La anticorrupción hace historia. Aquí quizás no.

Por Juan De la Puente

No Brasil tudo é grande. A corrupção é grande. E agora o anti-corrupção também será grande, muito grande.

1.- Una delación corporativa. En efecto, el empresario Marcelo Odebrecht, jefe de la empresa constructora más grande de América Latina ha llegado a un acuerdo con la justicia brasileña para delatar a los funcionarios y políticos a los que sobornó su empresa. El acuerdo podría incluir entre 50 y 68 ejecutivos más de Odebrecht que han negociado sus propios acuerdos de delación.

Se inicia de ese modo a decir de la cadena O Globo, la primera delación corporativa a gran escala, cuyos efectos serán mayores en volumen de dinero y destapes de corrupción que los escándalos de la última década en EEUU y Europa, como los casos Enron, WorldCom, Gurtel o Madoff. Es el coletazo mundial de Lava Jato.

La empresa está presente en 21 países de 4 continentes pero en la región el foco está puesto en las obras realizadas en 7 países, Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, Perú, República Dominicana y Venezuela. El año pasado, en A. Latina la cartera de contratos de Odebrecht ascendió a US$18.000 millones de dólares.

2.- Hay un caso abierto en el Perú. Desde hace dos años, la cascada de noticias que vinculan a Odebrecht al Perú se acrecienta y ha sido abordado por varios medios, especialmente IDL reporteros y Ojo Público aunque también se han abocado al caso Lava Jato con permanencia Hildebrandt en sus Trece, La República y El Comercio.  Inicialmente, los involucrados negaron las vinculaciones extraídas de los expedientes brasileños, hasta que la fiscalía encontró indicios para abrir una investigación. El fiscal supraprovincial Hamilton Castro ha viajado a Brasil hasta en 4 oportunidades (junio, octubre y noviembre del 2015 y enero de este año), y la visita del Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, a Brasil, para participar en un encuentro de fiscales anticorrupción de Latinoamérica, en octubre pasado, selló una mayor cooperación.

3.- Hasta ahí las buenas noticias. El Perú parece no estar preparado para procesar la llegada de una inédita cantidad de datos que podrán ser judicializados. Solo en el caso más grande, el que vincula a las empresas Odebrecht, Queiroz Galvao, Andrade Gutiérrez y Camargo Correa con el supuesto pago de sobornos en la construcción de la Interoceánica (una carretera de 2.500 kilómetros de longitud que pasó de costar US$ 800 millones a US$ 2.800 millones), la acusación está vinculada a tres gobiernos, un caso cuya denuncia fiscal se producirá este año o el siguiente pero que corre el riesgo de no tener responsables y, si los hay, de ello sabremos después de 6 o 7 años. Un prueba de esto fue el destino de los tres informes de la Comisión Lava Jato del Congreso pasado que no pudieron ser discutidos en un pleno  extraordinario porque no se alcanzaron las firmas requeridas para convocarlo Solo se obtuvieron 66 de las 78 necesarias.

4.- Brasil y Perú, las diferencias. En Brasil, desde que la fiscalía acusó a Marcelo Odebrecht y la condena de 19 años que recibió en marzo pasado transcurrieron 8 meses. En nuestro caso, por ejemplo, el grupo delictivo del gobierno regional de Ancash no ha recibido ninguna sentencia relacionada al crimen organizado, y su cabecilla César Álvarez solo ha sido condenado por difamación a dos años de prisión suspendida. Las capturas en este caso se realizaron en mayo del año 2014.

Brasil se beneficia de una fiscalía y una justicia empoderadas y de un movimiento anticorrupción en proceso de ampliación, con redes contra la impunidad que operan en las universidades y en la sociedad civil. El punto culminante fue la marcha de decenas de miles de personas que el 13 de marzo reclamaron la renuncia de Dilma Rousseff, el procesamiento de Lula y el respaldo al juez Sergio Moro que ha puesto ante la justicia al sistema político del país. Solo en Sao Paulo se movilizaron casi 1 millón y medio de personas.

5.- No es suficiente, por ahora. En nuestro caso, la fiscalía está en una mejor situación de cuando explotó la corrupción de las regiones y ha obtenido victorias resonantes. La más importante de ellas es la sentencia del Tribunal Constitucional de octubre pasado (EXP N.° OD81 I -2015-PHC) que desestima el pedido de Nadine Heredia para que la fiscalía deje de investigarla. El TC ha respaldado el papel del Ministerio Público en la lucha contra el delito y ha señalado que sus indagaciones no implican  una amenaza a la libertad personal o derechos conexos por el hecho de que las diligencias son postulatorias, es decir son antecedentes para decisiones del Poder Judicial.
Nuestro sistema de colaboración eficaz, dispuesto en el Código Procesal Penal, hace complejo este sistema y entre las modificaciones que debe experimentar hay una, muy importante, que en el caso de Brasil ha permitido este desenlace, la posibilidad de que también se acojan a este mecanismo jefes y cabecillas de los grupos juzgados.

