El shock de seguridad

http://larepublica.pe/impresa/opinion/744156-el-shock-de-seguridad

La República

La mitadmasuno

26 de febrero de 2016

Juan De la Puente

Los tres temas sobre los que giran los pocos contenidos  en la actual campaña electoral son transparencia pública, crecimiento económico y seguridad ciudadana. Los dos primeros no registran propuestas detalladas y reconocibles, por lo que es muy probable que en referencia a ellos elijamos un gobierno sin mayores compromisos.

Sobre la seguridad se han vertido varias iniciativas y en este rubro se han esmerado los partidos y candidatos echando mano a la capacidad instalada que representa un grupo de especialistas con conocimientos y experiencia en la materia. Esta avocación ha llevado a que el Instituto de Defensa Legal (IDL) diseñe interesantes parámetros de evaluación, aprobando algunos planes de gobierno y desaprobando otros.

A pesar de sus diferencias, estos planes tienen la racionalidad propia de los especialistas a cargo, y por esa razón hasta los que ofrecen una política de mano dura contra el crimen no llegan al extremo de proponer la pena de muerte para los delitos más graves (salvo un partido que lo propone para los casos de corrupción), una salida que sin embargo tiene el 65% de aprobación de acuerdo a la reciente encuesta de Ipsos.

Es probable que estos especialistas cumplan con los candidatos el mismo papel alfabetizador y moderador que en materia económica cumplen los economistas. La crisis de la seguridad ha especializado a un grupo de profesionales, cuya principal función es convencer a los candidatos presidenciales de la centralidad de este problema.

Allí reside el principal riesgo del debate de un asunto crucial que sin embargo carece de la suficiente significación para los hombres y mujeres que aspiran a gobernar el país. Este retraso en la apropiación de planes de seguridad puede costarle caro el Perú.

En el reciente foro temático sobre seguridad, el cuarto de la serie de debates que organizan La República, Latina, PNUD, Idea Internacional, PUCP, Telefónica y el JNE, con la veeduría de Transparencia, se ha constado dos diferencias de fondo en las propuestas. Por un lado, la mayoría de partidos insisten en una perspectiva policialista frente a una minoría que propone integrar en el problema también los asuntos de justicia y educación. Otra brecha separa a los partidarios de las penas más severas y la intervención de las FFAA en la lucha contra el delito, que también son mayoría, de quienes proponen medidas que equilibren la prevención, la inteligencia y la interdicción.

En este tema básico para la convivencia no será posible alcanzar un gran acuerdo de políticas y medidas, de modo que lo más probable es que el gobierno que se instale en julio de este año, sin un referente político transversal, se sienta presionado por la opinión pública mayoritariamente dispuesta a salidas rápidas y aparentemente firmes y se anime a descargar un shock de seguridad cuyas líneas efectistas están definidas, es decir, declaratoria de más estados de emergencia –a pesar del fracaso de esta medida en el Callao–, el patrullaje militar, reorganizaciones policiales por arriba y grandes anuncios para las comisarías.

Ese será el shock de la derrota y el preludio de que volveremos a perder otros cinco años en experimentos fracasados en otros países y en recetas aprobadas para las tribunas. Aunque en esta oportunidad cinco años más serán muy perjudiciales si a ellos se agregan medidas que aumenten la violencia cotidiana, como ha experimentado México durante el gobierno de Felipe Calderón.

Por si a alguno le interesa, este es el típico tema de Estado cuyo tratamiento es ahogado por la debilidad de partidos que deben “importar” técnicos en seguridad por su falta de cuadros, en un esquema donde los jefes se preocupan por mostrar que existe un plan elaborado, una propuesta que no obstante no sienten suya y que más allá del papel están dispuestos a hacer lo que les plazca si llegan al gobierno. En este punto más que en ninguno se requieren pactos nacionales pero dramáticamente lo viejo y lo nuevo se parecen tanto, ni lo quieren ni lo entienden.

Seguridad, la tormenta perfecta

La República

La mitadmasuno

24 de abril de 2015

Juan De la Puente

¿Querían un estado mínimo? Ahí lo tienen. Mínimo de policías, procuradores, jueces y fiscales; mínimo de comisarías, cárceles y juzgados; mínimo en control, prevención, sentencias y rehabilitación. Se desmorona la utopía neoliberal que pretendía un estado que no promueva, controle, regule, supervise y sancione las actividades en el mercado y, al mismo tiempo, promueva, controle, regule, supervise y sancione las actividades en la sociedad.

