Las dos sombras

La República
La mitadmasuno
Jueves 17 de noviembre de 2011
Juan De la Puente
http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/las-dos-sombras-17-11-2011

Ollanta Humala ha construido un gobierno que algunos llamaron arcoíris y que al paso de los días se deja ver como una convivencia con menos colores, donde caben nacionalistas, socialistas, liberales y un nuevo grupo, los asustados. Luego de los 100 días, ese equilibrio asoma precario y su vulnerabilidad es el principal reto de un gobierno que empieza a ser acosado. Desde la empresa se demandan garantías a la inversión y desde los movimientos sociales regulación.
Las presiones las recibe el gobierno pero el centro de la discusión es el Estado. Podría ser que, a despecho de los que exigen la aplicación del principio de autoridad, el Estado se está revelando como incapaz de garantizarlo totalmente, salvo que se rompa el equilibrio. Del mismo modo, un nuevo sistema de regulación estatal no puede ser aplicado a determinadas actividades económicas sin resentir abiertamente a los actores económicos.
Acaso el gobierno ha perdido el impulso inicial que lo llevó a la negociación para el gravamen minero, la aprobación de la Ley de Consulta Previa, la adopción de medidas para impedir el impacto de la crisis internacional y la creación del Ministerio de Inclusión Social.
En ese sentido, la hipótesis que barajan algunos, sobre que la actual ola de conflictos se origina en la concertación para el cambio de las primeras semanas, puede ser equívoca. Contrariamente, lo urgente parece ser concertar máscon la empresa y los movimientos sociales en lugar de una deriva de mano dura. Como al inicio, el problema sigue siendo el Estado.
Este cuadro no esconde las dos sombras que planean detrás de los movimientos, es decir, las presiones para sacar a la izquierda del gobierno o para suprimir su ala liberal. En el primer caso, si el gobierno girara a la derecha, el país se radicalizaría y, lo más probable, es que si la izquierda sale del gobierno, la derecha no se comprometa con él. Eso se llamaría soledad y le ocurrió a Lucio Gutiérrez en Ecuador el 2004. Al revés, la radicalización izquierdista implicaría un curso de confrontación de un gobierno de vencedores contra la empresa vencida, un modelo que ha mostrado sus límites en la región.
En el horizonte hay muy poco por escoger. Por un lado, la conservación del equilibrio que permite que el país funcione y, por el otro, la concertación para el cambio porque solo el cambio, y no el inmovilismo, hará fuerte al gobierno.

A propósito del caso Conga una entrevista hace 15 días en Ideéleradio

El 14 de noviembre brindé declaraciones al programa No hay Derecho, de IDL, que dirige Glatzer Tuesta, en Radio San Borja, cuando la ola de conflictos era "pequeña". Estuvimos con Javier Torres, de SER. Hablamos de todo pero lo central fueron los conflictos.

