Andahuaylas y el abuso de mercado

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/andahuaylas-y-el-abuso-de-mercado-27-03-2015

La República

La mitadmasuno

27 de marzo de 2015

Juan De la Puente

He leído severas críticas contra los ciudadanos de Andahuaylas que recientemente protestaron contra el servicio de electricidad que brinda Electro Sur Este. Los adjetivos más usados son exceso, infiltración y agitación. Contrariamente, luego de la suscripción del acta que pone fin a las protestas, la premier Ana Jara ha señalado que lo que le pasa a Andahuaylas no le puede pasar a otra región, validando acuerdos sobre la revisión de la tarifa del servicio de energía eléctrica, la eliminación de cobros indebidos y la reorganización de Osinergmin en Apurímac.

De hecho los reclamos en esa ciudad eran y son justos. Walter Gutiérrez, una reconocida autoridad en materia de derecho de los consumidores, ha alertado sobre que el paro de Andahuaylas es un nuevo tipo de protesta, que no es minera ni ambiental, sino contra los abusos e ineficiencia del mercado, y contra la inacción del Estado en la defensa de los derechos de los consumidores. Añade que existe el riesgo que si no se registran cambios, estos paros se extenderán por todo el país.

El despertar de los consumidores se acelera impulsado por la ampliación de las fuentes de información, el incremento de la denuncia pública, y la posibilidad de que la sociedad se entere de ellas, las comparta y demande colectivamente atención y sanciones. El episodio del cierre de todas las tiendas de una cadena de pizzerías por una desastrosa gestión de la calidad es solo una muestra de esta maduración que viene acompañada de varias formas de movilización.

El Código de Consumo ha sido rebasado por el mercado y el Estado a través de prácticas tradicionales que no han podido ser corregidas, situándonos en un nuevo momento donde la ley pasa a ser una víctima del sistema que se resiste a cambiar.
Es el momento de la ruptura de la inercia empezando por el Estado. Indecopi parece que no va más. La revisión de sus estadísticas permite apreciar su aislamiento de la sociedad y soledad respecto del Estado. En el último año ha recibido 42 mil reclamos, la mitad de los cuales se presume concluyeron parcialmente en conciliaciones entre el consumidor y proveedor. Pero Indecopi no está en condiciones de informarnos  sobre el destino de las otras reclamaciones y, sobre todo, de su seguimiento, una ausencia muy preocupante considerando que estas denuncias se recogen mediante el Sistema de Atención de Reclamos (SAC), el de más fácil acceso.

Por otro lado, casi la mitad de las 12 mil denuncias tramitadas mediante los Órganos de Procedimiento Sumarísimos (OPS) han sido declaradas inadmisibles, archivadas, es decir, rechazadas. El inmovilismo de Indecopi que se considera una mesa de partes y que opera por demanda y no por oferta de derechos, lleva a que, por ejemplo, en el último año hayan recibido mediante ese sistema escasamente 310 denuncias referidas al servicio educativo en colegios, considerando las decenas de miles de quejas con relación a cobros indebidos e incumplimiento de contratos.

Los ciudadanos no denuncian porque no creen en el Estado y porque el país carece de una institucionalidad de consumo con órganos competentes y relacionados. Se aprecia ello, por citar otro ejemplo, en las deficiencias de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) que ha permitido la formación de una suerte de burbuja de las tarjetas. El sistema contaría con 8 millones de tarjetas de crédito, parte de las cuales fueron entregadas sin las previsiones del caso, y ahora es claro que varias decenas de miles deberán ser anuladas con las consecuencias legales que conlleva, entre ellas el embargo de bienes de sus  titulares.

Es probable que la maduración de los consumidores sea parcial y en ocasiones sesgada, lo que se advierte, en un tercer ejemplo, en el reclamo de una mejor calidad de los servicios de telefonía que va acompañado sin embargo de la negativa a que se instalen nuevas torres de telefonía móvil. No obstante, en cualquier caso, el país no cuenta con una política pública referida al consumo, y debería contarla con rapidez para evitar la irrupción de esta nueva forma de conflictos.

Cuatro escenarios electorales

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/cuatro-escenarios-electorales-20-03-2015

La República

La mitadmasuno

20 de marzo de 2015

Juan De la Puente

El inicio de la campaña electoral se produce con escasas novedades en torno a la irrupción de candidatos nuevos y fuerzas nuevas. Lo más relevante sea quizás la presencia de Daniel Urresti a nombre del nacionalismo, que ha empezado a integrarse al sistema, y el hecho de que PPK cuente con un partido propio. En este escenario inicial se tienen en liza a Keiko, Alan, PPK, Urresti, Toledo, a los que se agregarían por lo menos dos candidatos de la izquierda, y quizás otros dos que emerjan de las decisiones que adopten a la mitad del año el PPC, AP, Somos Perú, Alianza para el Progreso y Solidaridad Nacional.

