viernes, 3 de noviembre de 2017

Derechas, tecnocracia y proyecto político (I) y (II)

http://larepublica.pe/politica/1107025-derechas-tecnocracia-y-proyecto-politico-i
Derechas, tecnocracia y proyecto político (I)
La República
La mitadmasuno
6 de octubre de 2017
Juan De la Puente
Se hace bronco el debate sobre si gobierna la derecha o la izquierda, o si hay más tecnocracia o política en el gobierno actual. La primera discusión es planteada por columnistas empresariales que no reconocen a PPK como suyo, y el segundo propuesto por liberales interesados en recuperar la política, acusados curiosamente de socialistas.
La disyuntiva tecnocracia/política es parte del debate de la reforma institucional; a ella me referiré luego, adelantando que la segunda le debe mucho a la primera. Por ahora, no imitaré a los columnistas que creen que hay una sola izquierda, y que toda ella es chavista. En cambio, creo que entre varios cortes y fracturas se aprecia por lo menos dos grandes grupos en la derecha, una empresarial en búsqueda de un proyecto político, y la otra, una derecha partidista-social, intensamente conservadora, sectaria y audaz, con una estrategia en curso para unificar discursos y copar espacios.
El debate de las opciones políticas empresariales no puede encararse desde la negación de sus intereses y el ejercicio fáctico del poder. El rasgo de fondo de este sector es su crisis de identidad que lo ha llevado a no sentirse satisfecho con PPK y el fujimorismo. Irredenta, se ha visto sacudido por el fin del consenso económico garantizado por el crecimiento, y el estallido de la esfera política de nuestro neoliberalismo.
Este sector cree que el sistema necesita cambios, esencialmente la mejora la competitividad, la formalidad y la productividad y procesa un acercamiento saludable a la reforma política y la búsqueda de un proyecto político.
No es sin embargo homogéneo, y cobija segmentos con discursos políticos fuertes y exitosos: los pesqueros, exportadores, constructores e industriales. La idea de hacer grande el Perú desde el mar, la pesca y el consumo de pescado podría parecer simple, pero es eficaz, imbatible y movilizadora, como demuestra el reconocido despliegue de ese sector en el reciente Niño Costero. Luego, la alta legitimidad social de los tratados de libre comercio, incluso los más polémicos, hace viable la apertura de mercados como parte ineludible de nuestro desarrollo. Y no se diga del proyecto constructor que propugna el desarrollo como equivalente de obra física y extensión de servicios a los pobres, que ha permeado la política; o del discurso político nacionalista de la industria, el más reconocido socialmente, que llevó hace 20 años a la Sociedad Nacional de Industria (SIN) a salir de la CONFIEP.
El resto carece de discurso eficaz. De estas ausencias, la que más llama la atención es la del sector minero, el más fuerte en volumen e incidencia. Desde hace 15 años se bate a la defensiva, con un discurso de batalla, con pocos aliados y muchos errores. Podría decirse que esta ausencia de discurso es el resultado histórico del extractivismo puro y duro jaqueado por cientos de conflictos sociales; pero, es más, es la falta de una opción integradora y nacional a pesar de la presencia de enclaves extractivos que operan en códigos modernos en varias partes del país.
En esos enclaves (ver las tesis de José de Echave sobre conflictos de convivencia) el eje del cambio hacia un discurso moderno de la empresa son los derechos. No es nuevo; en países emergentes o de renta media con brechas sociales significativas, los derechos y esencialmente la universalización de estos son la base del Estado de Bienestar (suena así la promesa de la OCDE ¿no?) en auge desde la primera mitad del siglo XX.

