La anticorrupción hace historia. Aquí quizás no.

Por Juan De la Puente

No Brasil tudo é grande. A corrupção é grande. E agora o anti-corrupção também será grande, muito grande.

1.- Una delación corporativa. En efecto, el empresario Marcelo Odebrecht, jefe de la empresa constructora más grande de América Latina ha llegado a un acuerdo con la justicia brasileña para delatar a los funcionarios y políticos a los que sobornó su empresa. El acuerdo podría incluir entre 50 y 68 ejecutivos más de Odebrecht que han negociado sus propios acuerdos de delación.

Se inicia de ese modo a decir de la cadena O Globo, la primera delación corporativa a gran escala, cuyos efectos serán mayores en volumen de dinero y destapes de corrupción que los escándalos de la última década en EEUU y Europa, como los casos Enron, WorldCom, Gurtel o Madoff. Es el coletazo mundial de Lava Jato.

La empresa está presente en 21 países de 4 continentes pero en la región el foco está puesto en las obras realizadas en 7 países, Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, Perú, República Dominicana y Venezuela. El año pasado, en A. Latina la cartera de contratos de Odebrecht ascendió a US$18.000 millones de dólares.

2.- Hay un caso abierto en el Perú. Desde hace dos años, la cascada de noticias que vinculan a Odebrecht al Perú se acrecienta y ha sido abordado por varios medios, especialmente IDL reporteros y Ojo Público aunque también se han abocado al caso Lava Jato con permanencia Hildebrandt en sus Trece, La República y El Comercio.  Inicialmente, los involucrados negaron las vinculaciones extraídas de los expedientes brasileños, hasta que la fiscalía encontró indicios para abrir una investigación. El fiscal supraprovincial Hamilton Castro ha viajado a Brasil hasta en 4 oportunidades (junio, octubre y noviembre del 2015 y enero de este año), y la visita del Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, a Brasil, para participar en un encuentro de fiscales anticorrupción de Latinoamérica, en octubre pasado, selló una mayor cooperación.

3.- Hasta ahí las buenas noticias. El Perú parece no estar preparado para procesar la llegada de una inédita cantidad de datos que podrán ser judicializados. Solo en el caso más grande, el que vincula a las empresas Odebrecht, Queiroz Galvao, Andrade Gutiérrez y Camargo Correa con el supuesto pago de sobornos en la construcción de la Interoceánica (una carretera de 2.500 kilómetros de longitud que pasó de costar US$ 800 millones a US$ 2.800 millones), la acusación está vinculada a tres gobiernos, un caso cuya denuncia fiscal se producirá este año o el siguiente pero que corre el riesgo de no tener responsables y, si los hay, de ello sabremos después de 6 o 7 años. Un prueba de esto fue el destino de los tres informes de la Comisión Lava Jato del Congreso pasado que no pudieron ser discutidos en un pleno  extraordinario porque no se alcanzaron las firmas requeridas para convocarlo Solo se obtuvieron 66 de las 78 necesarias.

4.- Brasil y Perú, las diferencias. En Brasil, desde que la fiscalía acusó a Marcelo Odebrecht y la condena de 19 años que recibió en marzo pasado transcurrieron 8 meses. En nuestro caso, por ejemplo, el grupo delictivo del gobierno regional de Ancash no ha recibido ninguna sentencia relacionada al crimen organizado, y su cabecilla César Álvarez solo ha sido condenado por difamación a dos años de prisión suspendida. Las capturas en este caso se realizaron en mayo del año 2014.

Brasil se beneficia de una fiscalía y una justicia empoderadas y de un movimiento anticorrupción en proceso de ampliación, con redes contra la impunidad que operan en las universidades y en la sociedad civil. El punto culminante fue la marcha de decenas de miles de personas que el 13 de marzo reclamaron la renuncia de Dilma Rousseff, el procesamiento de Lula y el respaldo al juez Sergio Moro que ha puesto ante la justicia al sistema político del país. Solo en Sao Paulo se movilizaron casi 1 millón y medio de personas.

5.- No es suficiente, por ahora. En nuestro caso, la fiscalía está en una mejor situación de cuando explotó la corrupción de las regiones y ha obtenido victorias resonantes. La más importante de ellas es la sentencia del Tribunal Constitucional de octubre pasado (EXP N.° OD81 I -2015-PHC) que desestima el pedido de Nadine Heredia para que la fiscalía deje de investigarla. El TC ha respaldado el papel del Ministerio Público en la lucha contra el delito y ha señalado que sus indagaciones no implican  una amenaza a la libertad personal o derechos conexos por el hecho de que las diligencias son postulatorias, es decir son antecedentes para decisiones del Poder Judicial.
Nuestro sistema de colaboración eficaz, dispuesto en el Código Procesal Penal, hace complejo este sistema y entre las modificaciones que debe experimentar hay una, muy importante, que en el caso de Brasil ha permitido este desenlace, la posibilidad de que también se acojan a este mecanismo jefes y cabecillas de los grupos juzgados.

A pesar de la nueva fuerza de la fiscalía, ahora reforzada por el papel de la Procuraduría en manos de la Dra. Julia Príncipe, esta fuerza no parece suficiente por ahora; nuestra sociedad está indignada pero no movilizada y es impresionante el vigor de los poderes extralegales que operan en favor de la impunidad, incluso desde los medios. Esta vez deseo equivocarme.