La gobernabilidad primaria y populista

http://larepublica.pe/impresa/opinion/888652-la-gobernabilidad-primaria-y-populista

La República

La mitadmasuno

23 de junio de 2017

Juan De la Puente

La idea de gobernabilidad, predominante en estos días, donde los poderes no se atacan y los políticos no se agreden, o en la que se canjean intereses, es primaria, por básica, e incompleta. No es democrática y, en cambio, es un ejercicio populista.

Desde 1980, cada vez que las tensiones en la cúpula del poder llegan a mayores, el grito más escuchado es diálogo. Así, hemos tenido 37 años de diálogos que surgieron de las patadas, porque solo fueron eso, diálogos, no entendimientos.

Sentar a la mesa a los adversarios rebaja las tensiones y frena las pasiones, pero no resuelve los problemas de la agenda pública dispersa y antagónica. En cambio, fueron más prometedores los diálogos/pacto o diálogos/acuerdo, aun en los casos en que al final no se alcanzaron consensos.

No es extraño que en el Perú se demande diálogo solo después de cada borrasca y no en otros momentos, una tradición que es más expresión de la resaca del pleito o un “dejen de pelear, chicos” que un movimiento de Estado. Esto se debe probablemente a la fobia nacional a los pactos. De hecho, somos una república sin pactos y sin consensos expresos, y por eso acumulamos 12 textos constitucionales y solo dos pactos generales: la Convención de Partidos de 1915 y el Acuerdo Nacional del 2002. Ramiro Prialé, histórico líder del Apra, fue víctima de esa cultura; para esconder el entendimiento tuvo que acuñar una frase incompleta, “conversar no es pactar”, cuando debió proclamar “conversar para pactar”.

Esa forma de diálogo ha vuelto estos días con varias opciones: 1) la ilusión del cogobierno (el ministro Olaechea y varios columnistas); 2) el gabinete multipartidario (el dirigente máximo del partido de gobierno, Gilbert Violeta); 3) el simple cara a cara entre PPK y Keiko Fujimori, una reedición del encuentro de diciembre que tuvo al cardenal Cipriani en medio; y 4) el diálogo como negocio, es decir, el indulto a Alberto Fujimori (por el mismo PPK en una entrevista al semanario The Economist).

Tres de esas formas de diálogo no son ni útiles, ni ahora posibles. Fuerza Popular jamás entrará a un gobierno de PPK ni patrocinará un gabinete parlamentario aun así indulten a Fujimori, porque entre otras razones lo democrático es su derecho a ser oposición. Por otro lado, un gabinete de ancha base o de cercanos a partidos, lo tuvimos en 1990 (el primero de Fujimori) y el 2000 (el de Paniagua y Pérez de Cuéllar), siendo ahora poco rentable para todos. Los partidos pequeños suman poco y el gobierno de los chiquitos no es una receta contra el fujimorismo.

Es extraño en cambio la insistencia de un diálogo en las alturas apartando a los otros actores. Dos poderes precarios criticados por el pueblo han hegemonizado el escenario de confrontación y ahora, cuando parecen desbordarse las aguas, creen que solo en ellos, en los dos, está la solución.

Muy rápido para desentenderse de la otra mitad de ese original modelo con tres mitades –sorry, Euclides– la tercera de las cuales, dispersa y contradictoria, es la clave de la gobernabilidad desde el 2001, al punto que su actividad derribó a por los menos 8 de los 17 gabinetes en tres períodos constitucionales.

La tercera mitad importa porque la agenda también importa, y porque en un diálogo de los poderes con los empresarios, trabajadores, regiones, colegios profesionales, comunidades nativas, padres de familia y otras formas de la sociedad civil, quienes tuvieron un activo rol en el proceso electoral, se puede volver a los contenidos de la reforma institucional y la transparencia prometida en la campaña electoral.

Finalmente, en las últimas horas, se pretende convencer al país de que la gobernabilidad depende de una paz entre los políticos lograda a cualquier precio, incluido el negocio, es decir, el toma y daca sin principios, sin programa y sin respeto por las ofertas electorales. Eso puede pasar como diálogo al inicio, pero luego de concretarse no lo será, y en cambio generará el voto de desconfianza en la sociedad.

