Gunter Grass y Eduardo Galeano, otra vez abril
Por Juan De la Puente
La muerte de Gunter Grass y de Eduardo Galeano, en un mismo día, y en abril, ratifica el sino de este mes como el de las letras universales. El año pasado, el 17 de abril, moría Gabriel García Márquez.
A fuerza de los hechos se asocia este mes a las letras, a su dolor y consuelo. A veces hermosa y otra triste casualidad, como la del autor del Tambor de Hojalata y el del Libro de los Abrazos, no todos están de acuerdo con esta sombra que persigue al cuarto mes. Guillermo Cabrera Infante, que nació un 22 de abril en Cuba, no pensaba así; dijo alguna vez que abril era un mes cruel, y es conocido el refrán que reza "Abriles y yernos pocos hay buenos".
En mi caso, concuerdo más con el poeta español Jorge Guillén, cuando escribía:
¡Oh luna, cuánto abril,
qué vasto y dulce el aire!
Todo lo que perdí
volverá con las aves.
Joaquín Sabina sobre abril cuando canta a cuasi canta dice:
Quién me ha robado el mes de abril
Cómo pudo sucederme a mí
Pero, quién me ha robado el mes de abril
Lo guardaba en el cajón
Donde guardo el corazón.
Se afirma que fue Augusto Tamayo Vargas quien instauró abril como el Mes de la Letras en 1931. Es poco probable que él sea el de la iniciativa, o que lo hiciera en ese año, tomando en consideración que Tamayo nació en 1914 y egresa del colegio La Inmaculada en 1930. Sea como fuese, abril es un mes fecundo para las letras.
Igual da para la magia. El 23 de abril es el Día del Idioma, en recuerdo del día en que murió Miguel de Cervantes Saavedra. También un 23 de abril fallecieron el Inca Garcilaso de la Vega y el dramaturgo inglés William Shakespeare. Por esas y otras razones, la UNESCO eligió esa fecha como el Día del Libro, del Derechos de Autor y del Bibliotecario.
César Vallejo murió el 15 de abril de 1938 y José Carlos Mariátegui, político, esteta y una de las más altas cumbres del pensamiento político peruano murió el 16 de abril de 1930. En abril también nacieron Abraham Valdelomar y Carlos Oquendo de Amat, y murieron Pedro Peralta Barnuevo y José María Eguren.
En abril también nace Emile Zola, autor de la célebre serie las Tres Ciudades (Lourdes, Roma. Paris) y en ese mes ffallecen Daniel Defoe, autor de Robinson Crusoe, el poeta francés Charles Baudelaire, y Emilio Salgari, el italiano autor de las incomparables novelas de aventuras que alegraron nuestra infancia, como Sandokan, el Tigre de la Malasia, el Corsario Negro y el Capitán Tormenta. En otros ámbitos de la cultura se tiene en abril otros sucesos como la muerte de Pablo Picasso y Francis Bacon, pintor expresionista irlandés. En abril nace Charles Chaplin.
Blog sobre cultura y política. Artículos publicados en la prensa y comentarios de temas actuales. El título, Kotosh, se refiere al templo más antiguo de la sierra peruana construido hace 4 mil años, valiosa evidencia de la arquitectura preinca. Su símbolo son las manos cruzadas. Está muy cerca de Huánuco, la ciudad donde nací, mi añorada tierra.
lunes, 13 de abril de 2015
viernes, 10 de abril de 2015
Habíamos exagerado tanto
http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/habiamos-exagerado-tanto-10-04-2015#
La República
La mitadmasuno
10 de abril de 2015
Juan De la Puente
Me quedo con la imagen del hemiciclo mudo luego de anunciarse que Ana Jara había sido censurada y con los rostros fríos de los perdedores y ganadores de aquella noche. Salvo los políticos muy experimentados, menos de una decena, la mayoría se parecía a los chicos asustados después de romper un juguete que habían manipulado tanto, mirándose y a punto de acusarse del desastre. Ni un solo aplauso ni exclamación de alegría.
Una de las razones de aquella taciturna reacción proviene de la convicción de que unos y otros habían exagerado. Sobre ello, el punto no reside en que la censura es un mecanismo democrático. El punto es si ese acto era conveniente, necesario, justo y oportuno, es decir, políticamente correcto, sobre todo si los mecanismos constitucionales –interpelación, censura, acusación, vacancia, desafuero e inhabilitación– no son papeles que pueden ser usados al desgaire, especialmente si no se tiene una idea precisa del paso siguiente. Claro, solo un oficialismo desavisado puede ser llevado al límite del matadero y colaborar voluntariamente con el rito del degüello.
Perdedores y ganadores sospechaban quizás de la reacción ciudadana que tampoco se siente representada por la censura. Al día siguiente, dos demandas emergieron o reaparecieron, ¡Cierren el Congreso! y ¡Que se vayan todos! Al punto que no creo que el Parlamento reciba un premio de la opinión pública por haber censurado a la premier. En cambio, la elite política se ha aislado un poco más de la sociedad y ha brindado la impresión de que se siente muy cómoda ajustando cuentas en una esquina del escenario mientras el país reclama nuevos y creíbles horizontes en economía, empleo, educación, transporte y lucha contra la corrupción. Estos resultados colaterales, que ofrece la imagen de “la pelea de los otros” y de un sistema agotado aunque fuerte, no fueron estimados por los actores políticos que protagonizaron ese acto.
La censura fue el momento estelar de una oposición unida ajustando cuentas con un gobierno absolutamente aislado. Implicó un hecho inédito y probablemente irrepetible durante este gobierno. Esta singularidad explica su fuerte impacto en el sistema y su carácter precursor de movimientos más audaces y temerarios luego del año 2016. Será más fácil votar ámbar, desarmar mayorías y censurar gabinetes. Gane quien gane.
En la censura han ganado algunos, cierto, pero han perdido todos. Por eso, la designación de Pedro Cateriano ha tumbado todos los pronósticos. No ha significado ni el incendio de la pradera ni la curación de las heridas, sino un resultado intermedio, un agónico alejamiento del abismo. El primer efecto ha sido la rebaja de tensiones y la moderación de los actores políticos, incluido el mismo Cateriano, y la posibilidad de un encuentro, hasta ayer impensado, de dos líderes políticos con su némesis ya convertido.
