100 años de la Revolución Rusa

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La República

La mitadmasuno

17 de marzo de 2017

Juan De la Puente

En marzo se celebra el centenario del inicio de la Revolución Rusa que culmina meses después con la toma del poder de los partidarios de Vladimir Ilich Lenin. Ese fue el acontecimiento más importante de inicio del siglo pasado que según el gran historiador Eric Hobsbwm tuvo repercusiones más profundas y generales que la Revolución Francesa (1879) porque sus impactos fueron mayores y perdurables, a razón de que originó un movimiento revolucionario de mayor alcance que ha conocido la historia moderna, una expansión mundial que, según Hobsbwn, no tuvo parangón desde las conquistas del islam en su primer siglo de existencia.

La rusa fue la más emblemática de las revoluciones del Siglo XX aunque aparezca distante a otras dos grandes revoluciones íntimas en nuestro continente, la Revolución Mexicana (1910-1917), distinta en geografía y programa, y a la Revolución Cubana (1953-1959), distante en tiempo, actores y trama.

Hobsbwm escribió que cualquier observador atento del escenario mundial comprendía desde 1870 que el zarismo estaba maduro para la revolución y que Rusia lo merecía. Es probable este apunte, aunque solo la conjunción de circunstancias inéditas y una férrea voluntad política hicieron posible su realización.

La primera guerra mundial empobrecía a Rusia y diezmaba su población y economía, y al mismo tiempo radicalizaba a las masas que crecientemente se alejaban del nacionalismo que llevó al país a aliarse contra Alemania. En la lista de circunstancias especiales habría que anotar la rampante descomposición del zarismo como sistema hegemónico en varios siglos y la debilidad de los grupos que propugnaban una Rusia liberal. Los partidos que impulsaban ese ideario –los Kadeti, por ejemplo– habían perdido vertiginosamente su vigencia desde la primera revolución, la de 1905.

En marzo de 1917, con la abdicación del Zar Nicolás II se abre un tortuoso periodo de transición que cambia radicalmente el sentido de proceso debido a que Lenin y sus partidarios consideraron, dando curso también a otro cambio, que la única salida era un gobierno socialista. En ese punto operó con magistral brillo el genio táctico de Lenin y su voluntad política capaz de galvanizar a un estado mayor político complejo y agitado, y paralizar a sus adversarios incluyendo a los socialistas moderados atascados en manejar un gobierno provisional suspendido en el aire.

En esa trama, Alexandr Kerenski es la figura central del gobierno provisional, el último intento de evitar un gobierno revolucionario y un experimento tormentoso y trágico solo apreciable con el paso del tiempo. Este gobierno sobrevivió entre marzo y octubre de 1917 y con él Kerenski expresa el lado de la derrota por su vocación extrema por el juego político y las intrigas en las alturas sin relación con la realidad, y por sus pésimos movimientos tácticos que lo llevaron a la absoluta soledad.

En esos meses cruciales, el pueblo ruso escogió entre la continuación de la guerra y la promesa bolchevique de “paz, tierra y pan”. Fue un dilema cantado por la impopularidad de la guerra, un fenómeno distinto al que experimentaron los pueblos de Europa 22 años después cuando aceptaron el órdago churchiliano de “sangre, sudor y lágrimas” como la única alternativa para derrotar al fascismo.

Las lecciones de ese momento de la historia son variadas. Desde el marxismo y otras doctrinas se ha sistematizado sus tácticas y estrategias. Uno de los estudios más recurrentes es el de la naturaleza de los períodos críticos y los cambios de estrategia, porque no todo polvorín social termina en una revolución.

La figura de Lenin en la Revolución Rusa ha sido alabada pero menos estudiada que la del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia (bolchevique). Desde su muerte en 1924 se cuentan más hagiográficas que biografías. Una de estas es la del marxista inglés Gerard Walter que nos descubre un Lenin hombre más que mito, cuyo valor histórico reside en la combinación de carisma y programa capaz de transformar un momento de convulsión en una deslumbrante creación de poder.

La tierra es plana

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La República

La mitadmasuno

10 de marzo de 2017

Juan De la Puente

La reciente marcha Con mis hijos no te metas ha dado lugar al nacimiento de un movimiento social conservador de cara a la política, liderado por algunas de las grandes iglesias urbanas evangélicas. Lo nuevo de esta emergencia es su radicalismo y su esencia popular, dos dimensiones que unidas a la reivindicación de valores tradicionales ofrecen la posibilidad de refundación de la derecha peruana sobre nuevas bases sociales. Aunque el discurso sea viejo.

Este movimiento proclama en pleno Siglo XXI ideas que a muchos nos parece la afirmación de que la tierra es plana, una referencia surrealista respecto de la identidad que han logrado las iglesias pentecostales y neopentecostales en los sectores populares del país, cambiando radicalmente la visión andina y popular de un segmento importante de la migración interna. Lo que ha salido a las calles hace pocos días es una nueva cultura política afirmada desde una visión completa y sin fisuras de la vida cotidiana, de la sociedad y de la familia.

Si recusábamos a los soldados de las clases medias y altas que habían sido reclutados con malas artes por movimientos radicales católicos totalizantes como el Sodalicio de Vida Cristiana, lo que ahora se tiene al frente es un ejército con miles de reclutas, más compacto y decidido, donde son sus iglesias las que dirigen la vida de los fieles/soldados. Es parte de un nuevo rostro; es la otra cholificación, desde la fe.