No es posible un estado mínimo para ti y máximo para el resto. Los Oropezas, Orellanas y Ferraris, y las bandas que se bautizan como apelativos familiares son la carcajada del crimen ante un estado débil, estrecho y sin recursos para combatirlo. La mayor prueba es la Ley contra el Crimen Organizado, Ley N° 30077, de agosto de 2013, sin recursos y con escasos magistrados.

Nuestra crisis de seguridad es una grave amenaza para la democracia. Casi la mitad de los peruanos (46.7%), de acuerdo al reciente Barómetro de las Américas, cree que la inseguridad es nuestro principal problema. La tormenta perfecta sobre la que varios alertamos hace cinco años, finalmente se ha formado. Las variables de la crisis de seguridad se han encontrado y estrellado. Una alta percepción de victimización es aleatoria de la desconfianza en las instituciones y de la búsqueda de alternativas a la falta de eficacia del Estado.

La mayoría de funcionarios, políticos, periodistas, jueces y fiscales continúan en el momento anterior. Solo la policía parece consciente del nuevo momento, atrapada entre los dos momentos y samaqueada por la irrupción de lo inédito que se vuelve cotidiano: la extorsión desde las cárceles, los niños sicarios, los asaltos a restaurantes y las nuevas bandas con su escandaloso cohorte de autos de alta gama y casas refugio para el desenfreno.

El viejo momento del delito impregna casi todo, especialmente las instituciones que siguen mirando a la policía como la fuerza pública salvadora. La prensa, cuando no, alegre de cascos, se ha limitado a ampliar la cobertura de esta crisis como un problema básicamente policial; y persiste, salvo excepciones, el análisis propio del viejo momento, centrado en la idea de que asistimos al aumento de índices que no han desbordado el marco de un país acosado por el delito, nada fuera de “más de lo mismo”, y que lo central es combatir el llamado narcoterrorismo, una construcción enredada y nostálgica que encadena el narcotráfico al terrorismo y nos priva de la posibilidad de atajar el potencial criminal externo e interno de las mafias de las drogas y del crimen organizado.

La crisis de seguridad tiene que ver menos con la policía y más con otras instituciones. Los cinco intentos por asumir el delito como un todo único fracasado. Estos fueron el Grupo de Trabajo de Alto Nivel para la Modernización del Sistema de Administración de Justicia (GTAN) creado el 2001 por acuerdo de 5 organismos públicos; la Comisión de Reestructuración del 2003, formada por 13 jueces y vocales luego que la Corte Suprema declarase en reestructuración el PJ; la Ley Nº 28083 del 2003, que creó la Comisión Especial de Reforma Integral de la Administración  de Justicia (CERIAJUS) que propuso un Plan Nacional de Reforma Integral de la Administración de Justicia; la creación el 2006 del Grupo Impulsor de la Modernización de la Administración de Justicia; y el Pacto por la Seguridad Ciudadana propuesto por el premier Juan Jiménez en abril de 2013.

Me gustaría decir que la historia de fracasos ha concluido, pero me temo que no. En las elecciones del 2011 ningún candidato propuso medidas serias contra el delito, y en las elecciones de octubre pasado las propuestas se movieron entre lo superficial y lo ridículo. Abrigo pocas esperanzas que de cara al 2016 los partidos y candidatos se esmeren en modelos efectivos y democráticos contra el delito y el crimen. Al contrario, más de un aspirante ha soltado la especie de que la única salida es militarizar la seguridad ciudadana y aumentar penas, es decir, el populismo penal.

 

 

 

Impacto profundo y fecundo

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/impacto-profundo-y-fecundo-14-11-2014
La República