Este imprevisto resultado solo puede ser analizado desagregando dos elementos del escenario, los distintos reclamos del corto y mediano plazo; y la cada vez más urgente relación entre la política y la economía. La moderación de los sectores hasta hace poco emplazados a muerte contra el gobierno indicaría que ninguno se encuentra dispuesto a facilitar la disolución del Congreso a tan escasos meses del inicio de la campaña electoral. Al mismo tiempo, esa moderación es una confesión de la sobreactuación de varias de las posturas aparentemente principistas en relación con la censura.
Las posiciones irreductibles están siendo subordinadas ante la posibilidad que los fuegos artificiales del corto plazo comprometan el mediano plazo electoral. También es cierto que los grupos políticos han vuelto a mirar al mercado, y consideran que una guerra abierta durante los próximos meses, que incluya elecciones parlamentarias en los meses de julio y agosto, implicaría el riesgo de una inútil tensión que limitaría más las posibilidades de crecimiento de la economía durante este año. Ese sentido tiene esta situación de guerra que, sin embargo, obliga a los enemigos a pactar tácitamente.
¿Todos somos sospechosos?
http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/todos-somos-sospechosos-03-04-2015
La República
La mitadmasuno
03 de abril de 2015
Juan De la Puente
Al margen del resultado de la moción de censura contra Ana Jara, no puedo pasar por alto las gravísimas afirmaciones de 3 congresistas nacionalistas durante el debate del pasado 30 de marzo, que expresan una visión policiaca del estado y una preocupante filosofía sobre las relaciones entre la sociedad y el estado.
Estas afirmaciones siguen una misma línea y que presumo que se originan en una posición oficial de algunos de los servicios de inteligencia. Una de ellas señala que “La DINI (…) verifica situaciones que pudieran resultar penosas, se hace una labor de constatación y chequeo, si se encuentra algo irregular informará a quien tenga que informar” (Teófilo Gamarra); otra señala: “El Estado tiene la obligación de sospechar de todos (…) todos los 30 millones de habitantes deberíamos estar en la situación inclusive de sospechosa” (Rubén Condori); y la tercera dice: “En la democracia nadie debería tener corona, todos son potenciales sospechosos que podrían quebrar el estado de derecho y la gobernabilidad democrática” (José Urquizo).
Este germen de política de seguridad interior pretende devolvernos a un estado anterior al Estado de Derecho, donde los ciudadanos no eran tales y la arbitrariedad del poder no era objeto de interdicción. Sin embargo, en dos siglos la humanidad ha consagrado la intimidad personal como derecho, cuyo contenido esencial no soporta limitación de ningún orden, aunque en su contenido no esencial tolere escasas restricciones respetuosas del principio de razonabilidad.
El “todos somos sospechosos” es un nuevo ataque a la intimidad que ya se encuentra bajo acoso de otras formas de intrusión.
Desde la protección, el derecho ha regulado excepciones para evitar la invasión generalizada, entre ellas las Medidas de Intervención Telefónica, MIT (Ley 27697 y D Leg. 991) y las excepciones en la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 29733). El mismo Código Penal no hace distinción entre la información “abierta” o “cerrada”, castigando la violación de la intimidad sin establecer diferencias entre estas (artículos 154 y 157).
Varias teorías abordan la colisión del derecho a la intimidad con otros derechos. Una de ellas es la teoría de los derechos preferentes. El Tribunal Constitucional ha señalado que el interés público, no morboso, puede ser un parámetro que permita ponderar ciertas conductas invasivas de la intimidad. El interés público, no obstante, es el interés de los ciudadanos, no es el sinónimo de un supuesto interés del Estado por encima de la sociedad.
No existe un derecho del Estado a espiar a sus ciudadanos. La idea de que todos somos sospechosos convierte la excepción en una regla y anula el espacio privado en beneficio de lo público, una resurrección de Roma antigua en la que, como decía Aristóteles, no debe permitirse que un hombre se pertenezca a sí mismo sino que a toda la ciudad.
¿Hemos llegado al nivel en que la sociedad no controla al Estado sino que este la vigila? La ética de esta visión es peligrosa; es la ética de la desconfianza y de la presunción de la existencia de un ciudadano malo vigilado por un puñado de buenos.
Es esta ética, importan más los malos de adentro que la vigilancia de los intereses legítimos del Perú en relación con sus vecinos. El principio de la soberanía se transforma a partir de la convicción de que el país está sitiado desde adentro. No importa que sea una visión poco práctica, porque si el poder no es capaz de determinar quiénes son sospechosos y cree que todos lo son, es seriamente ineficaz.
Lamentablemente esta no es una visión solitaria en este tiempo. En algunos países, la lucha contra el terrorismo internacional pretende legitimar la transgresión del carácter íntimo de los datos personales y a ello se resisten las sociedades. Es claro, entonces, que estamos avisados; luego de varios siglos ha retornado Tomás Hobbes, su Estado de Naturaleza y su tesis de que el hombre es el lobo del hombre. Es el Leviatán, es el miedo, es el Estado policía que algún día asesinará al Estado de Derecho.
Andahuaylas y el abuso de mercado
http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/andahuaylas-y-el-abuso-de-mercado-27-03-2015
La República
La mitadmasuno
27 de marzo de 2015
Juan De la Puente
He leído severas críticas contra los ciudadanos de Andahuaylas que recientemente protestaron contra el servicio de electricidad que brinda Electro Sur Este. Los adjetivos más usados son exceso, infiltración y agitación. Contrariamente, luego de la suscripción del acta que pone fin a las protestas, la premier Ana Jara ha señalado que lo que le pasa a Andahuaylas no le puede pasar a otra región, validando acuerdos sobre la revisión de la tarifa del servicio de energía eléctrica, la eliminación de cobros indebidos y la reorganización de Osinergmin en Apurímac.
De hecho los reclamos en esa ciudad eran y son justos. Walter Gutiérrez, una reconocida autoridad en materia de derecho de los consumidores, ha alertado sobre que el paro de Andahuaylas es un nuevo tipo de protesta, que no es minera ni ambiental, sino contra los abusos e ineficiencia del mercado, y contra la inacción del Estado en la defensa de los derechos de los consumidores. Añade que existe el riesgo que si no se registran cambios, estos paros se extenderán por todo el país.
