América, el continente del no

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La República

La mitadmasuno

7 de octubre de 2016

Juan De la Puente

Es razonable la crítica al modelo brasileño que encarnaba Lula por su falta de fuerza para promover las reformas, su alianza con la vieja política mercantilista y la ausencia de límites ante la corrupción. Desde esta visión, la caída de Dilma Rousseff es la derrota de un modelo que previamente había perdido la batalla por el cambio político.

La victoria del No en el referéndum colombiano no es la misma derrota pero es igual; es la caída en las urnas de una firme voluntad de cambio. Sin anteojeras, el acuerdo de paz no es (¿era?) solo el desarme de las FARC sino la puerta de entrada a reformas que Colombia se merece desde hace décadas y que pudo haber terminado en una Asamblea Constituyente, no del estilo ecuatoriano o venezolano sino pactada y más legítima.

Es paradójico y dramático que en esos dos países fuesen derrotados programas que no se planteaban rupturas de la democracia. Lula/Rousseff de izquierda y Santos liberal han perdido por omisión y acción, respectivamente. En ambos casos se evidencia el cierre de vías para el cambio y la explicación más común, mutuamente condicionada, remite a la potencia de los poderes conservadores muy activos y la dispersión de las fuerzas reformadoras.

¿Cómo les fue a los que impulsaron cambios rupturistas? Inicialmente bien, y de hecho los saldos sociales en Bolivia y Ecuador son apreciables (otra vez sin anteojeras), aunque se constata ahora el bloqueo de las experiencias progresistas que se decidieron por cambios políticos y económicos. Bolivia votó contra Evo Morales en el referéndum releccionista de este año, la oposición ganó en Venezuela y volverá a ganar la próxima consulta, el kichnerismo fue desalojado del poder en Argentina dejando una estela corrupta, en tanto que el futuro de los proyectos de Correa y Morales pende de un hilo a la espera de sucesores aceptados por el pueblo.

En un esquema de alternativas se tiene: 1) la falta de cambio democrático, derrotado (Brasil); 2) la voluntad de cambio democrático pactado, derrotado (Colombia); y 3) el cambio rupturista, bloqueado. Chile representa un cuarto caso, la de una experiencia que pudo realizar cambios (sistema de elección, Ley de Partidos, Ley de Fortalecimiento y Transparencia, reforma tributaria y educativa, despenalización del aborto, unión civil, y la promesa reciente de cambios pensionarios), pero que, con encuestas a la mano, no ha logrado que su clase política y especialmente el gobierno recupere la aprobación de los ciudadanos.

Las explicaciones desde la correlación de fuerzas derecha/izquierda o poderosos triunfantes versus débiles derrotados no son suficientes para explicar lo que sucede en un continente que ha pasado de la crítica a la política a constituir mayorías que se enfrentan a los gobiernos de turno sea cual fuese su signo. Desde el 2015, salvo República Dominicana, ningún partido se ha reelegido en el poder en elecciones democráticas, con el mismo candidato o con uno distinto.

Es entonces solo parcialmente cierta la idea de que el fin del ciclo progresista en la región augura el inicio de un ciclo conservador medianamente largo. La debilidad de ambas facciones de la política latinoamericana frente a los ciudadanos es contundente y de ello también dan cuenta de la precariedad del gobierno de México y el modo catastrófico en que acabó el gobierno de Martinelli en Panamá el 2014.

La región parece ingresar a un período agitado, sin confianza ciudadana a los políticos y a las instituciones, reportado por el reciente Latinobarómetro que registra por cuarto año seguido la caída del respaldo a la democracia en A. Latina y el aumento del escepticismo. Los que se alegran con el reciente resultado en Colombia deberían razonar con códigos menos predecibles. No hay péndulo ideológico en camino sino una demanda de libertad y justicia poco satisfecha en los últimos años, a pesar de un ciclo excepcional de crecimiento regional. La gente está en las calles contra la derecha y la izquierda. La lluvia está mojando a todos.

El troncho de la paz

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La República

La mitadmasuno

30 de setiembre de 2016

Juan De la Puente

Llevamos 50 años en una guerra contra las drogas que ha fracasado, incluso en EEUU, el país que embarcó al mundo en la cruzada prohibicionista. En el Perú, que siguió el manual de esta guerra, no debemos pasar de ese extremo al otro, a la paz de los “tronchos”, a la relativización del consumo de drogas pretendiendo que la legalización de una de ellas, la marihuana, resuelva problemas mayores que al mismo tiempo son de libertades individuales, de salud pública y de derechos colectivos.

Tres países claves para el narcotráfico: México, EEUU y Colombia, debaten seriamente hace 8 años qué hacer con las drogas, en tanto que el Perú, el real primer productor de cocaína, se ha cerrado a la discusión. Las recientes declaraciones del Presidente Kuczynski, más allá de su entrada hilarante al tema podrían ser el inicio de una inédita reflexión que los medios, la academia y el Estado no deberían dejar que quede en la anécdota.

El sistema creado por la Convención de Viena de 1961 prohibió o sometió a control a más de 100 sustancias y se propuso desaparecer el consumo tradicional del opio en 15 años y de la marihuana y coca en 25 años. Nuestro fracaso es emblemático. Cuando empezó la guerra contra las drogas había solo dos departamentos cocaleros. Ahora son 13; las 40 mil hectáreas de coca se distribuyen en 17 valles, incluidas 134 hectáreas en áreas naturales protegidas y se cuentan 26 zonas de sembrío de amapola con cerca de 1,000 hectáreas. Sobre el cultivo de marihuana no hay datos seguros pero sí dos cifras duras de Devida: es la droga de consumo masivo, con 8% de personas que alguna vez lo probaron (prevalencia de vida), y que uno de cada dos consumidores habituales de marihuana pasa a consumir cocaína.

Frente a la riqueza desafiante de esa reflexión, algunos liberales a los que he leído estos días parecen haberse fumado, precisamente, un “troncho”, postulando una entrada mágico- facilista al debate, trasladando la teoría de la mano invisible del mercado al consumo de las drogas, y situando la discusión solo en términos de libertades.