A pesar de la nueva fuerza de la fiscalía, ahora reforzada por el papel de la Procuraduría en manos de la Dra. Julia Príncipe, esta fuerza no parece suficiente por ahora; nuestra sociedad está indignada pero no movilizada y es impresionante el vigor de los poderes extralegales que operan en favor de la impunidad, incluso desde los medios. Esta vez deseo equivocarme.

El mensaje de PPK y la crisis de todos

Por Juan De la Puente

El Presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) ha empezado a encarar la reciente crisis de su gobierno y lo ha hecho planteando cinco medidas de la cuales dos son muy importantes, la muerte civil de los sentenciados por corrupción –una reforma constitucional atascada en el Congreso hace por lo menos 6 años- y la convocatoria del Consejo de Estado para debatir medidas anticorrupción, una instancia que no está contemplada en la Constitución pero que puede ser convocada como espacio de coordinación interinstitucional.

El mensaje a la Nación de PPK llega 24 horas después de la publicación de la  encuesta de Ipsos Perú por El Comercio. Este sondeo debería ser leído en el contexto de la crisis abierta por el caso Moreno, que ya reporta efectos directos en el Ejecutivo, pero que abre un nuevo período que involucra a todos.

Esa crisis “es de PPK” pero no solo de él porque como se verá a continuación abre o reabre un escenario en el que pierden todos. Aquí dos reflexiones sobre el punto.

1.-El retorno del deterioro. Lo de PPK debe ser leído como algo propio del gobierno y a la vez del conjunto del sistema, para evitar alegrías y tristezas de parroquia. Si el primer dato es la caída de 8 puntos de la aprobación de PPK respecto del mes pasado y el aumento de 10 puntos en su desaprobación, esta caída es similar a la del gobierno, cuya aprobación cae 9 puntos (53%) con una desaprobación que sube 14 puntos (33%), y la del Congreso y Poder Judicial, cuyas aprobaciones caen 8 y 3 puntos, respectivamente. Entre los políticos, Keiko Fujimori baja 3 puntos (38%), el premier Fernando Zavala, 7 (37%) y Alfredo Thorne  4 (38%). Solo Luz Salgado que baja 2 puntos (42%) y Verónika Mendoza que baja un punto (31%) permanecen al margen de esta tendencia.

Estos datos indican que se repone un escenario en el que la caída de la aprobación del gobierno arrastra al resto del sistema. Es un fenómeno distinto al de una competencia política perfecta en donde la menor aprobación del gobierno implica siempre el aumento de adhesiones a la oposición.

Volvemos al escenario de desconfianza que acompañó la guerra política entre los años 2013-2016. Las elecciones no pudieron anular este clima y solo se superpusieron a él, un contexto de nueva guerra en clave electoral con nuevos actores que pasaron del conflicto Humala-García al de Keiko-PPK-Verónika.

Luego de las elecciones no se experimenta un clima de guerra pero el resultado electoral no ha servido para legitimar nuevos discursos y renovar la confianza política. Ese déficit es crucial para la reinstalación del escenario de deterioro cuya perspectiva va en ascenso. Lo que aparecía como una luna de miel exclusiva de PPK fue al mismo tiempo un período de gracia para el sistema político.

Eso ya fue. Es un poco tarde para movimientos en reversa; el caso Moreno ha develado otras carencias de un gobierno que estaba administrando con cuidado sus éxitos, en tanto que el Congreso se había esforzado por mejorar su desempeño. Los giros en ambos casos deberían ser espectaculares para salir del escenario descrito, pero parece que eso no sucederá. No es malo lo propuesto por PPK pero la dimensión de lo que está en juego reclama más audacia.

2.- Ciudadanos sin élite. El golpe más significativo que muestra la encuesta de Ipsos es la autonomía de la opinión pública respecto a su percepción de la agenda pública. Ahí aparece una visión de la calle distinta a la de la élite en los tres temas consultados: 1) En el caso Moreno, a pesar de que dos tercios creen que la respuesta fue adecuada, casi el 60% cree que el gobierno no está comprometido en la lucha contra la corrupción; 2) pesar de que la mitad cree que los escuadrones policiales que ejecutaron a presuntos delincuentes violaron sus DDHH, un tercio cree está de acuerdo con esa modalidad de enfrentar el delito; y 3) dos tercios cree que Sendero Luminoso se encuentra activo en algunos lugares.

Esta percepción entiende la diferencia entre las responsabilidades de los distintos órganos del Estado; a pesar de ello, es crítica a todas las instituciones y les reclama casi lo mismo. Eso no debe olvidarse, la crisis de PPK es tu crisis.

La crisis del estilo PPK

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La República

La mitadmasuno

14 de octubre de 2016

Juan De la Puente

El presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) ha logrado imponer un estilo de Gobierno criticado por la oposición pero premiado por los ciudadanos. Esta manera de ejercer el poder está nuevamente en cuestión a raíz del caso del ex asesor Carlos Moreno, cuya renuncia PPK minimizó diferenciándose de la actitud del premier Fernando Zavala.

El estilo PPK posee atributos, es decir, una parte externa y otra interna. La parte externa son sus modos coloquiales y sueltos, y la interna su modelo de ejercicio de poder, dejando hacer sin restricciones. Ambas partes hasta hace poco iban acompasadas, proyectando la imagen de un presidente tolerante, sencillo, centrista, bonachón y transversal.

