es una fuerza viva en todo el país y a punto de asaltar el poder. Así formulado el sondeo, la mayoría considera que el gobierno no ha tomado acciones (51%) o que estas no han tenido resultados (53%). El colofón de esta trampa es que el 53 % de peruanos considera que el terrorismo ha aumentado en el Perú.

Las acciones localizadas de la banda armada del VRAEM se han convertido por la magia de una encuesta en un problema nacional. Lo advertido no tiene el sentido de la prospectiva. Es una posición adelantada de la extrema derecha que está transformando el terrorismo en el principal problema de la Nación para empujar al gobierno a la preciada estrategia de la “mano dura”.

Es cierto que el Estado tiene dificultades serias en el VRAEM y requiere adoptar decisiones con resultados exitosos. Desde allí a sugerir el establecimiento de un Estado casi policiaco, como si todo el país fuese un territorio en guerra, hay un abismo.

Sería un error que el gobierno ceda a esta ofensiva y produzca cambios en la línea de endurecerse para contentar a la platea frenética en busca de medidas radicales. Si esto sucede estaríamos retornando a un modelo de gabinete Valdés II, con los resultados ya conocidos.

Lo sensato indica que sin descuidar los serios desafíos de la seguridad, la democracia peruana persista en la ruta de la apertura, el respeto de las instituciones y del juego constitucional entre ellas, el diálogo con la sociedad civil, la defensa del crecimiento económico y la solución oportuna de los conflictos sociales.

La ofensiva de la mano dura no tiene en este tema su única expresión. Cotidianamente se advierte un espíritu jacobino que convierte los hechos vinculados a la seguridad en una crisis terminal del Estado. Bajo esa lógica, partidos democráticos se dejan seducir por la extrema derecha y empiezan a compartir su discurso blandiendo denuncias, interpelaciones, censuras e insultos, es decir, extraviando su tradicional talante democrático.

Subidos casi todos para gritar desde el balcón radical, el centro político se está vaciando al mismo tiempo en que se tuguriza la extrema derecha.

Que sepan los grupos y políticos seguidistas que están sentando las bases de su debacle. El discurso radical puede tener efímero éxito pero no hay duda, como lo demuestra la experiencia de la última década, que la bulla ataranta pero no gobierna. Ni gana elecciones.

La fiesta equivocada

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/la-fiesta-equivocada-16-02-2012

La República

La mitadmasuno

16 de febrero 2012

Juan De la Puente

La celebración de la captura de “Artemio” se ha incorporado a la épica antiterrorista. Desde el Estado y los medios el arresto es presentado como una consecuencia de la política antisubversiva lineal y a pesar del uso del término “narcoterrorismo” para designar a la violencia en el Huallaga y el VRAE, el sentido común indica que el Perú le acaba de asestar un golpe mortal a Sendero Luminoso. En más de un comentario, “Artemio” y su banda han sido mezclados en el debate sobre el Movadef, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y los comandos de la Operación Chavín de Huántar, un mix que elude el problema de fondo, la verdadera batalla que el país tiene por delante.

La información de la que se dispone desde hace años indica que en el Huallaga y el VRAE operan grupos armados del y para el narcotráfico entre los cuales son más notables los llamados “remanentes” senderistas. Lo cierto es que de remanentes no tienen nada; son bandas que le dan gobernabilidad y seguridad al tráfico de drogas usando de vez en cuando la tapadera senderista. Desde hace más de una década se han despojado de todo objetivo político y sus líderes han pasado del clásico cobro de cupos al narcotráfico, una práctica de los años ochenta, a la propiedad de pozas de maceración, la prestación de servicios de seguridad al traslado de la droga, el asesinato de policías y erradicadores de coca y el ataque a comisarías para vengar detenciones o para ajustar cuentas.

El fenómeno que descubre la captura de “Artemio” es el paramilitarismo narco. Es visible, no obstante, que los cautivos del discurso antiterrorista eluden oficialmente el contexto de los recientes sucesos. En algunos casos podría tratarse de pereza mental para delimitar los nuevos horizontes de los problemas del Estado. En la mayoría de casos, sin embargo, se advierte una consciente renuncia a poner en valor la amenaza del narcotráfico porque es más cómodo, institucional y presupuestalmente, enfrentar al terrorismo que al tráfico de drogas.