Un debate nacional sobre las drogas merece información sobre políticas públicas incluso en la perspectiva de la legalización como ¿Cuántas camas tiene el sistema de salud pública para el tratamiento de drogodependientes? ¿Cuántos departamentos están narcotizados debido al impacto de la producción de drogas y de consumo, y cuál sería su evolución en una etapa post legalización?

En caso se arribe a un consenso sobre la legalización de la marihuana, este no será necesariamente una fiesta. En Uruguay, en julio pasado, poco antes del inicio de la venta legal de esta droga, solo 50 de 1,200 farmacias se habían inscrito al sistema porque la mayoría tenía temor a los vendedores informales. Reseño la ironía de un farmacéutico: “No entiendo por qué no la venden en las comisarías, que están en todos los barrios, tienen seguridad y están abiertas las 24 horas”.

No deberíamos cerrar la discusión de las drogas legales e ilegales a un asunto exclusivo de libertades en un país donde la edad de inicio del consumo de alcohol (legal) y marihuana (ilegal) entre los escolares es de 13 años y donde el 2,7% de jóvenes entre los 12 y los 18 años admite haber consumido drogas ilegales. Para esta discusión también importa que según datos del Ministerio de Salud, 9 mil personas fallecen cada año en los hospitales públicos por enfermedades asociadas al tabaquismo, y que la sustancia THC, la que determina los efectos de la marihuana, se ha duplicado en 20 años y por eso se ha incrementado en el mundo en 5% el número de adictos pero en 10% el número de tratamientos de adictos.

Somos un país productor y consumidor de drogas fuertes entre ellas 350 toneladas de cocaína pura y de bajo precio. En otro debate sobre salud pública y derechos –sobre el alcohol, tabaco, transgénicos o comida chatarra– las sociedades no se detienen en lo legal o ilegal de una actividad sino en la capacidad del Estado de ponderar la libertad y el interés público.

El realismo de la reforma electoral

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La República

La mitadmasuno

23 de setiembre de 2016

Juan De la Puente

La Comisión de Constitución decidió abordar la reforma electoral separándola de la reforma política institucional, formando para el efecto un grupo de trabajo que preside la congresista Patricia Donayre, el mismo que en un plazo prudencial debería presentar un paquete de cambios.

Los temas que abordará el grupo de trabajo son los indicados (Ley de Organizaciones Políticas, Ley Orgánica de Elecciones, Código Electoral, Código Procesal Electoral) y algunos otros recurrentes y polémicos como la regulación de las encuestas y el distrito electoral de los peruanos en el exterior. Si el debate en este grupo, en la comisión y en el pleno del Congreso se situara en las cuatro grandes normas señaladas, podríamos tener como resultado una reforma integral.

Revisar en dos años dos leyes y elaborar otras dos es una tarea desafiante. La idea de que las nuevas leyes de Organizaciones Políticas y Orgánica de Elecciones, respectivamente, se encuentren en vigencia para las elecciones regionales y locales del año 2017 es sugerente para lo cual debería formarse un consenso legislativo en relación a temas complejos como la democracia interna, el voto preferencial, la alternancia de género, los distritos electorales, los partidos regionales, la cooptación de independientes, las barreras de entrada y la pérdida de la inscripción de los partidos.

Los cambios mínimos positivos que se hicieron entre los años 2014 y 2015 –Hoja de Vida, Ventanilla Única, curul vacía y cambios a la ley de revocatoria– tuvieron un impacto limitado precisamente por la falta de un cambio general, de manera que la única reforma exitosa será la que aborde los temas de fondo. El minimalismo se acabó con la cuestionada Ley Nº 30414, de contrarreforma electoral.

Visto lo sucedido en el pasado reciente, ya no existe espacio para la legitimidad de cambios mínimos. La crisis de los grupos políticos y de los sistemas de elección impacta con más fuerza en la vigencia de los elegidos como se aprecia en los grupos nuevos y antiguos, al punto que ninguna bancada parlamentaria o grupo regional se escapa de problemas internos agudos. Siendo realistas, ya no es posible separar la formación de la representación del ejercicio de la representación.

También forma parte de ese realismo concluir que, a pesar de las urgencias, en el Congreso no se aprecian condiciones para un cambio de la magnitud requerida y que, al revés, existe allí un consenso irreductible por mantener las reglas actuales y en cambio avanzar solo en la mejora del procedimiento administrativo electoral.

Esta brecha entre demanda de cambio amplio versus oferta poco ambiciosa debería ser analizada para que las partes no se engañen. Previamente habría que poner a “las partes” en blanco y negro: los administrados del sistema electoral, que son los partidos, especialmente sus dirigentes, y los políticos elegidos no están interesados en una reforma de gran calado, en tanto que los organismos electorales, es decir los administradores, están en la orilla opuesta. Al medio, dispersos, se encuentran los medios y la academia, y en algunos partidos facciones de militantes que aspiran a democratizar sus grupos políticos.

Este realismo dramático de dos constantes enconadas –la crisis y la resistencia al cambio– condiciona el debate iniciado al punto que la otra parte de la reforma, la de las instituciones políticas y de la Constitución, parece tener más posibilidades. De qué magnitud será esta brecha que ahora existen más probabilidades de restaurar el bicameralismo que eliminar el voto preferencial.

Queda un enorme espacio, el de la opinión pública y la afirmación de las corrientes que recurran a los ciudadanos en una u otra perspectiva, incluyendo una opción tercerista que pugne por innovaciones herejes. Se abre al mismo tiempo un nuevo momento que inaugura la Asociación Civil Transparencia, que ha iniciado el recojo de firmas para que el Congreso debata sus propuestas de reforma, una dinámica que ahora tiene un pie en el Parlamento y otra en la sociedad.

Moderados arriba, impaciantes abajo

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La República

La mitadmasuno

16 de setiembre de 2016

Juan De la Puente

Parecemos felices en este reino de la moderación en la que se ha convertido la política peruana. Se moderan los poderes, los políticos y la academia. Se moderan los ya moderados, los inmoderados y los que prometieron no moderarse nunca. Preocupa ese esfuerzo por no chocar mucho con el otro porque en democracia no se pide unanimidad sino identidad, debate, pugna y, claro, acuerdo, la conocida dinámica de la fuerza de la sociedad política vs. el consenso de la sociedad civil, a decir de Gramsci.