El despertar de los consumidores se acelera impulsado por la ampliación de las fuentes de información, el incremento de la denuncia pública, y la posibilidad de que la sociedad se entere de ellas, las comparta y demande colectivamente atención y sanciones. El episodio del cierre de todas las tiendas de una cadena de pizzerías por una desastrosa gestión de la calidad es solo una muestra de esta maduración que viene acompañada de varias formas de movilización.
El Código de Consumo ha sido rebasado por el mercado y el Estado a través de prácticas tradicionales que no han podido ser corregidas, situándonos en un nuevo momento donde la ley pasa a ser una víctima del sistema que se resiste a cambiar.
Es el momento de la ruptura de la inercia empezando por el Estado. Indecopi parece que no va más. La revisión de sus estadísticas permite apreciar su aislamiento de la sociedad y soledad respecto del Estado. En el último año ha recibido 42 mil reclamos, la mitad de los cuales se presume concluyeron parcialmente en conciliaciones entre el consumidor y proveedor. Pero Indecopi no está en condiciones de informarnos sobre el destino de las otras reclamaciones y, sobre todo, de su seguimiento, una ausencia muy preocupante considerando que estas denuncias se recogen mediante el Sistema de Atención de Reclamos (SAC), el de más fácil acceso.
Es el momento de la ruptura de la inercia empezando por el Estado. Indecopi parece que no va más. La revisión de sus estadísticas permite apreciar su aislamiento de la sociedad y soledad respecto del Estado. En el último año ha recibido 42 mil reclamos, la mitad de los cuales se presume concluyeron parcialmente en conciliaciones entre el consumidor y proveedor. Pero Indecopi no está en condiciones de informarnos sobre el destino de las otras reclamaciones y, sobre todo, de su seguimiento, una ausencia muy preocupante considerando que estas denuncias se recogen mediante el Sistema de Atención de Reclamos (SAC), el de más fácil acceso.
Por otro lado, casi la mitad de las 12 mil denuncias tramitadas mediante los Órganos de Procedimiento Sumarísimos (OPS) han sido declaradas inadmisibles, archivadas, es decir, rechazadas. El inmovilismo de Indecopi que se considera una mesa de partes y que opera por demanda y no por oferta de derechos, lleva a que, por ejemplo, en el último año hayan recibido mediante ese sistema escasamente 310 denuncias referidas al servicio educativo en colegios, considerando las decenas de miles de quejas con relación a cobros indebidos e incumplimiento de contratos.
Los ciudadanos no denuncian porque no creen en el Estado y porque el país carece de una institucionalidad de consumo con órganos competentes y relacionados. Se aprecia ello, por citar otro ejemplo, en las deficiencias de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) que ha permitido la formación de una suerte de burbuja de las tarjetas. El sistema contaría con 8 millones de tarjetas de crédito, parte de las cuales fueron entregadas sin las previsiones del caso, y ahora es claro que varias decenas de miles deberán ser anuladas con las consecuencias legales que conlleva, entre ellas el embargo de bienes de sus titulares.
Es probable que la maduración de los consumidores sea parcial y en ocasiones sesgada, lo que se advierte, en un tercer ejemplo, en el reclamo de una mejor calidad de los servicios de telefonía que va acompañado sin embargo de la negativa a que se instalen nuevas torres de telefonía móvil. No obstante, en cualquier caso, el país no cuenta con una política pública referida al consumo, y debería contarla con rapidez para evitar la irrupción de esta nueva forma de conflictos.
Cuatro escenarios electorales
http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/cuatro-escenarios-electorales-20-03-2015
La República
La mitadmasuno
20 de marzo de 2015
Juan De la Puente
El inicio de la campaña electoral se produce con escasas novedades en torno a la irrupción de candidatos nuevos y fuerzas nuevas. Lo más relevante sea quizás la presencia de Daniel Urresti a nombre del nacionalismo, que ha empezado a integrarse al sistema, y el hecho de que PPK cuente con un partido propio. En este escenario inicial se tienen en liza a Keiko, Alan, PPK, Urresti, Toledo, a los que se agregarían por lo menos dos candidatos de la izquierda, y quizás otros dos que emerjan de las decisiones que adopten a la mitad del año el PPC, AP, Somos Perú, Alianza para el Progreso y Solidaridad Nacional.
Con 8 o 9 candidatos entre grandes y medianos se tendría a la vista un cuadro de partida de mayor fragmentación que la presentada el 2001 (que tuvo en el arranque 5 candidatos entre medianos y grandes), el 2006 (6) y el 2011 (5). Si persiste este paisaje, su principal efecto será la dispersión del voto y el hecho de que los dos ganadores de la primera vuelta no sumen juntos el 50% de votos y sea más difícil la gestación de alianzas para una mayoría gobernante.
Gruesamente, esta oferta se distancia de la expectativa ciudadana en la que resalta que por lo menos el 50% de los electores no simpatiza ahora con alguno de los políticos actuantes o se encuentra a la espera de un candidato que considere nuevo. Esto le da sentido a la promesa de un outsider, afanosamente anunciado, buscado y promovido desde varios ángulos de la política. No obstante, considerando el formato de nuestro sistema, no es inevitable la irrupción de un outsider con posibilidades, especialmente si a la vista se tiene por lo menos cuatro escenarios probables.
En el primero se tendría una campaña centrada en los temas adjetivos que ahora mismo se ventilan y dominan la política, con alguna incidencia de la seguridad ciudadana en el discurso de los candidatos, junto a una promesa general de un gobierno que recupere el tiempo perdido, en un contexto en que la administración Humala no sea capaz de proyectar su legado y con varios casos de corrupción judicializados. Este escenario tendría como resultado un recambio tradicional a decidirse cerradamente entre los actores del sistema en alguna de sus versiones de derecha o de centro derecha; un desenlace que no alteraría el cuadro que ahora dibujan las encuestas. Este es, por ahora, el resultado más probable.