Esta renuncia tiene costos. Según el Informe de Monitoreo de Cultivos de coca 2010 de la ONUDD, entre el VRAE, Alto Huallaga y la contigua Aguaytía reúnen más del 60% de la superficie cultivada de coca. En el mismo informe se consigna que, por regiones, en San Martín estos cultivos se multiplicaron 4,5 veces, es decir, pasaron en un año de 378 a 1.725 hectáreas. Habría que recordar que el Huallaga y desde hace poco Aguaytía son la fecunda tierra del desarrollo alternativo.

Mientras más se demoren el Estado y la sociedad en asumir el nuevo reto y mientras se siga cubriendo con el lenguaje antiterrorista el desafío de las bandas armadas al servicio del narcotráfico, la actividad de este, que demanda una estrategia propia en el campo de la interdicción y el juzgamiento y una nueva institucionalidad, continuará gozando de la alta cuota de impunidad.

La memoria y el odio

La República
La mitadmasuno
26 de enero de 2012
Juan De la Puente
http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/la-memoria-y-el-odio-26-01-2012

Un acierto de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) fue analizar la actividad terrorista de Sendero Luminoso (SL) desde la perspectiva política y considerar la violencia como un proceso con orígenes y actores, desdeñando el discurso que cerraba el análisis en los métodos de actuación subversiva y en la épica democrática. El relato de esa “verdad” dolorosa fue cuestionado por eso, por ser verdad, y porque llevaba explícita la necesidad de memoria, justicia y reparación. Para el Perú conservador, bastaba el rencor de la sociedad a los derrotados y sobraba el dolor de las víctimas de la violencia.
En el debate entre la memoria y la antimemoria perdimos 10 años mientras SL implementaba sus tácticas; pasó de los “Acuerdos de paz” a la “Solución política de los problemas derivados de la guerra” y luego a la “Amnistía general”. Si SL se legaliza, nuestro sistema político será víctima de un grupo que participa de la democracia reivindicando su propio odio sin renunciar o autocriticarse de su esencia terrorista. Paradójicamente, SL sería el primer beneficiado de la antimemoria y de aquella visión que considera que los vencedores no deben hacerse cargo de las causas de la guerra porque estas no existían y porque SL fue (es), finalmente, solo una banda de delincuentes fanatizados.
Con el Movadef a las puertas del JNE el país conservador recapacita y clama por memoria aunque solo como cantares de gesta, separando de aquella nuevamente las causas, presentes incluso en textos previos a la CVR como el Informe Uchuraccay, proscribiendo la reparación y la justicia a las víctimas de la violencia. Es una forma de memoria con escasa verdad que le será muy útil a SL.
El Movadef, sus 300 mil firmas y su militancia orgullosa de los crímenes senderistas interrogan a la sociedad y al Estado por su inercia frente al terror y a la violación de los DDHH, e interpela al odio como sustituto de la pedagogía democrática y como excusa de la impunidad. Al mismo tiempo, reivindica a la CVR y a su empeño por observar en SL a una organización política a la que se debe también derrotar, como a todo totalitarismo, en la ideología y en la conciencia de las personas.
El trabajo de la CVR es, además, importante por otro valor epistemológico: la interpretación de SL como único cuerpo político dotado de movimiento propio desde el inicio de la lucha armada en 1980 hasta ahora. En el Informe Final, superando las visiones que supeditaban todo al papel del caudillo, la CVR trazó el devenir de una organización con racionalidad política aun cuando esta fuera profundamente despreciativa de la vida, de la libertad y de la democracia. Convendría tener ello en cuenta ahora que se usa con facilidad el adjetivo “prosenderista” para referirse al Movadef, sin anotar que SL es el Movadef y el Movadef es SL. Sobra el “pro”.

.....

Otras referencias

En los últimos años publiqué algunos articulos sobre la CVR, la violencia y Sendero Luminoso.

"Ideología y el Informe CVR", sobre la revindicación de su construcción liberal y democrática, aquí. (Setiembre 2008)

"Sendero y la guerra política", sobre su estrategia de legalizacion sin admitir sus responsabilidades, aquí. (Setiembre 2009)

"La política y la universidad", sobre la despolitización de las universidades, fermento del fundamentalismo, aquí. (Junio 2010)

Eclipse y narcopolitica

La mitadmasuno
La República
Jueves 9 de diciembre 2010
Juan De la Puente
http://www.larepublica.pe/09-12-2010/eclipse-y-narcopolitica

