La República
La mitadmasuno
28 de diciembre 2012
Juan De la Puente
Vía su máximo representante, la CONFIEP ha celebrado como todos el estimado de crecimiento de la economía el año 2013 y ha pedido al mismo tiempo realizar las pequeñas reformas porque “la gran reforma tiene muchos años en el tintero”. Entre una y otra afirmación advierto una apreciable distancia, entre el regocijo de la contemplación económica y el abandono del cambio sustantivo, una inexcusable rendición frente a retos que si no se abordan en la época de las vacas gordas tendrán que hacerse con dolor cuando lleguen las vacas flacas.
No es el único caso de preferencia del camino fácil en lugar de las grandes batallas. Gana Perú ha propuesto al cierre de la legislatura un cambio constitucional para aumentar el número de congresistas a 145, repartiendo los 15 nuevos escaños entre las regiones amazónicas. Pocos dudan de que la Amazonía peruana necesita una mayor presencia en el Parlamento; sin embargo, es el Perú el que atraviesa el serio problema de subrepresentación con 150 mil electores por cada congresista, de modo que el parche sugerido implica una evasión frente a la batalla por la gran reforma de la modificación de los distritos electorales y la reinstalación del bicameralismo.
Un tercer ejemplo del facilismo es la iniciativa de ley de la Alianza para el Gran Cambio, teóricamente para fortalecer a los partidos políticos, duplicando el número de firmas requeridas para la inscripción de los movimientos regionales y locales, a los que se les solicitaría el 6% de adherentes del padrón electoral de su circunscripción. Así, por la vía de la anulación de los movimientos en las regiones y municipios se pretende que los partidos recuperen su vigencia, en lugar de abordar con decisión el debate de una reforma política de gran calado.
Las previsiones indican que el Perú no tendrá en los próximos cuatro años problemas de crecimiento, salvo gravísimas externalidades. La información disponible también revela otras fortalezas macro, particularmente el flujo en la inversión extranjera, la disminución de la deuda pública como porcentaje del PBI y el aumento de las reservas internacionales y del ahorro público. Al mismo tiempo es también significativa la reducción global de la pobreza al 27,8% y la ligera reducción de la desigualdad.
La prédica de los shocks a los que nos hemos introducido en las últimas semanas huele precisamente a respuestas coyunturales a problemas estructurales. Es el caso de la demanda del retiro de controles a la inversión privada que amenaza devorarse la Ley de Consulta Previa, las competencias de los gobiernos locales y regionales y la naciente institucionalidad ambiental.
Sería un error apuntar que los problemas del país no son de corto plazo. No obstante, las grandes reformas que se resisten a asumir los actores públicos relacionan impostergablemente el corto y largo plazo. El cómodo respaldo con el que cuenta el gobierno debería servir para trazar algunos cambios de fondo.
En el terreno social los dos más importantes han sido identificados: universalizar las políticas sociales superando la matriz actual basada en la focalización y acelerar la distribución de los beneficios del crecimiento reformando los patrones de inversión pública, un cambio que incluye el sistema de licitaciones y compras públicas y la profundización de la descentralización, a contracorriente de los llamados a la recentralización realizados recientemente.
En el terreno político la reforma nos desafía a grandes respuestas, anotadas desde varios estudios, como más sistema de partidos, más Congreso, más representación, más legitimidad de la representación y más poder de los representados, contra la lógica que pretenden sugerir algunas campañas: Parlamento débil, partidos precarios y representantes ilegítimos.
No nos sobra crecimiento pero nos falta espíritu de reforma, una carencia atribuible principalmente al liderazgo político cuyo facilismo comparten la empresa y los medios. En aras del futuro, precisamente, es preciso evitar la rendición.