En un segundo escenario, repitiéndose los elementos de la debilidad del gobierno, habría que agregar también la debilidad de la oposición, desgastados ambos por la crítica y la desconfianza de la opinión pública, y con dificultades para proponer un horizonte de país con diferencias sustantivas con el presente. En este escenario se facilita la irrupción de un mensaje de gobierno de mano firme haciendo centrales los temas de la seguridad ciudadana y el orden, que ya fueron determinantes del voto el año 2011, y el desenlace sería un recambio populista de derecha.
Un tercer escenario dependería de la evolución de la economía este año. Si esta crece a una tasa menor al 2%, acompañada de una mayor caída del empleo (en Lima, entre diciembre y febrero se perdieron 10.600 puestos de trabajo), la reducción del consumo y de la inversión pública (no se hable ya de la inversión privada que este año podría tener un crecimiento negativo), la economía ingresará con fuerza al debate electoral, mejorando las posibilidades de los candidatos que cuenten con una oferta creíble de recuperación del crecimiento. Este escenario tendría como resultado un recambio o remake neoliberal a ultranza.
Un cuarto escenario se produciría por la conversión de la corrupción en el principal problema del país y de la política, con grandes escándalos judicializados, y una creciente debilidad del sistema para producir respuestas aceptables. Esta posibilidad, que por ahora se aprecia lejana, dependería de una intensa movilización anticorrupción que no se tiene a la vista, y mejoraría las posibilidades de la izquierda o de un candidato que siendo contestatario sea también un outsider.
lunes, 23 de marzo de 2015
Política, antipolítica y contrapolítica
http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/politica-antipolitica-y-contrapolitica-13-03-2015
La República
La mitadmasuno
La República
La mitadmasuno
13 de marzo de 2015
Juan De la Puente
Un apreciable porcentaje de ciudadanos no acepta ninguna forma de reelección, ni de financiamiento público de los partidos, y cree –con mayor o menor intensidad– que todos los políticos son una maldición corrupta e ineficaz que debe ser erradicada. De acuerdo al último Latinobarómetro, publicado el 2014, el Perú, junto a Chile, Brasil, Bolivia y Argentina, se encuentra a la vanguardia de los países con mayor porcentaje de ciudadanos que cree en una democracia sin partidos y sin Congreso, con menos interés en la política y más escépticos respecto de la posibilidad de que sus gobiernos puedan resolver los problemas en los próximos cinco años.
Fuera de las comparaciones, otros datos permiten apreciar la resistencia de los ciudadanos a la política. Según la encuesta de GfK de febrero de este año, el 55% cree que el actual diálogo político no servirá para nada o profundizará los desacuerdos y otro tanto sostiene que ni al gobierno ni a la oposición le interesa llegar a acuerdos. Ese mismo sondeo revela que dos tercios no se sienten cercanos a ninguna opción política.
Las explicaciones centradas en la decepción y la desconfianza son ciertas pero crecientemente básicas e insuficientes. El desencanto peruano pasa a mayores y va a contracorriente de otros fenómenos, como la relativa satisfacción de progreso y de legitimidad del mercado; no es el resultado de una crisis perfecta en la que la falta de adhesión a la política es compartida por los partidos y la economía.
La explicación podría suministrarla los 25 años de antipolítica, es decir, el sacrificio de la competencia democrática, el pluralismo y la deliberación en manos del decisionismo y de los poderes fácticos. Una parte de los ciudadanos empieza a recusar esta forma de hacer política y de gestionar el Estado debido a los resultados presentes, especialmente los referidos a la corrupción y a la falta de seguridad. Sin embargo, aquí no funciona el péndulo; ese sector no se decanta necesariamente a favor de lo que se denomina tradicional, es decir, líderes, partidos, símbolos y narrativas convencionales, Para ellos, no hay a la vista nada nuevo y nada bueno. Todos son iguales.
Esta contrapolítica envía mensajes antisistémicos, pero no solo estos; también voltea la mirada hacia formas ilegales de política, que son nuevas pero no expresan necesariamente una apuesta democrática, como se pudo apreciar en varios resultados en las elecciones regionales pasadas. En cualquier caso, sin embargo, debe anotarse que no solo parece haberse agotado la transición post fujimorista sino el ciclo mayor no tocado por esta, la antipolítica.
No encuentro progresista esta extrema recusación de la política. Al contrario, sufre la enfermedad de la desideologización. Contra quienes creen que es la base para el surgimiento de un Podemos peruano (en similar proceso que el de España), creo que este segmento es infértil, se indigna pero no se moviliza, y reclama pero no está dispuesto a mover un dedo por el cambio.
La contrapolítica es un riesgo para nuestra democracia despolitizada y no solo para los partidos y líderes. Siendo que no le interesa el antagonismo, las relaciones de poder y la alternancia, es decir, deja de escoger o preferir, puede conducirnos con audacia a increíbles resultados electorales en nombre de lo nuevo. Quizás basados en esta percepción y al mismo tiempo posibilidad, el Perú es en estos momentos el primer laboratorio mundial de outsiders, y a este afán se dedica tiempo, dinero y sobre todo esperanzas. De los programas y proyectos de país se habla poco y se entiende: “todos son iguales”
Es preciso reaccionar frente a la contrapolítica, una forma de política en modo de negación. Ciertamente no solo es una obligación de los partidos, cuya mochila los ciudadanos y medios cargan todos los días con exigencias que deberían ser compartidas. Sin abandonar el espíritu crítico y la exigencia de la reforma como alternativas a la crisis de representación no es recomendable saludar y alegrarse por este “que se vayan todos” peruano.
Fuera de las comparaciones, otros datos permiten apreciar la resistencia de los ciudadanos a la política. Según la encuesta de GfK de febrero de este año, el 55% cree que el actual diálogo político no servirá para nada o profundizará los desacuerdos y otro tanto sostiene que ni al gobierno ni a la oposición le interesa llegar a acuerdos. Ese mismo sondeo revela que dos tercios no se sienten cercanos a ninguna opción política.
Las explicaciones centradas en la decepción y la desconfianza son ciertas pero crecientemente básicas e insuficientes. El desencanto peruano pasa a mayores y va a contracorriente de otros fenómenos, como la relativa satisfacción de progreso y de legitimidad del mercado; no es el resultado de una crisis perfecta en la que la falta de adhesión a la política es compartida por los partidos y la economía.
