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viernes, 3 de noviembre de 2017

A un año de la elección regional

http://larepublica.pe/politica/1133550-a-un-ano-de-la-eleccion-regional
La República
La mitadmasuno
20 de octubre 2017
Juan De la Puente
Dentro de un año se realizarán las elecciones regionales y municipales y la tendencia indica que sus resultados no significarán grandes cambios, incluso si se concretase la erradicación de las organizaciones políticas locales (OPL) y se instale una valla del 40% para que un candidato sea elegido en primera vuelta como gobernador regional (ahora es 30%).
Si no se produce un giro estratégico, las elecciones no alterarán las condiciones de la descentralización porque no empoderarán a élites capaces de impulsar el proceso iniciado el 2002, esencialmente porque estas élites no existen o porque, debilitadas, en la mayoría de casos han sido arrinconadas en los últimos procesos electorales por liderazgos ultrapersonalistas y plutocráticos.
En las elecciones se jugará el recambio de gobiernos debilitados, casi todos acosados por la ineficiencia, desorden y altas cuotas de corrupción. Son dos periodos de gobernadores regionales cuestionados por las mismas razones con las que se cuestiona a los políticos nacionales.
El grueso de los desaguisados lo han hecho los movimientos regionales de la segunda generación, que sucedieron a aquellos que iniciaron el proceso hace 15 años, ninguno de los cuales sobrevive en el poder o en la oposición. La cancelación de la reelección implicará en este caso una forzada alternancia y la imposibilidad de darles continuidad a los pocos movimientos nuevos con un desempeño reconocido, como el que lidera la gobernadora Yamila Osorio de Arequipa, por ejemplo.
Las plazas regionalistas clásicas, como Cusco, Puno, Ayacucho, Cajamarca, Apurímac o Pasco, con votaciones tradicionales a favor de la izquierda, se han dividido a través de una competencia feroz con tonos fiscales y judiciales, concurrentes con una fragmentación política que favorece la fragmentación social. La movilidad de los actores regionales es tan impresionante como la de los nacionales.
La crisis de representación tiene también rostro regional y local. Los actores informales y legales dominan este espacio de poder incluso aupados en partidos nacionales. Acabados los proyectos de desarrollo esbozados a inicios de la década pasada, el refugio que implicaron las políticas de identidad también se revela insuficiente, como era de esperar.
Una salida estratégica sería el relanzamiento del proceso de descentralización y la recuperación de la visión de desarrollo regional, articulada a ejes y mercados regionales. Ello supondría atajar la precampaña que ya se ha iniciado preñada de ofertas de fierro y cemento, la epidemia desarrollista que ataca a candidatos a alcaldes y gobernadores sin importarles la vida cotidiana de la gente. En 15 regiones la anemia se encuentra por encima del promedio nacional de 43% en tanto, las tasas más alarmantes están en Puno (67%), La Libertad (61%), Ucayali (58%), Junín (56%) y Madre de Dios (55%).
Las formaciones políticas nacionales pueden jugar un papel destacado si lo quisiesen, y por supuesto también el gobierno. La reconstrucción del norte afectado por El Niño costero no ha sido objeto de un debate sobre las capacidades regionales, pero en esas zonas el debate electoral ya se ha iniciado como un interminable festival de ofertas, varias de ellas incumplibles. En otras regiones, el carnaval de promesas incluye el nombramiento de los trabajadores contratados, la eliminación de la meritocracia en la Educación y bonos regionales por desempeño en Salud. Parecería que en una buena parte de candidatos se ha reencarnado Waldo Ríos, el defenestrado gobernador de Áncash.