La moderación es una de las caras de lo público y se refleja en la luna de miel a la que tiene derecho todo gobierno en su primer tramo. De hecho, el Congreso hizo bien en otorgarle las facultades al gabinete Zavala y asumir la idea de que lo que se tendrá en adelante es un consenso a palos que tiene dos componentes, la cooperación y la oposición.

Lo que está en blanco es la otra cara de la moneda, la representación. Más allá de las formas democráticas señaladas existe un bullicioso silencio, es decir, un esfuerzo por evitar lo más importante dentro de la agenda de lo importante. La moderación trasluce quizás la falta de proyectos como si luego de las elecciones se hubiese decretado colectivamente la coagulación de los programas.

Es un fenómeno curioso porque el país no se ha moderado. En este punto no habría que confundir el optimismo con la paciencia. Las dos encuestas recientes –Ipsos y GfK–, que han indagado las expectativas ciudadanas, reportan una aplastante convicción de que se le facilite al gobierno las herramientas para que sea eficaz, y que por ello el Congreso debe aprobar la delegación de facultades. No parece ser una adhesión al gobierno sino a una solución rápida de los tres grandes problemas de la agenda: seguridad, corrupción y eficacia del Estado.

La brecha entre la moderación arriba y la impaciencia de abajo ya se expresa en la reactivación de los conflictos existentes antes del cambio de gobierno, como el de las comunidades nativas de los ríos Marañón y Tigre (Loreto), de Las Bambas (Apurímac), Ocuviri y Lalli (Puno) La Convención, Anta y Urubamba (Cusco), entre otros.

El gobierno ha abierto en cada caso líneas de diálogo, pero es preciso que sea consciente de que el país ingresa a un ciclo de demandas abiertas. El golpe no avisa y habría que recordar el registro de esta brecha moderación/impaciencia. Las protestas en Puno por el trazo de la Carretera Transoceánica (agosto 2001), y los sucesos conocidos como el Arequipazo (junio 2002), Combayo (agosto 2006), Río Corrientes (setiembre 2006), Conga (octubre 2011) y Espinar (mayo 2012), estallaron en los tramos iniciales de los gobiernos de Toledo, García y Humala precisamente cuando todos eran casi hermanos creyendo con ilusión que se había cerrado en las alturas el círculo de la gobernabilidad entendida en ese contexto como estabilidad.

Actualmente, por lo menos dos regiones, Puno y Cusco, son laboratorios de gobernabilidad. El primero puede explotar si las demandas se agregan a partir del conflicto por la represa de Paltiture y otros reclamos ambientales, de obras y de demarcación. El Cusco también puede estallar por razones similares; se encuentra atravesado por conflictos en casi todas sus provincias y a esto se agrega una escasa intermediación de sus líderes y autoridades. Un dato adicional, la política cusqueña actual se parece a la de Puno: ha extraviado su proyecto de desarrollo, es impactada por actores informales y la lucha por la representación carece de límites y se resuelve arbitrariamente o en los juzgados penales.

Habría que preguntarse sobre el momento en que los poderes se abrirán hacia abajo pensando en la gobernabilidad. Las reuniones del Ejecutivo con las regiones y con las mesas de lucha contra la pobreza son útiles para la elaboración de agenda y simbólicas frente a la tradición del olvido. Sin embargo, la representación de la impaciencia aún no ha sido llamada a la mesa.

No toquen mi curul

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La República

La mitadmasuno

9 de setiembre 2016

Juan De la Puente

Algunos análisis centran nuestro equilibrio de poderes en la distancia entre el Congreso y el Gobierno fijando un código que indica que a más distancia entre ambos habrá más inestabilidad. Esta semana, sin embargo, irrumpió una variable que influirá decisivamente en el juego de fuerzas: la distancia entre los congresistas y sus bancadas y partidos, y la de los congresistas entre sí.

Repitiendo lo que sucede desde el 2001, el Congreso no se emplazará exclusivamente desde su relación con el Ejecutivo sino también desde su drama íntimo. Por ahora, dos bancadas que pertenecen a grupos políticos nuevos, Frente Amplio y Peruanos por el Kambio, estrenan divergencias donde la sangre ha llegado al río; otra bancada, el APRA, no exhibe sus diferencias pero ha sido impactada por la extensión de choques externos; y una cuarta, Acción Popular, está unida en el Parlamento pero atraviesa fuera del Congreso una dura discusión sobre la legalidad de sus dirigentes partidarios.

Este fenómeno no obedece a razones exclusivamente parlamentarias. Los casos del Frente Amplio y el Apra tienen relación directa con la construcción del futuro, en tanto que lo que ocurre con la bancada del gobierno y AP son problemas propios de la comprensión del presente. Aun así, la primera expresión de estos problemas es la tensión entre el parlamentario y el partido.

En las nuevas bancadas se advierte la falta de dos de los incentivos para la unidad, la identidad política –muy poderosa en el fujimorismo y el Apra– y la reelección. En cambio asoman otros argumentos que en teoría no deberían colisionar con la lógica partidaria: la defensa del carácter individual de la representación y el voto preferencial.

Si no se acometen reformas electorales y de funcionamiento interno, el sino de este Congreso será la fragmentación. Lo que debilitó a los tres parlamentos elegidos desde el 2001 fue más su dispersión interna que su relación con los gobiernos (aunque en este último punto habría que anotar la crítica social a su seguidismo en materia económica).

En el Parlamento elegido el 2001 renunciaron a sus bancadas 36 de los 120 elegidos, y las 5 bancadas originales terminaron en 8; en el Congreso del 2006 se fueron 27 de los 120 elegidos aumentando las bancadas de 5 a 8; y en el Parlamento elegido el 2011 se fueron 39 de los 130 elegidos, incrementándose las bancadas de 5 a 9, aunque en este caso hubo dos disidencias en bloque, en los años 2012 y 2014 (Frente Amplio y Dignidad y Democracia, respectivamente).

En el actual Congreso, la tendencia al juego individualista se condiciona con una mayor debilidad de las bancadas y es hasta cierto punto entendible en un Parlamento en el que por lo menos 80 de sus 130 miembros no pertenecían un año antes de las elecciones a los partidos por los que fueron elegidos.

