La República
La mitadmasuno
23 de setiembre de 2016
Juan De la Puente
La Comisión de Constitución decidió abordar la reforma electoral separándola de la reforma política institucional, formando para el efecto un grupo de trabajo que preside la congresista Patricia Donayre, el mismo que en un plazo prudencial debería presentar un paquete de cambios.
Los temas que abordará el grupo de trabajo son los indicados (Ley de Organizaciones Políticas, Ley Orgánica de Elecciones, Código Electoral, Código Procesal Electoral) y algunos otros recurrentes y polémicos como la regulación de las encuestas y el distrito electoral de los peruanos en el exterior. Si el debate en este grupo, en la comisión y en el pleno del Congreso se situara en las cuatro grandes normas señaladas, podríamos tener como resultado una reforma integral.
Revisar en dos años dos leyes y elaborar otras dos es una tarea desafiante. La idea de que las nuevas leyes de Organizaciones Políticas y Orgánica de Elecciones, respectivamente, se encuentren en vigencia para las elecciones regionales y locales del año 2017 es sugerente para lo cual debería formarse un consenso legislativo en relación a temas complejos como la democracia interna, el voto preferencial, la alternancia de género, los distritos electorales, los partidos regionales, la cooptación de independientes, las barreras de entrada y la pérdida de la inscripción de los partidos.
Los cambios mínimos positivos que se hicieron entre los años 2014 y 2015 –Hoja de Vida, Ventanilla Única, curul vacía y cambios a la ley de revocatoria– tuvieron un impacto limitado precisamente por la falta de un cambio general, de manera que la única reforma exitosa será la que aborde los temas de fondo. El minimalismo se acabó con la cuestionada Ley Nº 30414, de contrarreforma electoral.
Visto lo sucedido en el pasado reciente, ya no existe espacio para la legitimidad de cambios mínimos. La crisis de los grupos políticos y de los sistemas de elección impacta con más fuerza en la vigencia de los elegidos como se aprecia en los grupos nuevos y antiguos, al punto que ninguna bancada parlamentaria o grupo regional se escapa de problemas internos agudos. Siendo realistas, ya no es posible separar la formación de la representación del ejercicio de la representación.
También forma parte de ese realismo concluir que, a pesar de las urgencias, en el Congreso no se aprecian condiciones para un cambio de la magnitud requerida y que, al revés, existe allí un consenso irreductible por mantener las reglas actuales y en cambio avanzar solo en la mejora del procedimiento administrativo electoral.
Esta brecha entre demanda de cambio amplio versus oferta poco ambiciosa debería ser analizada para que las partes no se engañen. Previamente habría que poner a “las partes” en blanco y negro: los administrados del sistema electoral, que son los partidos, especialmente sus dirigentes, y los políticos elegidos no están interesados en una reforma de gran calado, en tanto que los organismos electorales, es decir los administradores, están en la orilla opuesta. Al medio, dispersos, se encuentran los medios y la academia, y en algunos partidos facciones de militantes que aspiran a democratizar sus grupos políticos.
Este realismo dramático de dos constantes enconadas –la crisis y la resistencia al cambio– condiciona el debate iniciado al punto que la otra parte de la reforma, la de las instituciones políticas y de la Constitución, parece tener más posibilidades. De qué magnitud será esta brecha que ahora existen más probabilidades de restaurar el bicameralismo que eliminar el voto preferencial.
Queda un enorme espacio, el de la opinión pública y la afirmación de las corrientes que recurran a los ciudadanos en una u otra perspectiva, incluyendo una opción tercerista que pugne por innovaciones herejes. Se abre al mismo tiempo un nuevo momento que inaugura la Asociación Civil Transparencia, que ha iniciado el recojo de firmas para que el Congreso debata sus propuestas de reforma, una dinámica que ahora tiene un pie en el Parlamento y otra en la sociedad.
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