El pensamiento más atrasado respecto a las regiones predica que la descentralización ha fracasado. Lo dicen desde una práctica centralista que arrastra un fracaso –eso sí, un fracaso– de 180 años. Podríamos colegir más bien que el proceso se encuentra suspendido en el aire y que más allá de los sueños, y a pesar de ellos, es irreversible. Es falso también que no tenga efecto en la política nacional, lo que se evidencia apreciando el pasado político de por lo menos el 60% de miembros del actual Congreso.

lunes, 5 de junio de 2017

Código electoral y condiciones previas

http://larepublica.pe/impresa/opinion/874820-codigo-electoral-y-condiciones-previas
La República
La mitadmasuno
12 de mayo de 2017
Por Juan De la Puente
Ha concluido el trabajo de la subcomisión presidida por la congresista Patricia Donayre que elaboró el proyecto de Código Electoral. El desempeño ha sido auspicioso, de modo que podría decirse que este es el empeño más responsable de los últimos años para encarar la parte electoral de la reforma política.
Sabemos cómo empieza este proceso pero nadie puede predecir con exactitud cómo concluirá, teniendo como antecedente los 13 años de bloqueo a los cambios (2001-2013) y dos años desastrosos (2014-2016) que culminaron con la contrarreforma que implicó la nefasta Ley N° 30414. Aun así, el mejor argumento para empezar el debate nacional es la posibilidad de contar por primera vez con un Código Electoral.
La codificación de las normas es un desafío complejo para nuestra precariedad institucional. La última vez que el Congreso aprobó un código fue hace 13 años, el Código Procesal Constitucional del año 2004, a lo que habría que añadir que la mayoría de nuestros 15 códigos vigentes fueron expedidos por el Ejecutivo merced a facultades delegadas por el Congreso, y que desde hace más de una década el Parlamento no puede producir una reforma exitosa de los códigos Civil y Penal.
Un Código Electoral tendría la virtud de agrupar normas con rango de ley dispersas, incorporar decenas de reglamentos de los tres organismos electorales e integrar al derecho positivo la frondosa y desmedida jurisprudencia que ha producido el Jurado Nacional de Elecciones en materia de legalidad de los actos partidarios. Si deberían producirse dos consensos alrededor de este nuevo código es que debe detenerse firmemente la producción dispersa e ilimitada de normas electorales que hacen más caótico el sistema político, y que se elimine el financiamiento ilegal y mafioso de la política. Asimismo, si hay un desafío estratégico alrededor de esta incipiente reforma es que necesitamos principios políticos-electorales que rijan los procesos de elección popular.
Por lo señalado, es conveniente considerar algunas condiciones del debate que se abre nuevamente. La primera de ellas es la necesidad de que los cambios garanticen un enfoque de representación y de derechos, en respuesta a la deformación que ya se advierte en algunas opiniones en una dirección “partidocentrista”. Por ejemplo, es positivo que los primeros consensos se refieran a la paridad de género en las listas, la ubicación alternada de mujeres y varones en ellas, y la sanción al acoso político a las políticas, candidatas o representantes mujeres. A propósito, no está de más recordar algo que se olvida en los debates sobre la mejora de la representación: que la crisis se origina en la formación de la representación, y que los elegidos que pierden rápidamente legitimidad vienen “marcados” por un proceso de designación informal y campañas electorales violentas.
La segunda condición es el pacto. Las reformas exitosas en América Latina recientes han tenido un componente de pluralidad y acuerdo que los hace más legítimas que aquellas impuestas o cocinadas en cuatro paredes. Esta perspectiva contrasta con la tendencia de estrechar el debate actual peruano, criticando las iniciativas que no provengan del Congreso. Extraño además que en los últimos 15 años se criticara a los gobiernos por no interesarse en la reforma política y que se le cuestione al actual precisamente por hacerlo.

La última de las condiciones es la convicción del no retorno al pasado. Aun se advierten en algunas opiniones la nostalgia por el viejo sistema de partidos que de modo precario se reorganizó entre 1977 y 1992 y la pugna por reconstruirlo. Las discusiones sobre comités, firmas de adherentes, rigidez de las alianzas y el desborde del espíritu sancionador indican que en un sector de la política –e incluso de la academia– no se ha tomado en cuenta el carácter irreversible del colapso de los partidos y la necesidad de abrir paso a otras prácticas institucionales que renueven la democracia en lugar de recrear el fracaso.