Se equivocan quienes creen que esta tendencia no daña al Congreso. De los 200 proyectos de ley presentados a la fecha (en 28 días de trabajo efectivo parlamentario, a razón de 7 proyectos por día), pocos pueden ser considerados “de bancada”. Llevan la certificación de los voceros por una formalidad reglamentaria pero reflejan una visión personal de la actividad legislativa y acaso local, pero carecen de visión general. Estas iniciativas están dominadas por los títulos “declárase de necesidad pública”, el nombramiento de personal del Estado y los parches en los códigos o leyes generales.

Los efectos del juego individual están a la vista; varias comisiones ya fueron atoradas por proyectos cazados al desgaire y que no figuraban en los planes de gobierno. La Comisión de Economía tiene en agenda 39 proyectos, Descentralización 27, Constitución 24, Justicia 24 y Presupuesto 20. Con este desorden en marcha, olvidémonos de las reformas institucionales y el juego virtuoso de las agendas país en debate de cara a los ciudadanos. Contra los anuncios de reubicar al Congreso como un poder controlador y eficiente tendremos un Legislativo individualista. Quizás bullicioso pero minimalista.

Moreno y el gastrotráfico, dos historias sin buenos

Por Juan De la Puente

El escándalo del #negociazo es una crisis en progreso que no puede ser cerrada. Quizás no deba ser cerrada hasta entender su naturaleza. En medio de la cascada de información que fluye la indignación funciona como antes, como una catarsis que sirve para no hacer nada al final. Lo más cómodo ahora es reducir el #negociazo a la historia de un hombre malo que le quita al Estado la plata para los pobres.

Foto: Cuarto Poder

Es preciso diagnosticar el escándalo para no quedarnos en él. Hasta ahora se ha hablado del Estado, de su debilidad y fracaso pero lo que tenemos enfrente es algo más profundo, de lo que el ex asesor Carlos Moreno es apenas una repulsiva circunstancia. Moreno es una mina. Aquí cuatro tips sobre el caso:

1.- Hablemos de dos crisis en una, o de dos historias en una: 1) La crisis del modelo de tercerización de servicios por prestadores privados, sin rectoría del MINSA, y su componente más importante: la ampliación de afiliados al SIS y a EsSalud sin incremento de oferta y de calidad; y 2) La crisis de un modelo de reclutamiento de altos funcionarios del Estado y su principal componente: la ausencia de partidos que se hagan cargo del gobierno que han ganado legítimamente en las urnas. En este caso, la corrupción es una, solo que está repartida en dos almas, la pública y la privada.

2.- No me digan que aquí solo hay responsabilidad en el Estado. Aquí hubo una implosión mercantilista.  Los diálogos de Moreno reflejan la facilidad con la que ciertos privados esquilman al Estado a través de una privatización forzosa y caníbal de las prestaciones. La promesa neoliberal de la Constitución de 1993 (artículo 58°) decía que “el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura” no se ha cumplido, por lo menos por dos razones.

La primera, que el Estado no ha podido enfrentar exitosamente las tarea del financiamiento y de la calidad de las prestaciones, a pesar de mejoras significativas en los indicadores de salud y de aseguramiento. No se puede decir lo mismo del esfuerzo presupuestario; desde el año 2006 cuando el presupuesto de Salud era el 4,4% del PBI pasó el 2014 a 5,5% del PBI pero cayó sin mayores  explicaciones al 2,2% del PBI este año.

No me opongo per se a la tercerización de los servicios complementarios u otros necesarios como la diálisis y operaciones urgentes -ni a las APP, necesarias en el sector- sino a que este proceso se realiza desordenado – ya veces provocado mafiosamente- y sin regulación. La idea de que todo lo privado es mejor por ser privado –ya desmentida en el ámbito educativo- en Salud tiene signos: los privados tampoco tienen nueva oferta de infraestructura y existe escasez de profesionales, porque ahí también hay sueldos de hambre. Los buenos proveedores de servicios y de insumos también son perjudicados; solo el Hospital 2 de Mayo debe entre 15 a S/ 17 millones a los privados.

La segunda razón es el abandono del Estado de sus obligaciones respecto a la salud, incumpliendo la promesa de la Carta de 1993. El MINSA ejerce una débil rectoría en un sistema de múltiples prestaciones directas (17 millones en el SIS, más de 11 millones en EsSalud, 2 millones con seguros privados, decenas de miles en la sanidad policial y militar y prestaciones municipales y religiosas en expansión) en un mercado concentrado (seguros, clínicas y farmacias) y otros mercados en guerra abierta más de dos décadas, el de medicamentos.

No hablemos del abandono del Estado a EsSalud que es para otra nota, pero un dato más: la Superintendencia de Salud, SuSalud es débil y mira a otro lado -¿la han escuchado estos días?- al punto que hasta agosto su responsable fue antes funcionaria de una de las clínicas privadas con más denuncias en su haber.

3.- El gobierno, la segunda historia. El Ejecutivo es el que sufre más con esta historia. A pesar de que el escándalo tiene seis días el Gobierno aún no tiene una narrativa única del caso. Se advierte al premier Fernando Zavala zanjando con la corrupción y a PPK más contemporizador. Eso pasará factura.

Se ha dicho que el Gobierno se demoró mucho en reaccionar pero creo que lo hizo más rápido que cuando explotaron otros escándalos en los gobierno de Toledo, García y Humala. El cargo más grande al Ejecutivo es otro, es cómo llegó Moreno a ese puesto.

Ese cargo tiene cola y cara, y nos remite al formato de reclutamiento de funcionarios en un régimen post colapso del sistema de partidos. No deberíamos escandalizarnos tanto porque en un sistema sin partidos, con una política ultra personalizada, los congresistas y funcionarios tienen el mismo origen: las redes clientelares, las amistades, la familia, la posesión de dinero y/o contactos, más que las formaciones partidarias.

Si este no fuera un drama de la política me reiría mucho de los periodistas y analistas incoherentes que se han pasado 20 años cuestionando a los gobiernos por poner en los altos cargos públicos a los militantes del partido que ganaron las elecciones, predicando en cambio el tecno-gobierno de los independientes. ¿Quieres independientes en el poder? Ahí lo tienes.