Ideeleradio.- El Gobierno pudo haber resuelto de una forma más sencilla la pequeña ola de conflictos, pero aún está utilizando el colapsado modelo de gestión de conflictos que heredó del aprismo, en el que el Estado es lerdo, sostuvo el analista político Juan de la Puente.
“Podía haber sido más sencillo [administrar la controversia], si es que se cambiaba el modelo de gestión de conflictos heredado del gobierno anterior y en general de la década pasada, que es un modelo que ha colapsado, que no funciona, es un modelo que ha sido derrotado por los acontecimientos, ese modelo de gestión incluye mesas de diálogo actas, comisiones de alto nivel, y desde el lado de la sociedad, incluye obviamente marchas, tomas de carreteras […]”, expresó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
“Aquí el problema fundamental es el Estado, y en ese modelo el Estado es lerdo, en ese modelo hay que esperar que la población se levante para ir a firmar actas, […] ese modelo ha colapsado y se necesita obviamente un nuevo modelo, y en eso una actitud del Estado más cercana en una calidad de árbitro frente a este tema”, dijo.
Demandas ambientales y de inclusión social
Refirió que la base de la mayoría de conflictos sociales responde a intereses de caracteres medioambientales y sociales, como los suscitados en Andahuaylas, donde la población reclama la eliminación de la minería informal y también de ordenamiento territorial, como el de las comunidades de Cajamarca.
“En la base de los conflictos hay intereses ambientales, medioambientales, pero son principalmente sociales, en algunos casos, se tratan de pedidos para que la minería informal sea erradicada, fundamentalmente, en el caso de Andahuaylas; en el caso de Cajamarca, se trata de una demanda en función de una expectativa de ordenamiento territorial”, señaló.
Indicó que a diferencia de los conflictos sociales ocurridos en gobiernos anteriores, donde los reclamos eran cuestiones de políticas globales, los actuales pedidos son exigencias de inclusión social.
“Yo vería esto como una pequeña ola [de conflictos] en el programa de inclusión del nuevo gobierno no es una demanda como en gobiernos anteriores lo que se trataba es de cuestionar políticas globales. […] Hay un lineamiento político en el Gobierno, quizás porque sólo tiene 100 días o quizás porque no ha habido cuidado en plantearlo”, anotó.
Un gobierno que incluye a vencedores y vencidos
En otro momento, precisó que la actual gestión contrasta con las administraciones de Venezuela, Ecuador y Bolivia, porque a diferencia de estos países, el presidente Ollanta Humala ha construido un gobierno que incluye también a los vencidos, al punto que está conformada por nacionalistas, socialistas y liberales.
“El presidente Humala ha construido un gobierno que no es de vencedores y vencidos, donde una parte de los vencidos están sentados en el Gobierno, por eso que el señor [Miguel] Castilla es ministro de Economía, entonces, no es un modelo [como el de] [Hugo] Chávez, [Rafael] Correa o [Evo] Morales, [más bien] es un equilibrio donde hay nacionalistas, socialistas y liberales”, indicó.
Los que votaron en primera y segunda vuelta
El analista estimó que los pobladores y comuneros que protestan en Cajamarca, Ancash y Andahuaylas no son parte de grupos radicales, sino de los que votaron por él en la primera y en la segunda vuelta. Añadió que estamos ante un momento que requiere de un nuevo modelo de gestión de conflictos.
“Yo creo que los que protestan hoy día no son los que formaron parte del 31 o el 32% de Humala en la primera vuelta, son parte de los que votaron por él en la primera y en la segunda vuelta, o sea, yo no creo que esto sea una demanda radical, al interior pueden haber grupos radicales […] minoritarios, pero estas son demandas sentidas en Andahuaylas, nadie va a decir que los que han salido a las calles son radicales”, declaró.
“Entonces, estamos frente a un nuevo momento, sobre el cual se necesita un nuevo tipo de gestión de conflictos del Estado y ese paso no se ha dado y mientras se siga con ese modelo de gestión de conflictos vamos a tener eso”, argumentó.
Megaconsulta y Pacto Nacional Minero son interesantesEn otro momento, calificó de interesantes tanto las propuestas del presidente Ollanta Humala de realizar una megaconsulta concerniente al tema del ordenamiento territorial, como la del asesor de la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), Carlos Tapia, quien planteó crear el Pacto Nacional Minero, porque será la población total quien decidirá si habrá o no minería en su zona.
Cuestionó al presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, por deslizar la idea de erradicar la minería en su región porque no ha hecho un estudio ambiental que le permita llegar a esa conclusión, ni ha consultado a su población.
“Me parecen dos iniciativas interesantes, porque el Perú debería decidir donde realizar minería y donde no, eso no puede nacer desde la iniciativa de un presidente regional. Yo el otro día escuché a Gregorio Santos decir ‘ya no más minería en Cajamarca’ y quién es él para decir eso, se le ocurrió a él, ese día amaneció dispuesto a decirlo, acaso ha hecho un estudio”, refutó.
Conflictos son una oportunidad de generar crisis
Advirtió, finalmente, que esta secuencia de conflictos sociales puede ser empleada por sectores políticos y empresariales para intentar desequilibrar la administración de Ollanta Humala, en el sentido de generar una crisis en el interior del Ejecutivo y un cambio de su orientación inicial.
“Los conflictos también son una oportunidad para los sectores políticos, y para los sectores de la gran empresa, esta es una oportunidad también para provocar e intentar generar una crisis en el interior del gobierno y un cambio de orientación”, concluyó.