Los grupos evangélicos empezaron a hacer política partidaria de modo orgánico desde 1990 cuando varios de sus líderes y pastores se unieron a Alberto Fujimori eligiendo ese año 19 legisladores, entre diputados y senadores; y aunque en 1995 varios grupos se unieron a diversas candidaturas con escasos resultados persistieron en la búsqueda de la representación política en los procesos electorales siguientes, hasta que en las elecciones del año 2006 un partido evangélico, Restauración Nacional, liderado por Humberto Lay –pastor primero de la Alianza Cristiana y Misionera y luego de la Iglesia Bíblica Emmanuel–, obtuvo el 4,3% de los votos y dos legisladores.

Este es otro momento. Los evangélicos han tenido cierto éxito en penetrar a los partidos nacionales y en las dos últimas elecciones han elegido a varios legisladores, desarrollando un activismo eficaz como freno al reconocimiento de derechos y libertades más que como tendencia proactiva. Han sabido encontrar batallas que librar, primero contra la Unión Civil, luego contra el aborto por violación y ahora contra el Currículo Nacional de Educación.

La fuerza adquirida no es desdeñable y han desarrollado una capacidad de alianzas. Su presencia fue decisiva, por ejemplo, para que Keiko Fujimori desandara el año pasado su apoyo a la Unión Civil como paso previo para recibir el respaldo de la Coordinadora Cívica Cristiana Pro Valores.

Será el futuro el que resuelva la interrogante sobre si este movimiento social que camina hacia la política sea autónomo de los actuales partidos de la derecha. Este desenlace se complejiza por varios factores, el primero de ellos los conflictos entre las grandes iglesias que en el pasado ya operó contra sus objetivos electorales. El segundo es su capacidad de pacto con los programas de la derecha debido a varias de sus posturas radicales irreductibles que sirven para armar pero quizás no para ganar grandes adhesiones. Lo sucedido con el pastor que llama a matar a las lesbianas es una prueba de ello.

Este movimiento evangélico es por ahora el aspecto más activo de la crisis de la política. El lento tránsito al poder desde las confesiones evangélicas será un fast track so pena de muerte, favorecidos por el fin del sistema de partidos y el vacío dejado por las otras derechas que han muerto, invernan o se han liberalizado, un poscolapso que ha traído figuras inéditas como la de varios ex dirigentes del PPC arrastrados como huérfanos a la reciente marcha evangélica.

Que se vayan todos en código pasivo

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La República

3 de narzo de 2017

La mitadmasuno

Juan De la Puente

Las dos encuestas publicadas recientemente (IPSOS Perú y GfK Perú) revelan que las facturas de la crisis del Lava Jato peruano han empezado a ser giradas al sistema, con las cuentas más cargadas a unos que a otros. La tendencia más importante que dibujan los sondeos es la aparición de un “que se vayan todos”, débil todavía pero consistente, un fenómeno a la espera de liderazgos y de movimiento.

Fuera de la caída de la aprobación presidencial de varios puntos en dos meses, los datos indican la pérdida de la posición personal del presidente en percepciones cruciales como la confianza y liderazgo, una aguda individualización de su papel en esta crisis. La aprobación/desaprobación de PPK se ha transformado en una discusión alrededor de PPK, fortaleciendo los dilemas de la oposición acerca de la intensidad de la crítica al gobierno en esta hora.

Si se pasa al detalle de las expectativas, las demandas se refieren a un abanico de problemas donde la corrupción es solo un dato, un cuadro amplio en el que se exige con igual o mayor intensidad seguridad, atención a los desastres naturales y reactivación de la economía. Esta diversidad contrasta con la percepción de la elite peruana enfocada en abordar la corrupción, de modo que se produce una politización de la crisis del Lava Jato arriba y una despolitización abajo. Por ahora no veo a nadie intentando resolver esa brecha.

Esta despolitización es compleja por donde se le mire; su principal elemento consiste en que para la mayoría, la corrupción no tiene ni modelo económico ni ideología. Es cierto que más personas están informadas sobre los escándalos de la corrupción brasileña, aunque las conclusiones de este conocimiento son la convicción de que todos son corruptos y que la solución es un gobierno de “mano dura”, el código social que identifica a un poder que no se detiene en las formas. Del populismo político hemos pasado al populismo penal y de allí al populismo anti corrupción que es igualmente político, en clave recargada.

Es cierto que ante a los casos denunciados el sistema está funcionando –en un desempeño relativo, caótico y fragmentado–, lo que es advertido por una opinión pública que no parece estar sedienta de sangre pero sí de resultados tangibles. El único desempeño estatal aprobado y de modo ligero es el de la fiscalía, con un registro inferior al de la prensa, señal inequívoca del predominio del juicio mediático que a diferencia de Brasil, no ha sido todavía superado por las indagaciones del Estado.

Estos datos indican que el juicio público se ha independizado del juicio mediático. No obstante, ¿Por cuánto tiempo más el consumo de imágenes y de datos atajará la exigencia de resultados? Difícil estimarlo en un país donde casi todos creen que la mayoría o todos los políticos son corruptos y, al mismo tiempo, que los peruanos son igualmente corruptos (IPSOS).

En la idea de “tu corrupción es mi corrupción” puede residir en parte la explicación de un “que se vayan todos” todavía pasivo y poco callejero; al fin y al cabo, más allá de la disposición de la gran mayoría de salir a las calles para exigir castigo a los responsables (GfK), otra mayoría también piensa en que no vale la pena denunciar un acto de corrupción porque “igual no pasa nada”, o que denunciar un acto de corrupción es peligroso porque “después se la agarran contigo” (GFK).

El “que se vayan todos” peruano no tiene todavía representación política; es un instante revolucionario sin revolucionarios, una crisis sin liderazgos que fuercen los cambios, y una tendencia con poco movimiento. Alberto Adrianzén llama a esto una crisis sin actores, es decir, un extraño momento donde las fuerzas parecen libradas a su suerte. En algún momento me ha parecido que los protagonistas de este período y las tendencias que encarnan, a pesar de la virulencia con la que se expresan en las redes sociales y en los medios, y del modo en que anatemizan a sus adversarios, vagan en un drama a la espera de un guion que no aparece.

Crisis y correlación de fuerzas

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La República

La mitadmasuno

10 de febrero de 2017

Juan De la Puente

Existen pocos consensos respecto a la naturaleza del escenario general que proyectan los casos de la gran corrupción de la política peruana; acaso los dos únicos registrados son: 1) que la crisis será sistémica y larga; y 2) que pone en tela de juicio el ciclo democrático iniciado el año 2000. Para M. Lauer (La República) ha entrado en crisis el antifujimorismo, una posición compartida por VA. Ponce (El Montonero).

De allí, todo son divergencias. Un sector del análisis cree que esta crisis alude básicamente al núcleo económico del modelo neoliberal (M. Tanaka y A. Zapata en La República) y otro considera que lo que se ha desfondado es la parte política de ese mismo modelo (C. Meléndez y F. Vivas en El Comercio), en tanto que una tercera visión sostiene que la crisis se debe a que el modelo no ha sido suficientemente liberal, desde una perspectiva institucionalista (J. de Althaus y F, Guiffra en El Comercio y M. Lauer en La República).

Estas radiografías colocan énfasis distintos a fenómenos que ya habían sido tratados con una matriz parecida en los últimos 15 años, tanto desde la idea del “piloto automático” (qué importa la mala política si tenemos es una buena economía), como desde la opinión de que no eran necesarias las reformas institucionales, sea porque el sistema ya estaba muy abierto o porque la crisis del sistema de partidos era irreversible.

El debate es nuevo como la misma crisis de la corrupción. No obstante, sin relativizar la afectación del modelo económico por este vendaval –tenemos 15 años de “viejos” conflictos por causas económicas a los que se agregan los nuevos conflictos de consumo como el del peaje de Puente Piedra– el factor hegemónico de ella es la política, es decir, el agotamiento de la capacidad de reproducción del sistema, para concretar respuestas desde la democracia a las demandas de recambio, una crisis del “gran Estado” a decir de Gramsci, incluyendo en esta dimensión de las cosas a las relaciones económicas, el diálogo entre política y economía, entre Estado y economía y, por supuesto, las relaciones de arriba/abajo.

Es imposible estimar la dirección final del barco en plena borrasca. En la etapa inicial de la crisis, lo que se abre a partir de las primeras revelaciones con nombre y apellido es la disputa por el desenlace, la clásica correlación de fuerzas en pugna directa. En ese contexto, se advierte que el juicio mediático pierde hegemonía porque el juicio público de la calle abre su camino propio.

Ese es el sentido de la marcha del 16 de febrero. Al otro lado, el tercer actor, los poderes y partidos apuestan por reducir este proceso a los asuntos estrictamente procesales con escaso diálogo con los medios y los ciudadanos, con el riesgo de ser desbordados por estos. Mientras que los medios y la calle tejen alianzas y lanzan opciones, el gobierno y el Congreso juegan camotito con tendencias que asoman fuertes.

No habrá salida exitosa al mediano plazo si el juzgamiento judicial no va acompañado de reformas muy fuertes. Un antecedente: nunca como en el año 2014 Áncash fue escenario de una intensa movilización anticorrupción de la sociedad y del sistema político. A pesar de ello, en las elecciones de ese año fue elegido gobernador Waldo Ríos, un ex convicto por corrupción, reincidente en actos ilegales y ahora detenido.

Una nota final. En este punto, es incompleto el argumento escuchado estos días de indignación y sensación de traición ante las revelaciones sobre A. Toledo. De estos sentimientos no puede excluirse las responsabilidades políticas, incluso de quienes no participaron en decisiones vinculadas a obras públicas. Por esa razón, a pesar de que hace más de 10 años por decisión propia no existe una relación personal y política con Toledo, y de que conservamos una vida profesional pública limpia, debemos asumir una responsabilidad política aún a costa del detrimento de nuestro predicamento personal. Es lo que corresponde en un país en el que escasea la autocrítica y es más fácil repartir culpas sin mirarse al espejo.

Un Senado el año 2018

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La República

La mitadmasuno

3 de febrero de 2017

Por Juan De la Puente

Diversos miembros de la bancada de Fuerza Popular se han expresado a favor de la creación del Senado. De hecho, el resto de bancadas se encuentra de acuerdo con reinstalar nuestra histórica bicameralidad, de modo que no habría razones de fondo para que, de aprobarse la respectiva reforma constitucional, los peruanos no elijamos un Senado junto a las elecciones regionales y locales del 2018.