No niego el valor de la tecnocracia en el Perú. A pesar de sus limitaciones políticas (Carlos Vergara dice que no estamos gobernados sino administrados) han cumplido un papel destacado y en muchos casos supliendo la falta de solvencia técnica de los gobernantes. Sin embargo, hemos llegado a un punto de extremada debilidad de los grupos políticos cuya expresión máxima es el actual partido de Gobierno. La pregunta cómo llegó Moreno ahí es también cómo llegó Joaquín Ramírez ahí, o los ministros humalistas despedidos por escándalos.

Sobre el punto he escuchado sugerencias como realizar exámenes para los cargos de confianza. Eso me huele a la Hoja de Vida de los candidatos al Congreso y a las alcaldías. Solo hay un remedio: los técnicos a los cargos técnicos y los políticos a los cargos políticos y para ello necesitamos aparatos políticos eficaces también en el reclutamiento porque no deja de ser patológico que los presidentes nombren a sus médicos como ministros de Salud (o asesores) o vicepresidentes a sus abogados. ¿Les suena algo las palabras reforma política, pero ahora?

4.- El Congreso. Qué investigar. El mejor favor que le haría el Parlamento a Moreno es investigarlo a él y a su red, y no tocar nada más. Esa película ya la vimos con los casos Orellana, Ancash y López Meneses. Es la investigación ultrapunitiva que copia al Poder Judicial y a la fiscalía y desperdicia los poderosos instrumentos legislativos y de control del Congreso. Me apresto a ver una investigación de minucia: la fecha de los actos, la hora, el quién te dijo y el cómo fue.

Es cierto que el diablo está en los detalles, pero también es cierto que al diablo no le interesa resolver los problemas de fondo. Sabida la primera pregunta de cómo llegó Moreno, la segunda es clave: ¿Quién y por qué lo grabaron?

Más preguntas impertinentes: ¿Se meterá el Congreso con la concentración del sector salud, las prestaciones truchas, la falta de rectoría y de regulación? ¿Mirará exclusivamente el delito o mirará la salud de los peruanos? De lo primero ya tuvimos, como cuando por la presión de las tabacaleras el Presidente de la Comisión de Salud del anterior Congreso se desapareció una semana para no sustentar ante la Comisión Permanente un proyecto de ley. Espero que ahora sea diferente.

Reducción no consensuada del sueldo ya es jurisprudencia

Por Juan De la Puente

El juez supremo Javier Arévalo  ha dicho que la sentencia que re-crea la figura de la reducción no consensuada de salario no constituye precedente vinculante ni doctrina jurisprudencial que debe ser seguida por los demás jueces de la República.

1.- Este aseveración es inexacta en lo que corresponde al concepto “doctrina jurisprudencial” porque si bien es cierto que dicha sentencia no es vinculante de

acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial (Artículo 22.- Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia de la República ordenan la publicación trimestral en el Diario de las Ejecutorias que fijan principios jurisprudenciales que han de ser de obligatorio cumplimiento, en todas las instancias judiciales. Estos principios deben ser invocados por los Magistrados de todas las instancias judiciales, cualquiera que sea su especialidad, como precedente de obligatorio cumplimiento …), no deja de ser un precedente, sienta precedente y por lo tanto no deja de ser jurisprudencia.

2.-  Para recordar, la jurisprudencia de la Corte no se agota en el precedente vinculante. Nuestra jurisprudencia ha sido sistematizada por la Corte Suprema e incluye por lo menos: i) la llamada jurisprudencia uniforme (jurisprudencia “llana”); ii) las ejecutorias vinculantes; iii) las resoluciones relevantes; y iv) los acuerdos plenarios.

3.- Se agrega a esto el valor doctrinario jurisprudencial de la casación. El Dr. Arévalo reproduce la clásica idea de que la jurisprudencia que no es vinculante no es precedente porque en el fondo no es jurisprudencia. Olvida el sentido de una sentencia de casación como fuente de verdad y derecho. Es preciso recordar lo que señala que el artículo 384° del Código Procesal Civil cuando dice: “El recurso de casación tiene por fines la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia” (el subrayado es mío). Que no se pretenda entonces que la sentencia que de reducción unilateral de salario no es un precedente grave.  Como decía mi antiguo y querido profesor Aníbal Torres: recuerden, stare decises et quieta moveré, no te metas con lo que está decidido, quieto.

4.- La casación no es cualquier procedimiento en el derecho peruano. Debe saberse que es: i) un recurso extraordinario; ii) está en la potestad del más alto nivel de nuestro sistema judicial; iii) tiene como objetico controlar los errores de derecho; y iv) la resolución que fluye de ella implica también una valoración del fondo de la controversia.

5.- La re-creación de la figura de la reducción unilateral del salario -en una dimensión distinta a la señalada por el TC- es un misil contra los derechos laborales y como está planteado en el argumento merece un debate sobre su constitucionalidad. Ello no evita que un juez recurra a la figura creada para fallar en otros casos concretos sin esperar a un acuerdo de sala plena o para forzar a ella, basado en esta casación que señala dos condiciones para la reducción de sueldo no consensuado: i) que sea una medida excepcional: y ii) que sea razonable respecto del monto reducido. Esta figura desborda lo que en su momento señalo el TC cuando consideró que la reducción no consensuada procede si existe una causa objetiva  o legal (Exp. N° 0020-2012-PI/TC), es decir, cumplimiento de objetivos financieros y reorganización de personal. La Corte Suprema crea en el fondo una figura nueva señalando que procede si el monto es poco, legalizando la "mochada" del sueldo.

Una nueva UIF sin cambiar la Constitución. Hay antecedentes.

Por Juan De la Puente

El Congreso y el Gobierno están en la obligación de resolver legalmente el pedido de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para que se amplíen sus funciones en dos potestades: 1) acceder al secreto bancario y la reserva tributaria de las personas cuya información financiera analiza; y 2) compartir esa información con la JNE y la ONPE. Algunas reflexiones desde el derecho constitucional.

1.- La oposición a que el Congreso conceda facultades al gobierno en la materia aduce que este acceso violaría la disposición constitucional establecida en el artículo 2° Inciso 5) que reza: “El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del Juez, del Fiscal de la Nación, o de una comisión investigadora del Congreso con arreglo a ley y siempre que se refieran al caso investigado”.

