sábado, 5 de octubre de 2019

Un disparo desde el piso

https://larepublica.pe/politica/2019/10/04/un-disparo-desde-el-piso-juan-de-la-puente/
La República
La mitadmasuno
4 de octubre de 2019
Juan De la Puente

El pasado 27 de setiembre, el presidente Vizcarra disparó desde el piso uno de sus últimos proyectiles luego de un duro pulso con la alianza gobernante del Congreso, ante la que se debilitó las últimas semanas.
Se estimaba insuficiente su respuesta porque no se refería al tema de fondo, el archivo de la propuesta de adelantar las elecciones generales al 2020. A mí me parecía que, si bien era una reacción sobre una rama del problema –la cuestionada designación del TC–, esa rama era importante porque era parte del árbol, y ese árbol es parte del bosque de la larga transición a la que hemos ingresado. Y hasta parecía que Vizcarra intentaba una negociación tácita con el fujimorismo sobre el TC y aún no el adelanto electoral.
El disparo alcanzó su blanco; la coalición conservadora que tomó el poder del Congreso en julio pasado pudo moverse, hacerse a un lado, y mantener la ventaja que había conseguido, que ya era importante. Pudo postergar la elección del TC, mantener su oposición al adelanto electoral, problematizar la cuestión de confianza sobre este punto, seguir desgastando al Gobierno y avanzar en áreas colaborativas.
Pero les perdió el radicalismo, y especialmente la soberbia, lo que en el lenguaje moderno de la política criolla se denomina “borrachitos de poder”. ¿Qué pasó? La coalición tuvo un desperfecto de origen: siendo sorprendentemente amplia, al constituirse fue tomada por un núcleo fanático y extravagante de Fuerza Popular que se ensambló con personajes chocantes y desusados como el entonces presidente del Congreso, un señor feudal de horca y cuchillo.
Esta simbiosis fue trágica; multiplicó la capacidad disruptiva del Congreso, arrinconó al Gobierno, cierto, pero operó con brutal ambición. Introdujo en la crisis una narrativa explosiva en la que cabía desde la vacancia presidencial, la investigación del mensaje presidencial del 28-J y las encuestadoras, y la supresión del enfoque de género.
Se ensancharon como alianza, también es cierto, pero dejaron sus flancos abiertos; combinaron mal sus intereses y no pudieron administrar sus prioridades. En tal sentido, la disolución del Congreso es por una parte la liquidación de esta coalición y por la otra su suicidio.
Deseándolo o no, Vizcarra ha derrotado el intento de legitimación de una vasta asociación ultraderechista que se preparaba para dirigir la transición. Siendo justos, se debe anotar que no solo fue él; la movilización de la sociedad, aunque a niveles relativos y no tradicionales, fue decisiva en las horas del escalamiento de la crisis. Es bueno insistir en el papel de la opinión pública –sobria y prudente– porque se ha ratificado que el garante de la transición sigue siendo el presidente, pero la principal tarea pendiente también sigue siendo el cambio.

La caída de la coalición conservadora tendrá efectos en la relación de fuerzas en el mediano plazo. Los grupos políticos autonomizarán sus estrategias y se volverá a fragmentar el campo conservador, similar a lo que ocurre en el sector progresista-liberal. Cualquiera sea el resultado de esta etapa las cosas no volverán a su estado original porque existe más espacio para una épica de cambio que antigolpista. Nos adentramos en la fase programática de este extenso período, una nueva disyuntiva.

domingo, 29 de septiembre de 2019

La rebelión conservadora

https://larepublica.pe/politica/2019/09/27/la-rebelion-conservadora/
La República
La mitadmasuno
27 de setiembre de 2019
Por Juan De la Puente
Al escribir estas líneas, la Comisión de Constitución del Congreso había archivado el proyecto del Gobierno para reformar la Constitución y adelantar las elecciones generales al año 2020, a lo que el Gobierno respondió llamando a la movilización y prometiendo medidas de respuesta en el ámbito legal.
Hasta ahí los hechos registrados son previsibles; un Parlamento fortalecido internamente desafía a un Gobierno que ha perdido el paso en las últimas semanas, una dinámica en que los dos actores se traban en una disputa que por momento gana uno u otro. La pelota está en la cancha del presidente Vizcarra que debería reaccionar más allá de un discurso, con el famoso Plan B. En él descansa la posibilidad de que tengamos elecciones.
Lo que no era previsible es la trama que surge en paralelo a la pugna de poderes, o que se alimenta de ella, bajo el entendido de que está en juego no solo un calendario electoral sino el desenlace de la transición a la que hemos ingresado. Esa trama está signada por la formación de una amplia coalición conservadora y por el debilitamiento del frente político y social –no lo llamaría ahora coalición por su volumen y su capacidad operativa– que propone una salida democrática y reformista de esta etapa crítica, de cara a los derechos y libertades.
Desde el 7 de julio del año pasado, cuando explotaron los CNM audios, la defensa del sistema en toda su dimensión carecía de forma y contenido. Dicho de otro modo, el sistema estaba a la defensiva, y así lo exteriorizaron los eventos del período julio 2018-enero 2019. La votación en el referéndum del 9 de diciembre y la caída del fiscal de la Nación a inicios de enero fueron los últimos sucesos de ese ciclo.
Dijimos poco después que esa rebelión había terminado; el relumbrón de la propuesta del adelanto electoral el 28 de julio parecía significar su relanzamiento, pero las semanas que sobrevinieron instalaron una dinámica que está dejando de ser directamente proporcional (la pugna potenciaba o debilitaba a las partes, principalmente lo segundo) para ser inversamente proporcional: el fortalecimiento conservador tiene como contraparte el debilitamiento de sus oponentes.
La derrota del manual en este punto no reside exclusivamente en la fuerza del sistema, sino en dos elementos de los que habría que hacerse cargo. El primero es la irrupción de una narrativa de cambio con discurso conservador, que pretende recrear el sistema e impedir su renovación y apertura, a tono con el resurgimiento del clamor derechista en la región. El segundo, es la movilización social que ha producido la narrativa de cambio conservador, con un discurso populista, mil veces más radical que el de sus adversarios liberales y progresistas, increíblemente no detectado por las máquinas buscadoras de populistas instaladas en los medios.