Luego de 28 años de la elección del último Senado, en 1990, sería esta la ocasión de una renovación de la representación. Un cuerpo de legisladores con funciones distintas a las de la Cámara de Diputados haría la diferencia –o por lo menos lo intentaría– en un proceso político en el que se necesitan cambios institucionales que refunden el sistema. Cierto que su sola presencia no garantiza nada si el nuevo órgano de representantes no se eleva por encima de la crisis. Pero de eso se trata, de una apuesta que ojalá la actual representación se atreva a realizar.

Un Senado territorial pequeño y operativo que realice la revisión legislativa mejoraría la producción de normas y dejaría a la Cámara de Diputados más tiempo y oficio para el control político. Sería, al mismo tiempo, una ruta para relanzar el proceso de descentralización ahora carente de voz en el Parlamento a pesar de que cada región se homologa con los distritos electorales. Finalmente, el país se dotaría en el momento en que más lo necesita de una cámara reflexiva, más unitaria y dialogante, mejorando el equilibrio entre los poderes.

Encuentro pocos problemas para que el sistema se dote de un Senado en breve plazo. El primero es de orden social, y se refiere a que todavía un apreciable porcentaje de peruanos se opone a la reinstalación de la bicameralidad. Las razones, siendo principistas, no son necesariamente políticas en el sentido operativo, sino financieras (cuesta mucho) y de confiabilidad (más otorongos). Esta visión ha retrocedido desde el año 2000 pero se mantiene activa en su talante populista y antipolítica. La mejor manera de enfrentar ese discurso es desde la democracia, la transparencia y desde los cambios mismos en otras áreas. Desde ese punto de vista, por ejemplo, tendría poco sentido la elección de un Senado cuyos miembros presenten los mismos problemas de credibilidad de varios de los actuales legisladores.

El segundo se encuentra en retroceso luego de que el fujimorismo abandonase su clásica defensa del unicameralismo. Quedan pocos argumentos en favor de esa tesis y crecen las certezas en favor de cambios que acompañen las aspiraciones del Perú como país de renta media y que aspira a ingresar a la OCDE y a mejorar su representación.

Del mismo modo, la iniciativa se convierte en un asunto delicado de cara a otras reformas que han sido sugeridas y que recorren desde el ámbito de la formación de la representación hasta el del ejercicio de la representación, además de otras reformas institucionales. Siendo necesario definir el retorno del Senado, será poco conveniente aparcar otras reformas como la electoral, que debate el grupo de trabajo presidido por la legisladora Patricia Donayre, o los cambios en la administración de justicia o en la elección de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Lo peor que podría pasar es que se apruebe el retorno al Senado y nada más.

Es necesario que el Congreso vuelva a discutir sus prioridades porque se hace evidente que el marco de la discusión realizado en agosto pasado se ha transformado radicalmente. El juzgamiento de los casos de corrupción y la forma que adopta el juego político dentro y fuera del Congreso hacen necesaria la ubicación de un núcleo de reformas de alto calado que garanticen la gobernabilidad y la transparencia en los próximos años, cambios que deberían ser negociados dentro del Congreso y con los otros poderes del Estado. El diálogo político instalado en enero en el marco del Acuerdo Nacional debería decantarse hacia las reformas políticas macro y quizás sea la hora de que estos cambios sean asumidos por el gobierno como propios.

El populismo anticorrupción

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La Republica

La mitadmasuno

27 de enero de 2017

Por Juan De la Puente

La manera de despolitizar un caso de la magnitud que exhibe el Lavajato Peruano es reducirlo a la minucia y jalonearlo desde varios ángulos de la agenda nacional para privarlo de su sentido esencial para el futuro de la democracia. Eso viene sucediendo.

Es el propósito de minucia el que lleva a la demanda de que “primero caigan los peces grandes” como si esa fuese la receta perfecta de toda investigación fiscal y si ese inicio fuese el único modo de garantizar la justicia. La tendencia de este reclamo es riesgosa en la medida que intenta invalidar toda detención que no sea de los hombres importantes de la política. Ninguno de los objetores de las últimas detenciones ha llegado a demostrar –más allá de los insultos– por qué la detención de “peces pequeños” abona el camino de la impunidad.

Sucedáneo punto de vista es la idea de “todos se están escapando”, sin considerar que las fugas se produjeron a pocas horas de la revelación del acuerdo de Odebrecht con las justicias de EEUU y Suiza. Sí es un cargo de fondo a la fiscalía el que abriera el caso contra esta empresa en noviembre del año pasado, cuando en Brasil ya se habían producido las primeras delaciones con evidencia de que el caso se vinculaba al Perú, pero es igualmente cierto que para los plazos procesales peruanos es un éxito relativo que la judicialización del caso se realizara en menos de dos meses.

Cabalga un populismo anticorrupción que alimenta una parte del sistema político poco comprometida en la búsqueda de una estrategia de Estado para avanzar en la agenda de transparencia pública de modo eficaz. La guerra de los gritos donde cada cual lanza piedras desde su esquina sin mayor compromiso que el grito mismo –el clima ideal para la impunidad– viene acompañada en los últimos días de estrategias cruzadas a cargo de poderes que están obligados a cooperar.