La explicación podría suministrarla los 25 años de antipolítica, es decir, el sacrificio de la competencia democrática, el pluralismo y la deliberación en manos del decisionismo y de los poderes fácticos. Una parte de los ciudadanos empieza a recusar esta forma de hacer política y de gestionar el Estado debido a los resultados presentes, especialmente los referidos a la corrupción y a la falta de seguridad. Sin embargo, aquí no funciona el péndulo; ese sector no se decanta necesariamente a favor de lo que se denomina tradicional, es decir, líderes, partidos, símbolos y narrativas convencionales, Para ellos, no hay a la vista nada nuevo y nada bueno. Todos son iguales.
Esta contrapolítica envía mensajes antisistémicos, pero no solo estos; también voltea la mirada hacia formas ilegales de política, que son nuevas pero no expresan necesariamente una apuesta democrática, como se pudo apreciar en varios resultados en las elecciones regionales pasadas. En cualquier caso, sin embargo, debe anotarse que no solo parece haberse agotado la transición post fujimorista sino el ciclo mayor no tocado por esta, la antipolítica.
No encuentro progresista esta extrema recusación de la política. Al contrario, sufre la enfermedad de la desideologización. Contra quienes creen que es la base para el surgimiento de un Podemos peruano (en similar proceso que el de España), creo que este segmento es infértil, se indigna pero no se moviliza, y reclama pero no está dispuesto a mover un dedo por el cambio.
La contrapolítica es un riesgo para nuestra democracia despolitizada y no solo para los partidos y líderes. Siendo que no le interesa el antagonismo, las relaciones de poder y la alternancia, es decir, deja de escoger o preferir, puede conducirnos con audacia a increíbles resultados electorales en nombre de lo nuevo. Quizás basados en esta percepción y al mismo tiempo posibilidad, el Perú es en estos momentos el primer laboratorio mundial de outsiders, y a este afán se dedica tiempo, dinero y sobre todo esperanzas. De los programas y proyectos de país se habla poco y se entiende: “todos son iguales”
Es preciso reaccionar frente a la contrapolítica, una forma de política en modo de negación. Ciertamente no solo es una obligación de los partidos, cuya mochila los ciudadanos y medios cargan todos los días con exigencias que deberían ser compartidas. Sin abandonar el espíritu crítico y la exigencia de la reforma como alternativas a la crisis de representación no es recomendable saludar y alegrarse por este “que se vayan todos” peruano.
La reforma política, un movimiento
http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/la-reforma-politica-un-movimiento-06-03-2015
La República
La mitadmasuno
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La mitadmasuno
6 de marzo de 2015
Juan De la Puente
No sé cómo terminará el debate parlamentario de la reforma electoral. Lo más probable es que se aprueben algunos cambios urgentes, no todos, para mejorar el estándar del próximo proceso electoral. Sin embargo, no parecen haber condiciones para aprobar en su totalidad el paquete mínimo, porque en el Congreso y en los partidos nacionales no ha sido posible construir una audaz mayoría a favor de cambios.
A pesar de ello se ha roto el dique inmovilista; por primera vez la caída del fujimorismo en el país se ha detenido más de un minuto para debatir la reforma política, la parte electoral de ella pero no solo lo electoral. Las discusiones de cenáculo han “descendido” a la sociedad y han perdido su categoría de exclusividad intelectual. Este descenso tiene una virtud que debe ser rescatada, su transversalidad; por ahora no se advierten demasiados sesgos ideológicos y no existen modelos de reforma de izquierda y de derecha. Al contrario, con matices, se aprecian sentidos comunes agregados volcados hacia una mejor política para una mejor representación.
Nada de esto se habría logrado sin dos hechos centrales. El primero, la embestida de la antipolítica durante el proceso electoral regional/municipal de octubre pasado. Esta arremetida, provista de su enorme fuerza económica, expuso ante el país la dimensión de un desborde de formas y los límites de instituciones atadas de manos frente a una masiva ruptura y desprecio de los marcos básicos, un fenómeno que en medio del estallido de la corrupción diluyó los reparos a la reforma, incluso de los que poco antes escribían que el país no necesita nuevas reglas de juego.
El segundo fue la capacidad de reacción de una parte del Estado, en este caso de los organismos electorales, y otro tanto de la sociedad, incluyendo los medios de comunicación y que a pesar del viento en contra insistieron en cambios, aún mínimos. La apertura del JNE, ONPE y RENIEC a la sociedad civil y la campaña unificada #ReformaElectoralYA que las tres instituciones llevan a cabo debe ser reconocida; es un posicionamiento inédito y valeroso en la pugna por la transparencia pública, una especie de pequeña “mani pulite” peruana que en otras condiciones debería ser ciertamente más generalizada.
La curiosa pregunta de por qué los organismos electorales demandan más transparencia pública debería ser reemplazada por otra: ¿Por qué callan otras instituciones frente a la reforma de las reglas para la formación de la representación? De ese silencio escapan el ejemplar comportamiento de la Defensoría del Pueblo y la reciente toma de posición del Fiscal de la Nación que se ha expresado a favor de la inhabilitación de por vida de los funcionarios corruptos y el Contralor General quien ha respaldado la aprobación de los impedimentos de postulación para los sentenciados por corrupción y la eliminación del voto preferencial. El Poder Judicial, el TC, el CNM por ahora callan.
El país se acerca a una batalla institucional entre organismos que pugnan por más transparencia pública y mejores reglas para el ejercicio de la política y otros que se atrincheran en las viejas formas que favorecen la corrupción. Esta disputa es cada vez más probable en la medida que la reforma política se ha transformado en un movimiento, aún pequeño pero imposible de ser ignorado.
Es una mala señal que de ese movimiento no forme parte de modo entusiasta y general lo que queda del sistema de partidos. Muy pocos grupos nacionales se han expresado a favor tanto de la reforma mínima como del paquete más ambicioso de mediano plazo. La mayoría de partidos está emplazado en la acerca del frente, resistiéndose a que se investiguen sus aportes electorales y gastos de campaña y ensayando lamentables coartadas a favor del voto preferencial, contra la alternancia de género o de desprecio a lo mínimo. Este bloqueo partidario a la reforma que se extiende al Congreso es más que una falta de grandeza; resume un grave error de apreciación del nuevo momento y una entrega de banderas a otros que están llegando.
