La República
La
mitadmasuno
9 de junio de 2017
Juan De la Puente
Solo hay una cosa más terrible que una
batalla ganada, y es una batalla perdida.
Chales de Gaulle.
El
Perú ha empezado a perder la batalla de Lava Jato y de otros casos que colocan
en entredicho la transparencia pública. A seis meses de la primera explosión del
caso, los avances en varias direcciones están cortados. Las tropas no parecen agotadas,
pero si entretenidas; una rara batalla donde los ejércitos hablan más de lo que
combaten, con más fuego amigo que contra el enemigo. Una batalla sin muertos y
heridos, en la que son liberados los jefes prisioneros.
Un
balance de estos seis meses no puede ignorar algunas comprobaciones: 1) la
falta de colaboración entre las instituciones llamadas a combatir la corrupción
– dejando a salvo, claro está, su autonomía- aunque en esta oportunidad la
mayoría de las veces se usa la autonomía como argumento contrario a la
cooperación; 2) el auto-bloqueo de las instituciones que retarda la eficacia de
procedimientos como la extradición, la delación premiada brasileña o la
colaboración eficaz interna; 3) la normalización social de las denuncias que
parecen haber sido asimiladas por la sociedad y el sistema; y 4) la ausencia
total de una movilización ciudadana activa e influyente que alerte e impida
retrocesos y dilaciones.
Los
casos avanzaron cuando se conocieron detalles de los acuerdos entre Odebrecht y
la justicia de EEUU y Suiza, y luego de que la fiscalía peruana suscribiera un
inédito acuerdo con la filial de Odebrechet en el Perú. Desde entonces, la
mayoría de hallazgos y de progresos se deben a la información ya procesada en
Brasil y a las colaboraciones eficaces. Por esa razón, es increíble que el
Ministerio Público se encuentre atrapado entre dos opciones: la de la fiscalía
anticorrupción favorable a tramitar colaboraciones eficaces y la fiscalía de
lavado de activos, reacia a ello.
La
sentencia que ordena la libertad del Gobernador del Callao, Félix Moreno, es un
cambio de enfoque de la prisión preventiva en los casos de altos funcionarios
del Estado, practicado hasta ahora. A este giro podrían acogerse otros
detenidos y prófugos de cuello y corbata porque anula el efecto de la colaboración
eficaz y relativiza los llamados “elementos de convicción”, es decir, los
hallazgos de la fase inicial de la investigación que indican la probabilidad de
la comisión de un delito. La libertad de Moreno es un golpe demoledor al
Decreto Legislativo Nº 1301 expedido hace muy poco, y que pretendía fortalecer
la lucha contra la corrupción de funcionarios,
lavado de activos y crimen organizado.
Las
documentadas denuncias han sido asimiladas especialmente por la elite. Con creciente
menor disimulo se muestran simpatías públicas hacia investigados cuyos casos
eran inicialmente objeto de indignación, y se ensayan las primeras críticas
contra testigos, pruebas y hallazgos. Si bien la prensa sigue siendo el
principal dinamizador de la lucha anticorrupción, en su seno se abren algunas
falsas disyuntivas que pretenden cuestionar solo un paquete de ilicitudes,
ignorando el otro. El sistema se está haciendo cargo de los casos más sonados, pero
para “normalizarlos”.
Por
el contrario, en estos seis meses no ha sido posible la formación de un movimiento
anticorrupción como el que salió a las calles a la caída de gobierno de Alberto
Fujimori. Aquel movimiento tenía una raíz ciudadana y partidaria y estaba dotada
de una narrativa fuertemente renovadora de la democracia. Ahora, se ha diluido
el elemento político como resultado del cuestionamiento de los partidos en
relación a los casos denunciados, y se ha minimizado la actividad social debido
a la despolitización de la sociedad (mi amigo Beto Adrianzén dice que es otra
politización).
En
cualquier caso, existe una brecha significativa entre la gravedad de los casos
y la ausencia de gente en las calles demandando se juzgue las denuncias. Sin
una narrativa renovadora y reformadora de la democracia, y sin masas en la
calle, aparece claro el destino final de este proceso peruano contra la
corrupción: la impunidad.
