Heraldo Muñoz, el nuevo canciller chileno y el Perú

El designado canciller chileno Heraldo Muñoz, que iniciará sus funciones el 11 de marzo con el gobierno de la Presidente Michelle Bachelet es un sagaz político y un hábil conocedor del Perú. Su relación con nuestro país data de los años 70 cuando en su condición de dirigente del Partido Socialista tomó contacto con organizaciones de la izquierda peruana en el marco de la lucha contra la dictadura de Pinochet. Hasta 1986 fue secretario de relaciones internacionales del Partido Socialista, luego fundador del Partido por la Democracia (PDPD) junto a Ricardo Lagos, y miembro del comando ejecutivo del No en el plebiscito de 1988.

Durante los gobierno de la Concertación desempeñó cargos que siempre lo tuvieron cerca de las relaciones peruano/chilenas. Fue Ministro Secretario General del Gobierno (2002-2003) y antes Subsecretario de Relaciones Exteriores (2000-2002), en el gobierno de Lagos. También fue embajador de Chile en Brasil (1994-1998) ante la OEA (1990-1994) y ante las NNUU (2003-2010).

Desde mayo del 2010, fue Subsecretario General de la ONU y jefe para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En esa condición vino varias veces al Perú; una de ellas fue como representante del Secretario General de NNUU Ban Ki-moon a la toma de posesión del Presidente Ollanta Humala el 28 de julio del 2011. Con el Presidente Humala se ha reunido varias veces y ha compartido con él actos públicos. Tuvo igualmente una relación cercana con el canciller Rafael Roncagliolo.

Poco antes de la segunda vuelta electoral del 2011, Muñoz salió al paso de las visiones catastrofistas que auguraban que un triunfo de Humala llevaría al Perú al regazo de Hugo Chávez, Durante un viaje a España declaró que no se debería descartar que el entonces candidato nacionalista Humala pueda convertirse en el “Lula” peruano. Dijo que no creía que las elecciones peruanas puedan tener un “efecto particular” en las relaciones y equilibrios políticos de los países de Sudamérica y aseveró que lo que hay en América Latina es diversidad.

En noviembre del 2012, participó en Lima en la presentación del Cuaderno la Protesta Social en América Latina, documento elaborado por el Proyecto de Análisis Político y Escenarios Prospectivos (PAPEP) de PNUD. Allí dijo que el conflicto social no es negativo y que detrás de estos conflictos hay deterioros reales de la calidad de vida de la gente, que tiene que ver con postergaciones, como la educación, por ejemplo, la carga histórica de la desigualdad.

También estivo en Lima en noviembre del año pasado para presentar el Informe Regional de Desarrollo Humano (IDH) 2013-2014 "Seguridad Ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina. En esa oportunidad cuestionó las políticas de “mano dura” contra el crimen y dijo que cada país se necesita un Acuerdo Nacional por la Seguridad Ciudadana en el que participen desde los gobiernos y los partidos políticos a la sociedad civil, de modo que la seguridad no se vea politizada y se transforme en una política de Estado.

Muñoz es el canciller ideal para este momento de la política internacional chilena que sin duda será jalonada por el fallo de La Haya, el 27 de este mes. Es un negociador hábil y se relaciona con facilidad con las diversas tendencias de la política regional. Junto a José Miguel Insulza son los chilenos más experimentados en la política internacional; fue facilitador de las consultas sobre la reforma del Consejo de Seguridad (2007-2008) de las NNUU y Presidente del Consejo de Seguridad de la ONU (2004). En el Consejo de Seguridad, también presidio el Comité de Sanciones contra Al Qaeda y los Talibanes (2003-2004). En febrero de 2009, Ban Ki-moon lo nombró Presidente de la Comisión de Investigación sobre el asesinato de la ex-Primera Ministro de Pakistán Benazir Bhutto, responsabilidad que ejerció hasta su término el 15 de abril de 2010.