Cinco crisis abiertas, cinco

La República

La mitadmasuno

16 de junio de 2017

Por Juan De la Puente

La actual tensión entre el gobierno y el Congreso es la más larga desde el inicio de funciones de ambos poderes. La atmósfera envenenada que se respira incluye por lo menos cinco crisis, todas ella abiertas: 1) Chinchero; 2) El Contralor; 3) Thorne; 4) Basombrio; y 5) El indulto a Alberto Fujimori.

Chinchero es ahora la menos compleja, y es un ejemplo de desactivación de explosivos. La rescisión del contrato deriva el caso a las demandas del Cusco por el rápido inicio de obras y a la compensación a Kuntur Wasi, en un contexto de menor presión en las alturas. Asimismo, el caso del Contralor Edgar Alarcón camina a resolverse; es probable que la comisión designada en el Congreso arribe a un acuerdo que implique su salida del cargo, sea de modo directo o a través de alguna fórmula legal o legalizable. Hasta ahí se supone que cada uno de los poderes hace su trabajo a tono con la presión política del otro poder y de la opinión pública.

Amarrados a decisiones bilaterales están los casos de los ministros Alfredo Thorne y Carlos Basombrio. La diferencia entre ambos es de tiempo político y de sistema de protección. La interpelación del segundo tiene varias semanas y el despliegue defensivo de su gestión fuera del gobierno es amplio y mayoritario, ayudado por un pliego interpelatorio primarioso, rocambolesco y muy malo; malo de pésimo y de abuso.

En cambio, Thorne tiene un audio que lo persigue todos los días, y que no pasa un test básico de transparencia pública. Contra él no solo está emplazado el fujimorismo sino la izquierda y otras bancadas. Los medios han expresado cierta comprensión de su diálogo elíptico con el Contralor pero no al punto de jugarse entero por su permanencia. El caso Thorne tiene menos calendario, pero más definiciones.

El indulto es el asunto más complejo y sus posibilidades de alterar el escenario es clara. Los recientes cambios en el gabinete fortalecen la tendencia a la concesión de esta gracia presidencial, pero no al punto de que no importe la jurisprudencia del sistema interamericano de DDHH y el rechazo del gobierno en los foros internacionales, considerando el buen desempeño de nuestra política internacional.

Si las crisis siguen abiertas se corre el riesgo de que condicionen el 28 de julio y el mismo mensaje presidencial, por lo que el Gobierno debería ser el principal interesado en reducir los conflictos en número o intensidad. Será también el modo de blindar al gabinete Zavala que sigue teniendo una capacidad de maniobra sustantiva y que cuenta con una virtud que no se encontrará en cualquier otro equipo que venga: es un gabinete del presidente, hecho por el presidente y que tiene la confianza del presidente.

Resolver estas crisis no tiene la misma urgencia para Fuerza Popular. Es cierto que las dos últimas encuestas –de Ipsos y GFK- reportan que los ciudadanos perciben que el conflicto entre los poderes ha aumentado, pero no expresan censura a la tensión.  En lo más cercano a una reprobación, critican la desconfianza en esas relaciones y prefieren que estas sean constructivas, es decir, la palabra obstrucción aún en germen. En cambio, la aprobación de Keiko Fujimori y Verónika Mendoza ha aumentado en medio de la tensión, a pesar incluso de la caída de la aprobación del Congreso.

Cerrada la posibilidad de un diálogo político para el mediano plazo -porque el iniciado en enero ha naufragado- queda el lenguaje ancestral de las señas. Salvo lo del indulto (por sus implicancias estratégicas), y la censura de Basombrio (por su potencial demoledor de lo avanzado en seguridad ciudadana), las opciones para estas señas están abiertas, en el caso del Gobierno para defender su arquitectura principal diseñada en julio pasado y relanzar al Gobierno mismo y, en el caso del Congreso y de su fuerza mayoritaria, el fujimorismo, para no darle contenido expreso a la palabra obstrucción. Ambos actores que han hegemonizado el escenario hace semanas deberían tener en cuenta que deben hacer juego y que no se puede siempre vivir de la crisis.

Lava Jato, como perder la batalla

La República

La mitadmasuno

9 de junio de 2017

Juan De la Puente

Solo hay una cosa más terrible que una

batalla ganada, y es una batalla perdida.