Entre las estrategias en pugna, la primera es la del compromiso para la colaboración a cargo de la fiscalía, la que ha funcionado hasta ahora y que es objeto de duras críticas. Algunas de estas son atendibles –como que la procuraduría debió participar en el preacuerdo con Odebrecht– pero la mayoría se centra en exigir imposibles como una larga lista de personas con arraigo judicial que, como se sabe, corresponde a otra fase de los procesos.

La segunda estrategia es “préstame tu investigación” a cargo de la comisión parlamentaria que indaga el caso, un modelo que se basa en recaudar otras investigaciones y en operar a través de audiencias públicas más que diligencias indagatorias. La mayoría de sus miembros cuestiona la supuesta precariedad de la fiscalía pero en cambio no exhibe un plan ambicioso que empodere al Congreso a través de una investigación ejemplar que aborde al mismo tiempo las aristas institucionales y las relaciones de poder construidas para dar vida al entramado mafioso. Inclusive, si la idea era que esta indagación siente en el banquillo de los acusados a los últimos 15 años de democracia, están perdiendo una oportunidad inigualable.

La estrategia más populista es “muerte a Odebrecht ahora” y “todos a la cárcel”, que reúne un conjunto de demandas que van desde el congelamiento de los activos de la empresa, su expulsión del país, la oposición a todo acuerdo de colaboración eficaz de sus funcionarios y la prisión preventiva para todos. Estas demandas suenan bien y es probable que algunas de ellas pudiesen formar parte de una estrategia integral, que ahora no existe. En ese contexto, es positivo el mensaje de Keiko Fujimori que ha llamado al gobierno a mantener la vigencia de los proyectos de infraestructura vitales para el desarrollo, y desautorizando la propuesta de dos legisladores de su bancada que solicitaron prisión preventiva para tres ex presidentes, sin que en todos los casos se tenga previamente la denuncia fiscal y la apertura de instrucción.

La minucia y la despolitización es otro gran tributo a la impunidad. La única alternativa válida frente a esta ruta es que, como el año 2001, se recupere un sentido unitario del Estado en su lucha contra la corrupción.

Nueva crisis, nuevo escenario

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La República

La mitadmasuno

20 de enero de 2017

Por Juan De la Puente

El primer dato político al inicio del presente año es el cambio de escenario respecto de los meses anteriores que estuvieron presididos por una convivencia forzada entre el gobierno y el fujimorismo y de una gobernabilidad compartida. Lo que se tiene a la vista es una larga crisis que ha venido a quedarse por mucho tiempo: la crisis de la corrupción.

Esta crisis abraza a todos en distinta intensidad. Para el Gobierno, es una crisis “nueva” debido a que no se encuentra en discusión, exclusivamente, sus relaciones con el Congreso sino las denuncias contra el mismo Presidente de la República a raíz de su participación en actos del 2005 que investiga la fiscalía, y de por los menos otros tres ex presidentes.

Se ha dicho bastante sobre lo que este hecho implica para el sistema y se ha usado para ello palabras que denotan su naturaleza destructiva, como “terremoto”, “tsunami” o “colisión de un meteorito”. Esto es cierto, como también lo es la fortaleza de este sistema aparentemente muy débil, pero más fuerte de lo que creemos o de lo que queremos. De hecho, un posible efecto de esta crisis es que el sistema solo se descosa pero que no se rompa, lo que ya sucedió el año 2000.

Las tendencias están a la vista: 1) la debilidad del gobierno, especialmente del Presidente PPK; 2) las dificultades de un diálogo político consistente y eficaz como respuesta a esa debilidad del gobierno; 3) la combustión de personajes públicos importantes y de sus colectividades, con escasas posibilidades de defensa pública; y 4) la re emergencia de las demandas sociales que ponen a prueba y en evidencia la ausencia de reformas en los ámbitos de la política y de la economía.

Por esas razones, el año 2017 será de una compleja inestabilidad que, al no reducirse en intensidad, será el antecedente de cambios drásticos el año 2018. En ese contexto, la sola discusión de una probable vacancia presidencial representa un elemento perturbador del proceso democrático y aunque esta posibilidad es remota genera un estado de cosas en el que progresan salidas radicales dentro y fuera del sistema.

PPK es el lado más vulnerable de esta crisis al carecer de recursos que eviten su deterioro. La reciente encuesta de IPSOS refleja una drástica caída suya mientras que sus ministros, particularmente el premier Zavala, resisten. Esto podría indicar que la opinión pública ha empezado a diferenciar su figura del resto del gobierno. Algo contrario sucede con el fujimorismo: mientras el Congreso cae varios puntos de aprobación, Keiko Fujimori se recupera y sube algunos puntos. Todo esto podría ser la señal de que hemos retornado a un sistema de competencia perfecta donde lo que pierde el jefe del gobierno lo gana la cabeza de la oposición.

El segundo dato de este nuevo escenario es que el principal impulso de los cambios obedece a una alianza entre los medios y la opinión pública, que tienen al frente instituciones con una escasa capacidad de movimiento, quizás a excepción de la fiscalía. Las demandas anticorrupción de esa alianza ya tienen logros –como la anulación del peaje de Puente Piedra y las restricciones a los movimientos de algunos investigados– aunque todavía no tiene “calle” de un modo sostenido, ni representación política. A eso se debe que la inicial consigna de que “se vayan todos” sea débil y marginal, aunque podría crecer en intensidad si se aprecia que los procesos judiciales tienden a la impunidad o a la demora.