2.- Se señala que para darle más poder a la UIF se requiere modificar la Constitución. Sin embargo, no encuentro razones constitucionales para que no se amplíe las facultades de la UIF tal como está pedidas. En cambio, realizar una reforma constitucional perforando cláusulas del bloque de constitucionalidad sería riesgoso porque se sentaría un precedente innecesario. Sí se podría aprobar una norma que opere en similar sentido a las MIT (Medidas de Intervención Telefónica) dispuestas por la Ley N° Ley 27697 del año 2002 (Gobierno de Toledo), denominada Ley que otorga facultad al Fiscal para la intervención y control de comunicaciones y documentos privados en caso excepcional, y que fue reformada precisamente por el Decreto Legislativo N° 991 del año 2007 (Gobierno de García) merced a facultades delegadas. Estas normas regulan las limitaciones del derecho al secreto de las comunicaciones, un derecho conexo al de la intimidad personal y según algunos tratadistas parte del mismo.

3.- En esta norma hay dos figuras claves: 1) el juez que autoriza las MIT; y el fiscal que lo solicita, llamado “fiscal recolector”. Por lo que he podido saber, en el caso de la UIF lo que se propone no es eliminar la figura del juez que autoriza sino la del “fiscal recolector”, que a su vez tramita las solicitudes de otros fiscales y de los procuradores. Este procedimiento opera para la investigación de 14 delitos, incluido el lavado de activos (los otros son secuestro, trata de personas, pornografía infantil, robo agravado, extorsión, tráfico ilícito de drogas, tráfico ilícito de migrantes, asociación ilícita para delinquir, delitos contra la humanidad, atentados contra la seguridad nacional y traición a la patria, peculado, corrupción de funcionarios, terrorismo, y delitos tributarios y aduaneros).

4.- En el caso de la UIF sería perfectamente constitucional que el procedimiento opere así: 1) el oficial recolector de la UIF lo solicita; y 2) el juez lo autoriza. El artículo 2° inciso 5) no menciona al fiscal sino al juez. ¿Por qué el fiscal? Porque las intervenciones telefónicas se realizan en el marco de la indagación de un delito. En el caso de la UIF nadie podría negar que si bien por mandato de su ley de creación (Ley Nº 27693) no investiga, si está autorizada a analizar la información, solicitar la ampliación de información y trasladar a la fiscalía sus hallazgos.

5.- Si la pregunta es ¿Se puede levantar el secreto bancario y la reserva tributaria en un caso administrativo que no constituye investigación? la respuesta es sí. Si hay otra pregunta, esta sería: ¿Por qué no funciona la relación UIF-fiscalía en este caso? Porque esta última se demora en procesar la información existente y porque en esa parte no ha funcionado la Ley contra el lavado de activos, Decreto Legislativo N° 1106, dictado igualmente por delegación de facultades. Esta ley no obstante avanzó sin mucha queja en lo  que ahora se pretende con más profundidad, cuando al modificar las funciones de la UIF dice: "La UIF-Perú tiene las siguientes funciones y facultades: Artículo 3.- Funciones y facultades de la UIF-Perú: 1. Solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que estime útil para el cumplimiento de sus funciones, a cualquier organismo público del Gobierno Nacional, a los Gobiernos Regionales y locales, instituciones y empresas pertenecientes a éstos, y en general a toda institución o empresa del Estado sin excepción ni reserva alguna, y a todas las personas naturales a jurídicas privadas, quienes están obligados a proporcionar la información requerida bajo responsabilidad. Dicha información debe ser de acceso y manejo exclusivo del Director Ejecutivo de la UIF, para lo establecer un procedimiento especial que resguarde dicha información. En los casos que la UIF-Perú considere necesario, podrá solicitar acceso a base de datos, información será proporcionada a través de enlace electrónico. No puede oponerse a la UIF-Perú reserva alguna en materia de acceso a la información, bajo responsabilidad”.

6.- No se entiende la negativa a conceder las facultades en este punto, y parecer ser que el problema es otro: que la UIF comparta esta información con el JNE y la ONPE. Allí podría existir el riesgo de una potencial violación de la intimidad, ahora remachada con la Ley de Protección de Datos Personales, aunque creo que ya la Hoja de Vida obliga a los candidatos a exponer parte de su intimidad en favor del interés público. Una medida que ayudaría a evitar la violación de algún derecho sería que la UIF ponga los hallazgos al mismo tiempo en manos de la fiscalía de lavado activos que en un plazo rápido abra investigación considerando al JNE y la ONPE como terceros interesados. De otro modo, ambos organismos electorales no podrían cumplir su función y evitar el dinero sucio en la política.

A propósito del último plagio; la ley, el patito feo del Congreso. .

Por Juan De la Puente

El hallazgo de cinco proyectos de ley presentados por el congresista del Apra Elías Rodríguez que contenía argumentos plagiados no es una anécdota parlamentaria. La primera impresión ha sido culpar al congresista y este descargar la responsabilidad en un asesor. Se enreda el caso porque Elías reveló que no leyó los proyectos y que solo los firmó.

Foto Diario Correo

Si el problema se reduce a un congresista desprevenido y un asesor copión, la solución sería fácil: mejores asesores y congresistas que hagan las cosas por si mismos, porque proponer leyes es finalmente una de las razones fundamentales por las que fueron elegidos. Me temo que el  asunto es más complejo. El plagio no es una causa sino la consecuencia, y quizás debería aprovecharse este caso para realizar algunos cambios en el proceso parlamentario, reclamados hace tiempo. Aquí algunas reflexiones:

1.- El “tiempo social” de los congresistas no es "tiempo político". Que los parlamentarios, en un alto número, no elaboren sus proyectos de ley es preocupante. Ello indica que los “legisladores” –nótese en la palabra- no pueden o no tienen tiempo para hacerlo de modo que convierten a los asesores en cuasi legisladores. Esto obedece a una deformación del proceso parlamentario que se avoca los últimos años a otras labores que no dejan de ser importantes: 1) representación y gestión ante los poderes; 2) control y fiscalización; 3) vocería política nacional y regional; y 4) relacionamiento público. De estas funciones, la última ha cambiado los despachos parlamentarios al convertirlos en oficinas de actividades socio-culturales como el recojo de ropa, compra de sillas de ruedas, acopio de medicinas, colecta para colegios, padrinazgo de promociones, organización de fiestas costumbristas, premiación de personas, entre otros. Los congresistas creen que eso rinde votos. No es cierto pero cada período nuevos legisladores insisten en ello. Una mirada de los informativos parlamentarios y fotografías en redes sociales, y a la web del Congreso indican que el “tiempo social” del congresista es intenso.

