Un Senado el año 2018

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La República

La mitadmasuno

3 de febrero de 2017

Por Juan De la Puente

Diversos miembros de la bancada de Fuerza Popular se han expresado a favor de la creación del Senado. De hecho, el resto de bancadas se encuentra de acuerdo con reinstalar nuestra histórica bicameralidad, de modo que no habría razones de fondo para que, de aprobarse la respectiva reforma constitucional, los peruanos no elijamos un Senado junto a las elecciones regionales y locales del 2018.

Luego de 28 años de la elección del último Senado, en 1990, sería esta la ocasión de una renovación de la representación. Un cuerpo de legisladores con funciones distintas a las de la Cámara de Diputados haría la diferencia –o por lo menos lo intentaría– en un proceso político en el que se necesitan cambios institucionales que refunden el sistema. Cierto que su sola presencia no garantiza nada si el nuevo órgano de representantes no se eleva por encima de la crisis. Pero de eso se trata, de una apuesta que ojalá la actual representación se atreva a realizar.

Un Senado territorial pequeño y operativo que realice la revisión legislativa mejoraría la producción de normas y dejaría a la Cámara de Diputados más tiempo y oficio para el control político. Sería, al mismo tiempo, una ruta para relanzar el proceso de descentralización ahora carente de voz en el Parlamento a pesar de que cada región se homologa con los distritos electorales. Finalmente, el país se dotaría en el momento en que más lo necesita de una cámara reflexiva, más unitaria y dialogante, mejorando el equilibrio entre los poderes.

Encuentro pocos problemas para que el sistema se dote de un Senado en breve plazo. El primero es de orden social, y se refiere a que todavía un apreciable porcentaje de peruanos se opone a la reinstalación de la bicameralidad. Las razones, siendo principistas, no son necesariamente políticas en el sentido operativo, sino financieras (cuesta mucho) y de confiabilidad (más otorongos). Esta visión ha retrocedido desde el año 2000 pero se mantiene activa en su talante populista y antipolítica. La mejor manera de enfrentar ese discurso es desde la democracia, la transparencia y desde los cambios mismos en otras áreas. Desde ese punto de vista, por ejemplo, tendría poco sentido la elección de un Senado cuyos miembros presenten los mismos problemas de credibilidad de varios de los actuales legisladores.

El segundo se encuentra en retroceso luego de que el fujimorismo abandonase su clásica defensa del unicameralismo. Quedan pocos argumentos en favor de esa tesis y crecen las certezas en favor de cambios que acompañen las aspiraciones del Perú como país de renta media y que aspira a ingresar a la OCDE y a mejorar su representación.

Del mismo modo, la iniciativa se convierte en un asunto delicado de cara a otras reformas que han sido sugeridas y que recorren desde el ámbito de la formación de la representación hasta el del ejercicio de la representación, además de otras reformas institucionales. Siendo necesario definir el retorno del Senado, será poco conveniente aparcar otras reformas como la electoral, que debate el grupo de trabajo presidido por la legisladora Patricia Donayre, o los cambios en la administración de justicia o en la elección de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Lo peor que podría pasar es que se apruebe el retorno al Senado y nada más.

Es necesario que el Congreso vuelva a discutir sus prioridades porque se hace evidente que el marco de la discusión realizado en agosto pasado se ha transformado radicalmente. El juzgamiento de los casos de corrupción y la forma que adopta el juego político dentro y fuera del Congreso hacen necesaria la ubicación de un núcleo de reformas de alto calado que garanticen la gobernabilidad y la transparencia en los próximos años, cambios que deberían ser negociados dentro del Congreso y con los otros poderes del Estado. El diálogo político instalado en enero en el marco del Acuerdo Nacional debería decantarse hacia las reformas políticas macro y quizás sea la hora de que estos cambios sean asumidos por el gobierno como propios.

El populismo anticorrupción

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La Republica

La mitadmasuno

27 de enero de 2017

Por Juan De la Puente

La manera de despolitizar un caso de la magnitud que exhibe el Lavajato Peruano es reducirlo a la minucia y jalonearlo desde varios ángulos de la agenda nacional para privarlo de su sentido esencial para el futuro de la democracia. Eso viene sucediendo.

Es el propósito de minucia el que lleva a la demanda de que “primero caigan los peces grandes” como si esa fuese la receta perfecta de toda investigación fiscal y si ese inicio fuese el único modo de garantizar la justicia. La tendencia de este reclamo es riesgosa en la medida que intenta invalidar toda detención que no sea de los hombres importantes de la política. Ninguno de los objetores de las últimas detenciones ha llegado a demostrar –más allá de los insultos– por qué la detención de “peces pequeños” abona el camino de la impunidad.

Sucedáneo punto de vista es la idea de “todos se están escapando”, sin considerar que las fugas se produjeron a pocas horas de la revelación del acuerdo de Odebrecht con las justicias de EEUU y Suiza. Sí es un cargo de fondo a la fiscalía el que abriera el caso contra esta empresa en noviembre del año pasado, cuando en Brasil ya se habían producido las primeras delaciones con evidencia de que el caso se vinculaba al Perú, pero es igualmente cierto que para los plazos procesales peruanos es un éxito relativo que la judicialización del caso se realizara en menos de dos meses.