El tercer dato de este nuevo momento es que esta larga crisis parece haber tomado por sorpresa a todos a pesar de que las denuncias brotaron hace más de un año. El cuadro formado presenta una evolución caótica y está a la espera de respuestas institucionales. Una de ellas pudo provenir del Congreso, especialmente de la comisión Lavajato, la que parece haber desestimado esta posibilidad decantándose por una investigación bulliciosa y poco profesional. En un terreno fértil para la movilización contra la corrupción, solo una parte de la izquierda, la liderada por Verónika Mendoza, ha ensayado un llamado a la vigilancia ciudadana.

La guerra de los gritos

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La República

La mitadmasuno

13 de enero de 2017

Por Juan De la Puente

Las respuestas oficiales y partidarias a las primeras revelaciones del Lavajato peruano han instalado una guerra de gritos perfectamente organizada. A pesar de la trifulca que eso implica el griterío está funcionando; es una zona de confort para el sistema porque ese modelo de competencia hace que nadie explique nada y que a nadie se le escuche.

La guerra de gritos puede ser entretenida y noticiosa, pero es una ofrenda a la impunidad. El “tú robaste más” o “el ladrón es él” es una moneda de dos caras: refleja un pacto tácito y es más un acuerdo que disenso, porque resume la falta de voluntad de la elite peruana para encarar el descomunal golpe que las denuncias implica para el país. De hecho, ahora mismo ya es la principal traba para el desarrollo de una agenda anticorrupción o para la adopción de un método democrático para encarar esta crisis.

Ese método es una necesidad institucional urgente. Sin él, las partes de esta crisis no se sentirán obligadas a asumir su papel republicano y su lugar será tomado por las opciones populistas a las que tampoco les interesa el juzgamiento de la corrupción.

El primer elemento de ese método es la toma de posición. Más allá de algún comunicado o pronunciamiento al paso, no se puede decir que el Lavajato peruano haya motivado una movilización interna de las instituciones, aparte de las que están llamadas a los procesos judiciales. Incluso esta movilización es incompleta y presidida por una áspera disputa de instituciones. En esa dirección, es lamentable que, a diferencia de otros países, no se registre en el Perú una alianza institucional contra la corrupción más allá de coincidencias específicas.

Extraño, por ejemplo, una reflexión muy seria del mundo empresarial respecto de las prácticas nocivas que se descubren, y sobre la cultura de la vulneración de reglas y de regulaciones, al parecer todas homologadas como trabas a la inversión. Solo el asunto de los arbitrajes amañados como fórmula de sobrevaluación de costos finales merecería un estudio minucioso como causa de este episodio de corrupción.

La mayoría de grupos políticos ha escondido la cabeza, se ha limitado a la lucha cuerpo a cuerpo y viven un Síndrome de Vietnam donde las militancias aparecen ausentes y enfrentadas a las cúpulas, ambos en una clara posición de derrota. Esa brecha será letal para el próximo proceso electoral regional y municipal que ahondará el descrédito de los partidos nacionales. De todos.

El segundo elemento de este método es la vigilancia y movilización ciudadana sin las cuales no será alterada la tendencia a la impunidad que ya se observa. Resulta increíble –aunque deviene del Síndrome de Vietnam local arriba señalado– que ningún grupo político o líder, individualmente, y aun los que no se sienten tocados por las denuncias, llame a los peruanos a expresarse con firmeza y responsabilidad contra la corrupción, urgiendo contra la impunidad.

Los casos judiciales de la corrupción brasileña se saldarán en los juzgados pero el proceso político nacional denominado Lavajato se decidirá de cara a la sociedad, un escenario que por ahora es poco callejero a pesar del impacto de las marchas del Cono Norte de Lima contra el cobro del peaje. No obstante, aun en la hipótesis de una baja participación ciudadana activa, la opinión pública será decisiva para evitar que este proceso se reduzca a jueces y penas.

El tercer elemento es la agenda anticorrupción propiamente dicha. Reconociendo el valor de varias medidas en favor de la transparencia pública dictadas por el Ejecutivo, como parte de los 122 decretos legislativos recientes, es evidente que estamos solo en los inicios de esa agenda. Se extraña nuevamente, por ejemplo, la falta de compromiso del liderazgo político del país y de los medios con las 100 medidas propuestas por la Comisión Presidencial de Integridad entregadas el pasado 5 de diciembre, la más importante de las cuales es su llamado a un gran compromiso nacional expreso contra la corrupción.

Lava Jato, un instante revolucionario

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La República

La mitadmasuno

30 de diciembre de 2016

Por Juan De la Puente

 

El hombre más peligroso es aquél que tiene miedo

Ludwing Börne.

Aun antes de destapar sus certezas, el Lava Jato peruano causa sus primeros impactos: ha erosionado las estrategias oficiales que se preparaban para encararlo, agrietando a más de un partido y poniendo en crisis las relaciones políticas. Una parte de la élite peruana tiene miedo y se ha sumido en un turbulento frenesí muy parecido al sálvese quien pueda.

Lava Jato a la peruana viene con una lógica propia, y no será la réplica del terremoto brasileño. Por ejemplo –primera diferencia con Brasil– no ha dado paso a una rápida batalla entre dos bandos, corrupción y anticorrupción sino a una sucesión de pequeñas guerras civiles sin que sepamos si ellas terminarán dando paso a la pelea de fondo. Las guerras teloneras podrían adueñarse del escenario. Y es que el Perú es ancho y ajeno, con demasiados intereses en pugna, la mayoría de ellos cruzados por tercerías, subcontratos, arbitrajes, lobbies de cobro diferido y financiamiento electoral.