La mitadmasuno

14 de noviembre de 2014

Juan De la Puente

Para la sociedad peruana, el crimen y la corrupción ya no tienen largo plazo. Todo se juega ahora. Por ello, es significativo que tres de los ocho temas de CADE 2014 que se realiza esta semana sean precisamente crimen, corrupción y administración de justicia. La irrupción de esta triada en la agenda de un evento generalmente enfocado a los desafíos inmediatos del mercado, revela el impacto social del actual estallido del delito violento y de la corrupción o, realistamente, envía el mensaje de que estos temas ya son desafíos urgentes de la empresa y los negocios, y que el largo plazo está aquí.
Sobre el crimen, el interés va más allá del incremento del costo de seguridad, un efecto que las grandes corporaciones pueden asumir. En cambio, los ejecutivos son víctimas de extorsión y secuestro, y forman parte de los altos índices de percepción de inseguridad. En tanto, el delito impacta sobre realidades más allá del mercado, como el empleo y el consumo, y en actividades económicas como el turismo. De hecho, la seguridad ya es una contingencia tributaria deducible de acuerdo con lo dispuesto en la Ley del Impuesto a la Renta.
No existe un estudio riguroso de lo que le cuesta la inseguridad al país –CONASEC lo situó el 2010 en 20% del PBI, 10 puntos más que Honduras– aunque en A. Latina se sitúa entre 3% y 5% promedio. En cambio, ya está claro que la receta anticrimen desde la empresa con el modelo “amigos de la policía” que aportan vehículos y logística ha llegado a su fin. También parece haber arribado a un punto crítico la privatización de la seguridad, que ha empezado a chocar con el Estado y de qué manera. Gino Costa apuntaba hace poco (EC 20/10/2014) que en el Perú no es aguda la falta de policías sino que estos han dejado el servicio público y se dedican la mayor parte del tiempo a servir a particulares.
Sobre la corrupción, estamos ante el inicio de un cambio, aunque ya se registran algunas buenas noticias. A iniciativa de la Comisión Nacional Anticorrupción (CAN), en abril del año pasado, 77 empresas del sector farmacéutico (ahora son más de 96), suscribieron el Compromiso por la Integridad entre el sector Salud y la industria farmacéutica, obligándose a no concertar precios para ganar contrataciones públicas, no presentar información falsa, denunciar a los empleados que cometan actos ilícitos y no entregar obsequios a los servidores del Estado. Luego, en octubre del mismo año, 17 grandes empresas se comprometieron con la erradicación del trabajo infantil.
El interés empresarial por la corrupción conduce tanto hacia los servidores públicos corruptos como a los privados corruptores, una realidad que en el estallido de estos meses presenta incompleta, ocultando a los segundos. En ese afán, el lobby y el soborno son pendientes que exigen de decisiones sobre las que es preciso recordar antecedentes: el 2007, la Sociedad de Minería y Petróleo expulsó de sus filas a la minera Casapalca por malas prácticas e incumplimiento de compromisos ambientales, laborales y de seguridad; y el 2010 hizo lo propio con Doe Run de La Oroya por faltar a sus compromisos ambientales y a sus obligaciones con sus trabajadores y acreedores.
Ahora, cuando se exige a los partidos echar a los corruptos de sus filas, es legítimo pedir a los gremios empresariales hacer lo propio con sus miembros que usan del lobby ilegal o el soborno a los servidores públicos o suspender la membresía de las empresas objeto de investigación por estas prácticas. Para los efectos, la responsabilidad social es la misma.
Los gremios empresariales deberían respaldar la iniciativa de ley (Proyecto N° 03914) de Solidaridad Nacional para sancionar penalmente a quien realiza actos de gestión de intereses privados ante el Estado sin estar inscrito como gestor. Por lo mismo, no se entiende la oposición empresarial al proyecto de Yehude Simon (Proyecto N° 0385) que pretende sancionar penalmente a las empresas comprometidas con la corrupción con la clausura temporal o definitiva de sus locales, la suspensión de actividades, la prohibición de realizar ciertos actos, la disolución o la multa.

La epidemia de la violencia

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/la-epidemia-de-la-violencia-07-11-2014
La República

