Mostrando entradas con la etiqueta Compromiso Etico Contra el Narcotráfico. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Compromiso Etico Contra el Narcotráfico. Mostrar todas las entradas

jueves, 29 de septiembre de 2011

Un pacto contra las drogas

La Mitadmasuno
La República
29 de setiembre 2011
Juan De la Puente
http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/un-pacto-contra-las-drogas-28-09-2011

El Perú necesita con urgencia responder al nuevo estado de cosas en relación al tráfico de drogas que nos coloca en la ruta de un probable nuevo México violento. Estos fenómenos son:1) nuestra condición de exportadores de cocaína, probablemente el primero; 2) el fracaso del Estado en las tareas de interdicción de drogas finales, insumos químicos y lavado de activos; 3) la cocalización de varias economías regionales; 4) el incremento del consumo; 5) el desembarco mexicano en curso que ha transformado las mafias peruanas; y 6) el asedio de la política por el narcotráfico.
Con acierto se ha empezado a debatir una nueva Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 2011-2016 cuando en la agenda nacional las drogas ocupan un lugar central. Nunca como ahora se ha tenido una posibilidad tan clara de concretar una política pública eficaz. Por lo mismo, el fracaso no será un revés inofensivo. Cualquier estrategia que se formule que no tenga como instrumento un Pacto en el Estado y en la sociedad será candidata al fracaso. El ejemplo más clamoroso son las estrategias de seguridad ciudadana que no han podido salir del espacio del Ministerio de Interior. La experiencia demuestra que ningún sector puede solucionar el complejo encargo si otro no hace su labor. Al contrario, se tiene como relativamente exitosa la experiencia del Consejo Nacional de Educación y su respectivo Proyecto Educativo Nacional (PEN) hoy convertida en política de Estado en materia educativa.
Es necesario el diálogo y la cooperación efectiva entre los actores involucrados en la lucha contra las drogas. Superado el huracán que personalizó este debate, se requiere un esfuerzo estatal y social a todo nivel, una siembra de compromisos y espacios comunes que sintetice los consensos y relativice las diferencias en la lucha contra las drogas. El Compromiso Ético de Lucha Contra el Narcotráfico, de abril del 2010, fue un esfuerzo orientado a impedir la infiltración del narcotráfico en los partidos políticos y garantizar una toma de posición de los grupos que iban a participar en la competencia electoral del 2011. Como tal, es un espacio agotado que demanda una iniciativa superior. El Perú necesita ahora un Pacto Nacional contra las Drogas que haga viable la nueva estrategia. Para reunir al Estado, a la sociedad y al mercado en una sola dirección. Nunca fue más necesario que ahora.

viernes, 15 de julio de 2011

Drogas: auge del consumo

La mitadmasuno
La República
14 de julio 2011
Juan De la Puente
http://www.larepublica.pe/14-07-2011/drogas-auge-del-consumo