Puede encontrar más información de esta nota en: https://juandelapuente.com/proposito-del-caso-conga-una-entrevista/

Nuestro lugar en el mundo

La República
La mitadmasuno
10 de noviembre de 2011
Juan De la Puente
http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/nuestro-lugar-en-el-mundo-10-11-2011

El reciente Informe de Desarrollo Humano (IDH) del 2011 presentado por el PNUD la semana pasada en Lima ha servido para que la mayoría de medios subrayen la ubicación del Perú en el puesto 80 en el ranking de 187 países y nuestra pertenencia al grupo de países de desarrollo alto. Se ha resaltado menos que al ajustarse los indicadores con el factor desigualdad, el Perú pierde un 23% de desarrollo debido, sobre todo, a un bajo ingreso, descendiendo por ello al nivel de país de desarrollo medio.
El Informe tiene otros atributos a destacarse. No es el primer estudio que asocia el crecimiento y el desarrollo a la equidad, pero es el primero que relaciona sostenibilidad ambiental con equidad. En esa dirección advierte que no se puede continuar con un modelo que no enfrente abiertamente los riesgos ambientales y la desigualdad. Recuerda que informes anteriores alertaron de fenómenos crecientes: que el aumento de los ingresos se asocia a la degradación ambiental; que la distribución del ingreso ha empeorado en varias partes del mundo; y que existen grandes fluctuaciones y brechas en el IDH, en perjuicio de las zonas rurales y de las mujeres, de las que no somos ajenos.
Para el Perú, la relación sostenibilidad/equidad implica un dilema ante todo moral y profundamente político para la democracia, en dependencia de tres factores: 1) Nuestra biodiversidad, tanto genética, de especies y de ecosistemas; 2) Nuestra condición de país amazónico y poseedor de entre el 4% y 5% de agua dulce del planeta; y 3) El notable retraso de las políticas de regulación ambiental.
Nuestra paradójica posición de país con riqueza/vulnerabilidad demanda soluciones rápidas tanto de cara al crecimiento económico, como al medio ambiente y la equidad. La única salida pasa por fortalecer el papel regulador y cada vez más arbitral del Estado y el reconocimiento práctico de un grupo de derechos que algunos denominan de cuarta generación.Sobre el tema, Norberto Bobbio anotó dos conclusiones sustantivas: que en el mundo moderno la cuestión de los DDHH no es la de su fundamentación sino la de su protección; y que el Estado liberal como supuesto del Estado democrático se justifica en el sentido que son necesarias ciertas libertades para el ejercicio del poder democrático pero que es indispensable que el poder democrático garantice la existencia y persistencia de las libertades.

Humala, los 100 días

La mitadmasuno
La República
3 de noviembre de 2011
Juan De la Puente
http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/humala-los-100-dias-03-11-2011