domingo, 5 de febrero de 2017

Un Senado el año 2018

http://larepublica.pe/impresa/opinion/845159-un-senado-el-ano-2018
La República
La mitadmasuno
3 de febrero de 2017
Por Juan De la Puente
Diversos miembros de la bancada de Fuerza Popular se han expresado a favor de la creación del Senado. De hecho, el resto de bancadas se encuentra de acuerdo con reinstalar nuestra histórica bicameralidad, de modo que no habría razones de fondo para que, de aprobarse la respectiva reforma constitucional, los peruanos no elijamos un Senado junto a las elecciones regionales y locales del 2018.
Luego de 28 años de la elección del último Senado, en 1990, sería esta la ocasión de una renovación de la representación. Un cuerpo de legisladores con funciones distintas a las de la Cámara de Diputados haría la diferencia –o por lo menos lo intentaría– en un proceso político en el que se necesitan cambios institucionales que refunden el sistema. Cierto que su sola presencia no garantiza nada si el nuevo órgano de representantes no se eleva por encima de la crisis. Pero de eso se trata, de una apuesta que ojalá la actual representación se atreva a realizar.
Un Senado territorial pequeño y operativo que realice la revisión legislativa mejoraría la producción de normas y dejaría a la Cámara de Diputados más tiempo y oficio para el control político. Sería, al mismo tiempo, una ruta para relanzar el proceso de descentralización ahora carente de voz en el Parlamento a pesar de que cada región se homologa con los distritos electorales. Finalmente, el país se dotaría en el momento en que más lo necesita de una cámara reflexiva, más unitaria y dialogante, mejorando el equilibrio entre los poderes.
Encuentro pocos problemas para que el sistema se dote de un Senado en breve plazo. El primero es de orden social, y se refiere a que todavía un apreciable porcentaje de peruanos se opone a la reinstalación de la bicameralidad. Las razones, siendo principistas, no son necesariamente políticas en el sentido operativo, sino financieras (cuesta mucho) y de confiabilidad (más otorongos). Esta visión ha retrocedido desde el año 2000 pero se mantiene activa en su talante populista y antipolítica. La mejor manera de enfrentar ese discurso es desde la democracia, la transparencia y desde los cambios mismos en otras áreas. Desde ese punto de vista, por ejemplo, tendría poco sentido la elección de un Senado cuyos miembros presenten los mismos problemas de credibilidad de varios de los actuales legisladores.
El segundo se encuentra en retroceso luego de que el fujimorismo abandonase su clásica defensa del unicameralismo. Quedan pocos argumentos en favor de esa tesis y crecen las certezas en favor de cambios que acompañen las aspiraciones del Perú como país de renta media y que aspira a ingresar a la OCDE y a mejorar su representación.
Del mismo modo, la iniciativa se convierte en un asunto delicado de cara a otras reformas que han sido sugeridas y que recorren desde el ámbito de la formación de la representación hasta el del ejercicio de la representación, además de otras reformas institucionales. Siendo necesario definir el retorno del Senado, será poco conveniente aparcar otras reformas como la electoral, que debate el grupo de trabajo presidido por la legisladora Patricia Donayre, o los cambios en la administración de justicia o en la elección de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Lo peor que podría pasar es que se apruebe el retorno al Senado y nada más.
Es necesario que el Congreso vuelva a discutir sus prioridades porque se hace evidente que el marco de la discusión realizado en agosto pasado se ha transformado radicalmente. El juzgamiento de los casos de corrupción y la forma que adopta el juego político dentro y fuera del Congreso hacen necesaria la ubicación de un núcleo de reformas de alto calado que garanticen la gobernabilidad y la transparencia en los próximos años, cambios que deberían ser negociados dentro del Congreso y con los otros poderes del Estado. El diálogo político instalado en enero en el marco del Acuerdo Nacional debería decantarse hacia las reformas políticas macro y quizás sea la hora de que estos cambios sean asumidos por el gobierno como propios.