El proceso iniciado hace poco más de una década, cuando el Perú dejó de exportar pasta básica de cocaína y empezó a procesar clorhidrato de cocaína a gran escala, ha encontrado “su lugar”. El III Estudio Nacional sobre consumo de drogas en escolares, presentado recientemente por Devida, arroja un dato macizo: nuestro consumo de drogas ha dejado de crecer aritméticamente y podría haber empezado a aumentar exponencialmente, a un ritmo de 20% cada dos años, aunque estos saltos tienen también como estrellas a la marihuana y al alcohol.
Es un exceso afirmar que el Estado ha perdido la guerra contra el consumo de drogas porque simplemente nunca la inició. En esa inacción reside la principal amenaza. Así como el tráfico de drogas es apreciado como un problema solo de policías y jueces, el consumo de drogas todavía es visto como un asunto de salud pública, exclusivamente.
Esa etiqueta relativiza el papel de la comunidad, de la familia y de la escuela, y no toma en cuenta, como lo indica el Estudio, dos constantes: 1) que exceptuando el caso del alcohol, cuyo primer entorno de inicio es el hogar, el consumo del tabaco, marihuana, cocaína y drogas sintéticas se inicia en el barrio y, en segundo lugar, en la escuela; y 2) que la edad promedio de inicio de consumo de drogas legales e ilegales es 13 años, una etapa donde la familia y la escuela son responsables de la orientación del adolescente.
Otro fenómeno es el incremento del consumo en las 10 ciudades cercanas a puertos de salida de droga: Tumbes, Piura, Chiclayo, Trujillo, Chimbote, Lima, Callao, Ica, Arequipa e Ilo. Allí, el consumo de drogas ilegales se incrementó en 20%, respecto a los últimos dos años. Más revelador es que en las nueve regiones donde subsisten cultivos ilegales (San Martín, Huánuco, Ucayali, Pasco, Ayacucho, Junín, Cusco, Madre de Dios, Puno y Loreto), el consumo de sustancias cocaínicas se haya incrementado en casi 50%.
El Estado tampoco está presente en la atención y rehabilitación. Según el Estudio, el 45% del tratamiento se realiza en clínicas privadas, comunidades terapéuticas y grupos de autoayuda y solo el 23% en centros públicos. Así, buena parte de los 20 mil escolares que debieron ser internados el último año por drogas no lo fueron en el sistema de salud. ¿Quiénes atenderán a los 180 mil escolares que reconocen necesitar tratamiento por alcohol o drogas?

sábado, 3 de julio de 2010

El último pacto

La mitadmasuno
La República
Sábado 3 de julio de 2010
Juan De la Puente
Ayer se suscribió el Pacto de Nación contra la Corrupción, por iniciativa del Acuerdo Nacional, el Gobierno y el PJ. Tomando en cuenta el reciente Pacto Ético contra el Narcotráfico (PEN), suscrito en abril pasado, este es el segundo intento de involucrar a los partidos políticos en un quehacer directo contra el delito. Se avanza así un paso en la idea de responsabilizar ahora a los actores públicos en elementos cruciales de la reforma política de cara al próximo período de gobierno.
Podría decirse que el Perú ya tiene demasiados pactos y compromisos. No son tantos como se piensa y, no obstante la apariencia, los dos últimos mencionados aluden a la lucha contra el delito, confiada hasta ahora exclusivamente a magistrados, policías, contralores y procuradores como un asunto de otros y no de todos. Esta visión tradicional propone combatir el delito como un acto ilegal y no como el resultado de una cultura ciudadana. Parecería que el corrupto importa solo desde que es designado o elegido en un cargo público y no como el fracaso nacional en la construcción de una ética pública.
En el Pacto contra la Corrupción se menciona el propósito de mejorar el acceso a la información del Estado y los mecanismos de rendición de cuentas. Sobre lo primero, la Ley de Acceso a la Información del Estado, complementada con otras normas como la Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal, ha cumplido una etapa. Se demanda ahora cambios para penalizar con más dureza la resistencia a la información, incrementar las obligaciones de oferta informativa del Estado y reducir las trabas burocráticas que desalientan la demanda. Es el caso de los TUPA, gravosas tasas que se pagan por obtener la información.
En relación a la rendición de cuentas, se requiere una reforma radical de la Ley 26300. Según esta norma, el ejercicio de este derecho está sujeto al recojo del 20% de firmas de electores de una circunscripción determinada, una valla que convierte a este derecho en inexistente, oneroso e inoportuno. En esta misma línea, el Estado necesita una legislación para la rendición de cuentas como acto propio y no solo por demanda. Este es otro elemento crucial de la reforma política, dirigido a prevenir los conflictos por la vía de la rendición de cuentas por oferta y como un mecanismo de relación permanente entra la administración y los administrados, más allá de la información pública del uso de recursos financieros.
El Compromiso Etico contra el Narcotráfico está en:
Las Políticas de Estado del Acuerdo Nacional se encuentran en: