Fujimorismo y antifujimorismo juntos

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La República
La mitadmasuno
9 de marzo 2018
Juan De la Puente

En menos tres meses, la ubicación de las fuerzas políticas ha cambiado radicalmente. Hasta antes del primer pedido de vacancia (diciembre 2017) la correlación de fuerzas presentaba tres bloques: 1) Fuerza Popular con la cercana colaboración de Acción Popular y el Apra; 2) el Frente Amplio, Nuevo Perú y los movimientos sociales, practicando con énfasis una política antifujimorista más insistente que su oposición al gobierno; y 3) el Gobierno y su bancada parlamentaria, con la cercana colaboración de Alianza para el Progreso (APP) y los gremios empresariales.

En este escenario de confrontación a tres bandas, los bloques 2 y 3 tenían una menor fuerza política. No obstante, el Gobierno, a pesar de sus cifras a la baja, usaba su capacidad de movimiento en tanto que se beneficiaba de la neutralidad de una parte de los medios de comunicación y del antifujimorismo de otros. Entonces era entendible que las principales tendencias fuesen más confrontación o un pacto entre PPK y el fujimorismo, para rebajar tensiones especialmente luego de la confianza al gabinete Araoz, es decir, mejorar el consenso a palos al que estaban condenados el Ejecutivo y Legislativo.

Luego de la frustrada vacancia y el indulto estamos en una etapa de polarización pura y dura. Después del reestreno del gabinete Araoz, a inicios de enero, hubo un momento en que parecía que el fujimorismo prefería un pacto tácito para preservar la institución de la presidencia, expuesta en la oposición de este grupo a la moción de vacancia anunciada por el Frente Amplio el 7 de enero.

Eso no ha sucedido. La imagen de una moción de vacancia presentada juntos por el fujimorismo y el antifujimorismo hace unas horas encierra varias exclamaciones, victorias y preguntas. La principal sorpresa resume el grado de desaprobación del gobierno y su pérdida de movimiento, y la igualmente asombrosa capacidad del presidente para sumar enemigos o evitar que se le junten. Si el agua y el aceite se han unido es porque ninguna fuerza fue capaz de impedirlo.

La misma moción, incluso si no es votada o no es aprobada, es una victoria de la izquierda, su principal impulsora, una pequeña venganza del Frente Amplio, acusado de plegarse al fujimorismo en diciembre, y de Nuevo Perú, acosado por haberse retirado de la votación. Fuerza Popular, el Apra y Acción Popular ganan menos, pero ganan porque están sacando la crisis del pantano al que había caído las últimas semanas y que lastra las instituciones. Sobre todo, ganan tiempo para intentar una decisión sobre la nueva moción de vacancia, crucial para ellos porque la anterior los había dividido.

Las primeras preguntas son del cuándo y cómo. Hemos ingresado de lleno a una transición que nadie puede poner fecha y adelantar su desenlace. En esa transición ciega se tienen por ahora solo dos opciones, la vacancia misma de la presidencia, y un pacto tácito por la permanencia de PPK en el poder, un pacto que ya no puede ser parlamentario sino por fuera de las instituciones.

Ahora mismo subsiste la duda sobre la decisión de PPK de acudir a la sociedad para desarmar la polarización pura y dura, o si nuevas renuncias en Fuerza Popular o la división de APP desmontarán el choque. Los actores de este drama sin guion no manejan todas las variables y por esa razón se tiene una iniciativa de vacancia con formato de interpelación: veamos que responde PPK y luego decidiremos.

Esta polarización pura y dura subordina, pero no suprime otros procesos paralelos que volverán a emerger con PPK en el poder o fuera de él, lo que hace de la vacancia una oportunidad y no una regularidad. Los procesos anticorrupción, el indulto, la acusación a los miembros del TC y al Fiscal de la Nación, la ley sobre publicidad estatal, la disputa Keiko-Kenji, y las elecciones regionales y municipales, hacen cola para darle contenido a esta transición, y para recordarnos que esta crisis que se asoma larga aun con cambio en la presidencia, se resolverá –si eso cabe- cuando los peruanos acudamos otra vez a las urnas para elegir un nuevo Gobierno y Congreso.

Lavajato, la tercera explosión

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La República

La mitadmasuno

2 de marzo de 2018

Juan De la Puente

Perdimos una batalla contra la corrupción luego de la primera explosión del Lavajato peruano, la de diciembre del año 2006, cuando Odebrecht reveló el pago de US$ 29 millones en coimas a funcionarios peruanos. Perdimos otra batalla luego de la segunda explosión, en diciembre pasado, cuando se revelaron los documentos que terminaron en el pedido de vacancia presidencial.

Con tales antecedentes, en las condiciones en que opera el sistema político y judicial, es vigorosa la tendencia a que la tercera explosión del Lavajato, a raíz de las últimas declaraciones de Jorge Barata, no sea ganada por el Perú.

Es cierto que los datos que suministra Barata son detallados y contundentes. De hecho, representan la resurrección de la colaboración eficaz venida a menos luego de las declaraciones de Marcelo Odebrecht, tachadas de muy generales. También simbolizan el empoderamiento de la fiscalía que posee por algunas semanas la extraordinaria oportunidad de corroborar informaciones que encierran valiosos datos del modelo político peruano.

Subsisten problemas funcionales y estructurales que incidieron en el efecto muy limitado de las anteriores revelaciones. El primero, es la falta de colaboración entre las instituciones llamadas a combatir la corrupción, la mayoría de las cuales usa su autonomía como una forma de contrapoder para eludir sus propias acusaciones, o como un argumento contra la cooperación. Esto conduce a una suerte de autobloqueo que partidariza las indagaciones, retarda los procesos de extradición y colaboración eficaz interna, o alarga las investigaciones.

Un segundo grupo de fenómenos que condujeron a que las revelaciones pierdan efecto es la propensión a la normalización social de las denuncias, es decir, su rápida asimilación por la sociedad y el sistema, a lo que se añade la debilidad de la movilización ciudadana, que rápidamente deja de ser activa e influyente. A nuestra calle, le falta calle.

Ambos problemas, lo funcional y estructural, nos colocan cada vez más lejos el desenlace brasileño, por lo menos en relación a la etapa previa a la destitución de Dilma Rousseff.

En nuestro caso, la amplitud del impacto de las declaraciones de Barata motivará un zafarrancho de combate donde se diferencie poco la defensa judicial del ataque al otro mencionado, un proceso en el que cada cual hará un Barata a su medida. Aun así, debe anotarse que el fujimorismo y el Gobierno son las fuerzas vigentes más impactadas por los testimonios del ex hombre fuerte de Odebrecht en el Perú.

Fuera de ello, es probable que salvo una cuarta explosión que provenga de la siguiente declaración de Barata en marzo, el sistema resistirá una vez más estas revelaciones que en otros países genera efectos de corto plazo. Dicho esto, las posibilidades de cambios de fondo se ubican en el mediano o largo plazo como efecto de la pérdida definitiva del discurso anticorrupción de todos los grandes actores públicos. En ese punto no habrá vuelta atrás: las declaraciones de Barata limpia la cancha, desideologiza y al mismo tiempo politiza la lucha contra la corrupción, relativiza el papel de las instituciones en relación a ella –especialmente del Congreso- y abre la puerta a nuevos actores que se atrevan a proponer soluciones firmes cercanas al “que se vayan todos” aunque al final no se vayan ciertamente todos.

Si algunos todavía lo negaban, nuestro Lavajato se configura como la crisis de la antipolítica –otra diferencia con Brasil- que arrastra insospechados giros. Resulta que la corrupción que supuestamente importó la izquierda desde Brasil también tocó las puertas de los grupos políticos que defendían el modelo económico y sus gremios empresariales, de modo que las empresas brasileñas financiaron a tirios y troyanos. No hay coima gratis.

En el contexto de una prolongada incertidumbre, con las ecuaciones corrupción/gobierno, corrupción/izquierda/derecha y corrupción/empresa en alza, habrá más convicción de que el país debe reformarse para curarse de la enfermedad que hace del dinero y no de las ideas el principal organizador de la política. Hay vida más allá de Lavajato.