Gatillo fácil quiere más sangre

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/gatillo-facil-quiere-mas-sangre-17-01-2014

La República

La mitadmasuno

17 de enero 2014

Juan De la Puente

Dispare primero, pregunte después. La Ley N° 30151 que exime de toda responsabilidad penal a policías y militares que causen lesiones o la muerte a terceros en acción de servicio, aun cuando el uso de sus armas no se realice en forma reglamentaria, es una nueva evidencia de la ruta que ha tomado la lucha contra el delito en el Perú, asumida abiertamente como una respuesta violentista a la violencia del crimen, una receta ya conocida en la región y en el país, sin resultados exitosos.

El gatillo fácil tiene en el Perú casi 20 años. En los años noventa se abrió la ruta del populismo penal a través de normas teóricamente orientadas a enfrentar el incremento de los delitos violentos, especialmente los secuestros. Estas leyes, varias de ellas dictadas al amparo de la delegación de facultades del Congreso, significaron el inicio de las restricciones al derecho de defensa, la limitación del amparo y del hábeas corpus, la imputación de los adolescentes y la posibilidad de que estos puedan ser procesados en tribunales militares. Fueron los años en que se crearon discutibles figuras jurídicas como la del terrorismo agravado o el pandillaje pernicioso.

En aquel momento, los especialistas tuvieron una respuesta unánime de rechazo al giro que se había operado. No obstante, el incremento de la inseguridad ha relajado la doctrina y relativizado las prevenciones de un sistema que necesita combatir la delincuencia desde la justicia y la razón. Los sucesivos cambios en la legislación penal desde el 2001 han configurado un movimiento estatal de mano dura contra el delito que se activa con facilidad. La Ley N° 30151 fue aprobada por una amplia mayoría, al igual que otras normas de incremento de penas, limitación de beneficios penitenciarios, facilidades a la policía para asegurar las pruebas en la escena del delito o levantar cadáveres sin la presencia de un fiscal o juez, y de disminución de la edad mínima de imputabilidad penal.

Para ser sinceros, el gatillo fácil estatal se alimenta mutuamente con la visión de mano dura predominante en la sociedad. Cuando un grupo de policías en Trujillo organizaron hace años un escuadrón de la muerte para ajusticiar a por lo menos 56 supuestos delincuentes, una encuesta de Ipsos Apoyo (diciembre de 2009) recogió que el 47% se mostraba de acuerdo con esta forma de enfrentar a la delincuencia. De hecho, otros sondeos indican que la población simpatiza ampliamente con la pena de muerte, la castración de los violadores, la eliminación de los beneficios penitenciarios, el trabajo forzoso y rapado del cabello de los internos y en general con toda medida radical contra los que violan la ley.

El gatillo fácil se alimenta de la sangre y pide más, sobre todo porque esa forma de abordar el delito es un perfecto fracaso aunque sus promotores, mecanizados y faltos de imaginación, se nieguen a reconocer que la crisis de la seguridad es el resultado de casi 20 años de esas políticas de mano dura. De hecho, el escuadrón de la muerte de Trujillo se formó el 2007 poco después de la promulgación del Decreto Legislativo N° 982 que exime de responsabilidad penal a los policías que en cumplimiento de su deber y en uso de sus armas en forma reglamentaria causen lesiones o muerte.

Matar al delincuente más que al delito es un paradigma vigente en nuestro país, y es profundamente atrasado en relación con políticas criminales más modernas garantistas y sobre todo eficaces. La impunidad de los guardianes ha sido siempre el inicio del fin de la interdicción de la arbitrariedad de los actos del poder, un retroceso de la tendencia histórica que busca limitar el abuso de los encargados del orden.

Una sociedad que cree que los delincuentes no merecen vivir revela mucho más que el populismo penal. Desnuda por ejemplo la incapacidad de las autoridades para entender las razones del origen del delito y ello explica la serie de errores y fracasos en materia de seguridad ciudadana. De leyes restrictivas y violadoras de derechos que luego se vuelven contra los ciudadanos tenemos muchas. Sobran amenazas,  faltan resultados.