El gobierno transita sus primeros 100 días con algunos logros sustantivos. Quizás el primero sea que el país ha continuado su marcha a despecho de las previsiones catastrofistas de la derecha perdedora de las elecciones. Ninguna ecuación política, salvo el retroceso, sería posible si la economía no continuara la evolución prevista. Junto a lo señalado, otro logro político debe ser anotado: haber convertido en hegemónica y culturalmente irrebatible la crítica a la desigualdad y, por lo tanto, en viables las decisiones en línea de la inclusión. Solo habría que recordar que hace pocos años, la equidad era casi una mala palabra.
No obstante, también merece atención el modelo de gobierno propuesto, sostenido en una triple convivencia entre nacionalistas, socialistas y liberales. La integración de una parte de estos últimos en el gobierno es audaz en tanto la expresión de un modelo de cambio sin vencedores ni vencidos, distante del modelo venezolano y acaso ecuatoriano. La apuesta consiste en integrar a parte de los vencedores a la obra del gobierno bajo la idea de que existe una agenda liberal de contenido distributivo.
Para más de uno, el riesgo de este modelo no es la convivencia sino la acotación de los cambios, es decir, el tránsito hacia las reglas de juego chilenas luego de Pinochet, donde las políticas fueron moduladas por los poderes fácticos en apoyo de fuerzas del gobierno. En nuestro caso, esa posibilidad depende del perfil de los movimientos sociales, autónomos los últimos 20 años. Esta discusión se resolverá en la práctica cuando la calle responda a la pregunta: ¿Se autonomizarán del gobierno los movimientos sociales en un grado muy alto y podrán forzar un ciclo de cambios más rápidos e intensos?
El gobierno ha tenido éxito en rebajar las expectativas económicas centrando las demandas en la política social. La aprobación de la Ley de Consulta Previa y del gravamen minero no colisionan (todavía) con el núcleo del modelo; tampoco la puesta en marcha de los programas sociales ofrecidos. En este diálogo de señas e imágenes, la sociedad parece contentarse por ahora con la parte social de la inclusión, rebajando sus demandas de poder y de cambio económico. Ese canje tiene un tiempo político valioso que se debería traducir en la reforma del Estado, el principal problema de la inclusión en el corto plazo. El país quiere aunque sea un pedazo de cambio.

El ghetto partidario

La mitadmasuno
La República
27 de octubre de 2011
Juan De la Puente
http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/el-ghetto-partidario-27-10-2011

Se acaba de presentar un proyecto para reformar la Ley de Partidos Políticos que eleva el número de firmas para la legalización de una organización política. De aprobarse la iniciativa, se necesitarán no menos de 760 mil firmas, es decir, el 4% del padrón electoral, para la inscripción legal de un partido. La medida estira la arbitrariedad de un cambio anterior, realizado a hurtadillas el 2009, cuando se fijó en 3% del padrón las firmas requeridas, es decir, 570 mil.
Los motivos que expresa el proyecto Nº 406/2011 son sinceros: que a la fecha se han vendido 300 kits electorales a grupos que aspiran a legalizarse. Declara que el propósito es evitar la fragmentación y, de paso, fortalecer el sistema de partidos.
Si se aprueba la norma no se lograrán esos objetivos porque aborda el problema sin una visión de reforma integral de la Ley de Partidos. Al contrario, suena como el inicio de una contrarreforma para cerrar a patadas el sistema de partidos en lugar de renovarlo. Paradójicamente, no toca el tema de fondo que está en la base de los casos denunciados y que evidencian que el problema reside principalmente en la formación de la representación más que en el acceso al sistema.
En todo caso, si el tema es la pertenencia al sistema, las firmas son menos relevantes que otros factores que podrían tomarse en cuenta, como los requisitos para quedarse en el sistema, es decir, el porcentaje de votos obtenidos o la cantidad de parlamentarios elegidos. Si aprueba el proyecto volveríamos a finales de los años 90. Las 300 mil firmas requeridas entonces dejaron sin competencia a los grupos aluvionales faltos de identidad y arrinconaron a los partidos.
La participación política en el Perú es afectada tanto por la fragmentación como por la dispersión. Con la fragmentación se tiene muchos partidos (aunque no son demasiados para la media de A. Latina), pero con la dispersión se tienen varias versiones de izquierda, derecha y centro. Elevar el número de firmas sería construir un ghetto partidario, inalcanzable pero no por ello respetable y legítimo.
Es preciso debatir cuán cerrado o abierto es el actual sistema pensando en los ciudadanos más que en las elites, especialmente aquellas que pueden “invertir” en la legalización de un partido. La idea básica es que los ciudadanos están subrepresentados, con una relación representante versus elector muy baja. Si a ello se suma un ghetto de elegibles, iríamos en retroceso.