Cabalga un populismo anticorrupción que alimenta una parte del sistema político poco comprometida en la búsqueda de una estrategia de Estado para avanzar en la agenda de transparencia pública de modo eficaz. La guerra de los gritos donde cada cual lanza piedras desde su esquina sin mayor compromiso que el grito mismo –el clima ideal para la impunidad– viene acompañada en los últimos días de estrategias cruzadas a cargo de poderes que están obligados a cooperar.

Entre las estrategias en pugna, la primera es la del compromiso para la colaboración a cargo de la fiscalía, la que ha funcionado hasta ahora y que es objeto de duras críticas. Algunas de estas son atendibles –como que la procuraduría debió participar en el preacuerdo con Odebrecht– pero la mayoría se centra en exigir imposibles como una larga lista de personas con arraigo judicial que, como se sabe, corresponde a otra fase de los procesos.

La segunda estrategia es “préstame tu investigación” a cargo de la comisión parlamentaria que indaga el caso, un modelo que se basa en recaudar otras investigaciones y en operar a través de audiencias públicas más que diligencias indagatorias. La mayoría de sus miembros cuestiona la supuesta precariedad de la fiscalía pero en cambio no exhibe un plan ambicioso que empodere al Congreso a través de una investigación ejemplar que aborde al mismo tiempo las aristas institucionales y las relaciones de poder construidas para dar vida al entramado mafioso. Inclusive, si la idea era que esta indagación siente en el banquillo de los acusados a los últimos 15 años de democracia, están perdiendo una oportunidad inigualable.

La estrategia más populista es “muerte a Odebrecht ahora” y “todos a la cárcel”, que reúne un conjunto de demandas que van desde el congelamiento de los activos de la empresa, su expulsión del país, la oposición a todo acuerdo de colaboración eficaz de sus funcionarios y la prisión preventiva para todos. Estas demandas suenan bien y es probable que algunas de ellas pudiesen formar parte de una estrategia integral, que ahora no existe. En ese contexto, es positivo el mensaje de Keiko Fujimori que ha llamado al gobierno a mantener la vigencia de los proyectos de infraestructura vitales para el desarrollo, y desautorizando la propuesta de dos legisladores de su bancada que solicitaron prisión preventiva para tres ex presidentes, sin que en todos los casos se tenga previamente la denuncia fiscal y la apertura de instrucción.

La minucia y la despolitización es otro gran tributo a la impunidad. La única alternativa válida frente a esta ruta es que, como el año 2001, se recupere un sentido unitario del Estado en su lucha contra la corrupción.

Nueva crisis, nuevo escenario

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La República

La mitadmasuno

20 de enero de 2017

Por Juan De la Puente

El primer dato político al inicio del presente año es el cambio de escenario respecto de los meses anteriores que estuvieron presididos por una convivencia forzada entre el gobierno y el fujimorismo y de una gobernabilidad compartida. Lo que se tiene a la vista es una larga crisis que ha venido a quedarse por mucho tiempo: la crisis de la corrupción.

Esta crisis abraza a todos en distinta intensidad. Para el Gobierno, es una crisis “nueva” debido a que no se encuentra en discusión, exclusivamente, sus relaciones con el Congreso sino las denuncias contra el mismo Presidente de la República a raíz de su participación en actos del 2005 que investiga la fiscalía, y de por los menos otros tres ex presidentes.

Se ha dicho bastante sobre lo que este hecho implica para el sistema y se ha usado para ello palabras que denotan su naturaleza destructiva, como “terremoto”, “tsunami” o “colisión de un meteorito”. Esto es cierto, como también lo es la fortaleza de este sistema aparentemente muy débil, pero más fuerte de lo que creemos o de lo que queremos. De hecho, un posible efecto de esta crisis es que el sistema solo se descosa pero que no se rompa, lo que ya sucedió el año 2000.

Las tendencias están a la vista: 1) la debilidad del gobierno, especialmente del Presidente PPK; 2) las dificultades de un diálogo político consistente y eficaz como respuesta a esa debilidad del gobierno; 3) la combustión de personajes públicos importantes y de sus colectividades, con escasas posibilidades de defensa pública; y 4) la re emergencia de las demandas sociales que ponen a prueba y en evidencia la ausencia de reformas en los ámbitos de la política y de la economía.

Por esas razones, el año 2017 será de una compleja inestabilidad que, al no reducirse en intensidad, será el antecedente de cambios drásticos el año 2018. En ese contexto, la sola discusión de una probable vacancia presidencial representa un elemento perturbador del proceso democrático y aunque esta posibilidad es remota genera un estado de cosas en el que progresan salidas radicales dentro y fuera del sistema.

PPK es el lado más vulnerable de esta crisis al carecer de recursos que eviten su deterioro. La reciente encuesta de IPSOS refleja una drástica caída suya mientras que sus ministros, particularmente el premier Zavala, resisten. Esto podría indicar que la opinión pública ha empezado a diferenciar su figura del resto del gobierno. Algo contrario sucede con el fujimorismo: mientras el Congreso cae varios puntos de aprobación, Keiko Fujimori se recupera y sube algunos puntos. Todo esto podría ser la señal de que hemos retornado a un sistema de competencia perfecta donde lo que pierde el jefe del gobierno lo gana la cabeza de la oposición.

El segundo dato de este nuevo escenario es que el principal impulso de los cambios obedece a una alianza entre los medios y la opinión pública, que tienen al frente instituciones con una escasa capacidad de movimiento, quizás a excepción de la fiscalía. Las demandas anticorrupción de esa alianza ya tienen logros –como la anulación del peaje de Puente Piedra y las restricciones a los movimientos de algunos investigados– aunque todavía no tiene “calle” de un modo sostenido, ni representación política. A eso se debe que la inicial consigna de que “se vayan todos” sea débil y marginal, aunque podría crecer en intensidad si se aprecia que los procesos judiciales tienden a la impunidad o a la demora.