Chales de Gaulle.

El Perú ha empezado a perder la batalla de Lava Jato y de otros casos que colocan en entredicho la transparencia pública. A seis meses de la primera explosión del caso, los avances en varias direcciones están cortados. Las tropas no parecen agotadas, pero si entretenidas; una rara batalla donde los ejércitos hablan más de lo que combaten, con más fuego amigo que contra el enemigo. Una batalla sin muertos y heridos, en la que son liberados los jefes prisioneros.

Un balance de estos seis meses no puede ignorar algunas comprobaciones: 1) la falta de colaboración entre las instituciones llamadas a combatir la corrupción – dejando a salvo, claro está, su autonomía- aunque en esta oportunidad la mayoría de las veces se usa la autonomía como argumento contrario a la cooperación; 2) el auto-bloqueo de las instituciones que retarda la eficacia de procedimientos como la extradición, la delación premiada brasileña o la colaboración eficaz interna; 3) la normalización social de las denuncias que parecen haber sido asimiladas por la sociedad y el sistema; y 4) la ausencia total de una movilización ciudadana activa e influyente que alerte e impida retrocesos y dilaciones.

Los casos avanzaron cuando se conocieron detalles de los acuerdos entre Odebrecht y la justicia de EEUU y Suiza, y luego de que la fiscalía peruana suscribiera un inédito acuerdo con la filial de Odebrechet en el Perú. Desde entonces, la mayoría de hallazgos y de progresos se deben a la información ya procesada en Brasil y a las colaboraciones eficaces. Por esa razón, es increíble que el Ministerio Público se encuentre atrapado entre dos opciones: la de la fiscalía anticorrupción favorable a tramitar colaboraciones eficaces y la fiscalía de lavado de activos, reacia a ello.

La sentencia que ordena la libertad del Gobernador del Callao, Félix Moreno, es un cambio de enfoque de la prisión preventiva en los casos de altos funcionarios del Estado, practicado hasta ahora. A este giro podrían acogerse otros detenidos y prófugos de cuello y corbata porque anula el efecto de la colaboración eficaz y relativiza los llamados “elementos de convicción”, es decir, los hallazgos de la fase inicial de la investigación que indican la probabilidad de la comisión de un delito. La libertad de Moreno es un golpe demoledor al Decreto Legislativo Nº 1301 expedido hace muy poco, y que pretendía fortalecer la lucha contra la corrupción de funcionarios, lavado de activos y crimen organizado.

Las documentadas denuncias han sido asimiladas especialmente por la elite. Con creciente menor disimulo se muestran simpatías públicas hacia investigados cuyos casos eran inicialmente objeto de indignación, y se ensayan las primeras críticas contra testigos, pruebas y hallazgos. Si bien la prensa sigue siendo el principal dinamizador de la lucha anticorrupción, en su seno se abren algunas falsas disyuntivas que pretenden cuestionar solo un paquete de ilicitudes, ignorando el otro. El sistema se está haciendo cargo de los casos más sonados, pero para “normalizarlos”.

Por el contrario, en estos seis meses no ha sido posible la formación de un movimiento anticorrupción como el que salió a las calles a la caída de gobierno de Alberto Fujimori. Aquel movimiento tenía una raíz ciudadana y partidaria y estaba dotada de una narrativa fuertemente renovadora de la democracia. Ahora, se ha diluido el elemento político como resultado del cuestionamiento de los partidos en relación a los casos denunciados, y se ha minimizado la actividad social debido a la despolitización de la sociedad (mi amigo Beto Adrianzén dice que es otra politización).

En cualquier caso, existe una brecha significativa entre la gravedad de los casos y la ausencia de gente en las calles demandando se juzgue las denuncias. Sin una narrativa renovadora y reformadora de la democracia, y sin masas en la calle, aparece claro el destino final de este proceso peruano contra la corrupción: la impunidad.

Dos coyunturas críticas. La reciente encuesta de GFK

Por Juan De la Puente

Con cargo a un balance más detallado a partir de todos los datos, la reciente encuesta de GFK publicada por La República (23/7/2017) permite una apreciación de las coyunturas más largas de este año, la del gobierno vs oposición, y la interna del fujimorismo.