Hijos de la antipolìtica

La mitadmasuno
La República
20 de octubre de 2011
Juan De la Puente
http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/hijos-de-la-antipolitica-20-10-2011

Las denuncias contra un numeroso grupo de parlamentarios por delitos cometidos antes de su elección y ocultados con habilidad al elector son un resultado esperado en la democracia sin partidos a la que ingresamos en las elecciones recientes. El estupor que expresan varios análisis tiene, sin embargo, el mismo volumen que la hipocresía sobre las causas del fenómeno. Al leerlos, uno tiende a pensar que una desgracia repentina, fruto de la casualidad, se ha cernido sobre el Congreso.
No es así, los acusados son hijos de un sistema ensamblado en cómodas cuotas quinquenales los últimos 25 años; son criaturas del voto preferencial, una de las armas asesinas de los partidos políticos; de la ausencia de elecciones internas, relativizadas al extremo en la Ley de Partidos; y de la falta de financiamiento público de las colectividades políticas y, al mismo tiempo, de la ausencia de regulaciones en materia de publicidad electoral.
Son hijos, cómo no, de otras deformaciones, con más historia a cuestas, principalmente del caudillismo, el mal republicano que Jorge Basadre sujetaba tanto a la permisividad de la sociedad como a la capacidad arrolladora del líder mesiánico. Al fin y al cabo, caudillismo y autoritarismo son caras de la misma moneda.
Finalmente, no son hijos de la política sino de la antipolítica, el paradigma alabado por muchos de quienes ahora llaman a herejía, que premia a los independientes y desconfía de los afiliados y que empuja al poder a los hombres de empresa, formales e informales, más vinculados a sus chequeras que a sus ideas. Por eso será difícil encontrar entre los acusados a fogueados militantes de partidos, de izquierda o derecha, que ya pasaron por el tráfago de la vida partidaria. Al contrario, la mayoría de los cuestionados son la llamada “sangre nueva”, esa transfusión que cada cinco años reclama la fiebre nacional del “que se vayan todos”. El Perú tiene la más baja tasa de reelección parlamentaria de la región.
¿Qué harán los líderes del país con este Parlamento? Ellos los seleccionaron antes del voto ciudadano. Podría ser que no muevan un dedo; hay evidencias de que el sistema se está quedando sin fuerzas para luchar por su transparencia y que la reforma política ha sido abandonada. Aun así, es imperativo que las fuerzas sanas del Parlamento rompan con el pasado. Si no lo hacen, ellas también habrán sucumbido.

Un pacto contra las drogas

La Mitadmasuno
La República
29 de setiembre 2011
Juan De la Puente
http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/un-pacto-contra-las-drogas-28-09-2011

El Perú necesita con urgencia responder al nuevo estado de cosas en relación al tráfico de drogas que nos coloca en la ruta de un probable nuevo México violento. Estos fenómenos son:1) nuestra condición de exportadores de cocaína, probablemente el primero; 2) el fracaso del Estado en las tareas de interdicción de drogas finales, insumos químicos y lavado de activos; 3) la cocalización de varias economías regionales; 4) el incremento del consumo; 5) el desembarco mexicano en curso que ha transformado las mafias peruanas; y 6) el asedio de la política por el narcotráfico.
Con acierto se ha empezado a debatir una nueva Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 2011-2016 cuando en la agenda nacional las drogas ocupan un lugar central. Nunca como ahora se ha tenido una posibilidad tan clara de concretar una política pública eficaz. Por lo mismo, el fracaso no será un revés inofensivo. Cualquier estrategia que se formule que no tenga como instrumento un Pacto en el Estado y en la sociedad será candidata al fracaso. El ejemplo más clamoroso son las estrategias de seguridad ciudadana que no han podido salir del espacio del Ministerio de Interior. La experiencia demuestra que ningún sector puede solucionar el complejo encargo si otro no hace su labor. Al contrario, se tiene como relativamente exitosa la experiencia del Consejo Nacional de Educación y su respectivo Proyecto Educativo Nacional (PEN) hoy convertida en política de Estado en materia educativa.
Es necesario el diálogo y la cooperación efectiva entre los actores involucrados en la lucha contra las drogas. Superado el huracán que personalizó este debate, se requiere un esfuerzo estatal y social a todo nivel, una siembra de compromisos y espacios comunes que sintetice los consensos y relativice las diferencias en la lucha contra las drogas. El Compromiso Ético de Lucha Contra el Narcotráfico, de abril del 2010, fue un esfuerzo orientado a impedir la infiltración del narcotráfico en los partidos políticos y garantizar una toma de posición de los grupos que iban a participar en la competencia electoral del 2011. Como tal, es un espacio agotado que demanda una iniciativa superior. El Perú necesita ahora un Pacto Nacional contra las Drogas que haga viable la nueva estrategia. Para reunir al Estado, a la sociedad y al mercado en una sola dirección. Nunca fue más necesario que ahora.