El tercer dato de este nuevo momento es que esta larga crisis parece haber tomado por sorpresa a todos a pesar de que las denuncias brotaron hace más de un año. El cuadro formado presenta una evolución caótica y está a la espera de respuestas institucionales. Una de ellas pudo provenir del Congreso, especialmente de la comisión Lavajato, la que parece haber desestimado esta posibilidad decantándose por una investigación bulliciosa y poco profesional. En un terreno fértil para la movilización contra la corrupción, solo una parte de la izquierda, la liderada por Verónika Mendoza, ha ensayado un llamado a la vigilancia ciudadana.

La guerra de los gritos

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La República

La mitadmasuno

13 de enero de 2017

Por Juan De la Puente

Las respuestas oficiales y partidarias a las primeras revelaciones del Lavajato peruano han instalado una guerra de gritos perfectamente organizada. A pesar de la trifulca que eso implica el griterío está funcionando; es una zona de confort para el sistema porque ese modelo de competencia hace que nadie explique nada y que a nadie se le escuche.

La guerra de gritos puede ser entretenida y noticiosa, pero es una ofrenda a la impunidad. El “tú robaste más” o “el ladrón es él” es una moneda de dos caras: refleja un pacto tácito y es más un acuerdo que disenso, porque resume la falta de voluntad de la elite peruana para encarar el descomunal golpe que las denuncias implica para el país. De hecho, ahora mismo ya es la principal traba para el desarrollo de una agenda anticorrupción o para la adopción de un método democrático para encarar esta crisis.

Ese método es una necesidad institucional urgente. Sin él, las partes de esta crisis no se sentirán obligadas a asumir su papel republicano y su lugar será tomado por las opciones populistas a las que tampoco les interesa el juzgamiento de la corrupción.

El primer elemento de ese método es la toma de posición. Más allá de algún comunicado o pronunciamiento al paso, no se puede decir que el Lavajato peruano haya motivado una movilización interna de las instituciones, aparte de las que están llamadas a los procesos judiciales. Incluso esta movilización es incompleta y presidida por una áspera disputa de instituciones. En esa dirección, es lamentable que, a diferencia de otros países, no se registre en el Perú una alianza institucional contra la corrupción más allá de coincidencias específicas.

Extraño, por ejemplo, una reflexión muy seria del mundo empresarial respecto de las prácticas nocivas que se descubren, y sobre la cultura de la vulneración de reglas y de regulaciones, al parecer todas homologadas como trabas a la inversión. Solo el asunto de los arbitrajes amañados como fórmula de sobrevaluación de costos finales merecería un estudio minucioso como causa de este episodio de corrupción.

La mayoría de grupos políticos ha escondido la cabeza, se ha limitado a la lucha cuerpo a cuerpo y viven un Síndrome de Vietnam donde las militancias aparecen ausentes y enfrentadas a las cúpulas, ambos en una clara posición de derrota. Esa brecha será letal para el próximo proceso electoral regional y municipal que ahondará el descrédito de los partidos nacionales. De todos.

El segundo elemento de este método es la vigilancia y movilización ciudadana sin las cuales no será alterada la tendencia a la impunidad que ya se observa. Resulta increíble –aunque deviene del Síndrome de Vietnam local arriba señalado– que ningún grupo político o líder, individualmente, y aun los que no se sienten tocados por las denuncias, llame a los peruanos a expresarse con firmeza y responsabilidad contra la corrupción, urgiendo contra la impunidad.

Los casos judiciales de la corrupción brasileña se saldarán en los juzgados pero el proceso político nacional denominado Lavajato se decidirá de cara a la sociedad, un escenario que por ahora es poco callejero a pesar del impacto de las marchas del Cono Norte de Lima contra el cobro del peaje. No obstante, aun en la hipótesis de una baja participación ciudadana activa, la opinión pública será decisiva para evitar que este proceso se reduzca a jueces y penas.

El tercer elemento es la agenda anticorrupción propiamente dicha. Reconociendo el valor de varias medidas en favor de la transparencia pública dictadas por el Ejecutivo, como parte de los 122 decretos legislativos recientes, es evidente que estamos solo en los inicios de esa agenda. Se extraña nuevamente, por ejemplo, la falta de compromiso del liderazgo político del país y de los medios con las 100 medidas propuestas por la Comisión Presidencial de Integridad entregadas el pasado 5 de diciembre, la más importante de las cuales es su llamado a un gran compromiso nacional expreso contra la corrupción.

Lava Jato, un instante revolucionario

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La República

La mitadmasuno

30 de diciembre de 2016

Por Juan De la Puente

 

El hombre más peligroso es aquél que tiene miedo

Ludwing Börne.

Aun antes de destapar sus certezas, el Lava Jato peruano causa sus primeros impactos: ha erosionado las estrategias oficiales que se preparaban para encararlo, agrietando a más de un partido y poniendo en crisis las relaciones políticas. Una parte de la élite peruana tiene miedo y se ha sumido en un turbulento frenesí muy parecido al sálvese quien pueda.