Esta relación entre empresa y derechos no pasa exclusivamente por la Responsabilidad Social Empresarial (RSE); es la política en estado sólido, una necesidad extrañamente rechazada por tendencias radicales de derecha o izquierda. Por ejemplo, una frase del Defensor del Pueblo sobre que sin crecimiento económico los DDHH no son reales para todos, fue duramente criticada como si los derechos, especialmente los de segunda generación, no están condicionados a políticas públicas financiadas exitosamente, y no declarativas.

http://larepublica.pe/politica/1109639-derechas-tecnocracia-y-proyecto-politico-ii
Derechas, tecnocracia y proyecto político (II)
La República
La mitadmasuno
13 de octubre de 2017
Juan De la Puente
El debate sobre si gobierna la derecha o la izquierda, o si hay más tecnocracia o política en el actual gobierno es respondida por la derecha negando que este gobierno sea suyo y por una crítica mayoritaria a los técnicos. Como a los partidos en los años 90, está de moda tirarle tomates a la tecnocracia.
El balance de su rol en los últimos 26 años es complejo, pero una conclusión realista es que la política le debe a la tecnocracia más que esta a aquella. Es cierto que parte del balance es la feroz estabilización (1990-1994), la aplicación del modelo neoliberal sin derechos (1992-1995) y el silencio cómplice y en algunos casos la participación en el esquema de la corrupción (1990-2000).
No obstante, también es parte de su legado la formulación de diseños públicos de primera y segunda generación; la creación de una política social especializada en el delivery que trasciende de la focalización a la universalización; y la democratización de los proyectos para la gestión de territorios, la descentralización, la expansión de la infraestructura hasta en los distritos y comunidades más lejanas. Que alguien sensato sostenga que en el crecimiento ininterrumpido del período 2001-2016 no hubo un claro protagonismo tecnocrático.
La tecnocracia como imagen de lo limeño es un error de perspectiva, una falla centralista del teodolito que analiza lo público. Las regiones y municipios están poblados de miles de tecnócratas que sostienen hoy mismo la descentralización a pesar del colapso de las elites regionales. En más de un departamento o provincia, ellos son el núcleo de la élite local.
Las tres grandes reformas del período 2001-2016 –la descentralización, la carrera magisterial y la distribución dirigida de los resultados del crecimiento– se hicieron y se gestionan con la tecnocracia en primera línea. En mi caso, que dirigí el primer grupo de elaboró el modelo del programa Juntos, siento que esta iniciativa no hubiese sido posible sin ese decisivo concurso.
Se acusa a los tecnócratas de ser pragmáticos, y lo son; pero no son más los políticos, que en los últimos 4 procesos electorales nacionales tercerizaron la elaboración de sus planes de gobierno atrayendo a núcleos tecnócratas y confiándoles cuotas de poder sustantivas ya en el gobierno, dando lugar a una variedad de tecnocracia, la tecnopolítica. De los 23 ministros de Economía y Finanzas desde 1990, solo dos pertenecieron orgánicamente al partido de gobierno.
Esta relación se ha transformado. De la idea de “los técnicos se alquilan” se ha pasado a la de “los políticos se prestan a los técnicos”. PPK y su pequeño partido expresan el inicio de ese tránsito, la toma del poder por la tecnocracia. Nada más heterodoxa que la tecnocracia de estos días.
¿Son promiscuos los técnicos? No más que la mayoría de políticos, si se revisa la composición de la representación nacional y regional, a excepción de AP, el Apra y algunos grupos de la izquierda. ¿No hacen política los técnicos? No, aunque esa práctica escasea también en la llamada partidocracia, la nueva y la tradicional, salvo que se llame “política” al espectáculo que vemos todos los días.
Es incómoda la tercera pregunta: ¿se parecen lo técnicos a los actuales políticos? En varios aspectos sí, aunque los segundos exhiben en promedio un déficit de competencias. Nunca como ahora ambos espacios expresan coaliciones de independientes, de lejos más organizadas las segundas.
Los límites esa tecnocracia son las urgencias institucionales que hacen crujir el sistema. En ese punto es crucial el agudo apunte de Carlos Vergara respecto a que estamos administrados y no gobernados. Ese límite se lee como el temor a acometer la nueva etapa de la democracia peruana, para que entregue derechos, reordene la descentralización, y cambie el Estado para acorralar a la corrupción. Para efectos de esta exigencia, la tecnocracia cree que la tierra es plana y no se atreverá más allá de los mares cercanos. Claro, tampoco lo harán los actuales políticos, pero eso es materia de otra nota.