Pero Lava Jato tiene una virtud, no va por una cuerda paralela: la catarata de información tiende a integrar todo y lo que tenemos es un tsunami en formación, una revolución –imperfecta, como toda revolución– donde caben la ley y el desorden, el drama y la comedia, y el teatro y el circo, con todo lo que esto último implica: payasos, magos, equilibristas, titiriteros, ventrílocuos y hombres bala.

Lava Jato se posa sobre una vieja crisis de legitimidad del sistema labrada en casi cuatro décadas –es la segunda diferencia con Brasil– y por eso no deberíamos perdernos en las guerras civiles o en los ajustes de cuenta en la esquina del escenario, expresión de esa crisis antigua; el circo no debería ocuparnos demasiado sino las grandes fuerzas que aparecen en la escena.

Solo una parte de esta revolución es de manual: el sistema débil, indefenso, dividido y con poca legitimidad. Para apreciar el resto habría que salir del patrón revolucionario del siglo XX donde las grandes crisis tenían líderes, clases y partidos. La nuestra no posee instituciones fuertes ni partidos –tercera diferencia con Brasil– y lo que tenemos al frente es un estado de ánimo en progreso que ha hecho de la corrupción el principal problema de la sociedad.

De momento decepciona que este instante revolucionario tenga pocos revolucionarios, y que el programa máximo contra la corrupción se limite a dejar todo en manos de la justicia, como si estuviésemos ante un problema de delitos y de penas, exclusivamente. Para una parte de la elite, Lava Jato es un asunto penal, apenas una disfunción social –la cuarta diferencia con Brasil– y por lo tanto solo un punto de llegada. En cambio, para la sociedad, la reacción penalista no es suficiente porque cree que este caso debería ser un punto de partida.

En esto reside el clivaje esencial de esta etapa. Esta brecha carece de mediación y de conexión y apunta a que con las primeras revelaciones se ensanche el abismo con la sociedad. Ese es el debate de fondo en relación a que si el Congreso debería investigar esta corrupción. Un sector cree que el Congreso no debería hacerlo, olvidando el papel de las minorías parlamentarias heroicas de los años noventa, como las que contra el fujimorismo mayoritario investigaron y denunciaron al Grupo Colina, las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos, y la corrupción de los mandos militares.

Las alternativas de este instante que podría perderse para la historia asoman. Un primer desenlace sería el democrático- reformista que ataje la impunidad, sustituya al liderazgo político responsable y reforme las instituciones para abrir un curso renovado del país. El segundo es el populista-penalista que castigue a medias a los responsables y que a pesar de su talante bullicioso y enojado deje pasar la oportunidad de cambiar la historia de asalto a las arcas públicas. Y el tercero, el conservador-legalista que deje todo en manos de jueces y fiscales, a quienes luego responsabilizar, sin cambiar nada o cambiando muy poco para que no cambie nada.

Una jueza contra Trump. El sistema de EEUU ha funcionado y rápido.

Por Juan De la Puente

La jueza federal Ann M. Donnelly, del Tribunal del Distrito Federal de Brooklyn (Nueva York), bloqueó casi de inmediato una parte del veto de entrada a ciudadanos de siete países de mayoría musulmana impuesto por el presidente Donald Trump.

Foto del Brooklyn Daily Eagle 

El caso

Según la jueza,  los refugiados u otras personas afectadas por la medida y que han llegado a aeropuertos estadounidenses no pueden ser deportados. De ese modo respondió a un recurso de emergencia presentada por la Unión para las Libertades Civiles en América (ACLU) en favor de las decenas de personas (entre 150 y 200) detenidas a su llegada a los aeropuertos de EEUU desde que Trump firmara la orden.

La jueza no dijo que los afectados pueden permanecer en el país ni se pronunció sobre la constitucionalidad de la medida. Con prudencia solo señaló que el envío de esas personas a su países podría causar un “daño irreparable” a sus derechos, y fijó una audiencia para el 21 de febrero para volver a abordar este caso que pasa a llamarse Darweesh y otros vs. Trump.

Ann M. Donnelly es una jueza federal designada por el ex Presidente Obama luego de una carrera legendaria. En EEUU, un juez federal es designado por el Presidente, el mismo que no nombra a los jueces del Tribunal Supremo sino también a los 94 jueces de las cortes de distrito y a los de las 13 cortes de apelación.
 

La orden ejecutiva de Trump

La jueza ha fallado contra una orden ejecutiva de Trump que prohíbe la entrada al país de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana con el supuesto objetivo de luchar contra el terrorismo. De esa orden ha sido excluida Arabia Saudita; los críticos de Trump se extrañan de esa excepción y aducen que se debe a que el Presidente tiene allí inversiones. Una orden ejecutiva sería en el Perú un decreto ley y no un decreto legislativo (con facultades delegadas) o un decreto de urgencia (materia económica y financiera), y su rango es posible gracias al presidencialismo fuerte vigente en EEUU.