Lava Jato a la peruana viene con una lógica propia, y no será la réplica del terremoto brasileño. Por ejemplo –primera diferencia con Brasil– no ha dado paso a una rápida batalla entre dos bandos, corrupción y anticorrupción sino a una sucesión de pequeñas guerras civiles sin que sepamos si ellas terminarán dando paso a la pelea de fondo. Las guerras teloneras podrían adueñarse del escenario. Y es que el Perú es ancho y ajeno, con demasiados intereses en pugna, la mayoría de ellos cruzados por tercerías, subcontratos, arbitrajes, lobbies de cobro diferido y financiamiento electoral.

Pero Lava Jato tiene una virtud, no va por una cuerda paralela: la catarata de información tiende a integrar todo y lo que tenemos es un tsunami en formación, una revolución –imperfecta, como toda revolución– donde caben la ley y el desorden, el drama y la comedia, y el teatro y el circo, con todo lo que esto último implica: payasos, magos, equilibristas, titiriteros, ventrílocuos y hombres bala.

Lava Jato se posa sobre una vieja crisis de legitimidad del sistema labrada en casi cuatro décadas –es la segunda diferencia con Brasil– y por eso no deberíamos perdernos en las guerras civiles o en los ajustes de cuenta en la esquina del escenario, expresión de esa crisis antigua; el circo no debería ocuparnos demasiado sino las grandes fuerzas que aparecen en la escena.

Solo una parte de esta revolución es de manual: el sistema débil, indefenso, dividido y con poca legitimidad. Para apreciar el resto habría que salir del patrón revolucionario del siglo XX donde las grandes crisis tenían líderes, clases y partidos. La nuestra no posee instituciones fuertes ni partidos –tercera diferencia con Brasil– y lo que tenemos al frente es un estado de ánimo en progreso que ha hecho de la corrupción el principal problema de la sociedad.

De momento decepciona que este instante revolucionario tenga pocos revolucionarios, y que el programa máximo contra la corrupción se limite a dejar todo en manos de la justicia, como si estuviésemos ante un problema de delitos y de penas, exclusivamente. Para una parte de la elite, Lava Jato es un asunto penal, apenas una disfunción social –la cuarta diferencia con Brasil– y por lo tanto solo un punto de llegada. En cambio, para la sociedad, la reacción penalista no es suficiente porque cree que este caso debería ser un punto de partida.

En esto reside el clivaje esencial de esta etapa. Esta brecha carece de mediación y de conexión y apunta a que con las primeras revelaciones se ensanche el abismo con la sociedad. Ese es el debate de fondo en relación a que si el Congreso debería investigar esta corrupción. Un sector cree que el Congreso no debería hacerlo, olvidando el papel de las minorías parlamentarias heroicas de los años noventa, como las que contra el fujimorismo mayoritario investigaron y denunciaron al Grupo Colina, las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos, y la corrupción de los mandos militares.

Las alternativas de este instante que podría perderse para la historia asoman. Un primer desenlace sería el democrático- reformista que ataje la impunidad, sustituya al liderazgo político responsable y reforme las instituciones para abrir un curso renovado del país. El segundo es el populista-penalista que castigue a medias a los responsables y que a pesar de su talante bullicioso y enojado deje pasar la oportunidad de cambiar la historia de asalto a las arcas públicas. Y el tercero, el conservador-legalista que deje todo en manos de jueces y fiscales, a quienes luego responsabilizar, sin cambiar nada o cambiando muy poco para que no cambie nada.

Una jueza contra Trump. El sistema de EEUU ha funcionado y rápido.

Por Juan De la Puente

La jueza federal Ann M. Donnelly, del Tribunal del Distrito Federal de Brooklyn (Nueva York), bloqueó casi de inmediato una parte del veto de entrada a ciudadanos de siete países de mayoría musulmana impuesto por el presidente Donald Trump.

Foto del Brooklyn Daily Eagle 

El caso

Según la jueza,  los refugiados u otras personas afectadas por la medida y que han llegado a aeropuertos estadounidenses no pueden ser deportados. De ese modo respondió a un recurso de emergencia presentada por la Unión para las Libertades Civiles en América (ACLU) en favor de las decenas de personas (entre 150 y 200) detenidas a su llegada a los aeropuertos de EEUU desde que Trump firmara la orden.

La jueza no dijo que los afectados pueden permanecer en el país ni se pronunció sobre la constitucionalidad de la medida. Con prudencia solo señaló que el envío de esas personas a su países podría causar un “daño irreparable” a sus derechos, y fijó una audiencia para el 21 de febrero para volver a abordar este caso que pasa a llamarse Darweesh y otros vs. Trump.

Ann M. Donnelly es una jueza federal designada por el ex Presidente Obama luego de una carrera legendaria. En EEUU, un juez federal es designado por el Presidente, el mismo que no nombra a los jueces del Tribunal Supremo sino también a los 94 jueces de las cortes de distrito y a los de las 13 cortes de apelación.
 

La orden ejecutiva de Trump

La jueza ha fallado contra una orden ejecutiva de Trump que prohíbe la entrada al país de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana con el supuesto objetivo de luchar contra el terrorismo. De esa orden ha sido excluida Arabia Saudita; los críticos de Trump se extrañan de esa excepción y aducen que se debe a que el Presidente tiene allí inversiones. Una orden ejecutiva sería en el Perú un decreto ley y no un decreto legislativo (con facultades delegadas) o un decreto de urgencia (materia económica y financiera), y su rango es posible gracias al presidencialismo fuerte vigente en EEUU.