Con 8 o 9 candidatos entre grandes y medianos se tendría a la vista un cuadro de partida de mayor fragmentación que la presentada el 2001 (que tuvo en el arranque 5 candidatos entre medianos y grandes), el 2006 (6) y el 2011 (5). Si persiste este paisaje, su principal efecto será la dispersión del voto y el hecho de que los dos ganadores de la primera vuelta no sumen juntos el 50% de votos y sea más difícil la gestación de alianzas para una mayoría gobernante.

Gruesamente, esta oferta se distancia de la expectativa ciudadana en la que resalta que por lo menos el 50% de los electores no simpatiza ahora con alguno de los políticos actuantes o se encuentra a la espera de un candidato que considere nuevo. Esto le da sentido a la promesa de un outsider, afanosamente anunciado, buscado y promovido desde varios ángulos de la política. No obstante, considerando el formato de nuestro sistema, no es inevitable la irrupción de un outsider con posibilidades, especialmente si a la vista se tiene por lo menos cuatro escenarios probables.

En el primero se tendría una campaña centrada en los temas adjetivos que ahora mismo se ventilan y dominan la política, con alguna incidencia de la seguridad ciudadana en el discurso de los candidatos, junto a una promesa general de un gobierno que recupere el tiempo perdido, en un contexto en que la administración Humala no sea capaz de proyectar su legado y con varios casos de corrupción judicializados. Este escenario tendría como resultado un recambio tradicional a decidirse cerradamente entre los actores del sistema en alguna de sus versiones de derecha o de centro derecha; un desenlace que no alteraría el cuadro que ahora dibujan las encuestas. Este es, por ahora, el resultado más probable.

En un segundo escenario, repitiéndose los elementos de la debilidad del gobierno, habría que agregar también la debilidad de la oposición, desgastados ambos por la crítica y la desconfianza de la opinión pública, y con dificultades para proponer un horizonte de país con diferencias sustantivas con el presente. En este escenario se facilita la irrupción de un mensaje de gobierno de mano firme haciendo centrales los temas de la seguridad ciudadana y el orden, que ya fueron determinantes del voto el año 2011, y el desenlace sería un recambio populista de derecha.

Un tercer escenario dependería de la evolución de la economía este año. Si esta crece a una tasa menor al 2%, acompañada de una mayor caída del empleo (en Lima, entre diciembre y febrero se perdieron 10.600 puestos de trabajo), la reducción del consumo y de la inversión pública (no se hable ya de la inversión privada que este año podría tener un crecimiento negativo), la economía ingresará con fuerza al debate electoral, mejorando las posibilidades de los candidatos que cuenten con una oferta creíble de recuperación del crecimiento. Este escenario tendría como resultado un recambio o remake neoliberal a ultranza.

Un cuarto escenario se produciría por la conversión de la corrupción en el principal problema del país y de la política, con grandes escándalos judicializados, y una creciente debilidad del sistema para producir respuestas aceptables. Esta posibilidad, que por ahora se aprecia lejana, dependería de una intensa movilización anticorrupción que no se tiene a la vista, y mejoraría las posibilidades de la izquierda o de un candidato que siendo contestatario sea también un outsider.

Política, antipolítica y contrapolítica

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/politica-antipolitica-y-contrapolitica-13-03-2015
La República
La mitadmasuno