La mitadmasuno

7 de noviembre de 2014

Juan De la Puente

Las elecciones del año 2016 las podrá ganar quien sea más provocador y sugestivo en sus propuestas para encarar el principal problema del país, la inseguridad. Las cosas han llegado a un punto en el que el país parece preparado para una oferta de mano dura contra y lo que esto acarrea: penas más elevadas, la pena de muerte inclusive; juicios sumarios; patrullaje militar; más cárceles y menos beneficios penitenciarios; y menos miramientos contra los delincuentes y con los que parecen serlo, aunque al final no lo sean.
La mano dura y el gatillo fácil ya están aquí a pesar de su fracaso en varios países de la región; la Ley N° 30151, que modifica el Código Penal eximiendo de toda responsabilidad a los policías y militares que den muerte a terceros en acción de servicio, es la prueba de hiel; por ello, la reacción nacional ante el asesinato de Fidel Flores en Cajamarca indica que hay esperanzas de una salida distinta, la de un pacto nacional para encarar esta crisis de seguridad y evitar deslizarnos en el delito sobre el delito y la muerte sobre la muerte.
Luego de la crisis económica y del terrorismo, es la tercera crisis de envergadura que afecta al país en los últimos 50 años. Lamentablemente, no es tratada como tal sino como un hito delicado o un desajuste legal. Un dato puede ilustrar el frenesí legalista ante el delito: el Código Penal ha sido modificado 577 veces desde que se promulgara el año 1991, según un informe de Gaceta Jurídica publicado en febrero de este año.
Esta crisis tampoco ha sido suficientemente estudiada, salvo los trabajos de las ONG Ciudad Nuestra e IDL y de la Defensoría del Pueblo; los especialistas son escasos, en su mayoría oficiales retirados de la policía y pocos académicos agrupados en el colectivo Gobernabilidad Democrática y Seguridad Ciudadana. Del mismo modo, hasta hace poco la información con la que se contaba era dispersa y contradictoria, de modo que la creación del Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad (CEIC) es un paso importante.
Un pacto por la seguridad se justifica en el hecho de que esta crisis no es del gobierno sino del Estado, y es cada vez menor el papel de la policía en su eficaz control, por el traslado de responsabilidades hacia el Poder Judicial, la fiscalía, las autoridades penitenciarias, los municipios y las regiones. Esta parte del problema sufre una reducción conceptual que debería ser resuelta para adoptar una política integral. Discuto que para el efecto sea útil atrincherarse en el concepto de “seguridad ciudadana” y creo que sería más útil empezar a tratar con un universo distinto: seguridad, violencia común y política criminal.
El recorte conceptual opera en varios ángulos de esta crisis. Por ejemplo, mientras más pretendamos negar que el auge del delito en el Perú se relaciona con el crecimiento económico, la persistencia de la desigualdad y el desarraigo social, y lo situamos estrictamente en el cumplimiento de la ley, estaremos cerca del problema pero no centrados en sus raíces. La data regional podría servir para ilustrarnos: en A. Latina, uno de cada tres internos en cárceles abandonó el hogar familiar antes de los 15 años, en Chile uno de cada dos, y entre un 13% (Argentina) y un 27% (El Salvador), nunca conocieron a su padre o madre.
Durante este gobierno una vez se tocó el problema de modo integral, ocurrió en el premierato de Juan Jiménez Mayor y cuando en Interior estaba Wilfredo Pedraza y en Justicia Eda Rivas. En ese momento se propuso al Congreso un paquete de normas sobre crimen organizado, se inició el equipamiento de la PNP y se crearon algunas superintendencias y el Consejo Nacional de Política Criminal (CONAPOC).
No es malo que la opinión pública asuma que la epidemia de la violencia viene acompañada de la corrupción política y que en gran medida depende de ella, una tendencia en la que el incremento de los delitos y la disminución de los juzgamientos y del castigo generan una forma de crimen aspiracional trasladado a la cosa pública. Una razón más para la reforma de las instituciones y de la representación.

Crimen y castigo, nueva crónica

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/crimen-y-castigo-nueva-cronica-04-07-2014

La República

La mitadmasuno

4 de julio de 2014

Juan De la Puente

La caída en desgracia de los cabecillas de dos grupos que la justicia investiga como parte del crimen organizado nos coloca en más de un sentido en ligas mayores. Por un lado, confirma que esta modalidad de delito ha dejado de ser una particularidad criminal y convertido en una forma violenta de emergencia social a la que se vinculan directa e indirectamente miles de peruanos, una versión nada surrealista del delito de masas que paga bien, un movimiento social en el que los personajes que copan las noticias de las últimas semanas solo son sus emblemas y velámenes.

Por otro lado, coloca sobre la mesa un movimiento anticorrupción, débil para la dimensión del problema, que por ahora tiene dos elementos constitutivos, el asombro e indignación pública que la prensa agita y refleja, y la acción coordinada del Estado impulsada por el reclamo ciudadano y por los reflejos propios del sistema. En este punto, se sabe que los desenlaces de los casos de César Álvarez y Rodolfo Orellana tienen origen en reuniones calientes de los llamados “Consejos de Estado”, en los que respetando la autonomía constitucional de cada órgano constitucional se trazan estrategias y se exigen cuentas claras.