A pesar de ello se ha roto el dique inmovilista; por primera vez la caída del fujimorismo en el país se ha detenido más de un minuto para debatir la reforma política, la parte electoral de ella pero no solo lo electoral. Las discusiones de cenáculo han “descendido” a la sociedad y han perdido su categoría de exclusividad intelectual. Este descenso tiene una virtud que debe ser rescatada, su transversalidad; por ahora no se advierten demasiados sesgos ideológicos y no existen modelos de reforma de izquierda y de derecha. Al contrario, con matices, se aprecian sentidos comunes agregados volcados hacia una mejor política para una mejor representación.
Nada de esto se habría logrado sin dos hechos centrales. El primero, la embestida de la antipolítica durante el proceso electoral regional/municipal de octubre pasado. Esta arremetida, provista de su enorme fuerza económica, expuso ante el país la dimensión de un desborde de formas y los límites de instituciones atadas de manos frente a una masiva ruptura y desprecio de los marcos básicos, un fenómeno que en medio del estallido de la corrupción diluyó los reparos a la reforma, incluso de los que poco antes escribían que el país no necesita nuevas reglas de juego.
El segundo fue la capacidad de reacción de una parte del Estado, en este caso de los organismos electorales, y otro tanto de la sociedad, incluyendo los medios de comunicación y que a pesar del viento en contra insistieron en cambios, aún mínimos. La apertura del JNE, ONPE y RENIEC a la sociedad civil y la campaña unificada #ReformaElectoralYA que las tres instituciones llevan a cabo debe ser reconocida; es un posicionamiento inédito y valeroso en la pugna por la transparencia pública, una especie de pequeña “mani pulite” peruana que en otras condiciones debería ser ciertamente más generalizada.
La curiosa pregunta de por qué los organismos electorales demandan más transparencia pública debería ser reemplazada por otra: ¿Por qué callan otras instituciones frente a la reforma de las reglas para la formación de la representación? De ese silencio escapan el ejemplar comportamiento de la Defensoría del Pueblo y la reciente toma de posición del Fiscal de la Nación que se ha expresado a favor de la inhabilitación de por vida de los funcionarios corruptos y el Contralor General quien ha respaldado la aprobación de los impedimentos de postulación para los sentenciados por corrupción y la eliminación del voto preferencial. El Poder Judicial, el TC, el CNM por ahora callan.
El país se acerca a una batalla institucional entre organismos que pugnan por más transparencia pública y mejores reglas para el ejercicio de la política y otros que se atrincheran en las viejas formas que favorecen la corrupción. Esta disputa es cada vez más probable en la medida que la reforma política se ha transformado en un movimiento, aún pequeño pero imposible de ser ignorado.
Es una mala señal que de ese movimiento no forme parte de modo entusiasta y general lo que queda del sistema de partidos. Muy pocos grupos nacionales se han expresado a favor tanto de la reforma mínima como del paquete más ambicioso de mediano plazo. La mayoría de partidos está emplazado en la acerca del frente, resistiéndose a que se investiguen sus aportes electorales y gastos de campaña y ensayando lamentables coartadas a favor del voto preferencial, contra la alternancia de género o de desprecio a lo mínimo. Este bloqueo partidario a la reforma que se extiende al Congreso es más que una falta de grandeza; resume un grave error de apreciación del nuevo momento y una entrega de banderas a otros que están llegando.
Un nuevo Acuerdo Nacional
http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/un-nuevo-acuerdo-nacional-27-02-2015
La República
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La mitadmasuno
27 de febrero 2015
Juan De la Puente
Hace 13 años los partidos, la sociedad civil y el gobierno consideraron la necesidad de un pacto político y social. La preparación del mismo duró 5 meses y el debate de su contenido otros tres, entre el 5 de abril hasta el 22 de julio del año 2002, cuando se suscribió el Acuerdo Nacional por 7 partidos, 7 instituciones sociales y el gobierno. El pacto contenía 29 políticas de Estado para los 20 años venideros.
Viví intensamente ese período; fui encargado por el entonces presidente Alejandro Toledo de coordinar el compromiso de los actores, la convocatoria y los primeros contenidos. Con la decisiva participación del premier Roberto Dañino, de la Asociación Civil Transparencia dirigida por Rafael Roncagliolo, y un grupo de valiosos peruanos, se dio forma a un espacio que alimentó y oxigenó la transición y entregó un instrumento que a pesar de sus deficiencias, la frondosidad y su carácter no vinculante, estableció un horizonte y marcó a las políticas públicas.
Nada se habría alcanzado si los líderes de entonces no se hubiesen premunido de grandeza. Esta generosidad fue desbordante, al extremo que el gobierno presentó al debate 12 políticas de Estado que los implicados rápidamente llevaron a 29. También se debió a otras dos razones decisivas: que nos encontrábamos a la búsqueda de una nueva política para un nuevo tiempo luego de la recuperación de la democracia, y que lo impulsaba un gobierno que iniciaba sus funciones.
Una parte importante de las políticas del Acuerdo Nacional ha sido implementada; es difícil concluir un balance situados solo en el análisis métrico de lo que se ha hecho y de lo que falta hacer. Sin embargo, es indiscutible que el Perú, un país históricamente alérgico a los acuerdos públicos pero muy amigo de componendas bajo la mesa, pudo romper la maldición de la discordia extrema permanente.
El Perú necesita un nuevo Acuerdo Nacional, ya no para la transición sino para la reforma. Como hace 13 años el país se encuentra otra vez en la búsqueda de una nueva política. El impulso de la transición iniciada con la presidencia de Valentín Paniagua ha concluido y son cada vez menos quienes afirman que aquí no pasa nada. También se ha roto el consenso alrededor del crecimiento y se debate en todos los ámbitos sobre qué crecimiento, para qué y cómo. Finalmente, la crisis de las instituciones reclama correctivos de fondo más que de forma.
