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lunes, 5 de junio de 2017

Madre Mía, la guerra oscura en el Huallaga

http://larepublica.pe/impresa/opinion/872381-madre-mia-la-guerra-oscura-en-el-huallaga
La República
La mitadmasuno
5 de mayo de 2017
Por Juan De la Puente
La probable reapertura del caso Madre Mía para juzgar el papel desempeñado por el entonces capitán del EP Ollanta Humala en los primeros años de la década de los 90 implica también la posibilidad de juzgar las violaciones a los DDHH en el Alto Huallaga y la Provincia de Padre Abad, los territorios menos estudiados respecto de la violencia terrorista, y donde hubo mayor impunidad.
Razones para reabrir el caso las hay, así como la convicción de que se trata de un período oscuro sobre el que hay que poner luz. La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) reconoció en su momento el déficit de procesos judiciales, testimonios e indagaciones de la violencia en los territorios amazónicos. Aun así, pudo dar cuenta de que en su base de datos consta que en la provincia de Leoncio Prado (solo una parte del Alto Huallaga), entre los años 1989 y 1994, murieron 232 personas y que 198 fueron desaparecidas.
Una de las célebres matanzas fue la de Venenillo, al sur de Aucayacu, en junio de 1989. De acuerdo con el testimonio de un ex miembro del Ejército ante la CVR, en respuesta al ataque donde murieron un capitán y seis soldados, el mando militar ordenó “limpiar” la zona con el resultado de 300 personas asesinadas. El testimonio N° 100168 es escalofriante: “quemaron los cuerpos o los arrojaron al río, más o menos un promedio de 200, 300, entre hombres, niños y mujeres; nosotros comenzamos a matar y a tirar los cadáveres al río y los de la DEA llamaron a Tingo María diciendo que de río arriba venían cadáveres. Nosotros hemos bajado a recogerlos. Eran los mismos que tirábamos. Regresamos y los comenzaron a quemar”.
Para un libro que espera su publicación he recuperado y procesado información sobre la actividad de Sendero Luminoso en la zona y el desempeño de las FFAA. La información oficial senderista señala que arribaron al Huallaga en 1981. Hacia 1987 se habían extendido por todo el valle y sus columnas se adentraron hacia los pueblitos cocaleros que nacían a las orillas de los afluentes del río Huallaga, alcanzando al norte el ramal de Aspuzana, cerca al límite entre Huánuco y San Martín. De allí llegaron a Madre Mía, Sión y Paraíso, pueblos a la derecha e izquierda del Huallaga, fundados por iglesias protestantes.
En diciembre de 1985 se levantó el Estado de Emergencia en la zona y se desactivó el Comando Político-Militar. Al finalizar 1987, los 57 caseríos de Aucayacu tenían delegados nombrados por las columnas terroristas. Así se explica que en pocas semanas, con el apoyo activo de la población, cubrieran de zanjas cada 50 metros de la carretera Tingo María-Aucayacu.
La guerra en el Alto Huallaga fue extremadamente violenta. A diferencia de Ayacucho, SL tuvo en esa zona control de territorios por mucho tiempo y llevó a cabo operaciones de envergadura como la sangrienta toma de Uchiza, el 27 de marzo de 1989, como respuesta a la fumigación de la hoja de coca. Sobre este episodio, El Diario, el órgano de información terrorista, informó que el comandante del puesto policial de Uchiza fue aniquilado en la Plaza de Armas por un “niño combatiente” de solo nueve años de edad que le descargó un balazo en la cabeza. El punto más alto de su ofensiva fue, precisamente, el ataque a Madre Mía el 27 de julio de ese año, para el que SL movilizó cerca de mil personas.
En 1991, Sendero Luminoso proclamó el equilibrio estratégico por lo que se hacía inevitable que los comités populares clandestinos en el Huallaga pasen a ser abiertos. Poco después se demostraría que el “equilibrio” era una táctica que buscaba esconder el callejón sin salida en que se hallaba la guerra para Abimael Guzmán.
Los siguientes fueron los años de la victoria de las FFAA y del terrorismo errante. Tres operativos memorables por el despliegue de las FFAA se realizaron precisamente en los primeros años de la década de los 90, período en el que Humala estuvo destacado en la zona; fueron los operativos “Cuchara”, Paraíso” y “Aries”, este último investigado por el Congreso y documentado por la Coordinadora Nacional de DDHH.