La batalla será larga; la orden ejecutiva de Trump en esa parte y en el todo puede ser contestada por la justicia y deberá ser también analizada por el Congreso que, por tradición, no se enfrenta a las órdenes ejecutivas de un presidente pero puede aprobar una ley que las deja sin efecto. De hecho, un presidente si puede derogar una orden ejecutiva de otro presidente pero no puede derogar una ley del Congreso vía una orden ejecutiva.

En su primera semana, Trump ha abusado tanto del número como de los contenidos de las leyes ejecutivas que en la doctrina constitucional de EEUU son conocidas como “leyes suaves”. Ha emitido 13 en un semana. Roosevelt emitió 3,721 en sus tres mandatos y Obama 276.

La historia

Lo que ha hecho la jueza es ejercer el judicial review, una potestad y garantía de larga data. El judicial review tiene factura inglesa –y no norteamericana como se afirma generalmente- y se origina en la doctrina del juez inglés Edward Coke quien en 1610, acogiendo una demanda del médico Thomas Bonham, falló declarando nula la ley que le confería al Real Colegio Médico la facultad de autorizar el ejercicio de la medicina, subrayando la supremacía de la common law sobre la voluntad del rey.

Fue propuesto luego por Alexander Hamilton, uno de los padres de la Constitución de Estados Unidos -El Federalista, Artículo LXXVIII-  como el derecho de los tribunales a declarar nulos los actos de la legislatura con fundamento en que son contrarios a la Constitución. (Hamilton; 1974).

Si bien la Constitución de EE.UU no lo recogió de manera precisa en su texto, sí aprobó la cláusula de la supremacía (artículo 6°), por la cual los jueces están obligados a observar las disposiciones contrarias a la Constitución y a las leyes.

En ambos argumentos –uno de derecho y otro doctrinario- se basó en 1803 John Marshall, juez del Tribunal Supremo cuando denegó (caso Marbury vs. Madison) la solicitud de William Marbury para que James Madison, secretario del Presidente Thomas Jefferson, le entregara sus credenciales de juez, función para la que había sido designado en virtud de leyes aprobadas en la agonía del gobierno anterior. El juez Marshall denegó la solicitud de Marbury pese a que fue nombrado juez por una ley, considerando que una ley contraria a la Constitución no constituye derecho. Para Marshall los jueces tienen derecho a controlar la constitucionalidad de las leyes cuando éstas provienen de legislaturas repugnantes.

En el Perú

En  nuestro, caso, el judicial review evoluciona por la vía del control difuso, o si se quiere con más propiedad, el sistema difuso, consagrado en el artículo 138° de la Constitución. Esta mención es una reproducción del artículo 236° de la Constitución de 1979 y su propósito es fijar la supremacía de la Constitución sobre cualquier otra norma legal, en concordancia con el artículo 51° de la carta vigente.

No obstante, al estar incorporado en el capítulo referido al Poder Judicial, y al nombrar expresamente a los jueces, es una prerrogativa inicial para estos, pero termina siendo una garantía de la administración de justicia en su conjunto, de los administrados y del operador judicial que por excelencia es el juez.

Al procedimiento mediante el cual un juez prefiere la Constitución a una norma de inferior jerarquía se ha denominado control difuso de la Constitución. No es una actividad exclusiva y personal del juez sino que refiere en su conjunto al control judicial de la constitucionalidad de la ley que convierte a todo juez en el contralor principal de la legalidad constitucional. De hecho, el control difuso se incorpora también como mecanismo en el Código Civil y en la Ley Orgánica del Poder Judicial (Bernales; 1997).

El control difuso coexiste en la legislación peruana con el control concentrado a cargo del Tribunal Constitucional (TC) cuyas decisiones son erga omnes, es decir para todos los casos (artículos 201° y siguientes de la Constitución).

El TC ha tenido una conducta intermitente respecto del sistema difuso. Tempranamente (1999) puso límites al control difuso en sede judicial, señalando: 1) que es un poder-deber del juez; 2) que es de última ratio y por lo tanto excepcional; 3) que tiene por objeto la impugnación de un acto que constituya la aplicación de la norma considerada inconstitucional; y 4) que la norma a inaplicarse debe tener relación directa al caso (Exp. 0145-99-AA-TC).

Años después dispuso otras condiciones, que la norma a inaplicarse tenga una relación directa, principal e indisoluble con el caso, retirando su condición de ultima ratio (Exp. 1124-2001-AA/TC).

Posteriormente, el año 2006 dicta un precedente vinculante referido al control difuso en sede administrativa donde se dispone: (1) que el examen de constitucionalidad debe ser relevante para resolver la controversia planteada dentro de un proceso administrativo; y  (2) que la ley cuestionada no sea posible de ser interpretada de conformidad con la Constitución (Exp. Nº 03741-2004-AA/TC).

El año 2012, el TC se decanta por la restricción, prohibiendo a los tribunales administrativos realizar el control difuso con un argumento para el debate: si el Poder Ejecutivo controla la constitucionalidad de las normas emitidas por el Poder Legislativo se afecta el principio de división de poderes (Exp. 04293-2012-PA/TC).

El Código Procesal Constitucional dispone en su artículo V que la preeminencia de la norma constitucional se llevará a cabo siempre que ello sea relevante para resolver el caso y si no es posible obtener una interpretación conforma a la Constitución. Luego, el artículo VI dispone que los jueces no puedan inaplicar una norma cuya constitucionalidad haya sido ratificada por el TC en un proceso de inconstitucionalidad o por el PJ en un proceso de acción popular.