La parte interna de ese estilo parece haber entrado en crisis; la dialéctica pepekausa, en la que forma y contenido se correspondían, se ha rajado. Que el presidente aparezca descolgado de su gobierno no es una buena señal. Al contrario, proyecta una debilidad que es difícil matizar con el temperamento jocoso del Jefe del Estado.

Si se definiera desde la teoría el estilo PPK en sus contenidos, sería el de un presidencialismo atenuado y autolimitado, ubicado al extremo de los presidentes decisionistas y plebiscitarios que hemos tenido en las tres últimas décadas. Ese estilo se mueve entre el de Fernando Belaunde y Alejandro Toledo, con la diferencia de que frente al primero, PPK no tuvo un estado mayor previo a la toma del poder, y tampoco un ideario básico, y que a diferencia de Toledo no ha podido formar una mayoría parlamentaria a inicios de su mandato. Así, PPK sería un Belaunde sin partido y sin doctrina, o un Toledo sin mayoría.

Este estilo tiene sus virtudes, entre ellas su escasa ambición de poder, a la que se agrega la edad, una realidad que dificulta roces ásperos con los críticos. PPK es un abuelo presidente, como lo fue en su momento Lagos (Chile), Mujica (Uruguay), Balaguer (R. Dominicana) o Roosevelt (EEUU). Uno se puede pelear con sus padres pero es difícil pelearse con los abuelos.

Pero una presidencia autolimitada es riesgosa. PPK parece estar delegando demasiado y eso genera efectos que ya se advierten, como la sobrecarga del gabinete. La excesiva delegación terminada dañando a los dos, al que concede y al que recibe.

PPK ha escogido con acierto algunos temas macro como la revolución del agua y la relación con las regiones, y ha efectuado tres viajes exitosos que fortalecen nuestra política exterior. Sin embargo, existe un día a día del Gobierno que precisa atender.

La revisión de las potestades presidenciales establecidas en la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (/LOPE) da forma a su condición de Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Jefe de la Administración Pública a pesar de traslados de competencias a otros ámbitos. Como señala con acierto el profesor Enrique Bernales, nuestro presidencialismo es inorgánico y desequilibrado, pero no deja de ser presidencialismo.

En este afán cotidiano algunas tareas presidenciales son insustituibles, como la relación con los otros poderes y órganos autónomos, el seguimiento de las carteras ministeriales aparte del que realiza el premier, y las relaciones con los actores políticos, la sociedad civil y los medios. Del mismo modo, la tarea básica de un jefe de Estado que no posee mayoría en el Congreso y que se encuentra presionado por demandas macro transversales es la búsqueda de consensos nacionales. PPK tiene dos enfrente: la reforma política y la lucha contra la corrupción.

Los llamados a PPK a que no haga bromas y que sea más solemne tienen poco sentido en un país donde la distancia emocional de los políticos con los ciudadanos es grande. No creo que los peruanos reclamen ahora un presidente instructor (Humala), aleccionador (García), o autorreferente (Toledo). El problema del actual Gobierno no es el humor inglés del presidente sino la percepción de control y mando que debe proyectar, es decir, el humor de la sociedad que debe ser atendido de modo inmediato.

América, el continente del no

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La República

La mitadmasuno

7 de octubre de 2016

Juan De la Puente

Es razonable la crítica al modelo brasileño que encarnaba Lula por su falta de fuerza para promover las reformas, su alianza con la vieja política mercantilista y la ausencia de límites ante la corrupción. Desde esta visión, la caída de Dilma Rousseff es la derrota de un modelo que previamente había perdido la batalla por el cambio político.

La victoria del No en el referéndum colombiano no es la misma derrota pero es igual; es la caída en las urnas de una firme voluntad de cambio. Sin anteojeras, el acuerdo de paz no es (¿era?) solo el desarme de las FARC sino la puerta de entrada a reformas que Colombia se merece desde hace décadas y que pudo haber terminado en una Asamblea Constituyente, no del estilo ecuatoriano o venezolano sino pactada y más legítima.

Es paradójico y dramático que en esos dos países fuesen derrotados programas que no se planteaban rupturas de la democracia. Lula/Rousseff de izquierda y Santos liberal han perdido por omisión y acción, respectivamente. En ambos casos se evidencia el cierre de vías para el cambio y la explicación más común, mutuamente condicionada, remite a la potencia de los poderes conservadores muy activos y la dispersión de las fuerzas reformadoras.

¿Cómo les fue a los que impulsaron cambios rupturistas? Inicialmente bien, y de hecho los saldos sociales en Bolivia y Ecuador son apreciables (otra vez sin anteojeras), aunque se constata ahora el bloqueo de las experiencias progresistas que se decidieron por cambios políticos y económicos. Bolivia votó contra Evo Morales en el referéndum releccionista de este año, la oposición ganó en Venezuela y volverá a ganar la próxima consulta, el kichnerismo fue desalojado del poder en Argentina dejando una estela corrupta, en tanto que el futuro de los proyectos de Correa y Morales pende de un hilo a la espera de sucesores aceptados por el pueblo.