13 de marzo de 2015

Juan De la Puente

Un apreciable porcentaje de ciudadanos no acepta ninguna forma de reelección, ni de financiamiento público de los partidos, y cree –con mayor o menor intensidad– que todos los políticos son una maldición corrupta e ineficaz que debe ser erradicada. De acuerdo al último Latinobarómetro, publicado el 2014, el Perú, junto a Chile, Brasil, Bolivia y Argentina, se encuentra a la vanguardia de los países con mayor porcentaje de ciudadanos que cree en una democracia sin partidos y sin Congreso, con menos interés en la política y más escépticos respecto de la posibilidad de que sus gobiernos puedan resolver los problemas en los próximos cinco años.
Fuera de las comparaciones, otros datos permiten apreciar la resistencia de los ciudadanos a la política. Según la encuesta de GfK de febrero de este año, el 55% cree que el actual diálogo político no servirá para nada o profundizará los desacuerdos y otro tanto sostiene que ni al gobierno ni a la oposición le interesa llegar a acuerdos. Ese mismo sondeo revela que dos tercios no se sienten cercanos a ninguna opción política.
Las explicaciones centradas en la decepción y la desconfianza son ciertas pero crecientemente básicas e insuficientes. El desencanto peruano pasa a mayores y va a contracorriente de otros fenómenos, como la relativa satisfacción de progreso y de legitimidad del mercado; no es el resultado de una crisis perfecta en la que la falta de adhesión a la política es compartida por los partidos y la economía.
La explicación podría suministrarla los 25 años de antipolítica, es decir, el sacrificio de la competencia democrática, el pluralismo y la deliberación en manos del decisionismo y de los poderes fácticos. Una parte de los ciudadanos empieza a recusar esta forma de hacer política y de gestionar el Estado debido a los resultados presentes, especialmente los referidos a la corrupción y a la falta de seguridad. Sin embargo, aquí no funciona el péndulo; ese sector no se decanta necesariamente a favor de lo que se denomina tradicional, es decir, líderes, partidos, símbolos y narrativas convencionales, Para ellos, no hay a la vista nada nuevo y nada bueno. Todos son iguales.
Esta contrapolítica envía mensajes antisistémicos, pero no solo estos; también voltea la mirada hacia formas ilegales de política, que son nuevas pero no expresan necesariamente una apuesta democrática, como se pudo apreciar en varios resultados en las elecciones regionales pasadas. En cualquier caso, sin embargo, debe anotarse que no solo parece haberse agotado la transición post fujimorista sino el ciclo mayor no tocado por esta, la antipolítica.
No encuentro progresista esta extrema recusación de la política. Al contrario, sufre la enfermedad de la desideologización. Contra quienes creen que es la base para el surgimiento de un Podemos peruano (en similar proceso que el de España), creo que este segmento es infértil, se indigna pero no se moviliza, y reclama pero no está dispuesto a mover un dedo por el cambio.
La contrapolítica es un riesgo para nuestra democracia despolitizada y no solo para los partidos y líderes. Siendo que no le interesa el antagonismo, las relaciones de poder y la alternancia, es decir, deja de escoger o preferir, puede conducirnos con audacia a increíbles resultados electorales en nombre de lo nuevo. Quizás basados en esta percepción y al mismo tiempo posibilidad, el Perú es en estos momentos el primer laboratorio mundial de outsiders, y a este afán se dedica tiempo, dinero y sobre todo esperanzas. De los programas y proyectos de país se habla poco y se entiende: “todos son iguales”
Es preciso reaccionar frente a la contrapolítica, una forma de política en modo de negación. Ciertamente no solo es una obligación de los partidos, cuya mochila los ciudadanos y medios cargan todos los días con exigencias que deberían ser compartidas. Sin abandonar el espíritu crítico y la exigencia de la reforma como alternativas a la crisis de representación no es recomendable saludar y alegrarse por este “que se vayan todos” peruano.

La reforma política, un movimiento

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/la-reforma-politica-un-movimiento-06-03-2015
La República
La mitadmasuno

6 de marzo de 2015

Juan De la Puente

No sé cómo terminará el debate parlamentario de la reforma electoral. Lo más probable es que se aprueben algunos cambios urgentes, no todos, para mejorar el estándar del próximo proceso electoral. Sin embargo, no parecen haber condiciones para aprobar en su totalidad el paquete mínimo, porque en el Congreso y en los partidos nacionales no ha sido posible construir una audaz mayoría a favor de cambios.
A pesar de ello se ha roto el dique inmovilista; por primera vez la caída del fujimorismo en el país se ha detenido más de un minuto para debatir la reforma política, la parte electoral de ella pero no solo lo electoral. Las discusiones de cenáculo han “descendido” a la sociedad y han perdido su categoría de exclusividad intelectual. Este descenso tiene una virtud que debe ser rescatada, su transversalidad; por ahora no se advierten demasiados sesgos ideológicos y no existen modelos de reforma de izquierda y de derecha. Al contrario, con matices, se aprecian sentidos comunes agregados volcados hacia una mejor política para una mejor representación.
Nada de esto se habría logrado sin dos hechos centrales. El primero, la embestida de la antipolítica durante el proceso electoral regional/municipal de octubre pasado. Esta arremetida, provista de su enorme fuerza económica, expuso ante el país la dimensión de un desborde de formas y los límites de instituciones atadas de manos frente a una masiva ruptura y desprecio de los marcos básicos, un fenómeno que en medio del estallido de la corrupción diluyó los reparos a la reforma, incluso de los que poco antes escribían que el país no necesita nuevas reglas de juego.
El segundo fue la capacidad de reacción de una parte del Estado, en este caso de los organismos electorales, y otro tanto de la sociedad, incluyendo los medios de comunicación y que a pesar del viento en contra insistieron en cambios, aún mínimos. La apertura del JNE, ONPE y RENIEC a la sociedad civil y la campaña unificada #ReformaElectoralYA que las tres instituciones llevan a cabo debe ser reconocida; es un posicionamiento inédito y valeroso en la pugna por la transparencia pública, una especie de pequeña “mani pulite” peruana que en otras condiciones debería ser ciertamente más generalizada.
La curiosa pregunta de por qué los organismos electorales demandan más transparencia pública debería ser reemplazada por otra: ¿Por qué callan otras instituciones frente a la reforma de las reglas para la formación de la representación? De ese silencio escapan el ejemplar comportamiento de la Defensoría del Pueblo y la reciente toma de posición del Fiscal de la Nación que se ha expresado a favor de la inhabilitación de por vida de los funcionarios corruptos y el Contralor General quien ha respaldado la aprobación de los impedimentos de postulación para los sentenciados por corrupción y la eliminación del voto preferencial. El Poder Judicial, el TC, el CNM por ahora callan.
El país se acerca a una batalla institucional entre organismos que pugnan por más transparencia pública y mejores reglas para el ejercicio de la política y otros que se atrincheran en las viejas formas que favorecen la corrupción. Esta disputa es cada vez más probable en la medida que la reforma política se ha transformado en un movimiento, aún pequeño pero imposible de ser ignorado.
Es una mala señal que de ese movimiento no forme parte de modo entusiasta y general lo que queda del sistema de partidos. Muy pocos grupos nacionales se han expresado a favor tanto de la reforma mínima como del paquete más ambicioso de mediano plazo. La mayoría de partidos está emplazado en la acerca del frente, resistiéndose a que se investiguen sus aportes electorales y gastos de campaña y ensayando lamentables coartadas a favor del voto preferencial, contra la alternancia de género o de desprecio a lo mínimo. Este bloqueo partidario a la reforma que se extiende al Congreso es más que una falta de grandeza; resume un grave error de apreciación del nuevo momento y una entrega de banderas a otros que están llegando.