El saldo de la coyuntura crítica entre el gobierno y la oposición, de abril a julio, luego del envión motivado por la respuesta a Niño Costero, es zanjada con una pérdida de aprobación de PPK de 10 puntos porcentuales que cae a 32% (secuencia 42, 36, 38, 32), y un aumento de la desaprobación de 11 puntos (de 47% a 58%). La otra parte de esta ecuación, Keiko Fujimori, se ha mantenido y exhibe ahora un 39% de aprobación (secuencia 38, 42, 39, 39), con una desaprobación menor a la de PPK (53%).

En este momento, el resultado principal de esta coyuntura general es que la líder de la oposición tiene 7 puntos más de aprobación que el presidente, un dato que interviene en el debate sobre la naturaleza de las crisis, es decir: 1) a quién beneficia y perjudica la tensión gobierno/oposición; y 2) si es conveniente para el gobierno tener una crisis abierta por varias semanas.

Los datos sobre las coyunturas específicas son detallados. Cuando Kenji empieza su diferenciación de la bancada, en febrero de este año, tenía 21% de aprobación, alcanzando en julio, en seis meses, 12 puntos más de aprobación (secuencia 21, 26, 28, 33, 31, 33). Al mismo tiempo, el 60% respalda su punto de vista sobre la “teoría de los puentes”. Keiko también ha descendido entre marzo y julio en la percepción de algunos atributos, como “tiene capacidad para tomar decisiones” (de 59% a 41%) y “más liderazgo” (57% a 51%). La brecha de liderazgo entre ella y su padre era en marzo de 36 puntos porcentuales a favor de Keiko, respondiendo a a pregunta "Quien cree que en la actualidad tiene más liderazgo dentro de fujimorismo" (60% Keiko vs 24% Alberto), reducida en julio a solo 14 puntos (49% vs 35%).

Una primera lectura de esta coyuntura crítica del fujimorismo, señala que las tensiones internas han debilitado a Keiko ante el pueblo fujimorista, aunque el dato sólido final sigue siendo que el 73% cree que tiene más liderazgo que Kenji en el fujimorismo, señal que la tensión de fondo es con Alberto.

Estas dos coyunturas, una general y otra específica, indican que Fuerza Popular ha podido acumular en su tensión con el gobierno, desgastándolo significativamente, en tanto el fujimorismo oficial, el de Keiko, se ha desgastado hacia adentro, una lógica poco convencional que revela una práctica opositora con claras vulnerabilidades, en el contexto de un sistema de grupos débiles con una representación en crisis. Siendo que el problema “está adentro” ha sido un acierto el giro de Fuerza Popular en favor del diálogo, se supone a condición de que tenga frutos. Es que es muy difícil pelear en dos frentes a la vez.

Encuestas: divididos, desgastados y rechazados.

Se puede analizar las coyunturas cortas como las que tiene el Perú tomando en cuenta las encuestas o no. Si uno decide no considerarlas –decisión válida y aceptada en la ciencia política y en la sociología política- está sin embargo obligado a usar otros instrumentos de análisis, como la observación empírica, el análisis de actores, focus group, entrevistas de profundidad, observación de tendencias, construcción de mapas, etc. Y si decide tomar en cuenta los sondeos de opinión, debe tomar todos los datos referidos a los actores o sistemas analizados, y no solo algunos.

1.- La reciente encuesta de opinión de GFK y publicado por La República el 25 de junio, abarca la aprobación de los actores políticos e instituciones y su desaprobación, pero también incluye datos que integran un ámbito que podríamos titular como “nivel de rechazo”, es decir, una percepción crítica que va más allá de la desaprobación.

2.- Las aprobaciones se han movido poco; algunas caben en dentro del margen de error de la encuesta (PPK +2, Zavala +2, el Congreso +1, en tanto que el gabinete y el Poder Judicial se mantienen). La caída de Keiko supera por poco el margen de error (de 42% a 39%) mientras que la de Luz Salgado como titular del Congreso se recupera (de 25% a 30%), probablemente por su desempeño en las interpelaciones.