Parece un sinsentido proponer un nuevo pacto nacional cuando el país se sumerge en una campaña electoral en medio de una polarización que además de ser más intensa que las anteriores, se vacía de contenidos. Se presume que esta etapa es de diferenciación de programas y que no es una buena estrategia hablarle al país de pactos cuando se le debe hablar de votos.
El asunto es más complejo. Durante los últimos tres gobiernos constitucionales, no ha sido posible alcanzar grandes pactos para concretar grandes cambios, varios de ellos incluso consignados en las políticas de Estado del Acuerdo Nacional, precisamente por la resistencia de los gobiernos y de las oposiciones a encarar estos cambios desde el consenso. El juego de leves mayorías y minorías se sustentaba en dos convicciones que están dejando de serlo: 1) el derecho del elegido de organizar “su” gobierno y “su” poder; y 2) la intangibilidad del crecimiento económico.
Tres grandes desafíos obligan a que el gobierno elegido el 2016 recurra a un nuevo Acuerdo Nacional: 1) la búsqueda de un nuevo modelo de crecimiento y de distribución habida cuenta del fin de ciclo de acumulación que se experimenta; 2) la reforma política de instituciones y procedimientos para la formación de la representación; y 3) la formación de una comunidad política en un país que ha crecido y madurado en medio de la precariedad y que necesita con urgencia más cohesión. Si los partidos que entran en campaña queman todas sus naves en la disputa electoral no podrán pedirle al país ese nuevo consenso. Por esta razón, esta campaña debería ser protagonizada por la reforma.
El candidato (a) distinto (a)
http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/el-candidato-a-distinto-a-13-02-2015
La República
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La mitadmasuno
13 de febrero 2015
Juan De la Puente
Según la reciente encuesta de GfK, el 56% no simpatiza con ningún político, porcentaje que sube a dos tercios entre aquellos que no tienen interés en la política (que son la mitad de los electores). Asimismo, el 50% cree que el próximo gobernante del Perú no serán Alan García, Keiko Fujimori o PPK, los mejor ubicados en los sondeos de opinión, y piensa en cambio que hay oportunidad para un candidato distinto.
El poco interés en la política y la desconfianza en ella, léase ambas razones como una desilusión de los ciudadanos respecto de lo público y de los actores públicos, serán desafíos para todos en el proceso electoral que asoma y no solo para el marketing. De hecho, parir candidatos sorpresivos o sorprendentes se está volviendo un afán nacional aunque el sistema se encuentra relativamente cerrado por el requisito de medio millón de firmas para la legalización de un partido, un ojo de aguja para que pase un elefante.
El espacio de los políticos y partidos aceptados por menos de la mitad de peruanos no puede ser considerado como el de la política tradicional. Esta, entendida como el espacio que protagonizan las formaciones partidarias clásicas como el Apra, la izquierda, AP, PPC, practica cada vez menos reglas convencionales y en cambio es impactada por la antipolítica en distintos grados, tanto en el reclutamiento de militantes, como en la designación de candidatos, el financiamiento de sus campañas y en el manejo de sus programas.
De hecho, ninguno de estos grupos se hace acreedor al título de “partido tradicional” aunque sus candidatos puedan ser percibidos así por ser conocidos y porque representan una forma de decir la política. En resumen, el Perú no tiene partidos tradicionales y los políticos tradicionales son una especie muy amenazada.
El otro grupo, más de la mitad de peruanos, anhela y espera una nueva política. En realidad lo hace desde hace 25 años, con la diferencia de que ahora la crisis de representación es más aguda y concluyente. En esa mayoría caben aquellos que no tienen interés en la política, por lo que su deseo de relacionarse con las propuestas conocidas es mucho menor.
La búsqueda de nuevas sensaciones e identidades que vienen de fuera del sistema es fundamental en nuestra democracia; ha sido lo más importante en los inicios de los 6 procesos electorales desde 1990 que dieron a luz decenas de recién llegados, la mayoría de los cuales se juraba el nuevo de turno, de modo que la construcción del outsider en nuestro precario sistema se ha convertido en un auténtico carnaval, lleno de fanfarria, disfraces y un poco de cursilería. Outsider, los de otros tiempos.
Después de 25 años también se puede decir que nuestro sistema es también un cementerio de outsiders. Salvo tres (Fujimori, Toledo y Humala) decenas de nuevos políticos fueron sepultados por mala suerte, por falta de dinero o por escasez de capacidades elementales. Al fin y al cabo, esos tres políticos sorpresa eran más que recién llegados en tanto que dos de ellos no pudieron ganar en la primera elección, relativizándose su condición de nuevos y de ajenos al sistema. Todo ello nos devuelve a la pregunta si los outsiders nacen o se hacen.
Sostengo que para el Perú de hoy no es suficiente y quizás innecesario un outsider y hacen mal los medios, la academia y los políticos mismos en buscarlos bajo tierra. Si se trata en realidad, hablando en plural, de nuevas políticas, políticos, discursos y símbolos, habría que mirar los perfiles más que los orígenes. Así, se podrá encontrar proyectos y espacios en construcción y apreciar mejor las posibilidades de los actores “nuevos” respecto de la agenda del futuro. En esa perspectiva los nombres que circulan, como los de Gastón Acurio, Julio Guzmán, Martín Vizcarra, Verónika Mendoza, Marisa Glave, Julio Arbizu o Claudia Cisneros, corresponden a identidades diferenciadas para proyectos diferentes. En el reino de la antipolítica, nueva o antigua, no es suficiente ser nuevo. Ser nuevo no es lo mismo que ser distinto.
Podemos, no queremos, no sabemos
http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/podemos-no-queremos-no-sabemos-06-02-2015
La República
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La mitadmasuno
6 de febrero 2015
Juan De la Puente
En la actual crisis política los actores juegan cerca al borde de la cancha y en corto plazo, sin apuestas estratégicas, una crisis que discurría sin contenidos pero que ha sido impactada por dos elementos que sobresalen por su carácter precursor: 1) la irrupción de una forma/contenido “full contact” de hacer política impulsada por el ministro Daniel Urresti, antecedente de un espiral antagónico casi irreversible donde solo es posible la confrontación, no importa sobre qué; y 2) la presencia de los jóvenes indignados y más que eso, de una forma/contenido aún embrionaria y duramente cuestionadora del establishment político y económico.