Lava Jato made in Perú

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La República

La mitadmasuno

23 de diciembre de 2016

Juan De la Puente

He aquí tres notas cortas sobre el caso Lava Jato que empieza a tomar fisonomía nacional, una alerta sobre los límites de la denuncia en un país que carece de una movilización contra la corrupción y experimenta una sequía de sentencias en los procesos recientes.

Un proceso anticorrupción inédito. Lo que se apresta a revelar y a juzgar en el Perú es un inédito proceso contra la corrupción que se lleva a cabo en un país que carece de un movimiento anticorrupción. Este dato es relevante porque marca al proceso mismo y le confiere un toque de recepción fría. El Perú no tiene –y no lo tendrá en la magnitud requerida– a las masas reclamando en las calles contra los políticos corruptos, como se ha podido apreciar en Guatemala, Honduras y Brasil. El proceso será muy parecido al que se experimentó en el juzgamiento de la corrupción del gobierno de Fujimori, es decir con mucha indignación y algunos resultados judiciales, sin un correlato de cambio político institucional. Nadie puede asegurar en este momento que Lava Jato parirá una nueva era, salvo que alguna fuerza realmente nueva se levante desde el fuego de las revelaciones.

Este caso se asienta sobre sonados fracasos en la lucha contra la corrupción. El mismo proceso de los casos ocurridos en la década de los noventa no ha culminado y a ellos se agregan otros más recientes que no generan la movilización firme de la sociedad. Es cierto que las encuestas reflejan que la corrupción ya es el segundo punto de la agenda del futuro, y en algunas el primero, aunque en un contexto de vacío ciudadano y sin participación más allá de la indignación.

El juicio a la democracia. El sistema no está jaqueado por Lava Jato como sí lo está en Brasil, aunque en nuestro caso significa un severo juicio a la democracia reciente. Este es el primer escándalo de macrocorrupción en los 15 años de democracia y a la que no se encuentra asociado el fujimorismo sino lo que se suponía eran los partidos y gobiernos antítesis. Si hubiese un espacio distinto al que ocupará el expediente judicial y el morbo político, esta sería una oportunidad de oro para poner en el banquillo de los acusados también el discurso facilista de obras más obras desde el poder, el desprecio por el control y la asociación prensa-corrupción (sí, esa que solo descubre corruptos y no corruptores).

Creo que es el momento para extirpar el “roba pero hace obra”, la frase emblemática de una narrativa social intrínsecamente corrupta que, extrañamente, una parte de la academia ha disculpado con el argumento del pueblo desinformado. No sé si para alcanzar este objetivo las elites se atreverán a cuestionar el espíritu nacional como lo hicieron en su momento los representantes más lúcidos de la Generación del Centenario.

Un país no preparado. Por lo mismo, creo que el sistema político peruano no se encuentra preparado para digerir con eficacia la catarata de información que se producirá en relación a este caso. Son pistas interesantes el hecho de que una fantasmal negativa –que no tiene nombre propio– haya impedido en julio de este año que el Congreso debata el Informe Pari sobre Lava Jato, considerando que era, por ejemplo, la gran oportunidad de juzgar al gobierno de Humala, en clara minoría parlamentaria; y los retrasos de la justicia en las investigaciones de grandes casos de corrupción de los últimos 10 años en los que no se tienen sentencias. Me pregunto si el sistema de justicia estará en condiciones de llevar adelante sin dilaciones y con certidumbre este megaproceso.

Este punto es crucial y deriva a la prensa una enorme responsabilidad. Los recientes procesos han demostrado la vitalidad de nuestro periodismo de investigación, pero una lamentable pérdida de capacidades de medios y de periodistas para abocarse a los expedientes judiciales. Es paradójico que un país con una política judicializada no tenga la cantidad suficiente de periodistas judiciales, de modo que la prensa puede ser engañada en relación a pruebas, dictámenes, plazos procesales y sentencias. En este caso, el juicio mediático no servirá de nada.

PPK, el fujimorismo y la izquierda

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La República

La mitadmasuno

16 de diciembre de 2016

Juan De la Puente

Algunas notas cortas sobre los efectos de la censura a Jaime Saavedra.

La guerra temprana. El fujimorismo dejó caer la rama de olivo que le entregó PPK y confiado en su mayoría censuró a Saavedra adentrándose en un terreno pantanoso cuya travesía asoma: el aislamiento en la élite del país que tendrá más éxito al decirle a la sociedad que el fujimorismo no ha cambiado, una narrativa que deberá enfrentar abajo y muy abajo y para la que sospecho no está preparado.

En este punto, el Mensaje a la Nación de PPK ha rendido frutos de modo más inmediato que la guerrilla legal por la cuestión de confianza. La censura marca al fujimorismo como un grupo autoritario diluyendo lo que queda del “discurso de Harward”. El antifujimorismo tiene una nueva baza a pesar de que el discurso de Fuerza Popular y el de sus opinantes cercanos perseguían un fin distinto. Mucho gasto y poco rédito.