2.- El patito feo del Congreso: la formación de leyes propiamente dicho. Los legisladores llevan más de una década subestimando la calidad de la iniciativa legislativa y el trabajo en las comisiones y el pleno. La mayoría tiene un mal desempeño en comisiones, pertenecen a varias sin darse a basto y el Congreso se ha negado sistemáticamente a reformar su Reglamento para reorientar el tiempo del congresista y reordenar las prioridades. Un reporte de La Asociación Civil Transparencia detectó que en el período 20014-2015 solo 39 de 130 congresistas habían asistido al 70% de reuniones del pleno del Congreso (aquí) y que la tasa se inasistencias a las comisiones es mucho mayor. El estudio fue cuestionado por algunos legisladores pero es básicamente ajustado a la realidad.

3.- El puntualismo legislativo. El parto de una ley en el Congreso es doloroso y la calidad ha decaído. Lo primero no es malo pero lo segundo sí. Si revisamos la evidencia empírica se encontrará que se privilegia la proposición de leyes puntuales, las que obligan al menor esfuerzo, y se evitan las miradas integrales. Los que ha sufrido con esa epidemia son el Código Penal y el Código Tributario. Según la organización Gaceta Jurídica, el año 2014 el Congreso sólo expidió 112 leyes pero casi todas de cambios puntuales dejando en la agenda dictámenes sobre normas básicas y temas fundamentales. Si se mira en el tiempo el problema del puntualismo legislativo es grave. Según la misma fuente, desde su promulgación el Código Penal -que tiene solo 452 artículos- se ha modificado casi 600 veces y que el Código Tributario más de 1,000 veces. Buena parte de estos cambios provienen del Congreso.

4.- Parto con hemorragia. La hemorragia de proyecto es constante. Desde el 28 de julio se han propuesto 242 proyectos de ley, a razón de 1.8 leyes por cada legislador. Esto solo ha empezado. Entre los años 2011-2016 los parlamentarios propusieron 4,655 proyectos de ley a razón de 35 leyes por cada uno, de las cuales no se aprobaron alrededor del 10%. No se llegará a las 13,653 leyes del período 2001-2006 pero sigue siendo una cifra inmanejable (en el periodo 2006-2011  propusieron 3,716 proyectos). Con estos datos a la mano,  es obvio que las comisiones se congestionan porque deben de dictaminar 40 leyes promedio en cada legislatura, además de realizar sus otras actividades de control e inclusive de investigación.

5.- Yo legislo, el partido no. El Perú es uno de los pocos países donde se legisla individualmente. El procedimiento de iniciativa legislativa nace mucho más de los despachos de los legisladores mientras que las bancadas solo se involucran en el debate del pleno, en un sistema de toma y daca al interior de cada grupo parlamentario. Este proceso ha debilitado el trabajo de las comisiones que en casi todos los casos opera como un segundo despacho de su presidente, a excepción del secretario técnico. El via crucis de los dictámenes que duermen, son despertados para luego volver a dormir, que van al pleno y son devueltos a pedido de un nuevo presidente de comisión, parece una pesadilla surrealista. Un ejemplo fue el proyecto de ley contra el maltrato infantil y de los adolescentes: desde que el 27 de marzo del año 2012, el Ejecutivo presentara el Proyecto de Ley N° 00994 el Congreso se demoró más de tres años en aprobar la ley porque una de las comisiones dictaminadoras, la de la Mujer y Familia, no dictaminó a tiempo.

6.- Reformas ya. Me parece bien la idea de un scaner antiplagio en el Congreso. Además, a inicios de un nuevo período legislativo podrían adoptarse algunos cambios:

a) desincentivar la presentación de proyectos de ley individuales y empoderar a las bancadas. Ahora se tienen pocos requisitos para las iniciativas, como que no impliquen aumento de gasto público, salvo en lo que se refiere a su presupuesto (Art. 79° de la Constitución); que solo se puede presentar proyectos de ley de carácter especial porque así lo exige la naturaleza de las cosas y no por la razón de la diferencia de las personas (Art. 103° de la Constitución); que se necesita de la firma del vocero de la bancada,  de la mayoría de sus miembros en el caso del grupo parlamentario conformado por seis 6 congresistas, o de no menos de seis 6 congresistas en el caso de los grupos parlamentarios conformados por un número de integrantes superior a seis 6 parlamentarios (Art. 76° del Reglamento); y que estén alineadas con una agenda parlamentaria, decorativa. Entre las medidas de reforma podrían encontrarse: i) un límite proyectos por comisión en cada legislatura (en este momento la Comisión de Economía tiene 49 proyectos y Descentralización 47); ii) que las leyes orgánicas y códigos solo se modifiquen con proyectos debatidos con acta de bancada; iii) que cada legislador tenga una cuota de proyectos; y iv) eliminar las leyes con la formula populista “declárese de necesidad pública o de interés público” para que esa prioridad sea reemplazada por otra modalidad Ejecutivo-Legislativo. Algunos van a clamar al cielo señalando que eso sería limitar las prerrogativas del legislador. Si, de eso se trata, como ahora lo hace la Constitución y el Reglamento del Congreso.

b) Es preciso reordenar el trabajo de las bancadas y de las comisiones para aligerar la carga del congresista y mejorar su relación política com la sociedad y su representación. El congresista Rodríguez no leyó los proyectos de ley plagiados probablemente porque no tenía tiempo y priorizó otras tareas. Esos cambios podrían doler al actual estatus parlamentario pero son necesarios: i) prohibir las actividades que no son de exclusiva representación: no más “tiempo social” perdido en recojo de ropa, sillas de ruedas y medicinas; colectas para colegios, padrinazgo de promociones, fiestas costumbristas, premiación de personas, etc. (no se imaginan las colas que se hacen en las oficinas parlamentarias para ese tipo de pedidos); ii) reducir el número de comisiones (propuesta de Transparencia); reducir el número de comisiones en las que participa un parlamentario, otra propuesta de Transparencia (se han reducido respecto del anterior período, ahora 62 legisladores pertenecen a 3 comisiones pero aún se tiene a 25 que pertenecen a 4 o más comisiones; iii) y que los asesores no sean asignados a los parlamentarios sino a las comisiones y bancadas. Que no se diga ¡horror un parlamentario sin asesor! Porque no sería ni nuevo ni el único caso en el mundo.