En un esquema de alternativas se tiene: 1) la falta de cambio democrático, derrotado (Brasil); 2) la voluntad de cambio democrático pactado, derrotado (Colombia); y 3) el cambio rupturista, bloqueado. Chile representa un cuarto caso, la de una experiencia que pudo realizar cambios (sistema de elección, Ley de Partidos, Ley de Fortalecimiento y Transparencia, reforma tributaria y educativa, despenalización del aborto, unión civil, y la promesa reciente de cambios pensionarios), pero que, con encuestas a la mano, no ha logrado que su clase política y especialmente el gobierno recupere la aprobación de los ciudadanos.

Las explicaciones desde la correlación de fuerzas derecha/izquierda o poderosos triunfantes versus débiles derrotados no son suficientes para explicar lo que sucede en un continente que ha pasado de la crítica a la política a constituir mayorías que se enfrentan a los gobiernos de turno sea cual fuese su signo. Desde el 2015, salvo República Dominicana, ningún partido se ha reelegido en el poder en elecciones democráticas, con el mismo candidato o con uno distinto.

Es entonces solo parcialmente cierta la idea de que el fin del ciclo progresista en la región augura el inicio de un ciclo conservador medianamente largo. La debilidad de ambas facciones de la política latinoamericana frente a los ciudadanos es contundente y de ello también dan cuenta de la precariedad del gobierno de México y el modo catastrófico en que acabó el gobierno de Martinelli en Panamá el 2014.

La región parece ingresar a un período agitado, sin confianza ciudadana a los políticos y a las instituciones, reportado por el reciente Latinobarómetro que registra por cuarto año seguido la caída del respaldo a la democracia en A. Latina y el aumento del escepticismo. Los que se alegran con el reciente resultado en Colombia deberían razonar con códigos menos predecibles. No hay péndulo ideológico en camino sino una demanda de libertad y justicia poco satisfecha en los últimos años, a pesar de un ciclo excepcional de crecimiento regional. La gente está en las calles contra la derecha y la izquierda. La lluvia está mojando a todos.

El troncho de la paz

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La República

La mitadmasuno

30 de setiembre de 2016

Juan De la Puente

Llevamos 50 años en una guerra contra las drogas que ha fracasado, incluso en EEUU, el país que embarcó al mundo en la cruzada prohibicionista. En el Perú, que siguió el manual de esta guerra, no debemos pasar de ese extremo al otro, a la paz de los “tronchos”, a la relativización del consumo de drogas pretendiendo que la legalización de una de ellas, la marihuana, resuelva problemas mayores que al mismo tiempo son de libertades individuales, de salud pública y de derechos colectivos.

Tres países claves para el narcotráfico: México, EEUU y Colombia, debaten seriamente hace 8 años qué hacer con las drogas, en tanto que el Perú, el real primer productor de cocaína, se ha cerrado a la discusión. Las recientes declaraciones del Presidente Kuczynski, más allá de su entrada hilarante al tema podrían ser el inicio de una inédita reflexión que los medios, la academia y el Estado no deberían dejar que quede en la anécdota.

El sistema creado por la Convención de Viena de 1961 prohibió o sometió a control a más de 100 sustancias y se propuso desaparecer el consumo tradicional del opio en 15 años y de la marihuana y coca en 25 años. Nuestro fracaso es emblemático. Cuando empezó la guerra contra las drogas había solo dos departamentos cocaleros. Ahora son 13; las 40 mil hectáreas de coca se distribuyen en 17 valles, incluidas 134 hectáreas en áreas naturales protegidas y se cuentan 26 zonas de sembrío de amapola con cerca de 1,000 hectáreas. Sobre el cultivo de marihuana no hay datos seguros pero sí dos cifras duras de Devida: es la droga de consumo masivo, con 8% de personas que alguna vez lo probaron (prevalencia de vida), y que uno de cada dos consumidores habituales de marihuana pasa a consumir cocaína.

Frente a la riqueza desafiante de esa reflexión, algunos liberales a los que he leído estos días parecen haberse fumado, precisamente, un “troncho”, postulando una entrada mágico- facilista al debate, trasladando la teoría de la mano invisible del mercado al consumo de las drogas, y situando la discusión solo en términos de libertades.

Un debate nacional sobre las drogas merece información sobre políticas públicas incluso en la perspectiva de la legalización como ¿Cuántas camas tiene el sistema de salud pública para el tratamiento de drogodependientes? ¿Cuántos departamentos están narcotizados debido al impacto de la producción de drogas y de consumo, y cuál sería su evolución en una etapa post legalización?

En caso se arribe a un consenso sobre la legalización de la marihuana, este no será necesariamente una fiesta. En Uruguay, en julio pasado, poco antes del inicio de la venta legal de esta droga, solo 50 de 1,200 farmacias se habían inscrito al sistema porque la mayoría tenía temor a los vendedores informales. Reseño la ironía de un farmacéutico: “No entiendo por qué no la venden en las comisarías, que están en todos los barrios, tienen seguridad y están abiertas las 24 horas”.