Factura alta. FP se ha puesto a la defensiva y ha complicado la dinámica Gobierno/Parlamento; el primer efecto es colocar ahora mismo al fujimorismo en la disyuntiva de abandonar en definitiva la convivencia forzada o abrir un nuevo ciclo de extrema tensión, con resultados distintos pero igualmente desventajosos, uno más que otro. Si no quiere pagar una factura tan alta, el retorno a una convivencia forzada sin diálogo implicará la formación de un polo que denunciará esa convivencia, aun así sea solo en economía, en tanto que una mayor polarización llevará a que arrecie la acusación de que desean derribar al gobierno. El corolario es el deterioro de la fuerza controladora del Congreso que había adquirido cierta legitimidad. Cuando un grupo sabe que debe girar pero no sabe dónde, está en problemas.

La etapa post Saavedra. El episodio que queda atrás muestra la riqueza que toda crisis encarna. De hecho, fue una crisis sin manual reflejo de la inédita y excepcional gobernabilidad que nos está tocando vivir. Uno de los resultados es la redefinición de la relación entre los principales actores, la llamada “correlación de fuerzas”.

Con la censura de Saavedra ha concluido la bilateralidad de la dinámica Ejecutivo-Legislativo vigente desde el inicio del Gobierno, para instalar un nuevo escenario, el de un juego más propio de los grupos políticos. El áspero binomio que funcionó cuatro meses se ha desplegado en varias relaciones, complejizando algunas y facilitando otras en el mediano plazo.

Dejar a PPK. El caso Saavedra le ha permitido a la izquierda sincerar su relación con el Ejecutivo cancelando definitivamente la etapa del respaldo electoral a PPK en la segunda vuelta, liberando su potencial opositor. El Frente Amplio (FA) empezó el proceso diferenciándose del resto de la oposición aunque asumiendo una parte de las críticas a Saavedra. En el camino desarrolló una línea propia que defendía los avances de la reforma de la educación, recuperando la renovación de esa política, resultado de lo cual es su propuesta de Acuerdo por la Educación y el duro cuestionamiento al abuso de poder.

El FA y la izquierda fueron convocantes y partícipes de la marcha del 12 de diciembre y sus principales catalizadores; este gesto es práctico y simbólico, refleja la voluntad de sacar la gobernabilidad de los salones del Congreso a la calle dando vida a la primera oposición política a PPK en ese espacio. “Dejar” a PPK ha sido duro para varios sectores de la izquierda, algunos de los cuales pretendían convertirlo en un ariete de la izquierda, o por lo menos en un Kerenski nacional. Creyeron que el amor de la campaña era para siempre.

La pelota del diálogo está ahora en varias canchas al mismo tiempo y es una gran oportunidad para todos: para PPK, que puede recuperar aliados; para el fujimorismo, que puede regresar a la casa con menos roche; y para la izquierda, que puede legitimar parte de su agenda en un consenso múltiple. En cualquier caso sigue vigente la idea de que no hay vida fuera del consenso a palos en que se ha convertido nuestra democracia, solo que los términos de la convivencia han cambiado.

Disolver, disolver o la guerra política

http://larepublica.pe/impresa/opinion/828982-disolver-disolver-o-la-guerra-política

La República

La mitadmasuno

9 de diciembre de 2016

Juan De la Puente

 

“La primera víctima de la guerra es la verdad”.

Esquilo

 

Cinco apreciaciones a la vena y sin filtros sobre la agenda política.

Nueva etapa. La interpelación e inminente censura del ministro Jaime Saavedra cancela el consenso a palos entre el gobierno y la oposición. Se abre, al parecer, otro período, el de palos sin consenso, cuyo efecto será el bloqueo de los poderes y su desconexión total con la sociedad. Este resultado traerá una gobernabilidad de muy baja intensidad que acelerará la descomposición de ese extraño “desequilibrio racional” instalado post colapso de los partidos. Este palos sin consenso no tiene salida y será más rechazado por la sociedad que la victoria de una de las partes. Si los poderes no vuelven a la convivencia forzada, la crisis que se abre no será nueva sino la conversión de la vieja crisis en colapso.

El gobierno debe gobernar. El principal problema del gobierno es la guerra política, parecida a otra guerra, la que destruyó al humalismo (2013-2016) y a casi todos sus contrincantes. La diferencia con la actual guerra es que el fujimorismo –mayoría clara en el Congreso– tiene ahora mucho que perder porque ya no puede colocarse tras la voluminosa personalidad política de Alan García, que se desgastó en la primera guerra con los efectos conocidos. Aun así, los gobiernos son elegidos para resolver problemas y si quieren, para pelearse, pero no para hacer lo segundo a costa de lo primero. Por esa razón, PPK no puede darse el lujo de quedarse sin gabinete a menos de cinco meses de su debut. Es extraño en ese escenario la despolitización de la defensa de Saavedra que se centra en #SaavedraNoSeVa en lugar de #ZavalaNoSeVa, si el argumento es que el fujimorismo quiere liquidar a PPK.

Mucho Juego de Tronos. En una crisis tan dinámica, las conspiraciones son limitadas, aunque en nuestro caso las partes explican la confrontación desde una narrativa conspirativa exagerada e infinita, para las que solo hay elites, poderes, medios y operadores, una política ruda y violenta, pero muy “netflix”, empaquetada al gusto y en la que se extraña sobre todo al pueblo. No tengo duda de que la interpelación ha afectado al fujimorismo –aunque no solo a él–, pero presumo que las encuestas venideras constatarán la demanda ciudadana contra el encono en las alturas y relativizarán los discursos complotistas. Como a la primera guerra, a esta le falta pueblo, al punto de que el Gobierno nunca recurrió a este a pesar de tener la mesa servida para la defensa de una reforma educativa de virtudes innegables.