Un nuevo Acuerdo Nacional

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/un-nuevo-acuerdo-nacional-27-02-2015
La República

La mitadmasuno

27 de febrero 2015

Juan De la Puente

Hace 13 años los partidos, la sociedad civil y el gobierno consideraron la necesidad de un pacto político y social. La preparación del mismo duró 5 meses y el debate de su contenido otros tres, entre el 5 de abril hasta el 22 de julio del año 2002, cuando se suscribió el Acuerdo Nacional por 7 partidos, 7 instituciones sociales y el gobierno. El pacto contenía 29 políticas de Estado para los 20 años venideros.

Viví intensamente ese período; fui encargado por el entonces presidente Alejandro Toledo de coordinar el compromiso de los actores, la convocatoria y los primeros contenidos. Con la decisiva participación del premier Roberto Dañino, de la Asociación Civil Transparencia dirigida por Rafael Roncagliolo, y un grupo de valiosos peruanos, se dio forma a un espacio que alimentó y oxigenó la transición y entregó un instrumento que a pesar de sus deficiencias, la frondosidad y su carácter no vinculante, estableció un horizonte y marcó a las políticas públicas.

Nada se habría alcanzado si los líderes de entonces no se hubiesen premunido de grandeza. Esta generosidad fue desbordante, al extremo que el gobierno presentó al debate 12 políticas de Estado que los implicados rápidamente llevaron a 29. También se debió a otras dos razones decisivas: que nos encontrábamos a la búsqueda de una nueva política para un nuevo tiempo luego de la recuperación de la democracia, y que lo impulsaba un gobierno que iniciaba sus funciones.

Una parte importante de las políticas del Acuerdo Nacional ha sido implementada; es difícil concluir un balance situados solo en el análisis métrico de lo que se ha hecho y de lo que falta hacer. Sin embargo, es indiscutible que el Perú, un país históricamente alérgico a los acuerdos públicos pero muy amigo de componendas bajo la mesa, pudo romper la maldición de la discordia extrema permanente.

El Perú necesita un nuevo Acuerdo Nacional, ya no para la transición sino para la reforma. Como hace 13 años el país se encuentra otra vez en la búsqueda de una nueva política. El impulso de la transición iniciada con la presidencia de Valentín Paniagua ha concluido y son cada vez menos quienes afirman que aquí no pasa nada. También se ha roto el consenso alrededor del crecimiento y se debate en todos los ámbitos sobre qué crecimiento, para qué y cómo. Finalmente, la crisis de las instituciones reclama correctivos de fondo más que de forma.

Parece un sinsentido proponer un nuevo pacto nacional cuando el país se sumerge en una campaña electoral en medio de una polarización que además de ser más intensa que las anteriores, se vacía de contenidos. Se presume que esta etapa es de diferenciación de programas y que no es una buena estrategia hablarle al país de pactos cuando se le debe hablar de votos.

El asunto es más complejo. Durante los últimos tres gobiernos constitucionales, no ha sido posible alcanzar grandes pactos para concretar grandes cambios, varios de ellos incluso consignados en las políticas de Estado del Acuerdo Nacional, precisamente por la resistencia de los gobiernos y de las oposiciones a encarar estos cambios desde el consenso. El juego de leves mayorías y minorías se sustentaba en dos convicciones que están dejando de serlo: 1) el derecho del elegido de organizar “su” gobierno y “su” poder; y 2) la intangibilidad del crecimiento económico.

Tres grandes desafíos obligan a que el gobierno elegido el 2016 recurra a un nuevo Acuerdo Nacional: 1) la búsqueda de un nuevo modelo de crecimiento y de distribución habida cuenta del fin de ciclo de acumulación que se experimenta; 2) la reforma política de instituciones y procedimientos para la formación de la representación; y 3) la formación de una comunidad política en un país que ha crecido y madurado en medio de la precariedad y que necesita con urgencia más cohesión. Si los partidos que entran en campaña queman todas sus naves en la disputa electoral no podrán pedirle al país ese nuevo consenso. Por esta razón, esta campaña debería ser protagonizada por la reforma.