Solo después de que un alcalde provincial procesado por el asesinato de un periodista fuera detenido en una operación antidroga, el sistema legal peruano empezó a superar aquella práctica de combatir el narcotráfico mirando de costado la narcopolítica. Hasta ese momento se habían investigado pocos casos de relación de políticos y líderes públicos con el narcotráfico. Al contrario, como una reminiscencia de la estrategia subversiva de los años 80, que metía en una burbuja a la sociedad cocalera y cocalizada, las cuencas con cultivos ilegales eran ignoradas como escenario de una prometedora alianza entre autoridades y líderes sociales con el narcotráfico.
En ese estado de cosas se fundaron dos centrales de campesinos cocaleros y se dio inicio al empoderamiento de sus líderes como consecuencia de la movilización abierta de los productores ilegales. El discurso en los valles de cultivo no tradicional de coca pasó de justificar su sembrío por razones de pobreza a una propuesta abierta de legalización por razones históricas y religiosas. Alcaldes, regidores, consejeros regionales y parlamentarios cocaleros irrumpieron activamente en la política.
Debajo de ese edificio continuaban tres procesos: 1) la conversión de una parte del campesinado cocalero en procesador de pasta básica de cocaína y, por lo tanto, en traficante de insumos químicos fiscalizados legalmente; 2) una nueva aceptación de Sendero Luminoso, en su versión terrorista y narcotraficante, por el campesinado cocalero; y 3) el éxito del desarrollo alternativo en San Martín, que redujo la superficie de coca de 30 mil a poco más de 300 hectáreas, éxito negado por la dirigencia cocalera y por SL.
Las revelaciones de la Operación Eclipse son cruciales. En el orden de cosas del Alto Huallaga, SL juega el papel de articulador de la política y del narcotráfico a través de una vasta red que excede el formato de los clásicos núcleos o bases de apoyo a la subversión. Líderes cocaleros, alcaldes distritales y de centros poblados subordinados a SL son parte de una gran empresa donde el poder, la sociedad y los ciudadanos importan menos que el negocio de las drogas.
Eclipse ha confirmado dos estafas. La primera, que el proyecto de SL en el Huallaga es estrictamente mercantil; y la segunda, que la reivindicación de la coca desde los valles de cultivo no tradicional y el intento de sacralizarla fue una operación mafiosa.

La política y la universidad

La mitadmasuno
La República
Sábado 19 de mayo
Juan De la Puente

Ha llamado la atención la manifestación de medio centenar de prosenderistas en la Universidad de San Marcos a favor de Abimael Guzmán. Las respuestas se han conducido por dos vías, la explicación tibia y fisiócrata del rector y las amenazas de intervención del Presidente de la República. Son estos dos hilos que no deberían perderse en el debate respecto no solo de San Marcos sino de la universidad pública.
El activismo senderista es paradójico, se registra en un extraño marco: la despolitización de la universidad y del movimiento estudiantil, proceso que ha fortalecido la anomia universitaria de las últimas décadas. En su momento, particularmente en los años 80, la búsqueda de un quehacer político democrático implicó una toma de posición contra SL y otros grupos radicales en los claustros universitarios. Ese fue, por ejemplo, el sentido del movimiento que llevó a Antonio Cornejo Polar al rectorado de San Marcos en 1985, una experiencia efímera que, no obstante su fracaso, dejó la lección: la mejor receta contra el fundamentalismo y la mediocridad universitaria, que casi siempre van de la mano, es la política democrática.
San Marcos y las universidades públicas demandan con urgencia una gran intervención del Estado para erradicar la corrupción y esa suerte de populismo académico barato que se ha hecho costra en los claustros. La mayoría son gobernadas por pequeñas mafias que han pervertido el tercio estudiantil y la autonomía universitaria. Esa mediocridad no tiene signo ideológico (vean lo que pasa en la Universidad Villarreal). El impulso de la Ley 23733 de diciembre de 1983 expiró hace años y se requiere un proyecto de segunda reforma universitaria convertida en ley. El Estado debe abandonar su actitud abstencionista sobre la universidad, que deja transitoriamente con cada video senderista para volver a la indiferencia.
La universidad pública debe elegir a los decanos y rectores en votaciones universales; reducir drásticamente el número de miembros de las asambleas universitarias, consejos de facultad y de facultades mismas; despartidarizar la gestión de gobierno; acometer seriamente el proceso de evaluación y acreditación; y romper el tabú antimercado y relacionarse con las empresas en la misma dimensión que con la sociedad. Me pregunto si en ese esquema resulta sobrando la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), la prueba más evidente de que la Ley 23733 hizo de la universidad peruana un islote poco fértil.