Tres leyes aprobadas en los últimos años son determinantes para enfrentar este nuevo momento signado por las figuras aparentemente fuertes y extraordinarias de mafiosos novelescos. Se trata de la Ley contra el Crimen Organizado (Ley N° 30077), la Ley de Lucha contra el Lavado de Activos (D. Leg. N° 1106) y la Ley de Pérdida de Dominio (D. Leg. 1104). Ellas obedecieron al impulso del equipo que lideró Juan Jiménez Mayor desde el sector Justicia y la PCM, y quien paradójicamente debió dejar el cargo debido a su apreciación de las percepciones sobre la seguridad ciudadana. Sin embargo, estas y otras normas han sido cruciales para producir un salto normativo para enfrentar el nuevo momento.
Ahora es posible iniciar una investigación por lavado de activos sin demostrar el delito precedente, una restricción que en la década pasada derribó el primer megaproceso por tráfico de drogas contra un grupo empresarial del norte del país dedicado a la actividad minera. También se ha hecho obligatoria la bancarización de las operaciones de dinero en el exterior, y la extensión de la incautación de bienes a todos los delitos en agravio del Estado. Asimismo, el país cuenta con una procuraduría más eficaz y legítima y con los primeros grupos policiales especializados en lavado de activos y crimen organizado.

No estamos ante un empate técnico entre crimen y castigo. Las fuerzas del primero son mayores, en el promedio quizás mejores, y su acción es vasta. El delito en movimiento se desarrolla con más velocidad que las fuerzas del Estado; forzando las figuras podría decirse que el primero crece geométricamente y el segundo aritméticamente. Esta brecha debería por lo menos reducirse.

Las medidas legales y las actividades de equipamiento son importantes pero no son suficientes. La batalla contra el crimen organizado en expansión exige un movimiento anticorrupción desde el Estado y la sociedad. En el primero de los casos obliga a acometer cambios de política criminal para cerrar los vacíos de la legalidad usados por la ilegalidad, reformar radicalmente algunas instituciones, reducir las posibilidades de creación de grupos criminales y su expansión, y financiar la prevención y punición. De lo contrario caeremos en la lógica lamentosa de la Contraloría General de la República que pese a aceptar que su control fue desbordado por las bandas, se empeña en afirmar que la descentralización ha fracasado.

Los buenos no solo deben ser más que los malos, sino parecer que son más. El crimen organizado también nos interroga como sociedad; el delito a secas es un hecho antijurídico culpable que toda sociedad está obligada a prevenir y sancionar; no obstante, la convicción de que habita entre nosotros una cosa nostra extendida, impune y floreciente, nos desnuda como una comunidad carente de algunos valores esenciales que parecen haberse perdido en un momento especial de la peruanidad.

La rebelión del hampa. Imágenes

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/la-rebelion-del-hampa-imagenes-02-11-2012

La República

La Mitadmasuno

2 de noviembre de 2012

Juan De la Puente

Los sucesos del 25 y 27 de octubre pasado iluminaron cual relámpagos varios fenómenos que corrían ocultos en la sociedad. Uno de ellos es la convivencia pacífica entre comerciantes y delincuentes en una zona que moviliza ingentes recursos, coexistencia que solo es posible por las serias restricciones del Estado para ocupar los espacios públicos y brindar allí con mínima eficacia los servicios de seguridad e interdicción del delito. El estallido de violencia de esos días es la explosión sangrienta de un territorio emancipado de la ciudad que el Estado punzó casi inadvertidamente para hacer cumplir la ley.

Las imágenes de la extrema violencia expresan para la mayoría el extraordinario desprecio del hampa por la vida. En ese territorio, sin embargo, y para una minoría creciente, es más cotidiana y ordinaria, y reveladora de la altísima cuota de violencia que la sociedad peruana recibe. Es el resultado de la impunidad en un país donde los barrabravas son tolerados por el Estado al punto que desfilan a los estadios custodiados por la policía ante el miedo de los ciudadanos y mantenidos por los líderes de los clubes de fútbol que les suministran alcohol y dinero. Estas imágenes exponen los excelentes resultados de la pedagogía de la violencia luego de los intensivos cursos de delito y sangre.