El candidato (a) distinto (a)

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/el-candidato-a-distinto-a-13-02-2015
La República

La mitadmasuno

13 de febrero 2015

Juan De la Puente

Según la reciente encuesta de GfK, el 56% no simpatiza con ningún político, porcentaje que sube a dos tercios entre aquellos que no tienen interés en la política (que son la mitad de los electores). Asimismo, el 50% cree que el próximo gobernante del Perú no serán Alan García, Keiko Fujimori o PPK, los mejor ubicados en los sondeos de opinión, y piensa en cambio que hay oportunidad para un candidato distinto.

El poco interés en la política y la desconfianza en ella, léase ambas razones como una desilusión de los ciudadanos respecto de lo público y de los actores públicos, serán desafíos para todos en el proceso electoral que asoma y no solo para el marketing. De hecho, parir candidatos sorpresivos o sorprendentes se está volviendo un afán nacional aunque el sistema se encuentra relativamente cerrado por el requisito de medio millón de firmas para la legalización de un partido, un ojo de aguja para que pase un elefante.

El espacio de los políticos y partidos aceptados por menos de la mitad de peruanos no puede ser considerado como el de la política tradicional. Esta, entendida como el espacio que protagonizan las formaciones partidarias clásicas como el Apra, la izquierda, AP, PPC, practica cada vez menos reglas convencionales y en cambio es impactada por la antipolítica en distintos grados, tanto en el reclutamiento de militantes, como en la designación de candidatos, el financiamiento de sus campañas y en el manejo de sus programas.

De hecho, ninguno de estos grupos se hace acreedor al título de “partido tradicional” aunque sus candidatos puedan ser percibidos así por ser conocidos y porque representan una forma de decir la política. En resumen, el Perú no tiene partidos tradicionales y los políticos tradicionales son una especie muy amenazada.

El otro grupo, más de la mitad de peruanos, anhela y espera una nueva política. En realidad lo hace desde hace 25 años, con la diferencia de que ahora la crisis de representación es más aguda y concluyente. En esa mayoría caben aquellos que no tienen interés en la política, por lo que su deseo de relacionarse con las propuestas conocidas es mucho menor.

La búsqueda de nuevas sensaciones e identidades que vienen de fuera del sistema es fundamental en nuestra democracia; ha sido lo más importante en los inicios de los 6 procesos electorales desde 1990 que dieron a luz decenas de recién llegados, la mayoría de los cuales se juraba el nuevo de turno, de modo que la construcción del outsider en nuestro precario sistema se ha convertido en un auténtico carnaval, lleno de fanfarria, disfraces y un poco de cursilería. Outsider, los de otros tiempos.

Después de 25 años también se puede decir que nuestro sistema es también un cementerio de outsiders. Salvo tres (Fujimori, Toledo y Humala) decenas de nuevos políticos fueron sepultados por mala suerte, por falta de dinero o por escasez de capacidades elementales. Al fin y al cabo, esos tres políticos sorpresa eran más que recién llegados en tanto que dos de ellos no pudieron ganar en la primera elección, relativizándose su condición de nuevos y de ajenos al sistema. Todo ello nos devuelve a la pregunta si los outsiders nacen o se hacen.

Sostengo que para el Perú de hoy no es suficiente y quizás innecesario un outsider y hacen mal los medios, la academia y los políticos mismos en buscarlos bajo tierra. Si se trata en realidad, hablando en plural, de nuevas políticas, políticos, discursos y símbolos, habría que mirar los perfiles más que los orígenes. Así, se podrá encontrar proyectos y espacios en construcción y apreciar mejor las posibilidades de los actores “nuevos” respecto de la agenda del futuro. En esa perspectiva los nombres que circulan, como los de Gastón Acurio, Julio Guzmán, Martín Vizcarra, Verónika Mendoza, Marisa Glave, Julio Arbizu o Claudia Cisneros, corresponden a identidades diferenciadas para proyectos diferentes. En el reino de la antipolítica, nueva o antigua, no es suficiente ser nuevo. Ser nuevo no es lo mismo que ser distinto.

Podemos, no queremos, no sabemos

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/podemos-no-queremos-no-sabemos-06-02-2015
La República