viernes, 27 de octubre de 2017

La izquierda y la linea propia

http://larepublica.pe/politica/1101410-la-izquierda-y-la-linea-propia
La República
La mitadmasuno
22 de setiembre de 2017
Juan De la Puente
Un problema de la izquierda desde la segunda vuelta electoral fue que gran parte de sus activistas creían que el gobierno de PPK era suyo, y que el mismo PPK también lo era. No eran los únicos; sucedía lo mismo con los liberales y la amplia facción antifujimorista de la sociedad.
Esta identidad llegó al punto de criticar la actuación de la misma izquierda en otros sectores, como Salud y Educación, que cuestionaban la falta de eficiencia de esos ministerios, o de negarse a discrepar de la actuación censora del ministro de Cultura de exposición Resistencia visual 1992 en el Lugar de la Memoria (LUM), solo porque lo pidió un congresista de Fuerza Popular. Pequeño o grande, el pueblo izquierdista fue un actor decisivo de las dos lunas de miel de las que gozó el Gobierno.
Parece que esto se acabó. La decisión del Frente Amplio y de Nuevo Perú de rehusarse a otorgar el voto de confianza al gabinete Zavala abre una etapa nueva, de afirmación de una línea propia de la izquierda.
Desde su fundación, la izquierda persistió en un curso propio, incluso cuando en los años treinta y cincuenta fue objeto de exclusión del sistema político por las dictaduras de Sánchez Cerro, Benavides y Odría. Sus pocos pactos externos, con el Apra (1945) y Fujimori (1990), fueron efímeros, y de esa tradición solo cabe una excepción, la colaboración abierta y poco crítica del PC con el gobierno de Velasco (1968-75).
Aunque todavía se registran cuestionamientos a la votación del Frente Amplio y de Nuevo Perú sobre la cuestión de confianza, ya es evidente que la izquierda se opondrá al mismo tiempo al Gobierno y al fujimorismo. Con ello acaba el escenario hegemonizado por estas dos fuerzas y se abre la posibilidad de recuperar una plataforma plural y con más opciones en liza, y superar el bipartidismo imperfecto que amenaza nuestro sistema, de por sí ya carente de partidos que reflejen el arco de intereses y posiciones.
La clave del juego propio reside en los intereses. Pretender que los grupos que levantaron programas distintos a PPK y Fuerza Popular en la campaña electoral los abandonen para alinearse en una polarización que exhibe brechas visibles en lo económico, político e institucional, equivale a obligarlos a dejar esos programas y los intereses que representan, una renuncia a los compromisos asumidos, igual que los gobiernos que dejan en el camino sus promesas.
Estas brechas son significativas; han sido construidas por el gobierno y Fuerza Popular con el siguiente esquema: 1) el centro de la oposición de Fuerza Popular se encuentra en lo político, con marcado acento en el debilitamiento del Gobierno; 2) al costado y en paralelo, Fuerza Popular colabora en lo económico; y 3) en lo institucional, se cruzan pocas líneas de confrontación y de cooperación, y más de abstención de ambos, patente esencialmente en la omisión de las grandes reformas.
La línea propia es, primero, un desafío interno para la izquierda. Es viable a condición de que se levanten estrategias propias de acumulación y recuperación de la representación social. Implica poner un pie en la sociedad. Allí el agua está fría, la calle está dura, dura de dureza y de severidad. La reciente encuesta de Ipsos indica que el 58% de peruanos no estaba enterado de la presentación de la cuestión de confianza, que el 53% desaprobaba que el pedido fuese presentado, y que la relación entre el voto a favor o en contra de la confianza estaba muy parejo, 50% por el sí y 46% por el no.

Una línea propia no le impedirá a la izquierda participar en las iniciativas de diálogo político convocado por el Gobierno o respaldar elementos cruciales de la política social actualmente en curso. Tampoco necesitará jubilar su antifujimorismo, sino hacerlo también desde abajo, y pactar en el Congreso la aprobación de leyes e iniciativas de control político, bajo el criterio que el voto ciudadano le ha conferido a Fuerza Popular la condición de opositor al Gobierno, en tanto que a los otros grupos que participaron en las elecciones una doble condición opositora, al Gobierno y al Congreso.