Los sucesos de La Parada, no obstante, son más contundentes; el 25 y 27 de octubre asistimos a la primera gran batalla urbana entre la policía y un ejército formado por centenares de delincuentes a cara descubierta. En la primera ronda, el 25, ganó el delito con los resultados conocidos: la toma del territorio, el saqueo y el ataque a los símbolos del orden público. En la segunda ronda, el 27, ganó felizmente la policía gracias a un despliegue masivo, inteligente y decidido y a que el ejército del delito había sido diezmado por las detenciones.

Imposible comparar lo sucedido con los conflictos sociales que atraviesan el país a pesar de que en buena parte de estos se advierten episodios de preocupante y creciente violencia y el desafío al orden público; las partes que confrontan en los conflictos sociales sostienen una lógica argumentativa, ciertamente debatible para los otros actores, pero en el marco de una interacción de las partes. Lo de La Parada fue una asonada, la rebelión del lumpen, un hito significativo en el espiral de delito cuya intensidad probablemente subestimamos.

El mensaje ha sido lanzado. La brutal agresión a la policía ha generado la adhesión ciudadana a ella pero, al mismo tiempo, envía señales sobre el éxito que puede tener el desafío del orden público desde el delito. La imagen de la fuerza pública atacada por el hampa es un poderoso estímulo para el delito y coloca en el debate en busca de respuestas la extrema precariedad de la autoridad policial. Ha evidenciado también la fuerza y grado de articulación de las bandas y su disposición temeraria de enfrentarse en las calles a la autoridad haciendo más patente que nunca la crisis de la seguridad en el Perú.

Los territorios liberados al delito o a punto de estarlo son un laboratorio para futuras rebeliones y espacios de la sociedad en busca de la organización de un orden mafioso que parece haberse cristalizado en varios casos. La alianza de los comerciantes mayoristas y las bandas que defendieron La Parada es la superficie de un fenómeno mayor al que concurren la escasa censura social de ciertos delitos, las complicidades entre los buenos que toleran y los malos que actúan y la emergencia de la legitimidad de las formas de vida al margen y contra la ley.

En ese contexto son muy positivas las iniciativas legales para hacer más efectiva la lucha contra el delito organizado y otras anteriores para recuperar los territorios cedidos al hampa. No obstante, hace falta mucho más que eso, sobre todo una auténtica política criminal para enfrentar un problema que no se reduce a policías y ladrones. Aunque tarde, estamos a tiempo.

La crisis de seguridad

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/la-crisis-de-la-seguridad-17-05-2012

La República

La mitadmasuno

17 de mayo 2012

Juan De la Puente

En 11 de 18 países de A. Latina, incluido el Perú, los ciudadanos sienten que la delincuencia y seguridad pública son sus principales problemas, a tenor del reciente estudio de la Corporación Latinobarómetro presentado este mes en Lima. El estudio previene sobre que, en el tema, se ha instalado un clima de opinión donde las percepciones catalizan los problemas y pueden ser más que las realidades. Sea como fuere, afirma que la región ha sido capturada por la idea de que el crimen hace la agenda pública.

El estudio avanza y arriesga una relación entre delito y violencia en la región, una asociación que la mayoría de estrategias anticrimen pretenden olvidar, y obtiene hallazgos interesantes. Descubre, por ejemplo, que en los países con más incidencia de delitos, como Guatemala, Honduras o Venezuela, no se relaciona esa violencia con la que se produce en el espacio familiar, una constante también atribuible al Perú. El estudio también repara en que en el Perú y Bolivia, países con alta producción de cocaína, la tasa de homicidios es baja y parece estar vinculada a la violencia doméstica y a los delitos comunes más que al crimen organizado. Difícil saberlo si, como refiere el Anuario de la PNP 2010, el 32% de denuncias de delitos de violencia familiar no se investigan. Aun así, no es un consuelo, sobre todo si esta tasa nacional se ha elevado considerablemente en el último lustro.

Es sugerente la presentación que hace Latinobarómetro de tres dilemas del delito en la región, y que nos atañen: la incongruencia aparente entre lo objetivo y subjetivo, el aparente divorcio entre la victimización y el temor, y la expectativa sobre el Estado. En relación a ello, analiza a países, como el Perú, con mayor nivel de victimización que de homicidios, donde la clave de las políticas de seguridad ciudadana se relaciona con el combate a delitos más masivos como el hurto, robo y lesiones. Para confirmar que la clave de nuestra victimización no está en los homicidios sino en los delitos con violencia, el estudio destaca que el Perú es el tercer país en la región donde la víctima declara haber sufrido violencia durante el hecho delictivo.