No deberíamos cerrar la discusión de las drogas legales e ilegales a un asunto exclusivo de libertades en un país donde la edad de inicio del consumo de alcohol (legal) y marihuana (ilegal) entre los escolares es de 13 años y donde el 2,7% de jóvenes entre los 12 y los 18 años admite haber consumido drogas ilegales. Para esta discusión también importa que según datos del Ministerio de Salud, 9 mil personas fallecen cada año en los hospitales públicos por enfermedades asociadas al tabaquismo, y que la sustancia THC, la que determina los efectos de la marihuana, se ha duplicado en 20 años y por eso se ha incrementado en el mundo en 5% el número de adictos pero en 10% el número de tratamientos de adictos.

Somos un país productor y consumidor de drogas fuertes entre ellas 350 toneladas de cocaína pura y de bajo precio. En otro debate sobre salud pública y derechos –sobre el alcohol, tabaco, transgénicos o comida chatarra– las sociedades no se detienen en lo legal o ilegal de una actividad sino en la capacidad del Estado de ponderar la libertad y el interés público.

El realismo de la reforma electoral

http://larepublica.pe/impresa/opinion/805511-el-realismo-de-la-reforma-electoral

La República

La mitadmasuno

23 de setiembre de 2016

Juan De la Puente

La Comisión de Constitución decidió abordar la reforma electoral separándola de la reforma política institucional, formando para el efecto un grupo de trabajo que preside la congresista Patricia Donayre, el mismo que en un plazo prudencial debería presentar un paquete de cambios.

Los temas que abordará el grupo de trabajo son los indicados (Ley de Organizaciones Políticas, Ley Orgánica de Elecciones, Código Electoral, Código Procesal Electoral) y algunos otros recurrentes y polémicos como la regulación de las encuestas y el distrito electoral de los peruanos en el exterior. Si el debate en este grupo, en la comisión y en el pleno del Congreso se situara en las cuatro grandes normas señaladas, podríamos tener como resultado una reforma integral.

Revisar en dos años dos leyes y elaborar otras dos es una tarea desafiante. La idea de que las nuevas leyes de Organizaciones Políticas y Orgánica de Elecciones, respectivamente, se encuentren en vigencia para las elecciones regionales y locales del año 2017 es sugerente para lo cual debería formarse un consenso legislativo en relación a temas complejos como la democracia interna, el voto preferencial, la alternancia de género, los distritos electorales, los partidos regionales, la cooptación de independientes, las barreras de entrada y la pérdida de la inscripción de los partidos.

Los cambios mínimos positivos que se hicieron entre los años 2014 y 2015 –Hoja de Vida, Ventanilla Única, curul vacía y cambios a la ley de revocatoria– tuvieron un impacto limitado precisamente por la falta de un cambio general, de manera que la única reforma exitosa será la que aborde los temas de fondo. El minimalismo se acabó con la cuestionada Ley Nº 30414, de contrarreforma electoral.

Visto lo sucedido en el pasado reciente, ya no existe espacio para la legitimidad de cambios mínimos. La crisis de los grupos políticos y de los sistemas de elección impacta con más fuerza en la vigencia de los elegidos como se aprecia en los grupos nuevos y antiguos, al punto que ninguna bancada parlamentaria o grupo regional se escapa de problemas internos agudos. Siendo realistas, ya no es posible separar la formación de la representación del ejercicio de la representación.

También forma parte de ese realismo concluir que, a pesar de las urgencias, en el Congreso no se aprecian condiciones para un cambio de la magnitud requerida y que, al revés, existe allí un consenso irreductible por mantener las reglas actuales y en cambio avanzar solo en la mejora del procedimiento administrativo electoral.

Esta brecha entre demanda de cambio amplio versus oferta poco ambiciosa debería ser analizada para que las partes no se engañen. Previamente habría que poner a “las partes” en blanco y negro: los administrados del sistema electoral, que son los partidos, especialmente sus dirigentes, y los políticos elegidos no están interesados en una reforma de gran calado, en tanto que los organismos electorales, es decir los administradores, están en la orilla opuesta. Al medio, dispersos, se encuentran los medios y la academia, y en algunos partidos facciones de militantes que aspiran a democratizar sus grupos políticos.

Este realismo dramático de dos constantes enconadas –la crisis y la resistencia al cambio– condiciona el debate iniciado al punto que la otra parte de la reforma, la de las instituciones políticas y de la Constitución, parece tener más posibilidades. De qué magnitud será esta brecha que ahora existen más probabilidades de restaurar el bicameralismo que eliminar el voto preferencial.

Queda un enorme espacio, el de la opinión pública y la afirmación de las corrientes que recurran a los ciudadanos en una u otra perspectiva, incluyendo una opción tercerista que pugne por innovaciones herejes. Se abre al mismo tiempo un nuevo momento que inaugura la Asociación Civil Transparencia, que ha iniciado el recojo de firmas para que el Congreso debata sus propuestas de reforma, una dinámica que ahora tiene un pie en el Parlamento y otra en la sociedad.

