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viernes, 10 de agosto de 2018

Justicia, el cuarto elemento

https://larepublica.pe/politica/1277296-justicia-cuarto-elemento
La República
La mitadmasuno
13 de julio 2018
Juan De la Puente
En los últimos 50 años, hubo cuatro movimientos de reforma de la justicia, dos autoritarias e intervencionistas, en los años setenta con Velasco y en los noventa con Fujimori, de duración temporal y desmontadas luego; y dos de orden democrático, los capítulos IX, X y XI del Título IV y el Título V de la Constitución de 1979 (en la parte dogmática reiterada en la Constitución de 1993), y el CERIAJUS (Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia) entre el 2003 y 2004.
En otro corte podríamos añadir que los tres primeros fueron de origen externo y el último un esfuerzo mixto de dentro y fuera del sistema. De los cuatro procesos, el único exitoso fue el de dimensión constitucional (1979) que instaló un sistema de justicia que rodeó al Poder Judicial (PJ) de organismos constitucionales autónomos y desarrolló por primera vez un régimen de garantías de la función jurisdiccional, un proceso completado luego por la creación de la Defensoría del Pueblo. El último intento, acaso el más ambicioso y plural, el CERIAJUS, fue desarmado por una alianza entre la Corte Suprema y algunas bancadas parlamentarias.
En una apretada síntesis se podría concluir que la justicia es quizás el área más manoseada del último medio siglo y con sonados fracasos, con un pequeño saldo favorable que habría que reconocer: la creación de una vigorosa jurisdicción constitucional (TC, procesos constitucionales y Código Procesal Constitucional) y el desarrollo de una línea jurisprudencial desde el TC y la Corte Suprema.
El país se enfrenta ahora a un nuevo movimiento de reforma, en otras condiciones, donde el primer eje de la discusión ya no es el financiamiento o la autonomía de las instituciones, sino la corrupción. El CNM es una pústula sangrante cuya reforma es una condición de cualquier otra acción de mínimo cambio y es probable que su reforma tenga más consensos.
No obstante, el escenario reformista es débil. El Congreso se resistió desde el inicio a una discusión de cambios de naturaleza constitucional, y ahora que ha estallado el escándalo, desde un argumento falso, Fuerza Popular se resiste a la reforma aduciendo que favorecería a la izquierda. En tanto, los primeros acuerdos en el Ministerio Público y el Poder Judicial apuntan a que parecen dispuestos a acompañar y participar activamente en el debate de los cambios, aunque no se sabe hasta qué límite y en qué plazos.
Debatiremos en caliente. De la corrupción judicial se tenían certezas y ahora se tienen pruebas, y la crisis a la que hemos ingresado violentamente durará varias semanas. El proceso tiene tres elementos que se superpondrán y alimentarán al calor de las apariciones anunciadas: 1) los audios que desnudan corrupción en el sistema de justicia; 2) los audios que descubren la relación entre magistrados y hombre públicos; y 3) la resistencia institucional al cambio, con correlaciones internas que permiten un pasito adelante y otro atrás, la vieja dinámica donde lo que tiene que morir se resiste en agonía y lo que debe nacer se demora, una complejidad dibujada por Luis Pásara en su texto valioso Una reforma imposible. La justicia latinoamericana en el banquillo (PUCP 2014).
El cuarto elemento está en debate, y se refiere a la capacidad de influencia de la sociedad para respaldar e imponer los cambios y desarmar las poderosas resistencias. Este elemento es el más decisivo, considerando que, desde la caída de Fujimori, nuestra democracia ha sido estéril para las grandes reformas salvo dos, la descentralización iniciada el 2002, y la reforma educativa iniciada el 2007.

En este momento, si a la propuesta del Ejecutivo se suma la propuesta del PJ, tendremos por fin una discusión nacional que debe salir de los salones del poder. En ese sentido, sería ideal que la movilización democrática iniciada haga suya con contenidos propios la propuesta de un referéndum que ha dejado el Gobierno en condicional, si el Congreso se negara a los cambios. Como la misma Constitución de 1979 lo demostró, la dinámica entre la participación y las instituciones, produce éxitos y conjura la posibilidad de fracasos.