Bien el Frente Amplio. El Frente Amplio (FA) hace bien en no mezclarse con la guerra en las alturas y elaborar una narrativa propia educativa y universitaria. No se puede pedir menos a una izquierda con casi un siglo de relación con los movimientos estudiantiles y docentes de base. No encuentro razón para que el FA ligue su destino a una causa que en el Congreso ni siquiera es defendida por la bancada oficialista y en cambio sí por Alianza Para el Progreso, una bancada auténticamente universitaria. Quizás lo que le falte allí al FA es más conexión social respecto de la etapa que se inicia.

Realismo político. Molesta la forma y el tono de la interpelación al ministro Saavedra y los argumentos usados contra él. No obstante, la discusión más importante no se refiere a los adjetivos y al tono. Saavedra no es todo el gobierno y con él no empieza o termina la necesidad de una mejor gobernabilidad. En los tres gobiernos anteriores, la tensión extrema entre los dos poderes por razón de un ministro ha terminado con el ministro fuera del cargo. Los casos más emblemáticos: de Rospigliosi y Diez Canseco en el gobierno de Toledo; de Pastor en el gobierno de García y de Figallo, Lozada, Adrianzén y Jara en el gobierno de Humala se saldaron con la salida del funcionario en un compás de tiempo en el que la demora del cambio debilitaba al gobierno. No encuentro razones para que ahora las cosas no evolucionen de ese modo y es la vía para que el gobierno salga de las cuerdas.

La bala de plata

http://larepublica.pe/impresa/opinion/826965-la-bala-de-plata

La Republica

La mitadmasuno

2 de diciembre 2016

Juan De la Puente

No me encuentro entre quienes sugieren que el Gobierno haga cuestión de confianza por la permanencia del ministro de Educación y que esta sea el inicio de la disolución del Congreso y la convocatoria a nuevas elecciones congresales.

Desde el ámbito constitucional, no creo que sea suficiente solicitar la cuestión de confianza para que se echen a andar los nuevos comicios parlamentarios. En nuestro modelo de distribución de poderes el Parlamento tiene la potestad de aprobar la confianza del gabinete y al mismo tiempo continuar con la interpelación/censura de cualquiera de sus miembros, por una razón legal: censura y confianza son dos instituciones distintas que nacen de modo distinto y a cargo de poderes distintos. Los objetivos son también diferentes; la censura es un golpe al gobierno desde la oposición en tanto que la cuestión de confianza es un intento de este recuperar iniciativa política y de buscar alianzas para gobernar.

Algunas cuestiones de procedimiento constitucional también deben ser abordadas. Salvo que el premier Zavala decidiese someter solo su cargo a la confianza, el pedido al Congreso debe ser aprobado por el gabinete. De negarse la confianza deberá resolverse si la renuncia del gabinete obligaría al Presidente de la República a cambiar a todo el Consejo de Ministros. Eso no sucedió luego de la censura de Ana Jara en marzo del 2015 porque solo ella fue objeto de interpelación.

En el ámbito político, un juego en las alturas de ese volumen implicaría un bloqueo que ahora, precisamente, es necesario evitar. Creo que los cuatro meses de gobernabilidad compartida –o convivencia forzada o consenso a palos– no es un regalo del gobierno o de la oposición a los peruanos sino esencialmente una demanda que desde el primer día vino desde la sociedad, y es ella la que ha impulsado tanto la investidura del gabinete en agosto como la concesión de facultades en setiembre.

Es cierto que la demanda social de cooperación entre los poderes ha caído en las encuestas pero no estoy seguro de que los ciudadanos reclamen la derrota de uno de ellos en manos del otro. La bala de plata de la cuestión de confianza no debería ser usada por un gobierno que no está en crisis, que tiene el 50% de aprobación y que conserva un alto grado de maniobra.

Por esa razón, que el Presidente de la República se prive ahora por su propia mano del gabinete Zavala para designar luego un gabinete instrumental o “de provocación” pensando que las nuevas elecciones las ganará el Gobierno y no el fujimorismo, es una opción extremadamente incierta. Presume la convicción de una crisis generalizada en los dos poderes y de una extrema debilidad del Gobierno, que no es cierta.

El problema central detectado en el primer tramo del gobierno –leer todas las encuestas desde setiembre– no es cómo se entiende con un Parlamento que hasta ahora la ha proveído de estabilidad general, sino de cómo se entiende con la gente. Creo que el principal desafío del Gobierno no es la confianza del Congreso sino la confianza y legitimidad social, una carencia común a todos los grupos parlamentarios y a la elite política del país.

Si no se coloca como el eje de la gobernabilidad la relación del poder con los ciudadanos caemos en el error estratégico de considerar que el principal desafío del Ejecutivo es derrotar al fujimorismo y viceversa. De allí deviene la idea a mi juicio extrema de considerar que Fuerza Popular está “copando” el Estado, palabra gruesa y muy generalizable, una agregación voluminosa e inentendible en el caso de un grupo político que ha demostrado que no quiere compartir el poder sino ganar las elecciones del 2021.

Finalmente, es riesgoso que el Gobierno se aventure a practicar un procedimiento alquimista que nos traiga de vuelta la guerra política del período 2013-2016. De esa guerra, a solo 4 meses de período gubernamental y parlamentario, solo podría venir un “que se vayan todos” para lo que no están preparados ni los que se pueden ir, ni los que pueden venir.