La República
La mitadmasuno
9 de noviembre de 2018
Juan De la Puente
Es probable que el
presidente Martín Vizcarra ya tenga
una idea clara del post referéndum, ahora que es innegable que la consulta
popular del 9 de diciembre será un punto de partida y no de llegada. En esa
perspectiva, en dos de sus apariciones públicas recientes, se ha referido al
diálogo y a los acuerdos, lo que parece indicar que Vizcarra pretende forjar un
pacto como alternativa a la crisis.
Es muy bueno que lo
intente. En el presidente Vizcarra, la
idea de un diálogo parece concretarse en un acuerdo de alcance mayor, y no es
la primera vez que se refiere a su importancia. Lo hizo en su discurso de toma
de mando en marzo pasado, y hace poco ha tomado forma en el anuncio de un pacto
social “para generar desarrollo y combatir la corrupción”. El presidente añade
que este pacto es principalmente con el pueblo, con un calendario inicial: se
iniciará en diciembre de modo directo con las fuerzas políticas para trazar una
agenda común luego de que culmine su recorrido nacional.
No rechazar la
posibilidad de un acuerdo político luego del 9 de diciembre es señal de que la
puerta que Vizcarra ha abierto con audacia a propósito de los audios del CNM,
no será cerrada. También indica que por delante se tiene un modelo de diálogo
distinto al que formuló Keiko Fujimori poco antes de ser sentenciada a prisión
preventiva, es decir, un diálogo bipartidista o Ejecutivo/Legislativo para
evitar el ruido político.
En ciernes se
encuentra entonces la posibilidad de un acuerdo impulsado por el Gobierno con
todas las fuerzas políticas, los actores sociales y la nueva representación
regional y local surgida de las elecciones de este año, para hacer sostenibles
los cambios y para profundizarlos. De concretarse esta perspectiva significaría
una salida ordenada a la crisis y la posibilidad de que la etapa de reformas
vaya mucho más allá del 9 de diciembre, y que no se pierda en el horizonte del
año próximo, en un país donde el corto plazo conspira contra los consensos del
largo plazo.
Es desafiante
imaginarse el día siguiente del referéndum en un escenario al mismo tiempo desordenado y en movimiento, y a veces más lo primero que
lo segundo. El saldo del mes de octubre, el más turbulento de las últimas
décadas, con una veintena de hechos políticos y judiciales que se sucedieron y
mezclaron, no es solo la imagen de un país que bulle con inquietud, sino de un
sistema consistente que se resiste al cambio.
La doble naturaleza
de este período –un hervidero con resistencia a las reformas- conduce a que la
primera previsión se refiera a los límites de cualquier diálogo. Desde el año
2000, el Perú es un territorio de acuerdos y guerras, solo que los acuerdos son cada vez
más específicos y las guerras más frecuentes, largas y sin logros sistémicos.
Esta dicotomía entre los pequeños pactos y las grandes divisiones obliga al
Gobierno a mantener la iniciativa de un diálogo nacional y liderar la agenda.
De hecho, si el 9 de diciembre votaremos en un referéndum es, precisamente,
porque los políticos no se pusieron de acuerdo durante largos años sobre
aspectos cruciales de nuestro sistema.La pregunta sobre el papel del Congreso en esta etapa es
importante. Desde julio, el Parlamento ha desempeñado un rol opuesto al cambio
con los resultados ya conocidos. Las reformas que los peruanos votarán y/o
rechazarán en el referéndum han sido formuladas en un intercambio áspero con
este poder del Estado. Ahora mismo, el Parlamento tiene en sus manos media
docena de proyectos de ley sobre la reforma judicial enviados por el Gobierno
en agosto, y tendrá que debatir otros más luego del 9 de diciembre.
La última pregunta sobre el diálogo es sobre la profundidad del
pacto, y si los cambios implicarán nuevas y más complejas reformas
constitucionales. En este punto también se tiene novedades; la posibilidad de
grandes reformas a la Constitución despierta menos sobresaltos que antes, al
tiempo en que crece la certeza en una parte del liderazgo del país y en las instituciones
de que sin un pacto constitucional ningún ciclo de cambios será sostenible. En
el Perú, ya no es posible un ciclo reformista sin cambios constitucionales de
gran calado.