La idea cuestionadora de lo político y económico es recurrente desde la caída del fujimorismo. Ambos reformismos fueron inicialmente marginales, por la necesidad de recuperar las instituciones y abrir el juego, la razón por la cual se impuso la opción de Alejandro Toledo (2001-2006). Esa opción se decantó por un modelo económico alternativo, fue derrotado por Alan García (2006-2011) pero triunfó con rebajas, también en lo económico el 2011.
Por lo tanto, podríamos decir que el reformismo político fue marginal desde los inicios del actual ciclo democrático, debido al privilegio de lo económico patentizado en discursos convergentes como “piloto automático de la economía”, “buena economía, mala política” y “aislar el ruido político”.
El estallido de la corrupción, las crisis institucionales en progreso, como las del Congreso, la Fiscalía y el CNM, la crisis de los partidos y las decisiones equívocas tomadas desde arriba, han creado un escenario ideal para la irrupción de las dos promesas señaladas, la populista autoritaria –en ese sentido Urresti es más que Urresti, es el profeta de un proyecto para resolver por la fuerza los nudos de nuestra gobernabilidad– y la reformista que a diferencia del pasado hace énfasis más en la política y en la economía.
Esta última tendencia señala que el problema central del país es la corrupción y el envilecimiento de la política. Esta no se da por aludida, se sigue peleando en las alturas por asuntos de corto plazo, y tiene el secreto deseo de que el 2016 tenga como elementos de discusión la seguridad ciudadana y acaso la defensa del llamado modelo económico si algún candidato lo amenazara, algo poco probable ahora. En ninguna de las contabilidades de las opciones para las próximas elecciones figuran la lucha contra la corrupción, la reforma de la política y de la formación de la representación, y los cambios de fondo en las instituciones impactadas por la corrupción y la ineficiencia.
Estimar, sin tomar en cuenta este escenario la probable irrupción de un fenómeno político similar a Podemos de España es arriesgado. Vistos los antecedentes de la derrota programática de Humala y el abandono de su proyecto, también es apresurado pronosticar la aparición el 2016, y con fuerza, de una opción como la de Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador), Hugo Chávez (Venezuela) o Cristina Fernández (Argentina). Lamentablemente, en el reino de la antipolítica en la que se ha convertido el Perú, tampoco son posibles reformismos más institucionalistas como los de Chile o Uruguay.
A diferencia de varios de los países mencionados, el Perú no se encuentra en crisis económica en tanto que el mercado registra una alta cuota de legitimidad. Es una razón y no una coartada que opera en la conciencia ciudadana como un enorme tapón de cara a los cambios institucionales que requerimos. La falta de conciencia que impulse cambios de fondo a pesar de no registrarse una crisis económica es un problema cultural de la política sobre el que se desarrolla una discusión entre quienes apuntan a cierta anomia social que se gratifica con la corrupción y lo alimenta (las dos caras de la moneda, “déjame trabajar” y “roba pero hace obra”) y quienes todavía rebuscan en los partidos una pequeña señal reformista. En cualquier caso, no deja de ser frustrante que el discurso ético en el país sea vigoroso pero marginal.
La idea cuestionadora de lo político y económico es recurrente desde la caída del fujimorismo. Ambos reformismos fueron inicialmente marginales, por la necesidad de recuperar las instituciones y abrir el juego, la razón por la cual se impuso la opción de Alejandro Toledo (2001-2006). Esa opción se decantó por un modelo económico alternativo, fue derrotado por Alan García (2006-2011) pero triunfó con rebajas, también en lo económico el 2011.
Por lo tanto, podríamos decir que el reformismo político fue marginal desde los inicios del actual ciclo democrático, debido al privilegio de lo económico patentizado en discursos convergentes como “piloto automático de la economía”, “buena economía, mala política” y “aislar el ruido político”.
El estallido de la corrupción, las crisis institucionales en progreso, como las del Congreso, la Fiscalía y el CNM, la crisis de los partidos y las decisiones equívocas tomadas desde arriba, han creado un escenario ideal para la irrupción de las dos promesas señaladas, la populista autoritaria –en ese sentido Urresti es más que Urresti, es el profeta de un proyecto para resolver por la fuerza los nudos de nuestra gobernabilidad– y la reformista que a diferencia del pasado hace énfasis más en la política y en la economía.
Esta última tendencia señala que el problema central del país es la corrupción y el envilecimiento de la política. Esta no se da por aludida, se sigue peleando en las alturas por asuntos de corto plazo, y tiene el secreto deseo de que el 2016 tenga como elementos de discusión la seguridad ciudadana y acaso la defensa del llamado modelo económico si algún candidato lo amenazara, algo poco probable ahora. En ninguna de las contabilidades de las opciones para las próximas elecciones figuran la lucha contra la corrupción, la reforma de la política y de la formación de la representación, y los cambios de fondo en las instituciones impactadas por la corrupción y la ineficiencia.
Estimar, sin tomar en cuenta este escenario la probable irrupción de un fenómeno político similar a Podemos de España es arriesgado. Vistos los antecedentes de la derrota programática de Humala y el abandono de su proyecto, también es apresurado pronosticar la aparición el 2016, y con fuerza, de una opción como la de Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador), Hugo Chávez (Venezuela) o Cristina Fernández (Argentina). Lamentablemente, en el reino de la antipolítica en la que se ha convertido el Perú, tampoco son posibles reformismos más institucionalistas como los de Chile o Uruguay.
A diferencia de varios de los países mencionados, el Perú no se encuentra en crisis económica en tanto que el mercado registra una alta cuota de legitimidad. Es una razón y no una coartada que opera en la conciencia ciudadana como un enorme tapón de cara a los cambios institucionales que requerimos. La falta de conciencia que impulse cambios de fondo a pesar de no registrarse una crisis económica es un problema cultural de la política sobre el que se desarrolla una discusión entre quienes apuntan a cierta anomia social que se gratifica con la corrupción y lo alimenta (las dos caras de la moneda, “déjame trabajar” y “roba pero hace obra”) y quienes todavía rebuscan en los partidos una pequeña señal reformista. En cualquier caso, no deja de ser frustrante que el discurso ético en el país sea vigoroso pero marginal.
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