sábado, 15 de octubre de 2016

El realismo de la reforma electoral

http://larepublica.pe/impresa/opinion/805511-el-realismo-de-la-reforma-electoral
La República
La mitadmasuno
23 de setiembre de 2016
Juan De la Puente
La Comisión de Constitución decidió abordar la reforma electoral separándola de la reforma política institucional, formando para el efecto un grupo de trabajo que preside la congresista Patricia Donayre, el mismo que en un plazo prudencial debería presentar un paquete de cambios.
Los temas que abordará el grupo de trabajo son los indicados (Ley de Organizaciones Políticas, Ley Orgánica de Elecciones, Código Electoral, Código Procesal Electoral) y algunos otros recurrentes y polémicos como la regulación de las encuestas y el distrito electoral de los peruanos en el exterior. Si el debate en este grupo, en la comisión y en el pleno del Congreso se situara en las cuatro grandes normas señaladas, podríamos tener como resultado una reforma integral.
Revisar en dos años dos leyes y elaborar otras dos es una tarea desafiante. La idea de que las nuevas leyes de Organizaciones Políticas y Orgánica de Elecciones, respectivamente, se encuentren en vigencia para las elecciones regionales y locales del año 2017 es sugerente para lo cual debería formarse un consenso legislativo en relación a temas complejos como la democracia interna, el voto preferencial, la alternancia de género, los distritos electorales, los partidos regionales, la cooptación de independientes, las barreras de entrada y la pérdida de la inscripción de los partidos.
Los cambios mínimos positivos que se hicieron entre los años 2014 y 2015 –Hoja de Vida, Ventanilla Única, curul vacía y cambios a la ley de revocatoria– tuvieron un impacto limitado precisamente por la falta de un cambio general, de manera que la única reforma exitosa será la que aborde los temas de fondo. El minimalismo se acabó con la cuestionada Ley Nº 30414, de contrarreforma electoral.

Visto lo sucedido en el pasado reciente, ya no existe espacio para la legitimidad de cambios mínimos. La crisis de los grupos políticos y de los sistemas de elección impacta con más fuerza en la vigencia de los elegidos como se aprecia en los grupos nuevos y antiguos, al punto que ninguna bancada parlamentaria o grupo regional se escapa de problemas internos agudos. Siendo realistas, ya no es posible separar la formación de la representación del ejercicio de la representación.
También forma parte de ese realismo concluir que, a pesar de las urgencias, en el Congreso no se aprecian condiciones para un cambio de la magnitud requerida y que, al revés, existe allí un consenso irreductible por mantener las reglas actuales y en cambio avanzar solo en la mejora del procedimiento administrativo electoral.
Esta brecha entre demanda de cambio amplio versus oferta poco ambiciosa debería ser analizada para que las partes no se engañen. Previamente habría que poner a “las partes” en blanco y negro: los administrados del sistema electoral, que son los partidos, especialmente sus dirigentes, y los políticos elegidos no están interesados en una reforma de gran calado, en tanto que los organismos electorales, es decir los administradores, están en la orilla opuesta. Al medio, dispersos, se encuentran los medios y la academia, y en algunos partidos facciones de militantes que aspiran a democratizar sus grupos políticos.
Este realismo dramático de dos constantes enconadas –la crisis y la resistencia al cambio– condiciona el debate iniciado al punto que la otra parte de la reforma, la de las instituciones políticas y de la Constitución, parece tener más posibilidades. De qué magnitud será esta brecha que ahora existen más probabilidades de restaurar el bicameralismo que eliminar el voto preferencial.
Queda un enorme espacio, el de la opinión pública y la afirmación de las corrientes que recurran a los ciudadanos en una u otra perspectiva, incluyendo una opción tercerista que pugne por innovaciones herejes. Se abre al mismo tiempo un nuevo momento que inaugura la Asociación Civil Transparencia, que ha iniciado el recojo de firmas para que el Congreso debata sus propuestas de reforma, una dinámica que ahora tiene un pie en el Parlamento y otra en la sociedad.