viernes, 9 de noviembre de 2012

DATUM y el gran empujón

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/datum-y-el-gran-empujon-09-11-2012
La República
La mitadmasuno
9 de noviembre 2012
Juan De la Puente
La encuestadora Datum nos acaba de entregar un sondeo que no peca de inocencia. Al contrario, es un eco de la vasta corriente conservadora que presiona sobre el gobierno hablando supuestamente a nombre de la sociedad para que aplique un giro autoritario.
El sondeo pregunta sobre la autoridad y obtiene que el 72% cree que el gobierno ha perdido autoridad. Esta genérica pregunta, en un contexto de creciente percepción de inseguridad en el Perú y el mundo, es absolutamente capciosa. Es un misterio si esta variable (pérdida de autoridad) ha sido contrastada con otras como “ha ganado autoridad” o “muestra poca autoridad”. Las dos conclusiones son obvias: 1) el gobierno necesita recuperar el principio de autoridad; y 2) que debe adoptar medidas excepcionales para revertir la pérdida de autoridad.
Frente al terrorismo, el sondeo persiste en la trampa evidente en los últimos días que consiste en mezclar las actividades proselitistas del Movadef con las acciones de la banda armada que opera en el VRAEM. Las preguntas introducen en la práctica al grupo terrorista o narcoterrorista del VRAEM en las universidades. Más allá de las interrogantes primariosas (“fuerte presencia”, “está entrado” y “aún no entra”) presenta a las universidades como un escenario de acciones terroristas. Si seguimos la lógica de las preguntas y respuestas de la encuesta, las FFAA deberían inmediatamente ingresar a las universidades, descabezar a sus gobiernos y militarizarlas.
En el mismo sentido se orientan las preguntas sobre la actitud del gobierno frente al terrorismo. Ellas no indagan sobre las acciones del Estado en el VRAEM sino que presumen que el terrorismo es una fuerza viva en todo el país y a punto de asaltar el poder. Así formulado el sondeo, la mayoría considera que el gobierno no ha tomado acciones (51%) o que estas no han tenido resultados (53%). El colofón de esta trampa es que el 53 % de peruanos considera que el terrorismo ha aumentado en el Perú.
Las acciones localizadas de la banda armada del VRAEM se han convertido por la magia de una encuesta en un problema nacional. Lo advertido no tiene el sentido de la prospectiva. Es una posición adelantada de la extrema derecha que está transformando el terrorismo en el principal problema de la Nación para empujar al gobierno a la preciada estrategia de la “mano dura”.
Es cierto que el Estado tiene dificultades serias en el VRAEM y requiere adoptar decisiones con resultados exitosos. Desde allí a sugerir el establecimiento de un Estado casi policiaco, como si todo el país fuese un territorio en guerra, hay un abismo.
Sería un error que el gobierno ceda a esta ofensiva y produzca cambios en la línea de endurecerse para contentar a la platea frenética en busca de medidas radicales. Si esto sucede estaríamos retornando a un modelo de gabinete Valdés II, con los resultados ya conocidos.
Lo sensato indica que sin descuidar los serios desafíos de la seguridad, la democracia peruana persista en la ruta de la apertura, el respeto de las instituciones y del juego constitucional entre ellas, el diálogo con la sociedad civil, la defensa del crecimiento económico y la solución oportuna de los conflictos sociales.
La ofensiva de la mano dura no tiene en este tema su única expresión. Cotidianamente se advierte un espíritu jacobino que convierte los hechos vinculados a la seguridad en una crisis terminal del Estado. Bajo esa lógica, partidos democráticos se dejan seducir por la extrema derecha y empiezan a compartir su discurso blandiendo denuncias, interpelaciones, censuras e insultos, es decir, extraviando su tradicional talante democrático.
Subidos casi todos para gritar desde el balcón radical, el centro político se está vaciando al mismo tiempo en que se tuguriza la extrema derecha.
Que sepan los grupos y políticos seguidistas que están sentando las bases de su debacle. El discurso radical puede tener efímero éxito pero no hay duda, como lo demuestra la experiencia de la última década, que la bulla ataranta pero no gobierna. Ni gana elecciones.