Nos jugamos las elecciones adelantadas como salida del pantano en el que nos movemos en los últimos años, pero más que eso el inicio de un ciclo conservador en el que las fuerzas que lo impulsan quieren todo el poder. Los llamados al diálogo con propósitos de gobernabilidad y un pacto para destrabar la transición son sugerentes, pero parecen más los pedidos de un armisticio que olvida el sentido de esta batalla.

martes, 24 de septiembre de 2019

El reino de los jueces justos


El reino de los jueces justos
Por Juan De la Puente

Gran Bretaña tiene hoy dos reinados, el de Isabel y el de los jueces justos. Es muy importante leer en clave constitucional, y por supuesto jurídica, la histórica sentencia del Tribunal Supremo del Reino Unido que ha declarado “ilegal”, “nula y “sin efectos”, es decir inexistente desde el origen la decisión del premier Boris Johnson de suspender el Parlamento.
Esta lectura debe salir del análisis básico que privilegia como primer hecho la derrota política de Johnson o que el Parlamento siga en funciones. Lo es, cierto, pero los elementos de la sentencia son categóricos para el derecho constitucional y no solo en la esfera angolsajona. Hace ya mucho tiempo que las principales instituciones de fibra constitucional son objeto de la jurisprudencia y doctrina trasversal a los modelos constitucionales.
Es preciso reparar que la decisión fue tomada por unanimidad, que refleja un cuerpo conceptual sin fisuras en este caso, por los 11 miembros de un tribunal joven, que funciona desde el año 2009 y que sustituye a la Cámara de los Lores como máximo tribunal de apelación, resuelve conflictos de competencia y sobre leyes aprobadas por el Gobierno, una especie de Tribuna Constitucional ampliado a otras competencias civiles, creado gracias a una reforma constitucional pactada el año 2005.
Antes y después hubo y habrá judicial review en el mundo anglosajón, pero esta sentencia tiene otro significado. Esta sentencia resume la avocación política de los jueces, contrario a lo sostenido por siglos de doctrina británica. Con esta decisión, se concreta la transformación del modelo de soberanía política inglesa, que presume que es el Congreso el titular de la soberanía y no el pueblo –antes el rey- una superación de Hobbes y Locke al mismo tiempo casi 350 años después de la Revolución Inglesa que le costó la cabeza a Carlos I.
Es cierto que en este caso son los jueces los que defienden al Parlamento del Gobierno de Jhonson, pero en general, se establece el precedente que un juez puede adoptar en Gran Bretaña una decisión con efecto político de gran calado para entregar o proteger derechos y restaurar prerrogativas públicas, participando de ese modo en el equilibrio de poderes.
El hecho de que sea un tribunal judicial el que reabra un Parlamento cerrado eleva el papel de control en el sistema político moderno, sea cual fuese el sistema, ya sea de control único (solo difuso) o dual (difuso y concentrado). Con esta sentencia, Gran Bretaña ha ingresado por la puerta grande al control “semi-concentrado”, considerando las funciones y el origen de los miembros del Tribunal Supremo –designados por la reina a propuesta del primer ministro.

En un sistema que carece de codificación y de Constitución escrita, es llamativo que se genere sin embargo jurisprudencia escrita, y que esta no se base en la literalidad de la ley, la pasión de los constitucionalistas profanos. La sentencia no se basa en el postulado jurídico del Gobierno de Jhonson –“es una costumbre británica el cierre del Parlamento y forma parte de mis atribuciones”- sino en una reflexión constitucional muy enjundiosa y profunda que está relacionada con el riesgo de un Brexit salvaje sin control parlamentario, que puede traer “consecuencias extremas" para la democracia. El tribunal cree que Jhonson ha engañado a la reina y que su gobierno ha sido incapaz de dar razones convincentes para justificar su decisión.  Los jueces han fallado contra una triquiñuela política que consiste en afirmar que una decisión importante para la democracia solo basta que se legal o convencional. Es necesaria que, además, sea justa.