El miedo concentrado

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/el-miedo-concentrado-10-01-2014#comment-form

La República

La mitadmasuno

10 de enero 2014

Juan De la Puente

El debate sobre la concentración de medios presenta varios ángulos, y es frecuente parapetarse en uno de ellos para negar la importancia de los otros. El ángulo más legitimado es el legal, habida cuenta que los tribunales serán los que decidan sobre el recurso de amparo presentado por varios periodistas en el Juzgado Constitucional de la Corte de Justicia de Lima, demandando anular la compra de Epensa por El Comercio, por evidenciar un acaparamiento de medios de comunicación.

El debate legal se ha quedado por el momento en el plano procesal y en una discusión constitucional plana e inmóvil, centrada en el retaceo de un artículo de la Constitución llevado a cabo en la lógica bipolar de verdadero/falso, ignorando los sentidos de la interpretación constitucional y la necesidad de un modelo pluralista del ejercicio de las libertades.

Este reduccionismo debería dar paso a un ejercicio jurídico enriquecido por el derecho comparado y la jurisprudencia nacional e internacional reconocidas. El argumento Kirchner/Correa/Chávez sirve como espolón contra los opositores a la concentración, pero no permite que sus mensajeros construyan una idea convincente en favor del acaparamiento. De allí que, a falta de conceptos, se recurra a la explotación de la cita y a la frase sacada de contexto y se enarbole una supuesta amenaza de estatización de la prensa.

El modelo de debate legal es surrealista. Por un lado se demanda que el tema no se politice, que el Presidente de la República guarde silencio y que los políticos no expresen opinión, Al mismo tiempo, se tejen alianzas políticas, se esgrimen argumentos políticos y se ejecuta una campaña política gigantesca.

El debate legal en tono castrador y huidizo no conduce a ninguna parte. Imposible despolitizar lo que es político y no hay nada más político que la libertad. De hecho, la revisión de la trama de lo ocurrido entre junio y agosto pasado evidencia que la concentración de medios es más política que legal, es decir, primero política y luego lo demás.

El Perú conservador tiene miedo y por eso quiere medios. Más medios es menos miedo. Miedos y medios se organizan como una correlación agresiva desde hace varios años, por lo menos desde la campaña del Fredemo en los años 1989/1990, para impedir el cambio. Y debe reconocerse que es una correlación relativamente eficaz porque si bien no alcanza triunfos electorales (de allí las derrotas de los candidatos respaldados por los medios en 1990, 2001, 2006 y 2011) permite bloquear reformas democráticas, impulsar otras en un sentido conservador o restrictivo, cuando no regatear cambios específicos y cogobernar con los que ganan.

La concentración de medios iniciada el año pasado no preside el proceso de la derecha peruana, pero es la pieza de arranque de una concentración mayor, la de los sectores económicos, partidistas y mediáticos que se preparan para impedir el 2016 un susto similar al del año 2011 y para garantizar la consolidación de un modelo de económico e institucional de largo plazo. Para este caso específico, concentración es sinónimo de unificación.

La operación es audaz; en general, toda forma de concentración del mercado lo es. Me temo, no obstante, que no es moderna, que expresa un renunciamiento a los métodos democráticos que se aplican a la competencia política y un retorno abierto al patrimonialismo del siglo XIX. Esa concentración/unificación termina por desplazar a los partidos de la escena y viabiliza la construcción de un contrapoder que acabará siendo más fuerte que el Estado, el único poder que en la teoría no debería ser superado más que por la soberanía popular.

El temor natural a la derrota que debería canalizar la formación de un polo conservador democrático está siendo mal manejado. Un grupo de halcones –alguien los ha llamado el tea party peruano– está desbordando a los suyos sometiendo el sistema a una tensión que se replicará en otros momentos y ámbitos. Por ahora no están siendo contestados internamente y no sé si habrá allí espacio para la sensatez.