La batalla será larga; la orden ejecutiva de Trump en esa parte y en el todo puede ser contestada por la justicia y deberá ser también analizada por el Congreso que, por tradición, no se enfrenta a las órdenes ejecutivas de un presidente pero puede aprobar una ley que las deja sin efecto. De hecho, un presidente si puede derogar una orden ejecutiva de otro presidente pero no puede derogar una ley del Congreso vía una orden ejecutiva.

En su primera semana, Trump ha abusado tanto del número como de los contenidos de las leyes ejecutivas que en la doctrina constitucional de EEUU son conocidas como “leyes suaves”. Ha emitido 13 en un semana. Roosevelt emitió 3,721 en sus tres mandatos y Obama 276.

La historia

Lo que ha hecho la jueza es ejercer el judicial review, una potestad y garantía de larga data. El judicial review tiene factura inglesa –y no norteamericana como se afirma generalmente- y se origina en la doctrina del juez inglés Edward Coke quien en 1610, acogiendo una demanda del médico Thomas Bonham, falló declarando nula la ley que le confería al Real Colegio Médico la facultad de autorizar el ejercicio de la medicina, subrayando la supremacía de la common law sobre la voluntad del rey.

Fue propuesto luego por Alexander Hamilton, uno de los padres de la Constitución de Estados Unidos -El Federalista, Artículo LXXVIII-  como el derecho de los tribunales a declarar nulos los actos de la legislatura con fundamento en que son contrarios a la Constitución. (Hamilton; 1974).

Si bien la Constitución de EE.UU no lo recogió de manera precisa en su texto, sí aprobó la cláusula de la supremacía (artículo 6°), por la cual los jueces están obligados a observar las disposiciones contrarias a la Constitución y a las leyes.

En ambos argumentos –uno de derecho y otro doctrinario- se basó en 1803 John Marshall, juez del Tribunal Supremo cuando denegó (caso Marbury vs. Madison) la solicitud de William Marbury para que James Madison, secretario del Presidente Thomas Jefferson, le entregara sus credenciales de juez, función para la que había sido designado en virtud de leyes aprobadas en la agonía del gobierno anterior. El juez Marshall denegó la solicitud de Marbury pese a que fue nombrado juez por una ley, considerando que una ley contraria a la Constitución no constituye derecho. Para Marshall los jueces tienen derecho a controlar la constitucionalidad de las leyes cuando éstas provienen de legislaturas repugnantes.

En el Perú

En  nuestro, caso, el judicial review evoluciona por la vía del control difuso, o si se quiere con más propiedad, el sistema difuso, consagrado en el artículo 138° de la Constitución. Esta mención es una reproducción del artículo 236° de la Constitución de 1979 y su propósito es fijar la supremacía de la Constitución sobre cualquier otra norma legal, en concordancia con el artículo 51° de la carta vigente.

No obstante, al estar incorporado en el capítulo referido al Poder Judicial, y al nombrar expresamente a los jueces, es una prerrogativa inicial para estos, pero termina siendo una garantía de la administración de justicia en su conjunto, de los administrados y del operador judicial que por excelencia es el juez.

Al procedimiento mediante el cual un juez prefiere la Constitución a una norma de inferior jerarquía se ha denominado control difuso de la Constitución. No es una actividad exclusiva y personal del juez sino que refiere en su conjunto al control judicial de la constitucionalidad de la ley que convierte a todo juez en el contralor principal de la legalidad constitucional. De hecho, el control difuso se incorpora también como mecanismo en el Código Civil y en la Ley Orgánica del Poder Judicial (Bernales; 1997).

El control difuso coexiste en la legislación peruana con el control concentrado a cargo del Tribunal Constitucional (TC) cuyas decisiones son erga omnes, es decir para todos los casos (artículos 201° y siguientes de la Constitución).

El TC ha tenido una conducta intermitente respecto del sistema difuso. Tempranamente (1999) puso límites al control difuso en sede judicial, señalando: 1) que es un poder-deber del juez; 2) que es de última ratio y por lo tanto excepcional; 3) que tiene por objeto la impugnación de un acto que constituya la aplicación de la norma considerada inconstitucional; y 4) que la norma a inaplicarse debe tener relación directa al caso (Exp. 0145-99-AA-TC).

Años después dispuso otras condiciones, que la norma a inaplicarse tenga una relación directa, principal e indisoluble con el caso, retirando su condición de ultima ratio (Exp. 1124-2001-AA/TC).

Posteriormente, el año 2006 dicta un precedente vinculante referido al control difuso en sede administrativa donde se dispone: (1) que el examen de constitucionalidad debe ser relevante para resolver la controversia planteada dentro de un proceso administrativo; y  (2) que la ley cuestionada no sea posible de ser interpretada de conformidad con la Constitución (Exp. Nº 03741-2004-AA/TC).

El año 2012, el TC se decanta por la restricción, prohibiendo a los tribunales administrativos realizar el control difuso con un argumento para el debate: si el Poder Ejecutivo controla la constitucionalidad de las normas emitidas por el Poder Legislativo se afecta el principio de división de poderes (Exp. 04293-2012-PA/TC).

El Código Procesal Constitucional dispone en su artículo V que la preeminencia de la norma constitucional se llevará a cabo siempre que ello sea relevante para resolver el caso y si no es posible obtener una interpretación conforma a la Constitución. Luego, el artículo VI dispone que los jueces no puedan inaplicar una norma cuya constitucionalidad haya sido ratificada por el TC en un proceso de inconstitucionalidad o por el PJ en un proceso de acción popular.