Moderados arriba, impaciantes abajo

http://larepublica.pe/impresa/opinion/803397-moderados-arriba-impacientes-abajo

La República

La mitadmasuno

16 de setiembre de 2016

Juan De la Puente

Parecemos felices en este reino de la moderación en la que se ha convertido la política peruana. Se moderan los poderes, los políticos y la academia. Se moderan los ya moderados, los inmoderados y los que prometieron no moderarse nunca. Preocupa ese esfuerzo por no chocar mucho con el otro porque en democracia no se pide unanimidad sino identidad, debate, pugna y, claro, acuerdo, la conocida dinámica de la fuerza de la sociedad política vs. el consenso de la sociedad civil, a decir de Gramsci.

La moderación es una de las caras de lo público y se refleja en la luna de miel a la que tiene derecho todo gobierno en su primer tramo. De hecho, el Congreso hizo bien en otorgarle las facultades al gabinete Zavala y asumir la idea de que lo que se tendrá en adelante es un consenso a palos que tiene dos componentes, la cooperación y la oposición.

Lo que está en blanco es la otra cara de la moneda, la representación. Más allá de las formas democráticas señaladas existe un bullicioso silencio, es decir, un esfuerzo por evitar lo más importante dentro de la agenda de lo importante. La moderación trasluce quizás la falta de proyectos como si luego de las elecciones se hubiese decretado colectivamente la coagulación de los programas.

Es un fenómeno curioso porque el país no se ha moderado. En este punto no habría que confundir el optimismo con la paciencia. Las dos encuestas recientes –Ipsos y GfK–, que han indagado las expectativas ciudadanas, reportan una aplastante convicción de que se le facilite al gobierno las herramientas para que sea eficaz, y que por ello el Congreso debe aprobar la delegación de facultades. No parece ser una adhesión al gobierno sino a una solución rápida de los tres grandes problemas de la agenda: seguridad, corrupción y eficacia del Estado.

La brecha entre la moderación arriba y la impaciencia de abajo ya se expresa en la reactivación de los conflictos existentes antes del cambio de gobierno, como el de las comunidades nativas de los ríos Marañón y Tigre (Loreto), de Las Bambas (Apurímac), Ocuviri y Lalli (Puno) La Convención, Anta y Urubamba (Cusco), entre otros.

El gobierno ha abierto en cada caso líneas de diálogo, pero es preciso que sea consciente de que el país ingresa a un ciclo de demandas abiertas. El golpe no avisa y habría que recordar el registro de esta brecha moderación/impaciencia. Las protestas en Puno por el trazo de la Carretera Transoceánica (agosto 2001), y los sucesos conocidos como el Arequipazo (junio 2002), Combayo (agosto 2006), Río Corrientes (setiembre 2006), Conga (octubre 2011) y Espinar (mayo 2012), estallaron en los tramos iniciales de los gobiernos de Toledo, García y Humala precisamente cuando todos eran casi hermanos creyendo con ilusión que se había cerrado en las alturas el círculo de la gobernabilidad entendida en ese contexto como estabilidad.

Actualmente, por lo menos dos regiones, Puno y Cusco, son laboratorios de gobernabilidad. El primero puede explotar si las demandas se agregan a partir del conflicto por la represa de Paltiture y otros reclamos ambientales, de obras y de demarcación. El Cusco también puede estallar por razones similares; se encuentra atravesado por conflictos en casi todas sus provincias y a esto se agrega una escasa intermediación de sus líderes y autoridades. Un dato adicional, la política cusqueña actual se parece a la de Puno: ha extraviado su proyecto de desarrollo, es impactada por actores informales y la lucha por la representación carece de límites y se resuelve arbitrariamente o en los juzgados penales.

Habría que preguntarse sobre el momento en que los poderes se abrirán hacia abajo pensando en la gobernabilidad. Las reuniones del Ejecutivo con las regiones y con las mesas de lucha contra la pobreza son útiles para la elaboración de agenda y simbólicas frente a la tradición del olvido. Sin embargo, la representación de la impaciencia aún no ha sido llamada a la mesa.

No toquen mi curul

http://larepublica.pe/impresa/opinion/801310-no-toquen-mi-curul

La República

La mitadmasuno

9 de setiembre 2016

Juan De la Puente

Algunos análisis centran nuestro equilibrio de poderes en la distancia entre el Congreso y el Gobierno fijando un código que indica que a más distancia entre ambos habrá más inestabilidad. Esta semana, sin embargo, irrumpió una variable que influirá decisivamente en el juego de fuerzas: la distancia entre los congresistas y sus bancadas y partidos, y la de los congresistas entre sí.

Repitiendo lo que sucede desde el 2001, el Congreso no se emplazará exclusivamente desde su relación con el Ejecutivo sino también desde su drama íntimo. Por ahora, dos bancadas que pertenecen a grupos políticos nuevos, Frente Amplio y Peruanos por el Kambio, estrenan divergencias donde la sangre ha llegado al río; otra bancada, el APRA, no exhibe sus diferencias pero ha sido impactada por la extensión de choques externos; y una cuarta, Acción Popular, está unida en el Parlamento pero atraviesa fuera del Congreso una dura discusión sobre la legalidad de sus dirigentes partidarios.