El año de la gran debilidad

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/el-ano-de-la-gran-debilidad-03-01-2014

La República

La mitadmasuno

3 de enero de 2014

Juan De la Puente

El 2014 tendrá la virtud de no ser un año ocasional o exclusivamente de tránsito hacia un nuevo país político que se concretará el 2016; será pleno en lo que Antonio Gramsci llamaba movimientos orgánicos, es decir, sostenibles y no necesariamente coyunturales. Varios hechos serán parte de estos movimientos y influirán en ellos notablemente, como el esperado fallo de La Haya sobre los límites marítimos Perú/Chile; los dictámenes de las comisiones investigadoras de los ex presidentes García y Toledo; la elección de la mesa directiva del Congreso; las elecciones regionales y municipales; y la realización en Lima de la Conferencia Mundial de Cambio Climático, COP20, entre otros.

Se ha extinguido el impulso de la restauración democrática de los años 2000 y 2001; ha muerto porque no pudo alumbrar un nuevo sistema político, renovando actores, ideas e instituciones y universalizando derechos. Tuvo ciertos logros como haber superado la maldición de los 12 años, es decir, más de 12 años de democracia ininterrumpida desde el 28 de julio del 2001, organizado las regiones y acompañado el auge económico con algunas medidas distributivas y de incentivo a la demanda. En ese período se ha progresado, aun con efectos dispares, en varios indicadores sociales de acuerdo al reciente Tercer Informe Nacional de Cumplimiento de los Objetivos del Milenio de las NN.UU.

Las causas de este agotamiento quedarán para la disputa entre los historiadores: si se debe a las fallas del producto, es decir, a las limitaciones de la transición iniciada el año 2000 o a la fuerza de lo que Carlos Vergara ha llamado acertadamente la promesa neoliberal, relativamente exitosa en la construcción de su propia ciudadanía y, claro, de un régimen político adaptable a ella.

Esta fase del agotamiento es concurrente con una guerra política intensa, que está dejando de ser la clásica confrontación que se alterna con el consenso. Es la política democrática la que ha empezado a escasear y cede su lugar a una sucesión de reyertas, celadas y operaciones de baja intensidad. La antipolítica peruana se ha superado a sí misma y está dando paso a la contrapolítica; ambas son, al fin y al cabo, formas que asume la política, aunque la última de ellas expone una severa crisis de varios espacios del régimen, ya advertida en el pasado.

A pesar de todo lo señalado, el actual régimen político no adolece de una grave inestabilidad y parece dispuesto a soportar estos remolinos y embistes. Luego de tantas críticas sobre la displicencia de los partidos y de sus líderes para emprender una reforma consistente habría que concluir que para las necesidades de la contrapolítica el régimen no necesita reformarse. Puede funcionar con financiamiento partidario privado elevando a niveles estratosféricos las campañas electorales; con voto preferencial funcional a los intereses privados; con políticos “independientes” fichados para la ocasión; y con caudillos más fuertes que sus partidos, grupos que ganan elecciones pero que no gobiernan.

Una ruptura institucional es una posibilidad muy lejana: más bien el régimen está a punto de ser tomado por dentro y este año se consolidará la confluencia de poderes empresariales, mediáticos y partidarios con ese propósito; lo harán en el contexto de una visible debilidad del poder. La gran debilidad previa a la gran transformación.

Las elecciones regionales y municipales jugarán un rol dinamizador de este proceso; la descentralización terminará de ser copada por un conjunto abigarrado de grupos, fuerzas, tendencias y líderes. En ese cuadro, un elemento básico del nuevo país político, los partidos serán imperceptibles. Esas elecciones serán, sin embargo, una oportunidad para la izquierda local y regional que desde allí podrían reconstruir una presencia nacional que se augura esquiva por las dificultades en la formación de un frente amplio.

La promesa conservadora es casi inevitable en la medida en que sea imposible proyectar un nuevo centro político. El Perú necesita una nueva fe reformista y construir una comunidad nacional, pero parece que ese liderazgo está vacante.