La Mitadmasuno
La República
22 de setiembre 2011
Juan De la Puente
http://www.larepublica.pe/22-09-2011/la-otra-inclusion

De los casi 250 proyectos de ley presentados al Congreso desde el inicio de la legislatura, solo once abordan la reforma política, una demanda explicitada en los últimos procesos electorales recientes y reclamada por el nivel alcanzado por la crisis de representación. De las presentadas, algunas se refieren a la modificación del artículo 41° de la Constitución, sobre la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción de funcionarios públicos, propuesta por varias bancadas y dictaminada esta semana; una a la reinstalación de la bicameralidad, planteada por el PPC; otras dos a la prevención del transfuguismo, propuestas por el PPC y la coalición PP, AP y Somos Perú; y otra, patrocinada por Yehude Simon, que propone modificar el Reglamento del Congreso para obligar a los parlamentarios a presentar una declaración sobre los intereses a los que están o estuvieron vinculados.
Las preguntas están planteadas. ¿El período de cambios iniciado incluirá la reforma política? ¿Si fuese el caso, las iniciativas vendrán del Ejecutivo o del Congreso? ¿Habrá en este ámbito más interés del oficialismo o de la oposición? Estas, sin embargo, están precedidas de otras dos inquisiciones. La primera consiste en saber en qué medida serían exitosos los cambios en la perspectiva de la equidad y la universalización de derechos que no se acompañen de medidas para la otra inclusión, es decir, la pertenencia de los ciudadanos a un régimen político que represente sus intereses y que les permita participar eficazmente en las decisiones y los procedimientos de los asuntos que les competen.
En esa dirección, la Ley de Consulta Previa es un gran paso, pero también esperan una toma de posición, la reforma integral de la Ley de Partidos, la eliminación del voto preferencial, la instalación del voto voluntario, el incremento de la cuota de género, los cambios en las circunscripciones electorales y en los procesos de revocatoria y rendición de cuentas, entre otros. Interesa saber, sobre todo esto, los límites institucionales de toda reforma que deje intangible la política.
La segunda inquisición se refiere a las consecuencias de la omisión de la reforma política, es decir, el desarrollo de fenómenos como la liquidación del sistema de partidos y la fragmentación de la representación. Podría suceder un efecto similar a las relaciones entre política y economía. Recuérdese que más de uno decía que no importaba la mala política si había buena economía.

Las tres oposiciones

La Mitadmasuno
La República
15 de setiembre 2011
Juan De la Puente
http://www.larepublica.pe/15-09-2011/las-tres-oposiciones