Militarización de la memoria

https://larepublica.pe/politica/1273212-mitadmasuno
La Republica
La mitadmasuno
8 de julio 2018
Juan De la Puente
Recomiendo vivamente el reciente libro de Carlos Tapia sobre el periodo de violencia política y lucha contra el terrorismo que afectó el país (Tapia, Carlos 2018. Tiempos oscuros, 1983-1995. Lima: Editorial Otra Mirada), un texto que irrumpe en la discusión sobre el pasado y presente senderista, aportando minuciosamente a la reflexión sobre el carácter de su derrota, en momentos en que se cuestionan los elementos que forman una memoria única de esos aciagos años.
Tapia aporta y estudia hechos y documentos, y contextualiza las estrategias que estas imprimieron. Analiza, por ejemplo, el giro en la lucha contrasubversiva a finales de los 80 para corregir clamorosos errores, en favor de un modelo integral que incluía lo político, económico y sicosocial, un esfuerzo que se concretó en el Manual M41-7 llamado “Guerra no convencional. Contrasubversión”, aprobado en agosto de 1989, pocos meses después de que se iniciaran las investigaciones encubiertas de la DIRCOTE, que terminaron en la creación del GEIN.
En este viraje (1988-1991) se adoptaron dos decisiones que cambiaron el curso de la guerra interna, el congreso senderista de 1988 que se propuso alcanzar el “equilibrio estratégico” y la masiva organización de la sociedad a través de las rondas y autodefensas armadas, que permitió establecer una nueva relación con la población desde una lógica participativa, contra la política senderista de sometimiento de los civiles mediante el terror. La autodefensa fue una gesta compleja y no ausente de excesos, abordada por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (Informe CVR tomo II) y poco estudiada luego; a fines de 1991, en Ayacucho estaban organizadas en comités de autodefensa 836 comunidades y en 1994 las FFAA registraron allí 1.564 comités, con 61.450 miembros y 5.583 armas. A nivel nacional existían ese año 4.205 comités, con 235.465 integrantes y 16.196 armas (Del Pino, Ponciano 1996 en Las rondas campesinas y la derrota del PCP Sendero Luminoso. Lima: IEP).
El texto de Tapia insiste en el concepto de memoria que proyectó hace 15 años la CVR y que ahora sufre una embestida que pretende sustituirla por una memoria sesgada, donde la imagen de heroísmo está esencialmente reservada a las FFAA y la policía. De todos los errores del intento de construir un registro conservador de la lucha contra el terrorismo, el más serio es la militarización de la memoria, y la expulsión de ella -o su ocultamiento- de la sociedad organizada, los partidos políticos y las autoridades civiles.
Siempre me pareció equívoco que el Apra no pugnase por recuperar como un acierto de su gobierno el inicio de este giro crucial de la estrategia antisubversiva, y que se conformase con adjudicarle a Fujimori el éxito de ese cambio. Tapia documenta la tendencia que jugó en este viraje la serie de golpes a la estructura senderista, especialmente a su cúpula entre 1988 y 1990, y deja claro que al terrorismo lo derrotó un enfoque político reflejado en una estrategia militar.

La épica civil en la derrota del terrorismo es imprescindible, y forma parte de una sola memoria –indivisible- y que sigue buscando justicia y reparación. De acuerdo a los datos proporcionados por el Apra a la CVR, mil 300 militantes de ese partido fueron asesinados de manera selectiva o en atentados colectivos, la mayoría de ellos gobernadores y tenientes gobernadores. De acuerdo a un texto del entonces senador Sandro Mariátegui publicado en 1986 (Acción Popular en la lucha: un Partido a imagen y semejanza del Perú), entre mayo de 1982 y mayo de 1985, el terrorismo asesinó a 80 autoridades de ese partido, mientras que, según Tapia, los militantes de los partidos de Izquierda Unida asesinados por SL superarían los 450, sin contar a las víctimas de asesinatos y desapariciones forzadas de las FFAA y de la policía, varios de cuyos casos fueros judicializados. Asimismo, en el periodo de violencia fueron asesinados 248 alcaldes, 161 de los cuales, en manos de SL, y que ahora mismo centenares de peruanos se encuentran exiliados en América y Europa. A ellos tampoco se les puede negar la memoria.