Este fenómeno no obedece a razones exclusivamente parlamentarias. Los casos del Frente Amplio y el Apra tienen relación directa con la construcción del futuro, en tanto que lo que ocurre con la bancada del gobierno y AP son problemas propios de la comprensión del presente. Aun así, la primera expresión de estos problemas es la tensión entre el parlamentario y el partido.

En las nuevas bancadas se advierte la falta de dos de los incentivos para la unidad, la identidad política –muy poderosa en el fujimorismo y el Apra– y la reelección. En cambio asoman otros argumentos que en teoría no deberían colisionar con la lógica partidaria: la defensa del carácter individual de la representación y el voto preferencial.

Si no se acometen reformas electorales y de funcionamiento interno, el sino de este Congreso será la fragmentación. Lo que debilitó a los tres parlamentos elegidos desde el 2001 fue más su dispersión interna que su relación con los gobiernos (aunque en este último punto habría que anotar la crítica social a su seguidismo en materia económica).

En el Parlamento elegido el 2001 renunciaron a sus bancadas 36 de los 120 elegidos, y las 5 bancadas originales terminaron en 8; en el Congreso del 2006 se fueron 27 de los 120 elegidos aumentando las bancadas de 5 a 8; y en el Parlamento elegido el 2011 se fueron 39 de los 130 elegidos, incrementándose las bancadas de 5 a 9, aunque en este caso hubo dos disidencias en bloque, en los años 2012 y 2014 (Frente Amplio y Dignidad y Democracia, respectivamente).

En el actual Congreso, la tendencia al juego individualista se condiciona con una mayor debilidad de las bancadas y es hasta cierto punto entendible en un Parlamento en el que por lo menos 80 de sus 130 miembros no pertenecían un año antes de las elecciones a los partidos por los que fueron elegidos.

Se equivocan quienes creen que esta tendencia no daña al Congreso. De los 200 proyectos de ley presentados a la fecha (en 28 días de trabajo efectivo parlamentario, a razón de 7 proyectos por día), pocos pueden ser considerados “de bancada”. Llevan la certificación de los voceros por una formalidad reglamentaria pero reflejan una visión personal de la actividad legislativa y acaso local, pero carecen de visión general. Estas iniciativas están dominadas por los títulos “declárase de necesidad pública”, el nombramiento de personal del Estado y los parches en los códigos o leyes generales.

Los efectos del juego individual están a la vista; varias comisiones ya fueron atoradas por proyectos cazados al desgaire y que no figuraban en los planes de gobierno. La Comisión de Economía tiene en agenda 39 proyectos, Descentralización 27, Constitución 24, Justicia 24 y Presupuesto 20. Con este desorden en marcha, olvidémonos de las reformas institucionales y el juego virtuoso de las agendas país en debate de cara a los ciudadanos. Contra los anuncios de reubicar al Congreso como un poder controlador y eficiente tendremos un Legislativo individualista. Quizás bullicioso pero minimalista.

Moreno y el gastrotráfico, dos historias sin buenos

Por Juan De la Puente

El escándalo del #negociazo es una crisis en progreso que no puede ser cerrada. Quizás no deba ser cerrada hasta entender su naturaleza. En medio de la cascada de información que fluye la indignación funciona como antes, como una catarsis que sirve para no hacer nada al final. Lo más cómodo ahora es reducir el #negociazo a la historia de un hombre malo que le quita al Estado la plata para los pobres.

Foto: Cuarto Poder

Es preciso diagnosticar el escándalo para no quedarnos en él. Hasta ahora se ha hablado del Estado, de su debilidad y fracaso pero lo que tenemos enfrente es algo más profundo, de lo que el ex asesor Carlos Moreno es apenas una repulsiva circunstancia. Moreno es una mina. Aquí cuatro tips sobre el caso:

1.- Hablemos de dos crisis en una, o de dos historias en una: 1) La crisis del modelo de tercerización de servicios por prestadores privados, sin rectoría del MINSA, y su componente más importante: la ampliación de afiliados al SIS y a EsSalud sin incremento de oferta y de calidad; y 2) La crisis de un modelo de reclutamiento de altos funcionarios del Estado y su principal componente: la ausencia de partidos que se hagan cargo del gobierno que han ganado legítimamente en las urnas. En este caso, la corrupción es una, solo que está repartida en dos almas, la pública y la privada.

2.- No me digan que aquí solo hay responsabilidad en el Estado. Aquí hubo una implosión mercantilista.  Los diálogos de Moreno reflejan la facilidad con la que ciertos privados esquilman al Estado a través de una privatización forzosa y caníbal de las prestaciones. La promesa neoliberal de la Constitución de 1993 (artículo 58°) decía que “el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura” no se ha cumplido, por lo menos por dos razones.

La primera, que el Estado no ha podido enfrentar exitosamente las tarea del financiamiento y de la calidad de las prestaciones, a pesar de mejoras significativas en los indicadores de salud y de aseguramiento. No se puede decir lo mismo del esfuerzo presupuestario; desde el año 2006 cuando el presupuesto de Salud era el 4,4% del PBI pasó el 2014 a 5,5% del PBI pero cayó sin mayores  explicaciones al 2,2% del PBI este año.