Reyerta sin el pueblo

http://larepublica.pe/politica/1098423-reyerta-sin-el-pueblo
La República
La mitadmasuno
15 de setiembre 2017
Juan De la Puente
Desde el año 2001, la relación del Gobierno y el Congreso ha sido de tensión constante, y creciente. El principal atributo de nuestra gobernabilidad durante 16 años ha sido la inestabilidad conocida, de la que emergió una democracia de baja intensidad y con grandes brechas institucionales. Este proceso tuvo el año pasado un momento de quiebre debido a que los electores le dieron por primera vez la mayoría absoluta a un partido, el que precisamente perdió la segunda vuelta, y dejaron al gobierno con una escasa representación.
Esta gobernabilidad se reformuló sobre nuevas bases y se hizo más conocida por los actores desde julio del año pasado, aunque la crisis abierta recientemente por la interpelación a la ministra de Educación y la cuestión de confianza planteada por el Gobierno, abre la posibilidad de otra gobernabilidad, más precaria, más inestable y menos predecible. A pesar de ello, siguen vigentes algunas constantes que dejaron las crisis Congreso-Gobierno del ciclo 2001-2017. Consigno aquí algunas de ellas.
Primero. Todos los ministros que en este período fueron objeto de dura crítica del Congreso o muy dura crítica social, interpelados o no, más o menos 32 (7 en el Gobierno de Toledo, 12 de García, 15 de Humala, y 3 de PPK hasta ahora), han terminado fuera del cargo, seriamente desgastados y con poca capacidad de maniobra previa a su salida. Esta constante se debe a varias razones, entre ellas las deficiencias del reclutamiento de ministros, el deterioro de las bancadas oficialistas y el auge del control político parlamentario.
Segundo. Los gobiernos no pueden ingresar a largos periodos de tensión con el riesgo de un mayor desgaste social, debido a lo ya anotado –el auge del control político– y a dos realidades del equilibrio de poderes a la peruana: 1) el brote de varios conflictos políticos a la vez, que se hacen latentes por la intervención de la prensa, con su lógica propia y su creciente capacidad de investigación; y 2) el escaso compromiso de los parlamentarios con las políticas públicas, sea por sus debilidades o por la jerarquización de sus intereses. El modo en que el Congreso trató el voto de investidura de los gabinetes de Ana Jara y René Cornejo, al filo de la inconstitucionalidad, son dos botones de muestra.
Tercero. Los gobiernos se debilitan y caen en aprobación ciudadana principalmente por su relación con la sociedad y no necesariamente por su buena o mala relación con el Congreso. Toledo y Humala tuvieron mayorías parlamentarias cuatro de los cinco años de sus mandatos, pero para ellos fueron determinantes eventos extraparlamentarios como el “Arequipazo”, Ilave, Conga o Espinar, en tanto que García logró una mayoría parlamentaria durante todo su gobierno, pero su gobierno se debilitó por el “Moqueguazo”, el caso Business Track o el “Baguazo”.
Cuarto. El sistema ha subestimado durante 16 años la necesidad de reformas y no ha resuelto un problema de arquitectura. La Constitución de 1993 fue elaborada para facilitar la cooperación en favor del Ejecutivo y no para procesar las tensiones, de modo que aspectos cruciales de la gobernabilidad, como la vacancia presidencial, carecen de rigor constitucional, siendo frecuente que se convierta en amenaza contra el Jefe del Estado. Sucede lo mismo con la rebaja de tres a dos el número de gabinetes derribados para dar paso a la disolución del Congreso.

Quinto. Finalmente, en el contexto de una crisis de representación, el Congreso se dedica desde el segundo año de su mandato a diferenciarse del Gobierno, con la ilusión de una fácil reelección, dando paso a una espiral populista y sin contenidos. Es inútil, el Congreso peruano no puede divorciarse del Gobierno ante los ojos de la sociedad y a lo sumo se pelea con él de espaldas al país. Por ello, la tasa de reelección parlamentaria apenas supera el 25%. Es el drama de la convivencia forzada que el sistema fija, porque no hay segunda vuelta en la elección parlamentaria, porque carecemos de Senado o porque no tenemos renovación por tercios.