Las regiones no hacen política

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La República

La mitadmasuno

23 de febrero de 2018

Juan De la Puente

Nos aprestamos a iniciar la campaña electoral regional y municipal más pobre desde que se eligieron los primeros alcaldes, en 1963. El auge de la corrupción regional/local ha hecho que el único aspecto decisivo de las elecciones de octubre próximo sea evitar que se elijan autoridades comprobadamente corruptas o sospechosas de serlo.

Este empobrecimiento de la democracia confirma del extravío de la agenda subnacional; denuncia un espantoso minimalismo y un abandono de lo público en un contexto en el que, paradójicamente, se les pide a los políticos nacionales que “hagan política”. Las demandas de transparencia electoral, inclusive, han abandonado aspectos cruciales del proceso como la democracia interna de partidos y movimientos, y los sospechosos gastos de la pre campaña electoral.

Debería ser otro momento. El proceso de descentralización tiene 15 años de vigencia, gran parte de los cuales está suspendido en el aire. No está claro qué le ha hecho más daño al proceso, si la liquidación de las elites regionalistas que pugnaron por iniciar esta etapa, el colapso de los partidos nacionales en las regiones o la reconversión mafiosa de las nuevas élites mercantilizadas. Sea cual fuese la respuesta –podrían ser todas ellas, una tras de otra- tendremos este año las elecciones más centralistas que hayamos imaginado en un contexto de regiones y municipios desnudos, descarnados y abandonados por dentro y por fuera. 

Sin proyecto regional más allá del diseño de carreteras, hospitales y mercados, un grupo de regiones (Apurímac, Ayacucho, Cusco, Junín, Madre de Dios, entre otras) crecieron en la última década varios años por encima del promedio nacional sin que esta evolución significase el fortalecimiento de sus instituciones y el mejoramiento de la relación entre el poder y los ciudadanos.  En este punto, el mal centralista de buena economía combinada con mala política contagió a la mayoría de regiones. Probablemente en ellas exista actualmente más fragmentación, más políticas de fuerza, de exclusión y liquidación del adversario que en la política nacional.

Las regiones y municipios se han debilitado como un conjunto capaz de equilibrar la dinámica de las relaciones políticas nacionales al extremo que la mayoría de grandes conflictos sociales se gestionaron sin las regiones o contra ellas. Las políticas de identidad son el último refugio de este descentralismo que se bate en retirada; ellas pueden ser una respuesta a las crisis internas (Tacna vs Moquegua es el caso más caracterizado) pero ya no sirven para fijar la atención en el futuro.

Parece que el ideal descentralista sobra. Su horizonte originario se ha diluido. Fue primero reemplazado por el paradigma constructor. El eje de las dos últimas campañas electorales (2010 y 2014) fueron las obras de infraestructura que reemplazaron los problemas de fondo que llevaron a la recusación histórica del centralismo, el poder y el progreso social. Ahora, en la campaña que se inicia, no existe paradigma; el reino del taper, el polo y el helado ya es absoluto y abierto.

Me pregunto por las estrategias y rutas para revertir esta situación y aprecio más de lo mismo; un fuerte interés por evitar que los indeseables accedan o retornen al poder, acompañados de una oferta electoral tradicional que reproduce el centralismo nacional en el centralismo regional. Es probable que esta tendencia no sea revertida por los partidos nacionales que han empezado a fraccionarse gracia a la ley que permite las candidaturas de quienes no viven en la circunscripción electoral, la del domicilio múltiple.

Puede sonar raro pero la única salida es la recuperación de la unidad regional, la búsqueda de un horizonte común por quienes participarán en las elecciones de octubre, el cese de las políticas de exclusión adelantadas que son el antecedente del fracaso de quienes ganarán los municipios y regiones. La idea de un nuevo horizonte regional reclama una agenda pública renovada. Honradez sí, claro, pero también calidad y proyecto común. La crisis de la gran política nacional es una oportunidad para las regiones y municipios.