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La República
La mitadmasuno
30 de junio de 2017
Juan De la Puente
Hace algunos años,
la detención de un policía comprometido con el delito común era un noticia
inesperada y desagradable. Esta penetración del “mal dentro del bien” se
registraba especialmente en relación con el tráfico de drogas y el control
del tránsito, y era esencialmente una degeneración personal. Con el paso del
tiempo, los compromisos delictivos se han hecho colectivos al punto que varias
veces casi toda la plantilla de las unidades antidrogas terminó envuelta por el
delito.
La
evolución es radical, intensa y rápida. La reciente detención de más de 20
oficiales y suboficiales de la División de Investigación contra el Crimen
Organizado, y de la Dirección de Inteligencia de la PNP, asociados a un
grupo de mafiosos prontuariados, varios de ellos en prisión, evidencia que la
masificación de la corrupción policial se encuentra en el punto más alto.
Una
cosa era la corrupción personal, cuentapropista o de pequeños núcleos, y otra
es la colectivización mafiosa de buena parte de las estructuras policiales. El
salto cualitativo es crucial, al potenciar el desafío de la seguridad ciudadana
hacia límites poco imaginados hasta hace poco, una realidad de donde emerge una
grotesca pero certera pregunta: ¿quiénes harán la lucha contra el delito?
Cuando
la crisis de seguridad se hizo patente, a finales de la década pasada, varios
anotábamos en relación con este punto que la evolución de esta crisis nos
acercaba a las experiencias mexicana y colombiana combinada y no solo a una de
ellas. Si en ese momento México y Colombia estaban cerca, es posible que ahora
se encuentren aquí. Varios rasgos del proceso registrado en los dos países se
están desarrollando en nuestra seguridad/inseguridad, como la masificación del
delito y la integración de las familias a él; la sofisticación del crimen; la
brutalización de los grupos de tarea; y la pauperización de la policía como
antecedente del desborde de sus filas hacia el enemigo a combatir. Puede doler
decirlo o escucharlo, pero parece que estamos en los inicios de una importante
alianza social entre los buenos y los malos.
Este
proceso tiene varios años en curso y, en ese contexto, es meritorio lo
realizado en la última etapa por el alto mando policial y la actual gestión del
Ministerio del Interior. De hecho, emerge esta alarmante colectivización debido
a la labor de los sectores sanos, institucionales y valerosos de la PNP y el
MININTER dispuestos a combatir el crimen dentro de casa. Los operativos contra
los Babys de Oquendo, la mafia de Chilca y la denuncia del escuadrón de la
muerte, es trabajo limpio policial con ayuda de la fiscalía, y, ojalá sea
siempre, de los jueces.
Espero
que sea suficiente. El debate dentro y fuera del Congreso durante la reciente
interpelación del ministro del Interior, Carlos Basombrío, me genera dudas
sobre la claridad del liderazgo del país ante esta realidad. En el Congreso, la
mayoría de las preguntas de la interpelación y las intervenciones en respuesta
al ministro brindaron la sensación de la falta de conciencia colectiva respecto
de esta crisis. Las críticas radicales, envueltas en la pequeñez de las cosas y
en la denuncia populista del estado de la cuestión –una especialidad que
dominan varios legisladores pero que no pasa de su indignación frente a las
cámaras de TV–, han sido como se esperaba las que menos han aportado.
Sucede
no obstante que no es la única inconciencia; esta también opera en la sociedad
que, a pesar de responder en las encuestas desde hace 5 años de que la
delincuencia es el principal problema del país, no está dispuesta a llevar a
cabo importantes aportes personales y sacrificios para conjurar esta crisis
nacional. Lo patentiza lo más público: la microcorrupción en la que incurren
masivamente los ciudadanos y la cooperación con delitos e infracciones; y la
precipitación de decenas de miles de peruanos a los grupos criminales que –como
ya lo demuestran México y Centroamérica– son una importante fuente de
generación de empleo. Nuestra economía tiene menos proletariado y más lumpen
proletariado.