sábado, 30 de junio de 2018

Vizcarra, los 100 primeros días

https://larepublica.pe/politica/1269172-vizcarra-100-primeros-dias
La República
La mitadmasuno
29 de junio de 2018
Juan De la Puente
El gobierno del presidente Martin Vizcarra se apresta a cumplir 100 días, caracterizado por dos grandes momentos. En una primera etapa, ha gobernado con baja intensidad y mirando exclusivamente al Congreso, y en la segunda etapa, las tres últimas semanas, de cara también a la sociedad, y por qué no decirlo –y aunque no se acepte formalmente- con un ojo en las encuestas.
Ambos momentos expresan la complejidad de un gobierno legal y legítimo, que sufre los efectos de una crisis de la que es heredero, caracterizada por una descomunal desconfianza de la sociedad, unida a demandas exigentes. Por esa razón, el principal logro de los 100 días es haber culminado con éxito el proceso pos PPK la inédita sucesión constitucional pacífica, un proceso que en otros países de la región fue tempestuoso. Este resultado desde una mirada que podría ser acusada de cínica, es a la vez bueno y malo: bueno por la estabilidad que recupera, y malo por la solidez de un sistema cuestionado e impopular de reglas y actores que apenas ha crujido. En ese sentido, la sucesión misma ha marcado un primer límite al cambio, que debe ser tomado en cuenta por las opciones electorales en formación.
Otro hecho de los 100 días, que el gobierno parece haber descubierto en el camino, es el límite del comportamiento de los actores, especialmente del Congreso. El gobierno carece para los efectos prácticos de una bancada propia, y al mismo tiempo ha tenido varios episodios de diferenciación con Fuerza Popular entre ellos el apoyo a la ley de la supervisión de cooperativas, la aprobación del decreto sobre el uso de octógonos en los productos de consumo no saludables, el rechazo a la ley que prohíbe la publicidad del Estado en medios privados, y recientemente la posición contra los contenidos conservadores en los textos escolares.
Frente a estas muestras iniciales de independencia, el Congreso puede ensayar varias medidas, pero en ningún caso retornar al modelo de oposición ejercida contra PPK, especialmente desde diciembre del año pasado. Con la renuncia de Kuczynski se ha ido también un estilo de oposición que le ha costado aislamiento al fujimorismo un límite en el juego de fuerzas arriba que Vizcarra lo sabe ahora con más certeza que el primer día.
No obstante, el nuevo gobierno es débil, una realidad propia del presidencialismo posterior a Alberto Fujimori. Esta debilidad tiene su origen en la sociedad, y esto le plantea al actual presidente el mayor límite a su administración. La caída de la aprobación presidencial ha cercado a este gobierno más que a otros, y deja a Vizcarra en offside respecto a su modelo de relación con la gente –visitas sin hoja de ruta y programa- cuestionando el hecho de que se diferencie muy poco de su antecesor. La desaprobación de Vizcarra y del gobierno no sube ni subirá en la medida en que siga pareciendo una suerte de PPK 2.0.
En la respuesta a ese límite indicativo de la sociedad, en la segunda parte de los 100 días se ha visto a un presidente más empoderado. Como ha sucedido en otros episodios de nuestro complejo presidencialismo –moderado respecto de los otros poderes, pero con fuerza dentro del Ejecutivo- este nuevo comportamiento deja ver las flaquezas del Gobierno, particularmente de aquellos sectores encargados de dar, construir y atender.
Un presidente parado en la primera línea de la ofensiva es la realidad ideal de nuestro sistema. Al contrario, un mandatario ubicado a la defensiva, está menos expuesto, pero sus posibilidades de gestión dependen excesivamente de otros. Es probable que estos flancos débiles o deficitarios sean abordados en un impostergable relanzamiento del Gobierno en el corto plazo.

En cualquier caso, la clave del éxito de Vizcarra luego de sus primeros 100 días de gobierno empieza en la afirmación de su independencia. Esto no implica un Gobierno antagónico, pero sí dueño de sus decisiones y con una mayor capacidad de movimiento. Como cuando inició su mandato PPK, es atractivo el discurso de una coalición gobernante Ejecutivo/Legislativo, pero no es práctico ni posible.