7.- Los asesores y el Congreso. Me parece fácil reducir el caso Rodríguez y el plagio a un asunto de ética. Hay de eso pero el problema de fondo es el puntualismo y la hemorragia individualista de iniciativas que están matando al Congreso. No es casual que los dos últimos escándalos en el Congreso giren alrededor de proyectos de ley, en los casos Vilcatoma y Rodríguez. Conozco asesores de lujo en el Congreso, como Carlos Chipoco, Jorge Morelli, Jorge Adrianzén Siancas, Milagros Campos, y Eduardo Gonzáles, entre otros, a tal grado que el genial Heduardo ha dicho que mejor hagamos dos cámaras, una de congresistas y otra de asesores. Ese recurso humano de calidad debe ser explotado en beneficio del país.

Vilcatoma, toma, toma. Lo que mal empieza...

Por Juan De la Puente

Comparto cinco tips sobre el caso Vilcatoma, el fujimorismo, la lucha anticorrupción y los medios.

1.- Lo que mal empieza mal acaba. La renuncia de Yeni Vilcatoma a Fuerza Popular es un punto de llegada del fujimorismo. Refleja los límites de la estrategia de formación de una fuerza política prescindiendo de cualquier institucionalidad y basada en cambio  en la cooptación de líderes arriba y abajo, sin identidades o vínculos partidarios (y ahora se aprecia sin lealtades) y que se auto-representan. Si nos atenemos a la clasificación de Mauricio Zavaleta, la renuncia de Vilcatoma impacta el modelo de coalición de independientes relativamente institucionalizada por la que se decantó Fuerza Popular, prescindiendo exprofesamente de casi todos los antiguos cuadros fujimoristas y empoderando a otros por razones menos orgánicas y más externas. Con esta renuncia se diluyen también los últimos ecos del aggiornamento emprendido por Keiko Fujimori.

2.- Fuerza Popular no es una bancada cohesionada. El fujimorismo sufre un traspié víctima de sus propios esquemas. Pretendió construir una representación política post fujimorista relativizando la militancia creyendo que más importante era la pertenencia. Aún recuerdo a algunos politólogos  asegurar que Fuerza Popular era un gran aparato partidario y por lo mismo una bancada muy organizada. Seguirá siendo junto al Apra la más cohesionada del Congreso pero ahora se hace evidente que los incentivos para la unidad no son tan macizos como para sobreponerse decisivamente a otras constantes: 1) a los poderes fácticos que han penetrado algunas agendas individuales (véase el proyecto de debilitar la consulta previa, por ejemplo); 2) a las agendas locales/regionales que no han desaparecido de la acción política de por lo menos una treintena de legisladores con vínculos propios en sus lugares de origen; y 3) a la falta de cohesión programática que se hizo visible en las primeras semanas del Congreso y que proyecta la imagen de la evaporación del proyecto político presentado en las elecciones de este año.

3.- Existe un problema estructural en la representación parlamentaria. Se aprecia esto ahora como un problema más acusado en Fuerza Popular pero común a todos los grupos parlamentarios. No puede haber institucionalidad arriba (en el Congreso) si tampoco existe abajo. De hecho, en gran parte del país se han desactivado los comités y grupos movilizados durante la campaña. Algunos análisis podrían señalar que este resultado es normal si se recuerda que los partidos peruanos son vehículos electorales convertibles a los que luego de las elecciones se les vuelve a subir el capote. Sin embargo, eso no puede suceder sin consecuencias con el grupo que obtuvo el 50% de votos en la segunda vuelta electoral y el 40% en la primera,  aun más en el contexto de una sociedad movilizada o re-movilizada, con fuerte vocación de autonomía. La pregunta que surge es si será suficiente para un partido –de derecha o izquierda- practicar sólo una política parlamentaria y prescindir de cualquier dinámica extraparlamentaria.

4.- Vilcatoma no es la expresión de una nueva política superior. Vilcatoma parece ser la única que gana en este lance porque proyecta una imagen más nítida de su compromiso contra la corrupción. Eso salta a la vista desde un punto de apreciación básico y desprevenido, especialmente si se analiza los movimientos de las personas y no sus dinámicas. Vilcatoma es al mismo tiempo la más acabada expresión de la anti política en un grupo anti político, y en términos ontológicos es más fujimorista que el grupo que acaba de dejar. Es probable que esto no lo entiendan los Vilcalovers, pero no puede ser adoptada como un ejemplo de la nueva política ética quien intentó postular por el Frente Amplio, luego por PPK y finalmente lo hizo por el fujimorismo, cubriendo las crítica al pasado fujimorista con el expediente de “no me  consta”. Si alguien relativiza este comportamiento solo porque ahora Fuerza Popular se perjudica con esta novela, tendrá que recordar esto más adelante.

5.- La prensa construye sus actores políticos propios. Vilcatoma es antes y aún más ahora, una creatura de la prensa del mismo modo en que Julio Guzmán fue el bebé probeta exitoso de las redes sociales. En el desarrollo de uno de los casos contra el gobierno de Humala apareció Vilcatoma como una figura ad hoc para la narrativa anti corrupción de los medios, particularmente de aquellos medios a los que les interesa los corruptos pero no mucho los sistemas corruptos y todos los casos de corrupción incluyendo la privada. Vilcatoma es para estos efectos una figura por ahora inacabable y puede sintetizar más que ningún político una épica anticorrupción que busca el país afanosamente, como en un momento muy corto representó Daniel Urresti la épica de la seguridad ciudadana. En un sistema político sin instituciones y sin políticos, con los medios amasando identidades, ella tiene un gran futuro por delante. No sé cuánto ni por cuanto tiempo.

Puede encontrar más información de esta nota en: https://juandelapuente.com/vilcatoma-toma-toma-lo-que-mal-empieza/