Aun así, no sebe pasarse por alto que el Presidente PPK tiene 38% de aprobación, que la líder de la oposición 39%, y que quien quedó en el 3er lugar en las elecciones, Verónika Mendoza, ha pasado de 24% a 28%. Tampoco puede obviarse que para los ciudadanos Keiko es más querida, respetada y enérgica que PPK.

3.- En la elite existe una sensación de aguda división e incertidumbre que la opinión publica relativiza. Luego de 45 días de batalla, solo el 39% cree que las relaciones entre el Gobierno y el Congreso son conflictivas, frente al 38% cree que avanza a pesar de las tensiones, y un 11% que cree que son cordiales. La sensación de conflicto entre poderes se ha movido en tres meses apenas 6 puntos. En suma, la sociedad no comulga con la idea de que hay una dura batalla en las alturas y piensa que, palabras más o menos, ambos son lo mismo.

4.- Los ciudadanos no están premiando a nadie en esta batalla. Al contrario, a la pregunta sobre lo que esperaba del Gobierno hace un mes la respuesta “es igual de lo que esperaba” era 48% y ahora 41%. En cambio, los porcentajes de que el gobierno se desempeña “mejor de los que esperaba” es bajo (12%), se mantiene la idea de que es “peor que lo que esperaba” (32%) en tanto sube de 10% a 15% el porcentaje de los que “no esperaban nada”. Igual sucede con el Congreso: 39% cree que se desempeña igual a lo que esperaba; 27% peor de lo que esperaba; 13% mejor de lo que esperaba y 20% no espera nada. Siendo así, y agregando percepciones, casi de la mitad de los peruanos cree que ambos poderes están peor de lo que esperaban o no esperaban nada.

5.- A eso debe agregársele siete datos duros algunos de los cuales pueden doler, pero que no pueden ser ignorados: 1) más de dos tercios cree que lo que viene del Gobierno y del fujimorismo será igual o peor de lo que hubo hasta hora; 2) el 45% sostiene que ni PPK ni Keiko tienen un plan claro para el país; 3) el 58% cree que está informado poco o nada de lo que hace el gobierno; 4) que el 65% cree que Alfredo Thorne si ejerció presión sobre el Contralor; 5) que más de dos tercios no conoce que propone la oposición sobre seguridad ciudadana, la principal razón de desaprobación del Gobierno y el asunto por el que fue interpelado el ministro Basombrio; 6) la aprobación de Keiko ha subido a 48% en Lima pero su desaprobación ha trepado a 64% en el sur; 7) que PPK tiene una aprobación de 47% en los sectores A/B y una desaprobación de 60% en Lima; y 8) el 37% cree que el Congreso obstruye, contra el 46% que el Congreso está haciendo lo que debe, es decir, fiscalizar al Gobierno.

6.- Se puede hacer política ignorando estos datos. Si, y de hecho la mayoría de partidos, podres y medios lo están haciendo, intentando que la crisis que agita y envenena las relaciones entre los poderes se resuelva en las alturas. Podrían lograr que algunos avances, pero esa pobre gobernabilidad que implica que los políticos no se peleen tiene sus límites, especialmente si en ese esfuerzo no es comprendida la sociedad y los otros actores regionales y locales. Un pacto en las alturas ahora, sustentado en dos poderes desgastados y rechazados será pan para hoy, hambre para mañana.

7.- La nueva paradoja de este escenario es por un lado la progresiva división de los principales actores institucionales, y por el otro el rechazo de la sociedad a su modelo de concebir la política y la gestión del sistema. A ello se agrega la falta de una narrativa de ambos o de uno de ellos para entusiasmar a la sociedad. La búsqueda de nuevas razones que mejoren la relación entre el poder y os ciudadanos está a la orden del día, y esta podría ser –depende del alcance y contenidos- atajar la irrupción de una recesión económica, relanzar políticas sociales y salariales, reformar las instituciones, relanzar la descentralización e inversión pública, o resonantes éxitos en seguridad ciudadana. Frente a ese desafío mayor y que demanda más inventiva, que en el fondo es retornar a las ofertas electorales del año pasado, se tienen por ahora medidas polémicas, arriesgadas y provocadoras como el indulto a A. Fujimori o el cogobierno imposible entre PPK y el fujimorismo. Otra vez la elite de espalda a la realidad.