Finalmente, el estudio investiga el pesimismo regional sobre el delito, dividiendo a los países en tres tipos: los que reconocen lo realizado en seguridad ciudadana, los críticos, y los que tienen poca fe en el Estado. Allí se tiene a países como Guatemala y México donde un bajo porcentaje de ciudadanos cree que el Estado puede resolver el problema de la delincuencia, que contrastan con países como Uruguay, Argentina y Paraguay, cuyos ciudadanos consideran que el Estado si puede derrotar al delito. En el Perú, a pesar de que solo un 8% dice que la seguridad ciudadana es buena, el 60% cree que el Estado puede resolver este problema. Allí se ubica una alta cuota de esperanza que debe ser saldada con un liderazgo institucional al más alto nivel y resultados rápidos.

El delito, Londres y Lima

La Mitadmasuno
La República
11 de agosto 2011
Juan De la Puente

http://www.larepublica.pe/11-08-2011/el-delito-londres-y-lima

En Londres la policía mata a Mark Duggan, de 29 años y padre de 4 hijos. Un centenar de vecinos se congrega frente a la comisaría del barrio pobre de Tottenham pero el plantón pacífico degenera en violencia que se extiende a varias ciudades inglesas. Al cabo de cuatro días se tienen más de mil detenidos, decenas de vehículos y tiendas saqueadas y quemadas, y solo en Londres más de 100 millones de libras esterlinas en pérdidas, causadas por un vandalismo que mezcla el descontento social con el delito puro y simple.
En Lima, se difunde un video que muestra que el joven Gerson Falla, 26 años y padre de una niña, detenido en abril cuando huía de unos pandilleros, fue torturado en la Comisaría de San Borja; el maltrato que le causó la muerte. La PNP pasó al retiro a cuatro de los 11 asesinos pero todos gozan de libertad. Esos mismos días un delincuente, liberado el 2008 y que fue procesado 10 veces por robo agravado, baleó a la hija de un congresista cuando su banda intentaba robar la camioneta donde viajaba con su madre. Las dos se salvaron gracias al policía que las custodiaba.
Podría ser muy parecida la brutalidad policial en Londres y en Lima. No obstante, en Inglaterra, el rechazo violento de los métodos policiales y la fuerza con la que la sociedad inglesa condena esa respuesta han sido intensos. Se debate allí cuánto de la fractura social se expresa en la violencia reciente y en qué medida ese vandalismo tiene un rostro propio. En el Perú, en cambio, ni la muerte de Falla ni la agresión contra la hija de Renzo Reggiardo han despertado los reflejos de la sociedad, más allá de algunas declaraciones oficiales y editoriales.
En esa ausencia podrían residir los límites de las raídas recetas contra la inseguridad ciudadana que se escuchan estos días: pena de muerte, reapertura de El Frontón, patrullaje del Ejército y más leyes. Al mismo tiempo, salvo la marcha por la paz promovida por el alcalde de La Victoria, nadie ha movilizado a los ciudadanos ni ha valorado las potencialidades de su organización y concurso. Parecería que el delito común es un fenómeno solitario que no se asocia a las condicionantes sociales y a la falta de políticas públicas integrales. Luego de 30 años, se sigue pensando que es un problema exclusivo de policías, jueces y ladrones, es decir del Estado. Así, habría que prepararse para otra arremetida mortícola. Y para otro fracaso.