martes, 18 de septiembre de 2012

VRAEM, civiles y militares

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/vraem-civiles-y-militares-18-09-2012
La República
La mitadmasuno
18 de setiembre de 2012
Juan De la Puente
Por lo que empiezan a reconocer varios funcionarios del gobierno, el principal problema en el VRAEM es la excesiva autonomía de los mandos operativos allí localizados y la falta de supervisión de sus actividades por sus superiores. En los años ochenta, esta vía libre estuvo en la base de la violación de los DDHH, encubierta luego por las autoridades políticas. No parece ser el único problema; los especialistas anotan dos muy importantes: la ausencia de un verdadero comando unificado de las fuerzas desplegadas en la zona y la falta de preparación del personal allí destacado.
Tomando el rábano por las hojas, algunos sectores se fijan solo en el papel de los ministros y colocan como elementos centrales del reciente Operativo Mantaro sus consecuencias. Algunas de estas opiniones traslucen el natural deseo de que el gobierno asuma su responsabilidad política. En otras se advierte una complicidad con errores y excesos que no deberían ser tolerados.
Disculpar a los militares/policías y cargar la tinta solo a los políticos encierra por lo menos tres mensajes: 1) En el VRAEM las cosas se están haciendo bien y el problema son los políticos en el gobierno; 2) Siendo el VRAEM un escenario de guerra lo que hagan los militares/policías debe ser juzgado desde las leyes de la guerra; y 3) Si existe algún error/exceso, se trata de un “daño colateral” o hecho fortuito que no incide en las acciones en el teatro de operaciones, que deben continuar como tales.
Debe celebrarse la decisión del gobierno de enfrentar a los grupos armados de senderistas/narcos que operan en esa zona. Sin embargo, no habría que perder de vista que quien combate es un poder democrático y que quienes operan en la zona actúan a nombre de él y no son otro poder, distinto y contrario. Por esa razón el principal desafío al que nos conduce el fracaso de la Operación Mantaro es la revisión de la estrategia del Estado en el VRAEM sin separar a los políticos de los uniformados.
Esa revisión no puede eludir preguntas básicas como si está funcionando la estrategia aprobada para el VRAEM en setiembre del año pasado; si se ha logrado constituir un mando conjunto eficaz en la zona; si se han resuelto los problemas de personal que la anterior Operación Libertad develaron; y si las FFAA y la PNP se han relacionado de modo cooperativo con las instituciones públicas: regiones, municipios, fiscalía, Defensoría y Poder Judicial.
No obstante, dos preguntas clave surgen de los últimos sucesos y deberían ser respondidas con claridad, sobre todo luego del desastroso comunicado triunfalista del Comando Conjunto de las FFAA: 1) ¿Quién manda en el VRAEM?; 2) ¿Cuál es el papel de los ministros de Defensa e Interior en la estrategia? 2) ¿Qué papel juegan los ciudadanos, organizados o no, es decir, sus DDHH, su vida cotidiana y su derecho a participar como aliada y no adversaria del Estado en la lucha por la paz?

jueves, 19 de abril de 2012

Las guerras del VRAE

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/las-guerras-del-vrae-19-04-2012
La República
La Mitadmasuno
19 de abril de 2012
Juan De la Puente
Los hechos del VRAE y el reciente informe de la Agencia contra las Drogas de Estados Unidos (DEA, en inglés) sobre el narcotráfico en el Perú se mezclan irremediablemente. La banda armada que secuestró a los trabajadores de Camisea es el principal operador del narcotráfico en el primer valle cocalero y primer territorio de refinamiento de cocaína del mundo. Asimismo, el informe de la DEA pone los reflectores sobre el incremento de la presencia mexicana en las operaciones del narcotráfico desde el Perú. El VRAE aparece así como un territorio donde se libra una dura batalla contra el narcotráfico, un hecho que el uso de los conceptos “terrorismo” y “narcoterrorismo” relativiza.
Lo sucedido en el VRAE desnuda, sobre todo, el agotamiento del discurso y práctica estatales contra el narcotráfico. La epopeya de soldados y policías y de los más altos funcionarios del Estado se dirigen hacia una organización subversiva derrotada como tal y que hace más de 10 años ha mutado en una banda al servicio de las drogas. Ellos han cambiado pero en el imaginario del Estado siguen siendo los maoístas de los años 80 que quieren tomar el poder por las armas y el terror. Por esa razón, la estrategia diseñada contra ellos no ha cambiado, sigue siendo antisubversiva en lugar de interdicción del poder narco.
Es obvio que un sector del país se siente más cómodo practicando el discurso ideológico como sustento de las operaciones contra “eso” que llaman SL y que asesina policías, soldados, fiscales y civiles, y que a veces llaman “narcosenderismo”, casi como una concesión. Ese sector se reduce a los patrullajes y operaciones militares, subestimando elementos claves que, de otro modo, reducirían el poder de esa banda: el desarrollo alternativo, el control de insumos químicos y el lavado de activos.
En el VRAE hay una guerra imprecisa. Cambiar ese discurso y práctica cuesta. Obligaría, por ejemplo, a preguntarse si fue correcto enviar a las FFAA al VRAE y construir allí un mando bicéfalo, con la PNP y las FFAA divorciadas casi en todo; o cómo fueron empleados los recursos entregados para el equipamiento militar; o por qué es más exitoso el papel de la PNP en el Alto Huallaga. Si el Estado decidiera que frente a la banda armada del VRAE se debe desarrollar una nueva estrategia antinarco, la primera decisión sería crucial: ¿Deben las FFAA participar en la lucha contra las drogas sobre todo luego de la experiencia mexicana?
No obstante lo dicho, estamos lejos del cambio. Nadie puede garantizar que, por ejemplo, se instalen dos garitas móviles en las vías hacia el VRAE como se espera desde hace casi 10 años, o que se generalicen las acciones de desarrollo alternativo en aquellas zonas donde las características del suelo lo permiten. Siendo minimalistas, ¿Es posible pensar en un Plan VRAE de verdad, que no sea la agregación de obras sectoriales? Quizás por ahora no.