La mitadmasuno

6 de febrero 2015

Juan De la Puente

En la actual crisis política los actores juegan cerca al borde de la cancha y en corto plazo, sin apuestas estratégicas, una crisis que discurría sin contenidos pero que ha sido impactada por dos elementos que sobresalen por su carácter precursor: 1) la irrupción de una forma/contenido “full contact” de hacer política impulsada por el ministro Daniel Urresti, antecedente de un espiral antagónico casi irreversible donde solo es posible la confrontación, no importa sobre qué; y 2) la presencia de los jóvenes indignados y más que eso, de una forma/contenido aún embrionaria y duramente cuestionadora del establishment político y económico.
La idea cuestionadora de lo político y económico es recurrente desde la caída del fujimorismo. Ambos reformismos fueron inicialmente marginales, por la necesidad de recuperar las instituciones y abrir el juego, la razón por la cual se impuso la opción de Alejandro Toledo (2001-2006). Esa opción se decantó por un modelo económico alternativo, fue derrotado por Alan García (2006-2011) pero triunfó con rebajas, también en lo económico el  2011.
Por lo tanto, podríamos decir que el reformismo político fue marginal desde los inicios del actual ciclo democrático, debido al privilegio de lo económico patentizado en discursos convergentes como “piloto automático de la economía”, “buena economía, mala política” y “aislar el ruido político”.
El estallido de la corrupción, las crisis institucionales en progreso, como las del Congreso, la Fiscalía y el CNM, la crisis de los partidos y las decisiones equívocas tomadas desde arriba, han creado un escenario ideal para la irrupción de las dos promesas señaladas, la populista autoritaria –en ese sentido Urresti es más que Urresti, es el profeta de un proyecto para resolver por la fuerza los nudos de nuestra gobernabilidad– y la reformista que a diferencia del pasado hace énfasis más en la política y en la economía.
Esta última tendencia señala que el problema central del país es la corrupción y el envilecimiento de la política. Esta no se da por aludida, se sigue peleando en las alturas por asuntos de corto plazo, y tiene el secreto deseo de que el 2016 tenga como elementos de discusión la seguridad ciudadana y acaso la defensa del llamado modelo económico si algún candidato lo amenazara, algo poco probable ahora. En ninguna de las contabilidades de las opciones para las próximas elecciones figuran la lucha contra la corrupción, la reforma de la política y de la formación de la representación, y los cambios de fondo en las instituciones impactadas por la corrupción y la ineficiencia.
Estimar, sin tomar en cuenta este escenario la probable irrupción de un fenómeno político similar a Podemos de España es arriesgado. Vistos los antecedentes de la derrota programática de Humala y el abandono de su proyecto, también es apresurado pronosticar la aparición el 2016, y con fuerza, de una opción como la de Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador), Hugo Chávez (Venezuela) o Cristina Fernández (Argentina). Lamentablemente, en el reino de la antipolítica en la que se ha convertido el Perú, tampoco son posibles reformismos más institucionalistas como los de Chile o Uruguay.
A diferencia de varios de los países mencionados, el Perú no se encuentra en crisis económica en tanto que el mercado registra una alta cuota de legitimidad. Es una razón y no una coartada que opera en la conciencia ciudadana como un enorme tapón de cara a los cambios institucionales que requerimos. La falta de conciencia que impulse cambios de fondo a pesar de no registrarse una crisis económica es un problema cultural de la política sobre el que se desarrolla una discusión entre quienes apuntan a cierta anomia social que se gratifica con la corrupción y lo alimenta (las dos caras de la moneda, “déjame trabajar” y “roba pero hace obra”) y quienes todavía rebuscan en los partidos una pequeña señal reformista. En cualquier caso, no deja de ser frustrante que el discurso ético en el país sea vigoroso pero marginal.

Las regiones, un nuevo pacto

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/las-regiones-un-nuevo-pacto-30-01-2015

La República

La mitadmasuno

30 de enero 2015

Juan De la Puente

La Asamblea Nacional de Presidentes Regionales (ANGR) presentó recientemente un interesante texto (Los Gobiernos Regionales al inicio de su segunda década; 46 experiencias de éxito de la gestión pública regional), un ejercicio que relaciona el balance, la reflexión crítica y el estudio de casos, una fórmula escasamente usada en el estudio de las políticas públicas.

Las 46 experiencias reflejan 9 ámbitos de la gestión de gobierno en los que se aprecia voluntad política, gerencia técnica, planeamiento del territorio y compromiso con temas sensibles de la agenda pública que en las condiciones de una perspectiva centralista no habrían sido abordados. Entre los casos, es muy destacable la avocación a la relación entre el ordenamiento territorial y las políticas ambientales, como la zonificación ecológica en 3 regiones, la creación de autoridades rectoras ambientales macro o micro en 2 regiones y la Mancomunidad de los Andes que reúne a 5 regiones. Estas experiencias indican una ruta promisoria, la gestión de las dinámicas territoriales bajo la convicción de que la desigualdad incluye una variable territorial que se patentiza en las brechas casi endémicas de ingresos per cápita entre distritos ricos y pobres.

El texto lanza, aborda y deja varios desafíos. El más importante, que recorre el libro como una narrativa de resistencia, es la crisis del proceso iniciado el año 2002. Esta narrativa contradice a otra, la narrativa del fracaso de la descentralización, impuesta como discurso desde marzo pasado por una coalición al mismo tiempo centralista en lo político, conservadora en lo ideológico y neoliberal en lo económico.

Esa idea del fracaso es contestada con otra que afirma que la crisis expresa el fin del impulso del proceso descentralizador, una crisis de expansión de la arena política de acuerdo a la clasificación de Guillermo O’Donnell. Es decir, no es una crisis autónoma sino que forma parte de otra mayor que nos reclama a todos.