La crisis de seguridad

La mitadmasuno

La República

Sábado 24 de julio 2010

Juan De la Puente

http://www.larepublica.pe/la-mitadmasuno/24/07/2010/crisis-de-seguridad

El delito se ha convertido en el principal problema de la agenda pública. Esta legitimación está tomando por sorpresa a los políticos, a los medios de comunicación y a los empresarios. De acuerdo a los datos disponibles, los partidos preparan sus programas de gobierno abordando el tema de modo convencional, es decir, como un problema que debe ser tratado desde la ley y la justicia. La prensa, salvo excepciones, sigue situando el delito en las secciones policiales, de las que sale solo cuando los hechos se vinculan a actores públicos. La empresa sigue mirando al tema como un riesgo para la inversión. En todos los casos, se registra la falta de una visión de conjunto, desde la sociedad y el Estado.
Estas ausencias podrían también relacionarse con las debilidades en el análisis del fenómeno violento. Para un sector estaríamos ante al incremento de la delincuencia como hecho ilegal sin que hayamos desbordado el marco clásico de un país poco acosado por el delito si se compara con otros de la región. En ese discurso contemplativo no somos Río de Janeiro y lo que tenemos en esta etapa es un poco más de lo mismo.
La otra, es la versión nostálgica del crimen; considera que el terrorismo sigue siendo la principal amenaza y, en todo caso, es el narcoterrorismo el enemigo central a combatir. El principal riesgo de esta visión es el encadenamiento del narcotráfico al terrorismo, lo que lleva a subestimar el potencial criminal, externo e interno, de las mafias de las drogas.
Así, nos movemos entre la contemplación y la nostalgia sin registrar lo nuevo, que consiste en una crisis de seguridad pública, de carácter sistémico y complejo, y que afecta a las instituciones vinculadas a la seguridad ciudadana y a la administración de justicia, pero también a la ley como norma preventiva, el sistema penitenciario, los gobiernos locales y regionales y las empresas.
Asoma un fenómeno que agrede en una dimensión inédita al Estado, a los ciudadanos y a la democracia. El delito está dejando de ser un problema de policías y jueces y precisar en qué consiste lo nuevo es crucial para definir las opciones. Por ejemplo, si la calle es el principal escenario de la violencia porque se sigue desprotegiendo las ciudades que cuentan con pocos policías, escasa prevención y recuperación de infractores y un alto nivel de impunidad. ¿Por qué se reducen recursos para la lucha contra el delito?

Corrupción y delito en la agenda

La mitadmasuno
La República
Sábado 1 de mayo del 2010
http://www.larepublica.pe/la-mitadmasuno/01/05/2010/corrupcion-y-delito-en-la-agenda
Por Juan De la Puente
La agenda pública de las elecciones del 2011 estuvo marcada por dos palabras: transición democrática. La de los comicios del 2006 por otros dos vocablos: crecimiento y distribución. Es muy probable que las elecciones del 2011 sean presididas por otros dos, corrupción e inseguridad, a tenor de lo que reportan las últimas encuestas.
La nueva agenda es insospechada, a pesar de tratarse de endémicos males nacionales y de los fracasos de las iniciativas impulsadas en ambos casos en la última década. Hace pocos meses, con la economía en perspectiva de recuperación, la tendencia indicaba que de cara a la elección de un nuevo gobierno, los peruanos debatiríamos mucho más los desafíos de la distribución del crecimiento, la creación de más fuentes de trabajo y la naturaleza de los conflictos sociales. Se creía que la gobernabilidad dependía de ello y las encuestas también los anunciaban.
El cambio de agenda no parece ser exclusivamente mediático o debido al agotamiento de un patrón de crecimiento sin Estado, como afirman ciertos análisis. Hace algunos años, el profesor Saúl Peña en su célebre Psicoanálisis de la corrupción (Peisa, Lima 2003), lo diagnosticaba magistralmente como una cultura que da lugar a una patología de “lazo social”, una hipótesis audaz que señala que si la corrupción es pequeña o grande o que si las mafias son más o menos articuladas, es menos relevante que su dimensión colectiva destructiva, resultados de un poder y una política históricamente mal concebidos. En esa perspectiva, la corrupción implica no solo la apropiación material sino también de personas y grupos humanos con quehacer social o político, y su retorno a la agenda aparece como el grito de una sociedad que intenta una ética pública. Algo similar sucede con la sensación ciudadana sobre que el delito común crece con rapidez. Si esta percepción es contestada exclusivamente con medidas legales o si es explicada solo desde la perspectiva del crecimiento económico, perderíamos la oportunidad de afirmar los valores ciudadanos contrarios al delito. La falta de censura social a delitos de práctica masiva como el narcotráfico y la extorsión, por ejemplo, debería preocuparnos más que el delito mismo.
Quizás en ese punto habría que concluir que, en ambos casos, los partidos que protagonizarán las elecciones del próximo año no se encuentran preparados para la complejidad de esta agenda, de modo que corre el riesgo de reproducirse el ciclo de insatisfacción.