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La República
La mitadmasuno
14 de julio de 2017
Juan De la Puente
Recientemente fueron
liberados 11 de los 24 policías detenidos en la operación contra la banda “Los
babys de Oquendo” porque habrían sido “engañados” para participar en el
desalojo de un terreno de Puente Piedra.Esta explicación
podría ser verosímil considerando el sistema de ordeno y mando policial, más
aún si se trata de suboficiales, aunque este hecho actualiza una declaración
del ministro del Interior, Carlos Basombrío, sobre que se podría terminar con
el crimen organizado antes del Bicentenario “si existe un trabajo conjunto con
el Ministerio Público y el Poder Judicial”.Ese trabajo conjunto,
adecuado al marco descrito contra el crimen organizado, no existe. El virtual
fracaso del Consejo Nacional de Política Criminal (Conapoc) y la ralentización
del Acuerdo Nacional por la Justicia, lo resumen casi sin palabras, en tanto
que la práctica fiscal reciente y las decisiones judiciales relativizan la
colaboración eficaz como mecanismo de lucha contra los grupos criminales.La figura dominante de la lucha contra el delito es la de
esfuerzos meritorios y avances parciales dentro de un espiral cualitativo que
eleva el delito en número y calidad, una batalla ahora claramente desigual
librada por la policía a su suerte, con los otros operadores del sistema
atrincherados en sus autonomías, con las que parecen hundirse por exceso de
peso.En el cuadro general, ahora se denuncian más delitos (primer
indicador), se detienen a más personas (segundo indicador), sin impactar en la
tasa de hechos delictivos. Según las estadísticas de la PNP, el 2016 se
detuvieron a más de 111 mil personas, un 16% más que el año anterior y mucho
más que los 74 mil detenidos el 2011. Al mismo tiempo, si bien es cierto que se
registra una pequeña caída de las denuncias de delitos contra el patrimonio, el
delito más importante en este rubro, el hurto, no se ha reducido, en tanto que
los delitos de secuestro y violación sexual tuvieron un incremento
significativo (tercer indicador).En nuestro país se denuncian 23 delitos cada hora, y más de 5
mil cada semana, una frecuencia que solo puede ser medida de modo muy general,
porque los datos policiales son audaces y engañosos, hacen énfasis en los
logros y esconden los aumentos de varios delitos en el oscuro rubro de “otros”.Aun así, esos datos dan cuenta del desborde de la crisis de
seguridad en lo tocante a la impunidad (cuarto indicador), resumido en una
enorme brecha entre las denuncias y las detenciones. En el 2016 se registraron
94 mil denuncias de hurto, pero hubo solo 15 mil detenidos; 76 mil denuncias
por robo con solo 13 mil detenidos; y 9 mil denuncias por violación sexual, con
apenas 3 mil detenidos.Con relación a delitos específicos debe tenerse en cuenta que el
año pasado hubo 844 denuncias de extorsión con solo 222 detenidos, que en una
interpretación optimista podría significar que cada detenido era responsable
por cuatro de las denuncias.Similar brecha se
advierte en la investigación criminal propiamente dicha. Al 2007, de las 9 mil
denuncias tomadas por la Dirincri se resolvieron 7 mil, es decir, se
esclarecieron el 78% de los hechos desde la perspectiva policial. Desde ese año
se ha producido un aumento significativo de denuncias que superaron en un
momento las 40 mil (2010) con una baja tasa de resolución que cayó al 20%. El
año más terrible fue el 2015, cuando de las 33 mil denuncias solo se
esclarecieron en el ámbito policial poco más de 5,800, es decir solo el 17%. El 2016
esta tasa subió al 20%, pero está lejos de lo mínimamente aceptable.Es una pena que un
debate sobre logros y desafíos no estuviese presente en la reciente
interpelación del ministro Basombrío, y en cambio la base de la discusión se
situase en lo estrictamente personal. No es extraño, por esa razón, que según la
última encuesta de GfK, más de dos tercios de los peruanos desconozca qué
propone la oposición sobre seguridad ciudadana, la principal razón de
desaprobación del Gobierno y el asunto por el que fue interpelado el ministro.http://larepublica.pe/politica/1069601-como-has-crecido-baby-iii
La República
La mitadmasuno
4 de agosto de 2017
Juan De la Puente
Debe anotarse como logros en la lucha contra el
delito los más de 70 megaoperativos realizados en los últimos meses, la captura
de 500 de los 1,800 grandes delincuentes buscados, y la férrea respuesta
interna a la corrupción policial. Siendo esto inicial y correcto, me temo que
la primera tendencia del proceso es que ha llegado a un límite operativo e
institucional que debe ser encarado con un ánimo reformista firme.
La parte institucional de este límite reproduce
brechas entre la policía y la fiscalía, entre esta y los jueces, y entre todos
los actores de una política criminal pública. La parte operativa es
estrictamente policial y se resume en una crisis de la investigación criminal
cuyas cifras no dejan dudas. Hace 10 años se resolvían el 78% de las denuncias
a cargo de la DIRINCRI, que es una parte del total de denuncias; desde
entonces, se ha producido un fenómeno perverso, el aumento vertiginoso del
número de denuncias y la caída con igual velocidad del número de
investigaciones exitosas. En el 2014, de 33 mil denuncias solo se esclareció el
17% y el año pasado de 22 mil, solo se esclareció el 20%.
En cifras gruesas, 18 mil denuncias investigadas
el año pasado por la DIRINCRI no han sido resueltas, es decir, que solo una de
cada cinco denuncias es resuelta, una brecha gigantesca que revela que, junto a
la impunidad conocida, la judicial, que consiste en un mal juzgamiento del
delito, coexiste la impunidad policial, más perjudicial y recreadora del
delito.
La primera constante de esta brecha, el aumento
de denuncias, debe ser estudiada para esclarecer lo siguiente: 1) si se debe a
que los ciudadanos confían más en la policía; 2) si se registran más denuncias
porque se cometen más delitos; o 3) si este incremento se debe a que el volumen
de lo afectado es mayor. A simple vista, el crecimiento de las tasas de
victimización y la relación entre aumento de delitos contra el patrimonio y los
índices de crecimiento y distribución, indican que se trataría esencialmente de
las dos últimas razones.
Respecto a la segunda constante, la brecha
denuncia/esclarecimiento, es perceptible que no hubo estrategia para asimilar
la avalancha de denuncias, a pesar de cierto esfuerzo en acercar a los
ciudadanos a las comisarías y hacer más amigable este tedioso proceso. Que cada
año DIRINCRI, el cuerpo especializado de la PNP, tenga 20 mil denuncias en
promedio sin resolver indica varios fenómenos que no pueden barrerse bajo la
alfombra y que parecen ser concurrentes: 1) el escaso número de personal
competente para la investigación criminal; 2) la sofisticación de los
infractores; 3) la obsolescencia de técnicas e instrumentos de investigación;
4) la corrupción policial, de lo que hay sonados ejemplos; y 5) la persistencia
de arreglos institucionales deficientes y de poca eficacia operativa.