La mayoría de prospecciones sostenían que el gobierno de Ollanta Humala tendría poco margen de maniobra en sus primeros días, habida cuenta de la polarización de la segunda vuelta y de la negativa de los opositores a Humala a desmovilizarse. No obstante, el gobierno parece empezar a disfrutar de una provisoria luna de miel.
El discurso gubernamental es dosificado y ha conseguido moderar las expectativas, sobre todo políticas. Contribuyen a esto la austeridad verbal y mediática del Presidente, la afirmación del papel convocante del premier Salomón Lerner Ghitis y el activismo de la mayoría de ministros. Sin embargo, los dos elementos más sustantivos de las señales oficialistas son: 1) la persistencia del cambio como compromiso moral; y 2) las formas de trato muy republicanas hacia otros poderes del Estado, sectores políticos y actores sociales, especialmente la empresa.
Una lista de señales ha bloqueado la formación de una coalición resistente a los cambios: gravamen minero pactado, negociación paciente del Lote 88 de Camisea, renuncia al pedido de facultades delegadas al Congreso, silencio sobre las reformas constitucionales y posicionamiento internacional multilateral. Al mismo tiempo, otros signos deben también interpretarse de cara a los movimientos sociales, como la rápida gestión de Pensión 65, la defensa de Ricardo Soberón, la reinstalación del Consejo Nacional del Trabajo, la elaboración del Presupuesto 2011 con aumentos sustantivos en Educación y Salud, y la propuesta de creación de una red estatal rural móvil.
El gobierno ha escogido su primer tiempo; la oposición o una parte de ella, no. El gobierno opera política y socialmente, en tanto que la oposición parece escindida en tres bloques. Mientras la dirección empresarial tiende puentes con angustia y rapidez, las bancadas parlamentarias se decantan por un control político casi sotto voce. En cambio, la oposición mediática, la más beligerante, articulada a veces a la empresa y otras al Parlamento, parece ser por ahora la oposición realmente existente. Este bloque ha perdido todas sus batallas quizás porque se ha detenido en el discurso previo a las elecciones. Aun así, su mensaje y el del gobierno son los únicos que se escuchan en la sociedad. Así las cosas, el salto al vacío parecen haberlo dado las formaciones políticas, en tanto que la empresa y los medios operan con pragmatismo y audacia.

Los "nuevos" conflictos

La Mitadmasuno
La República
8 de setiembre 2011
Juan De la Puente
http://www.larepublica.pe/08-09-2011/los-nuevos-conflictos

Se tiene a la vista un número apreciable de nuevos conflictos que, sobre todo, son esencialmente viejos. Solo que se plantean en el marco de un nuevo ciclo político y frente a un gobierno que ha declarado que los prevendrá y resolverá con otros procedimientos. No obstante, la conflictividad es más que el procedimiento; esconde o cubre capas sucesivas de otros conflictos apagados u olvidados por la ley y por el hombre.
En el emplazamiento frente a estos fenómenos reside el principal desafío. Una buena parte del Estado, el mercado y la sociedad parecen demandar un nuevo tratamiento de los conflictos pero no siente la necesidad de su propio cambio. Mal inicio; como lo que sucede con la inclusión (incluye tú, yo miro al costado) se pretende un cambio de estrategia exclusivo del gobierno.
Víctor Caballero, nuevo jefe de Conflictos de la PCM, ha advertido que en un proceso de cambio se producen renovadas tensiones y “nuevos” conflictos. Lo nuevo radica en la mayor legitimidad de la demanda o, si fuese el caso, en la posibilidad de abrir nuevas rutas de salida para aquella. En ese sentido, el Perú se prepara para asistir, muy probablemente, al surgimiento de un intenso período de demandas sociales que no deberían interpretarse como el resultado de la nueva política, sino como la oportunidad para resolverlas realmente.
Todo conflicto interpela al Estado pero también a la sociedad y pone sobre la mesa las relaciones entre estos. Javier Torres, un conflictólogo atrevido, ha escrito algo terrible: que los conflictos tienen que ver con las políticas de Estado y que conviene revisar algunas de ellas. Tiene razón, la mayoría de conflictos no son, como piensan algunos, la ofensiva antisistema de una conspiración ideológica para destruir el Estado o la protesta acumuladora de fuerzas insurgentes. Es más sencillo: una demanda de inclusión política y legal, distribución, oportunidades o, a veces, solo de diálogo.
Imposible resolver los conflictos laborales mineros, por ejemplo, si las empresas no abandonan la práctica de no entregar derechos sin huelga previa, es decir, una paradójica invitación al paro. Revisando los pliegos mineros se advierten clamorosas insensibilidades. Mientras la oferta de aumento salarial de una empresa es de 1,30 soles diarios, otra se resiste a entregar un tarro de leche a la viuda de un trabajador fallecido por enfermedad o accidente.