El texto sugiere tácitamente como causales de esta crisis un conjunto de responsabilidades del Estado. Siendo ello en general correcto, otro conjunto menos explorado de responsabilidades alude a las sociedades regionales, a las tres generaciones de gobiernos regionales y en específico las élites regionales que desde el año 2006 gobiernan la mayoría de gobiernos regionales. 

El libro propone relanzar la descentralización usando el lema “descentralizar reformando”. Nunca mejor dicho. Ahora, ¿por dónde empezar el relanzamiento? ¿Se puede relanzar el proceso sin reforma política?

Requerimos un nuevo pacto descentralista; a diferencia de otras experiencias, el nuestro solo fue legislativo, no fue un pacto político y me temo que tampoco social. Un nuevo acuerdo no debería producirse mirando al centralismo. A pesar de su presencia en los medios y el Estado, la narrativa centralista es débil frente a la sociedad pues no toma en cuenta que en 12 años la región se ha transformado, y que ahora es un sujeto que ha dejado de ser objeto. Este nuevo acuerdo debería ser parte de la agenda electoral del 2016 y debería ser exigido a los candidatos.

Este sujeto ha evolucionado; cada región usa la autonomía de la que dispone con resultados disparejos y desequilibrados donde importa no solo lo que tienes, sino también lo que eres y de dónde vienes. Así se entiende que el PBI per cápita de Moquegua sea S/. 43 mil y que el de Apurímac sea S/. 5 mil, en una media nacional de S/. 17 mil.

Una última cuestión, sobre la corrupción. Matizo la afirmación del texto que señala que la descentralización no produce corrupción sino que la hereda de un Estado con una larga historia de corrupción y clientelismo. El dato histórico es correcto, pero no explica lo ocurrido en los últimos años en donde la corrupción se ha recreado y se ha convertido en una enorme fuerza social, en algunas regiones quizás una de las más importantes organizadoras de la política. Como diría la academia, la corrupción regional ya hizo sociología.

Monos con metralleta

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/monos-con-metralleta-23-01-2015

La República

La mitadmasuno

23 de enero de 2015

Juan De la Puente

Se tiende a pensar que varios de los fenómenos que sacuden recientemente la agenda pública peruana son el resultado de acciones impensadas o disparos al azar lanzados por personajes imprevistos. Esta idea, que la política ha sido tomada por monos con metralleta, debería ser relativizada en favor de una reflexión que explique la irrupción y/o privilegio de formas regresivas de hacer la cosa pública que están llegando para quedarse. En estos casos, la irresponsabilidad de acciones y declaraciones no es sinónimo de disparate.

En cinco días se han tenido noticias de seguimiento ilegal a por lo menos seis actores públicos relevantes (Jorge del Castillo, Miguel Hidalgo, Marisol Espinoza, Cecilia Tait, Natalie Condori y Tania Quispe); procedimientos que para efectos del análisis deben ser agregados y desagregados en busca de una racionalidad oculta. Salvo el que se realizó a la Vicepresidenta Marisol Espinoza, los otros cinco habrían consistido en operaciones destinadas a elaborar expedientes para el chantaje o para el estatequieto.

Importa dilucidar si estos operativos están a cargo de redes privadas o estatales porque de esto depende no solo la tipicidad del delito sino los móviles, es decir, en favor de qué decisiones se pretendía torcer la voluntad de las víctimas. Si estas redes son privadas estaríamos ante el sucio dinero, importante de atajar pero al fin y al cabo un desborde –doloso– de las bajas pasiones a las que conduce la codicia; pero si las redes fueron públicas, es decir, cualquiera de las instituciones de inteligencia, estaríamos ante la sucia política, el desborde –doloso y peligroso– de la fuerza del Estado para favorecer intereses del poder de turno. Caben otras dos realidades intermedias: 1) que los intereses privados hayan usado –alquilado– la logística del Estado para propósitos privados; y 2) que existan grupos al interior del Estado con lógica de inteligencia propia, lo que se está denominando como “facciones” con objetivos propios.

Cualquiera de estas posibilidades pone en jaque al sistema revelando su debilidad, vulnerabilidad y podredumbre, porque tanto lo privado/sucio como lo público/sucio concurren a un nuevo estadío, la delito-política, la fase superior de la antipolítica, una forma de gestionar la representación que, a los manejos dolosos del erario público patentizado en los escándalos que explotaron el año pasado, suman otras regularidades como el registro de la intimidad familiar y el acopio de datos en los registros públicos. De allí al chaveteo en los callejones solo hay un paso, incluso si, como al parecer sucede, una cosa es el espionaje y otra la misteriosa distribución de expedientes.

Varias preguntas emergen de este fenómeno que quizás no les interese mucho al Congreso y a la fiscalía que investigarán las denuncias de seguimiento: ¿Esta forma de organizar el juego político y las relaciones con los opositores y con los propios tiene un peso decisivo en el Estado? ¿Cuántos recursos y tiempo distrae a los tomadores de decisiones organizar u ordenar estos operativos y prestar atención a sus hallazgos teniendo en cuenta que el día tiene 24 horas? ¿Las instituciones a cargo de estas operaciones tienen también una participación en la elaboración de la agenda pública y por lo tanto voz en el gobierno del país? ¿Por qué callan los funcionarios víctimas de estas prácticas ilegales?