No toquen mi curul

http://larepublica.pe/impresa/opinion/801310-no-toquen-mi-curul
La República
La mitadmasuno
9 de setiembre 2016
Juan De la Puente
Algunos análisis centran nuestro equilibrio de poderes en la distancia entre el Congreso y el Gobierno fijando un código que indica que a más distancia entre ambos habrá más inestabilidad. Esta semana, sin embargo, irrumpió una variable que influirá decisivamente en el juego de fuerzas: la distancia entre los congresistas y sus bancadas y partidos, y la de los congresistas entre sí.
Repitiendo lo que sucede desde el 2001, el Congreso no se emplazará exclusivamente desde su relación con el Ejecutivo sino también desde su drama íntimo. Por ahora, dos bancadas que pertenecen a grupos políticos nuevos, Frente Amplio y Peruanos por el Kambio, estrenan divergencias donde la sangre ha llegado al río; otra bancada, el APRA, no exhibe sus diferencias pero ha sido impactada por la extensión de choques externos; y una cuarta, Acción Popular, está unida en el Parlamento pero atraviesa fuera del Congreso una dura discusión sobre la legalidad de sus dirigentes partidarios.
Este fenómeno no obedece a razones exclusivamente parlamentarias. Los casos del Frente Amplio y el Apra tienen relación directa con la construcción del futuro, en tanto que lo que ocurre con la bancada del gobierno y AP son problemas propios de la comprensión del presente. Aun así, la primera expresión de estos problemas es la tensión entre el parlamentario y el partido.
En las nuevas bancadas se advierte la falta de dos de los incentivos para la unidad, la identidad política –muy poderosa en el fujimorismo y el Apra– y la reelección. En cambio asoman otros argumentos que en teoría no deberían colisionar con la lógica partidaria: la defensa del carácter individual de la representación y el voto preferencial.
Si no se acometen reformas electorales y de funcionamiento interno, el sino de este Congreso será la fragmentación. Lo que debilitó a los tres parlamentos elegidos desde el 2001 fue más su dispersión interna que su relación con los gobiernos (aunque en este último punto habría que anotar la crítica social a su seguidismo en materia económica).
En el Parlamento elegido el 2001 renunciaron a sus bancadas 36 de los 120 elegidos, y las 5 bancadas originales terminaron en 8; en el Congreso del 2006 se fueron 27 de los 120 elegidos aumentando las bancadas de 5 a 8; y en el Parlamento elegido el 2011 se fueron 39 de los 130 elegidos, incrementándose las bancadas de 5 a 9, aunque en este caso hubo dos disidencias en bloque, en los años 2012 y 2014 (Frente Amplio y Dignidad y Democracia, respectivamente).
En el actual Congreso, la tendencia al juego individualista se condiciona con una mayor debilidad de las bancadas y es hasta cierto punto entendible en un Parlamento en el que por lo menos 80 de sus 130 miembros no pertenecían un año antes de las elecciones a los partidos por los que fueron elegidos.
Se equivocan quienes creen que esta tendencia no daña al Congreso. De los 200 proyectos de ley presentados a la fecha (en 28 días de trabajo efectivo parlamentario, a razón de 7 proyectos por día), pocos pueden ser considerados “de bancada”. Llevan la certificación de los voceros por una formalidad reglamentaria pero reflejan una visión personal de la actividad legislativa y acaso local, pero carecen de visión general. Estas iniciativas están dominadas por los títulos “declárase de necesidad pública”, el nombramiento de personal del Estado y los parches en los códigos o leyes generales.
Los efectos del juego individual están a la vista; varias comisiones ya fueron atoradas por proyectos cazados al desgaire y que no figuraban en los planes de gobierno. La Comisión de Economía tiene en agenda 39 proyectos, Descentralización 27, Constitución 24, Justicia 24 y Presupuesto 20. Con este desorden en marcha, olvidémonos de las reformas institucionales y el juego virtuoso de las agendas país en debate de cara a los ciudadanos. Contra los anuncios de reubicar al Congreso como un poder controlador y eficiente tendremos un Legislativo individualista. Quizás bullicioso pero minimalista.