La República
La mitadmasuno
14 de diciembre 2012
Juan De la Puente
El Ejecutivo ha remitido al Congreso el proyecto de ley N° 1779 que propone eliminar el voto preferencial en la elección de congresistas e incorporar la alternancia de género en las listas parlamentarias, regionales y municipales. Esta iniciativa se suma a otros proyectos que se debaten en la Comisión de Constitución del Congreso sobre estos y otros temas vinculados a la actividad partidaria. Tratándose de un proyecto del gobierno implica la toma de posición del oficialismo respecto de un tema capital de la reforma política y acerca al Parlamento y al país a una discusión fundamental sobre los partidos, el rol de las mujeres en la política y la calidad de la democracia.
La eliminación del voto preferencial es un desafío complejo. En países con sistemas de partidos fuertes crece la demanda por la supresión de las listas cerradas. En el Perú, sin embargo, el voto preferencial opera como una maldición del sistema político porque debilita a los partidos e introduce cada vez más dinero en las campañas electorales. La personalización de la política y la privatización de la representación no podrán ser revertidas o acaso atajadas si persiste este perverso mecanismo de elección.
Si fracasa la eliminación del voto preferencial tendremos democracia plutocrática para rato. El adjetivo suena paradójico pero desde 1985 el dinero personal es un elemento decisivo de la formación de la representación y en la últimas dos elecciones también el dinero privado/ empresarial. Por esa razón, será difícil, aunque no imposible, que la mayoría de los actuales parlamentarios, hijos del voto preferencial, respalden la supresión de este sistema. Es probable que los partidos organizados aprueben una decisión colectiva previo debate; sin embargo, debe anotarse que buena parte de los actuales legisladores ostentan el título de invitados, una especie de fichaje en una apreciable cantidad de casos debido a su poder económico, propio o prestado.
Se afirma que entre los resistentes a la supresión del voto preferencial se encuentran las 28 parlamentarias. Varias de ellas han señalado que la elección por lista cerrada implicará mayor postergación de género en el Parlamento. Se entiende esta postura sobre todo en el caso de esforzadas militantes de la política de trayectoria impecable en sus partidos y en la sociedad. Sin embargo, debe precisarse que el voto preferencial también redujo la presencia de mujeres congresistas y solo la aprobación de la ley de cuotas para las elecciones del año 2000 permitió incrementar el número de mujeres en el Parlamento. En esa medida, esta podría ser la oportunidad de superar la cuota de mujeres del 30% por la del 50%. En todo caso, en el debate no debería quedar la sensación de que la representación de las mujeres en los cargos de elección popular se garantiza debilitando a los partidos, en una dinámica género vs. partidos.
La eliminación del voto preferencial y la conservación del principio de la alternancia no es la única medida de reforma política. En este punto, inclusive, algunos especialistas recomiendan que se conviertan en obligatorias las elecciones primarias en los partidos, organizadas por la ONPE (Fernando Tuesta) y se adopten normas que impidan el abuso de las cúpulas partidarias y garanticen los derechos de los militantes. Entre las medidas necesarias y urgentes también se encuentran la reposición del Senado, el financiamiento público de los partidos, el cambio en los distritos electorales y la reducción de la fragmentación en el ámbito local. Sin embargo, estos cambios pueden empezar por lo que ahora asoma como lo real y posible.
Al abrirse este debate, por primera vez en 20 años, es conveniente que la discusión no se limite al Parlamento. Es una oportunidad valiosa para que la sociedad civil y particularmente los medios de comunicación demuestren que junto a las críticas a los políticos existe un fuerte compromiso por la reforma. Importan los partidos porque importa la política.