En un país donde se justifica que los procuradores graben a los ministros (lo que hace suponer que los ministros pueden grabar al Presidente) se torna aceptable que el gobierno grabe y espíe a todos. Esa es otra política, la de baja intensidad, la de los aparatos ocultos, de los equipos de chuponeo, de las investigaciones de la vida privada, las filtraciones a la prensa, de la prensa que abraza las primicias con escaso sentido crítico y del ajuste de cuentas por lo bajo. No es la política del debate abierto, de la lealtad hasta en la discrepancia y la disidencia, del juego político de cara a los ciudadanos donde son ellos los que deciden y no los expedientes X; es otro país, el Perú Watergate. ¿Hemos liberado esas fuerzas?

teatro, política y memoria

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/teatro-politica-y-memoria-16-01-2015

La República

La mitadmasuno

16 de enero 2015

Juan De la Puente

El cuadro es propio de las tablas: una obra de teatro divide a un gobierno durante algunas horas, y la escena es clásica, con público, corifeos, sin máscaras, con la muerte y el dolor como motivos de la discusión. Atravesado por un hondo conflicto es un drama intensamente revelador de un tema crucial de la agenda nacional.

Lo sucedido tiene un signo épico y al mismo tiempo poético; permite contar una vez más lo sucedido durante el ciclo de la violencia política, aunque esta vez la narrativa oficial es interrumpida por discursos surgidos desde el mismo Estado que cuestionan aquella visión predominante que se resiste a hurgar en la violencia y el terror y a ejercer la memoria.

Es el fin de varias certidumbres con la señora Libertad en el centro de la escena. Al final del acto queda establecido que una cosa es la obra “La Cautiva” como expresión artística libérrima, y otra es la responsabilidad pública de garantizar la seguridad. Atajada la pretensión totalitaria de sujetar lo primero a lo segundo se desvanece la idea de convertir una expresión artística, o cualquier otra manifestación humana, en un medio político obligado.

No debe perderse de vista en este drama a los personajes no tan secundarios, entre ellos el oficial de la Dircote que filmó la obra, asistió al debate luego de la puesta en escena y elaboró el informe que la prensa ha difundido, y en el que sobresale más que las preocupaciones sobre Sendero Luminoso (SL) su sorpresa porque la obra contenga diálogos “en los que se deja entrever poderes, opresión y explotación  subliminalmente introducidos”. Aunque pareciera una figura escapada de las tramas de las novelas del boom latinoamericano, no lo es; lamentablemente corresponde a un estereotipo salido de las escuelas de formación de las fuerzas de seguridad donde predomina la convicción de que la crítica social es sospechosa de subversión.

Lo nuevo, sin embargo, no es ni el policía ni el informe, ni siquiera el argumento que afirma que la policía puede investigar “lo que quiera” en su lucha contra el terror. Lo nuevo es la ruptura del consenso conservador estatal alrededor de estos temas, la defensa de la libertad desde el espacio público y el desafío interno lanzado a quienes creen que toda mención a la violación de los DDHH por las FFAA y la policía es una afrenta a la lucha contra el terrorismo. En tal sentido, el comunicado del Ministerio de Cultura y las precisiones realizadas por la Presidenta del Consejo de Ministros recuperan una visión democrática siempre escasa en la lucha por la paz. No más monólogos.

Por los resultados, lo sucedido tiene mucho de positivo. A pesar de ello, ha sido otro episodio que revela la falta de compromiso de una parte considerable del Estado y de la sociedad con la memoria y la persistencia de una visión que reduce los años de violencia a una epopeya que enfrentó a los malos vencidos contra los buenos que vencieron, sin referencia al contexto de los hechos, a los orígenes y a las causas históricas.

Este drama que enfrenta a la memoria y a la antimemoria no ha concluido y es más actual de lo que parece. Un sector de la sociedad y de funcionarios no entiende la ficción, el arte y el argumento artístico, pero tampoco entiende los desafíos de la construcción de una comunidad nacional basada en la verdad y la justicia. Esa parte conservadora del país cree que es suficiente el rencor contra los terroristas derrotados y que el dolor de las víctimas de la violencia estorba el odio.

Esa opción está vigente; se expresó hace semanas cuando el máximo responsable de la seguridad tuvo una pelea a gritos con un jefe de Sendero Luminoso (SL). El altercado fue celebrado como una muestra de valentía y un modo eficaz antiterrorista, la misma que no ha impedido que SL forje una alianza electoral con miras al 2016. Ellos que son los primeros beneficiados con la antimemoria, esa narrativa que se queda en los cantares de gesta y considera que los vencedores no deben hacerse cargo de las causas de la guerra porque estas no existían.