No me opongo per se a la tercerización de los servicios complementarios u otros necesarios como la diálisis y operaciones urgentes -ni a las APP, necesarias en el sector- sino a que este proceso se realiza desordenado – ya veces provocado mafiosamente- y sin regulación. La idea de que todo lo privado es mejor por ser privado –ya desmentida en el ámbito educativo- en Salud tiene signos: los privados tampoco tienen nueva oferta de infraestructura y existe escasez de profesionales, porque ahí también hay sueldos de hambre. Los buenos proveedores de servicios y de insumos también son perjudicados; solo el Hospital 2 de Mayo debe entre 15 a S/ 17 millones a los privados.

La segunda razón es el abandono del Estado de sus obligaciones respecto a la salud, incumpliendo la promesa de la Carta de 1993. El MINSA ejerce una débil rectoría en un sistema de múltiples prestaciones directas (17 millones en el SIS, más de 11 millones en EsSalud, 2 millones con seguros privados, decenas de miles en la sanidad policial y militar y prestaciones municipales y religiosas en expansión) en un mercado concentrado (seguros, clínicas y farmacias) y otros mercados en guerra abierta más de dos décadas, el de medicamentos.

No hablemos del abandono del Estado a EsSalud que es para otra nota, pero un dato más: la Superintendencia de Salud, SuSalud es débil y mira a otro lado -¿la han escuchado estos días?- al punto que hasta agosto su responsable fue antes funcionaria de una de las clínicas privadas con más denuncias en su haber.

3.- El gobierno, la segunda historia. El Ejecutivo es el que sufre más con esta historia. A pesar de que el escándalo tiene seis días el Gobierno aún no tiene una narrativa única del caso. Se advierte al premier Fernando Zavala zanjando con la corrupción y a PPK más contemporizador. Eso pasará factura.

Se ha dicho que el Gobierno se demoró mucho en reaccionar pero creo que lo hizo más rápido que cuando explotaron otros escándalos en los gobierno de Toledo, García y Humala. El cargo más grande al Ejecutivo es otro, es cómo llegó Moreno a ese puesto.

Ese cargo tiene cola y cara, y nos remite al formato de reclutamiento de funcionarios en un régimen post colapso del sistema de partidos. No deberíamos escandalizarnos tanto porque en un sistema sin partidos, con una política ultra personalizada, los congresistas y funcionarios tienen el mismo origen: las redes clientelares, las amistades, la familia, la posesión de dinero y/o contactos, más que las formaciones partidarias.

Si este no fuera un drama de la política me reiría mucho de los periodistas y analistas incoherentes que se han pasado 20 años cuestionando a los gobiernos por poner en los altos cargos públicos a los militantes del partido que ganaron las elecciones, predicando en cambio el tecno-gobierno de los independientes. ¿Quieres independientes en el poder? Ahí lo tienes.

No niego el valor de la tecnocracia en el Perú. A pesar de sus limitaciones políticas (Carlos Vergara dice que no estamos gobernados sino administrados) han cumplido un papel destacado y en muchos casos supliendo la falta de solvencia técnica de los gobernantes. Sin embargo, hemos llegado a un punto de extremada debilidad de los grupos políticos cuya expresión máxima es el actual partido de Gobierno. La pregunta cómo llegó Moreno ahí es también cómo llegó Joaquín Ramírez ahí, o los ministros humalistas despedidos por escándalos.

Sobre el punto he escuchado sugerencias como realizar exámenes para los cargos de confianza. Eso me huele a la Hoja de Vida de los candidatos al Congreso y a las alcaldías. Solo hay un remedio: los técnicos a los cargos técnicos y los políticos a los cargos políticos y para ello necesitamos aparatos políticos eficaces también en el reclutamiento porque no deja de ser patológico que los presidentes nombren a sus médicos como ministros de Salud (o asesores) o vicepresidentes a sus abogados. ¿Les suena algo las palabras reforma política, pero ahora?

4.- El Congreso. Qué investigar. El mejor favor que le haría el Parlamento a Moreno es investigarlo a él y a su red, y no tocar nada más. Esa película ya la vimos con los casos Orellana, Ancash y López Meneses. Es la investigación ultrapunitiva que copia al Poder Judicial y a la fiscalía y desperdicia los poderosos instrumentos legislativos y de control del Congreso. Me apresto a ver una investigación de minucia: la fecha de los actos, la hora, el quién te dijo y el cómo fue.

Es cierto que el diablo está en los detalles, pero también es cierto que al diablo no le interesa resolver los problemas de fondo. Sabida la primera pregunta de cómo llegó Moreno, la segunda es clave: ¿Quién y por qué lo grabaron?

Más preguntas impertinentes: ¿Se meterá el Congreso con la concentración del sector salud, las prestaciones truchas, la falta de rectoría y de regulación? ¿Mirará exclusivamente el delito o mirará la salud de los peruanos? De lo primero ya tuvimos, como cuando por la presión de las tabacaleras el Presidente de la Comisión de Salud del anterior Congreso se desapareció una semana para no sustentar ante la Comisión Permanente un proyecto de ley. Espero que ahora sea diferente.